La amenaza del Arco Minero del Orinoco

 Rafael Uzcátegui

Imagínate que la totalidad del territorio de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza fuera destinado a la explotación de minerales. Que las minas fueran abiertas sin estudios de impacto ambiental o sin consultar previamente a los ciudadanos que serían afectados por esta actividad. Que para promover la inversión extranjera se dieran todo tipo de facilidades, incluyendo normativas laborales flexibles y a la medida de los inversionistas. Y que paralelamente a esta decisión el gobierno de cada uno las promueva a través de una instancia bajo el curioso nombre de “Ministerio de Minería Ecológica”. Lamentablemente esta posibilidad es una realidad en Venezuela, pues un territorio de 111.843 km 2, mayor a la extensión de todos los países anteriores, ha sido destinado en este país latinoamericano para la explotación extractiva, bajo el nombre “Arco Minero del Orinoco” (AMO).

Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Todos los proyectos de desarrollo han sido basados en la renta energética. Ahora, cuando existe una profunda crisis económica en este país, que está llevando a que muchos venezolanos busquen futuro en otras latitudes, el gobierno intente diversificar su naturaleza extractivista, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

El 24 de febrero de 2016 fue aprobada la creación de la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, en una cantidad de terreno que equivale al 12,2% de la superficie de Venezuela. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra amenazada.

Esta decisión se ha promovido ignorando los dos requisitos necesarios según la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999. El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Finalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas. Las empresas que han mostrado interés en participar en el AMO son de nacionalidad canadiense, china, italiana y de la República Democrática del Congo.

El gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto, de sectores indígenas, ambientales, derechos humanos y hasta de intelectuales del propio movimiento bolivariano, como Edgardo Lander. Las diferentes iniciativas que han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios. Lamentablemente, la aguda crisis social, económica y política que padece el paiís suramericano ha eclipsado el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y sectores del llamado “chavismo crítico”. Hay que elevar la voz, en todo el planeta, contra la imposición del AMO en Venezuela.

4 preguntas sobre políticas de vivienda en el país

Rafael Uzcátegui

1. ¿Cuál es el contexto político, en particular, lo relativo a la vivienda y cómo determina las acciones vinculadas a la vivienda?

R: En opinión de Provea desde octubre del año 2016 el gobierno venezolano dejó de ser una democracia para transformarse en una “dictadura del siglo XXI”, tras las decisiones tomadas al transformarse en una minoría electoral (elecciones parlamentarias de diciembre 2015) que significaron una normativa supraconstitucional, como lo es el decreto de estado de excepción y emergencia económica, y la suspensión de procesos electorales pendientes. Esta dictadura se profundizó en julio de 2017 al instalar, de manera irregular, una Asamblea Nacional Constituyente. Además de la crisis política, Venezuela vive su peor crisis económica desde por lo menos el año 1958, que ha motivado que un número que oscila entre 2 y 4 millones de venezolanos, pues no existen cifras oficiales, hayan salido del país como migrantes forzados.
En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha convertido la política pública en vivienda, denominada Gran Misión Vivienda Venezuela, en un gran aparato de propaganda que no garantiza el derecho a la vivienda digna de las casi 3 millones de viviendas que conforman el actual déficit habitacional en el país. Durante el año 2017 el gobierno afirmó que construyó 600 mil viviendas en el país, y según los datos recopilados por Provea, provenientes de 3 medios de comunicación estatales, la cifra de viviendas construidas serían 14.996 unidades. Desde el año 2016 no se publica el informe de gestión del ministerio de vivienda y hábitat, alcanzando la opacidad en la gestión el cénit en el año 2017, cuando ni siquiera se hizo público la Ley de Presupuesto del año 2018, por lo que se desconoce la inversión en el sector a realizarse durante este período. Desde el 1 de enero de 2018 las viviendas de interés social se vienen adjudicando a través de un mecanismo llamado “Carnet de La Patria”, el cual es ejecutado por la organización “Somos Venezuela”, un partido político promovido por Nicolás Maduro en el año 2017. De esta manera la discriminación por razones políticas, en materia de vivienda y hábitat, se ha convertido en una política de Estado. El derecho a la vivienda, que posee rango constitucional en el país, se ha reducido a su dimensión cuantitativista, la cantidad de supuestas casas construidas y entregadas, abandonado dimensiones como la rehabilitación integral del hábitat o una política de mitigación de los efectos del cambio climático que incluya la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Las ciudades venezolanas son las más peligrosas de la región, lo que ocasiona la inexistencia de espacio público y el normal desarrollo de las capacidades y potencialidades ciudadanas.

2. ¿Cuál es el estado de situación de las organizaciones del país (articulación entre ellas, fortalezas y debilidades, criminalización, etc.)?

A comienzos de la gestión del presidente Hugo Chávez se realizaron esfuerzos por canalizar la capacidad de autoconstrucción popular incorporando a comunidades organizados en procesos de edificación de vivienda con el apoyo del Estado. Sin embargo, de manera progresiva las diferentes organizaciones sociales y populares fueron cooptadas por las instancias de gobierno, siendo utilizadas para labores de proselitismo político – electoral, perdiendo tanto su autonomía como su esencia diversa y comunitaria. Desde el Estado se promovieron diferentes instancias de participación en materia de vivienda, que eran abandonadas y sustituidas por otras, como el caso de cooperativas, consejos comunales, organizaciones comunitarias de vivienda y, finalmente, asamblea de viviendo venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha erosionado el libre tejido asociativo del país, promoviendo un tipo de organización con características clientelares y dependiente de los presupuestos estatales. La ausencia de democracia en el país ha ocasionado que se criminalice y hostigue las organizaciones independientes en las diferentes dimensiones sociales, agotando las propias experiencias en vivienda afines al ejecutivo nacional, como los comités de sin techo o el movimiento de pobladores. Las organizaciones sociales se encuentran debilitadas tras dos décadas de gestión bolivariana y la crisis migratoria, que ha llevado a muchos activistas a salir del país.

3. ¿Cuáles son las principales acciones de las organizaciones del país (espacios, leyes, normativas, proyectos demostrativos)?

La capacidad prefigurativa de la acción de los movimientos sociales y populares del país se encuentra congelada debido a la situación de ausencia de democracia, que ocasiona que sus esfuerzos se enfoquen en dos dimensiones: la propia supervivencia institucional y personal y, por otro lado, las acciones por el rescate de la democracia en el país.

4. ¿Cuáles son las oportunidades que vislumbran para el avance político de la producción social del hábitat?

La experiencia bolivariana ofrece oportunidades para evaluar una gestión en vivienda y hábitat, y superar una manera de promover el derecho a la vivienda y hábitat para el beneficio de las familias necesitadas de un techo propio. Sin embargo, el principal obstáculo actual para el disfrute de derechos sociales, incluyendo el derecho a la vivienda, lo constituye la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. La única manera de generar condiciones para reimpulsar un proceso de producción social del hábitat, de recuperar debates olvidados como la importancia del espacio público y el derecho a la ciudad, sin discriminación y estimulando la autoorganización de los sectores populares, es promoviendo la transición de la dictadura a la democracia. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

50 ONG venezolanas exigen investigar y sancionar violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Nosotros, un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas, queremos expresar nuestra solidaridad con las demandas democratizadoras, por justicia social y libertad, que actualmente promueven importantes sectores del pueblo nicaraguense, cuyas movilizaciones realizadas a partir del pasado 19 de abril de 2018 generaron como respuesta estatal graves y diferentes violaciones al derecho a la manifestación pacífica; la libre reunión y asociación; el derecho a la vida y la integridad personal, así como al derecho a la libertad de expresión e información por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Asimismo, deseamos expresar públicamente nuestro total respaldo al trabajo de las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, en su actual trabajo de documentación y denuncia de los excesos de los cuerpos de seguridad y grupos paraestatales. Nos comprometemos a hacernos eco de sus reportes y divulgar la información que las diferentes organizaciones no gubernamentales están circulando sobre los hechos que ocurren en diferentes partes del país centroamericano.

Como se recordará las protestas se iniciaron tras la decisión gubernamental unilateral de reformar el sistema de seguridad social del país, aumentando la tasa impositiva tanto a trabajadores como a pensionados. Las movilizaciones fueron respondidas de manera no democrática por el gobierno, generando por lo menos 25 personas asesinadas, un periodista asesinado, 5 medios de comunicación censurados y una cantidad indeterminada de personas detenidas por manifestar. En la represión a las protestas participaron no sólo funcionarios policiales y militares, sino grupos de civiles armados tolerados por el gobierno. En la noche del 23 de abril el presidente Daniel Ortega revirtió la reforma, pero el proceso de movilización ha continuado, incorporando otras exigencias de naturaleza democrática y de respeto a los derechos humanos.

En tal sentido, las organizaciones de derechos humanas venezolanas exhortamos:

A la comunidad internacional:

– Mantener su atención sobre la situación nicaraguense, exigiendo al gobierno nicaraguense la investigación y sanción de las diferentes denuncias sobre violaciones de derechos humanos, implementando garantías de no repetición de los hechos. La propia experiencia de nuestro país nos ha enseñado que la visibilidad internacional ayuda a contener actuaciones autoritarias de los funcionarios gubernamentales

A las organizaciones regionales de derechos humanos:

– Expresar públicamente su condena a las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua, su respaldo a la actuación de las ONG en el país y la difusión de sus informaciones y pronunciamientos. La única polarización plausible en estos momentos para nosotros no es entre gobiernos de “izquierda” y “derecha”, sino entre victimarios y víctimas de violaciones de derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo.

Al gobierno nicaraguense exijimos:

– Respetar el derecho a la manifestación pacífica de los ciudadanos nicaraguenses

– Investigar y sancionar, de manera expedita y con respeto al debido proceso, todas y cada una de las denuncias de violación de derechos humanos ocurridas a partir del 19 de abril.

– Impedir la participación de civiles en labores de seguridad ciudadana

– Restablecer el trabajo de los medios de comunicación afectados con medidas gubernamentales por haber informado sobre las manifestaciones

–  Garantizar la integridad física y el debido proceso a las personas que han sido privadas de libertad por haber participado en protestas

– Establecer mecanismos de protección inmediatos y eficientes que salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas e infociudadanos que están cubriendo y transmitiendo en vivo los conflictos, mediante plataformas tradicionales y digitales

– No obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos del país, generando las condiciones para que su labor sea realizada sin amenazas para la libertad o la integridad física de sus integrantes.

Caracas, 25 de abril de 2018

Suscriben la presente comunicación:
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