Haciendo olas, esperando tempestades. Inventario libertario para el postchavismo


Rafael Uzcátegui
Desde la muerte de Hugo Chávez un estado de desconcierto se ha apoderado del país, especialmente para las diferentes fuerzas políticas que, inercialmente, continúan apostando al escenario electoral, la “legitimidad” de contar con mayoría de votos, como resolutivo providencial de la profunda crisis instalada entre nosotros. ¿En qué momento nos encontramos? Tras la muerte de Hugo Chávez existe el proceso de mutación de un poder unipersonal a uno representado por una cúpula dirigente, en un contexto signado por el desplome de popularidad del proyecto bolivariano –cuyo dato más visible fueron los votos obtenidos por Nicolás Maduro el pasado 14 de abril, el peor resultado electoral bolivariano hasta ahora en su historia-, severos cuestionamientos a la dirigencia de los dos bandos políticos en pugna y una aguda crisis económica. El gobierno tiene a Nicolás Maduro como figura principal hacia fuera, pero con su autoridad y capacidad de liderazgo cuestionado a lo interno del bolivarianismo. Maduro ha intentado balancear esta debilidad haciendo peso con la jefatura cubana, mientras es presionado desde diferentes flancos por los cuadros altos y medios de las Fuerzas Armadas venezolanas, ubicados en estratégicos puestos de control civil desde donde controlan todas las mercancías, legales e ilegales, que circulan por el territorio. Mientras el partido oficial, PSUV, comienza a transitar los vericuetos de los enfrentamientos intestinos, un Ejecutivo sin fuerza para promover el otrora arrollador proyecto del “Socialismo del Siglo XXI” intenta ganar tiempo de supervivencia: radicaliza en apariencia su discurso político mientras establece puentes con el empresariado privado para el aumento de la producción de alimentos, intentando desactivar uno de los principales vectores de descontento: El desabastecimiento.
Frente a esta situación ¿cuáles serían los escenarios posibles? Visualicemos dos. En el primero el Madurismo logra permanecer 6 años en un contexto de altos precios petroleros que le permiten, intermitentemente, inyectar recursos al tejido clientelar de las misiones sociales. Controlando los canales institucionales que permiten a su gobierno mantener un barniz democrático, apoyado en la disciplina –y la corrupción- de las Fuerzas Armadas y en un sector del empresariado privado, logra mantener a raya a sus críticos con los apelativos al “golpismo”, “el sabotaje” y “la traición”. En este escenario la figura de Hugo Chávez mostraría su efectividad como mito fundacional y cohesionador de buena parte del bolivarianismo.
Sin embargo, consideramos que es el segundo escenario el de mayor probabilidad de ocurrencia. En este, el chavismo experimenta una crisis terminal que a mediano plazo pondrá fin a su hegemonía del control político del país. La intensidad de la crisis económica cataliza o ralentiza la implosión del movimiento bolivariano mientras las diferentes tendencias ventilan denuncias de corrupción de sus contrarios. El sector más prágmatico del chavismo partidista establecerá canales de diálogo con un sector de la oposición, en aras de su longevidad en la administración futura de espacios de poder estatal. En cualquiera que sea el sentido que adopte la defenestración de Nicolás Maduro, los militares tendrán un papel protagónico y si la ingobernabilidad lo motiva, un sector promovería su renuncia mediante un golpe de Estado “constitucionalista”. En esta posibilidad quien sustituya a Maduro puede ser o un vocero de la oposición –no necesariamente Capriles- o un representante del chavismo, en una recomposición del cuadro político partidista que ha dejado atrás las coaliciones GPP y MUD.

Venezuela: La crisis de los liderazgos con pies de barro

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Los recientes resultados de las elecciones regionales en Venezuela, donde la opción oficialista alcanzó 20 de las 23 gobernaciones en pugna, catalizan la crisis de los liderazgos polarizados que protagonizaron el llamado proceso bolivariano entre 1998 y el 2012. Lo más evidente de la jornada es el derrumbamiento del antichavismo mediático de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, como describiremos, la cuantía de sufragios ratifican a su vez los trances al interior del movimiento bolivariano ante la posibilidad de la desaparición de su líder del panorama político. Las consecuencias para los dos sectores abren un escenario inédito en la última década en el país: La necesidad de la emergencia de liderazgos sociales alternativos, construidos sobre ejes y referencias diferentes a los que han hegemonizado el conflicto durante el período de control bolivariano del país.

Polarización cupular en crisis

Durante todo el 2012 Venezuela estuvo a la expectativa de los resultados de la votación presidencial pautada el 7 de octubre, la cual favoreció la reelección de Hugo Chávez con un 55.07% de los sufragios y una diferencia de 1.599.828 votos con su principal contrincante Henrique Capriles. Este resultado significaba: 1) La ratificación del liderazgo de Hugo Chávez sobre amplios sectores de la población, y 2) La aprobación por la llamada “soberanía popular” del proyecto de gobierno 2013-2019 cuya principal novedad, respecto a la gestión anterior, era la promoción del llamado “Estado Comunal”. Si bien era cierto que la oposición había crecido electoralmente, respecto a las presidenciales del año 2006, más vigorosamente que el chavismo (Capriles obtuvo 2.298.838 votos más que el anterior candidato Manuel Rosales, mientras que Chávez aumentó sólo 882.052 votos), si esta tendencia se mantenía los opositores debían esperar 2 elecciones presidenciales más para alcanzar la primera magistratura del país.

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Participación bajo amenazas

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En la reciente presentación de su 23avo Informe Anual sobre la Situaciónde los Derechos Humanos, Provea alertaba acerca de los retrocesos registrados en el derecho a la participación. Además del paquete de leyes aprobadas en diciembre del 2010, que condicionan la incorporación de la ciudadanía a las políticas públicas a figuras no presentes enla Constitución, los propios informes de gestión oficiales, comola Memoriadel Ministerio de Comunas, ratifican que la participación se encuentra subordinada a la construcción del proyecto nebuloso denominado como “Socialismo del Siglo XXI”.

Estos cuestionamientos han sido validados por un reciente artículo de análisis publicado por el sociólogo venezolano Edgardo Lander en el sitio web Centro Tricontinental (www.cetri.be), bajo el título “El movimiento popular venezolano”. Hay que recordar que este científico social ha acompañado al proceso bolivariano durante su trayectoria, por lo que, a diferencia de las argumentaciones que construimos desde sectores sociales no estatizados, difícilmente se podrían ignorar sus razones calificándolas de “imperialistas”.
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Venezuela y las elecciones en Perú

Rafael Uzcátegui
(Colaboración para el periódico Acción Directa de Perú)

Desde hace una década, una polarización tramposa y estéril ha protagonizado el panorama político venezolano: Por un lado quienes sostienen que el llamado “proceso bolivariana” es la vanguardia de la revolución mundial en la actualidad, y del otro, aquellos que acusan al gobierno liderizado por el presidente Chávez de “castro-comunista” y miembro de un gaseoso “eje del mal”. Si bien entre estos dos extremos existe una amplia cantidad de matices, es a través de este maniqueísmo -convenientemente amplificado por los medios- que desde la cuna de Simón Bolívar interpretamos no sólo nuestro devenir sociopolítico, sino también cualquier acontecimiento ocurrido más allá de nuestras fronteras. Esto es válido, especialmente para entender cómo desde las faldas del Mar Caribe seguimos las elecciones presidenciales en Perú. Los sesudos analistas venezolanos, de bando y bando, especulan sobre cuál victoria de las dos candidaturas en liza, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, fortalecerá o debilitará el proyecto bolivariano. Las conclusiones orbitan entre lo risible y lo patético. Por un lado, los opinadores antichavistas han enmudecido desde que su referente, el escritor Mario Vargas Llosa, ha anunciado su apoyo crítico a Humala, a quien consideraban franquicia del vocero único de la “revolución” chavista. Por otra parte, desde las agencias estatales y televisoras bolivarianas se cuestiona la candidatura de Keiko única y exclusivamente “por neoliberal”, obviando los temas relacionados a los derechos humanos de la época fujimorista-montesinista.

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Entrevista en El Nacional: “Todo liderazgo carismático tiene fecha de caducidad”

Edgar López
El Nacional, 02.01.11

Para afirmar que el proceso político liderado por Hugo Chávez no es una revolución sino un espectáculo, que puede alegrar o entristecer a un aforo extendido por la globalización, Rafael Uzcátegui contrasta las palabras con los hechos: durante los últimos 11 años no se ha roto con el esquema de país sujeto al petróleo y “cada vez que el Gobierno afirma que su política petrolera es de carácter soberano y antiimperialista, profundiza su relación comercial con empresas transnacionales”.

Desde el título, Venezuela: la revolución bolivariana como espectáculo, el libro invita a la desmitificación. Con el subtítulo Una crítica anarquista al gobierno bolivariano, adelanta su perspectiva del país y del mundo.

­– Mucho se ha escrito sobre, contra y a favor de Chávez. ¿Cuáles son los aportes de su libro? ­
– Intentamos analizar a Chávez desde su propio discurso. Es una confrontación de los postulados del chavismo desde una posición clara y abiertamente de izquierda.
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Cinco -primeras- impresiones sobre la Ley de Educación Universitaria

Rafael Uzcátegui

En el momento que este texto se escribe, la Asamblea Nacional realizaba la segunda discusión del proyecto de Ley de Educación Universitaria, un instrumento jurídico de importancia pues norma el sistema de educación superior en el país. El proyecto tiene múltiples aspectos positivos, como el mantenimiento de la gratuidad para las instituciones públicas, sin embargo adolece de muchas inconsistencias de forma y fondo que la hacen una ley inaceptable.

01
La primera es que ha sido un proyecto de ley que ha sido promovido, discutido y finalmente aprobado de manera elitesca y excluyente, contradiciendo cualquier noción acerca de la democracia participativa y protagónica. Su primera y segunda discusión se ha realizado en medio de una paralización de universidades como consecuencia de las lluvias en el país y, además, en fechas previas a los feriados de fin de año. El universo de interesados e interesadas directos de la ley no ha sido debidamente consultado por un lado, y por el otro, no se ha promovido un clima que permitiera una ley universitaria producto de un consenso entre sus diferentes actores. La falta de transparencia y opacidad ha creado el caldo de cultivo para la gran mayoría de las especulaciones sobre las motivaciones y objetivos de la ley. Además, en si misma, la metodología utilizada dista mucho de las idílicas nociones pedagógicas presentes en su redacción. Al mismo tiempo, la aprobación de la ley se realiza en un momento en que otros cuerpos normativos están siendo aprobados de manera atropellada y antidemocrática, aparejado a la aprobación de una Ley Habilitante que desconoce la voluntad popular expresada en las elecciones del 26 de septiembre. No se puede obviar que la Ley de Educación Universitaria se ha aprobado en el contexto de atribuciones dictatoriales por parte del Presidente de la República y una interrupción del hilo constitucional tan grave como el ocurrido en el año 2002.

02
La ley de educación universitaria impone inconstitucionalmente el socialismo. Y esto siguiendo la argumentación producto de la consigna difundida en el pasado por el presidente Chávez: “Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”. En la Carta Magna aprobada en el año 1999 no aparece por ninguna parte la palabra socialismo, y la propuesta realizada a fines del 2007 para adjetivar de “socialista” al Estado venezolano fue rechazada por los votos. En la propuesta de Ley de Educación Universitaria discutida por segunda vez aparecía el término “socialista” 9 veces, en diferentes sectores álgidos del texto. Por ejemplo cuando se define la educación universitaria como “un bien irrevocablemente público (…) en el marco de la construcción de una sociedad socialista”. O en el título de la sección tercera del articulado: “Desempeño, Servicio Comunitario y Contribución de la Educación Universitaria con el Modelo Productivo Socialista”. Y aquí no se trata de tenerle especial animadversión al adjetivo “socialista” –el mismo caso sería si el adjetivo fuera “libertario”-, sino que la imposición de este modelo en particular se ha realizado cupular y subrepticiamente, contrariando lo que se encuentra establecido en la Carta Magna de 1999, “la mejor constitución del mundo” según el propio Hugo Chávez y negando, de facto, la diversidad presente en la sociedad venezolana. Al establecer el “socialismo” como paradigma de la educación universitaria se termina empobreciendo el propio conocimiento generado en una comunidad que de por sí debería promover el debate y la confrontación entre las diferentes corrientes de pensamiento. Conocimiento que no dialoga con otros, necesariamente diferentes, es pensamiento que se estanca.

03
La ley introduce conceptualizaciones discrecionales y más propias del campo político que del propiamente pedagógico. ¿Qué significa una pedagogía universitaria “crítica”?, ¿Qué denota el “potencial liberador del ser humano”?, ¿De qué se emancipa la educación “emancipadora”?

04
La ley crea, por decreto y de manera artificial, nuevas instancias de gobierno en las universidades que hasta la ley no existían en ninguna parte, las cuales socavan la autonomía universitaria. Además impone a los estudiantes una serie de “deberes”, dentro de los cuales existen dos que no tienen nada que ver con su experiencia de aprendizaje: 1) “Contribuir con el fortalecimiento y defensa integral de la soberanía nacional” y 2) “Contribuir con el desarrollo de los planes estratégicos de la Nación”.

05
Una ley no crea mágicamente un proceso social –En el promedio de los casos son los procesos sociales los que son institucionalizados a posteriori por una reglamentación-. La Ley de Educación Universitaria, que regirá a todas las universidades del país públicas y privadas, un universo estimado de XX personas, describe una situación que ni existió en los centros de estudiantes, escuelas, facultades o universidades controladas en el pasado por la izquierda, ni tampoco en micro en los centros de educación superior creados por el gobierno (UNEFA, UBV). Esta ley ideologiza un proceso complejo como es el educativo, desconociendo por ello cualquier experticia que intente resolver sus taras y limitaciones concretas en el mundo real. Lo que no pudo hacer la izquierda venezolana en su larga estadía en el mundo de educación superior, desarrollar emprendimientos pedagógicos progresistas o ganarse a la mayoría de la comunidad universitaria para un proyecto de este tipo, se intenta imponer con una ley salida de un laboratorio burocrático y cuyos contornos no han sido validados en ninguna parte.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (LDSPAN)

Rafael Uzcátegui

1) ¿Qué es la LDSPAN?
– La LDSPAN es un proyecto de Ley que, sin ningún tipo de divulgación o consulta previa, fue presentada en la agenda de discusión legislativa de la Asamblea Nacional el pasado lunes 12 de diciembre de 2010. Según su propia exposición de motivos “su ámbito de aplicación legal –son- las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas”. Asimismo, la ley persigue dos objetivos: 1) “proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas legalmente constituidas” y 2) “normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes”.

2) ¿La LDSPAN no tiene como objetivo impedir que los partidos políticos reciban apoyo extranjero para fines desestabilizadores?
– La LDSPAN tiene a los partidos políticos como uno de sus ámbitos a regular, sin embargo hace una definición de los actores que serán normados por dicha ley tan amplia que prácticamente engloba a todas las iniciativas sociales del país. El objetivo manifiesto de la LDSPAN es asfixiar a todas las organizaciones populares del país que no reciban salarios, subsidios o beneficios del gobierno o de la empresa privada nacional.

3) Mi organización no participa en elecciones ni tiene “fines políticos”. ¿También seremos normados por la LDSPAN?
– Sí. El artículo 3 de la LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas que realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderes públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una “organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos electorales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dicha ley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.

4) ¿Cuáles son los derechos políticos de la ciudadanía de los que se hablan en la LDSPAN?
– Si bien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como políticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son: el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación, ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63), el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos (66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as (67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio (69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios de los derechos anteriores serán normadas por la ley.

5) ¿No es lo “normal” que se exija que las organizaciones venezolanas se financien exclusivamente con dinero de los propios venezolanos y venezolanas?
– El artículo 4 de la LDSPAN exige que el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales. Sin embargo esta petición desconoce la propia historia de los movimientos sociales por la justicia social y la libertad en todo el mundo. Todas las iniciativas de cambio en el mundo han trascendido las fronteras y han puesto en práctica la solidaridad entre iguales: desde el propio movimiento independentista de Simón Bolívar hasta los emprendimientos revolucionarios y de construcción del socialismo durante todo el siglo XX. Incluso la candidatura del año 1998 del hoy presidente Hugo Chávez contó con grandes aportes económicos de fuera de Venezuela. El internacionalismo revolucionario y el derecho a la cooperación para la promoción de los derechos humanos son dos conquistas de la humanidad.

6) ¿Por qué debo preocuparme si los únicos que reciben donaciones del extranjero son los grandes partidos políticos de oposición?
– Los partidos políticos opositores no son los únicos que reciben aportes económicos internacionales. Muchas de las iniciativas sociales y populares que conocemos, desde Fe y Alegría y otras organizaciones de iglesia, pasando por los sindicatos, organizaciones ecologistas, indígenas y colectivos de izquierda no partidista reciben algún tipo de apoyo de sus organizaciones hermanas del exterior, especialmente cuando participan en redes regionales o globales de solidaridad y combate a la pobreza y las injusticias sociales. Desde el momento de aprobación de la LDSPAN ya no podrán recibir donaciones para su funcionamiento, para la impresión de sus publicaciones o administración de su sitio web o para asistir a eventos en el extranjero.

7) Si esto es así, ¿Por qué el diputado Mario Isea afirmó en televisión que la norma no prohibirá el financiamiento foráneo a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país?
– Porque miente. Todas las organizaciones de derechos humanos de Venezuela promueven la participación de los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercicio del control sobre los poderes públicos, por lo cual pueden ser calificadas de “organizaciones con fines políticos” y ser penalizadas por la ley.

8 ) ¿Cuáles serán los castigos para las “organizaciones con fines políticos por recibir ayudas económicas desde el extranjero?
– Según el artículo 6 serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes. Esto vale tanto para las organizaciones como para las personas naturales. También hay un castigo de inhabilitación política, entre cinco y ocho años, por reincidencia.

9) ¿Sólo serán penalizadas aquellas personas y organizaciones que reciban dinero del exterior?
– También serán castigadas aquellas organizaciones y personas que inviten a Venezuela a hombres y/o mujeres que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Por esto se establece una multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

10) ¿Esta ley no perjudicará también a las organizaciones de apoyo al gobierno bolivariano?
– Una ley penaliza a todas las personas y/o organizaciones sin distinción. Esta normativa prohíbe que el propio Partido Comunista Venezolano (PCV), El Militante, Marea Socialista, la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, APORREA, ANMCLA, Redes de mujeres bolivarianas y colectivos ecologistas bolivarianos, por nombrar algunas, reciban ayuda económica de activistas internacionales o puedan asistir a eventos fuera de Venezuela, salvo si sus pasajes son pagados por su propio bolsillo o por el gobierno bolivariano.

11) Si esta ley se aprueba, ¿cuál será el futuro de las organizaciones sociales?
– El trabajo de las iniciativas sociales se reducirá al mínimo, y con ellos los beneficiarios y beneficiarias de sus actividades, salvo que sean financiadas por el propio gobierno o la empresa privada.

Si desea descargar el proyecto de ley completo AQUI

Venezuela: Terapia de choque para estatizar y disciplinar la vida cotidiana de la población

Rafael Uzcátegui

Con el argumento de contar con mayor eficacia para revertir las consecuencias de las copiosas lluvias de finales del 2010, las cuales han dejado un saldo de más de cien mil damnificados, el presidente Chávez ha solicitado a la Asamblea nacional le sea concedida una nueva ley habilitante que le permita gobernar, expeditamente por la vía ejecutiva, durante un período de 12 meses. Esta solicitud, sin embargo, viene acompañada de la exigencia a la propia Asamblea Nacional para que apruebe de manera extraordinaria, sin un amplio debate nacional que pudiera justificar los adjetivos “participativo” y “protagónico”, una serie de leyes que incidirán en el disfrute de los diferentes derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución de 1999.

El paralelismo anterior no es casual. Después de contar con un período, entre los años 2006 y 2008, de control casi total de los espacios de poder en el territorio nacional y un inusitado caudal de ingresos económicos por el alza internacional de los precios del petróleo, el proyecto político bolivariano se enfrenta al escenario, por lo menos formal, de tener que lidiar con una Asamblea Nacional con un importante sector controlado por los partidos políticos de oposición y, por otro lado, las consecuencias de una crisis económica que le impide desplegar, con el mismo énfasis, los mecanismos clientelares de años atrás. Después de una década de gobierno y con una agenda que ha priorizado la oferta ideológica sobre la resolución de los problemas concretos de la gente, la relación cualitativa entre los amplios sectores de apoyo popular y el presidente Chávez se ha transformado. El sustento, que anteriormente era de una fidelidad incontestable, se ha problematizado hasta niveles que han hecho tambalear el caudal de votos que pudieran asegurar la reelección en el año 2012. El descontento ha alcanzado cuotas tales que el año 2010 cierra como uno de los mayores lapsos de conflictividad en el país, registrándose, según el conteo de la ONG en derechos humanos Provea, más de 9 manifestaciones al día, de las cuales casi el 80% son por reivindicaciones sociales: falta de vivienda, ausencia de servicios básicos, malas condiciones de trabajo, entre las principales.
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Vivienda y damnificados

Las recientes lluvias han dejado un lamentable saldo de personas fallecidas y familias damnificadas que podía haberse minimizado si, en el país, existiera una clara política hacia el sector vivienda, por un lado, y se hubieran aprendido las lecciones generadas por la tragedia de Vargas, ocurrida en el año 1999. Como ha registrado año tras año el Informe Anual de Provea, familias que afirman ser damnificadas de aquella vaguada continúan demandando una política coherente y efectiva para resolver su precaria situación, protagonizando, ante la falta de respuestas, diferentes ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles a medio construir.

En los últimos años, ante la disminuida construcción de viviendas por parte de los entes públicos, se ha mantenido constante la cifra que afirmaba que del déficit habitacional de tres millones de casas, 800.000 correspondían a casas tipo “rancho” que debían ser sustituidas, y 1.000.000 a casas ubicadas en laderas, zonas de vaguadas y terrenos inestables de alto riesgo. Estas cifras eran conocidas y avaladas por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo las políticas desarrolladas hacia el desarrollo habitacional han tenido los peores resultados de todas las estrategias gubernamentales dirigidas a garantizar los derechos sociales.
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Preguntas frecuentes sobre la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar (LCAM)

Rafael Uzcátegui

1) ¿Por qué la LCAM es inconstitucional?

– Los artículos 1 y 6 de la LCAM establecen como un deber de todos y todas las venezolanas cumplir con el servicio militar, lo cual contradice el artículo 134 de nuestra Carta Magna, que determina: “Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, desarrollo y preservación del país…”. Nuestra Constitución es clara al estatuir como no obligatorio la prestación del servicio militar.

2) ¿Qué es el Registro Militar?

– La inscripción en el Registro Militar, según el artículo 55 de la LCAM vigente, es el primer paso de las y los venezolanos en edad militar para cumplir con el servicio. El artículo 56 lo describe como: “Los venezolanos y venezolanas de conformidad con la Constitución de la República, tienen el deber de inscribirse en la Junta de Conscripción más próxima a su residencia o domicilio, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en la cual cumplen la mayoría de edad”. Por su parte, el artículo 58 establece como un deber de las autoridades educativas de las instituciones públicas y privadas, así como las y los patronos, entre otros, el orientar y facilitar la inscripción en dicho registro.

3) ¿La Constitución establece como un deber la inscripción en el registro militar?

– La Carta Magna es el principal cuerpo jurídico del país, por lo que prima sobre la LCAM. En ninguno de los 350 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece o sugiere la obligatoriedad de inscribirse en el registro militar.

4) “Es falso que el servicio militar sea obligatorio, el registro sí lo es”

– Según la LCAM vigente después de la inscripción y registro, la autoridad militar procede a la clasificación de elegibles y no elegibles para la prestación del servicio. La normativa establece únicamente 6 excepciones para no ingresar a filas: A) Tener constancia de padecer enfermedad que impida la prestación, B) Padecer una enfermedad de manera permanente, C) Ser de estado civil casado o casada. D) Ser mujer embarazada, E) Ser único sostén de hogar y F) Tener una medida privativa de libertad firme o una condena penal definitiva. Si usted no cumple con ninguno de los 6 requisitos anteriores, según la LCAM, tiene la obligación de prestar el servicio militar.

5) ¿La LCAM implementará de nuevo “la recluta”?

– En ninguno de los 87 artículos de la LCAM se establece un procedimiento similar al conocido en Venezuela durante la década de los 80´s y 90´s como “la recluta”. Sin embargo, se modifica la forma y medida coercitiva para obligar a iniciar el procedimiento de conscripción, mediante el registro el cual establece una serie de multas. Quienes no se inscriban en el Registro Militar serán sancionadas y sancionados con el pago obligatorio de Bs. 780.  Para quienes no notifiquen cualquier cambio en la información de la base de datos castrense habrá penas de Bs. 390. Representantes de la administración pública que contraten personal sin exigir la documentación militar serán castigadas y castigados con una multa de Bs. 1.300. Y por último, cualquier autoridad civil que no coopere en el proceso será sancionada con Bs. 780

6) ¿Por qué hay tanta ansiedad y especulación con la LCAM?

– La LCAM entró en vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial el pasado 21 de octubre de 2009. Su disposición transitoria primera establece que las personas tienen un año para realizar su inscripción y evitar las sanciones. A su vez, no contó con un conocimiento y debate amplio en la sociedad antes de su aprobación y, posteriormente, no tuvo una debida campaña de información por parte del Estado que explicara su alcance y naturaleza. Por último, la obligatoriedad de prestar el servicio militar, como lo expresa los artículos 1 y 6, es inconstitucional.

7) “La Asamblea Nacional afirmó que la LCAM sería reformada, por lo que no hay motivos de preocupación”.

– Una ley es derogada o reformada no a partir de un mensaje de twitter, sino de la publicación de la misma en Gaceta Oficial. Hasta que esto no ocurra, continua vigente la LCAM que conocemos. En segundo lugar, los anuncios realizados por algunos asambleístas parecieran indicar que la LCAM será sólo modificada en algunos aspectos, como las penas por no registrarse o el plazo para realizarlo, sin tocar el problema de fondo: La obligatoriedad inconstitucional de prestar el servicio militar. La única manera en que dicha normativa sea acorde con la Carta Magna es estableciendo el carácter voluntario del servicio militar y establecer la objeción de conciencia como una excepción legítima para ser declarado “no elegible” para el Ejército. Mientras esto no ocurra, la denominada “renuencia” (artículo 61, LCAM) es la actitud ciudadana coherente con los derechos humanos expresados en la Constitución, así como en la búsqueda de una sociedad de paz basada en la justicia social, libertad y solidaridad entre iguales. (Correo del Caroní, 11.10.10)

 

 

Ecuador: Contra todo golpe de Estado (incluso los fingidos)

Rafael Uzcátegui

Como es del dominio público, el pasado 30 de septiembre, la policía ecuatoriana desencadenó una serie de hechos que tuvieron como punto álgido el secuestro del presidente Rafael Correa y sus declaraciones acerca de la promoción de un golpe de Estado en su contra. Hagamos aquí un paréntesis inicial para evitar malos entendidos y lecturas ligeras. Como anarquistas estamos en contra de todos y cada uno de los golpes de Estado realizados en la historia reciente de nuestro continente. Aquí no hacemos las distinciones que hacen otros. No hay golpes de Estado buenos y malos, ni militares progresistas y conservadores. Si bien existen las tendencias dentro de las Fuerzas Armadas, así como diferencias entre las dinámicas castrenses de país a país, los Ejércitos reaccionan por igual con “espíritu de cuerpo” y son un dispositivo que concentra todos los antivalores que rechazamos en tanto libertarias y libertarios. Por ello repudiamos con vehemencia, en cada una de las circunstancias, que los conflictos a resolver por la sociedad en su conjunto, y especialmente por las clases oprimidas, tengan la injerencia de quienes, estatalmente, monopolizan las armas y la violencia. Sin embargo este rechazo firme y contundente al golpe de Estado no es traducible, desde el anarquismo, con un apoyo tácito o estratégico al gobierno de turno. Y en este sentido Ecuador no es una excepción.

Todas las cronologías sobre los hechos colocan como desencadenante de la crisis ecuatoriana la rebelión de las fuerzas policiales, cuya motivación visible fue la pérdida de beneficios laborales como consecuencia de la aprobación, el día anterior, de la “ley de servicio público”, con la participación activa de la bancada parlamentaria correísta, la llamada “Alianza País”. La movilización policial y el caos, como era de esperarse, intentaron ser capitalizados políticamente por sectores del país desplazados del poder, como por ejemplo fuerzas alrededor del ex presidente Lucio Gutiérrez, los cuales –no dudamos un segundo-, si la espiral de hechos les hubiera favorecido habrían intentado un derrocamiento abierto de Rafael Correa de la presidencia. No sería ni la primera ni la última vez que políticos “demócratas” de la región azuzaran los vientos del golpismo si los aires les fueran favorables.

Si bien los hechos no son únicamente expresión de un cándido descontento popular, como lo quiere hacer ver un sector de los medios, no deja de ser cierto que a pesar de la popularidad de Correa hay razones para el malestar social. El comunicado de la CONAIE los resume en: 1) Ataque y deslegitimación sistemática de sectores populares organizados, 2) Carácter autoritario del gobierno en la promulgación de leyes y 3) Represión en contra de las movilizaciones críticas del modelo extractivista petrolero. Un segundo acierto del pronunciamiento indígena es que caracterizó el enfrentamiento como una pugna entre la vieja derecha –la desplazada por el poder- y la nueva derecha –la burguesía que florece amparada por el correísmo-. Este elemento es clave para el análisis.

Otra versión asegura al mundo que los hechos de Quito son el clásico golpe de Estado promovido por “la derecha” – con lo que Correa se encontraría ubicado “a la izquierda”- con el apoyo del imperialismo. Sin embargo esta explicación fácil, además de la retórica se sustenta en pocas evidencias. Como lo escribió Pablo Stefanoni: “Resulta difícil organizar un golpe sin apoyo de los militares, de al menos parte de la burguesía y de grupos de poder, entre ellos al menos algunos medios, y de sectores de la sociedad civil. Finalmente, no menos importante para un país pequeño, algún apoyo externo. Nada de esto hubo este jueves en Ecuador”.

Como bien nos recordó Stefanoni las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos son cordiales. El 8 de junio, -Hillary- Clinton fue recibida con gestos amistosos en Quito. El embajador de Ecuador en Washington, Luis Gallegos, resumió el evento a la agencia IPS. “Creo que esta visita es una muy mala noticia para la recalcitrante derecha ecuatoriana, que ahora no sabe lo que pasa, pero también para los ‘talibanes’ que desearían que el gobierno ecuatoriano no converse con Estados Unidos”. Correa y Clinton se tiraron varias flores. El ecuatoriano puntualizó que no abriga “ninguna animadversión” hacia el gigante del Norte. “Al contrario, es un país muy querido, en el que pasé cuatro de los más felices años de mi vida”, dijo, refiriéndose a sus estudios de doctorado en la Universidad de Illinois. “Estamos forjando un nuevo marco de relaciones. Estamos en el siglo XXI. Esto es el 2010. No vamos a poner el reloj para atrás”, respondió la estadounidense”. Por último, el pasado 5 de julio en Caracas el presidente Rafael Correa afirmó que los principales enemigos de su “Revolución Ciudadana” no era ni la “oligarquía” ni el “imperialismo”: “El mayor peligro para los socialistas no son los escuálidos ni los pitiyanquis (…) son los que toman nuestras banderas y con infantilismo ridículo toman nuestros discursos y le hacen daño. Hay que estar atentos con el izquierdismo infantil del todo o nada que es el mejor aliado del estatus quo”. Aquello era una clara alusión al movimiento indígena y ambientalista del centro del mundo, que ha venido cuestionando la fidelidad de Rafael Correa a las políticas extractivistas de recursos energéticos con destino el mercado global.

Al cierre de la presente edición de El Surco, el único pronunciamiento libertario conocido proveniente del propio Ecuador, es el de la organización “Hijos del Pueblo”. A pesar del uso de un lenguaje más leninista que anarquista (“-necesitamos-la conformación de un Partido de clase, una vanguardia revolucionaria, el fogueo entre las masas con un Programa Revolucionario…”) complejizaba la versión oficialista, amplificado por la izquierda autoritaria mundial, al deslizar que los hechos eran un golpe “bajo sospecha” o un “autogolpe, según las últimas reflexiones”. Asimismo concluía, como la CONAIE, que lo sucedido había sido una confrontación de naturaleza interburguesa y “luego de esto, es inevitable que el proceso ciudadano vuelva con más fuerza; a la vez que la cooptación, el fraccionamiento y desarticulación del movimiento popular, sería la combinación perfecta para generar control directo sobre las masas explotadas faltas de un referente partidario”. La promoción de una falsa polarización, mientras se cumple el rol asignado al país por el capitalismo globalizado, ha sido el núcleo del disciplinamiento y dominación de los países de América Latina que hoy son gobernadas por coaliciones autodenominadas “progresistas”.

Mientras esperamos otros aportes que iluminen e interpreten el 30 de septiembre ecuatoriano reiteramos el rechazo anarquista a todos los golpes de Estado (aunque sean simulados) y nuestro compromiso con la autonomía y beligerancia con las organizaciones sociales de base en conflictos con el poder. (Periódico El Surco, Chile, Octubre 2010)

Consejo Federal de Gobierno: ¿una participación de círculos cuadrados?

Rafael Uzcátegui

Una reciente noticia reflejada en la prensa nacional, afirmaba que para el presupuesto 2011 los gobernadores y alcaldes solamente percibirían como ingreso lo correspondiente al situado constitucional, recordemos un 20% de los ingresos ordinarios del país a repartirse entre las instancias. Hasta el año 2009, otras entradas correspondían a recursos como el Impuesto al Valor Agregado y regalías petroleras, como lo señalaba el artículo 167 de la Constitución, los cuales desde este año serán destinados a financiar la figura del Consejo Federal de Gobierno (CFG), cuya ley y reglamento fueron aprobados en febrero pasado.

Hay que recordar que el CFG es descrito en el artículo 185 de la Carta Magna como “el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios”. El mecanismo principal para este proceso es el Fondo de Compensación Interterritorial, “destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones”.

A pesar de lo positivo de sus postulados, profundizar la descentralización y la gestión de un desarrollo integral para el país, la propia implementación del CFG posee algunas paradojas que atentarían contra sus propios objetivos y pueden constituir regresiones en materia de derechos democráticos.
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