El guerrillero, la CIDH y los juicios militares a civiles

Rafael Uzcátegui

En 1993, cuando Alberto Fujimori tenía tres años en el poder y uno de haber dado un autogolpe de Estado que disolvía el Congreso, fueron detenidas en el Perú un grupo de personas acusadas de formar parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA). Entre ellos se encontraba Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, conocido como “Torito”, un chileno veterano de la lucha armada internacionalista. A comienzos de los 80´s combatió en la Guerra Civil salvadoreña, tras lo cual pasó a Nicaragua para enfrentar a la “Contra”, antes de irse a Perú a formar parte del MRTA. Petruzzi era señalado de haber realizado secuestrado empresarios para liberarlos por dinero para comprar armamento para la lucha armada, incluyendo a David Ballón, que fue encontrado muerto, con signos de tortura y 40 kilos menos de peso en febrero de 1993. Petruzzi y otras cuatro personas de nacionalidad chilena fueron procesados por el Estado peruano por un tribunal “sin rostro” perteneciente a la justicia militar y condenados, de manera express, a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de “traición a la patria”.

El caso Petruzzi es importante para América Latina, y ahora especialmente para Venezuela, porque generó la jurisprudencia sobre el uso de los tribunales militares para enjuiciar a los civiles.

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