Javier Torres: En Venezuela hay una dictadura como la que sufrió Perú bajo el Fujimorismo

Rafael Uzcátegui, con apoyo de Daniel Klie

Javier Torres, antropólogo peruano y activista de derechos humanos, estuvo recientemente en Venezuela para reunirse con sus colegas de las organizaciones del país y compartir la experiencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDH) en la resistencia contra la dictadura fujimorista. Torres es directivo de la ONG Servicios Educativos Rurales y es analista político para la revista Poder y el portal Lamula.pe. En el año 2012, cuando se inició el juicio contra Alberto Fujimori, era el Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, desde donde se promovió una estrategia jurídica y de movilización ciudadana para lograr ponerlo bajo la justicia.

– ¿Cuáles son las principales semejanzas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Alberto Fujimori?

– Son muchas. Para que haya democracia en un país tiene que haber separación de poderes, prensa libre, tienes que tener elecciones libres. Hay otros elementos, pero estos son los fundamentales. Tanto en el Perú de Fujimori como en la Venezuela de Maduro no hay separación de poderes. Las leyes de excepción que se van dando, las mismas modificaciones o violaciones que estos gobernantes realizan, configura un escenario dictatorial, allí hay una clara semejanza.

Lo otro tiene que ver con un tema de libertad de expresión, que es un factor que tiene que darse bajo determinadas condiciones. El hecho que haya elecciones no garantiza que exista una democracia si el sistema electoral no cumple con los deberes mínimos que deben tener, por ejemplo los calendarios electorales. Un sistema electoral tiene que ser previsible y no debe estar sometido a los caprichos del rol ejecutivo, que es un poco que pasa en Perú y lo que uno percibe en Venezuela. Me parece que lo que tenemos aquí es una dictadura como la que sufrimos nosotros.

Lamentablemente hay sectores que no aceptan esta visión porque hay una perspectiva demasiado conservadora para calificar una situación como “dictadura”. El poder y el Estado pueden funcionar pero no necesariamente son autónomos, que exista un poder judicial no quiere decir que la ley sea igual para todos. En ese sentido hay un trato a la oposición venezolana que no responde a estándares mínimos.

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Dictaduras modernas

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Rafael Uzcátegui

Una comparación entre las experiencias peruanas (Alberto Fujimori) y venezolana (Nicolás Maduro) nos permite hacer una primera caracterización sobre las dictaduras modernas en América latina:

– A diferencia de las dictaduras tradicionales, que llegaban al poder mediante un golpe de Estado militar, las dictaduras modernas llegan al poder mediante elecciones.

– Promueven un proceso de “refundación” del Estado a partir de la aprobación de una nueva Constitución.

Erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario.

– El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a las decisiones arbitrarias y para la criminalización de la protesta y persecución de la disidencia.

Construyen, retórica y legislativamente, un “enemigo interno” que les permita aprobar estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales: Perú guerra al terrorismo, Venezuela guerra económica.

Militarizan el sistema de administración de justicia y utilizan los tribunales militares para enjuiciar a civiles.

– No prohíben, de manera absoluta, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, asociación, manifestación y libre expresión, utilizando las amenazas y agresiones selectivas, las sanciones administrativas y el uso de los tribunales para castigar la crítica y la disidencia.

– Controlan el poder electoral, erosionando su autonomía, y realizan comicios sólo cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables.

– Criminalizan los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos y se retiran de la competencia de tribunales internacionales.

– Utilizan los medios públicos tanto para justificar sus actuaciones arbitrarias como para la criminalización y el desprestigio. Este control de lo que se comunica incluye mecanismos de neutralización contra los medios privados que van desde la creación de medios paralelos, la compra de medios, el hostigamiento y la imposición de medidas administrativas que al aumentar la dependencia del Estado alienta mecanismos de autocensura.

-Realizan un esfuerzo de cooptación de organizaciones sociales que son puestas a su servicio para usarlas en labores político-partidistas e, incluso, como informantes de los organismos de inteligencia.

– A diferencia de las tradicionales, las dictaduras modernas no promueven las desapariciones forzadas masivas debido al alto costo político que generarían. Por el contrario, quienes son considerados antagónicos son neutralizados de manera selectiva. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

Seguid el ejemplo…

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Rafael Uzcátegui

El principal valor que tiene una organización de derechos humanos es su propio prestigio, construido a partir de la veracidad de sus denuncias y su cuidado en el uso del lenguaje para caracterizar hechos y situaciones. Desde 1988 Provea ha trabajado en base a los principios en derechos humanos, independientemente del color y signo del gobierno de turno. Fue así como, en 1993, visitamos a Hugo Chávez en Yare para constatar su situación de privación de libertad. Ese mismo año asesoramos al sindicalista Nicolás Maduro, por hostigamiento a su libertad sindical. En el 2002 repudiamos el golpe de Estado y solicitamos medidas cautelares de protección para Tarek William Saab y el propio Hugo Chávez. Y posteriormente, condenamos todas y cada una de las violaciones de derechos humanos ocurridas en sus gobiernos.

Con el rigor que nos caracteriza, luego de 28 años de trabajo en la promoción y vigencia de los derechos humanos, desde el pasado 20 de octubre de 2016 hemos calificado al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, una del siglo XXI. Ese día se cumplieron las amenazas realizadas por altos voceros del Ejecutivo en varias oportunidades, incluyendo al primer mandatario, de no permitir elecciones hasta que el gobierno pudiera ganarlas. Por ello consideramos que no nos encontramos ante una simple dilación de los procesos electorales, por motivos jurídicos, sino ante un aplazamiento indefinido. Si bien la posibilidad de votar no es lo único que define a una democracia, definitivamente la inexistencia de elecciones impide calificar a cualquier gobierno de democrático.

Nos encontramos ante dictaduras adaptadas a los nuevos tiempos, gobiernos que llegan al poder mediante las elecciones pero que usan los mecanismos de la democracia para asfixiarla y perpetuarse en el poder

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Nodos y Redes: Chavín de Huantar: La soledad de los principios

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Rafael Uzcátegui

Era diciembre de 1996 y muchos vimos por televisión, en tiempos pre-internet, la toma de la embajada de Japón en Lima por parte de un Comando de 14 miembros del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), cuando se realizaba una fiesta por el natalicio del Emperador Akihito. Luego de liberar algunos rehenes, entre ellos la madre del por entonces presidente Alberto Fujimori, el grupo de apresados sumaba 72 personas. Las peticiones del grupo eran varias, pero la principal era la liberación de 400 miembros del MRTA que se encontraban en cárceles peruanas. Casi 4 meses después, luego de varios intentos de negociación, el gobierno toma la decisión de retomar la sede diplomática por la fuerza. Luego de una planificada operación, que incluyó excavación de túneles y seguimiento de los emerretistas mediante diferentes tecnologías, 142 soldados comando ingresaron a la residencia asesinando a todos los guerrilleros. Aquella fue la última acción del MRTA, quien languideció tras el asesinato de su líder Nestor Cerpa Cartolini.

Cuando faltan dos años para cumplir el 20avo aniversario de lo que se conoció como la operación “Chavin de Huantar”, y la mayoría de los peruanos desean pasar la página de la guerra interna en su país, las organizaciones de derechos humanos del país no sufren de amnesia, sino todo lo contrario. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) asegura que aquel 22 de abril varios de los sorprendidos insurgentes se habían rendido ante el ejército peruano. Y sin embargo, fueron ajusticiados. Y como no existe pena de muerte en el Perú, estos funcionarios habrían cometido violaciones al derecho a la vida. APRODEH, al no conseguir justicia en los tribunales del país, ha recorrido el camino del llamado Sistema Regional de Protección a los DDHH. Tras ser evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso pasó, en el año 2011, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha anunciado que en el segundo semestre de 2015 emitirá su veredicto, lo cual ha reavivado la polémica y ha puesto a los defensores de derechos humanos en la mira de la opinión pública.

De la homofobia al terrorismo

El MRTA no fue igual a Sendero Luminoso. Según el informe de la Comisión por la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), fueron responsables del 1.5 por ciento de las víctimas fatales reportadas. “El MRTA –asegura la CVR- reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil, se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. Sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones criminales”. Si bien cuantitativamente no fue lo cruel de Sendero Luminoso (responsable del 54% de las víctimas totalizadas), cualitativamente las fronteras son menos claras. El 31 de mayo de 1989, un grupo de seis emerretistas ingresó al bar ‘Gardenias’ en el Asentamiento Humano “9 de Abril” de la ciudad de Tarapoto, en la selva Amazónica peruana. Los subversivos aprehendieron a ocho ciudadanos a los que acusaron de delincuencia y colaboración con las Fuerzas Armadas y Policiales, a los que asesinaron. La verdadera motivación, como luego se reivindicó, era la condición homosexual y transexual de varios de ellos. En febrero, en la misma población, una persona fue asesinada por el MRTA y su cuerpo fue abandonado, exhibiendo el cartel “Así mueren los maricones”.

En el expediente del caso la CIDH afirma “la Comisión reconoce que la Operación Chavín de Huántar, tenía como objetivo legítimo el proteger la vida de los rehenes (…) La CIDH no es ajena al hecho de que el secuestro de agentes diplomáticos y de civiles atenta contra principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y tiene presente asimismo que las personas bajo poder del MRTA se encontraban expuestas a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal”. No obstante, se apunta: “Las tres personas ejecutadas -Eduardo Cruz, Herma Meléndez y Víctor Peceros- se encontraban en custodia de agentes estatales y, al momento de la ejecución, no representaban una amenaza para sus captores. Luego del Operativo, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del MRTA fueron remitidos al Hospital Policial y, sin haber practicado una autopsia adecuada, los restos fueron enterrados horas después en diferentes cementerios de la ciudad de Lima, once de ellos como NN”.

Polémica al rojo vivo

Sobre la posible decisión de la Corte IDH el ministro de Justicia peruano, Gustavo Adrianzén, señaló “Todo me hace pensar que en los próximos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] va a absolver al Estado Peruano de toda responsabilidad que traerá una definitiva absolución de los comandos Chavín de Huántar”. En la acera de enfrente Pancho Soberón, fundador de APRODEH comentó para Nodos y Redes: “La justicia peruana ha reconocido que hubo, por lo menos, un caso de ajusticiamiento, así que menos de eso no puede sentenciar la Corte IDH”. La posibilidad de una sentencia contra el Estado peruano, por la actuación de quienes hoy son considerados “héroes de la patria”, ha encendido las redes sociales del país, volviendo a ventilar las acusaciones contra los activistas de “defensores de terrucos –terroristas-“ y contra la Corte IDH de ser “protectora del terrorismo marxista”. Algunos voceros políticos han sugerido, incluso, la posibilidad que el país se retire de las competencias de la Corte, siguiendo por cierto el mal ejemplo de Venezuela.

A pesar de la visceralidad que está tomando la discusión en la sociedad peruana, sin embargo hay voces tan informadas como prudentes. En un texto Rafael Rodríguez Campos refuta la versión que asegura que la Corte IDH “declarará inocentes a los terroristas”: “la CIDH no cuestiona la legitimidad del Operativo Chavín de Huántar ni el valor de los comandos (…), sino la responsabilidad del Estado Peruano al no garantizar la vida de los tres terroristas –por lo menos uno de acuerdo a nuestra propia Corte Suprema-  que habiendo sido capturados y estando rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Sea cual sea la decisión de la Corte IDH los defensores del Perú han reivindicado el duro trabajo en defensa de la dignidad humana en contextos complejos, así como el estoicismo de mantenerse en la soledad de sus principios. (Publicado en Contrapunto.com)

Los enemigos de la CIDH

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Venezuela no ha sido el único país que ha intentado promover su salida de los mecanismos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) para la defensa de la dignidad humana en la región. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido blanco de ataques en diferentes momentos de su trayectoria. Sin embargo, al conocer motivaciones y compañeros de ruta, es indefendible formar parte de la lista.

En el año 2007, después de 7 años que el Estado salvadoreño había sido sentenciado por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por parte de la CIDH, y las presiones para cumplir con sus recomendaciones aumentaban, su presidente Antonio Saca realizó diligencias para retirar al país de la CADH. Según documentos difundidos a posteriori, la gota que derramó el vaso fue la exigencia de retirar el monumento al fundador del partido Arena Roberto d’Aubuisson, autor intelectual del asesinato de Romero según la Comisión de la Verdad, del municipio de Antiguo Cuscatlán. Otra recomendación realizada porla CIDH, que preocupaba a muchos funcionarios militares del país, era la derogación dela Leyde Amnistía que otorgaba impunidad a los crímenes estatales ejecutados durante la guerra civil. Con el argumento que esta petición suponía un “peligro para el país”, una “violación a su soberanía” y la implosión de los acuerdos que habían permitido la pacificación del país, el gobierno salvadoreño promovió diferentes delegaciones para intentar revertir la sentencia y amenazar con la potencial salida del país de la CIDH.
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Bibliografía mínima sobre el Perú contemporáneo

Hace unos meses tuve la dicha de pasar tres semanas en Perú, un país que no sólo me atraía por su fecunda actividad cultural y literaria, sino por sus avatares como sociedad, aderezados por una de las guerrillas más sanguinarias del continente, Sendero Luminoso, y la extensión de un gobierno populista y autoritario como fue el de Alberto Fujimori. Si bien menos de un mes era un breve tiempo para entender aquellos fenómenos, le pregunté a cuanta persona de referencia me topé que libros debería leer para tener mayores elementos de análisis. Si bien la lista fue larga, me decanté por aquellos en los que coincidía la mayoría de mis interlocutores, los cuales devoré frenéticamente hasta el día de hoy. En comparación con Venezuela, los libros son bastante accesibles y si se adquiere su edición pirata, los precios bajan hasta el ridículo.

Por si alguna persona interesada en estos temas le sirve, hare una breve reseña personal de cada una de las obras, que pueden considerarse una bibliografía mínima para entender ese misterioso y fascinante país llamado Perú.

– Gustavo Gorriti: “Sendero”. Editorial Planeta, reimpresión del año 2008. 426 páginas.
Este trabajo de investigación, publicado por primera vez en 1990, es una detallada cronología de los hechos alrededor del surgimiento de Sendero Luminoso, desde mediados de los 70´s hasta los últimos días del año 1980. Gustavo Gorriti es uno de los periodistas de investigación más respetados en el Perú, rigurosidad que le ha valiado diferentes amenazas de muerte y varias salidas del país. Inicialmente, Gorriti habia pensado hacer una detallada evolución de Sendero en tres tomos, a partir de los elementos que había recopilado en el terreno en su cobertura del tema para la revista “Caretas”, pero las propias vicisitudes políticas hicieron que la obra se condensara en un solo libro. Imprescindible para entender la evolución de la guerrilla, las estrategias de Abimael Guzmán para controlar el partido, las respuestas gubernamentales y las propias tensiones y disputas internas de la organización. El libro se puede leer en dos claves: como historiografía de una de las organizaciones armadas del continente y como cátedra de rigurosidad y periodismo investigativo.

– Ricardo Uceda: Muerte en el Pentagonito. Editorial Planeta, 2004. 401 páginas
Un segundo libro que demuestra la importancia de registrar los testimonios de las personas que vivieron y estuvieron cerca de los acontecimientos. El periodista Ricardo Uceda fue investigando y denunciando, en su tiempo, los crímenes del llamado “Grupo Colina”, responsables de varios crímenes de Estado en el contexto de la lucha antisubversiva. En este libro desarrolla el nacimiento, operación y desmantelamiento de la unidad, a través de la descripción de la vida de unos de sus agentes, que en el libro denomina Jesús Sosa, enriquecida con una labor de investigación en la que entrevistó a más de 150 protagonistas, entre mandos militares, agentes y miembros del propio Sendero Luminoso. El libro desarrolla las órdenes de ejecuciones decididas en el llamado “Pentagonito”, como se conocía a la sede del cuartel general del Ejército del Perú, y las revelaciones y coincidencias que permitieron revelar la verdad sobre hechos como La Cantuta y Barrios Altos.

– Umberto Jara: “Ojo por Ojo”. Página Uno Editores, 2007. 239 páginas
Umberto Jara es otro periodista que se la jugó por develar la verdad en los años oscuros del Perú, razón por la que tuvo que abandonar el país y terminar este libro en el exilio. El libro recoge las entrevistas que el autor realiza con Santiago Martín Rivas, miembro del grupo La Colina, en donde se describe la génesis y operación del grupo, así como la vinculación con su funcionamiento de las más altas esferas del poder en el país. Este libro complementa el anterior acerca del escuadrón que realizó algunas de las operaciones ilegales, desde el Estado, más conocidas de la época, el contexto de la política interior y exterior de Fujimori, y todas las negociaciones desde el poder para que los crímenes se mantuvieran impunes. Asimismo, es un intento de aproximarse fielmente a la manera de pensar y operar de los agentes encubieros, y su forma de racionalizar su enfrentamiento con la subversión.

– Sally Bowen: “El Expediente Fujimori: El Perú y su Presidente, 1990-2000”. Lima: Perú Monitor, 2000.
Anque Bowen es una periodista inglesa, ha vivido en el Perú desde 1988, desde donde reportaba la situación del país para varios medios internacionales. Este libro es un pormenorizado recuento de la figura de Alberto Fujimori, desde sus inicios hasta su meteórica carrera como presidente, tras vencer al candidato del “shock” económico Mario Vargas Llosa, un programa económico que el propio Fujimori aplicaría en su gobierno. El estilo de gobernar del “chino”, su relación con las masas empobrecidas del Perú, su decisión de disolver el congreso y su estrategia en la lucha antisubversiva, contado con lujo de detalle, que permite un acercamiento al gobernante populista y carismático que determinó la vida peruana durante una década.

– Sally Bowen y Jane Holligan: “El espía imperfecto. La telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos”. Ediciones Peisa, 2003. 504 páginas.
Si Bowen había realizado una primera aproximación a un personaje político peruano, en “El espía imperfecto” profundiza aun más la caracterización, esta vez retratando la figura de Vladimiro Montesinos. Uno duda de esos personajes cinematográficos que todo lo pueden, sin embargo, tras leer esta biografía del antiguo hombre fuerte del Perú, uno recuerda que la realidad puede superar a cualquier ficción. La obsesión por el poder desde su temprana juventud, su acercamiento con el estamento militar, los negocios, la estrategia de acorralamiento de los medios y creación de medios paraestatales, sus relaciones amorosas, su capitalización de la captura de Abimael Guzmán y la derrota de Tupac Amarú en la embajada de Japón, sus fobias y negocios turbios son descritos con una minuciosidad de espanto, hasta su caída y detención en Venezuela. El espía imperfecto es recomendada como la mejor obra sobre Montesinos escrita en los últimos años.

– Luis Rossell, Alfredo Villar y Jesús Cossio: “Rupay. Historias gráficas de la violencia en el Perú 1980-1984”. Ediciones Contracultura, 96 páginas.
Historias de los cuatros años mas cruentos de la guerra civil en el Perú que tenía como sus principales víctimas a la población indefensa. Como un aporte a la memoria, este comic relata algunos turbios episodios en clave de novela gráfica, como el linchamiento de periodistas ocurrido en el pueblo de Huaychao. Un relato debidamente contextualizado y sin concesiones a ninguno de los dos bandos en disputa, con la intención de abrir otras mirdas sobre aquellos crímenes, muchos de los cuales se mantienen en la impunidad. Una importante labor de investigación que precedió a las viñetas, con guión de los tres autores, ilustraciones de Jesus Cossio y entintado de Luis Rossell.

“El tema de los derechos humanos es consustancial a la existencia de una democracia”


Entrevista con Carlos Rivera, abogado peruano del juicio contra Fujimori
“El tema de los derechos humanos es consustancial a la existencia de una democracia”

Rafael Uzcátegui

En una reciente visita a la ciudad de Lima, Provea tuvo la oportunidad de conversar con Carlos Rivera, investigador del Instituto de Defensa Legal (IDL) e integrante del Consorcio Justicia Viva, uno de los abogados con mayor protagonismo en el proceso judicial contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori. El resultado ha sido un diálogo ilustrativo de la estrategia promovida por las ONGs peruanas en la década más dramática de su historia reciente, cuando el enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones armadas arrojó un saldo de 80.000 víctimas, escenario complejizado por la presencia de un gobierno autoritario que contaba con el respaldo popular. La entrevista, sin dejar de establecer algunas similitudes entre la situación del Perú de los años 90 y la Venezuela actual, testimonia una experiencia de la cual pueden extraerse algunas enseñanzas para la defensa de los derechos humanos en todo el continente.

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