Provea demuestra en CIDH falsedad de cifras de construcción de viviendas en Venezuela

El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.

El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.

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Política fiscal y derechos humanos

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En el reciente período de audiencias realizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubo una sesión titulada Política fiscal y derechos humanos, solicitada por las organizaciones Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-Económicos (Inesc) y el International Budget Partnership (IBP), contando para ello con el apoyo de Oxfam.

En su informe titulado Movilizar los recursos para garantizar los derechos, describieron cómo pese a que la región, a diferencia de otras partes del mundo, contó con una década de crecimiento económico -gracias al aumento del precio de las materias primas de exportación-, los diferentes países “no promovieron una política fiscal para combatir la pobreza, desigualdad y las violaciones estructurales de derechos humanos”. Este déficit, en momentos de estancamiento económico y reducción del gasto social, comienza a pasar factura. “Por lo tanto -sostienen- se hace necesaria la adopción de reformas rápidas y sostenidas centradas en los derechos humanos, para salvaguardar los avances en materia social de la última década, prevenir la adopción de las políticas de austeridad y el debilitamiento de la política fiscal que pueden resultar en el deterioro de los derechos humanos fundamentales”.
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Venezuela y EEUU hermanados… en la represión

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui
Del 13 al 17 de marzo pasado se realizó en la ciudad de Washington el 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte del sistema regional de protección subsidiario de la Organización de Estados Americanos. En total participaron 23 países de la región distribuidos en 55 audiencias, de una variedad temática y una riqueza de contenidos que refleja los principales conflictos de la región, desde las resistencias a los proyectos de megaminería hasta las denuncias por discriminación por orientación sexual.

El lunes 13 de marzo, a las 2 de la tarde, se realizó la audiencia “Protesta social en las Américas”, pedida por 30 organizaciones del continente, incluyendo de Estados Unidos. Esta no fue la única realizada en este período de audiencias por una coordinación de iniciativas de varios países. Otras igual de caleidoscópicas fueron “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”, “Empresas, derechos humanos y consulta previa en América” y “Libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América”, las cuales reflejan el importante esfuerzo de conseguir patrones comunes a los países en las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este lado del mundo.

En nuestro caso, tuvimos el privilegio de participar en el panel expositor junto a Brasil, Colombia, Argentina y Estados Unidos. El orden de la intervención respondía al propio esquema de patrones profundizado en el documento entregado en la audiencia: Legitimidad de la protesta social; Legislación que regula o criminaliza las acciones de protesta; El caso de Ferguson, Missouri como casi emblemático; Represión de la protesta y uso de la fuerza; Convocatoria a las Fuerzas Armadas en contextos de protestas; Criminalización de manifestantes y referentes sociales y, por último, un petitorio a los comisionados y comisionadas.

Inmediatamente que expusimos, en 7 minutos, las diferentes normativas que criminalizan la protesta en varios países de la región, dentro de los casos nombrados citamos a Venezuela, le tocó el turno al compañero Mustafa Abdullah de la American Civil Liberties Union de Estados Unidos. En su turno describió como la ejecución del adolescente Michael Brown por parte de un oficial de policía de Ferguson, Missouri el 09.08.14 generó que un gran número de manifestantes se congregara cerca del lugar del hecho y en otros lugares para protestar por la actuación de la policía local. Las autoridades respondieron con una serie de estrambóticas regulaciones para restringirlas violando el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Gobernador de Missouri declaró el estado de emergencia y estableció un toque de queda, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, suspendiendo el derecho constitucional a reunirse durante esas horas. Este fue luego reemplazado por la norma de “no estar parado” (“no standing”) que la policía utilizó para amenazar con arresto a todos aquellos que estuvieran detenidos quietos por más de cinco segundos, ya sea de día o de noche. Así como lo leen. La norma requería que la gente continuara caminando por las veredas y carreteras en Ferguson a menos que se congregaran en un área designada de protesta, y prohibía que manifestantes y periodistas permanecieran parados aunque no estuvieran violando ninguna ley. Durante las manifestaciones, la policía reiteradamente emitió órdenes para dispersar y arrestar a manifestantes por la “negativa a dispersarse”. Amnistía Internacional informó que en los 12 días posteriores al asesinato de Michael Brown, se produjeron 172 arrestos en la zona de protesta en Ferguson, y 132 personas fueron acusadas por el delito de “negativa a dispersarse”. El 6 de octubre, una corte federal emitió una orden frenando la aplicación de esta norma, declarando que “la práctica de requerir que los manifestantes pacíficos caminen en vez de estar parados, viola la constitución”.
Inmediatamente antes de este relato, habíamos colocado como ejemplo la creación de las llamadas “Zonas de seguridad”, que abarcan más del 30% del territorio venezolano, donde está prohibida cualquier actividad que se califique como perturbadora del orden, como huelgas o manifestaciones. Como se recordará, uno de los supuestos delitos con los que se mantuvo en prisión y juicio al sindicalista Rubén González fue, precisamente, “violación a la zona de seguridad”. Otro despropósito jurídico citado, en el caso venezolano, fue la sentencia que en el año 2014 emitió el Tribunal Supremo de Justicia que establece la obligatoriedad de recibir un “permiso” para realizar una manifestación y que, ante su ausencia, los funcionarios estarían facultados de “disolver” la manifestación.

La voluntad de poder y de dominio, la lógica de violación a los derechos humanos, es una sola, a pesar de las banderas tras la que se camufle. Estados Unidos y Venezuela están hermanados más de lo que sus voceros están dispuestos a reconocer.

Audiencias en la Comisión

 

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Columna de Provea en Correo del caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La semana pasada se realizó el 149º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, donde Venezuela participó con tres audiencias. Esta jornada se realizó en la ciudad sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues esta instancia forma parte del llamado Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH), uno de los mecanismos internacionales para garantizar la dignidad de hombres y mujeres, que como recordaremos tienen rango constitucional.

Las audiencias de Venezuela trataron sobre tres temas: Situación general de los derechos humanos en el país; Independencia del poder judicial venezolano y, por último, situación de la libertad de expresión. Esta instancia es entendida como espacio para la conciliación y el diálogo entre las víctimas y los Estados. Sin embargo, el gobierno venezolano no lo entiende así. El ánimo con que acuden los funcionarios es el de la descalificación y los ataques. Los tres funcionarios que representaron al país en esta oportunidad fueron tres: Germán Saltrón, Luis Britto García y Luis Damiani. Saltrón argumentaba que Venezuela era el país del mundo donde más se respetaban los derechos humanos. Por su parte Damiani señalaba que eran infundadas las acusaciones sobre el funcionamiento parcializado del sistema de justicia en el país. Luis Britto García, a su vez, refutó las afirmaciones acerca de obstáculos al ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Los tribunos estatales entienden su participación como un ejercicio de oratoria incendiaria. Britto García, como reseñaron los diferentes medios de comunicación, reiteró que Venezuela no recibiría las visitas de los observadores internacionales: “¡No al turismo de derechos humanos”, exclamó en el cenit de su discurso.

Como se recordará Venezuela se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que también es parte sustancial del SIDH. Sin embargo aún puede ser observada por la Comisión, quien puede generar informes sobre la situación del país, con recomendaciones a los gobiernos para revertir situaciones, así como solicitar medidas cautelares para personas cuya vida e integridad se encuentran en inminente riesgo. Ante la falta de canales de interlocución del gobierno, estas audiencias se han convertido para nuestro país en el único espacio donde se puede tener algún tipo de feedback con representantes oficiales. La dinámica es completamente diferente en las audiencias de los otros países. Tuvimos la oportunidad de escuchar la audiencia sobre la situación de las mujeres indígenas en Nicaragua y el vocero gubernamental, defendiendo sus posiciones, declaraba que tomaría nota de las observaciones realizadas por las organizaciones y víctimas presentes en la sala.
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Lo que Britto García no dice sobre la CIDH

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

De no revertirse esta semana la denuncia realizada por el Estado venezolano contra la Convención Americana de Derechos Humanos, el país estaría fuera de las competencias tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Con ello se cierra una posibilidad de revertir violaciones a los derechos humanos que no hayan alcanzado justicia en el sistema nacional de administración de justicia.

Las implicaciones para la defensa de los derechos humanos en el país son múltiples y son ocultadas deliberadamente por los voceros oficiales, como Luis Britto García, en la campaña de criminalización de estas instancias regionales. Por ejemplo Britto García calla que las decisiones de la Corte IDH han establecido un sólido marco jurídico internacional para resolver los conflictos que surgen entre los Estados y las comunidades indígenas o tribales por las concesiones otorgadas por los gobiernos para la extracción, explotación y desarrollo de recursos naturales en sus territorios.
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Defendiendo la CIDH desde la izquierda

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

“¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos (…) en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?”. Estas incómodas preguntas no son realizadas por alguno de los sospechosos habituales de las ONGs independientes de derechos humanos venezolanas, sino por Boaventura de Sousa Santos “uno de los intelectuales que más insiste en la necesidad de descolonizar el conocimiento como paso previo a lograr un clima nuevo de justicia social”, según la descripción de la Agencia Venezolana de Noticias.

De Sousa ha sido entusiasta de algunas de las políticas promovidas por el gobierno bolivariano, cuyos textos son reproducidos con entusiasmo en los diferentes medios de comunicación oficiales. Además, es el autor más citado en el libro “Los Derechos Humanos desde el enfoque crítico”, editado recientemente por la Defensoría del Pueblo. De Sousa, entonces, es un referente importante para los antiguos activistas hoy devenidos en funcionarios gubernamentales.
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