Antimilitarismo para el Siglo XXI

Rafael Uzcátegui

Ante el advenimiento de tiempos postideológicos en América Latina, el antimilitarismo como universo simbólico puede proporcionar una base conceptual de acción para los movimientos sociales en el futuro.

El fin de la década progresista en el continente

Paradójicamente fue el mercado internacional, mediante el alza de precios de las materias primas, quien proporcionó la base financiera que posibilitó la llamada “década progresista” en Latinoamérica, la serie de gobiernos que identificados con la izquierda, llegaron al poder por elecciones en diferentes países a partir del año 1998, generando múltiples expectativas.
No obstante, la profundización del modelo económico extractivista fue consensuado por gobiernos de diferentes signos ideológicos con lo cual varios de los Estados, a diferencia de lo propuesto en la etapa neoliberal que caracterizó la década de los 90, recuperaron en América Latina su capacidad regulatoria y de atracción de capitales. Sin embargo hoy la realidad comienza a ser otra. Desde el año 2013 los altos precios de los recursos energéticos y de otras materias primas han comenzado a decaer, lo que ha disminuido los altos ingresos estatales que posibilitaron las políticas sociales que caracterizaron al “progresismo”, con el que un porcentaje de la renta extractivista se redistribuía a los sectores populares. La contracción de la inversión social, como consecuencia de la crisis económica tras los años de bonanza financiera, está generando impactos en amplios sectores de la población y, de nuevo, el aumento de los índices de pobreza en la región. A esto hay que sumar la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública, amparados todo este tiempo por la lealtad política.

En consecuencia el agotamiento del modelo de gobernabilidad del imaginario del activismo “progresista” se cataliza con la latinoamericano aparición de crisis económicas en Brasil, Argentina y Venezuela, por ejemplo. Pero este elipse, también, tiene como gran telón de fondo el diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, anunciadas como la “normalización” de las relaciones entre ambos, pero que como secuela de la apertura en la isla se expandirán modelos de consumo y gestión propios del capitalismo tradicional. La imagen de la visita de Barack Obama en La Habana, y detrás el ejército de franquicias internacionales, será un golpe simbólico al referente de la revolución a lo latinoamericano tan importante como lo fue la caída del Muro de Berlín para Europa. La integración de Cuba al flujo capitalista global cerrará un capítulo de la historia de la región, implosión cuyas ondas expansivas incidirán al progresismo.

Un individuo con la capacidad de pensar y decidir por sí mismo/a es lo contrario a la noción de “soldado”, dispuesto a seguir órdenes acríticamente de las jerarquías y la autoridad. Si la idea de reinvención de la democracia tendrá sentido en los próximos años para Latinoamerica, en donde los ciudadanos puedan tener la capacidad de experimentar nuevas formas de relacionamiento directo, creando tejido asociativo de carácter cooperativo y solidario, eso pasa por funcionar con valores y racionalidades ajenas a la militar

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Provea convoca al concurso de diseño “Levántate por tus derechos”

ConcursoReggae

Con el fin de promover el talento musical y gráfico venezolano el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el marco del primer año de la declaratorio del reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, convoca al concurso ARTE Y REGGAE POR LOS DERECHOS HUMANOS, para seleccionar la propuesta gráfica y visual del poster del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se celebrara en el Centro Cultura Chacao el 18 de mayo del presente año con las bandas Onice, Carta Roja y Bathawi.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los venezolanos y extranjeros mayores de edad que estén residenciados en Venezuela y que no tengan relación laboral con Provea.

2. El arte debe enviarse en jpg en baja resolución en versión a colores y blanco y negro en formato RGB. Debe tener la imagen de Bob Marley, el título “Levántate por tus derechos” y, menos destacada, la frase “Reggae: Patrimonio inmaterial de la humanidad”. En caso de ser seleccionada, los artes deben ser remitidos en alta resolución.

3. El arte del afiche deberá ser inédito, original, libres de compromisos editoriales y no sujeto a la espera de otro veredicto.

4. Cada autor podrá participar la cantidad de propuestas que desee, las cuales deberán enviarse al email: procesosalternativos@derechos.org.ve mediante un correo electrónico con las propuestas del afiche en formato jpeg.

5. Se recibirán artes hasta el 7 de abril. El jurado emitirá su veredicto el 15 de abril del presente año, y el acto de premiación se llevará a cabo durante la celebración del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se realizará en el Centro Cultural de Chacao el 18 de mayo del 2019.

6. Habrá un premio único de $50 pagados en bolívares a la tasa de cambio del día.

123 organizaciones y 509 académicos y activistas sociales venezolanos agradecen el trabajo de WOLA por la democracia y los DDHH en su país

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(Caracas, 15 de marzo de 2019) Nosotros, un grupo activistas sociales, gremiales y populares; académicos y miembros de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, con amplia trayectoria en el trabajo social en nuestro país, queremos reconocer y apoyar públicamente el trabajo que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha realizado en los últimos años en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

WOLA ha seguido muy de cerca la evolución de la conflictividad venezolana. A diferencia de otros actores, cuyas conclusiones sobre Venezuela son decididas en oficinas y universidades muy lejos de los acontecimientos, diferentes miembros de WOLA han visitado de manera constante nuestro país para observar los hechos de manera directa, con sus propios ojos, para poder opinar con mayor conocimiento sobre la situación de los derechos humanos.

Además de esas visitas regulares a Venezuela, diferentes miembros de WOLA han conversado con diferentes sectores para tener una mirada amplia y diversa de las diferentes dimensiones del conflicto. No sólo han conversado con funcionarios gubernamentales y activistas del bolivarianismo, sino también con académicos venezolanos y activistas independientes de diferentes iniciativas y emprendimientos que conforman el actual movimiento social y popular venezolano. Durante sus visitas han podido escuchar los testimonios de víctimas y recibido los informes donde se detallan los diferentes patrones de violación de derechos humanos en Venezuela. WOLA ha establecido diferentes mecanismos para mantener un contacto fluido con los activistas, incorporando nuestras preocupaciones en los comunicados públicos emitidos por la organización sobre la situación venezolana, reiterando el apoyo a una salida pacífica y democrática del conflicto, que consulte al pueblo mediante elecciones libres e inclusivas sobre cuál deberían ser los destinos del país.

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Provea: Defensor de DDHH y periodista Luis Carlos Díaz se encuentra detenido en el SEBIN de El Helicoide

(Caracas, 12 de marzo de 2019) Luego de la denuncia de la desaparición del periodista y defensor de DDHH, realizado por su esposa Naky Soto alrededor de las 10 de la noche del lunes 11 de marzo de 2019, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2 y 30 de la madrugada del martes 12 de marzo. Provea acudió al sitio de los hechos inmediatamente después del operativo y pudo recoger el testimonio de Soto. Según sus declaraciones los efectivos presentaron una orden de allanamiento y dos testigos, además de trasladar esposado a Díaz para que presenciara el procedimiento, en el cual requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops y 1 disco duro, según quedó constado en el acta, como corroboró uno de los testigos. Díaz también aseguró que los funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo, del cual posteriormente no habría quedado constancia oficial.

Soto pudo conversar brevemente con Díaz, quien le relató que habría sido detenido cuando se desplazaba cerca de la embajada de Corea, en el Country Club, cuando se desplazaba en bicicleta a su domicilio. Asimismo, le confirmó que habría sido víctima de tratos crueles y degradantes durante su detención. La información suministrada por los funcionarios durante el allanamiento es que Díaz, supuestamente, habría cometido “delitos informáticos”. En las próximas horas debería ser trasladado a un tribunal para ser presentado al Ministerio Público, quien debería formalizar los cargos contra el defensor de DDHH o dejarlo en libertad. El pasado 08 de marzo el comunicador fue criminalizado por Diosdado Cabello, quien aseguró en un video (https://twitter.com/ConElMazoDando/status/1104089583850012674) que era parte de la conspiración que supuestamente era responsable de la avería de la represa del Guri, que originó la interrupción del suministro eléctrico en Venezuela durante varios días.

Según el testimonio, los funcionarios habrían informado que Soto también se encontraba en la orden de aprehensión, pero que debido a su condición (paciente oncológico) no iban a proceder en los momentos. Sin embargo, “si denunciaba, la vendrían a buscar”.

Su esposa Naky Soto ha convocado a una movilización este martes 12 de marzo, a las 11 de la mañana, en las puertas de la Fiscalía en Caracas para exigir la libertad de Díaz, quien también posee la nacionalidad española. También ha solicitado al equipo técnico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en DDHH, de visita en Caracas, que lo visite en su sitio de reclusión para constatar su integridad física y psicológica.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Informe especial Provea: Apagón nacional es una catástrofe que forma parte de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

(Caracas 10 de marzo de 2019). En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo. Desde hace varios años se ha denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en derechos humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.

La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población. Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.

Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC, que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela, es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.

Evolución de la crisis en la prestación del servicio eléctrico

Como documentó la ONG Aula Abierta en su informe “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y acceso e servicios públicos básicos en el Municipio Maracaibo, estado Zulia”  entre los años 2008 y 2009 comenzaron a presentarse las interrupciones en diferentes lugares del país, que fueron adjudicadas por las autoridades a los efectos del fenómeno climático de El Niño. Como respuesta se creó un ente específico, el Ministerio de Energía Eléctrica, cuyas primeras metas fueron reducir en 20% el consumo eléctrico y la remodelación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas en el país.  Sin embargo, la situación se mantuvo, lo que obligó a la declaración del “estado de emergencia nacional”, el 08.02.10, mediante Decreto Presidencial 7.228 se anunció la creación de un Estado Mayor Eléctrico, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado por los ministros para la Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Industrias Básicas, y Energía y Petróleo. El objetivo de esta figura fue evaluar la posibilidad de importar energía y adquirir equipos y repuestos para rehabilitar las plantas de energía eléctrica. También fueron impuestas multas a los consumidores por “uso excesivo del servicio eléctrico”.

En abril de 2013 el gobierno declaró nuevamente el “estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico”, atribuyendo las interrupciones del servicio a actividades de “sabotaje” por parte de opositores, por lo que se declararon como “zonas de seguridad” los espacios del territorio nacional donde estuviesen funcionando instalaciones eléctricas, ordenando a los órganos de seguridad su resguardo. Posteriormente se anunció la puesta en marcha de la “Gran Misión Eléctrica”, compuesta por 7 vértices: el fortalecimiento del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el ahorro energético, la sostenibilidad financiera del SEN, el desarrollo de fuentes de energías alternativas, el desarrollo soberano del sector eléctrico, la implementación del nuevo modelo de gestión “socialista” y un plan de inversiones.

Como recordó Aula Abierta, en el marco del segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica a nivel nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 13 de mayo de 2016, nuevamente se atribuyó a los fenómenos climáticos las causas de la crisis eléctrica: “el fenómeno de El Niño ha generado la crisis climática más difícil de la historia de nuestra Patria  mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros efectos en la productividad del país”.

Hasta el año 2015 fue de acceso público el informe de gestión del Ministerio de Energía Eléctrica. No obstante, el ministerio no reveló ese año la cantidad de viviendas que contaban con el suministro eléctrico. Una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias afirmaba que el servicio eléctrico alcanzaba el 98% de cobertura: “En 17 años se han incorporado más de 10.000 megavatios (MW). La nación cuenta en la actualidad con una capacidad de generación instalada de 28.000 MW, de los cuales están operativos 20.300, para atender una demanda que oscila entre los 17.000 y los 18.000 MW”. Sin embargo, estas cifras no coincidieron con las divulgadas en ese mismo año por el gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien calculó la demanda en el país en 15.500 MW. Además, estimó que los hogares consumían el 40% del total de la generación eléctrica, y los aires acondicionados representaban 32% de la demanda eléctrica de las viviendas.

Según la Ley de Presupuesto 2017, la última de acceso público, el Ministerio de Energía Eléctrica se ubicó en el n lugar número 17, de 18 entes, como la institución que menos recibió presupuesto para su funcionamiento, comparativamente con un monto 18 veces menor que lo destinado para el Ministerio de Defensa, lugar 4 en la lista.

Ante la ausencia de información oficial, gremios y ONG levantan información

La falta de estadística oficial sobre el sistema eléctrico nacional obligó a diferentes instituciones a levantar datos que permitieran realizar un diagnóstico sobre su situación y hacer recomendaciones a las autoridades.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una investigación realizada por tres universidades (UCV, UCAB y USB) encontró que para el 2015 el 12,5% de los hogares del país tenían interrupciones diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresaron que nunca tienen cortes del servicio. Según los resultados las interrupciones y apagones afectaban a 86,4% de los hogares en Venezuela. Un año antes la Encovi había medido que el 20,6% de las casas posee electricidad diariamente; 41,5% alguna vez a la semana; 22,2% alguna vez al mes y 15,3% nunca contaban con electricidad. Según Alfredo Cilento, investigador de Encovi “graves problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos diez años”. Según Aula Abierta durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día.

El deterioro en el sistema eléctrico aumentó la EHC en el sector salud. Según el Informe Anual de Provea 2017 para ese año se registraron 195 denuncias sobre fallas eléctricas en los centros asistenciales que habían afectado su desempeño. Para el año 2016 se detectaron 119 denuncias similares. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Hospitales, incluida en el Reporte Nacional realizado en septiembre de 2018 por 12 ONG con trabajo en el derecho a la salud, el 33% de los centros hospitalarios del país no contaban con plantas de generación de energía eléctrica: “Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo”.

Por su parte Transparencia Venezuela documentó dos importantes casos de corrupción vinculados a Corpoelec: La represa Tocoma, y la repotenciación de Macagua I, ambas en el estado Bolívar. Ambas obras se encontrarían paralizadas desde hace varios años y con diferentes denuncias sobre el manejo irregular de los recursos.

Alertas sobre crisis eléctrica genera persecución de los denunciantes

Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica, ha denunciado reiteradamente la crisis del sistema eléctrico, que ha calificado de inducida: “Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector”. En 2013, Poleo y los ingenieros electricistas José Manuel Aller, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Sistemas Interconectados, fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras haber opinado sobre las interrupciones en el servicio eléctrico. En abril de 2015 se denunció que el ingeniero Luis Vásquez, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barquisimeto. Vásquez habría declarado a un medio regional sobre la posibilidad de nuevos apagones debido a la caída del nivel del agua en el embalse Gurí, represa que alimenta a la principal central de generación hidroeléctrica.

Reynaldo Díaz, Secretario General del Sindicato Trabajadores Eléctricos de la Electricidad de  Caracas (STE), ha denunciado que por lo menos 29 dirigentes sindicales de Corpoelec habían sido despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores. Interrogado sobre la situación de la estatal, respondió a Provea: “Hay déficit de transformadores en los patios, en las áreas, déficit de los implementos e instrumentos de trabajo necesarios. No se desmalezan las áreas con la frecuencia necesaria, hay obsolescencia de equipos que ordena la sustitución de equipos en generación, transmisión y distribución. La empresa “funciona” porque los trabajadores siguen yendo por el amor que le tienen a su trabajo. Quedan pocas unidades de transporte, sin cauchos ni baterías. No hay papel ni tinta para imprimir.  A causa de la fuga de personal, CORPOELEC está expuesta a la desprofesionalización. Se necesitan 8 años de experiencia para ser caporal de averías o jefe de grupo, de una cuadrilla de linieros. Se necesita al menos 10 años de experiencia para ser jefe de guardia en una planta de generación. Los grupos de guardias de operación, se encuentran incompletos”. Díaz ha denunciado persecución por parte de los organismos policiales por sus denuncias sobre la situación de la empresa y las demandas de los trabajadores.

Comunidades se han movilizado por la falta del servicio eléctrico

Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. Los derechos más exigidos fueron los laborales (5.735 protestas), servicios básicos (3.953 protestas) y alimentación (1.257 protestas). Las protestas por derechos sociales fueron respondidas por el Estado con el uso abusivo de la fuerza, pues durante el 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de esas manifestaciones.

Según el monitoreo realizado por Provea en 30 medios nacionales, entre enero a diciembre de 2016 se realizaron 56 protestas por falta de energía eléctrica a nivel nacional, siendo la tercera causa de protesta por fallas en los servicios públicos, por debajo de las exigencias de agua y gas doméstico.

Organismos internacionales informados sobre crisis eléctrica

En julio de 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó sus observaciones finales al tercer informe de Venezuela sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional DESC. Entre sus recomendaciones en materia de vivienda, solicitó “la adopción de una estrategia integral que garantizara la disponibilidad y el acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, saneamiento y electricidad”.

En su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, la oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos incluía los problemas de suministro eléctrico en su apartado sobre la erosión de los derechos económicos y sociales: “El deterioro de la situación económica ha causado una hiperinflación y una grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, lo que, sumado a una drástica reducción del presupuesto del Gobierno destinado a los servicios sociales ha conducido a una regresión en el disfrute de los derechos sociales y económicos”. Esta preocupación es repetida en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, de junio de 2018: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. El Alto Comisionado se refirió al impacto de la falta de luz eléctrica sobre la prestación de servicios de salud: “En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses”.

En su reporte “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, divulgado a finales de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyo las consecuencias de la interrupción permanente del servicio eléctrico. Sobre el derecho a la educación aseveraron: “Otras dificultades que han impactado en el goce de este derecho han sido los problemas con el servicio de agua y el servicio eléctrico”. Más adelante agregaron: “El agravamiento de la crisis económica condujo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica. Esta crisis social y económica tuvo y continúa teniendo manifestaciones concretas en la vida diaria de millones de personas que viven en Venezuela, quienes enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.

En febrero de 2018 un grupo de expertos de Naciones Unidas (Leilani Farha, Hilal Elver,  Dainius Pūras, y Philip Alston) alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, incluyendo la petición sobre la adopción de políticas para garantizar el acceso al suministro eléctrico: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Nicolás Maduro responde a la situación de manera insuficiente

En la única alocución de Nicolás Maduro referida al apagón que comenzó en toda Venezuela el jueves 7 de marzo, adjudicó la responsabilidad a factores externos: Según nota de Telesur “denunció este sábado -9 de marzo- un nuevo ataque masivo al sistema eléctrico nacional a través de mecanismos de alta tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar las distintas estaciones, advirtió”. El resto de los voceros estatales han repetido esta versión, sin informar sobre el origen de la falla, las operaciones que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del sistema eléctrico. Cuando este informe se escribe, el servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido en algunas zonas de Caracas, con interrupciones intermitentes, mientras el resto del país continúa a oscuras. Las autoridades no han divulgado si estarían implementando un operativo de racionamiento eléctrico para los habitantes de la capital, o las expectativas del restablecimiento para el resto del país.

Además de la propia opacidad estatal, la hegemonía comunicacional sobre los medios de comunicación en Venezuela ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo. En el caso de Caracas sólo 4 emisoras de radio informaban sobre los sucesos, basados en informaciones de redes sociales. El servicio de telefonía no ha sido restablecido, por lo que las personas están realizando inusitados esfuerzos para comunicarse con sus familiares.

La interrupción prolongada está ocasionando daños severos difícilmente cuantificables en los actuales momentos. El presidente encargado Juan Guaidó mediante una rueda de prensa junto a expertos y médicos denunció, el 10 de marzo, que por lo menos 17 personas recluías en centros asistenciales habrían fallecido por la ausencia del servicio eléctrico. Pequeños comerciantes en el sector alimentos se han visto afectados debido a la imposibilidad de mantener sus inventarios requeridos de refrigeración. Ante la ausencia de dinero en efectivo y la caída de las comunicaciones en el sistema bancario, algunos comerciantes estarían cobrando en dólares. Debido al cierre de las fronteras las poblaciones cercanas a Colombia y Brasil se han visto impedidas de disminuir las consecuencias del apagón buscando asistencia médica o alimentos en poblaciones aledañas.

No se conoce la activación de un protocolo oficial para atender situaciones de emergencia en las comunidades más vulnerables, como centros asistenciales o ancianatos. También se desconoce el tiempo y las consecuencias de la paralización de actividades anunciada desde el viernes 08.03, por el gobierno. La estrategia de simulación de normalidad, el supuesto restablecimiento progresivo del servicio y la extensión por más tiempo de la situación sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables podría ocasionar eventos de conmoción en las próximas horas, con resultados lamentables para la vida e integridad de las personas.

Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación

Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:

1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.

2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto

3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.

4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.

5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.

6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.

7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.

 

Venezuela Live Aid: Un concierto por ayuda humanitaria en la frontera

Como activista de derechos humanos llevaba muchos años reuniéndome con “tutiri mundi” para alertar sobre la degradación de las condiciones sociales en Venezuela, primero, y luego sobre el drama producto de la falta de alimentos y medicinas, que ha obligado a muchos a irse del país. Cuando me enteré por redes de la iniciativa de un concierto en la frontera, para llamar la atención mundial sobre la necesidad de ayuda humanitaria a nuestro país, me pareció que sería el punto más alto posible de una campaña internacional para poner los ojos sobre Venezuela, además de un evento extraordinario. Pedí varios días de vacaciones y con Lexys nos fuimos a Cúcuta, para ser testigos del acontecimiento con nuestros propios ojos.

Nos alegramos mucho de la decisión, pues aquella jornada fue simplemente memorable. Ya en otros años, por iniciativa de Juanes, se había realizado un evento similar, cuando se intentó que dos países hermanos se declararan la guerra. Pudimos acreditarnos como prensa, para poder tener un mejor acceso al festival y poder reportar las cosas que pasaron. Hacerlo sobre un puente, sin embargo, le ofreció una visibilidad complicada a las más de 250 mil personas que asistieron al evento, que estaban bastante alejadas de la tarima, con algunas pantallas gigantes y cornetas.

Muchas de las canciones eran temas que había evitado durante años, pero que ese día me sonaron magníficas. Mucha buena vibra de todos los artistas sobre la situación de Venezuela, y algunas actuaciones sentidas como la de Nacho, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Reinaldo Armas, etc. Ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida, curiosamente con artistas que no son de mis favoritos. Aquello pasó el 22 de febrero de 2019, con entrada libre, y aún están recaudando dinero para donar a la ayuda humanitaria en https://venezuelaaidlive.com/

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Alto a la persecución y torturas contra integrantes del pueblo indígena Pemón

(Caracas, 01.03.2019) Queremos expresar nuestro profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de la masacre de Santa Elena de Uairén, ocurrida durante los días 22 y 23 de febrero del 2019. Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco. Fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Afirmamos nuestro compromiso para lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado.

Saludamos las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MC-181-19, que obligan al Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de Indígenas pemones y comunidad de San Francisco de Yuruaní, kumaracapai. Abogamos por su estricto cumplimiento por parte de Nicolás Maduro, Gral. Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Alfredo Ruíz, Justo Noguera, así como militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairen, Maurak y sus alrededores.

Sin embargo, denunciamos que la represión y el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. 58 personas han sido detenidas (16 indígenas pemones, 4 adolescentes, 20 de ellos aún sin presentación y tras las rejas en el Fuerte de Escamoto). El Hospital General en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Persecución contra líderes indígenas

Hemos recibido graves denuncias de allanamientos ilegales, por parte de la PNB junto GNB, en casas, comercios de Santa Elena de Uairen, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente. Hemos documentado casos de al menos 9 personas: una familia de madre pemón y padre no indígena, con 2 hijos pemones; 2 adultos pemones y 3 no indígenas que no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados. A lo cual se suma el Alcalde de Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González, legítimamente electo por votación popular, que junto a su familia ha recibido amenazas graves para su integridad, libertad y vida. Se han instalado ilegalmente alcabalas utilizando tanquetas y con efectivos de la GNB, interrumpiendo el paso vehicular y peatonal. La última el día de hoy, a partir de las 8 am a 1 de la tarde, en San José de Morichal, requisando a todos los vehículos y personas que transitaban por la zona. Actualmente existe un estado de persecución y represión por razones de discriminación política, violando derechos fundamentales que ponen en riesgo su libertad, integridad y vida.

Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos

A la fecha de hoy 01 de marzo de 2019, el hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y el 23 de febrero. Por otra parte, a quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima a pie para poder tener acceso a atención médica, violentando el ya mermado acceso a la salud. La toma policial y militar del hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén debe cesar de inmediato, urge el retiro de oficiales que permita retomar la normalidad y el acceso abierto y sin restricciones de todas las personas a sus instalaciones.

Advertimos que la red de suministros de alimentos de Santa Elena de Uairen y comunidades aledañas, así como de medicinas e insumos, dependen en su totalidad del flujo e intercambio con Pacaraima, Brasil. El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que, debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy acelerada la situación en las zonas fronterizas. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas pemones, por la persecución y el miedo, no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja en la zona.

Abuso de poder en territorio indígena

El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, una contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairen. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón y junto al Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC) indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, le lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.

Los activistas exigimos

Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes. Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como, dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios.

 

Por tanto, exigimos:

– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.

– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.

– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.

– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.

– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.

– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.

– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.

– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.

Adherimos:

Causa Amerindia Kiwxi
Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Fundación Centro Gumilla
Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo)
Laboratorio de Paz (LabPaz)
Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru
Organización Indígena Intercultural Wainjirawa
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Revista SIC