Crítica a la “visión crítica”

rafael uzcateguiRafael Uzcátegui

En la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, actualmente en difusión por el gobierno, llama la atención la frase “Visión Emancipadora, Crítica y Alternativa” (VECA) de los DDHH, la cual cruza transversalmente la propuesta de más de 60 páginas. Esta curiosa necesidad de adjetivar los DDHH proviene de un grupo de activistas e intelectuales que durante la década de los 90´s integraron las organizaciones del área, pero que desde 1998 forman parte de la burocracia bolivariana, a distintos niveles. Estas personas han dedicado sus esfuerzos a varias áreas. Una ha sido promover lo que denominan “visión crítica” de DDHH. A esto nos queremos referir.

Es legítimo y democrático que los venezolanos promuevan las propuestas ideológicas que bien entiendan, que hagan proselitismo y que intenten ganar todos los apoyos y adhesiones posibles. Lo que no es honesto es que, por medio de una “viveza”, impongan su visión parcial al resto de la población. Si usted se toma la molestia de leer la propuesta completa del Plan Nacional de DDHH –no el tríptico, no el encarte resumido en prensa-, podrá constatar que la frase VECA se repite 23 veces en el texto. Todo un “bachaqueo” ideológico.

¿Qué es la VECA? No se sabe. El buscador Google apenas ofrece 1 (léase “un”) resultado, y es el propio documento del Plan. Al ser una frase vacía, la propia propuesta establece que será en la ejecución del Plan que se llenará de significado: Se destina dinero para investigaciones, encuentros y propaganda de la VECA. Incluso, un premio para el activista más VECA del año. El único texto hoy disponible de acceso público es “Los derechos humanos desde el enfoque crítico”, una recopilación de textos de los críticos de la Defensoría de la época de Gabriela del Mar Ramírez. De ese libro, cito: “Sólo la sociedad socialista, en tránsito hacia la sociedad comunista, puede garantizar el cabal ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos”. Como tal espíritu se repite en el conjunto de los autores, conluyo: La VECA es el eufemismo para la lectura marxista sobre los DDHH, que en los tiempos post-ideológicos que vivimos no se atreve a presentarse como tal. Reitero: Cultivar esta visión es lícito y respetable. No lo es imponerla como una política pública estatal para quienes no coinciden con ella. Si el Plan se aprueba como está, sería desarrollar la discriminación bajo el maquillaje “derechos humanos”.

El sectarismo no es lo único cuestionable. También lo es falsear la historia, el contexto y el propio desarrollo de los DDHH. No es verdad que Latinoamérica sigue siendo amenazada por “el neoliberalismo” –cuando los Estados han recuperado su capacidad regulatoria y de atracción de capitales-; Es mentira que los “liberales” han monopolizado los DDHH, cuando cientos de militantes de izquierda han sido parte de sus luchas; Es ficción argumentar “conspiración” como causante de la primacía de los derechos civiles sobre los sociales en décadas pasadas, días de dictaduras militares. Por último, como demuestra la URSS, China o Cuba, es simplemente delirante hoy creer que el marxismo sea la receta mágica para la dignidad humana. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Minestrone y Caracazo

Rafael Uzcátegui

Cuando se cumple el 23avo. aniversario del Caracazo es pertinente recordar las paradojas inherentes a, según lo invocado por el minestrone historiográfico oficial, uno de los hechos fundacionales del llamado “proceso bolivariano”. Lo primero es la impunidad que aún rodea a la masacre. Recordamos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció 14 acciones a realizar por el Estado venezolano. De este abanico apenas se han cumplido las correspondientes a las reparaciones materiales e indemnizaciones a los familiares de las víctimas por los diferentes gobiernos hasta la fecha. Y a pesar de ciertos avisos que han asegurado que la administración actual “ha cumplido” con la sentencia, esto es falso. La justicia, como sabemos, no se reduce al pago de dinero si no se sancionan los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. Este es el primer ítem de los resolutivos de la sentencia de la CIDH. Incoherencia de un gobierno que afirma estar cerca del humanismo y lejos de las gratificaciones materiales: Intentar convencer que ampliar la lista de beneficiarios de los cheques es un sucedáneo de la justicia.  Esto nos lleva a las posibles responsabilidades en uno de los casos más vergonzosos de violación de derechos humanos en la Venezuela contemporánea.

A pesar que el discurso oficial intente enfocar exclusivamente las culpas en el presidente y el ministro de defensa de la época, una investigación transparente señalaría la cadena de mando militar que hizo la sangría posible: Desde el alto mando militar, los oficiales subalternos hasta los soldados que descargaron contra los indefensos las ráfagas de ametralladoras. Como ejemplifican las investigaciones de masacres similares en otros países de la región, en el banquillo estarían sentadas las Fuerzas Armadas en su conjunto, rindiendo un testimonio bastante diferente a lo reflejado por Román Chalbaud en “El Caracazo”. Una tercera inconsistencia la constituye el hecho que los miembros del mayor partido de gobierno en el país fueron sus protagonistas, no como héroes sino como verdugos. Solamente recordar al mayor Felipe “El Catire” Acosta Carlés, muerto en los hechos y parte del movimiento originario del hoy presidente Chávez. Como bien lo detalló Manuel Isidro Molina, en 1989 diputado y parte de una comisión investigadora “-El Catire- llegó disparando a diestra y siniestra, reventaba puertas de humildes viviendas y “peinaba” a balazos la zona –barrio La Antena, Coche-, con su grupo de soldados”. Por último, la insidiosa campaña de desprestigio realizada contra el puñado de mujeres, pioneras y constantes, en la denuncia de los excesos y agrupadas en Cofavic. La verdadera historia del 27F aún está por escribirse, no en tono de épica oficial, sino lo que verdaderamente fue: Una masacre realizada por militares. @fanzinero

Autoritarismo, derechos humanos y petróleo: Situación de los derechos humanos hoy en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El triunfo de un candidato outsider a la Presidencia de Venezuela, ocurrido a finales de 1998, despertó simpatías sin precedentes. Desde la vuelta en 1958 a la democracia en el país caribeño, dos partidos se habían alternado en el ejercicio del poder, estimulando un proyecto modernizador basado en la extensiva producción y venta de petróleo. Este populismo de conciliación de élites, como fue calificado por el investigador Juan Carlos Rey, mostraba su vigor a mediados de la década de 1970 tras la incorporación al juego democrático de los principales actores armados de las guerrillas de izquierda y en la nacionalización de la industria de hidrocarburos que motivó una bonanza económica conocida en la jerga popular como “época de las vacas gordas”. Pocos se imaginaban que el modelo naufragaría apenas 10 años después.

En 1982 la moneda local, el bolívar, experimentó una considerable devaluación frente al dólar, abriendo un periodo de crisis económica que, a su vez, catalizó la social, que se expresó violentamente el 27 de febrero de 1989. La aplicación de un paquete de medidas económicas de inspiración neoliberal generó pobladas y saqueos en diferentes partes del país. Las cifras oficiales contabilizaron 276 muertos, pero para diversas organizaciones sociales la cantidad real se duplicaba.

El “Caracazo” significó un momento de inflexión por dos razones: 1) la demostración fehaciente de la creciente ingobernabilidad democrática debido a la fragmentación del pacto social erigido en 1958; y, 2) la irrupción de una serie de nuevos actores sociales —ONG de derechos humanos, organizaciones vecinales, ambientalistas y estudiantiles— que, relacionándose a diferentes niveles, promocionan la urgente necesidad de un cambio. Varios años continuos de conflictos, que incluyen la inhabilitación del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, crearon las condiciones para que, a finales de la década, una generación diferente de funcionarios tomaran las riendas del Estado, fundando expectativas similares al fin de la hegemonía partidista del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México.

Los primeros años del bolivarianismo

El presidente Hugo Chávez abrió su periodo presidencial con la convocatoria a una Asamblea Constituyente a la que se incorporaron, de manera intensa, las organizaciones de derechos humanos. Es así como la Carta Magna resultante, aprobada en 1999, incluye muchas de sus recomendaciones en lo que sería un texto constitucional ampliamente garantista en materia de derechos sociales, lo que fue saludado y reconocido por organizaciones ciudadanas de todo el orbe.

Una segunda consecuencia positiva fue la popularización, como nunca antes, del discurso sobre derechos humanos entre amplias capas de la población. El reto era, a la par de continuar poniendo en sintonía la legislación venezolana con los estándares internacionales, hacer realidad los derechos tal como estaban establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Primer Mandatario no administró con sabiduría su amplia popularidad y comenzó a mostrar signos de intolerancia, mofándose de las primeras movilizaciones de cuestionamiento a sus políticas de reforma en el sector educativo y adjetivándolas, en un discurso transmitido por televisión a todo el país, como “escuálidas”. Esto sería el inicio de una forma de gobernar caracterizada por la exclusión.

Con razón o sin ella, pero ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente bajo la criminalización, aquellas primeras docenas de manifestantes fueron creciendo hasta sumar el millón de personas que en abril del año 2002 intentaron, infructuosamente, llegar hasta el Palacio de Gobierno en un confuso incidente que originó 19 muertos y cientos de heridos, tras el cual un grupo de empresarios y militares interrumpió, el 12 de abril, el hilo constitucional, derogando la Carta Magna aprobada tres años antes y proclamando a Pedro Carmona como presidente. El golpe de Estado duró solo 24 horas.

En este contexto, y ante la posibilidad de ser removido mediante la convocatoria a un referéndum presidencial —un derecho incluido en la nueva Constitución—, el Ejecutivo Nacional diseñó las llamadas “Misiones”, una serie de políticas sociales de corto impacto con el que lograría extraordinarios avances en el combate a la pobreza en el país. De las 21 misiones ejecutadas hasta la fecha, las más promocionadas han sido las destinadas a educación, salud y alimentación.

En el año 2008, según el Informe Escolar 2008 de la ONG Campaña Mundial por la Educación, Venezuela presentaba algunos de los mejores indicadores de América Latina en materia educativa, con un aumento significativo en sus índices de alfabetismo, matrícula, disponibilidad de establecimientos escolares y prosecución escolar, entre otras. Por su parte, la Misión Barrio Adentro mostraba para el año 2006 un evidente incremento de la atención primaria, mediante la presencia de más de 13.000 médicos en 4.600 módulos edificados en barrios populares. En el caso del derecho a la alimentación, el Ejecutivo promocionó una red de mercados, denominados Mercal, con alimentos pertenecientes a la canasta básica a precios regulados, que en su primer año de funcionamiento (2003) benefició a más de medio millón de personas. La cifra se elevó cinco años después, en el periodo de mejor funcionamiento del Mercal, a 13 millones de personas. Esta amplia cobertura incidió en el aumento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, así como en una reducción del 20% en la cantidad de familias en situación de pobreza entre los años 2004 y 2006.

Sin embargo, otras misiones arrojaron resultados contraproducentes. La Misión Villanueva y la Misión Hábitat, destinadas ambas al sector Vivienda, no pudieron amortizar la histórica deuda social en la materia, un déficit calculado en tres millones de unidades habitacionales. Año tras año el Gobierno incumplía sus propias metas de construcción; además, algunas iniciativas como la promoción de cooperativas con participación comunitaria fueron permeadas por vicios institucionales y corrupción. De esta manera el presidente Chávez se ha convertido en el segundo primer mandatario del periodo democrático con el menor promedio de construcción de viviendas por año.

Crisis económica y conflictividad

Si bien las misiones impactaron positivamente en el corto plazo a la población de menos recursos, diversas organizaciones expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de una transformación estructural que garantizara el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Carta Magna. Además, alertaron sobre la ausencia de una planificación que hiciera sustentable en el tiempo dichas políticas sin afectarse por los vaivenes del mercado energético mundial.

En julio del año 2008 el petróleo venezolano alcanzó su cénit al cotizarse en US$122,40 el barril. Cuatro meses después se ubicaba a la mitad. La celebración de elecciones para gobernaciones y alcaldías, en noviembre del 2008, y, posteriormente, una enmienda constitucional en febrero del 2009, postergó la discusión de las posibles consecuencias para el país de la crisis económica global. Días después el presidente Chávez anunció un conjunto de medidas económicas, como la reducción del gasto público, el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la disminución de gastos suntuarios e innecesarios, así como la promulgación de una ley que limitaría los salarios percibidos por los funcionarios de alto rango en la administración estatal.

A pesar de los anuncios gubernamentales acerca de la no disminución de las políticas sociales, el incremento del 20% en el salario mínimo es inferior al índice de inflación, que solo en el sector alimentos se ubicó durante el año 2008 en 43%. Por otra parte, la situación de inseguridad ciudadana continuaba agravándose, cerrando ese mismo lustro la cifra de 14.467 homicidios en todo el país y un aumento en los últimos dos años de la cantidad de secuestros del 202%. Para complejizar más la situación, la prolongada sequía y la falta de inversión en el sector originaron una crisis en el suministro de energía eléctrica y agua, con lo que algunas ciudades comenzaron a experimentar interrupciones en el servicio de varias horas al día.

Este contexto potenció un aumento de la conflictividad y la movilización por exigencia de derechos. Durante los años 2004 al 2008, en medio de una aguda polarización, las manifestaciones estuvieron protagonizadas por demandas de rechazo y apoyo al Presidente. Por primera vez en varios años el 2009 transcurrió sin la celebración de actos electorales, con lo que algunos sectores sociales pudieron avanzar en la elaboración de una agenda propia y la recuperación de su autonomía. Éste fue el caso de los sectores sindicales, que durante ese año protagonizaron el 36% de las movilizaciones en el país por demandas laborales, para un total general de 3.297, un promedio de nueve al día, el número más alto de todo el Gobierno del presidente Chávez.

Esta beligerancia en ascenso aumentó a su vez el proceso de criminalización, y así se contaron en más de 2.400 los casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación pacífica. En lo que es un grave precedente, el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González fue privado de su libertad el pasado mes de agosto, tras apoyar una paralización de actividades en exigencia del cumplimiento de la contratación colectiva.

La respuesta de la sociedad civil

Diferentes leyes y reglamentos promulgados desde el año 2004 han venido limitando y revirtiendo las garantías constitucionales, por lo que en Venezuela se ha configurado un grave problema de institucionalidad democrática, con un aumento de la concentración de poder acompañada de una erosión de la independencia de los poderes. Sin embargo, la sociedad civil aún no logra articularse como un efectivo contrapeso. Los partidos políticos de oposición no sintonizan con las demandas populares, y, reacios al aprendizaje de las lecciones de la experiencia bolivariana, reinciden en mantener su dirigencia histórica. En un año de votaciones para los representantes a la Asamblea Nacional, previsiblemente se vigorizará la polarización política, no obstante lo cual algunos sectores sociales han desarrollado capacidad de mantener sus prioridades a pesar de la ‘electoralización’ de la dinámica general movimientista: los indígenas y ecologistas enfrentados a los proyectos de expansión carbonífera en la Sierra del Perijá, estado Zulia, así como las diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad, que en el estado Lara se enfrentan a la impunidad y la participación de funcionarios policiales y militares en delitos de diversa índole.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos tienen planteados diversos retos. Uno es su propia relegitimación como un actor social vinculado a las comunidades en conflicto con posibilidades de fortalecimiento y acompañamiento. En segundo lugar, una comprensión cabal, desde la perspectiva de derechos, de la vertiginosa realidad venezolana, con la consecuente posibilidad de incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Luego, ser un agente proactivo en la articulación social desde la base, así como en la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales. Por último, el desarrollo de nuevas estrategias y prácticas que permitan renovar el discurso sobre derechos humanos dentro de los diferentes escenarios.

(Colaboración para Revista Ideele, Perú, edición 198)

Reporte fotográfico: Exhumaciones en La Peste, Cementerio General del Sur Caracas, 1990

Algunas fotografías para recordar el proceso de exhumación realizado en el año 1990, el cual involucró directamente a los familiares de las víctimas y no contó con la presencia de funcionarios del Ejército, los cuales fueron sus verdugos.  Fotos cortesía Cofavic.

Carpa-Peste_web

Carpa Peste, levantada por los familiares

restos-La-Peste_webRestos La Peste: Refleja las exhumaciones del año 90.

Nichos_webNichos: Son los nichos en los que se encuentran los restos sin identificar de las víctimas del Caracazo.

Foto-carpa-web
exhumaciones--La-Peste_webExhumaciones La Peste: Refleja las exhumaciones del año 1990, con la participación activa de los familiares de las víctimas.

excavaciones-webExcavaciones, realizadas por expertos con la ayuda de los familiares

Encadenamiento_webEncadenamiento:Reseña el encadenamiento que realizaron familiares de COFAVIC en las puertas de Miraflores para que se abrieran las fosas comunes.

Casa-de-noche-La-Peste_webCasa de noche La Peste: Esa carpa se convirtió en una casita de bloques, que realizaron los mismos familiares, para custodiar mejor los restos.

Noticias que desinforman…

En este blog hemos puesto en ocasiones anteriores ejemplos de buena práctica periodística con Ultimas Noticias. Como hemos seguido el tema de las exhumaciones de las víctimas del Caracazo, esta vez el reporte realizado por este diario es confuso, por no decir deficiente informativamente.

Veamos los dos textos que ha publicado el diario sobre el inicio de las exhumaciones, en su edición del 22.09.09:

Texto 1
CARACAZO FISCAL GENERAL ESTUVO CUANDO EXCAVARON EL PRIMER NICHO

Exhumación por 27F desenterró protesta

Familiares agrupados en Cofavic rechazaron acto

ELIGIO ROJAS
erojas@cadena-capriles.com


UN_lapeste
Jueza Livys Azuaje leyó un acta antes de las excavaciones. GUSTAVO FRISNEDA

Caracas. Una bolsa negra fue lo primero que se vio cuando los expertos del Cicpc le quitaron el tabelón al nicho 62, terraza 6, ubicada en el sector La Peste del Cementerio General del Sur. Es el primer resto humano que se exhuma después de 20 años de las protestas que sacudieron al país a finales de febrero y principios de marzo de 1989. El Gobierno de entonces ordenó al Ejército salir a la calle para controlar los saqueos, dejando alrededor de 300 fallecidos, según cifras oficiales.

“No vamos a empezar hasta que no estén los familiares y abogados”, le decía la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al director de Actuación Procesal, Alejandro Castillo. “Ya vienen, ya vienen”, respondió éste secándose el sudor. A las 9:24 am, con una gorra blanca y un tapaboca en la mano, se le oyó decir a la jueza 32° de control de Caracas, Leivys Azuaje: “vamos a comenzar”; pero cuando ya iba leer el acta, se oyeron unos gritos. “No nos invitaron; no nos tomaron en cuenta”, decía llorando una señora alzando una pancarta junto a otras mujeres que, a nombre de Cofavic, protestaban la exhumación. “Nosotros sí somos los verdaderos familiares”, proseguía la mujer. “Esta es una falta de respeto”, le replicó desde otra acera Fresia Ipinza, una activista de los derechos humanos. En medio de ese palabreo, la jueza leyó el acta, mientras la vicefiscal Iraida Alfonso sofocaba el candelero.

“Nos vamos porque no vamos a avalar esto”, le dijo Iris Medina a la Vicefiscal. “Estamos en un país democrático”, espetó Alfonso tras solicitarle su celular. “Anote el de Cofavic”, contestó Medina. Al fondo se oían los martillazos sobre el primer nicho y el griterío de los fotógrafos peleándose por “quítate de allí”; “apártate pa’ lla” “dame un chancecito panita pa’ tomá la foto, vale”.

Texto 2
“Iremos más allá de lo que dice la sentencia de la Cidh”

Luisa Ortega Díaz dijo que están interesados en castigar esos “crímenes graves”

“Iremos más allá de lo que dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh)”, prometió ayer la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, antes de comenzar las exhumaciones en el cementerio general del sur. Esto lo dijo la Fiscal aludiendo a la sentencia de la Cidh que en agosto de 2002 condenó al Estado venezolano a indemnizar a las víctimas, exhumar e identificar los cadáveres enterrados en fosas comunes y culminar la investigación por los hechos del 27-F. “Somos personas con sensibilidad social interesados en que estos crímenes graves se castiguen”, recalcó la Fiscal, quien añadió que primero abordarán los 71 nichos distribuidos en 10 terrazas donde reposan cuerpos sin identificar exhumados entre 1990-1991.

“Posteriormente, vamos a abordar el espacio donde se presume fueron enterrados en fosas comunes los cadáveres”, acotó. José Gregorio Sánchez, de la Comisión Justicia y Paz de Petare, estuvo en las primeras exhumaciones de 1990.

Autoridades ausentes

Ayer fue al cementerio, desde donde recordó que de los 71 cadáveres desenterrados, “sólo tres se lograron identificar”
Todos los familiares
las víctimas del 27F y abogados de los imputados fueron convocados vía cartel por el Tribunal 32 de Control para las exhumaciones, aclaró la Fiscal General.

Vacías quedaron las sillas
que tenían reservadas al alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y al director del Cicpc, Wilmer Flores Trosel. Quien sí asistió fue el general Alirio Ramírez, jefe del Core-5.

64 profesionales participan
en las exhumaciones entre patólogos y odontólogos.

La noticia, además del inicio de la exhumación de un caso emblemático de violación a los derechos humanos, es que un grupo de familiares protestó el procedimiento, como lo indica el titular y el sumario. Sin embargo, en el desarrollo de ambos textos no se explica cuales fueron los motivos de este disentimiento, salvo un incidente menor sobre la falta de invitaciones, que en el segundo texto se refuta ante las declaraciones de que se había informado a través de los medios. Como podemos ver en los otros posts sobre el tema, la falta de “invitación” al inicio es el argumento menor de todos los señalamientos, que no fueron recogidos por el periodista y que hubieran justificado la forma como se tituló la noticia.

¿Exceso de trabajo?, ¿Falta de conocimientos sobre el tema?, ¿jerarquización de la versión oficial sobre otras versiones? No lo sabemos. Lo que si esta claro es que el periodismo venezolano continua en una crisis profunda de la que no desea, o puede, despertar.

Familiares de víctimas de El Caracazo protestan exhumaciones coordinadas por los asesinos -El Ejército-

cofavic_01

cofavic_02

Los cuervos siguen volando demasiado alto. En medio de las acusaciones de “golpistas”, un grupo de familiares se movilizaron hasta el sector La Peste del Cementerio General del Sur, para hacer tres exigencias:

1.  Dar cumplimiento pleno de la sentencia de reparaciones del caso El Caracazo, emitida el 29 de agosto de 2002 y que se permita la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a fin de acompañar el proceso de exhumación e identificación de victimas y la recolección de la prueba forense.

2. Mantener informadas a las víctimas y a sus representantes de todas las actuaciones que pretendan hacer en cumplimiento y ejecución de la sentencia, incluso permitiéndoles a estas participar activamente en dicho proceso.

3.  Al Ministerio Público que en aras de la imparcialidad del proceso se abstenga de utilizar recintos y personal de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en las fosas de la Peste.

La respuesta fue la burla y la criminalización. Como una particular metáfora, el Ejército, responsable de los asesinatos durante el Caracazo, es quien coordina y resguarda las osamentas en el proceso de exhumación, ante el silencio cómplice de los “revolucionarios” en el poder.

Presuntos responsables coordinarán exhumaciones en víctimas del Caracazo

En los últimos meses el Ministerio Público ha anunciado su disposición de adelantar las investigaciones sobre los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país en las décadas de los años 60, 70 y 80. Esta voluntad política evidencia una postura diferente a la que mostraron los gobiernos anteriores a los del presidente Chávez. Sin embargo la actuación de las instancias gubernamentales, además de buenas intenciones y discursos floridos sobre respeto a los derechos humanos, debe realizarse de manera transparente, mediante procedimientos que despejen cualquier sombra de parcialidad o instrumentalización política de los casos.

Seguir leyendo “Presuntos responsables coordinarán exhumaciones en víctimas del Caracazo”