La amenaza del Arco Minero del Orinoco

 Rafael Uzcátegui

Imagínate que la totalidad del territorio de países como Cuba, Corea del Sur, Austria, República Checa o Suiza fuera destinado a la explotación de minerales. Que las minas fueran abiertas sin estudios de impacto ambiental o sin consultar previamente a los ciudadanos que serían afectados por esta actividad. Que para promover la inversión extranjera se dieran todo tipo de facilidades, incluyendo normativas laborales flexibles y a la medida de los inversionistas. Y que paralelamente a esta decisión el gobierno de cada uno las promueva a través de una instancia bajo el curioso nombre de “Ministerio de Minería Ecológica”. Lamentablemente esta posibilidad es una realidad en Venezuela, pues un territorio de 111.843 km 2, mayor a la extensión de todos los países anteriores, ha sido destinado en este país latinoamericano para la explotación extractiva, bajo el nombre “Arco Minero del Orinoco” (AMO).

Venezuela ha vivido de la explotación petrolera desde que la extracción de hidrocarburos superó, en la década de 1910, el cultivo y comercialización de café y cacao. Todos los proyectos de desarrollo han sido basados en la renta energética. Ahora, cuando existe una profunda crisis económica en este país, que está llevando a que muchos venezolanos busquen futuro en otras latitudes, el gobierno intente diversificar su naturaleza extractivista, en la expectativa de recibir altos ingresos económicos a corto plazo.

El 24 de febrero de 2016 fue aprobada la creación de la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, en una cantidad de terreno que equivale al 12,2% de la superficie de Venezuela. Esta zona se encuentra en el margen sur del río Orinoco, la principal fuente de agua del país, donde habitan 54.686 personas indígenas, según el último censo del año 2011, y una gran biodiversidad ecológica que tras esta decisión se encuentra amenazada.

Esta decisión se ha promovido ignorando los dos requisitos necesarios según la propia Constitución de Venezuela, aprobada en el año 1999. El primero de ellos, artículo 129, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Finalmente, artículo 120, la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitat indígenas. Las empresas que han mostrado interés en participar en el AMO son de nacionalidad canadiense, china, italiana y de la República Democrática del Congo.

El gobierno de Nicolás Maduro no ha escuchado las diferentes críticas realizadas contra este proyecto, de sectores indígenas, ambientales, derechos humanos y hasta de intelectuales del propio movimiento bolivariano, como Edgardo Lander. Las diferentes iniciativas que han alertado sobre el impacto del proyecto han sido criminalizadas desde el sistema nacional público de medios. Lamentablemente, la aguda crisis social, económica y política que padece el paiís suramericano ha eclipsado el proceso de movilización contra el proyecto, que incluye académicos, activistas medioambientales y de derechos humanos, indígenas, músicos y sectores del llamado “chavismo crítico”. Hay que elevar la voz, en todo el planeta, contra la imposición del AMO en Venezuela.

Berta Cáceres y Arco Minero del Orinoco

Rafael Uzcátegui (*)

Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Provea y Laboratorio de Paz emitimos un comunicado, que cito en extenso:

“Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela

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Minería canadiense y violencia en la región

El Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, (JCAP por sus siglas en inglés) es una ONG con sede en Toronto, Canadá, que trabaja con abogados voluntarios en apoyo a comunidades indígenas y campesinas en América Latina. Una de sus actividades es monitorear la actividad de las empresas mineras canadienses en la región, por lo que recientemente han publicado el informe “La marca Canadá: Compañías mineras canadienses y violencia en América Latina”, sólo disponible en idioma inglés. La investigación nos interesa porque empresas de esa bandera, Gold Reserve y Energol Mineral, son socias del Estado venezolano en el Arco Minero del Orinoco, lo cual genera preguntas sobre su posible comportamiento entre nosotros.

Los resultados sobre el nivel de violencia y criminalización, entre los años 2000 al 2015, fueron: a) Los incidentes involucraron a 28 empresas; b) 44 muertes, 30 de las cuales fueron clasificadas como selectivas; 403 heridos, 363 de los cuales ocurrieron durante protestas y enfrentamientos con cuerpos de seguridad; c) 709 casos de criminalización, que incluyen quejas legales, arrestos, detenciones y acusaciones judiciales; d) Una extendida distribución geográfica de violencia debidamente documentada: Muertes en 11 países, lesiones en 13 naciones y criminalización en 12 países.

Los datos recopilados por el estudio reflejan que el país con mayores víctimas es Guatemala, con 4 proyectos de explotación bajo mineras canadienses: 44 muertos, 4 desaparecidos, 403 lesionados, 15 abusados sexualmente, 196 bajo quejas y sanciones legales y 537 personas detenidas

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Allá y aquí: Resistencia al extractivismo

Rafael Uzcátegui

El río Missouri es la corriente de agua más grande de Estados Unidos, y para millones de personas, incluyendo varias de las comunidades indígenas que aún sobreviven en reservas, es su principal fuente de acceso al agua potable. El gobierno del país ha decidido construir el oleoducto Dakota Access, valorado en 3.7 mil millones de dólares, el cual cruzaría el río 800 metros por encima de la toma de agua de la reserva siux Standing Rock, en Dakota del Norte. Los indígenas siux iniciaron un proceso judicial contra la obra, alegando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos otorgó permisos para el proyecto sin evaluar de forma adecuada sus posibles consecuencias tanto para la calidad del agua como en los lugares sagrados de las indígenas. También argumentan que no se realizó ningún proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con los integrantes de la tribu.

Los Sioux de Standing Rock instalaron, a comienzos de abril de 2006, el primer campamento de resistencia y lo llamaron “Piedra Sagrada”. Rápidamente se convirtieron en cuatro campamentos, con más de 1.000 personas en vigilia permanente, la mayoría de ellas pertenecientes a pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. “El agua es vida” es la consigna de esta lucha pacífica contra el oleoducto que se construye para el transporte de crudo desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois. Cuando las máquinas excavadoras profanaron cementerios y otros sitios sagrados, decenas de indígenas se enfrentaron a la policía. Según un reporte de Amnistía Internacional del pasado 24 de agosto, 29 manifestantes habían sido detenidos en las últimas semanas. Días después la ONG emitía una acción urgente para pedir a las autoridades respetar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en Dakota del Norte: “El gobierno de Estados Unidos está obligado por el derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de los indígenas, como el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Es el legítimo derecho de las personas a expresar pacíficamente su opinión -dice la comunicación-. “Las reuniones públicas no deben ser consideradas como el ‘enemigo'”. La organización lamentaba que las autoridades hayan cortado el paso por la carretera, impidiendo que nuevas personas se sumaran a la protesta pacífica si así lo deseaban.

El reclamo de no haber sido consultados sobre el proyecto, realizado por los indígenas norteamericanos, los hermana con sus pares venezolanos, a quienes tampoco les preguntaron su opinión sobre el proyecto denominado “Arco Minero del Orinoco”

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Gamelote “ecosocialista”

Rafael Uzcátegui

La contraparte a lo que el pre-bolivarianismo cuestionó en los 90´s como “meritocracia” ha sido el voluntarismo ideológico, que en nuestros predios ha tenido consecuencias que todos y todas estamos sufriendo en los actuales momentos. Personas que sólo por su adherencia al partido de gobierno, y no por su experiencia en el tema, tomaron decisiones en cargos de importancia cuyas consecuencias afectaron a muchas personas. El menosprecio al conocimiento terminó afectando principalmente al proyecto que apoyaban, que en buena parte fue sostenido no por un cambio real de paradigmas sino por la abundancia de recursos económicos proveniente de la llamada “década de los commodities”.

Lo anterior viene a cuento por la defensa, no sorprendente a estas alturas, que varios próceres del bolivarianismo vienen realizando del proyecto Arco Minero del Orinoco. Entre el abanico se encuentra Jorge Arreaza, donde las notas de prensa lo muestran de gira por el estado Bolívar, transformando comunidades indígenas en pueblos mineros, todo en nombre de un curioso “ecosocialismo”. Ni Arreaza, ni el resto del coro, tienen idea de cuáles serán las consecuencias concretas del proyecto por la sencilla razón que no se ha hecho el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una de las condiciones que pone la Constitución para la promoción de iniciativas de tal envergadura. Todas las ofertas sobre minería ecológica y bombardeos humanitarios, a falta de la información técnica y los estudios de campo, son simplemente gamelote.

Un proyecto minero que intervendrá el 12% del territorio venezolano tendrá secuelas previsibles de diverso tipo. Al desarrollarse en las riberas del Orinoco, la primera cuestión a determinar sería el impacto en los recursos hídricos y en la erosión de suelos. El abanico de impactos suma y sigue: La calidad del aire,  vida silvestre y biodiversidad. No podemos olvidar las consecuencias sociales, la posible erosión en la forma de vida de las comunidades originarias, el desplazamiento y migración de personas, la perdida de acceso al agua potable y medios de subsistencia, secuelas sobre la salud pública y lugares sagrados, bienes históricos y sitios de interés cultural. Por último el aporte estimado al cambio climático del emprendimiento.

Un último detalle sobre el EIA. Un combustible que ha encendido la conflictividad regional en las multitudes opuestas al extractivismo ha sido que el diagnóstico haya sido realizado por instituciones que no generan confianza a la sociedad: Las empresas mineras o el propio gobierno, ambos interesados en que el negocio marche como miel sobre hojuelas. En el caso venezolano el EIA debería realizarse por un tercero respetado por el conjunto: Las universidades, por ejemplo.

No sabemos si la majadería podría ser considerada alguna vez un derecho. Lo que por ahora es cierto es que la ignorancia de unos puede poner en riesgo el derecho de todos a tener una Venezuela en el futuro que no se parezca a una gran cantera a cielo abierto. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Previa, libre e informada: El derecho a la consulta

consulta

Rafael Uzcátegui

El pasado 9 de agosto, a propósito de celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tres organizaciones sociales del país recordamos la efeméride haciendo énfasis en el apoyo al derecho a la consulta previa de las comunidades originarias. De esta manera el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Laboratorio de Paz y Provea presentamos el documental “Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas” y un informe sobre la situación de este derecho, a la par de contar con los valiosos testimonios de líderes indígenas del estado Bolívar y Zulia.
Recordemos que el derecho a la consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntar primero la opinión de los pueblos originarios antes de realizar proyectos económicos o actividades militares en territorios indígenas.

El informe describe todo el amplio marco normativo internacional que moldea este derecho. Por ejemplo el Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas posee dos instrumentos legales principales: 1) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y 2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007. Por su parte el Sistema Regional de protección en Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta con los siguientes mecanismos: Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informes temáticos e informes de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se hace referencia a la experiencia que poseen otros países de la región en la realización de consulta previa, de la cual se pudiesen extraer las enseñanzas necesarias.
En la parte nacional la propia Constitución es absolutamente clara cuando establece, en su artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos de los hábitats indígenas “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. Los artículos 53 al 61 del Capítulo VI de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas refuerzan esta garantía.

Lo que está haciendo Jorge Arreaza y su grupo de asesores en materia indígena en el estado Bolívar no se asemeja, ni de lejos, a lo que está establecido en la Carta Magna y en los pactos internacionales en materia de derechos indígenas. Arreaza está realizando asambleas informativas para transformar comunidades indígenas en pueblos mineros, y darle a esas reuniones de pocas horas la calificación de “consultas”

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Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas

Audiovisual donde se describe qué es el extractivismo y el impacto que ha tenido esta actividad en la economía venezolana, con testimonios de líderes indígenas, biólogos y activistas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Se expone como caso emblemático el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Producido por Provea, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y el Laboratorio de Paz. Realizado por Juan Pablo Núñez