Historias mínimas

Rafael Uzcátegui

La parroquia San Pedro en Caracas nunca fue, y ahora menos, un bastión oficialista. Sin embargo, al ser parte del municipio Libertador, siempre se desplegaron similares estrategias de control que al resto de las parroquias del llamado “territorio libre de fascismo”, quizás con menos eficacia y énfasis que sus pares del oeste. En algún momento la política bolivariana que más entusiasmó fue la promovida en días de Juan Barreto, cuando diferentes edificios fueron expropiados y se anunció, que no se cumplió, que los apartamentos serían entregados a sus moradores.

Las protestas iniciadas el 01 de abril, no obstante, han hecho evidente que así como el gobierno ha desarrollado sus redes clientelares en otras zonas de la ciudad, en la Parroquia San Pedro también existen. Y que no sólo actúan para sumar electores, sino también para aportar lo suyo en la creación del Estado policial necesario para la supervivencia de la dictadura.

Dos historias, resumidas por el espacio. En una de sus esquinas los vecinos habían pactado la convivencia pacífica con esa cooperativa panadera que exhibe la gigantografía de Chávez en su frente. El emprendimiento había acordado que a los habitantes del edificio en cuya planta baja se encontraba el local, les venderían privilegiadamente el pan en período de escasez. Al día siguiente del primer cacerolazo los “cooperativistas” avisaron que, intempestivamente, se les había dañado el horno y no podían continuar con lo acordado. Para el edificio ya no hay más canillas, pero la cooperativa sigue vendiendo los productos horneados de siempre.

En otra calle más allá la noche de los saqueos en El Valle, antes del Periscope de Freddy Bernal, a los vecinos se les ocurrió hacer una “guarimba”. Llegaron dos patrullas de la Policía Nacional que soportaron un cacerolazo y los improperios. Se fueron. Al rato llegó a la esquina la coordinadora de uno de los pocos CLAP de la zona, vecina del lugar, coincidiendo con el arribo de 6 parejas de motorizados encapuchados. La protesta nocturna dio paso a la soledad y el silencio. Envalentonada, la jefa del Consejo Comunal alzó su voz a todo leco: “¡Ahora no gritan verdad!, Aquí no se guarimbea carajo!”. Acto seguido ventiló los inscritos en la caja de alimentos y empezó a señalarle a los motociclistas los apartamentos de los que habían caceroleado y cuyos nombres tenían enlistados dentro de la carpeta manila. “Sácalos de esa vaina” se escuchó desde uno de los pasamontañas. Aquel comando de paz se mantuvo largo rato en la esquina, hasta que una llamada de radio les pidió movilizarse hasta la intercomunal Valle-Coche, donde la noche era todavía joven. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Pd: La foto usada en el presente post es de otro día en la ciudad de Caracas  

Diplomacia e Injerencia

basta-de-injerencia

Rafael Uzcátegui

Hay personas, algunas convencidas honestamente de ello, que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela es “injerencista”, un ataque a la soberanía del país que habría que rechazar. Esta opinión desconoce las diferencias entre los acuerdos regionales suscritos por los Estados, varios con alcances en derechos humanos, y las decisiones unilaterales de un gobierno contra otro, que sí podrían calificarse como injerencia en sus asuntos internos.

La raíz de esta discusión tiene que ver con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Este instrumento, de manera similar al reconocimiento progresivo de los derechos humanos, fue una conquista de las luchas populares no una concesión de los Estados. Durante muchos años se reprochó a la OEA no haber tenido una actuación decidida frente a las dictaduras militares en la región. El final de la Guerra Fría no acabó con los gobiernos autoritarios en América Latina, quienes se vieron obligados a guardar ciertas formalidades en su deseo de perpetuarse en el poder. Fue así como surgió la primera dictadura moderna en Perú, en 1990, con la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori. Fue la presión del movimiento social contra el fujimorismo, incluyendo al movimiento de derechos humanos, que obligó a las diferentes instancias de la OEA a tener un mayor protagonismo en la condena de sus excesos y en la restitución de la democracia. La discusión sobre la necesidad de creación de un protocolo de actuación regional se aceleró luego de la experiencia de Fujimori, por lo que no fue una casualidad que su aprobación se realizara en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001. Por ello puede calificarse como una conquista de los movimientos sociales opuestos a la dictadura, que obligaban a la OEA a tener que actuar, sin los titubeos de antaño, frente a las rupturas del orden constitucional, independientemente de la ideología detrás del autoritarismo.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario.

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Los muertos del hambre

Rafael Uzcategui

Al momento de escribir esta columna, Provea tiene en su base de datos 20 casos, con nombre y apellido, de personas que han fallecido por ingerir yuca amarga. Según la investigadora Susana Raffalli estas muertes esconden tres dramas. El primero es que, debido al hambre, a pesar de conocer el riesgo las personas no procesan bien la yuca para sacarles el veneno. El segundo drama es que la yuca dulce, usualmente la que llevamos a la mesa, también tiene cianuro pero en menos cantidad. Pero, si se cosecha antes de tiempo, “verde” por la desesperación ante el apetito, también puede ser letal. El tercer drama es que sea el que sea el nivel de cianuro, de cualquier de los dos tipos de yuca, la letalidad aumenta por mil en personas desnutridas, especialmente por desnutrición proteica.

Nada simboliza más la grave situación que padecemos en Venezuela que, para no hablar solamente de los fallecidos, las decenas de casos de personas envenenadas por comer esta variedad del tubérculo. La cadena de malas noticias han terminado por hacernos indiferentes ante las situaciones concretas. De la veintena de casos quiero recordar el de Kevin Lara Lugo, el adolescente que falleció el día de su cumpleaños número 16, una muerte que por sus características ocupó las páginas del New York Times en diciembre del 2016.

La madre y el padrastro de Kevin habían quedado sin trabajo, debido a la falta de materias primas en cada una de las empresas en las que laboraban. Tras acabarse la temporada de mangos, su único alimento en medio de la crisis, la situación de la familia comenzó a ser desesperada. Para el natalicio habían pedido a un vecino, que celebraría por esos días su nacimiento, una rebanada del pastel. Sin embargo, el día antes, como relató su madre, los Lara tenían tres días sin comer. Caminaron 45 minutos hasta un campo abandonado donde les habían dicho que había yuca amarga. Al salir con lo cosechado, fueron abordados por cuatro hombres armados que les robaron sus celulares. También volvieron a casa caminando.

Conocían los riesgos pero cocinaron la yuca para comerla, no lo suficiente como apunta Raffalli. A las horas la familia enfermó.  Como no contaban con auto propio, esperaron una hora hasta que un vecino pudo llevar a Kevin a un centro asistencial. Allí comenzó la segunda parte de la novela de horror: La falta de insumos hospitalarios y la ausencia de médicos para tratar a los pacientes. Tras horas sin atención, les pidieron comprar solución intravenosa, y como no tenían el dinero tuvieron que esperar hasta que otro paciente se las donara alguna. A las 4.45 de la madrugada de su cumpleaños, Kevin había perdido sus signos vitales. @fanzinero (Publicado por Tal Cual)

Carta Democrática para principiantes

Rafael Uzcátegui

El 11 de septiembre de 2001, durante el 28° período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano, realizado en la ciudad de Lima, sus diferentes países miembros acuerdan la aprobación de un documento que expresara el compromiso de todos los países del continente con la democracia, es decir la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legítimamente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. La resolución, que fue objeto de un paciente debate, era una herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la propia OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

No era casualidad que este documento, titulado “Carta Democrática Interamericana”, fuera aprobado finalmente en ese país. El continente había experimentado los traumas de las dictaduras militares en varios de sus países, y una manera más refinada, pero no por ello menos grave, había sido experimentada por el Perú entre los años 1990 y 2000: La dictadura de Alberto Fujimori. Este país andino había sido testigo de cómo sin el preponderante protagonismo militar de otros años, en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, un gobierno elegido por la soberanía popular podía torcer las instituciones de la democracia para finalmente acabar con ella. Tras el retorno de la democracia al Perú, su primer presidente Alejandro Toledo se convirtió en el anfitrión de la reunión de la OEA que intentaba, como lo expresó su Secretario General de la época, el doctor César Gaviria, contar con un plan colectivo para responder si en alguno de los Estados parte su democracia se colocaba en riesgo, tratando de evitar que se repitiera la triste historia de dictaduras en América Latina.

este instrumento es un mecanismo de diálogo diplomático que complementa cualquier iniciativa local de restitución de la democracia.

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Simulación

Rafael Uzcátegui

Es realmente curioso que, en el momento de mayor debilidad del proyecto bolivariano en el poder, diferentes personas piensen precisamente lo contrario: Que el chavismo, o su derivación madurista, se encuentra más fuerte que nunca. La confusión, a nuestro juicio, no se encuentra únicamente motivada por las declaraciones de los altos voceros oficialistas, o los mensajes repetidos por la hegemonía comunicacional estatal. La perplejidad, en cambio, deriva de una incorrecta interpretación de la propia evolución de los deudos de Maisanta en la gestión gubernamental, así como la escasa comprensión del cisma que constituyó el 6 de diciembre de 2015.

Quienes se encuentran convencidos de la invencibilidad actual del gobierno consideran que, desde el año 1998, existe una línea de tiempo diseñada por, coloque aquí la conspiración internacional de su preferencia, que ha cumplido paso a paso sus objetivos. Siendo así, hoy nos encontraríamos en un capítulo más de una serie que comenzó con el primer triunfo de Hugo Chávez a la presidencia. Esa noción de continuidad, no obstante, ha sido reforzada por el discurso dominante opositor de todos estos años. En las diferentes citas electorales ocurridas antes de los últimos sufragios legislativos, la Coordinadora Democrática primero, la Mesa de la Unidad Democrática después, denunciaron fraude en los resultados. Pero cuando finalmente ganaron las elecciones, siendo la primera vez que una cifra cuantitativa e irrebatible reflejaba haberse convertido en la principal fuerza política del país, no comunicaron suficientemente lo que aquel caudal de sufragios significaba. La razón era simple: La falta de estatura para reconocer que, hasta ese 6 de diciembre, habían sido minoría y que cada vez que juraron, por ese puñado de cruces, que representaban a la mayoría del país, habían faltado a la verdad.

Si en vez de soberbia hubiera primado esta sinceración, a continuación, el liderazgo político hubiera anunciado al país que la estrategia insurreccional con la que había coqueteado, hasta ese día, quedaba atrás. Y que, de ahora en adelante, dado el trascendental cambio de circunstancias, el camino era abierta y claramente electoral, pues ahora sí, y no antes, contaban con los votos suficientes. Y desde ese mismo momento consensuar la promoción y defensa tanto de las elecciones regionales como del Referendo Revocatorio.

Quizás esta situación sí se comprendió, pero se prefirió el reino de las simulaciones y los cálculos: Decir que se peleaban por las elecciones pero, realmente, tener la cabeza puesta en el 2018 pues, según, el costo político de gobernar con crisis sería “muy alto”. No basta llorar sobre la leche derramada: La gente, usted y yo, ahora tenemos la palabra. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

Berta Cáceres y Arco Minero del Orinoco

Rafael Uzcátegui (*)

Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Provea y Laboratorio de Paz emitimos un comunicado, que cito en extenso:

“Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela

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Derechos culturales e importación de instrumentos tradicionales

Rafael Uzcátegui

En diciembre del 2016 la investigación del portal Armando.info, tras la pesquisa del periodista Roberto Deniz, divulgó al país la importación de instrumentos tradicionales venezolanos, fabricados en China, con destino al proyecto “Alma Llanera” del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (Fesnojiv).

Según el reportaje “El cuatro venezolano made in China” se afirma que la Fundación Musical Simón Bolívar, un ente creado en 2011, coordinador del Fesnojiv y adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Gestión de Gobierno, utilizó 11,7 millones de dólares, provenientes del financiamiento al sistema de orquestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la importación de 31.465 instrumentos musicales autóctonos. De esta cifra se destinaron casi 3 millones de dólares para la compra de alrededor de 17 mil cuatros. Los instrumentos, adquiridos entre el 9 de junio y el 17 de octubre de 2014, favorecieron a empresas como Taixing Feng Ling Violin Manufacture o Ideal Music Corp. Cada cuatro habría costado un promedio de 168,2 dólares.

Desde una perspectiva de derechos humanos, como establece la Observación General 21, la decisión de importar instrumentos tradicionales vulnera los derechos culturales no sólo de los fabricantes artesanales, sino de la colectividad en general, pues su producción no puede desvincularse del hecho sociocultural en que la cultura se materializa y comparte

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