Provea demuestra en CIDH falsedad de cifras de construcción de viviendas en Venezuela

El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.

El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.

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Política fiscal y derechos humanos

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En el reciente período de audiencias realizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubo una sesión titulada Política fiscal y derechos humanos, solicitada por las organizaciones Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-Económicos (Inesc) y el International Budget Partnership (IBP), contando para ello con el apoyo de Oxfam.

En su informe titulado Movilizar los recursos para garantizar los derechos, describieron cómo pese a que la región, a diferencia de otras partes del mundo, contó con una década de crecimiento económico -gracias al aumento del precio de las materias primas de exportación-, los diferentes países “no promovieron una política fiscal para combatir la pobreza, desigualdad y las violaciones estructurales de derechos humanos”. Este déficit, en momentos de estancamiento económico y reducción del gasto social, comienza a pasar factura. “Por lo tanto -sostienen- se hace necesaria la adopción de reformas rápidas y sostenidas centradas en los derechos humanos, para salvaguardar los avances en materia social de la última década, prevenir la adopción de las políticas de austeridad y el debilitamiento de la política fiscal que pueden resultar en el deterioro de los derechos humanos fundamentales”.
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Venezuela y EEUU hermanados… en la represión

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui
Del 13 al 17 de marzo pasado se realizó en la ciudad de Washington el 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte del sistema regional de protección subsidiario de la Organización de Estados Americanos. En total participaron 23 países de la región distribuidos en 55 audiencias, de una variedad temática y una riqueza de contenidos que refleja los principales conflictos de la región, desde las resistencias a los proyectos de megaminería hasta las denuncias por discriminación por orientación sexual.

El lunes 13 de marzo, a las 2 de la tarde, se realizó la audiencia “Protesta social en las Américas”, pedida por 30 organizaciones del continente, incluyendo de Estados Unidos. Esta no fue la única realizada en este período de audiencias por una coordinación de iniciativas de varios países. Otras igual de caleidoscópicas fueron “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”, “Empresas, derechos humanos y consulta previa en América” y “Libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América”, las cuales reflejan el importante esfuerzo de conseguir patrones comunes a los países en las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este lado del mundo.

En nuestro caso, tuvimos el privilegio de participar en el panel expositor junto a Brasil, Colombia, Argentina y Estados Unidos. El orden de la intervención respondía al propio esquema de patrones profundizado en el documento entregado en la audiencia: Legitimidad de la protesta social; Legislación que regula o criminaliza las acciones de protesta; El caso de Ferguson, Missouri como casi emblemático; Represión de la protesta y uso de la fuerza; Convocatoria a las Fuerzas Armadas en contextos de protestas; Criminalización de manifestantes y referentes sociales y, por último, un petitorio a los comisionados y comisionadas.

Inmediatamente que expusimos, en 7 minutos, las diferentes normativas que criminalizan la protesta en varios países de la región, dentro de los casos nombrados citamos a Venezuela, le tocó el turno al compañero Mustafa Abdullah de la American Civil Liberties Union de Estados Unidos. En su turno describió como la ejecución del adolescente Michael Brown por parte de un oficial de policía de Ferguson, Missouri el 09.08.14 generó que un gran número de manifestantes se congregara cerca del lugar del hecho y en otros lugares para protestar por la actuación de la policía local. Las autoridades respondieron con una serie de estrambóticas regulaciones para restringirlas violando el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Gobernador de Missouri declaró el estado de emergencia y estableció un toque de queda, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, suspendiendo el derecho constitucional a reunirse durante esas horas. Este fue luego reemplazado por la norma de “no estar parado” (“no standing”) que la policía utilizó para amenazar con arresto a todos aquellos que estuvieran detenidos quietos por más de cinco segundos, ya sea de día o de noche. Así como lo leen. La norma requería que la gente continuara caminando por las veredas y carreteras en Ferguson a menos que se congregaran en un área designada de protesta, y prohibía que manifestantes y periodistas permanecieran parados aunque no estuvieran violando ninguna ley. Durante las manifestaciones, la policía reiteradamente emitió órdenes para dispersar y arrestar a manifestantes por la “negativa a dispersarse”. Amnistía Internacional informó que en los 12 días posteriores al asesinato de Michael Brown, se produjeron 172 arrestos en la zona de protesta en Ferguson, y 132 personas fueron acusadas por el delito de “negativa a dispersarse”. El 6 de octubre, una corte federal emitió una orden frenando la aplicación de esta norma, declarando que “la práctica de requerir que los manifestantes pacíficos caminen en vez de estar parados, viola la constitución”.
Inmediatamente antes de este relato, habíamos colocado como ejemplo la creación de las llamadas “Zonas de seguridad”, que abarcan más del 30% del territorio venezolano, donde está prohibida cualquier actividad que se califique como perturbadora del orden, como huelgas o manifestaciones. Como se recordará, uno de los supuestos delitos con los que se mantuvo en prisión y juicio al sindicalista Rubén González fue, precisamente, “violación a la zona de seguridad”. Otro despropósito jurídico citado, en el caso venezolano, fue la sentencia que en el año 2014 emitió el Tribunal Supremo de Justicia que establece la obligatoriedad de recibir un “permiso” para realizar una manifestación y que, ante su ausencia, los funcionarios estarían facultados de “disolver” la manifestación.

La voluntad de poder y de dominio, la lógica de violación a los derechos humanos, es una sola, a pesar de las banderas tras la que se camufle. Estados Unidos y Venezuela están hermanados más de lo que sus voceros están dispuestos a reconocer.

Audiencias en la Comisión

 

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Columna de Provea en Correo del caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La semana pasada se realizó el 149º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, donde Venezuela participó con tres audiencias. Esta jornada se realizó en la ciudad sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues esta instancia forma parte del llamado Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH), uno de los mecanismos internacionales para garantizar la dignidad de hombres y mujeres, que como recordaremos tienen rango constitucional.

Las audiencias de Venezuela trataron sobre tres temas: Situación general de los derechos humanos en el país; Independencia del poder judicial venezolano y, por último, situación de la libertad de expresión. Esta instancia es entendida como espacio para la conciliación y el diálogo entre las víctimas y los Estados. Sin embargo, el gobierno venezolano no lo entiende así. El ánimo con que acuden los funcionarios es el de la descalificación y los ataques. Los tres funcionarios que representaron al país en esta oportunidad fueron tres: Germán Saltrón, Luis Britto García y Luis Damiani. Saltrón argumentaba que Venezuela era el país del mundo donde más se respetaban los derechos humanos. Por su parte Damiani señalaba que eran infundadas las acusaciones sobre el funcionamiento parcializado del sistema de justicia en el país. Luis Britto García, a su vez, refutó las afirmaciones acerca de obstáculos al ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Los tribunos estatales entienden su participación como un ejercicio de oratoria incendiaria. Britto García, como reseñaron los diferentes medios de comunicación, reiteró que Venezuela no recibiría las visitas de los observadores internacionales: “¡No al turismo de derechos humanos”, exclamó en el cenit de su discurso.

Como se recordará Venezuela se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que también es parte sustancial del SIDH. Sin embargo aún puede ser observada por la Comisión, quien puede generar informes sobre la situación del país, con recomendaciones a los gobiernos para revertir situaciones, así como solicitar medidas cautelares para personas cuya vida e integridad se encuentran en inminente riesgo. Ante la falta de canales de interlocución del gobierno, estas audiencias se han convertido para nuestro país en el único espacio donde se puede tener algún tipo de feedback con representantes oficiales. La dinámica es completamente diferente en las audiencias de los otros países. Tuvimos la oportunidad de escuchar la audiencia sobre la situación de las mujeres indígenas en Nicaragua y el vocero gubernamental, defendiendo sus posiciones, declaraba que tomaría nota de las observaciones realizadas por las organizaciones y víctimas presentes en la sala.
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Lo que Britto García no dice sobre la CIDH

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

De no revertirse esta semana la denuncia realizada por el Estado venezolano contra la Convención Americana de Derechos Humanos, el país estaría fuera de las competencias tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Con ello se cierra una posibilidad de revertir violaciones a los derechos humanos que no hayan alcanzado justicia en el sistema nacional de administración de justicia.

Las implicaciones para la defensa de los derechos humanos en el país son múltiples y son ocultadas deliberadamente por los voceros oficiales, como Luis Britto García, en la campaña de criminalización de estas instancias regionales. Por ejemplo Britto García calla que las decisiones de la Corte IDH han establecido un sólido marco jurídico internacional para resolver los conflictos que surgen entre los Estados y las comunidades indígenas o tribales por las concesiones otorgadas por los gobiernos para la extracción, explotación y desarrollo de recursos naturales en sus territorios.
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Defendiendo la CIDH desde la izquierda

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

“¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos (…) en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur?”. Estas incómodas preguntas no son realizadas por alguno de los sospechosos habituales de las ONGs independientes de derechos humanos venezolanas, sino por Boaventura de Sousa Santos “uno de los intelectuales que más insiste en la necesidad de descolonizar el conocimiento como paso previo a lograr un clima nuevo de justicia social”, según la descripción de la Agencia Venezolana de Noticias.

De Sousa ha sido entusiasta de algunas de las políticas promovidas por el gobierno bolivariano, cuyos textos son reproducidos con entusiasmo en los diferentes medios de comunicación oficiales. Además, es el autor más citado en el libro “Los Derechos Humanos desde el enfoque crítico”, editado recientemente por la Defensoría del Pueblo. De Sousa, entonces, es un referente importante para los antiguos activistas hoy devenidos en funcionarios gubernamentales.
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Las 9 mentiras del gobierno sobre la CIDH

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

1) Venezuela, en un acto de soberanía, se retirará de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)

– Ningún país puede “retirarse” dela CIDH, pues ésta es un órgano de la Organización de Estados Americanos. El artículo 106 dela Cartadela OEAseñala: “habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una convención interamericana  sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión…”. Para poderse salir dela CIDHhay que retirarse de la propia OEA.

2) Al anunciar la salida de Venezuela de la CIDH el presidente Chávez promueve una política nacionalista y soberana

El gobierno afirma que no puede aceptar decisiones que no sean dictadas por los Poderes Públicos del país y por lo tanto no puede acatar una sentencia de la Corte Interamericana o una recomendación de la Comisión. Pero contradictoriamente se empeña en ingresar al Mercosur donde el Consejo del Mercado Común dicta normas que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico sin poder ser revisadas ni por el Tribunal Supremo de Justicia ni la Asamblea Nacional. Esa conducta es un claro ejemplo del doble discurso en materia de soberanía.

3) La decisión de separarse de la CIDH no vulnera normativas internas del país

– Al contrario, la salida de la CIDH significa desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En el artículo 23 dela CRBVse expresa: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno (…) y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Por otra parte, el artículo 31 dela CRBVafirma “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados porla República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará (…) las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales”.
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Tragedia warao y demarcación

A raíz de la muerte de los 6 niños y niñas warao por diarrea y desnutrición en la comunidad de Cambalacha, la ministra de Pueblos Indígenas Nicia Maldonado opinó que la causa del problema –si bien no es la única- ha sido la migración de las comunidades indígenas debido a las consecuencias de actividades mineras en sus territorios. La funcionaria sentenció que “el problema de los indígenas es originado por la mala gestión de la CVG de la Cuarta República cuando cerró el Caño Mánamo, las tierras se salinizaron y ya no fueron productivas”.

Esta afirmación es parcialmente cierta. Hay que recordar que si bien el gobierno bolivariano ha creado tanto un marco jurídico como una institucionalidad favorable a los derechos de los pueblos indígenas, aún se mantiene la deuda sobre desarrollar y ejecutar políticas públicas, sostenibles en el tiempo, coherentes con estos principios. En el caso que nos ocupa, la demarcación de tierras indígenas, se constitucionalizó en el año 1999, por lo que era una obligación del Estado realizar ese proceso en el año 2002, según lo expresa el artículo 119. Sin embargo las últimas cifras oficiales conocidas, que datan del 2009, establecen que apenas el 1,6% de la población aborigen del país había recibido la titularidad de sus tierras.

Sobre esta problemática la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en diciembre del 2009 un informe llamado “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, en donde describe ampliamente las obligaciones de los Estados en la materia. Citemos algunos de los párrafos.

Aplicando su interpretación evolutiva de las garantías de derechos humanos de los instrumentos interamericanos, la CIDH ha afirmado que “el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el marco de la propiedad comunal”; y que el derecho a la propiedad bajo el artículo XXIII de la Declaración Americana “debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las comunidades indígenas con la debida consideración por los principios que se relacionan con la protección de las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a la tierra, los territorios y los recursos”. Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios son jurídicamente equivalentes a los derechos de propiedad privada no indígena, aspecto que se deriva del deber de no discriminación establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH ha sostenido que el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados. La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos; los territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso u ocupación ancestral”. El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de sus territorios debe tener certeza jurídica. Ello implica que el título jurídico de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre la tierra “debe ser reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica”. La certeza jurídica también requiere que los títulos de propiedad territorial de los pueblos indígenas sean protegidos frente a extinciones o reducciones arbitrarias por el Estado, y que no sean opacados por derechos de propiedad de terceros.

Coincidiendo con Maldonado la CIDH expresa que la falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud, entre otros. La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar efectivamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas “necesariamente incluye el establecimiento de consultas efectivas e informadas con el pueblo [respectivo] en relación con las fronteras de su territorio”. La Comisión ha sido clara en establecer que la demarcación se debe realizar sin retardos, y los Estados deben abstenerse de obrar en forma negligente o arbitraria frente a las solicitudes de demarcación territorial de las comunidades indígenas.

Este informe representa una herramienta de obligatoria consulta por las autoridades locales. La ministra debería precisar, a su vez, los obstáculos que han ocasionado que el gobierno que representa tenga una deuda de 9 años con esta reivindicación esencial de las comunidades indígenas. La tragedia del pueblo warao podría, por tanto, convertirse en una oportunidad tanto para corregir y cumplir con los derechos conculcados a estos venezolanos y venezolanas ancestrales.

La visita de la Comisión Interamericana de DDHH

Desde el año 2002 diferentes organizaciones de derechos humanos han solicitado la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). Sin embargo, esta petición ha alcanzado relevancia recientemente tras haber sido incorporada a las reivindicaciones de una parte del movimiento estudiantil. ¿Qué es la CIDH?, ¿Cuáles son las funciones que realiza cuando visita los países?, ¿Qué consecuencias puede generar?

La CIDH es un organismo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se encuentra conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente, junto con sus protocolos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como las tres Convenciones Interamericanas sectoriales sobre prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas y prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
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