Heisler, in memoriam

heisler vaamonde

Rafael Uzcátegui

Los días previos de la amenaza Constituyente ocurrieron dos situaciones relativas al movimiento LGBTI bolivariano. La primera de ellas fue la difusión de la campaña de la candidata #65 por el sector “Estudiantil-público”, la activista trans Rummie Quintero. El detalle es que el flyer oficial tenía su nombre anterior en letras grandes, Rigoberto, lo que en ese contexto no sólo es una ofensa, sino una negación de lo que se pretende reivindicar. Un activista queer chileno-paraguayo me comentó “Es la historia de las trans. Por estar, están con cualquiera”. Si no existiera el precedente Tamara Adrián, uno intentaría comprender ese tipo de concesiones.

Ojalá el segundo evento hubiera sido tan anecdótico. El 23 de julio se difundió, en medio de las noticias sobre las movilizaciones y represiones, que uno de los activistas LGBTI más conocidos del oficialismo había fallecido en el Hospital Vargas por falta de insumos médicos. Se trató de Heisler Vaamonde, quien desde las filas del PPT se catapultó como uno de los primeros activistas gay reconocidos del chavismo, promotor del “Bloque Unido de Liberación Homosexual”. Heisler fue un personaje tan interesante como controversial. Si bien introdujo otros temas dentro de la discusión de la comunidad gay endógena y alentó las primeras marchas del orgullo gay en Caracas, su afinidad a un movimiento construido en la discriminación de lo diferente, que paradoja, lo puso en el centro de polémicas que buscaban la negación del otro. De los ataques a los “gays escuálidos” hubo bastante, pero el que personalmente más recuerdo fue uno en el que me involucré. En plena campaña xenofóbica oficial cuando la expulsión de decenas de colombianos por la frontera, el oficialismo posicionó una etiqueta al uso. En su Facebook Vaamonde escribió una perla: “#YoApoyoElCierreDeLaFrontera y si se puede, que queden del lado de allá todx colombianx parásito y lo que nos ha traído han sido usos y costumbres propias de sus relaciones aberrantes tras largo tiempo de guerra en su territorio… esa cultura nos está haciendo daño y debemos salvaguardar nuestra identidad nacional cuidando qué nos enseñan los extranjeros”.

Relataron los medios que cerca de las 5 de la madrugada del domingo 23, las provisiones de oxígeno en el Hospital Vargas se agotaron, produciendo el fallecimiento de Vaamonde de 38 años quien tenía una infección respiratoria y era paciente VIH. La revolución que defendió tan apasionadamente no pudo garantizar su tratamiento de salud.

Leí alguna vez que uno tenía que cuidar más a sus contrarios que a sus amigos, porque si no ¿con quién se va a discutir? Que la tierra le sea leve a Heisler Vaamonde. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

El guerrillero, la CIDH y los juicios militares a civiles

Rafael Uzcátegui

En 1993, cuando Alberto Fujimori tenía tres años en el poder y uno de haber dado un autogolpe de Estado que disolvía el Congreso, fueron detenidas en el Perú un grupo de personas acusadas de formar parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA). Entre ellos se encontraba Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, conocido como “Torito”, un chileno veterano de la lucha armada internacionalista. A comienzos de los 80´s combatió en la Guerra Civil salvadoreña, tras lo cual pasó a Nicaragua para enfrentar a la “Contra”, antes de irse a Perú a formar parte del MRTA. Petruzzi era señalado de haber realizado secuestrado empresarios para liberarlos por dinero para comprar armamento para la lucha armada, incluyendo a David Ballón, que fue encontrado muerto, con signos de tortura y 40 kilos menos de peso en febrero de 1993. Petruzzi y otras cuatro personas de nacionalidad chilena fueron procesados por el Estado peruano por un tribunal “sin rostro” perteneciente a la justicia militar y condenados, de manera express, a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de “traición a la patria”.

El caso Petruzzi es importante para América Latina, y ahora especialmente para Venezuela, porque generó la jurisprudencia sobre el uso de los tribunales militares para enjuiciar a los civiles.

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Historias mínimas

Rafael Uzcátegui

La parroquia San Pedro en Caracas nunca fue, y ahora menos, un bastión oficialista. Sin embargo, al ser parte del municipio Libertador, siempre se desplegaron similares estrategias de control que al resto de las parroquias del llamado “territorio libre de fascismo”, quizás con menos eficacia y énfasis que sus pares del oeste. En algún momento la política bolivariana que más entusiasmó fue la promovida en días de Juan Barreto, cuando diferentes edificios fueron expropiados y se anunció, que no se cumplió, que los apartamentos serían entregados a sus moradores.

Las protestas iniciadas el 01 de abril, no obstante, han hecho evidente que así como el gobierno ha desarrollado sus redes clientelares en otras zonas de la ciudad, en la Parroquia San Pedro también existen. Y que no sólo actúan para sumar electores, sino también para aportar lo suyo en la creación del Estado policial necesario para la supervivencia de la dictadura.

Dos historias, resumidas por el espacio. En una de sus esquinas los vecinos habían pactado la convivencia pacífica con esa cooperativa panadera que exhibe la gigantografía de Chávez en su frente. El emprendimiento había acordado que a los habitantes del edificio en cuya planta baja se encontraba el local, les venderían privilegiadamente el pan en período de escasez. Al día siguiente del primer cacerolazo los “cooperativistas” avisaron que, intempestivamente, se les había dañado el horno y no podían continuar con lo acordado. Para el edificio ya no hay más canillas, pero la cooperativa sigue vendiendo los productos horneados de siempre.

En otra calle más allá la noche de los saqueos en El Valle, antes del Periscope de Freddy Bernal, a los vecinos se les ocurrió hacer una “guarimba”. Llegaron dos patrullas de la Policía Nacional que soportaron un cacerolazo y los improperios. Se fueron. Al rato llegó a la esquina la coordinadora de uno de los pocos CLAP de la zona, vecina del lugar, coincidiendo con el arribo de 6 parejas de motorizados encapuchados. La protesta nocturna dio paso a la soledad y el silencio. Envalentonada, la jefa del Consejo Comunal alzó su voz a todo leco: “¡Ahora no gritan verdad!, Aquí no se guarimbea carajo!”. Acto seguido ventiló los inscritos en la caja de alimentos y empezó a señalarle a los motociclistas los apartamentos de los que habían caceroleado y cuyos nombres tenían enlistados dentro de la carpeta manila. “Sácalos de esa vaina” se escuchó desde uno de los pasamontañas. Aquel comando de paz se mantuvo largo rato en la esquina, hasta que una llamada de radio les pidió movilizarse hasta la intercomunal Valle-Coche, donde la noche era todavía joven. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Pd: La foto usada en el presente post es de otro día en la ciudad de Caracas  

Diplomacia e Injerencia

basta-de-injerencia

Rafael Uzcátegui

Hay personas, algunas convencidas honestamente de ello, que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela es “injerencista”, un ataque a la soberanía del país que habría que rechazar. Esta opinión desconoce las diferencias entre los acuerdos regionales suscritos por los Estados, varios con alcances en derechos humanos, y las decisiones unilaterales de un gobierno contra otro, que sí podrían calificarse como injerencia en sus asuntos internos.

La raíz de esta discusión tiene que ver con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Este instrumento, de manera similar al reconocimiento progresivo de los derechos humanos, fue una conquista de las luchas populares no una concesión de los Estados. Durante muchos años se reprochó a la OEA no haber tenido una actuación decidida frente a las dictaduras militares en la región. El final de la Guerra Fría no acabó con los gobiernos autoritarios en América Latina, quienes se vieron obligados a guardar ciertas formalidades en su deseo de perpetuarse en el poder. Fue así como surgió la primera dictadura moderna en Perú, en 1990, con la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori. Fue la presión del movimiento social contra el fujimorismo, incluyendo al movimiento de derechos humanos, que obligó a las diferentes instancias de la OEA a tener un mayor protagonismo en la condena de sus excesos y en la restitución de la democracia. La discusión sobre la necesidad de creación de un protocolo de actuación regional se aceleró luego de la experiencia de Fujimori, por lo que no fue una casualidad que su aprobación se realizara en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001. Por ello puede calificarse como una conquista de los movimientos sociales opuestos a la dictadura, que obligaban a la OEA a tener que actuar, sin los titubeos de antaño, frente a las rupturas del orden constitucional, independientemente de la ideología detrás del autoritarismo.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario.

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Los muertos del hambre

Rafael Uzcategui

Al momento de escribir esta columna, Provea tiene en su base de datos 20 casos, con nombre y apellido, de personas que han fallecido por ingerir yuca amarga. Según la investigadora Susana Raffalli estas muertes esconden tres dramas. El primero es que, debido al hambre, a pesar de conocer el riesgo las personas no procesan bien la yuca para sacarles el veneno. El segundo drama es que la yuca dulce, usualmente la que llevamos a la mesa, también tiene cianuro pero en menos cantidad. Pero, si se cosecha antes de tiempo, “verde” por la desesperación ante el apetito, también puede ser letal. El tercer drama es que sea el que sea el nivel de cianuro, de cualquier de los dos tipos de yuca, la letalidad aumenta por mil en personas desnutridas, especialmente por desnutrición proteica.

Nada simboliza más la grave situación que padecemos en Venezuela que, para no hablar solamente de los fallecidos, las decenas de casos de personas envenenadas por comer esta variedad del tubérculo. La cadena de malas noticias han terminado por hacernos indiferentes ante las situaciones concretas. De la veintena de casos quiero recordar el de Kevin Lara Lugo, el adolescente que falleció el día de su cumpleaños número 16, una muerte que por sus características ocupó las páginas del New York Times en diciembre del 2016.

La madre y el padrastro de Kevin habían quedado sin trabajo, debido a la falta de materias primas en cada una de las empresas en las que laboraban. Tras acabarse la temporada de mangos, su único alimento en medio de la crisis, la situación de la familia comenzó a ser desesperada. Para el natalicio habían pedido a un vecino, que celebraría por esos días su nacimiento, una rebanada del pastel. Sin embargo, el día antes, como relató su madre, los Lara tenían tres días sin comer. Caminaron 45 minutos hasta un campo abandonado donde les habían dicho que había yuca amarga. Al salir con lo cosechado, fueron abordados por cuatro hombres armados que les robaron sus celulares. También volvieron a casa caminando.

Conocían los riesgos pero cocinaron la yuca para comerla, no lo suficiente como apunta Raffalli. A las horas la familia enfermó.  Como no contaban con auto propio, esperaron una hora hasta que un vecino pudo llevar a Kevin a un centro asistencial. Allí comenzó la segunda parte de la novela de horror: La falta de insumos hospitalarios y la ausencia de médicos para tratar a los pacientes. Tras horas sin atención, les pidieron comprar solución intravenosa, y como no tenían el dinero tuvieron que esperar hasta que otro paciente se las donara alguna. A las 4.45 de la madrugada de su cumpleaños, Kevin había perdido sus signos vitales. @fanzinero (Publicado por Tal Cual)

Carta Democrática para principiantes

Rafael Uzcátegui

El 11 de septiembre de 2001, durante el 28° período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano, realizado en la ciudad de Lima, sus diferentes países miembros acuerdan la aprobación de un documento que expresara el compromiso de todos los países del continente con la democracia, es decir la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legítimamente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. La resolución, que fue objeto de un paciente debate, era una herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la propia OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

No era casualidad que este documento, titulado “Carta Democrática Interamericana”, fuera aprobado finalmente en ese país. El continente había experimentado los traumas de las dictaduras militares en varios de sus países, y una manera más refinada, pero no por ello menos grave, había sido experimentada por el Perú entre los años 1990 y 2000: La dictadura de Alberto Fujimori. Este país andino había sido testigo de cómo sin el preponderante protagonismo militar de otros años, en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, un gobierno elegido por la soberanía popular podía torcer las instituciones de la democracia para finalmente acabar con ella. Tras el retorno de la democracia al Perú, su primer presidente Alejandro Toledo se convirtió en el anfitrión de la reunión de la OEA que intentaba, como lo expresó su Secretario General de la época, el doctor César Gaviria, contar con un plan colectivo para responder si en alguno de los Estados parte su democracia se colocaba en riesgo, tratando de evitar que se repitiera la triste historia de dictaduras en América Latina.

este instrumento es un mecanismo de diálogo diplomático que complementa cualquier iniciativa local de restitución de la democracia.

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Simulación

Rafael Uzcátegui

Es realmente curioso que, en el momento de mayor debilidad del proyecto bolivariano en el poder, diferentes personas piensen precisamente lo contrario: Que el chavismo, o su derivación madurista, se encuentra más fuerte que nunca. La confusión, a nuestro juicio, no se encuentra únicamente motivada por las declaraciones de los altos voceros oficialistas, o los mensajes repetidos por la hegemonía comunicacional estatal. La perplejidad, en cambio, deriva de una incorrecta interpretación de la propia evolución de los deudos de Maisanta en la gestión gubernamental, así como la escasa comprensión del cisma que constituyó el 6 de diciembre de 2015.

Quienes se encuentran convencidos de la invencibilidad actual del gobierno consideran que, desde el año 1998, existe una línea de tiempo diseñada por, coloque aquí la conspiración internacional de su preferencia, que ha cumplido paso a paso sus objetivos. Siendo así, hoy nos encontraríamos en un capítulo más de una serie que comenzó con el primer triunfo de Hugo Chávez a la presidencia. Esa noción de continuidad, no obstante, ha sido reforzada por el discurso dominante opositor de todos estos años. En las diferentes citas electorales ocurridas antes de los últimos sufragios legislativos, la Coordinadora Democrática primero, la Mesa de la Unidad Democrática después, denunciaron fraude en los resultados. Pero cuando finalmente ganaron las elecciones, siendo la primera vez que una cifra cuantitativa e irrebatible reflejaba haberse convertido en la principal fuerza política del país, no comunicaron suficientemente lo que aquel caudal de sufragios significaba. La razón era simple: La falta de estatura para reconocer que, hasta ese 6 de diciembre, habían sido minoría y que cada vez que juraron, por ese puñado de cruces, que representaban a la mayoría del país, habían faltado a la verdad.

Si en vez de soberbia hubiera primado esta sinceración, a continuación, el liderazgo político hubiera anunciado al país que la estrategia insurreccional con la que había coqueteado, hasta ese día, quedaba atrás. Y que, de ahora en adelante, dado el trascendental cambio de circunstancias, el camino era abierta y claramente electoral, pues ahora sí, y no antes, contaban con los votos suficientes. Y desde ese mismo momento consensuar la promoción y defensa tanto de las elecciones regionales como del Referendo Revocatorio.

Quizás esta situación sí se comprendió, pero se prefirió el reino de las simulaciones y los cálculos: Decir que se peleaban por las elecciones pero, realmente, tener la cabeza puesta en el 2018 pues, según, el costo político de gobernar con crisis sería “muy alto”. No basta llorar sobre la leche derramada: La gente, usted y yo, ahora tenemos la palabra. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)