Provea: Sanciones a violadores de DDHH sí; sanciones que aumenten el hambre no

Logo-ProveaEn opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponden con lo ocurrido el 20 de mayo. El gigantesco fraude electoral, que intenta mantener en el poder a un gobierno no democrático, está siendo desconocido por diferentes actores de la comunidad internacional, quienes han anunciado el aumento de las sanciones diplomáticas. Provea advierte que los estándares internacionales en derechos humanos rechazan cualquier tipo de decisión que aumente la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población, lo cual puede ocurrir en Venezuela si las sanciones o restricciones impuestas exceden a los funcionarios involucrados en delitos o violaciones de derechos humanos.

En 1997 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó su Observación General número 8 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), referido especialmente a las sanciones económicas, estableciendo que “independientemente de las circunstancias, esas sanciones deben siempre tener plenamente en cuenta las disposiciones del PIDESC”.

De esta manera, los estándares internacionales de derechos humanos no cuestionan la necesidad de imponer sanciones en casos de amenazas a la paz o la ruptura del orden democrático interno que amenace los derechos de la población, sino que exige “distinguir entre el objetivo básico que se persigue al ejercer una presión política y económica sobre la minoría gobernante del país para persuadirla a que respete el derecho internacional y la imposición colateral de sufrimientos a los grupos más vulnerables del país”.

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