Enemigo mío

Rafael Uzcátegui (*)

Carmen Díaz, nombre ficticio por razones de seguridad, era una de las tantas venezolanas que cruzó la frontera para trabajar en otro país y poder enviar, periódicamente, dinero a sus familiares en Barquisimeto. Consiguió empleo en una zapatería en Cúcuta, hasta que las autoridades colombianas decretaron la cuarentena como respuesta al Coronavirus. Ante la incertidumbre y la realidad de gastar sus ahorros, decidió retornar a Venezuela junto a su bebé. Pagando pasó por una trocha hasta San Antonio del Táchira, donde le hicieron una revisión médica, donde descartaron que tuvieran alguno de los síntomas. Con sobreprecio compró un pasaje de autobús hasta el estado Lara, un viaje que por la cantidad de alcabalas duró 17 horas, 5 más de lo acostumbrado. En un punto de control, y cerca de Barquisimeto, los funcionarios les informaron que por venir de la frontera debían ir a un “Centro de retención” para que les practicaran exámenes y cumplir algunos días de aislamiento. Ese lugar, habilitado en la Villa Bolivariana de la capital crepuscular, no estaba dirigido por personal médico sino por la Guardia Nacional Bolivariana. Debido a la ausencia de todo, comenzaron las fricciones entre las personas y los funcionarios militares. Cuando reclamaron sobre las condiciones del lugar, uno de los GNB le gritó a Díaz: “¡Nadie te mandó a irte del país! ¡Quien coño de tu madre te mandó a irte de esta mierda, ¡maldita!”. Según el testimonio de Carmen Díaz desde que llegaron al centro los han hecho sentir culpables de algo, que ella no entiende muy bien qué es.

Como lo demuestra un mensaje reciente de quien en teoría es el funcionario encargado de que se haga justicia en el territorio, el maltrato a los migrantes venezolanos por parte de los funcionarios locales tiene razones mucho más profundas que el simple desconocimiento de lo que significa la movilidad humana transfronteriza. El 14 de abril el Fiscal General del gobierno de facto, Tarek William Saab, escribió en su cuenta twitter: “El #Kharma o la rueda del #Tiempo?… #Venezolanos que renegaron públicamente de la #Nación; luego de ser ultrajados en EEUU, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.. regresan a #Venezuela gracias al plan #VueltaALaPatria diseñado por el presidente @NiicolasMaduro”. Lo que Carmen Díaz no ha logrado entender es que para los funcionarios venezolanos ella es una traidora por haberse ido del país. ¿A quién afectó con su decisión? A la imagen internacional de la revolución bolivariana.

“En respuesta a la crisis siria, por ejemplo, la comunidad internacional movilizó grandes sumas de capitales: $ 7,4 mil millones en esfuerzos de respuesta a refugiados en los primeros 4 años. La financiación para la crisis venezolana no ha seguido el mismo ritmo: a 4 años de la crisis, la comunidad internacional ha donado solamente $ 580 millones

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La CIDH y Venezuela

Rafael Uzcátegui

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte del llamado sistema regional de protección que, junto a la Corte Interamericana, es parte de la estructura de la Organización de Estados Americanos. Esta arquitectura de monitoreo a las obligaciones de los Estados en la materia contó, desde su inicio en 1959, con la decidida participación de Venezuela. Es historia que el escritor Rómulo Gallegos fue su primer presidente, colocando los cimientos de la institución en el trienio 1960-1963. En 1999, cuando la región debía crear herramientas para abordar la crisis planteada por la primera dictadura que no provenía de un golpe de Estado militar, el gobierno de Alberto Fujimori, otro venezolano tuvo una actuación destacada como como presidente de la CIDH: El abogado Carlos Ayala Corao.

Es indiscutible que tanto la Comisión como la Corte han realizado, durante sus seis décadas de existencia, un invalorable aporte para la defensa de la dignidad humana en la región. Todos y cada uno de los graves casos y situaciones ha sido abordado generando los precedentes que han hecho de la defensa de los derechos humanos una de las dimensiones que ha trascendido gobiernos e ideologías: Desde los paramilitares colombianos hasta el asesinato de Arnulfo Romero, pasando por las denuncias de los excesos de las dictaduras del Cono Sur y la Cárcel de Guantánamo.

Precisamente por esta historia, y por lo que representa la CIDH para la posibilidad de alcanzar verdad, reparación y justicia para las víctimas que las expectativas sobre lo que pudiera hacer ante la situación venezolana son altas. Y sobre esto tenemos que decir que, quienes somos sus usuarios regulares y estamos atentos a sus períodos de audiencias, hemos tenido en los últimos meses un mal sabor en la boca sobre su abordaje de lo que es la peor crisis política, social y económica del país desde 1958.

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La valía de la CIDH

cidh_visitaColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Estando en Ciudad de México, con motivo de nuestra participación en la reunión anual de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (Ramalc), tuvimos el privilegio de seguir de cerca el ambiente con motivo del primer aniversario de la desaparición de un grupo estudiantes en el estado de Guerrero, caso conocido como los “43 de Ayotzinapa”. El debate ocupaba los titulares de los periódicos, pues el hecho, donde también resultaron asesinadas 9 personas, ponía sobre la mesa la grave situación de la desaparición forzada en el país azteca, el control territorial por el narcotráfico, el estado de la educación pública en el país y el tipo de educación recibida por los estudiantes en las escuelas normalistas mexicanas. Sin embargo, a pesar de los antagonismos entre los diferentes actores sobre las responsabilidades materiales e intelectuales -unos apuntan al narcotráfico, otros al propio Estado, hay un consenso en reconocer el importante trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como se recordará, un mes después de los sucesos la CIDH otorgó medidas cautelares a los sobrevivientes y familiares de Ayotzinapa, en virtud que su vida e integridad estaba en riesgo ante las denuncias que realizaban. En el marco del cumplimiento de éstas, en el que el Estado mexicano se comprometía a resguardarlos, se acordó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, avalado por la OEA, levantara información sobre la idoneidad de las investigaciones realizadas por el gobierno. Hace un par de meses el GIEI difundió un primer informe, de alta experticia técnica, en donde refutan muchas de las “verdades históricas” sobre el caso establecidas por la administración de Peña Nieto, una de ellas que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal por miembros de la banda “Guerreros Unidos”. El informe, de más de 500 páginas, generó polémica entre las autoridades, pero a su vez recordó la importancia de contar con mecanismos regionales de protección a los derechos humanos.
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Ayotzinapa, CIDH y Venezuela

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 10 de septiembre se cumplieron dos años de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después que el Estado venezolano activara los mecanismos para ello, mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera sistemática, tanto los gobiernos de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro han criminalizado las instancias de protección de la OEA, la propia Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificándolas entre otros adjetivos de “injerencistas”, “sesgadas” y “pro-imperialistas”. Muchos adeptos del oficialismo repiten esta versión, asegurando que las actuaciones de estos organismos son ordenadas desde la propia Casa Blanca.

Sin embargo, los hechos concretos y verificables desmienten esta campaña de descalificaciones, reiterando la importancia de ambos organismos para la protección y defensa de los derechos humanos. El más reciente ejemplo ha sido el aporte de la CIDH para hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México, conocidos como los “43 de Ayotzinapa”.

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Nodos y Redes: Chavín de Huantar: La soledad de los principios

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Rafael Uzcátegui

Era diciembre de 1996 y muchos vimos por televisión, en tiempos pre-internet, la toma de la embajada de Japón en Lima por parte de un Comando de 14 miembros del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), cuando se realizaba una fiesta por el natalicio del Emperador Akihito. Luego de liberar algunos rehenes, entre ellos la madre del por entonces presidente Alberto Fujimori, el grupo de apresados sumaba 72 personas. Las peticiones del grupo eran varias, pero la principal era la liberación de 400 miembros del MRTA que se encontraban en cárceles peruanas. Casi 4 meses después, luego de varios intentos de negociación, el gobierno toma la decisión de retomar la sede diplomática por la fuerza. Luego de una planificada operación, que incluyó excavación de túneles y seguimiento de los emerretistas mediante diferentes tecnologías, 142 soldados comando ingresaron a la residencia asesinando a todos los guerrilleros. Aquella fue la última acción del MRTA, quien languideció tras el asesinato de su líder Nestor Cerpa Cartolini.

Cuando faltan dos años para cumplir el 20avo aniversario de lo que se conoció como la operación “Chavin de Huantar”, y la mayoría de los peruanos desean pasar la página de la guerra interna en su país, las organizaciones de derechos humanos del país no sufren de amnesia, sino todo lo contrario. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) asegura que aquel 22 de abril varios de los sorprendidos insurgentes se habían rendido ante el ejército peruano. Y sin embargo, fueron ajusticiados. Y como no existe pena de muerte en el Perú, estos funcionarios habrían cometido violaciones al derecho a la vida. APRODEH, al no conseguir justicia en los tribunales del país, ha recorrido el camino del llamado Sistema Regional de Protección a los DDHH. Tras ser evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso pasó, en el año 2011, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha anunciado que en el segundo semestre de 2015 emitirá su veredicto, lo cual ha reavivado la polémica y ha puesto a los defensores de derechos humanos en la mira de la opinión pública.

De la homofobia al terrorismo

El MRTA no fue igual a Sendero Luminoso. Según el informe de la Comisión por la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), fueron responsables del 1.5 por ciento de las víctimas fatales reportadas. “El MRTA –asegura la CVR- reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil, se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. Sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones criminales”. Si bien cuantitativamente no fue lo cruel de Sendero Luminoso (responsable del 54% de las víctimas totalizadas), cualitativamente las fronteras son menos claras. El 31 de mayo de 1989, un grupo de seis emerretistas ingresó al bar ‘Gardenias’ en el Asentamiento Humano “9 de Abril” de la ciudad de Tarapoto, en la selva Amazónica peruana. Los subversivos aprehendieron a ocho ciudadanos a los que acusaron de delincuencia y colaboración con las Fuerzas Armadas y Policiales, a los que asesinaron. La verdadera motivación, como luego se reivindicó, era la condición homosexual y transexual de varios de ellos. En febrero, en la misma población, una persona fue asesinada por el MRTA y su cuerpo fue abandonado, exhibiendo el cartel “Así mueren los maricones”.

En el expediente del caso la CIDH afirma “la Comisión reconoce que la Operación Chavín de Huántar, tenía como objetivo legítimo el proteger la vida de los rehenes (…) La CIDH no es ajena al hecho de que el secuestro de agentes diplomáticos y de civiles atenta contra principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y tiene presente asimismo que las personas bajo poder del MRTA se encontraban expuestas a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal”. No obstante, se apunta: “Las tres personas ejecutadas -Eduardo Cruz, Herma Meléndez y Víctor Peceros- se encontraban en custodia de agentes estatales y, al momento de la ejecución, no representaban una amenaza para sus captores. Luego del Operativo, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del MRTA fueron remitidos al Hospital Policial y, sin haber practicado una autopsia adecuada, los restos fueron enterrados horas después en diferentes cementerios de la ciudad de Lima, once de ellos como NN”.

Polémica al rojo vivo

Sobre la posible decisión de la Corte IDH el ministro de Justicia peruano, Gustavo Adrianzén, señaló “Todo me hace pensar que en los próximos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] va a absolver al Estado Peruano de toda responsabilidad que traerá una definitiva absolución de los comandos Chavín de Huántar”. En la acera de enfrente Pancho Soberón, fundador de APRODEH comentó para Nodos y Redes: “La justicia peruana ha reconocido que hubo, por lo menos, un caso de ajusticiamiento, así que menos de eso no puede sentenciar la Corte IDH”. La posibilidad de una sentencia contra el Estado peruano, por la actuación de quienes hoy son considerados “héroes de la patria”, ha encendido las redes sociales del país, volviendo a ventilar las acusaciones contra los activistas de “defensores de terrucos –terroristas-“ y contra la Corte IDH de ser “protectora del terrorismo marxista”. Algunos voceros políticos han sugerido, incluso, la posibilidad que el país se retire de las competencias de la Corte, siguiendo por cierto el mal ejemplo de Venezuela.

A pesar de la visceralidad que está tomando la discusión en la sociedad peruana, sin embargo hay voces tan informadas como prudentes. En un texto Rafael Rodríguez Campos refuta la versión que asegura que la Corte IDH “declarará inocentes a los terroristas”: “la CIDH no cuestiona la legitimidad del Operativo Chavín de Huántar ni el valor de los comandos (…), sino la responsabilidad del Estado Peruano al no garantizar la vida de los tres terroristas –por lo menos uno de acuerdo a nuestra propia Corte Suprema-  que habiendo sido capturados y estando rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Sea cual sea la decisión de la Corte IDH los defensores del Perú han reivindicado el duro trabajo en defensa de la dignidad humana en contextos complejos, así como el estoicismo de mantenerse en la soledad de sus principios. (Publicado en Contrapunto.com)

De Catia a Uribana, similitudes de dos masacres

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

 

Como ya es parte de nuestra historia contemporánea, durante el intento de Golpe de Estado ocurrido el 27 de noviembre de 1992, un total de 63 internos del Retén de Catia fueron asesinados por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana. Según información recopilada por Cofavic “Los guardias abrieron las puertas del recinto carcelario y anunciaron que la población penal estaba en libertad. La confusión se adueñó del recinto penitenciario. La mayoría de los internos afirmó que se recluyó en sus celdas, para resguardar su vida. Los órganos de seguridad dispararon indiscriminadamente en contra de la población reclusa utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. La mayoría de las muertes se produjeron en el patio de la prisión y en las orillas del río Guaire por donde fueron arrastrados los cuerpos sin vida de muchos internos”. Si bien aquello conmocionó a la opinión pública, y derivó en el cierre definitivo del recinto penitenciario, dentro del país la omisión de los órganos de administración de justicia mantuvo la impunidad en los hechos. El caso tuvo que ser llevado ante el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos para intentar alcanzar justicia. Fue así como el 5 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaba una sentencia que otorgaba al Estado la responsabilidad de los sucesos del Retén de Catia, establecía las reparaciones pecuniarias, y señalaba la obligación del Estado venezolano de investigar los hechos y mejorar la situación general de las cárceles en el país. Hasta el día de hoy, esta sentencia se ha incumplido. Sin embargo, los medios oficiales venían informando sobre los “avances” en la investigación del caso. Tres hechos resaltan de las notas periodísticas del periodismo bolivariano, como por ejemplo la publicada por YVKE Mundial en http://www.radiomundial.com.ve/node/151521. Una es que para la Fiscalía y diputados del PSUV, las responsabilidades no sólo se limitarían a los funcionarios que abrieron fuego, sino que incluyen al ex presidente Carlos Andrés Pérez, al entonces gobernador del Distrito Federal Antonio Ledezma, al director del penal Eloy Mora y al comandante de la Policía Metropolitana, general José Barrios. El segundo elemento, que llama la atención, es que la historiografía bolivariana ha borrado la participación de la Guardia Nacional en los hechos. Por último, el detalle que los diputados oficialistas reivindican la sentencia de la CIDH y exigen su cumplimiento.

 

Lo que es igual no es trampa. Si uno se guía por la lógica judicial que inspira las acciones contra la Masacre en el Retén de Catia, similares decisiones deberían tomarse en la reciente Masacre de Uribana, en donde según la versión oficial hay 56 muertos, pero recientemente el Observatorio Venezolano de Prisiones ha contabilizado su número en 63, precisamente la misma cantidad que el crimen de hace 21 años atrás. Una segunda coincidencia, para decirlo elegantemente, es que en ambas masacres participó la Guardia Nacional, hoy Bolivariana. Si es cierto que existe voluntad política de aclarar y castigar los hechos por parte del actual Ejecutivo Nacional, como lo han hecho para el Retén de Catia, las responsabilidades abarcarían al presidente Hugo Chávez (o en su defecto a Nicolás Maduro), la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, el director de la cárcel Nelson Bracca y la línea de mando de la Guardia Nacional Bolivariana.

 

En su reciente informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, Provea realizó un balance de las políticas dirigidas al sector penitenciario. De 1997 al año 2011 fueron asesinadas en las cárceles venezolanas un total de 5.862 personas privadas de libertad. En ese mismo lapso resultaron heridas 17.725 reos. Las cifras son más que elocuentes del fracaso de las políticas públicas en materia penitenciaria. Es cierto que la violencia dentro de las cárceles no fue generada por la administración bolivariana, pero también es verdad que la misma se ha mantenido y agudizado exponencialmente durante su gestión. La ineficacia de la llamada “humanización penitenciaria” debería motivar la renuncia de la ministra Varela, quien no cuenta con las herramientas necesarias para revertir las problemáticas a las que se enfrenta. El presidente Chávez tiene la potestad de colocar a otro funcionario o funcionaria de su confianza en el cargo, con la disposición y los conocimientos necesarios para abordar la dura y compleja situación de las cárceles venezolanas. Es muy mala señal que la violación del derecho a la vida de 56 personas, para tomar el mínimo reconocido por las cifras oficiales, no genere ningún tipo de sanción sino el espaldarazo de todo el tren ministerial gubernamental. Parecería que la única causa de despido en tiempos bolivarianos es la infidelidad política. Uno quisiera pedir “Catia o Uribana nunca más”, pero manteniendo a Iris Varela en el cargo, es imposible conjugar esta frase.

Los enemigos de la CIDH

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Venezuela no ha sido el único país que ha intentado promover su salida de los mecanismos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) para la defensa de la dignidad humana en la región. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido blanco de ataques en diferentes momentos de su trayectoria. Sin embargo, al conocer motivaciones y compañeros de ruta, es indefendible formar parte de la lista.

En el año 2007, después de 7 años que el Estado salvadoreño había sido sentenciado por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por parte de la CIDH, y las presiones para cumplir con sus recomendaciones aumentaban, su presidente Antonio Saca realizó diligencias para retirar al país de la CADH. Según documentos difundidos a posteriori, la gota que derramó el vaso fue la exigencia de retirar el monumento al fundador del partido Arena Roberto d’Aubuisson, autor intelectual del asesinato de Romero según la Comisión de la Verdad, del municipio de Antiguo Cuscatlán. Otra recomendación realizada porla CIDH, que preocupaba a muchos funcionarios militares del país, era la derogación dela Leyde Amnistía que otorgaba impunidad a los crímenes estatales ejecutados durante la guerra civil. Con el argumento que esta petición suponía un “peligro para el país”, una “violación a su soberanía” y la implosión de los acuerdos que habían permitido la pacificación del país, el gobierno salvadoreño promovió diferentes delegaciones para intentar revertir la sentencia y amenazar con la potencial salida del país de la CIDH.
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Casos emblemáticos de la CIDH. Postales digitales

El Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos tiene muchas limitaciones y contradicciones. Sin embargo, ha sido una herramienta utilizada por decenas de víctimas de toda la región, como último recurso para conseguir justicia. Algunos lo han logrado. La Corte y la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha sentenciado contra los países en casos emblemáticos de violación a los derechos humanos cuando las circunstancias locales parecían perpetuar la impunidad. Por eso, en tiempos de arremetida del autoritarismo burocrático, se quiere recordar algunas de los fallos trascendentales para la lucha por la dignidad en las Américas

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Las 9 mentiras del gobierno sobre la CIDH

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

1) Venezuela, en un acto de soberanía, se retirará de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)

– Ningún país puede “retirarse” dela CIDH, pues ésta es un órgano de la Organización de Estados Americanos. El artículo 106 dela Cartadela OEAseñala: “habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una convención interamericana  sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión…”. Para poderse salir dela CIDHhay que retirarse de la propia OEA.

2) Al anunciar la salida de Venezuela de la CIDH el presidente Chávez promueve una política nacionalista y soberana

El gobierno afirma que no puede aceptar decisiones que no sean dictadas por los Poderes Públicos del país y por lo tanto no puede acatar una sentencia de la Corte Interamericana o una recomendación de la Comisión. Pero contradictoriamente se empeña en ingresar al Mercosur donde el Consejo del Mercado Común dicta normas que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico sin poder ser revisadas ni por el Tribunal Supremo de Justicia ni la Asamblea Nacional. Esa conducta es un claro ejemplo del doble discurso en materia de soberanía.

3) La decisión de separarse de la CIDH no vulnera normativas internas del país

– Al contrario, la salida de la CIDH significa desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En el artículo 23 dela CRBVse expresa: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (…) y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Por otra parte, el artículo 31 dela CRBVafirma “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados porla República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará (…) las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales”.
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CIDH, soberanía y masacre de El Amparo

Con los dos sobrevivientes de El Amparo

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Algunas personas piensan, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece a Leopoldo López, que este organismo tiene como función erosionar la soberanía de los países beneficiando a determinado tipo de actores políticos, con capacidad económica para influir en las decisiones de los magistrados. Esta apreciación es falsa por dos razones: La primera porque es nuestra propia Carta Magnan, pues en el artículo 23 se establece que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. En segundo lugar porque dicha afirmación desconoce olímpicamente las anteriores sentencias de la CIDH contra Venezuela, que precisamente benefician a personas que difícilmente pudieran ser calificadas como oligarcas. Como se recordará, ante la imposibilidad de alcanzar justicia ante los sucesos de febrero y marzo de 1989, las víctimas de la represión indiscriminada por parte de las fuerzas militares acudieron a esta instancia internacional de protección a los derechos humanos. La decisión logró lo que no pudieron los tribunales locales: obligar a “una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda”. Como sabemos, el Estado ha incumplido esta sentencia, y se ha limitado a las reparaciones materiales.

Otra sentencia del CIDH incumplida por el Estado venezolano ha sido la correspondiente al 18 de enero de 1995 sobre el caso de El Amparo, hecho que el pasado 29 de octubre cumplió 23 años. Como se recordará esta masacre fue perpetrada por efectivos militares y policiales del “Comando Específico José Antonio Páez” (CEJAP), quienes en esos momentos, presuntamente, realizaban un operativo militar denominado “Anguila III”. Como consecuencia del ataque fueron asesinadas 14 personas. Un hecho típico de lo que se conoce como “falso positivo” donde se quitó la vida a inocentes para aparentar la lucha efectiva contra la subversión en la frontera.
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Seguridad ciudadana, CIDH y derechos humanos

A pesar de que todas las encuestas, públicas y privadas, coinciden que la inseguridad es el principal problema para los venezolanos y venezolanas, tanto las autoridades como la propia ciudadanía no parecen motivadas a enfrentar el problema con toda la seriedad que amerita, o a desarrollar mecanismos de exigibilidad y presión para revertir dicha situación. Las posibles razones son múltiples, como la polarización que ha electoralizado de manera permanente las agendas de discusión, pero la causa que deseamos destacar ahora es la falta de un discurso responsable que intente comprender su complejidad y que genere propuestas que trasciendan el mero aspecto represivo y restrictivo de derechos.
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La visita de la Comisión Interamericana de DDHH

Desde el año 2002 diferentes organizaciones de derechos humanos han solicitado la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). Sin embargo, esta petición ha alcanzado relevancia recientemente tras haber sido incorporada a las reivindicaciones de una parte del movimiento estudiantil. ¿Qué es la CIDH?, ¿Cuáles son las funciones que realiza cuando visita los países?, ¿Qué consecuencias puede generar?

La CIDH es un organismo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se encuentra conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente, junto con sus protocolos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como las tres Convenciones Interamericanas sectoriales sobre prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas y prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
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