Venezuela: aikido y derechos humanos

El actual conflicto venezolano resulta similar al aikido, el arte marcial en el que para vencer se utiliza en su contra la fuerza del oponente. En octubre de 2016, cuando se había logrado el consenso de multitudes y la comunidad internacional para la realización de un referéndum revocatorio para dirimir la crisis, voceros de la oposición asistieron, improvisadamente, a una mesa de diálogo de la cual se levantaron con la idea de «elecciones generales adelantadas». El gobierno se benefició del error táctico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró así dinamitar la confianza de sus bases de apoyo, mientras se generalizaba el sentimiento de desilusión. Meses después, para castigar a una Asamblea Nacional que aprobaba una declaración de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el gobierno formalizó el proceso de sustitución de sus competencias en dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Aunque la neutralización del Parlamento se realizaba por la vía de los hechos desde un año antes, con escaso costo político para Miraflores, su registro formal generó una ola de rechazo que incluyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Los partidos políticos opositores lograron recomponer la confianza, en esta oportunidad, por un traspié del chavismo, en una ola de protestas que continúa hasta el momento de escribir esta columna.

El gobierno bolivariano se ha debilitado en 2017 más como consecuencia de su soberbia ciega que por resultado de la agenda política opositora. En el plano internacional, una torpe diplomacia encabezada por Delcy Rodríguez le ha restado apoyos que hasta hace poco se debatían entre la ambigüedad y la cautela. Uruguay ha sido el caso más llamativo. A comienzos de abril, Nicolás Maduro acusó al canciller de ese país de acordar con Estados Unidos los ataques contra Venezuela, una sugerencia inaguantable para un presidente salido de las filas de la izquierda. «Si [Maduro] no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas, y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira», expresó el presidente Tabaré Vázquez. El cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela no solo sumó al proceso de activación de la Carta Democrática, sino que despejó la ruta para iniciar acciones diplomáticas similares en el Mercosur, donde las decisiones, según los estatutos, se toman por consenso. La credibilidad del jefe de Estado caraqueño se erosiona tras cada declaración llena de fantasía. El 19 de abril, ante una concentración en apoyo a su gestión, calculó la asistencia en «tres millones de personas», en una avenida de Caracas que, repleta –lo que no ocurría ese día–, tenía capacidad para albergar no más de 200.000 personas. En 2017, las debilidades comunicacionales del gobierno parecen tener como origen la misma causa que se había diagnosticado para la oposición a finales de 2016: la ausencia de olfato para captar correctamente la realidad.

Rupturas

No obstante, la actual ola de protestas no es una simple extensión de los ciclos de movilización antichavistas de años anteriores. Luego de la peor derrota del bolivarianismo en el poder, en las elecciones parlamentarias de finales de 2015, con casi dos millones de votos por debajo de sus oponentes, el chavismo tomó la decisión de crear un modelo de gobernabilidad aún más autoritario ante la pérdida del apoyo popular. Su piedra fundacional fue la sustitución de la Constitución por una legalidad que le confería al presidente poderes absolutos, bajo el nombre «Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica». Seguidamente el árbitro electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, suspendió irregularmente la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente y detuvo de manera indefinida las elecciones que debían realizarse en diciembre de 2016 para las 24 gobernaciones regionales. Progresivamente, fue quitando competencias a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que la legitimación del proceso vía sentencias generó el descontento público de la fiscal general de la República, quien las calificó como la «ruptura del hilo constitucional» y abrió así la caja de Pandora. La aparición de fracturas dentro del bloque oficialista ha sido aprovechada por la oposición: una de las consignas más populares es las movilizaciones es «Lo dijo la fiscal, ustedes son golpistas». Y como si fuera poco, todo esto sucede teniendo como gran telón de fondo una de las peores crisis económicas que recuerden los venezolanos, con una inflación superior a 600%, escasez de alimentos y medicinas y evaporación del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera –según las propias cifras oficiales– un porcentaje de personas en situación de pobreza mayor que la existente cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez. Según los propios datos del gobierno, cuya rigurosidad ha sido puesta en cuestión, casi la mitad de los venezolanos se encontrarían en situación de exclusión.

Continuidades

La ola de protestas ha sido respondida por las autoridades recordando los peores patrones de abuso de poder de ciclos de movilización anteriores. Además de prohibir que las movilizaciones lleguen al centro de Caracas –sede de los poderes públicos–, se evidencia un uso desproporcionado de gases tóxicos prohibidos por la Constitución, disparos de perdigones a corta distancia, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, robo a manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, así como la violación del debido proceso para, cuando se cerraba este texto, más de 1.200 personas detenidas en todo el país por protestar, en cifras del Foro Penal Venezolano. Según los datos de Provea, 20 personas han perdido la vida en contexto de manifestaciones. Para aumentar la crispación, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela como Diosdado Cabello y Pedro Carreño han mostrado en televisión un folleto en el que aparecen nombres, fotografías y direcciones de líderes políticos y sociales de oposición, que según afirman habría sido distribuido a militantes del oficialismo. «El pueblo sabe dónde tiene que ir», declararon ante las cámaras.

Paramilitares “de izquierda”

La situación continúa deteriorándose tras la decisión de Maduro de activar el llamado “Plan Zamora”, una estrategia militar de ocupación del territorio que incorpora, explícitamente, la actuación de grupos de civiles armados. Se trata de lo que desde el chavismo se denomina «colectivos» y que las organizaciones de derechos humanos han definido, lisa y llanamente, como «paramilitares». Durante el primer día de actuación del Plan Zamora, el 19 de abril, en 22 de los estados donde ocurrieron movilizaciones se documentó la actuación de «colectivos» en 16 de las regiones. Los videos los muestran desplazándose en motocicletas, con el rostro cubierto con capuchas y disparando armas de fuego.

La actuación de los «colectivos», en un contexto de violencia e inseguridad ciudadana que ubica a Venezuela dentro de los países más peligrosos de la región, puede agravar su ya delicada situación en derechos humanos. La noche del 20 de abril, ocho zonas de Caracas, incluyendo algunas que eran consideradas hasta hace poco como «territorios del chavismo», protagonizaron batallas contra las autoridades, que incluyeron saqueos a establecimientos comerciales.

La crisis podría tener su salida menos traumática si Maduro y su entorno permitieran la realización de elecciones. En el aikido en que se ha convertido esta situación haría falta un elemento: la desvinculación pública de la intelectualidad izquierdista internacional que durante mucho tiempo apostó por el proyecto bolivariano. Algunos han dado el primer paso (Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Clifton Ross), pero muchos de quienes saben que las cosas no van bien por el país caribeño han optado por el silencio. ¿Permitirán que el peso simbólico de su opinión sea utilizado por quienes buscan llevar a Venezuela a un momento diferente de su historia? (Publicado en Nueva Sociedad)

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