Provea: Gobierno miente sobre supuesta resolución del Consejo de Derechos Humanos ONU sobre sanciones a Venezuela

 

(Caracas, 18 de julio de 2019) El gobierno venezolano ha falseado el contenido de una reciente resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmando que rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país. Sin embargo, el texto del documento no dice nada sobre este tema.

El pasado 15 de julio el Sistema Estatal de Medios difundió la noticia que con 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había aprobado una resolución presentada por Venezuela, “en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, para hacer frente sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano”. La primera referencia se difundió un día antes, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, a través de su cuenta twitter expresó: “Venezuela, desde la Presidencia del @MNOAL_NAM presentó una resolución para profundizar la Cooperación Internacional y rechazar las Medidas Coercitivas Unilaterales (Sanciones) en el Consejo de DDHH/ONU. La Resolución fue aprobada con amplio respaldo de los Estados miembros”. Seguidamente el propio Nicolás Maduro expresó: “Agradezco el contundente respaldo de los Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU, a la resolución presentada desde la presidencia del Mnoal a favor de Venezuela. Victoria que amplía la cooperación internacional y rechaza las sanciones imperiales”.

Las notas de prensa preparadas desde Miraflores tuvieron una amplia difusión en medios nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando se intenta profundizar en la información los diferentes escritos no citan el texto de la propia resolución, sino las interpretaciones de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, cuando se revisa el texto de la propia resolución publicado en el portal oficial del Consejo DDHH ONU, se puede corroborar que la misma trata sobre un tema diferente.

Bajo el título “La contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos” fue presentado al 41 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU un proyecto de resolución por 33 países, incluyendo Venezuela, en el punto 3 de la agenda del día: “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, que finalmente fue aprobado. En el cuerpo del texto no aparecen las palabras “sanciones”, “medidas coercitivas unilaterales” ni “bloqueo”. Tampoco se describe la situación de algún país en particular. En cambio, la propuesta desarrolla, de manera genérica, papel de la cooperación para el desarrollo para el disfrute de los derechos humanos, un tema que posee un amplio consenso a nivel internacional. La resolución finaliza con 16 afirmaciones, siendo la primera: “Reafirma la importante contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas”. El texto completo de la resolución puede consultarse en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/211/01/PDF/G1921101.pdf?OpenElement

Diferentes ONG han denunciado la política sistemática del gobierno venezolano de falseamiento de información, calificándola en sus reportes como “mitomanía de Estado”. Mediante esta falsa noticia, Nicolás Maduro intenta mitigar el impacto del reciente informe del Alto Comisionado DDHH de Naciones Unidas sobre las graves violaciones ocurridas en nuestro país, intentando justificar las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, desarrollada en el país a partir del año 2013, con las sanciones financieras aprobadas a partir del año 2017.

Provea ha expresado su rechazo a la imposición de medidas coercitivas financieras contra el país debido a que agravan la crisis pre-existente que afecta a amplios sectores de la población, estimulando la migración forzada de venezolanos. Sin embargo apoya el aumento y la intensificación de sanciones internacionales individuales contra violadores de derechos humanos.

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