La CIDH y Venezuela

Rafael Uzcátegui

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte del llamado sistema regional de protección que, junto a la Corte Interamericana, es parte de la estructura de la Organización de Estados Americanos. Esta arquitectura de monitoreo a las obligaciones de los Estados en la materia contó, desde su inicio en 1959, con la decidida participación de Venezuela. Es historia que el escritor Rómulo Gallegos fue su primer presidente, colocando los cimientos de la institución en el trienio 1960-1963. En 1999, cuando la región debía crear herramientas para abordar la crisis planteada por la primera dictadura que no provenía de un golpe de Estado militar, el gobierno de Alberto Fujimori, otro venezolano tuvo una actuación destacada como como presidente de la CIDH: El abogado Carlos Ayala Corao.

Es indiscutible que tanto la Comisión como la Corte han realizado, durante sus seis décadas de existencia, un invalorable aporte para la defensa de la dignidad humana en la región. Todos y cada uno de los graves casos y situaciones ha sido abordado generando los precedentes que han hecho de la defensa de los derechos humanos una de las dimensiones que ha trascendido gobiernos e ideologías: Desde los paramilitares colombianos hasta el asesinato de Arnulfo Romero, pasando por las denuncias de los excesos de las dictaduras del Cono Sur y la Cárcel de Guantánamo.

Precisamente por esta historia, y por lo que representa la CIDH para la posibilidad de alcanzar verdad, reparación y justicia para las víctimas que las expectativas sobre lo que pudiera hacer ante la situación venezolana son altas. Y sobre esto tenemos que decir que, quienes somos sus usuarios regulares y estamos atentos a sus períodos de audiencias, hemos tenido en los últimos meses un mal sabor en la boca sobre su abordaje de lo que es la peor crisis política, social y económica del país desde 1958.


Es cierto que tras la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos realizada en 2012 por el Estado venezolano –un procedimiento para retirarse de las competencias de la Corte Interamericana- el sistema regional posee menos herramientas para vigilar la actuación del Palacio de Miraflores. Sin posibilidad de judicializar casos de violación de derechos humanos ocurridos a partir del año 2013, los diferentes miembros de la CIDH no pueden, desde el año 2002, realizar las llamadas “visitas in loco” para constatar la situación. La CIDH sí pudo visitar a la presa política Milagros Sala en la Argentina de Macri y los familiares de los 43 de Ayotzinapa en el México de Peña Nieto, dos gobiernos acusados de ser lo peor por la progresía internacional, en una posibilidad negada para cualquier víctima venezolana. Cercenadas estas dos herramientas, la CIDH sólo puede documentar en sus informes las violaciones –desde el año 2002 el país se encuentra en el capítulo IV de su Informe Anual, dedicado a los países de “mala conducta”-, otorgar audiencias y reuniones de trabajo así como otorgar medidas cautelares de protección, un procedimiento que ha beneficiado a diferentes actores políticos y sociales del país, incluyendo al que esto escribe. La relación del Estado venezolano con la CIDH es intentar, en cada uno de los escenarios posibles, desprestigiarla. En las audiencias cada uno de sus voceros ha hecho variaciones del mismo guión: Acusarla de ser parte de un plan internacional golpista liderizado por los Estados Unidos y ser financiada por las fuerzas más oscuras de la galaxia. Durante algunos años Venezuela intentó construir una institucionalidad favorable y paralela de “protección” a los derechos humanos, incluso promoviendo un intento de paraguas intelectual bajo la denominación de “Teoría crítica de los derechos humanos”, donde los particulares tenían tanta responsabilidad como los Estados en la vulneración de lo humano de los derechos. A esta línea se sumó el presidente ecuatoriano Rafael Correa, la presidenta brasilera Dilma Rousseff y la Fiscal General venezolana Luisa Ortega Díaz. Con los años, en algo que podría calificarse como justicia poética, estas dos últimas solicitaron ayuda a la propia CIDH cuando cayeron en desgracia.

Con sus atribuciones en minusvalía y ante un Estado que criminaliza la naturaleza de sus funciones, ¿qué podemos reprocharle a la CIDH? La respuesta es: Que el cálculo político, supuestamente “estratégico”, solape los principios y reduzca los espacios de las víctimas de violaciones de derechos humanos venezolanas. Y esto ha ocurrido precisamente en el momento en que el Estado venezolano ha dejado de ser una democracia y la situación de la mayoría de sus habitantes no deja de deteriorarse.

Una muestra de esta situación ha sido el otorgamiento sistemático de audiencias al Estado venezolano. Desde abril del año 2016, fecha de su 157 período de audiencias, la CIDH ha otorgado de manera ininterrumpida por cada convocatoria una sesión al gobierno, restando un espacio para las víctimas. Y esto ocurre sólo con Venezuela. En 6 períodos de audiencia consecutivos el Estado ha reducido 1/3 parte de las oportunidades que el Estado se vea obligado a responder las demandas de las víctimas aunque sea, como es habitual en su estilo, con consignas. Viajar es caro, tanto para las organizaciones como para las víctimas. Ante las irregularidades del sistema de administración de justicia local y la ausencia de algo que pueda llamarse “Defensoría del Pueblo”, las audiencias de la CIDH son el último recurso de quienes padecen en carne propia la inexistencia del estado de derecho, de dar a conocer su drama. A diferencia de lo que ocurre en los otros salones, los voceros del gobierno ni se sienten interpelados ni llegan a ningún acuerdo para revertir las omisiones y abusos. Los afectados sólo quieren sentir que hay oídos receptivos a su situación y que la visibilidad ayude, aunque sea indirectamente, a tomar decisiones que alivien su malestar. Las audiencias otorgadas al Estado, en cambio, son meras vitrinas de propaganda. No hay nada que asemeje políticas públicas estructurales para la satisfacción de derechos universales. En mayo de 2017 se entregó una carta dirigida a la CIDH, suscrita por 43 organizaciones de derechos humanos venezolanas, sobre la recurrencia de audiencias otorgadas por el Estado. La respuesta de la directiva fue el silencio.

Una decisión de la actual directiva de la CIDH, presidida por Francisco Eguiguren, es mantener el diálogo con los Estados, cosa que nos parece correcta, pero no a costa de restar espacios a las víctimas. No quiero detallar el contraste entre los tiempos que se otorgan a las reuniones informales a las ONG y los representantes de Miraflores, totalmente asimétrico, pero sí al hecho que desde el año 2016 la sociedad civil estuvo presionando por la realización de un informe especial sobre Venezuela. La respuesta de la nueva directiva fue, durante varias reuniones seguidas, que no era posible debido a la imposibilidad de visitar el país, olvidando deliberadamente que en el 2009 se había realizado uno, “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, en iguales circunstancias. Finalmente, como es del conocimiento público, la CIDH difundió un reciente informe titulado “Situación de los derechos humanos en Venezuela”.

¿Es posible una estrategia innovadora y proactiva por parte de la CIDH para abordar la crisis venezolana? Creemos que sí. Algunas ideas se las hemos transmitido a su directiva. A pesar de lo que consideramos son concesiones incomprensibles a un Estado no democrático, nuestro trabajo siempre será el fortalecimiento de esa y de cualquier instancia que ayude a mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos. @fanzinero  (Publicado en Tal Cual)

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