Mate de coca

Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de noviembre el Tribunal Constitucional de Bolivia autorizó al presidente Evo Morales a ser candidato, de manera infinita, para su reelección a la primera magistratura del país. Cuando uno pensaba que Venezuela era campeón de los giros argumentales del museo imaginario del absurdo, el país andino aparece como competidor. Según explicó el magistrado Macario Cortez los artículos de la Carta Magna que limitan a dos los períodos consecutivos son “inaplicables”, pues la realidad imponía “declarar la aplicación preferente de los derechos políticos de la ciudadanía” por encima de la Constitución. Si fuera cierto el interés por la opinión de la soberanía popular, no se habría desechado los resultados del Referendum Constitucional del 21 de febrero de 2016, cuya pregunta sobre la aprobación del proyecto para permitir una tercera relección del Presidente fue votada “No” por un 51.3% de los votantes.

Esta decisión se tomó a pocos días de las elecciones de los magistrados de los principales tribunales del país, incluyendo el Constitucional, que en Bolivia son elegidos por voto popular. Cuando esta columna se escribe el sufragio nulo –en un país donde votar es obligatorio- se contabilizaba en 52% con el 88% de las actas verificadas. Aunque no todos coinciden en el carácter plebiscitario de los resultados, lo cierto es que el malestar por la decisión de un tribunal saliente -¿Dónde habré visto esta película antes?- generó respuesta popular en las urnas y en las calles. En varias ciudades la indignación de las multitudes coreaba “¡No somos Venezuela!”.

Esta decisión de torcer los dictados constitucionales, de una Carta Magna promovida por el propio “proceso de cambios” del país andino, reitera que los nuevos autoritarismos en la región tienen como una de sus estrategias principales el uso del sistema de administración de “justicia” para intentar darle legitimación a sus decisiones abyectas, que en última instancia persiguen la permanencia indefinida en el poder. Esta modalidad, inaugurada en el Perú de Fujimori, perfeccionada en la Venezuela de Maduro y replicada ahora en Bolivia aún no despierta las suficientes solidaridades y rechazos. Aunque la distancia entre discurso y práctica sea abismal, y los entusiasmos cada vez son menores, la pirotecnia de la retórica de los progresismos continúa confundiendo a un sector de la intelectualidad y activistas de izquierda internacional, cuyos cálculos políticos se han colocado por encima de los valores que dicen defender.
Debido al conocimiento que brinda la experiencia, el movimiento de derechos humanos del Perú ha sido incondicional con las denuncias de sus pares venezolanos. No podemos ser menos con los reclamos que se vienen haciendo desde el altiplano. Búsquese usted el sector con el que sienta más afinidad. Lo importante es que no se repita con Bolivia la situación de incomprensión, por darle un nombre elegante, que hemos sufrido los venezolanos durante tanto tiempo, y que ha contribuido a que la situación haya llegado hasta la hiperinflación, la institucionalización de la tortura, el fallecimiento de personas por fata de tratamiento médico, la crisis migratoria y la suspensión indefinida de las garantías democráticas del derecho al voto. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

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