Informe especial Provea: Apagón nacional es una catástrofe que forma parte de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

(Caracas 10 de marzo de 2019). En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo. Desde hace varios años se ha denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en derechos humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.

La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población. Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.

Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC, que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela, es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.

Evolución de la crisis en la prestación del servicio eléctrico

Como documentó la ONG Aula Abierta en su informe “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y acceso e servicios públicos básicos en el Municipio Maracaibo, estado Zulia”  entre los años 2008 y 2009 comenzaron a presentarse las interrupciones en diferentes lugares del país, que fueron adjudicadas por las autoridades a los efectos del fenómeno climático de El Niño. Como respuesta se creó un ente específico, el Ministerio de Energía Eléctrica, cuyas primeras metas fueron reducir en 20% el consumo eléctrico y la remodelación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas en el país.  Sin embargo, la situación se mantuvo, lo que obligó a la declaración del “estado de emergencia nacional”, el 08.02.10, mediante Decreto Presidencial 7.228 se anunció la creación de un Estado Mayor Eléctrico, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado por los ministros para la Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Industrias Básicas, y Energía y Petróleo. El objetivo de esta figura fue evaluar la posibilidad de importar energía y adquirir equipos y repuestos para rehabilitar las plantas de energía eléctrica. También fueron impuestas multas a los consumidores por “uso excesivo del servicio eléctrico”.

En abril de 2013 el gobierno declaró nuevamente el “estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico”, atribuyendo las interrupciones del servicio a actividades de “sabotaje” por parte de opositores, por lo que se declararon como “zonas de seguridad” los espacios del territorio nacional donde estuviesen funcionando instalaciones eléctricas, ordenando a los órganos de seguridad su resguardo. Posteriormente se anunció la puesta en marcha de la “Gran Misión Eléctrica”, compuesta por 7 vértices: el fortalecimiento del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el ahorro energético, la sostenibilidad financiera del SEN, el desarrollo de fuentes de energías alternativas, el desarrollo soberano del sector eléctrico, la implementación del nuevo modelo de gestión “socialista” y un plan de inversiones.

Como recordó Aula Abierta, en el marco del segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica a nivel nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 13 de mayo de 2016, nuevamente se atribuyó a los fenómenos climáticos las causas de la crisis eléctrica: “el fenómeno de El Niño ha generado la crisis climática más difícil de la historia de nuestra Patria  mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros efectos en la productividad del país”.

Hasta el año 2015 fue de acceso público el informe de gestión del Ministerio de Energía Eléctrica. No obstante, el ministerio no reveló ese año la cantidad de viviendas que contaban con el suministro eléctrico. Una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias afirmaba que el servicio eléctrico alcanzaba el 98% de cobertura: “En 17 años se han incorporado más de 10.000 megavatios (MW). La nación cuenta en la actualidad con una capacidad de generación instalada de 28.000 MW, de los cuales están operativos 20.300, para atender una demanda que oscila entre los 17.000 y los 18.000 MW”. Sin embargo, estas cifras no coincidieron con las divulgadas en ese mismo año por el gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien calculó la demanda en el país en 15.500 MW. Además, estimó que los hogares consumían el 40% del total de la generación eléctrica, y los aires acondicionados representaban 32% de la demanda eléctrica de las viviendas.

Según la Ley de Presupuesto 2017, la última de acceso público, el Ministerio de Energía Eléctrica se ubicó en el n lugar número 17, de 18 entes, como la institución que menos recibió presupuesto para su funcionamiento, comparativamente con un monto 18 veces menor que lo destinado para el Ministerio de Defensa, lugar 4 en la lista.

Ante la ausencia de información oficial, gremios y ONG levantan información

La falta de estadística oficial sobre el sistema eléctrico nacional obligó a diferentes instituciones a levantar datos que permitieran realizar un diagnóstico sobre su situación y hacer recomendaciones a las autoridades.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una investigación realizada por tres universidades (UCV, UCAB y USB) encontró que para el 2015 el 12,5% de los hogares del país tenían interrupciones diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresaron que nunca tienen cortes del servicio. Según los resultados las interrupciones y apagones afectaban a 86,4% de los hogares en Venezuela. Un año antes la Encovi había medido que el 20,6% de las casas posee electricidad diariamente; 41,5% alguna vez a la semana; 22,2% alguna vez al mes y 15,3% nunca contaban con electricidad. Según Alfredo Cilento, investigador de Encovi “graves problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos diez años”. Según Aula Abierta durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día.

El deterioro en el sistema eléctrico aumentó la EHC en el sector salud. Según el Informe Anual de Provea 2017 para ese año se registraron 195 denuncias sobre fallas eléctricas en los centros asistenciales que habían afectado su desempeño. Para el año 2016 se detectaron 119 denuncias similares. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Hospitales, incluida en el Reporte Nacional realizado en septiembre de 2018 por 12 ONG con trabajo en el derecho a la salud, el 33% de los centros hospitalarios del país no contaban con plantas de generación de energía eléctrica: “Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo”.

Por su parte Transparencia Venezuela documentó dos importantes casos de corrupción vinculados a Corpoelec: La represa Tocoma, y la repotenciación de Macagua I, ambas en el estado Bolívar. Ambas obras se encontrarían paralizadas desde hace varios años y con diferentes denuncias sobre el manejo irregular de los recursos.

Alertas sobre crisis eléctrica genera persecución de los denunciantes

Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica, ha denunciado reiteradamente la crisis del sistema eléctrico, que ha calificado de inducida: “Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector”. En 2013, Poleo y los ingenieros electricistas José Manuel Aller, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Sistemas Interconectados, fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras haber opinado sobre las interrupciones en el servicio eléctrico. En abril de 2015 se denunció que el ingeniero Luis Vásquez, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barquisimeto. Vásquez habría declarado a un medio regional sobre la posibilidad de nuevos apagones debido a la caída del nivel del agua en el embalse Gurí, represa que alimenta a la principal central de generación hidroeléctrica.

Reynaldo Díaz, Secretario General del Sindicato Trabajadores Eléctricos de la Electricidad de  Caracas (STE), ha denunciado que por lo menos 29 dirigentes sindicales de Corpoelec habían sido despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores. Interrogado sobre la situación de la estatal, respondió a Provea: “Hay déficit de transformadores en los patios, en las áreas, déficit de los implementos e instrumentos de trabajo necesarios. No se desmalezan las áreas con la frecuencia necesaria, hay obsolescencia de equipos que ordena la sustitución de equipos en generación, transmisión y distribución. La empresa “funciona” porque los trabajadores siguen yendo por el amor que le tienen a su trabajo. Quedan pocas unidades de transporte, sin cauchos ni baterías. No hay papel ni tinta para imprimir.  A causa de la fuga de personal, CORPOELEC está expuesta a la desprofesionalización. Se necesitan 8 años de experiencia para ser caporal de averías o jefe de grupo, de una cuadrilla de linieros. Se necesita al menos 10 años de experiencia para ser jefe de guardia en una planta de generación. Los grupos de guardias de operación, se encuentran incompletos”. Díaz ha denunciado persecución por parte de los organismos policiales por sus denuncias sobre la situación de la empresa y las demandas de los trabajadores.

Comunidades se han movilizado por la falta del servicio eléctrico

Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. Los derechos más exigidos fueron los laborales (5.735 protestas), servicios básicos (3.953 protestas) y alimentación (1.257 protestas). Las protestas por derechos sociales fueron respondidas por el Estado con el uso abusivo de la fuerza, pues durante el 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de esas manifestaciones.

Según el monitoreo realizado por Provea en 30 medios nacionales, entre enero a diciembre de 2016 se realizaron 56 protestas por falta de energía eléctrica a nivel nacional, siendo la tercera causa de protesta por fallas en los servicios públicos, por debajo de las exigencias de agua y gas doméstico.

Organismos internacionales informados sobre crisis eléctrica

En julio de 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó sus observaciones finales al tercer informe de Venezuela sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional DESC. Entre sus recomendaciones en materia de vivienda, solicitó “la adopción de una estrategia integral que garantizara la disponibilidad y el acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, saneamiento y electricidad”.

En su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, la oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos incluía los problemas de suministro eléctrico en su apartado sobre la erosión de los derechos económicos y sociales: “El deterioro de la situación económica ha causado una hiperinflación y una grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, lo que, sumado a una drástica reducción del presupuesto del Gobierno destinado a los servicios sociales ha conducido a una regresión en el disfrute de los derechos sociales y económicos”. Esta preocupación es repetida en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, de junio de 2018: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. El Alto Comisionado se refirió al impacto de la falta de luz eléctrica sobre la prestación de servicios de salud: “En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses”.

En su reporte “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, divulgado a finales de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyo las consecuencias de la interrupción permanente del servicio eléctrico. Sobre el derecho a la educación aseveraron: “Otras dificultades que han impactado en el goce de este derecho han sido los problemas con el servicio de agua y el servicio eléctrico”. Más adelante agregaron: “El agravamiento de la crisis económica condujo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica. Esta crisis social y económica tuvo y continúa teniendo manifestaciones concretas en la vida diaria de millones de personas que viven en Venezuela, quienes enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.

En febrero de 2018 un grupo de expertos de Naciones Unidas (Leilani Farha, Hilal Elver,  Dainius Pūras, y Philip Alston) alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, incluyendo la petición sobre la adopción de políticas para garantizar el acceso al suministro eléctrico: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Nicolás Maduro responde a la situación de manera insuficiente

En la única alocución de Nicolás Maduro referida al apagón que comenzó en toda Venezuela el jueves 7 de marzo, adjudicó la responsabilidad a factores externos: Según nota de Telesur “denunció este sábado -9 de marzo- un nuevo ataque masivo al sistema eléctrico nacional a través de mecanismos de alta tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar las distintas estaciones, advirtió”. El resto de los voceros estatales han repetido esta versión, sin informar sobre el origen de la falla, las operaciones que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del sistema eléctrico. Cuando este informe se escribe, el servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido en algunas zonas de Caracas, con interrupciones intermitentes, mientras el resto del país continúa a oscuras. Las autoridades no han divulgado si estarían implementando un operativo de racionamiento eléctrico para los habitantes de la capital, o las expectativas del restablecimiento para el resto del país.

Además de la propia opacidad estatal, la hegemonía comunicacional sobre los medios de comunicación en Venezuela ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo. En el caso de Caracas sólo 4 emisoras de radio informaban sobre los sucesos, basados en informaciones de redes sociales. El servicio de telefonía no ha sido restablecido, por lo que las personas están realizando inusitados esfuerzos para comunicarse con sus familiares.

La interrupción prolongada está ocasionando daños severos difícilmente cuantificables en los actuales momentos. El presidente encargado Juan Guaidó mediante una rueda de prensa junto a expertos y médicos denunció, el 10 de marzo, que por lo menos 17 personas recluías en centros asistenciales habrían fallecido por la ausencia del servicio eléctrico. Pequeños comerciantes en el sector alimentos se han visto afectados debido a la imposibilidad de mantener sus inventarios requeridos de refrigeración. Ante la ausencia de dinero en efectivo y la caída de las comunicaciones en el sistema bancario, algunos comerciantes estarían cobrando en dólares. Debido al cierre de las fronteras las poblaciones cercanas a Colombia y Brasil se han visto impedidas de disminuir las consecuencias del apagón buscando asistencia médica o alimentos en poblaciones aledañas.

No se conoce la activación de un protocolo oficial para atender situaciones de emergencia en las comunidades más vulnerables, como centros asistenciales o ancianatos. También se desconoce el tiempo y las consecuencias de la paralización de actividades anunciada desde el viernes 08.03, por el gobierno. La estrategia de simulación de normalidad, el supuesto restablecimiento progresivo del servicio y la extensión por más tiempo de la situación sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables podría ocasionar eventos de conmoción en las próximas horas, con resultados lamentables para la vida e integridad de las personas.

Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación

Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:

1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.

2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto

3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.

4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.

5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.

6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.

7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.

 

Venezuela Live Aid: Un concierto por ayuda humanitaria en la frontera

Como activista de derechos humanos llevaba muchos años reuniéndome con “tutiri mundi” para alertar sobre la degradación de las condiciones sociales en Venezuela, primero, y luego sobre el drama producto de la falta de alimentos y medicinas, que ha obligado a muchos a irse del país. Cuando me enteré por redes de la iniciativa de un concierto en la frontera, para llamar la atención mundial sobre la necesidad de ayuda humanitaria a nuestro país, me pareció que sería el punto más alto posible de una campaña internacional para poner los ojos sobre Venezuela, además de un evento extraordinario. Pedí varios días de vacaciones y con Lexys nos fuimos a Cúcuta, para ser testigos del acontecimiento con nuestros propios ojos.

Nos alegramos mucho de la decisión, pues aquella jornada fue simplemente memorable. Ya en otros años, por iniciativa de Juanes, se había realizado un evento similar, cuando se intentó que dos países hermanos se declararan la guerra. Pudimos acreditarnos como prensa, para poder tener un mejor acceso al festival y poder reportar las cosas que pasaron. Hacerlo sobre un puente, sin embargo, le ofreció una visibilidad complicada a las más de 250 mil personas que asistieron al evento, que estaban bastante alejadas de la tarima, con algunas pantallas gigantes y cornetas.

Muchas de las canciones eran temas que había evitado durante años, pero que ese día me sonaron magníficas. Mucha buena vibra de todos los artistas sobre la situación de Venezuela, y algunas actuaciones sentidas como la de Nacho, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Reinaldo Armas, etc. Ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida, curiosamente con artistas que no son de mis favoritos. Aquello pasó el 22 de febrero de 2019, con entrada libre, y aún están recaudando dinero para donar a la ayuda humanitaria en https://venezuelaaidlive.com/

Seguir leyendo “Venezuela Live Aid: Un concierto por ayuda humanitaria en la frontera”

Alto a la persecución y torturas contra integrantes del pueblo indígena Pemón

(Caracas, 01.03.2019) Queremos expresar nuestro profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de la masacre de Santa Elena de Uairén, ocurrida durante los días 22 y 23 de febrero del 2019. Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco. Fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Afirmamos nuestro compromiso para lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado.

Saludamos las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MC-181-19, que obligan al Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de Indígenas pemones y comunidad de San Francisco de Yuruaní, kumaracapai. Abogamos por su estricto cumplimiento por parte de Nicolás Maduro, Gral. Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Alfredo Ruíz, Justo Noguera, así como militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairen, Maurak y sus alrededores.

Sin embargo, denunciamos que la represión y el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. 58 personas han sido detenidas (16 indígenas pemones, 4 adolescentes, 20 de ellos aún sin presentación y tras las rejas en el Fuerte de Escamoto). El Hospital General en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Persecución contra líderes indígenas

Hemos recibido graves denuncias de allanamientos ilegales, por parte de la PNB junto GNB, en casas, comercios de Santa Elena de Uairen, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente. Hemos documentado casos de al menos 9 personas: una familia de madre pemón y padre no indígena, con 2 hijos pemones; 2 adultos pemones y 3 no indígenas que no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados. A lo cual se suma el Alcalde de Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González, legítimamente electo por votación popular, que junto a su familia ha recibido amenazas graves para su integridad, libertad y vida. Se han instalado ilegalmente alcabalas utilizando tanquetas y con efectivos de la GNB, interrumpiendo el paso vehicular y peatonal. La última el día de hoy, a partir de las 8 am a 1 de la tarde, en San José de Morichal, requisando a todos los vehículos y personas que transitaban por la zona. Actualmente existe un estado de persecución y represión por razones de discriminación política, violando derechos fundamentales que ponen en riesgo su libertad, integridad y vida.

Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos

A la fecha de hoy 01 de marzo de 2019, el hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y el 23 de febrero. Por otra parte, a quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima a pie para poder tener acceso a atención médica, violentando el ya mermado acceso a la salud. La toma policial y militar del hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén debe cesar de inmediato, urge el retiro de oficiales que permita retomar la normalidad y el acceso abierto y sin restricciones de todas las personas a sus instalaciones.

Advertimos que la red de suministros de alimentos de Santa Elena de Uairen y comunidades aledañas, así como de medicinas e insumos, dependen en su totalidad del flujo e intercambio con Pacaraima, Brasil. El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que, debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy acelerada la situación en las zonas fronterizas. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas pemones, por la persecución y el miedo, no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja en la zona.

Abuso de poder en territorio indígena

El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, una contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairen. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón y junto al Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC) indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, le lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.

Los activistas exigimos

Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes. Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como, dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios.

 

Por tanto, exigimos:

– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.

– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.

– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.

– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.

– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.

– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.

– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.

– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.

Adherimos:

Causa Amerindia Kiwxi
Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Fundación Centro Gumilla
Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo)
Laboratorio de Paz (LabPaz)
Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru
Organización Indígena Intercultural Wainjirawa
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Revista SIC

9 precisiones sobre el tema humanitario en Venezuela

Rafael Uzcátegui

EL RESPONSABLE DE LA “POLITIZACIÓN” DE LA AYUDA HUMANITARIA ES NICOLÁS MADURO. Desde el año 2014 las ONG alertamos sobre el aumento de los índices de pobreza en el país y los retrocesos en los derechos a la salud y a la alimentación. El deterioro acelerado en la falta de acceso a los medicamentos nos impulsó a plantear, en diferentes niveles del Estado, la necesidad de recibir Ayuda Humanitaria (AH) debido a la incapacidad gubernamental de garantizar tratamientos y asistencia médica para los venezolanos. La respuesta oficial siempre fue la negación de la situación y el rechazo en aceptar cooperación internacional por razones exclusivamente políticas e ideológicas, alejadas de las obligaciones del Estado en garantizar derechos a la población. Una Emergencia Humanitaria Compleja, como la que sufre Venezuela, es consecuencia de malas decisiones gubernamentales y no desastres naturales ni conflictos armados.

LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS HAN RESPONDIDO TARDÍAMENTE A LA SITUACIÓN. El 21 de julio de 2016 un grupo de 76 ONG venezolanas remitimos una comunicación a Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, para expresarle la indignación y rechazo ante el desempeño y silencio de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas establecidas en Venezuela, en particular las responsables de la salud y la alimentación. 15 días después el Secretario General reconocía la crisis humanitaria en el país. Sin embargo, ha sido en 3 años, a raíz de la solicitud de AH realizada por la Asamblea Nacional, que se ha realizado la primera reunión conjunta entre las Agencias de la ONU presentes en Caracas y un grupo representativo de ONG venezolanas para iniciar un proceso de cooperación sobre el tema.

LA MIGRACIÓN ROMPIÓ LA DUDA REGIONAL SOBRE LA CRISIS VENEZOLANA. Durante muchos años las ONG venezolanas transmitimos alertas tempranas a los gobiernos, así como a las organizaciones sociales y populares de la región, sobre la degradación de las instituciones democráticas y las condiciones de vida de la población. Debido a nuestra historia como país petrolero y el discurso del gobierno bolivariano, la respuesta a nuestras preocupaciones era la incredulidad. No fue hasta el desborde de la migración forzada venezolana, en un breve lapso de tiempo, que se generó la sensibilización sobre la ausencia de medicamentos, tratamientos médicos y una alimentación suficiente que obligaba a miles de personas a huir del país.

HUGO CHÁVEZ SE BENEFICIÓ DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD QUE HOY SE LE NIEGA AL RESTO DE LOS VENEZOLANOS. El propio expresidente Chávez reconoció la incapacidad del Estado para salvar vidas y aliviar el sufrimiento al desconfiar del sistema público de salud del país y colocar la atención a su enfermedad bajo un tratamiento médico suministrado por otros países. Esta posibilidad es la que hoy se niega al resto de la población.

CUANDO EL ESTADO NACIONAL NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DE SUS CIUDADANOS, RECIBIR AYUDA HUMANITARIA ES UN DERECHO DE LA POBLACIÓN. Obstaculizar la respuesta humanitaria por parte de las autoridades que ejercen control sobre las estructuras estatales puede acarrear responsabilidades por causar sufrimiento de manera intencional o atentar gravemente contra la integridad o la salud de las personas, definido como un Crimen de Lesa Humanidad por el artículo 7, Literal K del Estatuto de Roma.

LA AYUDA HUMANITARIA NO DEBE INSTRUMENTALIZARSE PARA OTROS FINES QUE NO SEAN SALVAR VIDAS Y ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Deben tener participación las agencias internacionales con amplia experiencia en la gestión de AH, coordinadas con diferentes actores del país. Su distribución no puede convertirse en un elemento de conflicto, que ponga en riesgo la vida o integridad de sus beneficiarios o de los actores humanitarios.

RECONOCEMOS QUE UN ÓRGANO LEGÍTIMO DEL ESTADO, LA ASAMBLEA NACIONAL, HAYA SOLICITADO AYUDA HUMANITARIA Y QUE UN GRUPO DE PAÍSES HAYAN RESPONDIDO A ESTE LLAMADO. Sin embargo, cualquier respuesta humanitaria debe cumplir los principios de universalidad, humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad establecidos internacionalmente como estándares para su distribución a la población.

EL CONCIERTO VENEZUELA LIVE AID REPRESENTA EL MAYOR ESFUERZO DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN NUESTRO PAÍS. La iniciativa de realizar un concierto gratuito en la frontera colombo-venezolana, con la participación de conocidos músicos internacionales y con el objetivo de recaudar dinero, representa la cúspide del esfuerzo que por años hemos realizado las ONG venezolanas: Utilizar todas las herramientas y lenguajes posibles para alertar sobre la gravedad de la situación y generar mecanismos de solidaridad en beneficio de quienes hoy lo necesitan. Provea aplaude la iniciativa, felicita a todos los sectores que han estado involucrados en su organización y agradece a las autoridades y al pueblo colombiano por su comprensión y solidaridad con la dramática situación de los venezolanos.

CADA DÍA QUE PASA NICOLÁS MADURO EN EL PODER SON 24 HORAS MÁS DE SUFRIMIENTO PARA LOS VENEZOLANOS, ESPECIALMENTE LOS MÁS VULNERABLES. Debido a su negativa en reconocer la gravedad de la situación, rectificar en políticas contraproducentes para los derechos humanos y persistir las medidas que aumentan la pobreza y el autoritarismo, Nicolás Maduro se ha convertido en el principal obstáculo para que los venezolanos puedan alcanzar una vida con dignidad y en democracia. La salida al conflicto político, social y económico es la realización de elecciones libres, transparentes e inclusivas que permitan el ejercicio pleno de la soberanía popular sobre los destinos del país.

Offener Brief von Aktivist*innen und Organisationen für Frieden und Gewaltfreiheit aus Venezuela an unsere Freund*innen in der ganzen Welt

Wir, Organisationen und Menschen, die Menschenrechte verteidigen, Aktivist*innen und Förder*innen von Gewaltfreiheit und Frieden, Kriegsdienstverweiger*innen und Antimilitarist*innen, die in Venezuela aktiv sind, wenden uns mit diesem Offenen Brief an unsere Freund*innen in der ganzen Welt, um Euch unsere Meinung über die derzeit in unserem Land sich entfaltenden Konflikte mitzuteilen.

Wir wissen, dass eine Abnahme der Gewaltursachen stark zusammenhängt mit der Menschenwürde der Bevölkerung. Es kann keine würdevollen Lebensbedingungen und Frieden geben, solange nicht die Macht, Hunger und Ungleichheit abnimmt und es Verbesserungen beim Zugang zu grundlegenden Nahrungsgütern und Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung kommt, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Teile. In Gesellschaften ohne demokratische Garantien zur Teilnahme an freien und fairen Wahlen von Vertretern und Machthabern gedeiht Gewalt. Es gibt keine Möglichkeit Gewaltfreiheit und Frieden zu fördern, wenn wir die Ursachen von Diskriminierung und Ungleichheit ignorieren, die Millionen von Menschen dazu gezwungen hat, das Land zu verlassen. Um Gewaltlosigkeit und Frieden zu fördern, müssen wir darauf bestehen, die Ausübung von Macht mit einer Logik der Einseitigkeit, des Autoritarismus und Militarismus zu beseitigen, da sie die Beziehungen zwischen den Menschen nur aus der Perspektive von Freunden versus Feinden, von Verbündeten versus Verrätern betrachtet, und Unterschiede und Freiheit, sowohl symbolisch wie auch ganz real, zu eliminieren sucht.

Venezuela erlebte einen immer schneller werdenden Prozess mit erheblichen Rückschlägen für unsere Lebensqualität, womit es immer schwieriger wurde, Zugang zu den grundlegendsten Gütern für den Lebensunterhalt zu erhalten und was das demokratische System tiefgreifend beeinflusst hat. Seit 2015, nach der Wahl der Nationalversammlung, war es offensichtlich, dass die politischen der Regierung nahestehenden Kräfte, ihre Mehrheit verloren hatten und die Wahlen manipuliert wurden, um zu garantieren, dass die Partei von Maduro, die Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV – Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas) an der Macht bleibt.

Seguir leyendo “Offener Brief von Aktivist*innen und Organisationen für Frieden und Gewaltfreiheit aus Venezuela an unsere Freund*innen in der ganzen Welt”

Provea: Venezuela debe avanzar a la solución democrática del conflicto garantizando el protagonismo soberano del pueblo

Logo-Provea(Caracas, 24 de enero de 2019). El 23 de enero de 2019 el pueblo venezolano se manifestó masivamente en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. En más de 60 ciudades del país, y muchas otras a nivel internacional, ocurrió una amplia participación atendiendo el llamado, realizado el pasado 12 de enero por la directiva de la Asamblea Nacional, a expresar el descontento en esta fecha emblemática de la historia venezolana. Previo a las movilizaciones se realizaron cabildos abiertos, en distintos estados, también con multitudinaria asistencia.

En contraste, el gobierno de facto convocó a una movilización que contó con una modesta participación de simpatizantes, e igualmente llamó a realizar una vigilia nocturna frente al Palacio de Miraflores “para defender a Maduro”, sin que la población atendiera el llamado. Una situación que contrasta cuando eran convocadas por el presidente Hugo Chávez.

Destaca en la movilización del 23 de enero la amplia participación de habitantes de las zonas populares, los mismos que protagonizaron las protestas por servicios públicos y mejoras en sus comunidades durante el año 2018. En el caso de Caracas han sido las comunidades populares quienes han protagonizado las protestas nocturnas, desde el día 21 de enero, de rechazo a Maduro en zonas anteriormente identificadas como bastiones del chavismo.

Ante el fraude en las elecciones presidenciales y la posterior usurpación de la primera magistratura, la Asamblea Nacional como único poder legítimo ha venido trazando una ruta orientada a rechazar al gobierno de facto, lograr una transición, restituir la plena vigencia de la Constitución y convocar a elecciones. Consideramos que toda solución a la situación compleja y critica del país pasa por garantizar la participación del pueblo en unas elecciones libres, trasparentes e inclusivas en el plazo más corto posible.

Ratificamos la importancia de continuar articulando las fuerzas democráticas para avanzar en el rescate de la democracia. El 23 de enero se inició una ruta que debe garantizar elecciones democráticas con nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral para que exista un árbitro que brinde confianza, tiempo suficiente para su preparación, garantía de participación de todos los partidos políticos que tengan la voluntad de participar sin ningún tipo de discriminación, así como observación internacional calificada.

Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de facto contra las personas que expresan su descontento. Denunciamos que se repiten los mismos patrones del año 2017: El uso desproporcionado de la fuerza, con alto nivel de letalidad contra la población civil. La dictadura ha instituido el accionar de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional, un grupo comando que tiene graves antecedentes de realización de ejecuciones policiales y que no ha sido entrenado para el control del orden público.

Hasta las 2 de la tarde de este jueves 24 de enero más de 26 personas han sido asesinadas en las protestas del día 22 y 23 de enero, en su gran mayoría víctimas de escasos recursos. Las arremetidas contra las zonas populares han sido acompañadas también con allanamientos sin orden judicial, ataque a viviendas, detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos.

Los asesinatos perpetrados por las fuerzas policiales y militares o por colectivos paramilitares al servicio del gobierno, amplían el expediente que cursa en la Corte Penal Internacional en fase de Examen Preliminar, reiterando que son responsables de crímenes de lesa humanidad tanto quienes ejecutan las órdenes como la cadena de mando. Lamentablemente tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo en la actualidad garantizan impunidad para los victimarios.

Exhortamos a la comunidad internacional a seguir monitoreando y apoyando la lucha que libra el pueblo venezolano por el rescate de la democracia. Las iniciativas que se emprendan deben estar enmarcadas en el ámbito del derecho internacional y orientadas a una solución pacífica y soberana para transitar del autoritarismo a la plena vigencia del estado de derecho.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Provea frente al 10 de Enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

(Caracas 8 de enero de 2019) Ante el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.

2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
Seguir leyendo “Provea frente al 10 de Enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”

2017: Año de protesta en rebelión

Protesta2017_web-1

Luego de mucho esfuerzo documental, y con meses de retraso debido a la situación del país, afectando todo lo que sea impreso, hace algunas semanas apareció el libro que intenta recopilar la diversidad de la gesta ciudadana durante la rebelión popular del año 2017. Con varios textos de análisis, sin embargo el fuerte del libro son las imágenes que van desde las fotografías, pasando por toda la gráfica producida y circulada por esos días. Finaliza con una recopilación de las canciones inspiradas en las protestas y un cuadro comparativo de protestas regionales, que por razones cronológicas excluye lo que pasa en Nicaragua. A lo largo de los textos, una línea de tiempo con los elementos más importantes, mientras que los diferentes informes aparecidos sobre las víctimas y los hechos, se han infografiado.

La edición impresa es de lujo, para intentar honrar la épica de la gente contra el poder, pero con copias limitadas, que no se estan vendiendo, sino distribuyendo estratégicamente. El PDF puede ser descargado acá: https://mega.nz/#!ZbhU3SjT!DyLPQa2rkG2QW59-od1Fss9B3hFsuyXxq8Ck7TbghTs

Vilma Núñez: No hay ninguna posibilidad de arreglo para Nicaragua con Ortega en el poder

Rafael Uzcátegui con apoyo de Luis Silva

Hacia una tarde plomiza en Lima, donde Vilma y yo habíamos sido convocados para una reunión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Ella es una mujer afable, entrada en años, con la cual me había topado antes en varios escenarios internacionales, especialmente en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando le tocó su turno para hablar, palabras más palabras menos, expresó: “Muy bien todo lo que ustedes están discutiendo, pero yo lo único que pido es que se paren los asesinatos de manifestantes en Nicaragua”. Entendía perfectamente su urgencia. Yo mismo la había experimentado durante el 2017 cuando ante cualquier oportunidad verbalizaba el monólogo sobre el asesinato de protestantes en las calles venezolanas.

Vilma es de esas mujeres calificadas como imprescindibles por el poema repetido como introducción a una canción por Silvio Rodríguez, para él válido para casi todo el mundo, menos para los propios cubanos. Buena parte de la izquierda ha dado la espalda a Nicaragua, como hace 16 meses atrás se la dieron a Venezuela. Pero ella sigue liderando el Centro Nicaraguense para los Derechos Humanos (CENIDH), fundado en 1990, terquedad que la ha valido ser reconocida con los premios Premio Stieg Larsson y Salvador Justo por su trabajo por la dignidad humana en su país. Hablar con Vilma sobre la crisis nicaragüense, en momentos en que los muertos superaban los 300, era un dejavú para cualquier venezolano. Por eso mismo lo urgente de registrar sus palabras y divulgarlas lo más ampliamente posible.

– Ya llevan varios meses en el conflicto ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el principal patrón de violaciones de DDHH?

– Esta es una situación inédita por las modalidades que se han desarrollado, por la persistencia y por la brutalidad. Hemos valorado que en el conflicto han ocurrido cuatro etapas. La primera el tratar de controlar las redes sociales; segundo, la negligencia en la atención de un incendio, que se dice fue provocado; y la tercera, la inconsulta reforma al Seguro Social. Esta última situación fue el detonante de la protesta, encabezada por los estudiantes universitarios, que tomó de sorpresa a todo el país. Daniel Ortega había logrado perpetuarse en el poder, primero con el pacto con Arnoldo Alemán, luego la reforma de la constitución y ejerciendo un control total sobre todas las instituciones, destruyendo totalmente la independencia del poder judicial. Adicionalmente, se había encargado de destruir a la oposición a través de dos mecanismos, el primero a través de la cooptación haciéndolas aparecer como oposición en las farsas electorales. El segundo fue la destitución de diputados democráticamente electos. Todo este panorama hace que actualmente en Nicaragua no exista una política que presente una salida a la represión que se está desarrollando.

no solo es miedo, es también impotencia al ver que las gestiones que uno realiza no sirven para nada. Lo que en países normales, con instituciones, funciona aquí no. ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Cómo mantener la esperanza si has dejado de creer en los instrumentos jurídicos?

Seguir leyendo “Vilma Núñez: No hay ninguna posibilidad de arreglo para Nicaragua con Ortega en el poder”

Intervención militar y Corte Penal Internacional

Rafael Uzcátegui

Kathryn Sikkink es una conocida académica con perspectiva de derechos humanos, radicada en Estados Unidos y profesora en Harvard y la Kennedy School of Government. Su más reciente libro sobre el tema, Razones para la esperanza. La legitimidad y efectividad de los derechos humanos de cara al futuro”, acaba de ser traducido al español y publicado por la ONG colombiana Dejusticia. Entre la serie de razonamientos de interés, entre ellos el aporte del Sur en el desarrollo de la doctrina internacional de derechos humanos, queremos detenernos en su opinión sobre las intervenciones militares unilaterales o multilaterales, un tema que ha ido ganando espacio en la opinión pública entre los venezolanos.

Con habilidad mediática algunos voceros e influenciadores, entre los que se cuenta alguno autodescrito como “defensor de derechos humanos”, ha venido planteando la supuesta necesidad de una intervención militar a Venezuela como manera de parar las tropelías de la dictadura de Nicolás Maduro. Como en los tiempos de post-verdad no se puede llamar a las cosas polémicas por su nombre, se ha posicionado el término “injerencia humanitaria” para legitimar esta posición, ligándola a la necesidad de la apertura del canal humanitario para recibir a corto plazo alimentos y medicinas. Citemos extensamente la opinión de Sikkink al respecto:

“Debido a que las personas están preocupadas por los derechos humanos y a la vez son pesimistas sobre la efectividad de las herramientas legales y de política ordinarias, a menudo solicitan el uso de la fuerza militar para prevenir atrocidades masivas”. En nuestro caso, esta declaración de impotencia, solicitar una intervención militar extranjera, es en parte consecuencia de las limitaciones de los mecanismos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, para impedir la cadena de abusos por parte del oficialismo venezolano. En otras latitudes se intenta dar piso argumentativo a esta exigencia, lo que explica la académica de la siguiente manera: “Esto ha conducido a alguna combinación injustificada entre derechos humanos y lo que se llama “la responsabilidad de proteger” (R2P en inglés), una doctrina en tres partes que esencialmente redefine la soberanía como una responsabilidad de los gobiernos de proteger a sus propias poblaciones y de la comunidad internacional de asistir a los gobiernos en sus esfuerzos para protegerlas. La última frase de esta idea dice que, si el Estado fracasa en proteger a su población del genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, la comunidad internacional debe estar preparada para utilizar medidas más fuertes, “como el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU”. Aunque la fuerza colectiva cuenta como una opción a implementarse sólo como último recurso , para los usuarios descuidados del término, la R2P se ha vuelto un sinónimo de la intervención militar para promover los derechos humanos y, para algunos, la intervención militar y la promoción de los derechos humanos se ven como dos caras de la misma moneda”.

Aunque cuando no escribía pensando en Venezuela, sus conclusiones parecen responder a esos voceros fuera del país que claman por el apocalipsis a través de sus redes sociales: “No hay ningún tratado de derechos humanos que diga que se exhorta o incluso que se permita que los Estados utilicen invasiones militares para hacer cumplir derechos humanos (…) El uso de la fuerza militar para propósitos de paz y seguridad internacional se consigna en la Carta de las Naciones Unidas, no en los tratados de derechos humanos”. Para dejar clara su opinión, agrega: “La intervención militar es un instrumento poco aceitado que, más que calmar la atrocidad masiva, la potencia”. Citando investigaciones, y con la invasión a Irak en mente, concluye: “Algunos estudios encontraron que la intervención militar ni mejoraba los derechos humanos en el país objetivo ni contribuía a su democratización”.

¿Está la comunidad internacional atada de manos frente a situaciones como la venezolana?  Sikkink postula su propuesta: “Se ha visto y se debe ver a la Corte Penal Internacional (CPI) como una alternativa al uso de la fuerza militar, no como su complemento (…) Preferiría que las grandes potencias usaran su poder militar para ejecutar enérgicamente las órdenes de arresto de un tribunal internacional más que una intervención unilateral de gran escala (…) Si los países tomaran en serio las órdenes de captura de la CPI, se prevendrían atrocidades masivas; más aún, enviaría una fuerte señal disuasiva a los perpetradores futuros”.

¿Es la Corte Penal Internacional la alternativa no violenta de mecanismo universal de protección que nos queda a quienes deseamos el regreso a la democracia en Venezuela? Las organizaciones venezolanas de derechos humanos todavía estamos aprendiendo sobre la CPI antes de formular una respuesta. Lo cierto es que otros mecanismos han mostrado su ineficacia frente a regímenes como el venezolano, lo cual nos coloca en una situación que debemos abordar en toda su complejidad. @fanzinero

Provea y la ONG convocan al Segundo Taller Básico de Fotografía para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

tallerfoto2_instagram

Ultimos días para postularse!

 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Organización Nelson Garrido (ONG) abren el período de postulaciones para el Segundo Taller Básico de Fotografía para Defensores de Derechos Humanos, luego de las exitosas primeras experiencias en Caracas y Barquisimeto.

 

El objetivo del taller es ayudar a comprender el lenguaje fotográfico y las técnicas para registrar buenas imágenes, con cualquier dispositivo, para personas que se dediquen a la defensa de los derechos humanos, y que sean parte o no de alguna organización independiente de la sociedad civil venezolana.

 

El taller está comprendido de 4 sesiones presenciales, a realizarse los días 19 y 26 de octubre y 2 y 16 de noviembre de 2018, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la sede de la Organización Nelson Garrido (Residencias Carmencita, Avenida María Teresa Toro, entre calles Cuba y Centroamérica, Las Acacias), más un período de asesoría y acompañamiento a realizarse durante el mes de diciembre de 2018. El facilitador de las sesiones será Nelson Garrido, fotógrafo venezolano y Premio Nacional de Artes Plásticas (1991).

 

El costo del taller será gratuito para los participantes seleccionados. Se entregará un certificado de asistencia.

 

Las personas postulantes deben residir en la Gran Caracas y enviar 10 fotografías tomadas por ellas en cualquier tipo de dispositivo, sobre cualquier temática, acompañadas de una descripción personal sobre su labor como defensor de derechos humanos, al siguiente correo electrónico: medios@derechos.org.ve

 

El período de postulaciones cierra el domingo 30 de septiembre 2018. Las 10 personas seleccionadas serán informadas el día viernes 5 de octubre. La primera sesión se realizará el 19 de octubre.

Maduro utiliza de manera sistemática la desaparición forzada contra sus opositores

La denuncia sobre la retención durante un mes de un niño de 3 años por parte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), para obligar a que su padre se entregara, ratificó la denuncia que Provea ha venido realizando sobre que las actuaciones del gobierno venezolano pudieran tipificarse como “Terrorismo de Estado”. En base a una investigación que recopiló cifras hasta el pasado 1 de julio, Nicolás Maduro ha venido utilizando de manera sistemática la desaparición forzada contra personas privadas de libertad por razones políticas. Durante su gestión por lo menos 135 personas fueron secuestradas por las autoridades venezolanas, al no informar sobre su sitio de reclusión a familiares y abogados, no ser trasladada a tribunales o ser acusadas de algún delito, así como por permanecer recluidas a pesar de tener boleta de excarcelación. De estas 135 víctimas, 85 corresponden al primer semestre de 2018, de las cuales 51 no se tuvo conocimiento de su paradero en un tiempo promedio de 11 días. De la cifra recopilada por Provea 57 de ellas son colombianos a quienes el presidente Nicolás Maduro señaló de ser paramilitares. En junio de 2018, 15 de los detenidos fueron excarcelados.

Desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o con su autorización, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Por su parte, se entiende por “Terrorismo de Estado” la utilización reiterada de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos. En el caso más reciente el 7 de septiembre Yudeyxy Vásquez, madre del niño de 3 años, denunció junto a la diputada Delsa Solorzano. Según su testimonio el pequeño Ángelo Vásquez fue secuestrado por el Conas el 2 de agosto de 2018, como modo de presión para que su padre, el sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Luis Colón, entregara unas supuestas armas robadas de Fuerte Tiuna.

Sobre el show de los “retornados” de Perú

Rafael Uzcátegui

Después de meses de negar la crisis migratoria la vocería de Nicolás Maduro, súbitamente, ha comenzado a construir una narrativa para explicar la salida de venezolanos del país. En síntesis, consiste en afirmar que 1) No son tantos como se dice y 2) Los que salen lo hacen bajo engaño, siendo explotados y maltratados en su destino por lo que desearían regresar.

He insistido en otras oportunidades que la fórmula de la simulación democrática madurista consiste en mantener una clientela de apoyo, ahora calculada entre el 15 y 20% de la población, que le permita ganar procesos electorales fraudulentos, tras desestimular, neutralizar y fragmentar la participación de sus contrarios. La mayoría de las políticas públicas de los años recientes están dirigidas a beneficiar a este sector, por lo que la discriminación por razones políticas sería parte estructural de nuestra dictadura del siglo XXI. Siendo así, el gobierno consideraba como opositores, o no sufragios a su favor, a los que venían cruzando la frontera, como incluso lo sugirieron las palabras del Defensor Constituyente del Pueblo, Alfredo Ruiz, cuando declaró que la diáspora estaba conformada por jóvenes de clase media “que no podían entrar a discotecas”. Sin embargo, la magnitud del éxodo hizo que las dos últimas oleadas migratorias –personas de los sectores populares, por un lado, y militantes de base y de sectores medios del chavismo más recientemente-, hayan comenzado a generar inquietudes en ese 15-20% de la clientela bolivariana.

Esta suposición parecería confirmarse por los datos recientes divulgados por la empresa Consultores 21: “17% de las personas que quieren salir de Venezuela se declara maduristas y el 66% son chavistas, no maduristas”. Según los datos, la correlación política de la migración, decididamente opositora en las dos primeras oleadas –empresarios y clase media-, se había modificado: “la cantidad de chavistas que desean salir del país –concluyó la encuestadora- es superior a la de opositores alineados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”. En consecuencia, dos posibilidades: El madurismo “duro” está siendo impactado en sus fidelidades por la separación de miembros del núcleo familiar o, sencillamente, han comenzado a preparar maletas. Por esta razón el discurso sobre el fenómeno generado por Miraflores tendría como objetivo hacerlos desistir de emprender la huida o ideologizar la explicación del problema. Los mensajes no están pensados ni para usted ni para mí, sino hacer control de daños en su bastión de apoyo de las imágenes de los caminantes venezolanos por las autopistas colombianas.

Si necesita descifrar algún sentido de lo que parecen decisiones irracionales del chavismo realmente existente, el madurismo, le propongo que haga ese ejercicio: Razonar cuál es el impacto deseado en ese 15-20% de la población para el cual gobierna. @fanzinero

Paraguaipoa

Rafael Uzcátegui

El pasado 7 de agosto un grupo de activistas viajamos hasta Paraguaipoa, en el municipio Guajira del estado Zulia, para acompañar a José David González y su equipo a propósito de la conmemoración de los 19 años del Comité de Derechos Humanos de La Guajira. Durante casi dos décadas, esta iniciativa ha atendido a las comunidades wayuu, yukpa y añu de la región en sus denuncias sobre las vulneraciones a su dignidad, que aumentaron exponencialmente a partir del año 2010 con la creación del “Distrito Militar de La Guajira”. El Comité, incluso sorteando el racismo que ha permanecido incólume en tiempos bolivarianos, ha rechazado las campañas de criminalización que señalaban a los indígenas como responsables de la escasez y el contrabando hacia la frontera. Por esta labor, González fue reconocido con el premio de la Embajada de Canadá a los defensores de derechos humanos destacados de Venezuela.

20180807_191046

Ante la imposibilidad del transporte público, por aire o tierra, nos desplazamos más de 900 kilómetros hasta la “tierra frente al mar”, según el significado wayuunaiki. Cuando se cruza el puente sobre el Río Limón pareciera que la civilización quedara atrás. Las llamadas “chirrincheras” son el único medio de transporte público, camionetas donde las personas se acomodan en todos los espacios posibles, incluyendo en techos y capós de los automóviles, desafiando leyes de gravedad y generando víctimas mortales y lesionados. Durante el trayecto fuimos testigos del cobro de vacunas por parte de los funcionarios en las alcabalas, multiplicadas ante la necesidad de aumentar las coimas en días de crisis económica.

Si en Maracaibo la falta de electricidad es noticia, en La Guajira la novedad es cuando llega la corriente. De las 48 horas que duró nuestra presencia en la zona, sólo tuvimos 6 horas con luz. El añadido es que junto al apagón desaparecen las señales de telefonía celular, por lo que la incomunicación es total. Los pobladores se han amoldado a estas circunstancias, durmiendo en los portales de las viviendas, atajando las caricias de la agradable brisa nocturna. En 2011 Hugo Chávez inauguró un Parque Eólico que costó 255 millones de dólares que, según los vecinos, sólo funcionó las 3 horas que duró el acto. Hoy muestra los signos del desmantelamiento tolerado por los militares que custodian aquellos molinos de cemento. Como una triste metáfora de la parálisis que nos embarga se relata que, a sólo 32 kilómetros, pasando la frontera en Maicao, las zonas rurales cuentan con paneles solares que permiten dos y tres bombillas y recargar los celulares.

En Paraguaipoa usted no puede pagar nada con tarjeta o transferencia, pues todo se comercia en efectivo. Es la manera tradicional de no dejar rastros en un contexto donde para sobrevivir hay que nadar en la economía ilegal.

Por los testimonios que escuchamos, una y otra vez, La Guajira es un territorio controlado por los pranes del contrabando, cuya jefatura porta uniformes verdeoliva. Luego de salir de la emisora Fe y Alegría, a media mañana, mataron a dos adolescentes por sicariato. Según, hay una nueva jefa en la zona, que está limpiando el terreno a punta de plomo. El hecho no apareció en medio alguno.

En medio de estas particulares circunstancias, ¿Cuáles son las demandas de José David y su grupo? Las enlistamos: Reanudar la consulta de la Ley de Demarcación de Tierras; reactivar el diálogo entre las comunidades, los pueblos indígenas y las organizaciones estadales, regionales y municipales; generar propuestas de planes de acción para el gozo pleno de los servicios públicos; revisión y socialización de los acuerdos internacionales de Venezuela con los países en materia de hidrocarburos y de recursos naturales; reactivar la Comisión de Demarcación de Tierras; iniciar en conjunto las comunidades, los pueblos procesos de creación de protocolos de consulta y de demarcación de tierras; iniciar en conjunto las comunidades, los pueblos procesos de creación de protocolos de consulta previa, libre e informada; paralizar los proyectos mineros extractivos en zonas indígenas hasta que se presenten a los pueblos y comunidades indígenas las longitudes y los impactos ambientales; reactivar los planes de salud indígena en comunidades amenazadas por la malaria, el sarampión; implementar la Educación Intercultural Bilingüe propia de los pueblos indígenas; crear un espacio de formación permanente con la participación del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, junto con organizaciones y aliados para los funcionarios públicos y cuerpos de seguridad; y finalmente la apertura inmediata de la frontera. @fanzinero

Veneco 30: Especial de punk y hardcore maraco

En momentos en que el Zulia es castigado, sin clemencia, por la corrupción y la ineficacia de la dictadura, nos lanzamos este Veneco especial.

Playlist

1) Primero Venezuela: “Hasta cuando”
2) Trauma: “Guardia Nazional”
3) Convicción Hardcore: “Vamos mi gente”
4) Baigón: “Policías, militares y demás basura”
5) La Naranja Mecánica: “Vive”
6) KAFC: “Me niego a morir”
7) Aires de Rebelión: “Sangre en las corridas”
8) Doña Maldad: “Todos saben, creen, todos pueden”
9) Sistema Diez: “Rio de antorchas”
10) ODIO: “Somos más”
11) GAS: “Experto cobarde”
12) Frente de Ira: “Identidad”
13) Mustang 78: “Motorpunk”
14) Cinco Minutos Más: “No queda más”

La paradoja colombiana de la paz

Rafael Uzcátegui

Recientemente tuve la suerte de escuchar a Rodrigo Uprimny, fundador de la ONG Dejusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, haciendo un resumen magistral sobre la evolución del llamado acuerdo de paz en Colombia, y haciendo algunas reflexiones sobre su futuro a raíz de la victoria del candidato Iván Duque a la presidencia colombiana. Aquello ocurrió en el taller global de Investigación Acción promovido por Dejusticia, bajo el sugerente título “Reimaginar el futuro del movimiento de derechos humanos”, en el cual activistas de una docena de países del sur global tuvimos la oportunidad de reflexionar desde el eje cafetero del país.

Me tomé la libertad de grabar y transcribir parte de aquella intervención, útil para opinar sobre el tema en el contexto venezolano, proclive a opinar sobre lo humano y lo divino con los lentes estrechos de la polaridad chavismo/antichavismo.

“Tuvimos en Colombia una guerra de 50 años con costos humanitarios tremendos, 6 millones de desplazados, con excepción de Guatemala, con más desaparecidos que todas las dictaduras de América Latina, una cantidad enorme de personas asesinadas y secuestradas. Además, la violencia relacionada con el conflicto armado, las otras violencias, las que vienen de las economías criminales, narcotráfico, explotación ilegal minas.

No era el acuerdo que iba a revolucionar a Colombia, pero tampoco era el acuerdo que simplemente acababa la guerra. Era un acuerdo que acababa la guerra, las FARC se desmovilizaban y se transformaban en un actor político con un mecanismo de verificación para que eso ocurriera, como efectivamente ocurrió. Lo segundo era que enfrentaba las violaciones de DDHH con un sistema de justicia transicional que es único, de lo que yo conozco, en el mundo.

Seguir leyendo “La paradoja colombiana de la paz”