2017: Año de protesta en rebelión

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Luego de mucho esfuerzo documental, y con meses de retraso debido a la situación del país, afectando todo lo que sea impreso, hace algunas semanas apareció el libro que intenta recopilar la diversidad de la gesta ciudadana durante la rebelión popular del año 2017. Con varios textos de análisis, sin embargo el fuerte del libro son las imágenes que van desde las fotografías, pasando por toda la gráfica producida y circulada por esos días. Finaliza con una recopilación de las canciones inspiradas en las protestas y un cuadro comparativo de protestas regionales, que por razones cronológicas excluye lo que pasa en Nicaragua. A lo largo de los textos, una línea de tiempo con los elementos más importantes, mientras que los diferentes informes aparecidos sobre las víctimas y los hechos, se han infografiado.

La edición impresa es de lujo, para intentar honrar la épica de la gente contra el poder, pero con copias limitadas, que no se estan vendiendo, sino distribuyendo estratégicamente. El PDF puede ser descargado acá: https://mega.nz/#!ZbhU3SjT!DyLPQa2rkG2QW59-od1Fss9B3hFsuyXxq8Ck7TbghTs

Vilma Núñez: No hay ninguna posibilidad de arreglo para Nicaragua con Ortega en el poder

Rafael Uzcátegui con apoyo de Luis Silva

Hacia una tarde plomiza en Lima, donde Vilma y yo habíamos sido convocados para una reunión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Ella es una mujer afable, entrada en años, con la cual me había topado antes en varios escenarios internacionales, especialmente en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando le tocó su turno para hablar, palabras más palabras menos, expresó: “Muy bien todo lo que ustedes están discutiendo, pero yo lo único que pido es que se paren los asesinatos de manifestantes en Nicaragua”. Entendía perfectamente su urgencia. Yo mismo la había experimentado durante el 2017 cuando ante cualquier oportunidad verbalizaba el monólogo sobre el asesinato de protestantes en las calles venezolanas.

Vilma es de esas mujeres calificadas como imprescindibles por el poema repetido como introducción a una canción por Silvio Rodríguez, para él válido para casi todo el mundo, menos para los propios cubanos. Buena parte de la izquierda ha dado la espalda a Nicaragua, como hace 16 meses atrás se la dieron a Venezuela. Pero ella sigue liderando el Centro Nicaraguense para los Derechos Humanos (CENIDH), fundado en 1990, terquedad que la ha valido ser reconocida con los premios Premio Stieg Larsson y Salvador Justo por su trabajo por la dignidad humana en su país. Hablar con Vilma sobre la crisis nicaragüense, en momentos en que los muertos superaban los 300, era un dejavú para cualquier venezolano. Por eso mismo lo urgente de registrar sus palabras y divulgarlas lo más ampliamente posible.

– Ya llevan varios meses en el conflicto ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el principal patrón de violaciones de DDHH?

– Esta es una situación inédita por las modalidades que se han desarrollado, por la persistencia y por la brutalidad. Hemos valorado que en el conflicto han ocurrido cuatro etapas. La primera el tratar de controlar las redes sociales; segundo, la negligencia en la atención de un incendio, que se dice fue provocado; y la tercera, la inconsulta reforma al Seguro Social. Esta última situación fue el detonante de la protesta, encabezada por los estudiantes universitarios, que tomó de sorpresa a todo el país. Daniel Ortega había logrado perpetuarse en el poder, primero con el pacto con Arnoldo Alemán, luego la reforma de la constitución y ejerciendo un control total sobre todas las instituciones, destruyendo totalmente la independencia del poder judicial. Adicionalmente, se había encargado de destruir a la oposición a través de dos mecanismos, el primero a través de la cooptación haciéndolas aparecer como oposición en las farsas electorales. El segundo fue la destitución de diputados democráticamente electos. Todo este panorama hace que actualmente en Nicaragua no exista una política que presente una salida a la represión que se está desarrollando.

no solo es miedo, es también impotencia al ver que las gestiones que uno realiza no sirven para nada. Lo que en países normales, con instituciones, funciona aquí no. ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Cómo mantener la esperanza si has dejado de creer en los instrumentos jurídicos?

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Intervención militar y Corte Penal Internacional

Rafael Uzcátegui

Kathryn Sikkink es una conocida académica con perspectiva de derechos humanos, radicada en Estados Unidos y profesora en Harvard y la Kennedy School of Government. Su más reciente libro sobre el tema, Razones para la esperanza. La legitimidad y efectividad de los derechos humanos de cara al futuro”, acaba de ser traducido al español y publicado por la ONG colombiana Dejusticia. Entre la serie de razonamientos de interés, entre ellos el aporte del Sur en el desarrollo de la doctrina internacional de derechos humanos, queremos detenernos en su opinión sobre las intervenciones militares unilaterales o multilaterales, un tema que ha ido ganando espacio en la opinión pública entre los venezolanos.

Con habilidad mediática algunos voceros e influenciadores, entre los que se cuenta alguno autodescrito como “defensor de derechos humanos”, ha venido planteando la supuesta necesidad de una intervención militar a Venezuela como manera de parar las tropelías de la dictadura de Nicolás Maduro. Como en los tiempos de post-verdad no se puede llamar a las cosas polémicas por su nombre, se ha posicionado el término “injerencia humanitaria” para legitimar esta posición, ligándola a la necesidad de la apertura del canal humanitario para recibir a corto plazo alimentos y medicinas. Citemos extensamente la opinión de Sikkink al respecto:

“Debido a que las personas están preocupadas por los derechos humanos y a la vez son pesimistas sobre la efectividad de las herramientas legales y de política ordinarias, a menudo solicitan el uso de la fuerza militar para prevenir atrocidades masivas”. En nuestro caso, esta declaración de impotencia, solicitar una intervención militar extranjera, es en parte consecuencia de las limitaciones de los mecanismos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, para impedir la cadena de abusos por parte del oficialismo venezolano. En otras latitudes se intenta dar piso argumentativo a esta exigencia, lo que explica la académica de la siguiente manera: “Esto ha conducido a alguna combinación injustificada entre derechos humanos y lo que se llama “la responsabilidad de proteger” (R2P en inglés), una doctrina en tres partes que esencialmente redefine la soberanía como una responsabilidad de los gobiernos de proteger a sus propias poblaciones y de la comunidad internacional de asistir a los gobiernos en sus esfuerzos para protegerlas. La última frase de esta idea dice que, si el Estado fracasa en proteger a su población del genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, la comunidad internacional debe estar preparada para utilizar medidas más fuertes, “como el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU”. Aunque la fuerza colectiva cuenta como una opción a implementarse sólo como último recurso , para los usuarios descuidados del término, la R2P se ha vuelto un sinónimo de la intervención militar para promover los derechos humanos y, para algunos, la intervención militar y la promoción de los derechos humanos se ven como dos caras de la misma moneda”.

Aunque cuando no escribía pensando en Venezuela, sus conclusiones parecen responder a esos voceros fuera del país que claman por el apocalipsis a través de sus redes sociales: “No hay ningún tratado de derechos humanos que diga que se exhorta o incluso que se permita que los Estados utilicen invasiones militares para hacer cumplir derechos humanos (…) El uso de la fuerza militar para propósitos de paz y seguridad internacional se consigna en la Carta de las Naciones Unidas, no en los tratados de derechos humanos”. Para dejar clara su opinión, agrega: “La intervención militar es un instrumento poco aceitado que, más que calmar la atrocidad masiva, la potencia”. Citando investigaciones, y con la invasión a Irak en mente, concluye: “Algunos estudios encontraron que la intervención militar ni mejoraba los derechos humanos en el país objetivo ni contribuía a su democratización”.

¿Está la comunidad internacional atada de manos frente a situaciones como la venezolana?  Sikkink postula su propuesta: “Se ha visto y se debe ver a la Corte Penal Internacional (CPI) como una alternativa al uso de la fuerza militar, no como su complemento (…) Preferiría que las grandes potencias usaran su poder militar para ejecutar enérgicamente las órdenes de arresto de un tribunal internacional más que una intervención unilateral de gran escala (…) Si los países tomaran en serio las órdenes de captura de la CPI, se prevendrían atrocidades masivas; más aún, enviaría una fuerte señal disuasiva a los perpetradores futuros”.

¿Es la Corte Penal Internacional la alternativa no violenta de mecanismo universal de protección que nos queda a quienes deseamos el regreso a la democracia en Venezuela? Las organizaciones venezolanas de derechos humanos todavía estamos aprendiendo sobre la CPI antes de formular una respuesta. Lo cierto es que otros mecanismos han mostrado su ineficacia frente a regímenes como el venezolano, lo cual nos coloca en una situación que debemos abordar en toda su complejidad. @fanzinero

Provea y la ONG convocan al Segundo Taller Básico de Fotografía para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

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Ultimos días para postularse!

 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Organización Nelson Garrido (ONG) abren el período de postulaciones para el Segundo Taller Básico de Fotografía para Defensores de Derechos Humanos, luego de las exitosas primeras experiencias en Caracas y Barquisimeto.

 

El objetivo del taller es ayudar a comprender el lenguaje fotográfico y las técnicas para registrar buenas imágenes, con cualquier dispositivo, para personas que se dediquen a la defensa de los derechos humanos, y que sean parte o no de alguna organización independiente de la sociedad civil venezolana.

 

El taller está comprendido de 4 sesiones presenciales, a realizarse los días 19 y 26 de octubre y 2 y 16 de noviembre de 2018, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la sede de la Organización Nelson Garrido (Residencias Carmencita, Avenida María Teresa Toro, entre calles Cuba y Centroamérica, Las Acacias), más un período de asesoría y acompañamiento a realizarse durante el mes de diciembre de 2018. El facilitador de las sesiones será Nelson Garrido, fotógrafo venezolano y Premio Nacional de Artes Plásticas (1991).

 

El costo del taller será gratuito para los participantes seleccionados. Se entregará un certificado de asistencia.

 

Las personas postulantes deben residir en la Gran Caracas y enviar 10 fotografías tomadas por ellas en cualquier tipo de dispositivo, sobre cualquier temática, acompañadas de una descripción personal sobre su labor como defensor de derechos humanos, al siguiente correo electrónico: medios@derechos.org.ve

 

El período de postulaciones cierra el domingo 30 de septiembre 2018. Las 10 personas seleccionadas serán informadas el día viernes 5 de octubre. La primera sesión se realizará el 19 de octubre.

Maduro utiliza de manera sistemática la desaparición forzada contra sus opositores

La denuncia sobre la retención durante un mes de un niño de 3 años por parte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), para obligar a que su padre se entregara, ratificó la denuncia que Provea ha venido realizando sobre que las actuaciones del gobierno venezolano pudieran tipificarse como “Terrorismo de Estado”. En base a una investigación que recopiló cifras hasta el pasado 1 de julio, Nicolás Maduro ha venido utilizando de manera sistemática la desaparición forzada contra personas privadas de libertad por razones políticas. Durante su gestión por lo menos 135 personas fueron secuestradas por las autoridades venezolanas, al no informar sobre su sitio de reclusión a familiares y abogados, no ser trasladada a tribunales o ser acusadas de algún delito, así como por permanecer recluidas a pesar de tener boleta de excarcelación. De estas 135 víctimas, 85 corresponden al primer semestre de 2018, de las cuales 51 no se tuvo conocimiento de su paradero en un tiempo promedio de 11 días. De la cifra recopilada por Provea 57 de ellas son colombianos a quienes el presidente Nicolás Maduro señaló de ser paramilitares. En junio de 2018, 15 de los detenidos fueron excarcelados.

Desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o con su autorización, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Por su parte, se entiende por “Terrorismo de Estado” la utilización reiterada de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos. En el caso más reciente el 7 de septiembre Yudeyxy Vásquez, madre del niño de 3 años, denunció junto a la diputada Delsa Solorzano. Según su testimonio el pequeño Ángelo Vásquez fue secuestrado por el Conas el 2 de agosto de 2018, como modo de presión para que su padre, el sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Luis Colón, entregara unas supuestas armas robadas de Fuerte Tiuna.

Sobre el show de los “retornados” de Perú

Rafael Uzcátegui

Después de meses de negar la crisis migratoria la vocería de Nicolás Maduro, súbitamente, ha comenzado a construir una narrativa para explicar la salida de venezolanos del país. En síntesis, consiste en afirmar que 1) No son tantos como se dice y 2) Los que salen lo hacen bajo engaño, siendo explotados y maltratados en su destino por lo que desearían regresar.

He insistido en otras oportunidades que la fórmula de la simulación democrática madurista consiste en mantener una clientela de apoyo, ahora calculada entre el 15 y 20% de la población, que le permita ganar procesos electorales fraudulentos, tras desestimular, neutralizar y fragmentar la participación de sus contrarios. La mayoría de las políticas públicas de los años recientes están dirigidas a beneficiar a este sector, por lo que la discriminación por razones políticas sería parte estructural de nuestra dictadura del siglo XXI. Siendo así, el gobierno consideraba como opositores, o no sufragios a su favor, a los que venían cruzando la frontera, como incluso lo sugirieron las palabras del Defensor Constituyente del Pueblo, Alfredo Ruiz, cuando declaró que la diáspora estaba conformada por jóvenes de clase media “que no podían entrar a discotecas”. Sin embargo, la magnitud del éxodo hizo que las dos últimas oleadas migratorias –personas de los sectores populares, por un lado, y militantes de base y de sectores medios del chavismo más recientemente-, hayan comenzado a generar inquietudes en ese 15-20% de la clientela bolivariana.

Esta suposición parecería confirmarse por los datos recientes divulgados por la empresa Consultores 21: “17% de las personas que quieren salir de Venezuela se declara maduristas y el 66% son chavistas, no maduristas”. Según los datos, la correlación política de la migración, decididamente opositora en las dos primeras oleadas –empresarios y clase media-, se había modificado: “la cantidad de chavistas que desean salir del país –concluyó la encuestadora- es superior a la de opositores alineados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”. En consecuencia, dos posibilidades: El madurismo “duro” está siendo impactado en sus fidelidades por la separación de miembros del núcleo familiar o, sencillamente, han comenzado a preparar maletas. Por esta razón el discurso sobre el fenómeno generado por Miraflores tendría como objetivo hacerlos desistir de emprender la huida o ideologizar la explicación del problema. Los mensajes no están pensados ni para usted ni para mí, sino hacer control de daños en su bastión de apoyo de las imágenes de los caminantes venezolanos por las autopistas colombianas.

Si necesita descifrar algún sentido de lo que parecen decisiones irracionales del chavismo realmente existente, el madurismo, le propongo que haga ese ejercicio: Razonar cuál es el impacto deseado en ese 15-20% de la población para el cual gobierna. @fanzinero