Haciendo olas, esperando tempestades. Inventario libertario para el postchavismo


Rafael Uzcátegui
Desde la muerte de Hugo Chávez un estado de desconcierto se ha apoderado del país, especialmente para las diferentes fuerzas políticas que, inercialmente, continúan apostando al escenario electoral, la “legitimidad” de contar con mayoría de votos, como resolutivo providencial de la profunda crisis instalada entre nosotros. ¿En qué momento nos encontramos? Tras la muerte de Hugo Chávez existe el proceso de mutación de un poder unipersonal a uno representado por una cúpula dirigente, en un contexto signado por el desplome de popularidad del proyecto bolivariano –cuyo dato más visible fueron los votos obtenidos por Nicolás Maduro el pasado 14 de abril, el peor resultado electoral bolivariano hasta ahora en su historia-, severos cuestionamientos a la dirigencia de los dos bandos políticos en pugna y una aguda crisis económica. El gobierno tiene a Nicolás Maduro como figura principal hacia fuera, pero con su autoridad y capacidad de liderazgo cuestionado a lo interno del bolivarianismo. Maduro ha intentado balancear esta debilidad haciendo peso con la jefatura cubana, mientras es presionado desde diferentes flancos por los cuadros altos y medios de las Fuerzas Armadas venezolanas, ubicados en estratégicos puestos de control civil desde donde controlan todas las mercancías, legales e ilegales, que circulan por el territorio. Mientras el partido oficial, PSUV, comienza a transitar los vericuetos de los enfrentamientos intestinos, un Ejecutivo sin fuerza para promover el otrora arrollador proyecto del “Socialismo del Siglo XXI” intenta ganar tiempo de supervivencia: radicaliza en apariencia su discurso político mientras establece puentes con el empresariado privado para el aumento de la producción de alimentos, intentando desactivar uno de los principales vectores de descontento: El desabastecimiento.
Frente a esta situación ¿cuáles serían los escenarios posibles? Visualicemos dos. En el primero el Madurismo logra permanecer 6 años en un contexto de altos precios petroleros que le permiten, intermitentemente, inyectar recursos al tejido clientelar de las misiones sociales. Controlando los canales institucionales que permiten a su gobierno mantener un barniz democrático, apoyado en la disciplina –y la corrupción- de las Fuerzas Armadas y en un sector del empresariado privado, logra mantener a raya a sus críticos con los apelativos al “golpismo”, “el sabotaje” y “la traición”. En este escenario la figura de Hugo Chávez mostraría su efectividad como mito fundacional y cohesionador de buena parte del bolivarianismo.
Sin embargo, consideramos que es el segundo escenario el de mayor probabilidad de ocurrencia. En este, el chavismo experimenta una crisis terminal que a mediano plazo pondrá fin a su hegemonía del control político del país. La intensidad de la crisis económica cataliza o ralentiza la implosión del movimiento bolivariano mientras las diferentes tendencias ventilan denuncias de corrupción de sus contrarios. El sector más prágmatico del chavismo partidista establecerá canales de diálogo con un sector de la oposición, en aras de su longevidad en la administración futura de espacios de poder estatal. En cualquiera que sea el sentido que adopte la defenestración de Nicolás Maduro, los militares tendrán un papel protagónico y si la ingobernabilidad lo motiva, un sector promovería su renuncia mediante un golpe de Estado “constitucionalista”. En esta posibilidad quien sustituya a Maduro puede ser o un vocero de la oposición –no necesariamente Capriles- o un representante del chavismo, en una recomposición del cuadro político partidista que ha dejado atrás las coaliciones GPP y MUD.

Venezuela: La crisis de los liderazgos con pies de barro

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Los recientes resultados de las elecciones regionales en Venezuela, donde la opción oficialista alcanzó 20 de las 23 gobernaciones en pugna, catalizan la crisis de los liderazgos polarizados que protagonizaron el llamado proceso bolivariano entre 1998 y el 2012. Lo más evidente de la jornada es el derrumbamiento del antichavismo mediático de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, como describiremos, la cuantía de sufragios ratifican a su vez los trances al interior del movimiento bolivariano ante la posibilidad de la desaparición de su líder del panorama político. Las consecuencias para los dos sectores abren un escenario inédito en la última década en el país: La necesidad de la emergencia de liderazgos sociales alternativos, construidos sobre ejes y referencias diferentes a los que han hegemonizado el conflicto durante el período de control bolivariano del país.

Polarización cupular en crisis

Durante todo el 2012 Venezuela estuvo a la expectativa de los resultados de la votación presidencial pautada el 7 de octubre, la cual favoreció la reelección de Hugo Chávez con un 55.07% de los sufragios y una diferencia de 1.599.828 votos con su principal contrincante Henrique Capriles. Este resultado significaba: 1) La ratificación del liderazgo de Hugo Chávez sobre amplios sectores de la población, y 2) La aprobación por la llamada “soberanía popular” del proyecto de gobierno 2013-2019 cuya principal novedad, respecto a la gestión anterior, era la promoción del llamado “Estado Comunal”. Si bien era cierto que la oposición había crecido electoralmente, respecto a las presidenciales del año 2006, más vigorosamente que el chavismo (Capriles obtuvo 2.298.838 votos más que el anterior candidato Manuel Rosales, mientras que Chávez aumentó sólo 882.052 votos), si esta tendencia se mantenía los opositores debían esperar 2 elecciones presidenciales más para alcanzar la primera magistratura del país.

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Participación bajo amenazas

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En la reciente presentación de su 23avo Informe Anual sobre la Situaciónde los Derechos Humanos, Provea alertaba acerca de los retrocesos registrados en el derecho a la participación. Además del paquete de leyes aprobadas en diciembre del 2010, que condicionan la incorporación de la ciudadanía a las políticas públicas a figuras no presentes enla Constitución, los propios informes de gestión oficiales, comola Memoriadel Ministerio de Comunas, ratifican que la participación se encuentra subordinada a la construcción del proyecto nebuloso denominado como “Socialismo del Siglo XXI”.

Estos cuestionamientos han sido validados por un reciente artículo de análisis publicado por el sociólogo venezolano Edgardo Lander en el sitio web Centro Tricontinental (www.cetri.be), bajo el título “El movimiento popular venezolano”. Hay que recordar que este científico social ha acompañado al proceso bolivariano durante su trayectoria, por lo que, a diferencia de las argumentaciones que construimos desde sectores sociales no estatizados, difícilmente se podrían ignorar sus razones calificándolas de “imperialistas”.
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Venezuela y las elecciones en Perú

Rafael Uzcátegui
(Colaboración para el periódico Acción Directa de Perú)

Desde hace una década, una polarización tramposa y estéril ha protagonizado el panorama político venezolano: Por un lado quienes sostienen que el llamado “proceso bolivariana” es la vanguardia de la revolución mundial en la actualidad, y del otro, aquellos que acusan al gobierno liderizado por el presidente Chávez de “castro-comunista” y miembro de un gaseoso “eje del mal”. Si bien entre estos dos extremos existe una amplia cantidad de matices, es a través de este maniqueísmo -convenientemente amplificado por los medios- que desde la cuna de Simón Bolívar interpretamos no sólo nuestro devenir sociopolítico, sino también cualquier acontecimiento ocurrido más allá de nuestras fronteras. Esto es válido, especialmente para entender cómo desde las faldas del Mar Caribe seguimos las elecciones presidenciales en Perú. Los sesudos analistas venezolanos, de bando y bando, especulan sobre cuál victoria de las dos candidaturas en liza, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, fortalecerá o debilitará el proyecto bolivariano. Las conclusiones orbitan entre lo risible y lo patético. Por un lado, los opinadores antichavistas han enmudecido desde que su referente, el escritor Mario Vargas Llosa, ha anunciado su apoyo crítico a Humala, a quien consideraban franquicia del vocero único de la “revolución” chavista. Por otra parte, desde las agencias estatales y televisoras bolivarianas se cuestiona la candidatura de Keiko única y exclusivamente “por neoliberal”, obviando los temas relacionados a los derechos humanos de la época fujimorista-montesinista.

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Entrevista en El Nacional: “Todo liderazgo carismático tiene fecha de caducidad”

Edgar López
El Nacional, 02.01.11

Para afirmar que el proceso político liderado por Hugo Chávez no es una revolución sino un espectáculo, que puede alegrar o entristecer a un aforo extendido por la globalización, Rafael Uzcátegui contrasta las palabras con los hechos: durante los últimos 11 años no se ha roto con el esquema de país sujeto al petróleo y “cada vez que el Gobierno afirma que su política petrolera es de carácter soberano y antiimperialista, profundiza su relación comercial con empresas transnacionales”.

Desde el título, Venezuela: la revolución bolivariana como espectáculo, el libro invita a la desmitificación. Con el subtítulo Una crítica anarquista al gobierno bolivariano, adelanta su perspectiva del país y del mundo.

­– Mucho se ha escrito sobre, contra y a favor de Chávez. ¿Cuáles son los aportes de su libro? ­
– Intentamos analizar a Chávez desde su propio discurso. Es una confrontación de los postulados del chavismo desde una posición clara y abiertamente de izquierda.
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Cinco -primeras- impresiones sobre la Ley de Educación Universitaria

Rafael Uzcátegui

En el momento que este texto se escribe, la Asamblea Nacional realizaba la segunda discusión del proyecto de Ley de Educación Universitaria, un instrumento jurídico de importancia pues norma el sistema de educación superior en el país. El proyecto tiene múltiples aspectos positivos, como el mantenimiento de la gratuidad para las instituciones públicas, sin embargo adolece de muchas inconsistencias de forma y fondo que la hacen una ley inaceptable.

01
La primera es que ha sido un proyecto de ley que ha sido promovido, discutido y finalmente aprobado de manera elitesca y excluyente, contradiciendo cualquier noción acerca de la democracia participativa y protagónica. Su primera y segunda discusión se ha realizado en medio de una paralización de universidades como consecuencia de las lluvias en el país y, además, en fechas previas a los feriados de fin de año. El universo de interesados e interesadas directos de la ley no ha sido debidamente consultado por un lado, y por el otro, no se ha promovido un clima que permitiera una ley universitaria producto de un consenso entre sus diferentes actores. La falta de transparencia y opacidad ha creado el caldo de cultivo para la gran mayoría de las especulaciones sobre las motivaciones y objetivos de la ley. Además, en si misma, la metodología utilizada dista mucho de las idílicas nociones pedagógicas presentes en su redacción. Al mismo tiempo, la aprobación de la ley se realiza en un momento en que otros cuerpos normativos están siendo aprobados de manera atropellada y antidemocrática, aparejado a la aprobación de una Ley Habilitante que desconoce la voluntad popular expresada en las elecciones del 26 de septiembre. No se puede obviar que la Ley de Educación Universitaria se ha aprobado en el contexto de atribuciones dictatoriales por parte del Presidente de la República y una interrupción del hilo constitucional tan grave como el ocurrido en el año 2002.

02
La ley de educación universitaria impone inconstitucionalmente el socialismo. Y esto siguiendo la argumentación producto de la consigna difundida en el pasado por el presidente Chávez: “Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”. En la Carta Magna aprobada en el año 1999 no aparece por ninguna parte la palabra socialismo, y la propuesta realizada a fines del 2007 para adjetivar de “socialista” al Estado venezolano fue rechazada por los votos. En la propuesta de Ley de Educación Universitaria discutida por segunda vez aparecía el término “socialista” 9 veces, en diferentes sectores álgidos del texto. Por ejemplo cuando se define la educación universitaria como “un bien irrevocablemente público (…) en el marco de la construcción de una sociedad socialista”. O en el título de la sección tercera del articulado: “Desempeño, Servicio Comunitario y Contribución de la Educación Universitaria con el Modelo Productivo Socialista”. Y aquí no se trata de tenerle especial animadversión al adjetivo “socialista” –el mismo caso sería si el adjetivo fuera “libertario”-, sino que la imposición de este modelo en particular se ha realizado cupular y subrepticiamente, contrariando lo que se encuentra establecido en la Carta Magna de 1999, “la mejor constitución del mundo” según el propio Hugo Chávez y negando, de facto, la diversidad presente en la sociedad venezolana. Al establecer el “socialismo” como paradigma de la educación universitaria se termina empobreciendo el propio conocimiento generado en una comunidad que de por sí debería promover el debate y la confrontación entre las diferentes corrientes de pensamiento. Conocimiento que no dialoga con otros, necesariamente diferentes, es pensamiento que se estanca.

03
La ley introduce conceptualizaciones discrecionales y más propias del campo político que del propiamente pedagógico. ¿Qué significa una pedagogía universitaria “crítica”?, ¿Qué denota el “potencial liberador del ser humano”?, ¿De qué se emancipa la educación “emancipadora”?

04
La ley crea, por decreto y de manera artificial, nuevas instancias de gobierno en las universidades que hasta la ley no existían en ninguna parte, las cuales socavan la autonomía universitaria. Además impone a los estudiantes una serie de “deberes”, dentro de los cuales existen dos que no tienen nada que ver con su experiencia de aprendizaje: 1) “Contribuir con el fortalecimiento y defensa integral de la soberanía nacional” y 2) “Contribuir con el desarrollo de los planes estratégicos de la Nación”.

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Una ley no crea mágicamente un proceso social –En el promedio de los casos son los procesos sociales los que son institucionalizados a posteriori por una reglamentación-. La Ley de Educación Universitaria, que regirá a todas las universidades del país públicas y privadas, un universo estimado de XX personas, describe una situación que ni existió en los centros de estudiantes, escuelas, facultades o universidades controladas en el pasado por la izquierda, ni tampoco en micro en los centros de educación superior creados por el gobierno (UNEFA, UBV). Esta ley ideologiza un proceso complejo como es el educativo, desconociendo por ello cualquier experticia que intente resolver sus taras y limitaciones concretas en el mundo real. Lo que no pudo hacer la izquierda venezolana en su larga estadía en el mundo de educación superior, desarrollar emprendimientos pedagógicos progresistas o ganarse a la mayoría de la comunidad universitaria para un proyecto de este tipo, se intenta imponer con una ley salida de un laboratorio burocrático y cuyos contornos no han sido validados en ninguna parte.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (LDSPAN)

Rafael Uzcátegui

1) ¿Qué es la LDSPAN?
– La LDSPAN es un proyecto de Ley que, sin ningún tipo de divulgación o consulta previa, fue presentada en la agenda de discusión legislativa de la Asamblea Nacional el pasado lunes 12 de diciembre de 2010. Según su propia exposición de motivos “su ámbito de aplicación legal –son- las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas”. Asimismo, la ley persigue dos objetivos: 1) “proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas legalmente constituidas” y 2) “normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes”.

2) ¿La LDSPAN no tiene como objetivo impedir que los partidos políticos reciban apoyo extranjero para fines desestabilizadores?
– La LDSPAN tiene a los partidos políticos como uno de sus ámbitos a regular, sin embargo hace una definición de los actores que serán normados por dicha ley tan amplia que prácticamente engloba a todas las iniciativas sociales del país. El objetivo manifiesto de la LDSPAN es asfixiar a todas las organizaciones populares del país que no reciban salarios, subsidios o beneficios del gobierno o de la empresa privada nacional.

3) Mi organización no participa en elecciones ni tiene “fines políticos”. ¿También seremos normados por la LDSPAN?
– Sí. El artículo 3 de la LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas que realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderes públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una “organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos electorales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dicha ley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.

4) ¿Cuáles son los derechos políticos de la ciudadanía de los que se hablan en la LDSPAN?
– Si bien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como políticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son: el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación, ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63), el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos (66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as (67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio (69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios de los derechos anteriores serán normadas por la ley.

5) ¿No es lo “normal” que se exija que las organizaciones venezolanas se financien exclusivamente con dinero de los propios venezolanos y venezolanas?
– El artículo 4 de la LDSPAN exige que el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales. Sin embargo esta petición desconoce la propia historia de los movimientos sociales por la justicia social y la libertad en todo el mundo. Todas las iniciativas de cambio en el mundo han trascendido las fronteras y han puesto en práctica la solidaridad entre iguales: desde el propio movimiento independentista de Simón Bolívar hasta los emprendimientos revolucionarios y de construcción del socialismo durante todo el siglo XX. Incluso la candidatura del año 1998 del hoy presidente Hugo Chávez contó con grandes aportes económicos de fuera de Venezuela. El internacionalismo revolucionario y el derecho a la cooperación para la promoción de los derechos humanos son dos conquistas de la humanidad.

6) ¿Por qué debo preocuparme si los únicos que reciben donaciones del extranjero son los grandes partidos políticos de oposición?
– Los partidos políticos opositores no son los únicos que reciben aportes económicos internacionales. Muchas de las iniciativas sociales y populares que conocemos, desde Fe y Alegría y otras organizaciones de iglesia, pasando por los sindicatos, organizaciones ecologistas, indígenas y colectivos de izquierda no partidista reciben algún tipo de apoyo de sus organizaciones hermanas del exterior, especialmente cuando participan en redes regionales o globales de solidaridad y combate a la pobreza y las injusticias sociales. Desde el momento de aprobación de la LDSPAN ya no podrán recibir donaciones para su funcionamiento, para la impresión de sus publicaciones o administración de su sitio web o para asistir a eventos en el extranjero.

7) Si esto es así, ¿Por qué el diputado Mario Isea afirmó en televisión que la norma no prohibirá el financiamiento foráneo a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país?
– Porque miente. Todas las organizaciones de derechos humanos de Venezuela promueven la participación de los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercicio del control sobre los poderes públicos, por lo cual pueden ser calificadas de “organizaciones con fines políticos” y ser penalizadas por la ley.

8 ) ¿Cuáles serán los castigos para las “organizaciones con fines políticos por recibir ayudas económicas desde el extranjero?
– Según el artículo 6 serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes. Esto vale tanto para las organizaciones como para las personas naturales. También hay un castigo de inhabilitación política, entre cinco y ocho años, por reincidencia.

9) ¿Sólo serán penalizadas aquellas personas y organizaciones que reciban dinero del exterior?
– También serán castigadas aquellas organizaciones y personas que inviten a Venezuela a hombres y/o mujeres que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Por esto se establece una multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

10) ¿Esta ley no perjudicará también a las organizaciones de apoyo al gobierno bolivariano?
– Una ley penaliza a todas las personas y/o organizaciones sin distinción. Esta normativa prohíbe que el propio Partido Comunista Venezolano (PCV), El Militante, Marea Socialista, la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, APORREA, ANMCLA, Redes de mujeres bolivarianas y colectivos ecologistas bolivarianos, por nombrar algunas, reciban ayuda económica de activistas internacionales o puedan asistir a eventos fuera de Venezuela, salvo si sus pasajes son pagados por su propio bolsillo o por el gobierno bolivariano.

11) Si esta ley se aprueba, ¿cuál será el futuro de las organizaciones sociales?
– El trabajo de las iniciativas sociales se reducirá al mínimo, y con ellos los beneficiarios y beneficiarias de sus actividades, salvo que sean financiadas por el propio gobierno o la empresa privada.

Si desea descargar el proyecto de ley completo AQUI