Carta Democrática para principiantes

Rafael Uzcátegui

El 11 de septiembre de 2001, durante el 28° período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano, realizado en la ciudad de Lima, sus diferentes países miembros acuerdan la aprobación de un documento que expresara el compromiso de todos los países del continente con la democracia, es decir la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legítimamente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. La resolución, que fue objeto de un paciente debate, era una herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la propia OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

No era casualidad que este documento, titulado “Carta Democrática Interamericana”, fuera aprobado finalmente en ese país. El continente había experimentado los traumas de las dictaduras militares en varios de sus países, y una manera más refinada, pero no por ello menos grave, había sido experimentada por el Perú entre los años 1990 y 2000: La dictadura de Alberto Fujimori. Este país andino había sido testigo de cómo sin el preponderante protagonismo militar de otros años, en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, un gobierno elegido por la soberanía popular podía torcer las instituciones de la democracia para finalmente acabar con ella. Tras el retorno de la democracia al Perú, su primer presidente Alejandro Toledo se convirtió en el anfitrión de la reunión de la OEA que intentaba, como lo expresó su Secretario General de la época, el doctor César Gaviria, contar con un plan colectivo para responder si en alguno de los Estados parte su democracia se colocaba en riesgo, tratando de evitar que se repitiera la triste historia de dictaduras en América Latina.

este instrumento es un mecanismo de diálogo diplomático que complementa cualquier iniciativa local de restitución de la democracia.

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Simulación

Rafael Uzcátegui

Es realmente curioso que, en el momento de mayor debilidad del proyecto bolivariano en el poder, diferentes personas piensen precisamente lo contrario: Que el chavismo, o su derivación madurista, se encuentra más fuerte que nunca. La confusión, a nuestro juicio, no se encuentra únicamente motivada por las declaraciones de los altos voceros oficialistas, o los mensajes repetidos por la hegemonía comunicacional estatal. La perplejidad, en cambio, deriva de una incorrecta interpretación de la propia evolución de los deudos de Maisanta en la gestión gubernamental, así como la escasa comprensión del cisma que constituyó el 6 de diciembre de 2015.

Quienes se encuentran convencidos de la invencibilidad actual del gobierno consideran que, desde el año 1998, existe una línea de tiempo diseñada por, coloque aquí la conspiración internacional de su preferencia, que ha cumplido paso a paso sus objetivos. Siendo así, hoy nos encontraríamos en un capítulo más de una serie que comenzó con el primer triunfo de Hugo Chávez a la presidencia. Esa noción de continuidad, no obstante, ha sido reforzada por el discurso dominante opositor de todos estos años. En las diferentes citas electorales ocurridas antes de los últimos sufragios legislativos, la Coordinadora Democrática primero, la Mesa de la Unidad Democrática después, denunciaron fraude en los resultados. Pero cuando finalmente ganaron las elecciones, siendo la primera vez que una cifra cuantitativa e irrebatible reflejaba haberse convertido en la principal fuerza política del país, no comunicaron suficientemente lo que aquel caudal de sufragios significaba. La razón era simple: La falta de estatura para reconocer que, hasta ese 6 de diciembre, habían sido minoría y que cada vez que juraron, por ese puñado de cruces, que representaban a la mayoría del país, habían faltado a la verdad.

Si en vez de soberbia hubiera primado esta sinceración, a continuación, el liderazgo político hubiera anunciado al país que la estrategia insurreccional con la que había coqueteado, hasta ese día, quedaba atrás. Y que, de ahora en adelante, dado el trascendental cambio de circunstancias, el camino era abierta y claramente electoral, pues ahora sí, y no antes, contaban con los votos suficientes. Y desde ese mismo momento consensuar la promoción y defensa tanto de las elecciones regionales como del Referendo Revocatorio.

Quizás esta situación sí se comprendió, pero se prefirió el reino de las simulaciones y los cálculos: Decir que se peleaban por las elecciones pero, realmente, tener la cabeza puesta en el 2018 pues, según, el costo político de gobernar con crisis sería “muy alto”. No basta llorar sobre la leche derramada: La gente, usted y yo, ahora tenemos la palabra. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

Berta Cáceres y Arco Minero del Orinoco

Rafael Uzcátegui (*)

Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Provea y Laboratorio de Paz emitimos un comunicado, que cito en extenso:

“Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela

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Derechos culturales e importación de instrumentos tradicionales

Rafael Uzcátegui

En diciembre del 2016 la investigación del portal Armando.info, tras la pesquisa del periodista Roberto Deniz, divulgó al país la importación de instrumentos tradicionales venezolanos, fabricados en China, con destino al proyecto “Alma Llanera” del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (Fesnojiv).

Según el reportaje “El cuatro venezolano made in China” se afirma que la Fundación Musical Simón Bolívar, un ente creado en 2011, coordinador del Fesnojiv y adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno, utilizó 11,7 millones de dólares, provenientes del financiamiento al sistema de orquestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la importación de 31.465 instrumentos musicales autóctonos. De esta cifra se destinaron casi 3 millones de dólares para la compra de alrededor de 17 mil cuatros. Los instrumentos, adquiridos entre el 9 de junio y el 17 de octubre de 2014, favorecieron a empresas como Taixing Feng Ling Violin Manufacture o Ideal Music Corp. Cada cuatro habría costado un promedio de 168,2 dólares.

Desde una perspectiva de derechos humanos, como establece la Observación General 21, la decisión de importar instrumentos tradicionales vulnera los derechos culturales no sólo de los fabricantes artesanales, sino de la colectividad en general, pues su producción no puede desvincularse del hecho sociocultural en que la cultura se materializa y comparte

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Provea demuestra en CIDH falsedad de cifras de construcción de viviendas en Venezuela

El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.

El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.

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Nodos y Redes: La “maldición” del canal nicaraguense

“Debemos denunciar al mundo lo que está pasando en Nicaragua”. Así se expresó hace poco el conocido poeta revolucionario Ernesto Cardenal, acerca de las contradicciones que orbitan el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Una de ellas tiene que ver con la promoción de grandes inversiones de infraestructura en el país, por parte de capitales globales, que afectarán a comunidades campesinas en el país. Una de las que ha generado la resistencia y movilización de activistas y líderes populares es el rechazo a la construcción del llamado “Canal Interoceánico” en el país. Según la información disponible, este canal es una vía fluvial que conectaría el mar Caribe, el océano Atlántico con el océano Pacífico a través de Nicaragua en América Central. El Canal cubriría un área de 270 kilómetros cuadrados. La construcción se inició el 22 de diciembre de 2014, con la construcción de vías de acceso temporales, para importar los materiales de construcción que no pueden ingresar por los puertos actuales del país.

Sin embargo, para activistas ambientales y líderes campesinos esta construcción genera muchas preocupaciones. Por ejemplo el Movimiento Autónomo de Mujeres afirma que el proceso legislativo para la aprobación del proyecto sólo dura 8 días, con una discusión en plenaria de diputados de apenas 3 horas. Además, no se realizó el proceso de consultar previamente a las comunidades que serían afectadas y se estarían violentando 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua y la propia constitución nacional. Al respecto afirman: “La concesión entrega por 116 años derechos absolutos, a favor de un inversionista privado, sobre nuestros recursos, tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudieran considerar pertinentes en cualquier parte del país para llevar a cabo las obras”.

Según se calcula, la construcción de esta obra es tres veces más larga que la del canal de Panamá, por un costo estimado en 50 mil millones de dólares. La concesión para la construcción del Canal fue entregada al consorcio empresarial, con sede en Hong Kong, HKND Group.

La movilización popular en Nicaragua contra el Canal Interoceánico ratifica que una de las principales fuente de conflictos en la región es el rechazo a la construcción de grandes proyectos de infraestructura que afectan a las poblaciones

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Contestación ciudadana

Rafael Uzcátegui

Para explicar la génesis y característica de una dictadura del Siglo XXI, como la que ahora azota Venezuela, tenemos como referencia el Perú de Alberto Fujimori. Un gobierno que llegó al poder por elecciones, ganándolas 3 veces seguidas, pero torciendo los mecanismos de la democracia para asfixiarla, y mantenerse indefinidamente en el poder. No sólo ha sido útil para entender el proceso de descomposición de un modelo de dominación, sino también para conocer cómo reaccionaron los diferentes sectores de la sociedad. La experiencia andina, entre otras cosas, nos enseña que un gobierno se transforma en dictadura, del siglo XXI, por la debilidad de los partidos políticos. Siendo esto así, como bien ellos entendieron, es una responsabilidad de las organizaciones sociales y populares crear un tejido que haga peso en la tarea de retornar a la democracia, y posteriormente, profundizarla.

Tras década y media de intervención estatal, las iniciativas de la sociedad civil lucen agotadas, fragmentadas, cooptadas y neutralizadas. La crisis de representación política ha erosionado, también, las vocerías de los movimientos sociales y populares. Activistas valiosos no pueden sentarse a la misma mesa, para acordar estrategias por temas comunes, debido a las heridas abiertas por la polarización. El último esfuerzo de movilización ciudadana, el ocurrido durante el 2014, se agotó por la ausencia de sentido y articulaciones, pero también por la represión y los esfuerzos de los partidos políticos de revertir el desbordamiento de las multitudes.

No obstante las mismas enseñanzas que el 6 de diciembre de 2015 dieron a los partidos políticos opositores valen para la propia indignación ciudadana. Todo lo bueno y malo que se hizo fue promovido por un movimiento de resistencia que, hasta esa fecha, era minoría cuantificable respecto a los que apoyaban al gobierno bolivariano. Porque guste o no, las elecciones dan un dato cuantitativo incontrovertible. Y ese día los que no apoyaron la fórmula oficial fueron dos millones de votos más que los partidarios del PSUV. A partir del 6 de diciembre la estrategia, por parte de un movimiento que es mayoritario, debe ser otra, teniendo esos que llaman las “condiciones objetivas”, para promover un cambio en el país.

Las organizaciones sociales no deben ser más apéndices de los partidos. La agenda de los ciudadanos, construida en base a sus propias necesidades y deseos, no debe ser hipotecada nunca más. Las iniciativas populares deben organizarse como bien entiendan, prefigurando en su modo de trabajar la sociedad que anhelan. Autónomos, democráticos y beligerantes, reivindicando la diversidad como un valor. Alérgicos a los chantajes unitarios y la uniformización del pensamiento.

Disfrute lo mejor que pueda las fiestas de fin de año. Pero como ciudadano de a pie tiene una responsabilidad que asumir desde el mes de enero de 2017. Toda dictadura necesita de ausencia de contestación para consolidarse. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)