La propuesta libre de los fanzines

Rafael Uzcátegui

La popularización de la fotocopiadora Xerox, inventada en 1938 pero masificada apenas en los años 60´s, permitió la aparición de un nuevo tipo de editores, aquellos que sin las presiones de los grandes tirajes de las imprentas offset o rotativas, podían duplicar sus boletines o revistas, literalmente, según la demanda, caminando un paso más en la democratización de la comunicación. Un hito ocurrió en julio de 1976 cuando un joven londinense llamado Mark Perry, influido por la contracultura punk en su apogeo, decide crear y fotocopiar una publicación que divulgue los músicos y actitud presentes detrás de los imperdibles y los pelos de colores. Sin las tensiones de la venta de publicidad o pagar los costos de altas impresiones, aquella revista sudaba irreverencia desde su aparición, tomando el nombre de “Sniffin glue” (Oliendo pega) por una canción de los Ramones. Del primer número de Sniffin Glue se fotocopiaron 50 copias. 14 ediciones después se vendieron 15.000. Aquel tipo de publicación se denominó “fanzine”, diminutivo de “fanatic magazine” y germinaron como hongos, desde la escena punk hasta el resto de las contraculturas y movimientos sociales.

Un fanzine, entonces, es una publicación de aparición irregular y libertad creativa, usualmente fotocopiada, destinada a comunidades de intereses específicos que no se identifican con otras revistas más tradicionales. Entre nosotros, quizás, los primeros fanzines fueron realizados por el movimiento juvenil “Poder Joven”, influenciado por los aires internacionales del mayo francés y locales de la renovación universitaria ucevista, muchachada cercana al partido Movimiento al Socialismo (MAS). Años después, la aparición de punks criollos también trajo la edición de fanzines, alrededor de las bandas Sentimiento Muerto y Desorden Público. A comienzos de los 90´s en Caracas se editaban “Anacreonte en horas muertas”, “Karacas resiste y Ataka” y “Correo A”, entre otros, pero entre los años 92 al 94 fue Barquisimeto la capital nacional de las llamadas “publicaciones alternativas”, con series con títulos como “El Caleidoskopio”, “El Provo”, “Caput Juves” o “Que hay de nuevo viejo”. Otras que circularon de mano en mano fueron “El Ghetto” y “Tierra bajo tierra”.

La masificación de internet hizo que los fanzines en papel perdieran fuerza al migrarse, bajo el formato blog, al mundo digital. Lo que tanto defendieron los editores de fanzines, que cualquiera pudiera expresarse por medios de bajo costo, era accesible a cualquiera que hiciera un click. Redes sociales son otro paso en la posibilidad de que la gente común pueda compartir contenidos e intercomunicarse libremente. Sin embargo, hay quienes siguen siendo apasionados de los formatos físicos, oler la tinta sobre el papel.  Si usted es uno de esos, está cordialmente invitado a la 1era Feria de Publicaciones Independientes “Un zine fin de semana”, a realizarse este domingo 14 de diciembre, de 3 a 7 de la tarde, en la sede del Banco del Libro de Caracas. La entrada es libre. (Publicado en 2001)

Caso Mijaíl en el Comité contra la Tortura

Mijail MartínezColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Como se recordará, recientemente después de una mora de más de 10 años Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en audiencia realizada en Ginebra. El Comité, informado sobre la situación de los últimos años en el país, realizó una serie de preguntas muy específicas ante los representantes del Estado, entre los que se encontraban José Vicente Rangel Avalos y Luis Damiani, que fueron insuficientemente respondidas sugiriendo la falta de voluntad política del Ejecutivo para erradicar este delito.

En su lista de preguntas, en el informe previó que el Comité entregó al Estado venezolano para que fueran respondidas en dicha audiencia, los comisionados entre otros asuntos solicitaron información sobre las investigaciones por la muerte del defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez. Citamos literalmente la interrogante: “Sírvanse –los representantes del Estado venezolano- proporcionar información sobre: (…) La muerte del defensor Mijaíl Martínez, el 26 de noviembre de 2009 en Barquisimeto, Estado de Lara, y las agresiones y amenazas recibidas por su padre, Víctor Martínez, en junio de 2010 y en enero de 2012, presuntamente por distribuir panfletos acerca de su muerte”. Ni en los documentos proporcionados previamente por el gobierno venezolano, ni en las respuestas de sus representantes hubo una respuesta a esta interrogante. Cuando se recordará otro año de impunidad en este caso, es importante mantener viva la memoria de los hechos.

Como relató Cofavic al propio Comité contra la Tortura “el 26 de noviembre de 2009 fue asesinado, presuntamente por sicarios en el estacionamiento de su residencia  en la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, el joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez,   quien trabajaba con el Comité de Víctimas Contra la Impunidad. Antes de su asesinato estaba  realizando un importante documental sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Lara, denunciados por el Comité de Víctimas Contra la Impunidad, organización a la que apoyó como defensor de derechos humanos desde su fundación.

Por su parte, el Sr. Víctor Martínez, padre de Mijaíl, es un reconocido luchador social del estado Lara, desde muy joven fue miembro de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), destacándose como activista social y del Movimiento Obrero de Base en el Estado Lara. Luego fue electo diputado del Consejo Legislativo del estado Lara instancia desde donde inició una campaña de alta visibilidad en la opinión pública regional sobre varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado Lara y la impunidad con la que actuaban los grupos narcotraficantes en la zona”.

El caso de Mijaíl Martínez alcanzó repercusión mediática debido a su condición de activista de derechos humanos, pero ejemplifica la impunidad que rodea a decenas de casos similares en toda la geografía venezolana. Además de las irregularidades en la investigación –que han motivado a que la familia tenga que realizar pesquisas por su cuenta-, la omisión de la Defensoría del Pueblo, la dilación de los juicios y retardo procesal a los presuntos responsables, el caso alcanza otra connotación debido a la hipótesis de crimen por motivaciones políticas, como ha venido denunciando insistentemente los Martínez. La triste paradoja que es Víctor, quien estimuló y acompañó la conformación de comités de víctimas de abuso policial e impunidad en la región, luego se convertiría el mismo en un afectado por la violencia.  Uno de los señalados como autor intelectual del hecho por los allegados de Mijaíl ha sido el ex gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes, un señalamiento grave que debería ser investigado y aclarado por las autoridades.

En una trayectoria que han realizado otras personas en su misma situación, Víctor Martínez se ha sobrepuesto a su dolor para insistir en la lucha contra la impunidad. Recientemente ha creado la Fundación Mijaíl Martínez para mantener viva la memoria de su hijo, y entre las primeras actividades se encuentra la realización de un festival de poesía, actividad cultivada por el adolescente. Además, alimentan una bitácora digital en http://justiciaparamijailmartinez.blogspot.com/, con el que utilizan las redes sociales como herramienta de lucha por los derechos humanos.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de tradición asociativa que existe en el estado Lara, que ha generado respuestas grupales de diferente tipo, como grupos cooperativos y diferentes emprendimientos de economía social, culturales y de políticas de base. Quien visite la ciudad y transite por la zona oeste de la urbe, podrá contemplar los diferentes murales sobre reivindicaciones populares, varios de ellos sobre el caso Mijaíl Martínez.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la situación de pobreza que afecta a sectores importantes de la población, son las situaciones más graves en materia de derechos humanos. Las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia –que incluye la dantesca situación de los recintos penitenciarios- afectan, particularmente, a los grupos más vulnerables. Y los problemas, como se demostró en la audiencia del Comité contra la Tortura, empiezan a ser conocidos por la audiencia internacional.

Coherencia y derechos humanos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente se han aprobado dos marcos jurídicos que formalmente aumentan las garantías para el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Se trata, en primer lugar, de la “Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. En segundo término de la “Ley de Control de Armas, Municiones y Desarme”. Como Provea ha reconocido en los últimos años, el Ejecutivo Nacional ha venido promoviendo una serie de normativas progresivas en materia de derechos humanos, las cuales sintonizan con los estándares internacionales en la materia. La propia Constitución de 1999, ampliamente garantista en materia de derechos sociales, contó con la activa participación de miembros de las organizaciones de derechos humanos, en calidad de asambleístas, quienes aportaron toda la experticia acumulada en la materia. Sin embargo, como también hemos apuntado, el reto ha sido convertir estas normativas en realidad. Y esta situación no escapa a los dos articulados recientes.

Si bien hay que esperar el texto definitivo de la llamada Ley contra la Tortura a ser publicada en la Gaceta Oficial, la propuesta pública tipificaba correctamente lo que significaba “tortura”, “trato cruel” y “trato inhumano y degradante”. La propuesta apuntaba que tortura era “Actos por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Por su parte define que “trato cruel” es: “Actos bajo los cuales se agreda o maltrate intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico”. Por último establece que “trato inhumano o degradante” es “actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral”. Para los delitos de tortura se tipificaba penas de 13 a 23 años, para el delito de trato cruel 13 a 23 años. Los funcionarios que encubran estas situaciones pueden ser penalizados con penas de 8 a 12 años de prisión. Los falsos informes médicos, que intenten negar la realización de torturas o tratos crueles, penas de 4 a 6 años de prisión. La debida y correcta aplicación de esta legislación parece poner límites a la actuación irregular de los cuerpos de seguridad en materia de derecho a la integridad personal.

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La insondable levedad de la solidaridad

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El señor de la derecha es Gonzalo Pino. El del medio, su hijo Ricardo. El de la izquierda es reportero gráfico y se llama Hector Azuaje. Los tres son de Barquisimeto. Protagonizan una de esas historias mínimas que merecen ser contadas antes de pasar al olvido. Y desde hace días buscaba el tiempo para escribirla en este blog. Ahora, lo haré.

Una comisión del Foro por la Vida, la coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, visitó Barquisimeto para corroborar las denuncias sobre agresiones a manifestantes por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y de tratos inhumanos, crueles y degradantes a quienes resultaron detenidos por esos días. Durante dos días pudimos conversar con diferentes personas, escuchando lo que tenían que decir sobre lo que pasó en la ciudad los días 15 y 16 de abril. El sentimiento que más se repitió ante nuestros oídos fue de indignación.

Al final de una de estas tardes barquisimetanas de crepúsculos un grupo de los afectados nos esperaba para darnos su testimonio. Adolescentes, personas mayores, periodistas, parte del grupo de 74 manifestantes detenidos, 40 manifestantes heridos y 11 comunicadores sociales heridos durante aquellos dos días, que algunos aseguran que fue la represión más descarnizada atestiguada por la ciudad en mucho tiempo.

Hector Azuaje, el reportero gráfico de la Prensa de Lara, se incorporó tarde a la reunión. Estuvimos acompañándolo un rato en la sede del Ministerio Público, a donde había llevado la denuncia sobre los disparos de perdigones que le habían realizado a su cámara fotográfica mientras cubría las protestas, quedando inservible. Como daño colateral, recibió varios impactos en su cuerpo. Nosotros nos adelantamos, pasándole un mensaje para que se acercara apenas se desocupara. Al llegar a la mesa donde entrevistábamos al joven cuyo rostro fue desfigurado por la Guardia Nacional, Ehisler Vásquez, se acercó al lugar donde se encontraba sentado Gonzalo:

– ¡Maestro! ¿Cómo se encuentra?
– ¿Quién eres tú?
– Yo soy quien lo recogió del piso cuando le dispararon en el pecho, ¿se acuerda?
– ¡Muchacho, no sabes cuanto te he buscado para darte las gracias!

La escena fue interrumpida por un sonoro abrazo. Los demás eramos espectadores de esos pequeños momentos en que los seres humanos nos ganamos a pulso el adjetivo. Gonzalo había recibido un disparo  a quemarropa desde metro y medio de distancia, después que los guardias habían disparado contra su hijo, que se encontraba a su lado. Gonzalo estaba angustiado no tanto por los balines de plomo de perdigones que tenía incrustados en el pecho (y que, como se ve en la foto, aún le supuran las heridas), sino por los gases lacrimógenos que comenzaban a expandirse a su alrededor y que especialmente afectan a quienes tienen un infarto a cuestas, como él. Al caer, el reportero gráfico se involucra en una escena en donde se supone sólo debería ser vouyerista a sueldo, recoge al sexagenario del piso y lo lleva a rastras fuera de peligro, donde otras manos igual de anónimas y solidarias ofrecen un auto para llevarlo a un hospital cercano.

Gente que se expone a sí misma para ayudar a quienes se encuentran en peligro e indefensas en un momento determinado. Gente que sin conocer al prójimo, hace suyas sus dolencias para ofrecer una mano tendida en apoyo. Gente que me hace recordar que, a pesar de todo lo malo, hay destellos de luz en los hombres y mujeres sencillos.

Ya conté la historia. Me alegro por ello.

Manifestación y terrorismo de Estado

Yendrick-SánchezColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

A partir de las elecciones del 14 de abril, las organizaciones de la coalición Foro por la Vida hemos estado activadas a raíz de las diferentes denuncias sobre situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Una comisión conformada por Cofavic, el Centro para la Paz y los DDHH de la UCV y Provea visitamos la ciudad de Barquisimeto para escuchar los testimonios de lo que parecen las más graves violaciones al derecho a la manifestación pacífica, derecho a la libertad personal y derecho a la integridad ocurridas en el marco de la crisis política desencadenada por los resultados electorales.

Alrededor de 80 personas fueron privadas de su libertad en la ciudad crepuscular por haber participado, o haber estado cerca, de la manifestación en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los días 15 y 16 de abril. Aunque los testigos afirman que la cantidad fue mucho mayor, se calcula que una cuarentena de personas fueron heridas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. De la información procesada hasta los momentos, dos parecen ser las “novedades” del tipo de represión realizada en la capital larense. Por un lado manifestantes heridos como consecuencia de disparos de perdigones “a quemarropa”. Varios afectados nos relataron cómo fueron impactados de estos cartuchos de plástico, en cuyo interior se encuentran pequeñas bolas de plomo, apenas a dos metros de distancia. Pudimos observar las heridas de una de las víctimas, cuyo impacto fue de una distancia tan corta que el perdigón se alojó completo en su ingle, generándole una dolorosa herida de 8 centímetros de diámetro. Todas las evidencias sugieren que los funcionarios militares utilizaron los perdigones como si de armas tradicionales de fuego se tratara, con el objetivo expreso de causar el mayor daño a los manifestantes, como fue el caso de Ehisler Vasquez, de 20 años, a quien los perdigones le desfiguraron la mitad del rostro.

La segunda tendencia, y de gran preocupación, fue que tras como fue anunciado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz el 16 de abril, los manifestantes encarcelados están siendo juzgados por delitos tipificados en la llamada Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo. Como se recordará la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó dicha normativa jurídica que consta de 89 artículos, que busca, según las notas de prensa institucionales, “prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas, como lo indica su artículo 1, y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano.

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Carta a un candidato

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Columna de Provea en el Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), una organización popular que desde el año 2004 denuncia el abuso policial y militar, así como las omisiones del sistema de administración de justicia en la capital crepuscular, ha difundido una carta abierta al candidato a la gobernación Luis Reyes Reyes. Generalmente, las organizaciones de derechos humanos no tienen nada que opinar, a favor o en contra, de las candidaturas a cargo de elección popular, partidización que excede su propio mandado. Salvo, como parece ser este caso, que la candidatura esté representada por una persona vinculada a violaciones a los derechos humanos.

Como ha sido suficientemente documentado en el libro “Poder e impunidad”, en donde el Covicil sistematiza su experiencia y sus casos más emblemáticos, el antiguo gobernador del estado Lara durante el período 2000-2008 habría sido cómplice de la actuación de grupos parapoliciales en la región. Como demuestra la investigación y denuncia realizada por esta organización, durante esos años ocurrieron 8 masacres con un saldo de 39 víctimas, realizadas por un comando que según todos los testimonios pertenecía, o tenía vinculaciones por lo menos, con la policía del estado Lara.

La carta pública es una respuesta a las declaraciones de Reyes realizadas la noche del sábado 1º de diciembre en la edición nocturna del noticiero regional Telecentro: “Como producto de su política de enfrentar a fondo  a la delincuencia bajo su mandato, era posible que se hubiesen cometidos excesos policiales –sin embargo- no es el  gobernador el encargado de investigar estas denuncias porque eso corresponde a los organismos jurisdiccionales”. El Covicil, quien ha apoyado a casi 400 casos, rechaza en primer término que los patrones de violaciones al derecho a la vida que ocurrieron durante esos años hayan sido consecuencia de “excesos”. En segundo lugar, refutan la sugerencia de la disminución de la inseguridad ciudadana aludida por Reyes: “En el año 2000 a raíz de su llegada a la gobernación del estado  prometió  a los larenses convertir a la región en la más segura del país. Pero en 1999 la Tasa de Homicidios en el estado alcazaba el 11,4/100.000, ocho años después, cuando Ud. abandonó la gobernación, ese indicador había subido al 41,9/100.000, uno de los más altos de todo el país. De 173 homicidios que se cometieron en 1999 se llegaron a 725 en el 2008”.
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Caput Juves, un periódico alternativo del Barquisimeto de ayer

A comienzos de los 90´s un grupo de adolescentes en Barquisimeto buscaban hacerse un lugar en el mundo. Y para ello se les ocurrió la idea de hacer publicaciones, algunas en imprenta, otras fotocopiadas. Aquellos inquietos, con el tiempo, se ayudaron mutuamente en una suerte de sindicato: El Grupo de Editores Alternativos, cuya vida fue corta pero intensa.

Uno podría contar muchas cosas partiendo de cualquiera de aquellas menudos periódicos, que hicieron de Barquisimeto la meca de la contracultura venezolana durante un puñado de meses. Pongamos el caso de Caput Juves, un periódico de 8 páginas que como el resto, se escribía por la vocación de sus promotores, en tiempos en que internet parecía un cuento de Julio Verne. El Caput Juves tenía la diagramación más formal del conjunto, y esto tenía que ver porque aquellos números (si no me falla la memoria aparecieron 3 ediciones) se armaban en la sede de un periódico judicial guaro, el diario de tribunales, donde creo trabajaba Nancy, la abogada de aquel espontáneo equipo de redacción. Sin duda Mariaemilia era el corazón del proyecto, una chica recién llegada a la ciudad de Caracas, y que traía consigo el aura de haber familiarizado con los referentes de la época: los Sentimiento Muerto, los Desorden, los Seguridad… Mariaemilia, como muchas de las chicas de la movida de la época, tenía a Cayayo como su referente generacional, por lo que también tenía inclinaciones por el krishna, los poetas malditos y los ensayos escritos rebuscada y existencialmente. José Rafael era la tercera pata del trío, un pana alto y de piel morena, habitual de los conciertos de la ciudad crepuscular de aquellos años.

Si quieren darse una paseada en la máquina del tiempo y ver en lo que andaban los chamos hace dos décadas,  el pdf de su segundo número, octubre de 1991 (sí, hace 20 años atrás) lo he colgado en una cuenta de Issuu ACA