Barquisimeto: Perseverancia logra sentencia contra violaciones al derecho a la vida en el barrio San Juan

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El pasado 17 de febrero, tras una década de tenaz andadura por la justicia, el Tribunal 16 de Juicio del área metropolitana de Caracas sentenció a 10 años y 7 meses de prisión a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) por el asesinato de dos menores de edad, hecho ocurrido en el año 2001 en Barquisimeto.

En un caso que conmocionó a los habitantes de la ciudad crepuscular, un 5 de junio comisiones de la GN y PTJ realizaron un operativo conjunto en las inmediaciones del Mercado San Juan de la ciudad en busca de los autores del asesinato del cabo segundo (GN) Simón Segundo Camacaro, crimen ocurrido la noche anterior en un bar del centro de la ciudad. Más de 30 funcionarios llegaron a la zona popular y acordonaron la cancha deportiva, en la cual detuvieron a los menores Danner Pastor BARRETO TORRES (17) y Luis Javier JIMENEZ ALVARADO (13), ambos estudiantes del Liceo “Rafael Monasterio”. Según el testimonio de los testigos los funcionarios los llevaron hacia uno de los callejones en donde procedieron a asesinarlos. Un habitante, posteriormente, atestiguó como un GN sembraba un arma de fuego en el lugar. Varias casas fueron allanadas, mientras algunos vecinos eran amenazados por los funcionarios en medio de la noche.

Versión oficial versus versión real

Inmediatamente comienza a circular la versión del enfrentamiento, sincronizada por todas las fuerzas policiales gubernamentales. El comisario Audio Cabrera (PTJ) afirmaba a los medios que las víctimas formaban parte “de una banda peligrosa donde también actúan mujeres con sus concubinos”. Por su parte el coronel Ove Gedde García, jefe del Comando Regional N°4 de la GN, no sólo ratificó la versión, sino que atribuyó a los asesinados el crímen contra Camacaro: “El que tenía 17 años fue quien disparó el arma contra el cabo primero y en el allanamiento encontraron el arma de fuego que usó”. El comisario Rafael Rodríguez Lameda, jefe regional de la PTJ, dijo: “uno de los fallecidos fue reconocido como quien disparó contra el cabo primero”.

Si algo contradecía la versión de las autoridades era la airada indignación de la comunidad. El 6 de junio habitantes, familiares y maestros de los dos adolescentes organizaron una manifestación para rechazar el asesinato de los menores, en donde recorrieron el barrio y quemaron cauchos en la calle. El sentir popular comienza a confirmarse. Un mes después se identificaron a los verdaderos autores del asesinato del GN: Freddy Antonio Herrera (17) y Juan Pablo Silva (15). El 15 de agosto los mismos testigos que bajo amenaza inculparon a Barreto y Jiménez, esta vez señalaban a los reales responsables. En un juicio radicado en Falcón fueron enjuiciados y condenados por homicidio.

Los intrincados caminos de la justicia

A pesar que la exculpación de los dos menores asesinados y su declaración de inocencia parecía evidente, los familiares tienen que enfrentar un engorroso proceso judicial para obtener justicia. El 5 de marzo de 2004 el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a cargo de la abogada Minerva Parra Montilla, absuelve a los tres efectivos de la GN y dos de PTJ acusados y les otorga la libertad plena. Los familiares imponen un recurso para refutar la decisión y el escándalo por la liberación repercute en los medios de información regionales. Se acuerda un nuevo juicio, pero radicado en otra ciudad. Transcurre casi una década para que se haga justicia. El sargento técnico de segunda Omar Lucena, el distinguido Ego Enrique Mosquera, el distinguido Jesús González, de la Guardia Nacional; y los detectives Cruz Vásquez y Rafael Bolivar, ahora adscritos al CICP, fueron condenados a 10 años y siete meses de prisión por el homicidio de los adolescentes Danner Pastor y Luis Javier Jiménez. Como recordó el periodista Gerardo Morón de El Informador se trata de uno de los juicios más largos y controversiales desde que existe el Código Orgánico Procesal Penal.

Para los miembros del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, organización social que ha acompañado a los familiares durante todo el proceso, aún existen cosas que resolver para que se pueda hablar de justicia. En primer lugar que la Corte de Apelaciones, instancia a la que han acudido los funcionarios para intentar revertir la decisión, ratifique la sentencia. En segundo lugar que a los policías y guardias nacionales sean enviados a un centro penitenciario, para que no cumplan su pena recluidos, con prerrogativas y comodidades de todo tipo, en la sede de los organismos a los que pertenecen. Para esto alertan a toda la comunidad y las organizaciones sociales y de derechos humanos para continuar haciendo el seguimiento al caso. (Prensa Provea, 25.03.11)

Fotos cortesía Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL)

Sexto aniversario del Comité de Víctimas Contra la Impunidad

En noviembre del 2004 se funda el Comité de Víctimas Contra la Impunidad (COVICIL) como una respuesta de familiares y amigos de los afectados por la violencia policial y social existente en el estado Lara y particularmente en Barquisimeto. Era la época del reinado de terror del entonces gobernador Luis Reyes Reyes y el comandante de las Fuerzas Policiales de Lara, el tristemente célebre General Jesús Armando Rodríguez Figuera. Desde nuestra fundación, parte de nuestro esfuerzo se concentró en acompañar a las víctimas y en hacer visibles sus testimonios, convertidos en denuncia que desenmascaraba la falsedad de un pretendido estado de derecho. Es este mismo “estado de derecho” el que, lejos de corresponder a las demandas, se convertía en un mecanismo de revictimización y desgaste a través del llamado vía crucis de la impunidad, que no es otra cosa que la negación de justicia para la mayoría de la población, mucho más arduo para las víctimas de violaciones a DDHH.

En una sociedad donde el dinero es el único valor y donde todo se convierte en mercancía es inevitable que el ejercicio de la justicia sea uno de los negocios más florecientes dentro de las industrias de este sistema. En esa bolsa comercial la absolución de los delitos tiene un precio y a la usanza de las bulas que vendía la iglesia para la salvación de las almas pecadoras, en este centro comercial que se llama el Palacio de la Injusticia, léase tribunales de Lara, todo se vende y todos se venden. Allí no se juzga el delito, se tasa el precio que debe pagar todo el que cae en sus garras para lograr su absolución. Pero si esto sucede con el hijo del pobre que tiene que pagar para demostrar su inocencia, no sucede con el funcionario policial o militar, cuando éstos comenten delitos hemos comprobado una y mil veces cómo gozan de una autentica patente de corso para salir absueltos, con la probabilidad de uno en mil de ser sentenciados según lo establecido en la ley, gracias a las patéticas investigaciones del Ministerio Público y a las inefables decisiones de los “polijueces” que abundan en la región.

Afirmamos, con base en los hechos, que la Impunidad es una política del Estado, especialmente la impunidad policial y militar. Los hechos y las cifras de las mismas instituciones estadales nos han dado la razón. Constatar esta realidad sobre el papel del Estado en el fomento de esa plaga llamada impunidad, no nos llena de orgullo, por el contrario, nos señala el negro futuro para nuestra sociedad, cuando vemos que desde el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, se extiende toda una política de sometimiento y control a partir de la macabra alianza en la que participan policías, militares, órganos de justicia, poder ejecutivo y la delincuencia que cada día se extiende y cobra más fuerza, apoderándose de todos los espacios de la vida social hasta llegar a constituirse en el verdadero aparato de violencia y coacción del nuevo Estado emergente que ha nacido en Venezuela, y cuyas nefastas consecuencias para la mayoría de la población, padecemos a diario.

Venezuela ha retrocedido a la época del caudillo y la montonera, del cabecilla y su banda que no están sometidos a ley alguna y lo cínico de la situación es que los dirigentes de este nuevo Estado reconocen y se vanaglorian de su condición de verdugos y la pregonan e imponen como nueva “ legalidad” del orden establecido.

Los últimos informes de la Fiscalía General, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC 2009), realizada desde la Vicepresidencia de la República, así como las declaraciones de los principales voceros oficiales relacionados con la materia, dejan claro que la política del Estado venezolano es el fomento y estímulo a la impunidad.

Según los informes de la Fiscalía General, desde el año 2000 hasta marzo del 2009, los cuerpos policiales y militares al servicio del Estado habían cometido 43.362 violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de lesiones, violación de domicilio, privación de libertad, acoso, tortura y desapariciones forzadas. Si a esta cifra le agregamos las 7998 ejecuciones cometidas por los cuerpos policiales en el período citado, se estaría hablando de 51.360 violaciones a los derechos humanos, que pasaron de 12 violaciones diarias entre el período 2000-2007 a 24 violaciones diarias en el período comprendido entre 2008 y marzo de 2009. En estas violaciones a los DDHH estuvieron involucrados 36.145 funcionarios policiales y sólo fueron detenidos 428. Esto indica que sólo el 1,18% de los funcionarios fueron detenidos, la mayoría en sus comandos respectivos, gozando de privilegios. En el 99% de los casos no han sido juzgados, y menos sentenciados. El Comité a lo largo de estos años ha monitoreado más de cuatrocientos casos de ejecuciones, hemos acompañado a las víctimas en decenas de casos y hasta ahora sólo se ha logrado la condena firme EN SÓLO UNO DE ELLOS.

Asimismo, se ha cumplido un año del cobarde asesinato de nuestro entrañable amigo y compañero de lucha Mijaíl Martínez, y pese a que está suficientemente claro la autoría material e intelectual de sus asesinos, no hay un sólo detenido. Hemos acudido a TODAS las instancias estatales con la denuncia y no se ha realizado una sola investigación que conduzca a establecer las responsabilidades penales por este hecho que conmocionó al país, que una vez más fue testigo de cómo se arremete contra los luchadores sociales y contra sus hijos impunemente. En este caso, como en miles, el engranaje del macabro círculo de la impunidad constituida por delincuencia, policías, fiscales y tribunales ha funcionado a la perfección para encubrir y proteger a funcionarios policiales y delincuentes.

En otros casos que hemos monitoreado y acompañado a lo largo de estos seis años ante el Ministerio Público y los tribunales (Esteban Javier Vargas, Juan Carlos Mellizo, Elpídio Hernández, Lennys Sánchez, José Luis Vásquez, José Luis Prado, Luis Alberto Guédez, Hermanos Pérez Heredia, Masacre de El Tostao, Masacre de Lomas de León, Masacre de Quíbor… entre tantos otros) dan cuenta del tétrico círculo de represión y coacción que ampara y fomenta la impunidad en el estado. El propio TSJ investigó a jueces de Lara por su papel de cómplices de la delincuencia, particularmente en casos del narcotráfico, y sin embargo, la impunidad continúa campante en el estado. Ha sido esta entidad la única en el país investigada por el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Interior y Justicia, por el Consejo Legislativo del Estado y aunque en todas y cada unas de las investigaciones se comprobaron delitos graves e imprescriptibles, hoy los señalados gozan de total libertad, siendo ascendidos y premiados por el Estado con altos cargos.

Para ilustrar la realidad nacional, reseñamos algunos datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, cuya lectura y difusión recomendamos. Esta encuesta, conocida en mayo pasado es la prueba más contundente de que el Estado venezolano a través de su gobierno de turno, es el principal generador de la creciente inseguridad que vive el país. De dicha encuesta se extraen las siguientes cifras, verdaderamente aterradoras que reflejan el clima de violencia que fomenta el Estado venezolano, como la forma más rápida, eficaz y económica de ejercer el control social sobre la mayoría de la población.

• Los homicidios cometidos en el país entre julio del 2008 a julio del 2009 ascendieron a 21.132 dos mil más que la cifra oficial reconocida, convirtiendo a Venezuela en el país con la tasa de homicidio más alta del mundo: 75 homicidios por cada 100 habitantes. (ENVPSC 2009, pág. 67). y Caracas como la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 250 por 100 mil (ENVPSC 2009, pág. 115). En Honduras, considerado el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 68 por 100 mil, se comete un homicidio cada 88 minutos. En Venezuela se comete uno cada 25 minutos
• Entre el 2000-2009 oficialmente se cometieron en el país 166.623 homicidios, según las proyecciones de la ENVPSC 2009 esta cifra puede llegar a los 181.000 con 3,62 lesionado por cada homicidio cometido. De tal manera que esta guerra civil del Estado y delincuencia contra la población, especialmente pobre y joven del país, arroja un promedio de 800 mil bajas causada en dicho periodo. Ninguna guerra ocurrida en el mundo en los últimos 20 años ha causado tal número de bajas. Ni siquiera la Guerra de Independencia y Federal juntas ocasionaron tal numero de muertos y heridos
• El ministro del interior y la fiscal general reconocen que uno de cada cinco policías (20%) está incurso en delitos, especialmente en los más graves como homicidios, secuestro y extorsión. Pues bien la ENVPSC 2009 reconoce que esta cifra alcanza al 34% sin incluir a la Guardia Nacional.
• El 26% de los hogares venezolanos opinan que la policía no puede enfrentar la inseguridad porque está corrompida (ENVPSC 2009, pág. 93).
• El 82% de los hogares consideran que el Estado no protege a la víctima, porque le dan “poco o nada de apoyo” ( ENVPSC 2009, pág. 76).
• El 69% opina que la policía proporciona un servicio “malo o muy malo”.

Esta encuesta es un elemento más que corrobora no solo las denuncias que a lo largo de seis años ha venido haciendo el nuestro Comité al denunciar la impunidad como una política del Estado venezolano, sino de algo más grave como lo es el hecho de que el propio Estado- supuesto garante de los derechos ciudadanos- es el principal transgresor y enemigo de la sociedad venezolana, cuya política fundada en la alianza policía-delincuencia y poderes estadales es el verdadero aparato de coerción, violencia y control social que mantiene sometida a la población venezolana, que más temprano que tarde- tal y como lo demuestra la historia de la humanidad- saldará cuentas con los responsables de estos crímenes.

¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
COVICIL- NOVIEMBRE 2010

Desde Lara sistematizan y divulgan la reflexión popular sobre la impunidad en el país (y III)

Rafael Uzcátegui

En esta oportunidad difundimos la última entrega sobre el libro Impunidad policial en Venezuela 2000-2009 de Pablo Hernández Parra, miembro del Comité de Víctimas Contra la Impunidad de Lara (Covicil), una investigación parcialmente apoyada desde Provea como un aporte a la discusión necesaria sobre uno de los principales problemas del país.

En diferentes documentos del Covicil -organización popular de la región centro-occidental del país- se han planteado la hipótesis de la existencia de un “círculo de la impunidad”, tesis que Hernández desarrolla en el texto. Este círculo estaría conformado por la triada Cuerpos policiales-Fiscalía-tribunales. Según el diagrama, dentro de la policía estarían enquistados grupos que, bajo el amparo de funcionarios de mediano y alto rango, participan en diferentes delitos. Uno de los argumentos de esta afirmación lo constituye el reconocimiento del ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, Tareck El Aissami acerca de la participación de policías en hechos irregulares en un porcentaje estimado entre el 15 y el 20%. Con estos datos el profesor y activista universitario saca cuentas: si existe una cantidad de 130.000 funcionarios y funcionarias en los cuerpos de seguridad pública se considera, en consecuencia, que 26.000 hombres y mujeres, entrenados por el Estado, participan en hechos delictivos. Sin embargo, Hernández sostiene que por cada funcionario involucrado directamente en una violación a los derechos humanos existen por lo menos 2 cómplices indirectos en los propios cuerpos policiales. Su conclusión es preocupante: “-la cifra- asciende con facilidad a no menos de 80.000 funcionarios delincuentes, cómplices conscientes o encubridores de delitos, que se hacen la vista gorda por temor a represalias, porque saben que su superior regional o nacional es el jefe o está involucrado con la banda, o porque tienen intereses creados en la organización delictiva”. Por ello, en base a su propia experiencia y experticia, el Covicil ha sostenido que la principal banda de ejecutores de secuestros, asaltos, extorsiones y homicidios se encontraría dentro de los cuerpos policiales del Estado venezolano.

La segunda estación del “Círculo de la impunidad” estaría conformada por la Fiscalía y los tribunales, Hernández afirma: “¿Quiénes son los encargados de ponerle precio a los delitos? Indudablemente los encargados de “administrar el negocio de la justicia” que no son otros que los fiscales y jueces, en unión con las consabidas mafias de abogados y bufetes que “tranzan en la bolsa de la justicia y los tribunales” el precio de los más diversos delitos, sin importar en absoluto la inocencia o culpabilidad del acusado”. Para sostener esta frase, se recuerdan cifras de las actuaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara. En el año 2007 el 68% de los detenidos por algún delito salieron en libertad. Los años siguientes los números aumentaron. En el 2008 se remontó a 70% y para el 2009 la cifra repuntó al 87%. Al discriminar sobre detenidos en flagrancia, para el año 2007 de cada 4 personas aprehendidas 3 salieron en libertad. La conclusión es lapidaria: “En las cárceles están los pobres que no han podido pagar al policía que lo detuvo, al fiscal que lo acusa o al juez que lo sentencia”.

Según describe el libro, existiría entre funcionarios y delincuentes comunes diferentes tipos de relación de aprovechamiento mutuo: “Los delincuentes en libertad quedan bajo control de los cuerpos policiales y militares. Se forman bandas o se convierten en cajeros bancarios de los funcionarios”. La frase suena dura, sin embargo la data para dicha hipótesis ha sido recopilada de los casos llevados por el propio Covicil a lo largo de su trayectoria. Cupertino Mujica, uno de los promotores actuales del comité, se acercó a esta iniciativa popular porque estaba siendo víctima de lo que en la región se conocen como “cajeros bancarios humanos”, ciudadanos que han sido inculpados de delitos por funcionarios, generalmente el tráfico de estupefacientes, los cuales cada semana son visitados por los agentes de la ley para quitarles determinadas sumas de dinero. Mujica, junto al Covicil, denunciaron la situación y el 12-03-10 un tribunal declaró su inocencia, después de tener años sometido a un régimen de presentación y hostigamientos e intentos de extorsiones por parte de quienes teóricamente deberían hacer cumplir la ley.

Precisamente lo valioso de Impunidad Policial en Venezuela 2000-2009 es que sistematiza la subjetividad popular de una organización concreta sobre el tema. El Covicil no solamente ha acompañado casi 400 casos de la región. Además, uno de sus colaboradores, Mijail Martínez Niño, fue asesinado en un hecho que al arribar este mes a su primer aniversario no existen aún sanciones para sus autores materiales o intelectuales. El texto debería ser de lectura obligatoria para los funcionarios y funcionarias tanto de la Fiscalía como de la propia Defensoría del Pueblo, no sólo para que avalen o refuten las tesis, sino para que coordinen políticas para revertir los aspectos más apremiantes y ásperos que conjugan el verbo impunidad en Venezuela.

Si usted desea contactar con el autor de esta investigación, o adquirir una copia, puede escribir al email phparra@yahoo.es (Correo del Caroní, 02.11.10)

Desde Lara sistematizan y divulgan la reflexión popular sobre la impunidad en el país (I)

Rafael Uzcátegui

En días recientes ha aparecido el libro “Impunidad Policial en Venezuela: 2000-2009”, realizado por el profesor universitario, investigador y activista social Pablo Hernández Parra. Esta obra, que realiza un balance de la relación entre organismos policiales, violación a los derechos humanos e irregularidades en el sistema de administración de justicia venezolano es una obra singular por varias razones. Una de ellas porque es una reflexión producto de una lucha popular concreta contra la impunidad policial. Hernández ha sido uno de los promotores del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), una organización que desde el año 2006, aglutina a las  víctimas de abuso policial y sus familiares en la ciudad de Barquisimeto, que ante la falta de recursos para contratar abogados y abogadas que los defiendan, han ejercido lo que en las ONG´s llamamos “uso alternativo del derecho”: mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, cimentados por el dolor, personas humildes han manifestado y presionado juntos contra las diferentes instituciones del Estado en la búsqueda de justicia. El Covicil, según sus propias estadísticas, ha defendido casi 400 casos, de los cuales apenas 3 de ellos han podido conseguir una condena firme contra los responsables. Es por ello que si alguna organización del país puede hablar con propiedad sobre la impunidad es, precisamente, este Comité.
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Autoritarismo, derechos humanos y petróleo: Situación de los derechos humanos hoy en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El triunfo de un candidato outsider a la Presidencia de Venezuela, ocurrido a finales de 1998, despertó simpatías sin precedentes. Desde la vuelta en 1958 a la democracia en el país caribeño, dos partidos se habían alternado en el ejercicio del poder, estimulando un proyecto modernizador basado en la extensiva producción y venta de petróleo. Este populismo de conciliación de élites, como fue calificado por el investigador Juan Carlos Rey, mostraba su vigor a mediados de la década de 1970 tras la incorporación al juego democrático de los principales actores armados de las guerrillas de izquierda y en la nacionalización de la industria de hidrocarburos que motivó una bonanza económica conocida en la jerga popular como “época de las vacas gordas”. Pocos se imaginaban que el modelo naufragaría apenas 10 años después.

En 1982 la moneda local, el bolívar, experimentó una considerable devaluación frente al dólar, abriendo un periodo de crisis económica que, a su vez, catalizó la social, que se expresó violentamente el 27 de febrero de 1989. La aplicación de un paquete de medidas económicas de inspiración neoliberal generó pobladas y saqueos en diferentes partes del país. Las cifras oficiales contabilizaron 276 muertos, pero para diversas organizaciones sociales la cantidad real se duplicaba.

El “Caracazo” significó un momento de inflexión por dos razones: 1) la demostración fehaciente de la creciente ingobernabilidad democrática debido a la fragmentación del pacto social erigido en 1958; y, 2) la irrupción de una serie de nuevos actores sociales —ONG de derechos humanos, organizaciones vecinales, ambientalistas y estudiantiles— que, relacionándose a diferentes niveles, promocionan la urgente necesidad de un cambio. Varios años continuos de conflictos, que incluyen la inhabilitación del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, crearon las condiciones para que, a finales de la década, una generación diferente de funcionarios tomaran las riendas del Estado, fundando expectativas similares al fin de la hegemonía partidista del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México.

Los primeros años del bolivarianismo

El presidente Hugo Chávez abrió su periodo presidencial con la convocatoria a una Asamblea Constituyente a la que se incorporaron, de manera intensa, las organizaciones de derechos humanos. Es así como la Carta Magna resultante, aprobada en 1999, incluye muchas de sus recomendaciones en lo que sería un texto constitucional ampliamente garantista en materia de derechos sociales, lo que fue saludado y reconocido por organizaciones ciudadanas de todo el orbe.

Una segunda consecuencia positiva fue la popularización, como nunca antes, del discurso sobre derechos humanos entre amplias capas de la población. El reto era, a la par de continuar poniendo en sintonía la legislación venezolana con los estándares internacionales, hacer realidad los derechos tal como estaban establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Primer Mandatario no administró con sabiduría su amplia popularidad y comenzó a mostrar signos de intolerancia, mofándose de las primeras movilizaciones de cuestionamiento a sus políticas de reforma en el sector educativo y adjetivándolas, en un discurso transmitido por televisión a todo el país, como “escuálidas”. Esto sería el inicio de una forma de gobernar caracterizada por la exclusión.

Con razón o sin ella, pero ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente bajo la criminalización, aquellas primeras docenas de manifestantes fueron creciendo hasta sumar el millón de personas que en abril del año 2002 intentaron, infructuosamente, llegar hasta el Palacio de Gobierno en un confuso incidente que originó 19 muertos y cientos de heridos, tras el cual un grupo de empresarios y militares interrumpió, el 12 de abril, el hilo constitucional, derogando la Carta Magna aprobada tres años antes y proclamando a Pedro Carmona como presidente. El golpe de Estado duró solo 24 horas.

En este contexto, y ante la posibilidad de ser removido mediante la convocatoria a un referéndum presidencial —un derecho incluido en la nueva Constitución—, el Ejecutivo Nacional diseñó las llamadas “Misiones”, una serie de políticas sociales de corto impacto con el que lograría extraordinarios avances en el combate a la pobreza en el país. De las 21 misiones ejecutadas hasta la fecha, las más promocionadas han sido las destinadas a educación, salud y alimentación.

En el año 2008, según el Informe Escolar 2008 de la ONG Campaña Mundial por la Educación, Venezuela presentaba algunos de los mejores indicadores de América Latina en materia educativa, con un aumento significativo en sus índices de alfabetismo, matrícula, disponibilidad de establecimientos escolares y prosecución escolar, entre otras. Por su parte, la Misión Barrio Adentro mostraba para el año 2006 un evidente incremento de la atención primaria, mediante la presencia de más de 13.000 médicos en 4.600 módulos edificados en barrios populares. En el caso del derecho a la alimentación, el Ejecutivo promocionó una red de mercados, denominados Mercal, con alimentos pertenecientes a la canasta básica a precios regulados, que en su primer año de funcionamiento (2003) benefició a más de medio millón de personas. La cifra se elevó cinco años después, en el periodo de mejor funcionamiento del Mercal, a 13 millones de personas. Esta amplia cobertura incidió en el aumento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, así como en una reducción del 20% en la cantidad de familias en situación de pobreza entre los años 2004 y 2006.

Sin embargo, otras misiones arrojaron resultados contraproducentes. La Misión Villanueva y la Misión Hábitat, destinadas ambas al sector Vivienda, no pudieron amortizar la histórica deuda social en la materia, un déficit calculado en tres millones de unidades habitacionales. Año tras año el Gobierno incumplía sus propias metas de construcción; además, algunas iniciativas como la promoción de cooperativas con participación comunitaria fueron permeadas por vicios institucionales y corrupción. De esta manera el presidente Chávez se ha convertido en el segundo primer mandatario del periodo democrático con el menor promedio de construcción de viviendas por año.

Crisis económica y conflictividad

Si bien las misiones impactaron positivamente en el corto plazo a la población de menos recursos, diversas organizaciones expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de una transformación estructural que garantizara el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Carta Magna. Además, alertaron sobre la ausencia de una planificación que hiciera sustentable en el tiempo dichas políticas sin afectarse por los vaivenes del mercado energético mundial.

En julio del año 2008 el petróleo venezolano alcanzó su cénit al cotizarse en US$122,40 el barril. Cuatro meses después se ubicaba a la mitad. La celebración de elecciones para gobernaciones y alcaldías, en noviembre del 2008, y, posteriormente, una enmienda constitucional en febrero del 2009, postergó la discusión de las posibles consecuencias para el país de la crisis económica global. Días después el presidente Chávez anunció un conjunto de medidas económicas, como la reducción del gasto público, el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la disminución de gastos suntuarios e innecesarios, así como la promulgación de una ley que limitaría los salarios percibidos por los funcionarios de alto rango en la administración estatal.

A pesar de los anuncios gubernamentales acerca de la no disminución de las políticas sociales, el incremento del 20% en el salario mínimo es inferior al índice de inflación, que solo en el sector alimentos se ubicó durante el año 2008 en 43%. Por otra parte, la situación de inseguridad ciudadana continuaba agravándose, cerrando ese mismo lustro la cifra de 14.467 homicidios en todo el país y un aumento en los últimos dos años de la cantidad de secuestros del 202%. Para complejizar más la situación, la prolongada sequía y la falta de inversión en el sector originaron una crisis en el suministro de energía eléctrica y agua, con lo que algunas ciudades comenzaron a experimentar interrupciones en el servicio de varias horas al día.

Este contexto potenció un aumento de la conflictividad y la movilización por exigencia de derechos. Durante los años 2004 al 2008, en medio de una aguda polarización, las manifestaciones estuvieron protagonizadas por demandas de rechazo y apoyo al Presidente. Por primera vez en varios años el 2009 transcurrió sin la celebración de actos electorales, con lo que algunos sectores sociales pudieron avanzar en la elaboración de una agenda propia y la recuperación de su autonomía. Éste fue el caso de los sectores sindicales, que durante ese año protagonizaron el 36% de las movilizaciones en el país por demandas laborales, para un total general de 3.297, un promedio de nueve al día, el número más alto de todo el Gobierno del presidente Chávez.

Esta beligerancia en ascenso aumentó a su vez el proceso de criminalización, y así se contaron en más de 2.400 los casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación pacífica. En lo que es un grave precedente, el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González fue privado de su libertad el pasado mes de agosto, tras apoyar una paralización de actividades en exigencia del cumplimiento de la contratación colectiva.

La respuesta de la sociedad civil

Diferentes leyes y reglamentos promulgados desde el año 2004 han venido limitando y revirtiendo las garantías constitucionales, por lo que en Venezuela se ha configurado un grave problema de institucionalidad democrática, con un aumento de la concentración de poder acompañada de una erosión de la independencia de los poderes. Sin embargo, la sociedad civil aún no logra articularse como un efectivo contrapeso. Los partidos políticos de oposición no sintonizan con las demandas populares, y, reacios al aprendizaje de las lecciones de la experiencia bolivariana, reinciden en mantener su dirigencia histórica. En un año de votaciones para los representantes a la Asamblea Nacional, previsiblemente se vigorizará la polarización política, no obstante lo cual algunos sectores sociales han desarrollado capacidad de mantener sus prioridades a pesar de la ‘electoralización’ de la dinámica general movimientista: los indígenas y ecologistas enfrentados a los proyectos de expansión carbonífera en la Sierra del Perijá, estado Zulia, así como las diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad, que en el estado Lara se enfrentan a la impunidad y la participación de funcionarios policiales y militares en delitos de diversa índole.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos tienen planteados diversos retos. Uno es su propia relegitimación como un actor social vinculado a las comunidades en conflicto con posibilidades de fortalecimiento y acompañamiento. En segundo lugar, una comprensión cabal, desde la perspectiva de derechos, de la vertiginosa realidad venezolana, con la consecuente posibilidad de incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Luego, ser un agente proactivo en la articulación social desde la base, así como en la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales. Por último, el desarrollo de nuevas estrategias y prácticas que permitan renovar el discurso sobre derechos humanos dentro de los diferentes escenarios.

(Colaboración para Revista Ideele, Perú, edición 198)

Leo y difundo: Comité de Víctimas de Lara alerta sobre posible decisión en el caso Masacre en Loma de León

A lo largo de más de cinco años el Comité de Víctimas Contra la Impunidad ha venido denunciando sistemáticamente la impunidad judicial en general y la violencia policial en particular como expresiones de una política del Estado Venezolano, que ha convertido al estado Lara en la capital del crimen y en el reino de la impunidad para funcionarios de las diferentes policías que, al amparo de jueces y fiscales, cometen todo tipo de crímenes y delitos.

Los sucesos ocurridos en Lara, tales como la toma de la comandancia de la policía de Barquisimeto; el aumento de los secuestros y homicidios, que antes de finalizar el primer trimestre del año están superando las cifras del 2009, tienen en la entidad una determinante en LA ABIERTA COMPLICIDAD DEL PODER JUDICIAL CON LA DELINCUENCIA, EN ESPECIAL CUANDO SE TRATA DE FUNCIONARIOS POLICIALES IMPLICADOS EN HECHOS DELICTIVOS, PRINCIPALMENTE EJECUCIONES DISFRAZADAS DE ENFRENTAMIENTO Y SECUESTROS.

Según las estadísticas oficiales difundidas por la prensa nacional sobre las actuaciones del Circuito Judicial Penal de Lara. ”… en el 2007 el 68% de los detenidos por algún delito en el Estado Lara salieron en Libertad, en el 2008 la cifra aumento el 70% y a comienzos del 2009, la cifra saltó al 87%.” (Sebastiana Barraez, Semanario Quinto día. Caracas del 30/01 al 06/02 de 2009)

Las cifras citadas se traducen de manera muy sencilla: de cada 4 delincuentes procesados 3 quedan en Libertad. En caso que el delincuente sea policía, la relación es de 1 a más de 1000, los pocos detenidos cumplen la medida en su comando respectivo donde gozan de toda clase de privilegios, como ir de compras a centros comerciales y dormir en sus casas todas las noches. Estas medidas no son otorgadas a cualquier ciudadano, pero sí invariablemente a los policías procesados quienes tienen padrinos en el alto gobierno que garantizan la impunidad mediante una sencilla transacción comercial con el juez de turno.

¿Por qué recordamos esto? En los próximos días saldrá la decisión sobre la tristemente célebre masacre de Loma de León, (Barquisimeto, 24/02/2008) en la que fueron vilmente asesinados cuatro personas, en esta masacre aparecen imputados por la fiscalía 21 del Estado los policías LUIS CAMACARO, WILMER PERDOMO, JULIO PERDOMO, JUAN LEÓN Y WALTER LINAREZ, uno de ellos tiene tres expedientes por homicidio (lF21: 0067-08, 0081-08, 0044-08). La gravedad del asunto es que este – junto a otros acusados- ha sido absuelto o sus expedientes archivados por los jueces y fiscales del estado Lara. En estas transacciones aparece recurrentemente nombre del juez Carlos Porteles quien el 16/3/10 absolvió a José Luis Parada en el juicio por homicidio y simulación de hecho punible, donde resultó abatido un ciudadano. Aunque para la fecha ya este policía había sido expulsado de la institución policial, José Luis Paradas fue señalado públicamente por el gobernador Falcón como uno de los cabecillas en la toma de la comandancia de la policía, encabezada por los oficiales que durante el mandato de Reyes Reyes y el Gral Rodríguez Figuera sembraron de sangre y terror al estado Lara. Más de trescientas ejecuciones en la entidad cómputo la Fiscalía General durante la tenebrosa gestión. Muchos de estos casos fueron a dar precisamente al despacho de Carlos Porteles (Caso San Juan, Caso Pérez Heredia) quien valiéndose de diversas artimañas jurídicas ha causado retardo procesal y actuado en contra de las víctimas favoreciendo a los funcionarios acusados. Por ello llamamos una vez más a las víctimas de la impunidad, a la población en general a estar atentos a la decisión de este juez ¡¡¡LA MASACRE DE LOMA DE LEON NO PUEDE QUEDAR IMPUNE!!! Hay que denunciar con expedientes en mano a los polijueces que se burlan de las víctimas y luchar decididamente contra la impunidad que se ha apoderado del sistema judicial en el estado Lara. ¡¡ YA BASTA, DENUNCIA AL POLIJUEZ!! GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!

COVICIL.
24 DE MARZO 2010