Cuando la providencia sale al paso

Rafael Uzcátegui

En la década de los 80´s, en las postrimerías de los años de vacas gordas, los venezolanos que no podían ir a Miami se iban de shopping a Cúcuta. En mi caso, la relación con el Norte de Santander provenía de la ascendencia andina. Comprar en Almacenes Ley o Tía, dormir en hoteles con aire acondicionado y, en general, caminar por calles de un un país ajeno fue lo más cercano a Disneylandia que tuvo mi generación clase media provinciana de infantes venecos. El bolívar era un Gulliver frente al peso colombiano y quienes lo llevábamos para gastar cruzando el Puente Internacional Simón Bolívar, eramos literalmente dioses. Para los venezolanos, pero especialmente para los habitantes del lado colombiano, esto siempre iba a ser así. Nadie se podía imaginar que dos décadas después los papeles se intercambiarían. Y tan dramáticamente.

La explosión de la debacle económica ha generado que la diáspora sea la última de las crisis que los gobiernos de la región deban afrontar. Los venezolanos en Colombia se han convertido en la principal corriente migratoria del hermano país en toda su historia. Los que tienen con qué, aterrizan en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá. Para el resto, el principal punto de entrada, el 48% del total, es por Cúcuta. En la ciudad hacen lo que sea para ganarse unos pesos, algunos con la ilusión de continuar más adentro su búsqueda de un futuro. Si desean viajar a otra ciudad, deben sellar su pasaporte en migración Colombia mostrando un pasaje. En la urbe con mayor desempleo de Colombia, los venezolanos son limpia vidrios, venden agua en los semáforos y ofrecen en la calle cualquier producto traído del otro lado.

Una de esas tardes calurosas del Norte de Santander, José David Caña Pérez, sacerdote de la parroquia San Pedro Apostol de La Parada, escuchaba con atención el llamado del Papa Francisco sobre la misericordia con los migrantes alrededor del mundo. Su figura, morena y generosa, se puso manos a la obra. Junto a sus parroquianos comenzó a montar una olla de sopa para 100 comensales, que comenzó a ser repartida a las familias de venezolanos que cruzaban el puente con intenciones de quedarse. Aquel improvisado comedor popular rápidamente se divulgó entre quienes sus miles de bolívares, ahorrados con sacrificio, se diluían en unos pocos pesos. La demanda, y las preocupaciones del padre Cañas, crecieron como la espuma de una Cerveza Cristal recién servida en el agobiante calor cucuteño. Aquella nueva responsabilidad lo agobió al punto de tomar la decisión de cerrar el comedor. Días antes de bajar la santamaría, mientras José David decidía cómo informar la clausura, escuchó a una chiquita de 8 años expresar frente al plato de comida “¡Gracias Dios mío por no dejarnos morir”. Con su acento, el padre preguntó: “Mamita, ¿Qué le pasó?”. La niña le contó que tenía 4 días viajando por tierra desde el centro de Venezuela. Que no habían comido nada durante el trayecto, pero tenían la esperanza que si llegaban a la frontera la iglesia les iba a dar de comer. Con lágrimas en los ojos, que se repiten que cada vez que lo recuerda, José David Caña Pérez decidió que no podía dejar de ayudar a los venezolanos, aunque la vida se le fuera en ello.

Sin embargo, la vida le ha sido generosa, y el padre David se lo atribuye al poder benefactor de lo que hoy se llama “Casa de Paso Divina Providencia”, que cada día reparte casi dos mil platos de comida a los migrantes venezolanos, priorizando por niños, mujeres embarazadas y abuelos. Un equipo de 70 voluntarios, de los cuales 25 son venezolanos, administran la obra caritativa cuyos costos al mes son de 100 millones de pesos –casi 35 mil dólares-, incluyendo los 400 mil pesos del alquiler de esa casa con un patio tan amplio que permite que los comensales puedan estar cómodamente sentados. Ese comedor funciona en base a donaciones, que no han parado de llegar. Incluyendo la de sus feligreses que aumentan mes a mes sus contribuciones. Desde que las hacen sus propios negocios han mejorado, y se lo atribuyen a la Casa.

Cuando estuvimos de visita en el comedor, observando las colas de ancianos y niños que esperaban su turno, el padre Cañas nos decía que con 1 dólar se le daba “desayuno y almuerzo a un hermano venezolano”. Lo mínimo que podíamos hacer, le prometimos, era intentar que la diáspora venezolana colaborara. Por eso este texto.

Los aportes económicos para apoyar la Casa de Paso Divina Providencia se pueden consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia: 08865722720,a nombre de la Diócesis de Cúcuta, NIT 890500597.

En caso que soliciten información adicional para donaciones desde el extranjero:
Código Swift: COLOCOBM (en caso que le pidan 11 dígitos indicar que se agreguen tres X, es decir, queda COLOCOBMXXX).
A nombre de Diócesis de Cúcuta NIT: 890500597-1
Dirección: Av. 1 27 131 San Rafael
E-mail: diocesisdecucuta@gmail.com
En caso que soliciten la dirección de Bancolombia: Cl. 4 #3-24, Cúcuta, Norte de Santander
@fanzinero

La renuncia

Rafael Uzcátegui

Me puedo equivocar, pero hasta el momento en que esto se escribe las evidencias sugieren que Nicolás Maduro será proclamado la noche del 20 de mayo como presidente por un período de 6 años. Ya en octubre de 2016, cuando se tomó la decisión de postergar los procesos electorales en curso (Referendo Revocatorio y Elecciones Regionales), fui parte de los que opinó que el gobierno había tomado la decisión –tras la experiencia de diciembre de 2015-, de no convocar elecciones hasta que tuviera la garantía de ganarlas, aunque no contara con los votos.

Las elecciones realizadas bajo la Constituyente han dinamitado la confianza en un sector importante de la ciudadanía sobre la capacidad del voto para expresar la opinión del soberano sobre los rumbos del país. Las candidaturas opositoras no pudieron revertir esta opinión. Tampoco plantearon una estrategia adicional al deseo del aluvión de votos, que convirtiera la materialización del fraude en una crisis de legitimidad para el nuevo gobierno.

¿Cómo enfrentar el repliegue, la desazón y la depresión del 21 de mayo? Proponiendo un camino presente en la Constitución. El artículo 233 de la Carta Magna expresa: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.  Un movimiento amplio e incluyente de la sociedad exigiendo la renuncia de Maduro es la manera para que en corto plazo haya elecciones y la voz del pueblo sea escuchada.

Un movimiento nacional por la renuncia de Maduro podría enfrentar la matriz de opinión que, ante la ausencia de otros mecanismos de resolución del conflicto, están apostando por salidas insurreccionales con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, locales o extranjeras. Y esto no es comentarios de los políticos más estridentes, sino que ha venido ganando terreno en los sectores populares. Hay piensa que es una propuesta más prágmática de la renuncia. No obstante, es una declaración de impotencia para quien la enarbola. Es reconocer que no puede hacer nada para influir en los destinos del país. Y en nuestra opinión hay muchísimo por hacer, en vez de esperar a militares salvadores de cualquier nacionalidad. @fanzinero (Escrito para Tal Cual el 16.05.18)

Provea: Sanciones a violadores de DDHH sí; sanciones que aumenten el hambre no

Logo-ProveaEn opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no corresponden con lo ocurrido el 20 de mayo. El gigantesco fraude electoral, que intenta mantener en el poder a un gobierno no democrático, está siendo desconocido por diferentes actores de la comunidad internacional, quienes han anunciado el aumento de las sanciones diplomáticas. Provea advierte que los estándares internacionales en derechos humanos rechazan cualquier tipo de decisión que aumente la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población, lo cual puede ocurrir en Venezuela si las sanciones o restricciones impuestas exceden a los funcionarios involucrados en delitos o violaciones de derechos humanos.

En 1997 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó su Observación General número 8 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), referido especialmente a las sanciones económicas, estableciendo que “independientemente de las circunstancias, esas sanciones deben siempre tener plenamente en cuenta las disposiciones del PIDESC”.

De esta manera, los estándares internacionales de derechos humanos no cuestionan la necesidad de imponer sanciones en casos de amenazas a la paz o la ruptura del orden democrático interno que amenace los derechos de la población, sino que exige “distinguir entre el objetivo básico que se persigue al ejercer una presión política y económica sobre la minoría gobernante del país para persuadirla a que respete el derecho internacional y la imposición colateral de sufrimientos a los grupos más vulnerables del país”.

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ONG y Sociedad Civil: Las elecciones del 20 de mayo no serán libres ni creíbles

(Caracas, 14 de mayo 2018) Las organizaciones de sociedad civil y derechos humanos abajo firmantes nos dirigimos al país, para expresar nuestra preocupación, y alertar dentro y fuera de nuestras fronteras, que las elecciones a realizarse en Venezuela el día 20 de mayo de 2018 no serán libres ni creíbles. El proceso que se llevará a cabo adolece de las condiciones necesarias que den garantías a este derecho fundamental. El Poder Electoral en Venezuela ha actuado, deliberadamente, de forma no independiente e imparcial, socavando así la credibilidad de los procesos electorales, permitiendo que otros entes (la Asamblea Nacional Constituyente) haya decidido la fecha de su realización. Esto ha originado que la ciudadanía cuestione su participación en contiendas electorales y se originen dudas razonables sobre los eventuales resultados.

1. Obstáculos para el derecho a la libre asociación política
El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a partidos políticos que no participaron en la elección de alcaldes de diciembre de 2017, aprobando un decreto que los obligó a someterse a un proceso de validación de su militancia, como condición para no ser eliminados. Esto no está contemplado en la legislación electoral vigente, ilegalizando así los partidos: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Además, no se ha permitido la legalización de organizaciones políticas del llamado “chavismo disidente”, como Marea Socialista (MS).

2. La fecha de las elecciones como acto de ventajismo
El CNE ha escogido discrecionalmente el momento de hacer los anuncios, la fecha de los próximos comicios y publicación de los cronogramas correspondientes para beneficiar al partido gobernante y dificultar la participación de otros actores políticos. Los comicios se desarrollan en tiempos y fechas arbitrarias, pues tradicionalmente las elecciones presidenciales en Venezuela se han realizado en diciembre. A su vez, el CNE ha eliminado actividades relacionadas al catastro, simulacro electoral, uso de la tinta indeleble, limitó la observación nacional y eliminó la internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de candidatos por grupos de electores o iniciativa propia. Aunado a esto, recortó drásticamente los lapsos para la presentación de candidaturas, la organización del Registro Electoral, la campaña electoral y el ensamblaje de material.


3.- Violación de disposiciones legales y del “Acuerdo de Garantías Electorales”

El jueves 01.03 integrantes del partido PSUV y algunos partidos de oposición Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei firmaron un llamado “Acuerdo de Garantías Electorales”. El CNE reprogramó las presidenciales para el próximo 20 de mayo y convocó para la misma fecha los comicios de Consejos Legislativos Estadales y Concejos Municipales. Así, modificó el cronograma electoral que ya había sido presentado, acordando nuevas condiciones y lapsos sin prestar atención a las disposiciones legales correspondientes. Afectó el lapso de postulaciones reduciéndolos para inscripción de candidatos no postulados por partidos; electores no contaron con tiempo suficiente para enterarse cuándo y dónde validar en apoyo a la candidatura de un dirigente postulado por iniciativa propia o por un grupo de electores; dio un plazo de apenas seis días para consignar y validar firmas del 5% del Registro Electoral como requisito para inscribirse a postulados por iniciativa propia o grupo de electores, una cifra diez veces mayor a la exigida en procesos de renovación de nóminas de partidos políticos.
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Mitomanía de Estado

Rafael Uzcátegui

Para quienes desde las llamadas ciencias sociales intentamos hacer investigación en Venezuela el oficio se está tornando cada vez más difícil. Nos guste o no nos guste la gestión, las estadísticas oficiales son parte de la materia prima con la que trabajamos, que contrastamos con otras investigaciones alternativas o con los testimonios y datos que vamos levantando en primera persona. Desde hace algún tiempo el gobierno venía maquillando las cifras de su desempeño, pero el ojo avisor podía encontrar, dentro de las propias estadísticas estatales, las cifras para contrastar o desmontar las mentiras más evidentes. Sin embargo desde la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituytente la opacidad se ha hecho casi total. Y paralelamante, los discursos de los funcionarios son cada vez mas alucinados y desconectados de la realidad.

Pongamos el ejemplo la política pública habitacional llamada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Cuando se comenzó a hablar de “millones” de casas levantadas, los propios informes de gestión de diferentes ministerios reconocían, en letra pequeña, que las metas no habían sido cumplidas. Si el ministerio de vivienda afirmaba que se estaban rompiendo records guiness en ingeniería, el ministerio del trabajo por su lado dejaba deslizar que la mayor tasa de desempleo se encontraba en el sector construcción. O el informe cuatrimestral del Banco Central de Venezuela publicaba que lo relacionado con el concreto y el cemento era el pedazo de la economía que acumulaba mayor crecimiento, pero de signo negativo. Ante la imposibilidad de mentir de manera sincronizada y sin costuras, la decisión que se ha tomado es, simple y llanamente, dejar de publicar cualquier estadística, cualquier número que pueda ser cruzado con otro para interpelar el discurso oficial. Y esto sin apelar al sentido común, ese que tiene cualquier estudiante de primer semestre de economía en donde es poco probable que un país con su peor crisis económica las viviendas estén floreciendo como hongos en el páramo después de las lluvias de septiembre.

El clímax lo ha constituido el presupuesto de funcionamiento del país para este 2018, otro secreto guardado bajo siete llaves. Normalmente se presentaba a la Asamblea Nacional el último trimestre del año, se discutían números más o números menos, se aprobaba y estaba disponible para los interesados en diferentes sitios web oficiales. En esta oportunidad se presentó ante la Constituyente. Si usted busca las notas de prensa sobre dicha “discusión”, un adjetivo excesivo para describir lo que pasó aquella tarde, no podrá detectar ningún dato de valor. Luego se dice que se ha publicado en Gaceta Oficial, y cuando se lee el documento los considerandos –las pirotecnias verbales acostumbradas- son mas largas que el texto propio del decreto, donde ni siquiera se tuvo la gentileza de publicar, por lo menos, la cifra total en bolívares del presupuesto estimado para el presente ejercicio fiscal.

La política pública en vivienda se ha transformado en un aparato propagandístico en vez de acciones para garantizar, de manera progresiva y sin discriminación, el derecho a la vivienda digna de los venezolanos. A falta de un concepto técnico para describir esta situación, provisionalmente la calificaremos como “mitomanía” -conducta repetitiva del acto de mentir, lo que le proporciona al mitómano una serie de beneficios inmediatos, como admiración o atención-, mitomanía de Estado. Busque usted las declaraciones de Nicolás donde afirma que “la cuarta” sólo construyo 150 mil casas y que su gestión ha superado esa cifra en más de mil por ciento. La compulsión hoy por mentir es tal y tan frecuente, que la noticia será cuando en algún momento se diga algo que tenga algún pedacito de verdad. @fanzinero    (Publicado en Tal Cual)

La amenaza del Arco Minero del Orinoco

 Rafael Uzcátegui

Imagínate que la totalidad del territorio de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza fuera destinado a la explotación de minerales. Que las minas fueran abiertas sin estudios de impacto ambiental o sin consultar previamente a los ciudadanos que serían afectados por esta actividad. Que para promover la inversión extranjera se dieran todo tipo de facilidades, incluyendo normativas laborales flexibles y a la medida de los inversionistas. Y que paralelamente a esta decisión el gobierno de cada uno las promueva a través de una instancia bajo el curioso nombre de “Ministerio de Minería Ecológica”. Lamentablemente esta posibilidad es una realidad en Venezuela, pues un territorio de 111.843 km 2, mayor a la extensión de todos los países anteriores, ha sido destinado en este país latinoamericano para la explotación extractiva, bajo el nombre “Arco Minero del Orinoco” (AMO).

Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Todos los proyectos de desarrollo han sido basados en la renta energética. Ahora, cuando existe una profunda crisis económica en este país, que está llevando a que muchos venezolanos busquen futuro en otras latitudes, el gobierno intente diversificar su naturaleza extractivista, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

El 24 de febrero de 2016 fue aprobada la creación de la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, en una cantidad de terreno que equivale al 12,2% de la superficie de Venezuela. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra amenazada.

Esta decisión se ha promovido ignorando los dos requisitos necesarios según la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999. El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Finalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas. Las empresas que han mostrado interés en participar en el AMO son de nacionalidad canadiense, china, italiana y de la República Democrática del Congo.

El gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto, de sectores indígenas, ambientales, derechos humanos y hasta de intelectuales del propio movimiento bolivariano, como Edgardo Lander. Las diferentes iniciativas que han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios. Lamentablemente, la aguda crisis social, económica y política que padece el paiís suramericano ha eclipsado el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y sectores del llamado “chavismo crítico”. Hay que elevar la voz, en todo el planeta, contra la imposición del AMO en Venezuela.