Efecto chicharra

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Rafael Uzcátegui

Recientemente tuvimos la oportunidad de llevar a Barquisimeto el taller Barquisimeto el taller #SoyCivilNoMilitar, con el que estamos intentando posicionar en la opinión pública la necesaria desmilitarización de la sociedad venezolana. Nuestro anfitrión, además de la joven organización Funpaz, fue la Catedra Itinerante de Derechos Humanos de la UCLA, cuyo corazón es el sociólogo Nelson Freitez. Este larense, con amplio conocimiento del mundo cooperativo y solidario de base de los últimos años, nos explicó su interesante hipótesis sobre los aprendizajes del movimiento popular bajo el bolivarianismo. Para el científico social, la intervención y estatización del tejido social de los de abajo ha roto lazos, políticos y afectivos, que tardaron muchos años en edificarse, por lo cual las personas se habrían recluido en sus esferas privadas, en parte alentadas por la necesidad de sobrevivir a la crisis económica, y habrían renunciado, momentáneamente por lo menos, a la acción colectiva.

En lo anterior coincidimos con el sociólogo guaro, y hemos comentado en otra oportunidad todos los mecanismos y dispositivos que se han promovido, desde los ideológicos hasta los abiertamente coercitivos, para disciplinar a la población bajo un nuevo modelo de dominación, en sintonía con las necesidades del mercado globalizado de recursos energéticos. Sin embargo, lo novedoso es lo que Freitez denomina “Efecto chicharra”, y es que los cuerpos, como contenedores de nuestra subjetividad, se irían “cargando” –de frustraciones, malestares y resignaciones- hasta que la presión haría que las personas desahogaran las presiones, en un grito visceral prolongado, a semejanza del canto estridente de las chicharras, cuando los machos convocan al apareamiento. Este grito-desahogo estaría siendo canalizado por redes sociales –de allí la visceralidad de los mensajes- o en respuestas dramáticas como los linchamientos de presuntos delincuentes.

Si el objetivo del autoritarismo es controlar las mentes, y con ellas los cuerpos que las contienen, la resistencia debe pasar, también, por mecanismos para su liberación. Tomándole la palabra al activista del Centro Gumilla guaro nuestro consejo es que, antes de somatizar las frustraciones y desesperanza, o implosionar su cordura en el “efecto chicharra”, haga que su cuerpo libere tensiones mediante la acción colectiva, necesariamente con otros. Un movimiento social no es exitoso únicamente en caso que logre alcanzar sus objetivos reivindicativos. Los emprendimientos cooperativos logran construir una nueva identidad, un espacio de asociación comunitario que exorciza la soledad inmovilizadora de las islas y hace crecer la autoestima de sus participantes, en proceso subjetivo que ha sido malamente traducido del inglés como “empoderamiento”.

La depresión y el desencanto nunca han podido transformar realidades si no hay ocupación del espacio público, de las personas asociadas y en afinidad por deseos comunes. Pare de sufrir y libere el stress acumulado en su cuerpo, apuéstele a la acción colectiva. Nadie exigirá por usted lo que desea para su vida, este momento finito de la existencia. @fanzinero

 

La aridez de la solidaridad vertical

EvangelicosProtestaRafael Uzcátegui

El pasado 4 de agosto alrededor de 1500 personas evangélicas marcharon en Caracas para expresar su rechazo a la posibilidad que se legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo. La movilización, que llegó hasta la sede de la Asamblea Nacional, entregó 153 mil firmas para avalar la opinión de este sector contra lo que consideran “una aberración satánica”. A pocas cuadras de llegar a su destino, un puñado de activistas por la diversidad sexual, integrantes del universo bolivariano, realizaban una menguada contramanifestación. Estos promotores de la diversidad sexual habían alcanzado notoriedad en los últimos años, bajo el paraguas del Socialismo del siglo XXI. Días después, el 10 de agosto, informaban que las dos personas que habían postulado, por el llamado “poder popular”, a las candidaturas del PSUV a las elecciones de diputados y diputadas, habían sido excluidas de la fórmula electoral oficial. “Nosotros aquí en el PSUV perdimos una batalla contra la Homofobia” expresó Rummie Quintero, una de las que no logró su aspiración a optar por un curul en la Asamblea. Una cosa fue consecuencia de la otra. El partido socialista oficial, dado los números, se decantaba por no espantar los votos de la comunidad religiosa ante la inminencia de la cita del 6-D.

Lo sucedido con el sector GLBT del PSUV es, a nuestro juicio, un avance de lo que pasará con los movimientos sociales del país en momentos de transición postchavista. A pesar que el PSUV ya había dado muestras de un apoyo instrumentalizado a la causa gay, la diversidad chavista intentó durante varios años ganarse un espacio propio, dentro del movimiento bolivariano, con los dudosos méritos de ser activos agentes descalificadores de los GLBT que se identificaban con la oposición. Es decir, antes que mantener vínculos con los sectores que, con sus diferencias y particularidades, podían hacer causa común en las reivindicaciones contra la cultura homofóbica, la sexodiversidad roja apostó a la estrategia de criminalizarlos y arrimarse al árbol que, en el resto del mundo, no da sombra al activismo gay: Los militares. Como decía el barinés supremo: Quien tenga ojos que vea. Bajo esa extraña estrategia no lograron incidir en las políticas públicas que beneficiarían a su comunidad, ni siquiera en decisiones que están tomando el resto de países de la región. Y de ñapa, con un tejido asociativo severamente fracturado por una agenda polarizada impuesta, hay que decirlo todo, por la heterosexualidad cupular dominante. Porque no era con los militares o estalinistas que debían promover los cambios culturales necesarios para acabar con el estigma de su manera de ser y amar, sino con sus pares. Esos mismos que atacaron con tanta vehemencia en la última década.

Variantes de esta situación ocurrirán con otros sectores (pro-indígenas, ecologistas, defensores de derechos humanos, cooperativistas, rockeros, etc) que, bajo la lógica polarizada –falsa y estéril como hemos insistido antes- prefirieron dinamitar las relaciones con los más próximos para optar, equivocadamente, por la solidaridad vertical y ciega con el poder. @fanzinero

Réquiem autonómico

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Rafael Uzcátegui

Si la Constitución de 1999 se mostró como la expresión de un nuevo pacto social basado en la subjetividad de los sectores excluidos del hacer político en Venezuela, el desmantelamiento, fragmentación e institucionalización de los movimientos sociales no permitió la materialización de dichas garantías y derechos.

La Asamblea Constituyente apenas tuvo 4 meses para debatir. En esas discusiones, no sin conflicto, participaron muchos líderes sociales y organizaciones forjadas al calor de las luchas populares de la década de los noventas. Muchas exigencias quedaron plasmadas en el texto. Diversos analistas afirmaron que esta Carta Magna era “altamente garantista en derechos sociales”. El propio presidente Chávez la calificó como “la mejor Constitución del mundo”. La perspectiva que queremos resaltar es que la parte social de este pacto fue conquista de las propias luchas populares –y no una concesión del nuevo gobierno- que tenían, por lo menos, 15 años en Venezuela.

Este fue el clímax, pero paradójicamente también el réquiem, del aspecto autónomo del movimiento popular y social que había llevado a Hugo Chávez al poder. A partir de ese momento se inició un proceso de cooptación estatal de las organizaciones, hasta sustituirlas por otras nuevas, que tiene como resultado que 16 años después ninguno de los derechos ha sido materializado en la realidad. La razón es sencilla: No hay movimientos sociales que, mediante su propia agenda beligerante de reivindicaciones –independientemente si se identifican o no con el gobierno- exijan su cumplimiento.

Este proceso de institucionalización tuvo varias estrategias que, por razones de espacio, no podemos describir acá, cuyo objetivo era acabar con la independencia de las iniciativas sociales, cualquiera que fuesen. Ejemplificaremos con el movimiento indígena.
Cuando se abrió la posibilidad de participar en la Constituyente dicho movimiento se encontraba en un momento de cohesión, desde el Consejo Nacional Indígena Venezolano (CONIVE) a partir de sus organizaciones regionales. 5 delegados indígenas participaron junto a los 126 asambleístas en las discusiones. El resultado fueron 8 artículos en la nueva Carta Magna referido a derechos de los pueblos indígenas, incluyendo 2 años para la demarcación de territorios.
15 años después la situación del movimiento indígena no es la de 1999, cuando todo parecía posible, sino de derrota y desmovilización. En diciembre de 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) denunció que, en la reivindicación más importante, apenas el 12,4% del territorio aborigen había sido demarcado, siendo la proporción más baja en el continente. Gregorio Mirabal, líder indígena, lo ha resumido magistralmente: “Después de la aprobación de todas las leyes indígenas creímos que sólo con apoyar al gobierno los derechos se iban a materializar. Y nos desmovilizamos”. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Autonomía para los movimientos sociales

sw_01Columna de Provea para Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En la planificación de su proyecto de trabajo para los próximos años, Provea ha definido como prioridad el fortalecimiento de las organizaciones sociales autónomas que luchen por la vigencia de los derechos humanos. Provea entiende que estas conquistas sólo serán materializadas en la medida que exista organización popular independiente que las exija y las extienda con nuevas demandas.

Sin embargo “autonomía” es un término que para muchos sigue siendo desconocido. Autonomía es la capacidad de darnos nuestras propias reglas de funcionamiento y cuestionar lo que hemos heredado de la historia. La palabra proviene del griego “autosnomos” y significa “que se da a si mismo su ley”. La autonomía, en política, es la posibilidad que los seres humanos sean capaces de definir, de manera libre, sus propios proyectos de vida, que sean ellos y ellas mismas quienes gestionen y decidan, de la forma más democrática posible, cada uno de los aspectos que atraviesan su cotidianidad: desde el trabajo a la sexualidad, del uso de su tiempo libre a la alimentación, etc.

El filósofo griego Cornelio Castoriadis ha descrito que lo contrario de la autonomía es la heteronomía, vivir bajo reglas que otros deciden. Según su explicación los diferentes poderes  educan para la servidumbre, siendo siempre otros y otras quienes toman las decisiones. Y estas medidas, así como las instituciones que las ponen en práctica, se dicen sagradas e indiscutibles. Un individuo comienza a ser autónomo cuando comienza a preguntarse si eso debería ser siempre así, o si por el contrario las cosas pudieran funcionar mejor de una manera diferente. Por ello se dice que la autonomía es una interrogación sin fin, que no se detiene ante nada y que, incluso, revisa constantemente sus conclusiones preliminares. ¿Si el Estado, el gobierno, el ejército y las cárceles son injustos y opresores, no pueden ser cambiados por algo mejor? Un individuo autónomo nunca olvida, por tanto, que son los seres humanos quienes han creado las leyes de funcionamiento de la sociedad. Y por ello pueden ser sustituidas en cualquier momento, por los individuos, cuando atentan contra el bien común. La autonomía individual se produce a partir de la libre reflexión y la deliberación, concretada en un pensamiento propio, siendo soberano de sí mismo/a y de sus actos.
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La pérdida de la autonomía


Rafael Uzcátegui

Desde su primera edición, acompañaba todos los años la marcha por el orgullo LGBTTI que se realizaba en Caracas, toda una afrenta a la cultura machista y patriarcal predominante en Venezuela. A pesar de las limitaciones, me sentía a gusto entre el espontaneismo, la alegría y desparpajo de la asistencia –que contrastaba con la marcialidad de otras manifestaciones- y, especialmente, su independencia. Recuerdo que en los primeros años para los partidos políticos, y especialmente para los de “izquierda” –a excepción de los trotskistas de Socialismo Revolucionario y los anarquistas-, era políticamente incorrecto asistir a la movilización, no los fueran “a confundir”. Incluso, uno podía escuchar, en los días posteriores, las burlas entre “camaradas” que unos a otros se decían, en tono de chanza, “te vi en la marchaaaa”.

Desde el año pasado, tras constatar la progresiva pérdida de independencia dela Marchadel Orgullo GLBT en Caracas y su cooptación institucional-estatal, deje de asistir. Según los testimonios de quienes participaron este año, la caminata ha sido confiscada por los partidos políticos, incluyendo los de oposición, quienes en año electoral se hicieron visibles y presentes. Tristemente predecible en un tiempo en donde la agenda de las iniciativas ciudadanas ha sido hipotecada por el 7 de octubre. El tema sustantivo de fondo es la pérdida de autonomía de los movimientos sociales.

Los movimientos sociales no son una extensión de los partidos políticos, ni tampoco constituyen sus bases de apoyo. Una cosa es que sus activistas tengan sus preferencias y adhesiones particulares y otra es que el conjunto se identifique como “chavista” u “opositor”. Los verdaderos movimientos populares son aquellas prácticas sociales que convierten y modifican el orden establecido a través de la manifestación e incidencia pública. Su composición es plural y su afinidad está constituida por los valores compartidos y el problema al cual se enfrenta. Poseen su propia historia así como agenda impostergable de reivindicaciones y una capacidad permanente de autoconvocatoria. Las estrategias y formas de organización son definidas por sus integrantes, sin injerencias externas. Además mantienen una identidad de clase, por lo que establecen lazos de solidaridad horizontales con otras dinámicas similares.

Desde 1998 una estrategia de polarización, compartida a cuatro manos, ha fragmentado y neutralizado a los movimientos sociales del país. La electoralización permanente de sus agendas de movilización ha postergado sus propias demandas, jerarquizando una identidad política (bolivariano, opositor) por sobre su identidad como miembros de una comunidad. Y esto es un retroceso para quienes pensamos que es la acción de los movimientos sociales, y no los gobiernos, quienes transforman la realidad. @fanzinero (Tal Cual, 09.07.12)

Autonomía popular y derechos humanos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Una precondición del disfrute de los derechos humanos es la existencia de organizaciones sociales y populares, autónomas e independientes, en tensión permanente con las instituciones estatales para su vigencia y pleno desarrollo. Una de las características ideales de los movimientos sociales es, y debe ser, su independencia de los poderes fácticos. Si una iniciativa social asume una determinada opción ideológica, desestima la pluraridad real existente en la sociedad y se transforma en un movimiento partidista, jerarquizando como consecuencia sus esfuerzos para alcanzar y mantenerse en el poder.

Una de las dimensiones de la autonomía es que los individuos deciden libremente las normas de funcionamiento de su emprendimiento grupal. Por ello asumen, sin coerciones externas, la forma organizativa más acorde con la cultura comunitaria del contexto del que forman parte. Es por ello que, de entrada, los movimientos sociales no necesitan más legitimidad que la alcanzada por el desarrollo y crecimiento de su propia iniciativa, y por el reconocimiento que sus pares hagan de sus esfuerzos. Cualquiera de las formas conocidas, como consejos comunales, cooperativas, asociaciones de vecinos y sindicatos, o por conocer y experimentar, son válidas para que los ciudadanos se reconozcan en el padecimiento de problemas y aspiraciones comunes y el esfuerzo asociativo para superarlos.

Una segunda característica de las organizaciones autónomas es que deciden su agenda de reivindicaciones, el motivo que los impulsó a juntarse, sin mediaciones externas. Este pliego de exigencias y deseos, y no otro, debe ser la principal motivación para la movilización y presión ante las instituciones, ocupando un alto porcentaje de sus esfuerzos colectivos. Los movimientos populares autónomos pueden y deben realizar alianzas y/o participar en redes para enfrentar problemáticas más universales, como por ejemplo el combate a la pobreza, manteniendo sin embargo su propia especificidad. Una organización deja de ser autónoma cuando participa dentro de un partido político o una coalición electoral, o se manifiesta para solicitar a otros movimientos populares, o a la ciudadanía electoral, votar por determinado candidato. Generalmente, la electoralización de los calendarios de trabajo y movilización de las iniciativas sociales es una de las razones más frecuentes de la pérdida de autonomía de los colectivos populares, postergando e hipotecando, para el día después de las elecciones, sus propias demandas.

Un tercer perfil lo debe constituir el funcionamiento democrático a lo interno de las organizaciones, con lo que se pueden experimentar modalidades de tomas de decisiones por consenso y mecanismos horizontales de democracia directa que cuestionen la delegación y la representatividad como formas únicas para el ejercicio de la democracia. Al organizarse por objetivos comunes y no por filtros ideológicos, los movimientos sociales autónomos reflejan en su interior tanto la propia diversidad de la sociedad que los cobija como un funcionamiento que prefigura profundizaciones de la propia democracia.
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Premios afuera, castigos adentro

Columna escrita para el espacio de Provea en Correo del Caroní:

El pasado 7 de diciembre Provea recibió, en la ciudad de Ottawa en Canadá, el Premio John Humphrey Freedom por su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela. Este galardón, creado en 1992, representa el más importante premio concedido por el Parlamento canadiense a través del Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, lo cual permitió al coordinador general de Provea realizar una breve pero fructífera gira por varias ciudades del país explicando la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esta es la primera vez que una organización venezolana se hace merecedora de dicho galardón, reconociendo la constancia y coherencia de Provea en su trabajo a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Sin embargo este reconocimiento internacional contrasta con la creciente campaña de hostigamientos, descalificaciones y obstáculos que a nivel interno deben sortear tanto Provea como el resto de las organizaciones sociales que intentan defender las garantías fundamentales presentes en la Carta Magna de 1999. Este martes la Asamblea Nacional discutirá una ley que, de aprobarse según el anteproyecto propuesto, representa el mayor riesgo para las organizaciones de la sociedad civil de los últimos 20 años, una ley que podría condenarlas a desaparecer. La amenaza de la Ley de Cooperación Internacional (LCI) no es solamente para las organizaciones no gubernamentales cuyo funcionamiento depende, en buena medida, de la solidaridad internacional. Como lo expresa el artículo 1 y 3, y se explicita en el renglón 15 de la versión que ha circulado extraoficialmente -pues la misma se ha mantenido oculta- una amplia gama como las comunidades, las organizaciones públicas no estatales, universidades, sindicatos y demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación internacional serán regidas por la normativa. Y la cooperación internacional no es entendida únicamente por el financiamiento de proyectos por parte de embajadas o fundaciones internacionales, sino como “la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación del talento humano y recursos materiales, económicos, financieros, tanto del ámbito público como del privado, desde el exterior hacia la República Bolivariana de Venezuela”. Y en tiempos de trabajo en redes sociales que trascienden las fronteras nacionales, salvo algunos casos concretos, esto abarcaría a todas las iniciativas sociales del país.

El artículo 6 de la propuesta se establece que las áreas susceptibles de cooperación internacional “serán las establecidas en los planes nacionales”. El Gobierno crearía, según el artículo 10, el “Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional” mediante la cual administraría los recursos que provengan del exterior. Para que las iniciativas sociales puedan acceder a ellos, deberán inscribirse de manera obligatoria ante un “Sistema Integrado de Registro”, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades a establecerse para tal efecto. Como se sugiere en el artículo 20 las iniciativas sociales tienen el “deber de información”, por lo que deben suministrar a las autoridades toda la información que le sea requerida sobre su funcionamiento. En el caso de las ONG esto no supondría un mayor problema, dado el carácter público y transparente de sus actividades, sin embargo sería una preocupante limitación para iniciativas populares que no tengan un registro jurídico de su conformación y que posean información sensible acerca de las denuncias que manejan y beneficiarios y beneficiarias que atienden. Un caso concreto los comités populares de lucha contra el abuso policial y la impunidad. En primer lugar es un despropósito exigirles que suministren la información de los denunciantes de policías y militares violadores a los derechos humanos. En segundo término, es la oda a la contradicción que para la “democracia participativa y protagónica” la legalidad -el cumplimiento de un procedimiento jurídico de registro- sea la que legitime a las iniciativas sociales y populares y no su propia actividad sostenida en el tiempo.

En los últimos años las diferentes notarías del país, mediante un procedimiento no escrito, han obstaculizado la conformación de nuevas organizaciones civiles que trabajen por la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Otra alerta la constituye la amplia posibilidad que la administración de los recursos sólo favorezca a las iniciativas alineadas orgánica e ideológicamente con el Ejecutivo nacional.

Si se aprueba la presente propuesta de LCI se mediatizarán, de acuerdo a las prioridades gubernamentales actividades como la invitación a seminarios o eventos internacionales, la posibilidad que estudiantes o activistas extranjeros realicen pasantías o talleres en las comunidades o sindicatos del país, la recepción de donación de equipos tecnológicos o libros, que el sitio web de su organización popular sea hospedado o administrado gratuitamente en un servidor ubicado fuera del país o la realización de campañas internacionales de recepción de fondos. Si este martes recibe la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, sin modificaciones, esta reglamentación significará el mayor castigo recibido por los movimientos sociales venezolanos autónomos e independientes, entre otros actores, en la última década.