La amenaza del Arco Minero del Orinoco

 Rafael Uzcátegui

Imagínate que la totalidad del territorio de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza fuera destinado a la explotación de minerales. Que las minas fueran abiertas sin estudios de impacto ambiental o sin consultar previamente a los ciudadanos que serían afectados por esta actividad. Que para promover la inversión extranjera se dieran todo tipo de facilidades, incluyendo normativas laborales flexibles y a la medida de los inversionistas. Y que paralelamente a esta decisión el gobierno de cada uno las promueva a través de una instancia bajo el curioso nombre de “Ministerio de Minería Ecológica”. Lamentablemente esta posibilidad es una realidad en Venezuela, pues un territorio de 111.843 km 2, mayor a la extensión de todos los países anteriores, ha sido destinado en este país latinoamericano para la explotación extractiva, bajo el nombre “Arco Minero del Orinoco” (AMO).

Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Todos los proyectos de desarrollo han sido basados en la renta energética. Ahora, cuando existe una profunda crisis económica en este país, que está llevando a que muchos venezolanos busquen futuro en otras latitudes, el gobierno intente diversificar su naturaleza extractivista, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

El 24 de febrero de 2016 fue aprobada la creación de la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, en una cantidad de terreno que equivale al 12,2% de la superficie de Venezuela. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra amenazada.

Esta decisión se ha promovido ignorando los dos requisitos necesarios según la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999. El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Finalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas. Las empresas que han mostrado interés en participar en el AMO son de nacionalidad canadiense, china, italiana y de la República Democrática del Congo.

El gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto, de sectores indígenas, ambientales, derechos humanos y hasta de intelectuales del propio movimiento bolivariano, como Edgardo Lander. Las diferentes iniciativas que han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios. Lamentablemente, la aguda crisis social, económica y política que padece el paiís suramericano ha eclipsado el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y sectores del llamado “chavismo crítico”. Hay que elevar la voz, en todo el planeta, contra la imposición del AMO en Venezuela.

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