Estrategia

Rafael Uzcátegui

Tras el anuncio de una fraudulenta Constituyente, el movimiento de indignación en la calle debe continuar respondiendo estratégicamente al autoritarismo. La realización de protestas mayoritariamente pacíficas, como fue reconocido por la Fiscal, evidenció dos importantes mensajes: Que la violencia tiene como origen el Estado y, dos, que el rechazo a la gestión de gobierno es mayoritario e incluye a todos los sectores de la población.

Los aciertos comunicacionales deben continuar. Cuando se estructura un mensaje, que incluye imágenes, se desea construir un significado y con ello generar una reacción prevista de antemano. Si bien hay que mantener un discurso destinado a la gente que ya se encuentra movilizada, una narrativa estratégica debe emitir también señales para quien, por las razones que sea, no se ha unido a las multitudes en movimiento.

Si entendemos que el chavismo como identidad política no va a desaparecer y que un sector -llámelo democrático, crítico o como guste- deberá incorporarse al proyecto de país futuro que está creciendo en este mismo momento, coincidiremos en que deben tenderse puentes para ganarlos a una transición. Y los primeros vínculos son discursivos. Lo táctico, en esta dirección, puede ir en dos niveles: Una retórica para inhibir y otra para sumar. La primera para aquellos destinatarios refractarios a establecer cualquier alianza con factores que no sean como ellos, pero que podrían dejar de apoyar públicamente a la dictadura, lo que es de por sí una ganancia. El segundo para quienes puedan sumarse al rechazo abierto, activo y explícito a la dictadura, aunque esto no implique incorporarse a la Mesa de la Unidad Democrática.

No estamos hablando sobre demagogia, ni de afirmar cosas en las que no se cree. El mejor ejemplo está en la defensa de la Constitución de 1999, como viene haciendo un amplio sector de la indignación. Enfatizar este aspecto y machacar que, como lo dice la propia Carta Magna, una Constituyente tiene como objetivo abolir la que existe y redactar un nuevo texto constitucional, tiene la virtud de agrandar la brecha entre quienes son fieles a Hugo Chávez y entre quienes son defensores de Nicolás Maduro. Usar a nuestro favor toda la campaña publicitaria, efectiva además, que el zurdo de Sabaneta realizó durante su primer mandato para mercadearla como la “mejor del mundo”. Y esto lo recuerda bien la gente que no le cree a ninguno de los columnistas de Tal Cual, por lo que es un “activo” semántico que está jugando contra el madurismo en los actuales minutos. Quedará en nosotros llevarlo hasta el máximo de sus posibilidades para abrir el camino para el retorno de la democracia. No es tiempo de bilis, sino de estrategias que produzcan nuevas consecuencias. @fanzinero

Elefante en la cristalería (digital)

Rafael Uzcátegui

En tiempos de redes sociales, los conflictos se basan en la creación y difusión de imágenes, que construyan o refuercen el sentido de los mensajes, bien sea por la conservación del status quo, bien sea por el cambio social. Venezuela hoy es territorio de la confrontación de dos grandes relatos: 1) Un gobierno preocupado por los más pobres asediado por acciones terroristas de una oligarquía de privilegiados y 2) Un pueblo enfrentado a un gobierno autoritario, hoy transformado en una dictadura. Al momento de cerrar esta columna la narrativa que se estaba imponiendo, y holgadamente, era la segunda.

Por su propia concepción, el gobierno bolivariano se creó como un gran aparataje burocrático que dependía, orgánica y comunicacionalmente, de un centro. Durante mucho tiempo este esquema fue eficaz, se contaba con un orador carismático -Hugo Chávez- y abundantes recursos para aceitar redes clientelares estatales. Su ausencia dejó al “Proceso” sin su mejor y único comunicador, por lo que hoy prospera el desconcierto en sus filas. Maduro es un pésimo orador. Los esfuerzos estatales para posicionarse en redes sociales tienen patas cortas. No es un problema de recursos sino de la libertad necesaria, a lo interno de su comunidad, para generar libre interacción. Como un elefante en una cristalería, los mensajes de su nodo central -Maduro-, lo que hacen es consolidar precisamente los valores del movimiento que se le opone.

Las multitudes en movimiento de indignación, a pesar de ciertos episodios puntuales, sigue siendo una acción colectiva masiva enmarcada en la no violencia. Las estrategias de protesta privilegiadas (marchas y concentraciones) han transmitido, de manera fidedigna, el carácter masivo del rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, fortaleciendo el significado “somos mayoría”. El chavismo, a duras penas, logró una concentración en Caracas mientras el resto del país se movilizaba en su contra, falseando escandalosamente la cifra de su congregación: 3 millones para una avenida que no alberga 200 mil manifestantes. Cuando está llena, y ese 19 de abril rojo no era el caso.

Quien es mayoría y quien minoría ha sido ratificado por las imágenes. El resto de la pugna simbólica es del lado de quién está la violencia. Las fotos y videos de la señora y el hombre desnudo enfrentados, en su soledad a la tanqueta de la represión, han dado la vuelta al mundo. Su eficacia comunicacional ha sido tal que ha obligado a la dictadura a replantearse su estrategia de confrontación frontal, Plan Zamora mediante. Cada día que pasa nuevos fotogramas indelebles suman a la lucha por la democracia. Esto ha sido, precisamente, una de las virtudes de la estrategia pacífica asumida por quienes se resisten tanto a la dictadura como a abandonar la calle. @fanzinero (Tal Cual)

Venezuela: aikido y derechos humanos

El actual conflicto venezolano resulta similar al aikido, el arte marcial en el que para vencer se utiliza en su contra la fuerza del oponente. En octubre de 2016, cuando se había logrado el consenso de multitudes y la comunidad internacional para la realización de un referéndum revocatorio para dirimir la crisis, voceros de la oposición asistieron, improvisadamente, a una mesa de diálogo de la cual se levantaron con la idea de «elecciones generales adelantadas». El gobierno se benefició del error táctico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró así dinamitar la confianza de sus bases de apoyo, mientras se generalizaba el sentimiento de desilusión. Meses después, para castigar a una Asamblea Nacional que aprobaba una declaración de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el gobierno formalizó el proceso de sustitución de sus competencias en dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Aunque la neutralización del Parlamento se realizaba por la vía de los hechos desde un año antes, con escaso costo político para Miraflores, su registro formal generó una ola de rechazo que incluyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Los partidos políticos opositores lograron recomponer la confianza, en esta oportunidad, por un traspié del chavismo, en una ola de protestas que continúa hasta el momento de escribir esta columna.

El gobierno bolivariano se ha debilitado en 2017 más como consecuencia de su soberbia ciega que por resultado de la agenda política opositora. En el plano internacional, una torpe diplomacia encabezada por Delcy Rodríguez le ha restado apoyos que hasta hace poco se debatían entre la ambigüedad y la cautela. Uruguay ha sido el caso más llamativo. A comienzos de abril, Nicolás Maduro acusó al canciller de ese país de acordar con Estados Unidos los ataques contra Venezuela, una sugerencia inaguantable para un presidente salido de las filas de la izquierda. «Si [Maduro] no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas, y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira», expresó el presidente Tabaré Vázquez. El cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela no solo sumó al proceso de activación de la Carta Democrática, sino que despejó la ruta para iniciar acciones diplomáticas similares en el Mercosur, donde las decisiones, según los estatutos, se toman por consenso. La credibilidad del jefe de Estado caraqueño se erosiona tras cada declaración llena de fantasía. El 19 de abril, ante una concentración en apoyo a su gestión, calculó la asistencia en «tres millones de personas», en una avenida de Caracas que, repleta –lo que no ocurría ese día–, tenía capacidad para albergar no más de 200.000 personas. En 2017, las debilidades comunicacionales del gobierno parecen tener como origen la misma causa que se había diagnosticado para la oposición a finales de 2016: la ausencia de olfato para captar correctamente la realidad.

Rupturas

No obstante, la actual ola de protestas no es una simple extensión de los ciclos de movilización antichavistas de años anteriores. Luego de la peor derrota del bolivarianismo en el poder, en las elecciones parlamentarias de finales de 2015, con casi dos millones de votos por debajo de sus oponentes, el chavismo tomó la decisión de crear un modelo de gobernabilidad aún más autoritario ante la pérdida del apoyo popular. Su piedra fundacional fue la sustitución de la Constitución por una legalidad que le confería al presidente poderes absolutos, bajo el nombre «Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica». Seguidamente el árbitro electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, suspendió irregularmente la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente y detuvo de manera indefinida las elecciones que debían realizarse en diciembre de 2016 para las 24 gobernaciones regionales. Progresivamente, fue quitando competencias a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que la legitimación del proceso vía sentencias generó el descontento público de la fiscal general de la República, quien las calificó como la «ruptura del hilo constitucional» y abrió así la caja de Pandora. La aparición de fracturas dentro del bloque oficialista ha sido aprovechada por la oposición: una de las consignas más populares es las movilizaciones es «Lo dijo la fiscal, ustedes son golpistas». Y como si fuera poco, todo esto sucede teniendo como gran telón de fondo una de las peores crisis económicas que recuerden los venezolanos, con una inflación superior a 600%, escasez de alimentos y medicinas y evaporación del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera –según las propias cifras oficiales– un porcentaje de personas en situación de pobreza mayor que la existente cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez. Según los propios datos del gobierno, cuya rigurosidad ha sido puesta en cuestión, casi la mitad de los venezolanos se encontrarían en situación de exclusión.

Continuidades

La ola de protestas ha sido respondida por las autoridades recordando los peores patrones de abuso de poder de ciclos de movilización anteriores. Además de prohibir que las movilizaciones lleguen al centro de Caracas –sede de los poderes públicos–, se evidencia un uso desproporcionado de gases tóxicos prohibidos por la Constitución, disparos de perdigones a corta distancia, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, robo a manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, así como la violación del debido proceso para, cuando se cerraba este texto, más de 1.200 personas detenidas en todo el país por protestar, en cifras del Foro Penal Venezolano. Según los datos de Provea, 20 personas han perdido la vida en contexto de manifestaciones. Para aumentar la crispación, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela como Diosdado Cabello y Pedro Carreño han mostrado en televisión un folleto en el que aparecen nombres, fotografías y direcciones de líderes políticos y sociales de oposición, que según afirman habría sido distribuido a militantes del oficialismo. «El pueblo sabe dónde tiene que ir», declararon ante las cámaras.

Paramilitares “de izquierda”

La situación continúa deteriorándose tras la decisión de Maduro de activar el llamado “Plan Zamora”, una estrategia militar de ocupación del territorio que incorpora, explícitamente, la actuación de grupos de civiles armados. Se trata de lo que desde el chavismo se denomina «colectivos» y que las organizaciones de derechos humanos han definido, lisa y llanamente, como «paramilitares». Durante el primer día de actuación del Plan Zamora, el 19 de abril, en 22 de los estados donde ocurrieron movilizaciones se documentó la actuación de «colectivos» en 16 de las regiones. Los videos los muestran desplazándose en motocicletas, con el rostro cubierto con capuchas y disparando armas de fuego.

La actuación de los «colectivos», en un contexto de violencia e inseguridad ciudadana que ubica a Venezuela dentro de los países más peligrosos de la región, puede agravar su ya delicada situación en derechos humanos. La noche del 20 de abril, ocho zonas de Caracas, incluyendo algunas que eran consideradas hasta hace poco como «territorios del chavismo», protagonizaron batallas contra las autoridades, que incluyeron saqueos a establecimientos comerciales.

La crisis podría tener su salida menos traumática si Maduro y su entorno permitieran la realización de elecciones. En el aikido en que se ha convertido esta situación haría falta un elemento: la desvinculación pública de la intelectualidad izquierdista internacional que durante mucho tiempo apostó por el proyecto bolivariano. Algunos han dado el primer paso (Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Clifton Ross), pero muchos de quienes saben que las cosas no van bien por el país caribeño han optado por el silencio. ¿Permitirán que el peso simbólico de su opinión sea utilizado por quienes buscan llevar a Venezuela a un momento diferente de su historia? (Publicado en Nueva Sociedad)

Diplomacy and interventionism

Rafael Uzcátegui
(Translation by Johnny Graterol.
https://medium.com/@jgratero/diplomacy-and-interventionism-bc4a617cf5e1)

There are people, some of them honestly convinced of it, for whom the actions of the Organization of America States regarding Venezuela’s situation is “interventionist”, an attack on the sovereignty of the country one should reject. This opinion seems to not know the difference between the different regional agreements subscribed by nation-States, some covering several aspects regarding human rights, and the unilateral decisions taken by one government against another, that could indeed be considered interventionism in their internal affairs.
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Diplomacia e Injerencia

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Rafael Uzcátegui

Hay personas, algunas convencidas honestamente de ello, que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela es “injerencista”, un ataque a la soberanía del país que habría que rechazar. Esta opinión desconoce las diferencias entre los acuerdos regionales suscritos por los Estados, varios con alcances en derechos humanos, y las decisiones unilaterales de un gobierno contra otro, que sí podrían calificarse como injerencia en sus asuntos internos.

La raíz de esta discusión tiene que ver con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Este instrumento, de manera similar al reconocimiento progresivo de los derechos humanos, fue una conquista de las luchas populares no una concesión de los Estados. Durante muchos años se reprochó a la OEA no haber tenido una actuación decidida frente a las dictaduras militares en la región. El final de la Guerra Fría no acabó con los gobiernos autoritarios en América Latina, quienes se vieron obligados a guardar ciertas formalidades en su deseo de perpetuarse en el poder. Fue así como surgió la primera dictadura moderna en Perú, en 1990, con la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori. Fue la presión del movimiento social contra el fujimorismo, incluyendo al movimiento de derechos humanos, que obligó a las diferentes instancias de la OEA a tener un mayor protagonismo en la condena de sus excesos y en la restitución de la democracia. La discusión sobre la necesidad de creación de un protocolo de actuación regional se aceleró luego de la experiencia de Fujimori, por lo que no fue una casualidad que su aprobación se realizara en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001. Por ello puede calificarse como una conquista de los movimientos sociales opuestos a la dictadura, que obligaban a la OEA a tener que actuar, sin los titubeos de antaño, frente a las rupturas del orden constitucional, independientemente de la ideología detrás del autoritarismo.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario.

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