Barquisimeto: Perseverancia logra sentencia contra violaciones al derecho a la vida en el barrio San Juan

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El pasado 17 de febrero, tras una década de tenaz andadura por la justicia, el Tribunal 16 de Juicio del área metropolitana de Caracas sentenció a 10 años y 7 meses de prisión a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) por el asesinato de dos menores de edad, hecho ocurrido en el año 2001 en Barquisimeto.

En un caso que conmocionó a los habitantes de la ciudad crepuscular, un 5 de junio comisiones de la GN y PTJ realizaron un operativo conjunto en las inmediaciones del Mercado San Juan de la ciudad en busca de los autores del asesinato del cabo segundo (GN) Simón Segundo Camacaro, crimen ocurrido la noche anterior en un bar del centro de la ciudad. Más de 30 funcionarios llegaron a la zona popular y acordonaron la cancha deportiva, en la cual detuvieron a los menores Danner Pastor BARRETO TORRES (17) y Luis Javier JIMENEZ ALVARADO (13), ambos estudiantes del Liceo “Rafael Monasterio”. Según el testimonio de los testigos los funcionarios los llevaron hacia uno de los callejones en donde procedieron a asesinarlos. Un habitante, posteriormente, atestiguó como un GN sembraba un arma de fuego en el lugar. Varias casas fueron allanadas, mientras algunos vecinos eran amenazados por los funcionarios en medio de la noche.

Versión oficial versus versión real

Inmediatamente comienza a circular la versión del enfrentamiento, sincronizada por todas las fuerzas policiales gubernamentales. El comisario Audio Cabrera (PTJ) afirmaba a los medios que las víctimas formaban parte “de una banda peligrosa donde también actúan mujeres con sus concubinos”. Por su parte el coronel Ove Gedde García, jefe del Comando Regional N°4 de la GN, no sólo ratificó la versión, sino que atribuyó a los asesinados el crímen contra Camacaro: “El que tenía 17 años fue quien disparó el arma contra el cabo primero y en el allanamiento encontraron el arma de fuego que usó”. El comisario Rafael Rodríguez Lameda, jefe regional de la PTJ, dijo: “uno de los fallecidos fue reconocido como quien disparó contra el cabo primero”.

Si algo contradecía la versión de las autoridades era la airada indignación de la comunidad. El 6 de junio habitantes, familiares y maestros de los dos adolescentes organizaron una manifestación para rechazar el asesinato de los menores, en donde recorrieron el barrio y quemaron cauchos en la calle. El sentir popular comienza a confirmarse. Un mes después se identificaron a los verdaderos autores del asesinato del GN: Freddy Antonio Herrera (17) y Juan Pablo Silva (15). El 15 de agosto los mismos testigos que bajo amenaza inculparon a Barreto y Jiménez, esta vez señalaban a los reales responsables. En un juicio radicado en Falcón fueron enjuiciados y condenados por homicidio.

Los intrincados caminos de la justicia

A pesar que la exculpación de los dos menores asesinados y su declaración de inocencia parecía evidente, los familiares tienen que enfrentar un engorroso proceso judicial para obtener justicia. El 5 de marzo de 2004 el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a cargo de la abogada Minerva Parra Montilla, absuelve a los tres efectivos de la GN y dos de PTJ acusados y les otorga la libertad plena. Los familiares imponen un recurso para refutar la decisión y el escándalo por la liberación repercute en los medios de información regionales. Se acuerda un nuevo juicio, pero radicado en otra ciudad. Transcurre casi una década para que se haga justicia. El sargento técnico de segunda Omar Lucena, el distinguido Ego Enrique Mosquera, el distinguido Jesús González, de la Guardia Nacional; y los detectives Cruz Vásquez y Rafael Bolivar, ahora adscritos al CICP, fueron condenados a 10 años y siete meses de prisión por el homicidio de los adolescentes Danner Pastor y Luis Javier Jiménez. Como recordó el periodista Gerardo Morón de El Informador se trata de uno de los juicios más largos y controversiales desde que existe el Código Orgánico Procesal Penal.

Para los miembros del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, organización social que ha acompañado a los familiares durante todo el proceso, aún existen cosas que resolver para que se pueda hablar de justicia. En primer lugar que la Corte de Apelaciones, instancia a la que han acudido los funcionarios para intentar revertir la decisión, ratifique la sentencia. En segundo lugar que a los policías y guardias nacionales sean enviados a un centro penitenciario, para que no cumplan su pena recluidos, con prerrogativas y comodidades de todo tipo, en la sede de los organismos a los que pertenecen. Para esto alertan a toda la comunidad y las organizaciones sociales y de derechos humanos para continuar haciendo el seguimiento al caso. (Prensa Provea, 25.03.11)

Fotos cortesía Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL)

Sexto aniversario del Comité de Víctimas Contra la Impunidad

En noviembre del 2004 se funda el Comité de Víctimas Contra la Impunidad (COVICIL) como una respuesta de familiares y amigos de los afectados por la violencia policial y social existente en el estado Lara y particularmente en Barquisimeto. Era la época del reinado de terror del entonces gobernador Luis Reyes Reyes y el comandante de las Fuerzas Policiales de Lara, el tristemente célebre General Jesús Armando Rodríguez Figuera. Desde nuestra fundación, parte de nuestro esfuerzo se concentró en acompañar a las víctimas y en hacer visibles sus testimonios, convertidos en denuncia que desenmascaraba la falsedad de un pretendido estado de derecho. Es este mismo “estado de derecho” el que, lejos de corresponder a las demandas, se convertía en un mecanismo de revictimización y desgaste a través del llamado vía crucis de la impunidad, que no es otra cosa que la negación de justicia para la mayoría de la población, mucho más arduo para las víctimas de violaciones a DDHH.

En una sociedad donde el dinero es el único valor y donde todo se convierte en mercancía es inevitable que el ejercicio de la justicia sea uno de los negocios más florecientes dentro de las industrias de este sistema. En esa bolsa comercial la absolución de los delitos tiene un precio y a la usanza de las bulas que vendía la iglesia para la salvación de las almas pecadoras, en este centro comercial que se llama el Palacio de la Injusticia, léase tribunales de Lara, todo se vende y todos se venden. Allí no se juzga el delito, se tasa el precio que debe pagar todo el que cae en sus garras para lograr su absolución. Pero si esto sucede con el hijo del pobre que tiene que pagar para demostrar su inocencia, no sucede con el funcionario policial o militar, cuando éstos comenten delitos hemos comprobado una y mil veces cómo gozan de una autentica patente de corso para salir absueltos, con la probabilidad de uno en mil de ser sentenciados según lo establecido en la ley, gracias a las patéticas investigaciones del Ministerio Público y a las inefables decisiones de los “polijueces” que abundan en la región.

Afirmamos, con base en los hechos, que la Impunidad es una política del Estado, especialmente la impunidad policial y militar. Los hechos y las cifras de las mismas instituciones estadales nos han dado la razón. Constatar esta realidad sobre el papel del Estado en el fomento de esa plaga llamada impunidad, no nos llena de orgullo, por el contrario, nos señala el negro futuro para nuestra sociedad, cuando vemos que desde el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, se extiende toda una política de sometimiento y control a partir de la macabra alianza en la que participan policías, militares, órganos de justicia, poder ejecutivo y la delincuencia que cada día se extiende y cobra más fuerza, apoderándose de todos los espacios de la vida social hasta llegar a constituirse en el verdadero aparato de violencia y coacción del nuevo Estado emergente que ha nacido en Venezuela, y cuyas nefastas consecuencias para la mayoría de la población, padecemos a diario.

Venezuela ha retrocedido a la época del caudillo y la montonera, del cabecilla y su banda que no están sometidos a ley alguna y lo cínico de la situación es que los dirigentes de este nuevo Estado reconocen y se vanaglorian de su condición de verdugos y la pregonan e imponen como nueva “ legalidad” del orden establecido.

Los últimos informes de la Fiscalía General, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC 2009), realizada desde la Vicepresidencia de la República, así como las declaraciones de los principales voceros oficiales relacionados con la materia, dejan claro que la política del Estado venezolano es el fomento y estímulo a la impunidad.

Según los informes de la Fiscalía General, desde el año 2000 hasta marzo del 2009, los cuerpos policiales y militares al servicio del Estado habían cometido 43.362 violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de lesiones, violación de domicilio, privación de libertad, acoso, tortura y desapariciones forzadas. Si a esta cifra le agregamos las 7998 ejecuciones cometidas por los cuerpos policiales en el período citado, se estaría hablando de 51.360 violaciones a los derechos humanos, que pasaron de 12 violaciones diarias entre el período 2000-2007 a 24 violaciones diarias en el período comprendido entre 2008 y marzo de 2009. En estas violaciones a los DDHH estuvieron involucrados 36.145 funcionarios policiales y sólo fueron detenidos 428. Esto indica que sólo el 1,18% de los funcionarios fueron detenidos, la mayoría en sus comandos respectivos, gozando de privilegios. En el 99% de los casos no han sido juzgados, y menos sentenciados. El Comité a lo largo de estos años ha monitoreado más de cuatrocientos casos de ejecuciones, hemos acompañado a las víctimas en decenas de casos y hasta ahora sólo se ha logrado la condena firme EN SÓLO UNO DE ELLOS.

Asimismo, se ha cumplido un año del cobarde asesinato de nuestro entrañable amigo y compañero de lucha Mijaíl Martínez, y pese a que está suficientemente claro la autoría material e intelectual de sus asesinos, no hay un sólo detenido. Hemos acudido a TODAS las instancias estatales con la denuncia y no se ha realizado una sola investigación que conduzca a establecer las responsabilidades penales por este hecho que conmocionó al país, que una vez más fue testigo de cómo se arremete contra los luchadores sociales y contra sus hijos impunemente. En este caso, como en miles, el engranaje del macabro círculo de la impunidad constituida por delincuencia, policías, fiscales y tribunales ha funcionado a la perfección para encubrir y proteger a funcionarios policiales y delincuentes.

En otros casos que hemos monitoreado y acompañado a lo largo de estos seis años ante el Ministerio Público y los tribunales (Esteban Javier Vargas, Juan Carlos Mellizo, Elpídio Hernández, Lennys Sánchez, José Luis Vásquez, José Luis Prado, Luis Alberto Guédez, Hermanos Pérez Heredia, Masacre de El Tostao, Masacre de Lomas de León, Masacre de Quíbor… entre tantos otros) dan cuenta del tétrico círculo de represión y coacción que ampara y fomenta la impunidad en el estado. El propio TSJ investigó a jueces de Lara por su papel de cómplices de la delincuencia, particularmente en casos del narcotráfico, y sin embargo, la impunidad continúa campante en el estado. Ha sido esta entidad la única en el país investigada por el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Interior y Justicia, por el Consejo Legislativo del Estado y aunque en todas y cada unas de las investigaciones se comprobaron delitos graves e imprescriptibles, hoy los señalados gozan de total libertad, siendo ascendidos y premiados por el Estado con altos cargos.

Para ilustrar la realidad nacional, reseñamos algunos datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, cuya lectura y difusión recomendamos. Esta encuesta, conocida en mayo pasado es la prueba más contundente de que el Estado venezolano a través de su gobierno de turno, es el principal generador de la creciente inseguridad que vive el país. De dicha encuesta se extraen las siguientes cifras, verdaderamente aterradoras que reflejan el clima de violencia que fomenta el Estado venezolano, como la forma más rápida, eficaz y económica de ejercer el control social sobre la mayoría de la población.

• Los homicidios cometidos en el país entre julio del 2008 a julio del 2009 ascendieron a 21.132 dos mil más que la cifra oficial reconocida, convirtiendo a Venezuela en el país con la tasa de homicidio más alta del mundo: 75 homicidios por cada 100 habitantes. (ENVPSC 2009, pág. 67). y Caracas como la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 250 por 100 mil (ENVPSC 2009, pág. 115). En Honduras, considerado el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 68 por 100 mil, se comete un homicidio cada 88 minutos. En Venezuela se comete uno cada 25 minutos
• Entre el 2000-2009 oficialmente se cometieron en el país 166.623 homicidios, según las proyecciones de la ENVPSC 2009 esta cifra puede llegar a los 181.000 con 3,62 lesionado por cada homicidio cometido. De tal manera que esta guerra civil del Estado y delincuencia contra la población, especialmente pobre y joven del país, arroja un promedio de 800 mil bajas causada en dicho periodo. Ninguna guerra ocurrida en el mundo en los últimos 20 años ha causado tal número de bajas. Ni siquiera la Guerra de Independencia y Federal juntas ocasionaron tal numero de muertos y heridos
• El ministro del interior y la fiscal general reconocen que uno de cada cinco policías (20%) está incurso en delitos, especialmente en los más graves como homicidios, secuestro y extorsión. Pues bien la ENVPSC 2009 reconoce que esta cifra alcanza al 34% sin incluir a la Guardia Nacional.
• El 26% de los hogares venezolanos opinan que la policía no puede enfrentar la inseguridad porque está corrompida (ENVPSC 2009, pág. 93).
• El 82% de los hogares consideran que el Estado no protege a la víctima, porque le dan “poco o nada de apoyo” ( ENVPSC 2009, pág. 76).
• El 69% opina que la policía proporciona un servicio “malo o muy malo”.

Esta encuesta es un elemento más que corrobora no solo las denuncias que a lo largo de seis años ha venido haciendo el nuestro Comité al denunciar la impunidad como una política del Estado venezolano, sino de algo más grave como lo es el hecho de que el propio Estado- supuesto garante de los derechos ciudadanos- es el principal transgresor y enemigo de la sociedad venezolana, cuya política fundada en la alianza policía-delincuencia y poderes estadales es el verdadero aparato de coerción, violencia y control social que mantiene sometida a la población venezolana, que más temprano que tarde- tal y como lo demuestra la historia de la humanidad- saldará cuentas con los responsables de estos crímenes.

¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
COVICIL- NOVIEMBRE 2010

Desde Lara sistematizan y divulgan la reflexión popular sobre la impunidad en el país (y III)

Rafael Uzcátegui

En esta oportunidad difundimos la última entrega sobre el libro Impunidad policial en Venezuela 2000-2009 de Pablo Hernández Parra, miembro del Comité de Víctimas Contra la Impunidad de Lara (Covicil), una investigación parcialmente apoyada desde Provea como un aporte a la discusión necesaria sobre uno de los principales problemas del país.

En diferentes documentos del Covicil -organización popular de la región centro-occidental del país- se han planteado la hipótesis de la existencia de un “círculo de la impunidad”, tesis que Hernández desarrolla en el texto. Este círculo estaría conformado por la triada Cuerpos policiales-Fiscalía-tribunales. Según el diagrama, dentro de la policía estarían enquistados grupos que, bajo el amparo de funcionarios de mediano y alto rango, participan en diferentes delitos. Uno de los argumentos de esta afirmación lo constituye el reconocimiento del ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, Tareck El Aissami acerca de la participación de policías en hechos irregulares en un porcentaje estimado entre el 15 y el 20%. Con estos datos el profesor y activista universitario saca cuentas: si existe una cantidad de 130.000 funcionarios y funcionarias en los cuerpos de seguridad pública se considera, en consecuencia, que 26.000 hombres y mujeres, entrenados por el Estado, participan en hechos delictivos. Sin embargo, Hernández sostiene que por cada funcionario involucrado directamente en una violación a los derechos humanos existen por lo menos 2 cómplices indirectos en los propios cuerpos policiales. Su conclusión es preocupante: “-la cifra- asciende con facilidad a no menos de 80.000 funcionarios delincuentes, cómplices conscientes o encubridores de delitos, que se hacen la vista gorda por temor a represalias, porque saben que su superior regional o nacional es el jefe o está involucrado con la banda, o porque tienen intereses creados en la organización delictiva”. Por ello, en base a su propia experiencia y experticia, el Covicil ha sostenido que la principal banda de ejecutores de secuestros, asaltos, extorsiones y homicidios se encontraría dentro de los cuerpos policiales del Estado venezolano.

La segunda estación del “Círculo de la impunidad” estaría conformada por la Fiscalía y los tribunales, Hernández afirma: “¿Quiénes son los encargados de ponerle precio a los delitos? Indudablemente los encargados de “administrar el negocio de la justicia” que no son otros que los fiscales y jueces, en unión con las consabidas mafias de abogados y bufetes que “tranzan en la bolsa de la justicia y los tribunales” el precio de los más diversos delitos, sin importar en absoluto la inocencia o culpabilidad del acusado”. Para sostener esta frase, se recuerdan cifras de las actuaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara. En el año 2007 el 68% de los detenidos por algún delito salieron en libertad. Los años siguientes los números aumentaron. En el 2008 se remontó a 70% y para el 2009 la cifra repuntó al 87%. Al discriminar sobre detenidos en flagrancia, para el año 2007 de cada 4 personas aprehendidas 3 salieron en libertad. La conclusión es lapidaria: “En las cárceles están los pobres que no han podido pagar al policía que lo detuvo, al fiscal que lo acusa o al juez que lo sentencia”.

Según describe el libro, existiría entre funcionarios y delincuentes comunes diferentes tipos de relación de aprovechamiento mutuo: “Los delincuentes en libertad quedan bajo control de los cuerpos policiales y militares. Se forman bandas o se convierten en cajeros bancarios de los funcionarios”. La frase suena dura, sin embargo la data para dicha hipótesis ha sido recopilada de los casos llevados por el propio Covicil a lo largo de su trayectoria. Cupertino Mujica, uno de los promotores actuales del comité, se acercó a esta iniciativa popular porque estaba siendo víctima de lo que en la región se conocen como “cajeros bancarios humanos”, ciudadanos que han sido inculpados de delitos por funcionarios, generalmente el tráfico de estupefacientes, los cuales cada semana son visitados por los agentes de la ley para quitarles determinadas sumas de dinero. Mujica, junto al Covicil, denunciaron la situación y el 12-03-10 un tribunal declaró su inocencia, después de tener años sometido a un régimen de presentación y hostigamientos e intentos de extorsiones por parte de quienes teóricamente deberían hacer cumplir la ley.

Precisamente lo valioso de Impunidad Policial en Venezuela 2000-2009 es que sistematiza la subjetividad popular de una organización concreta sobre el tema. El Covicil no solamente ha acompañado casi 400 casos de la región. Además, uno de sus colaboradores, Mijail Martínez Niño, fue asesinado en un hecho que al arribar este mes a su primer aniversario no existen aún sanciones para sus autores materiales o intelectuales. El texto debería ser de lectura obligatoria para los funcionarios y funcionarias tanto de la Fiscalía como de la propia Defensoría del Pueblo, no sólo para que avalen o refuten las tesis, sino para que coordinen políticas para revertir los aspectos más apremiantes y ásperos que conjugan el verbo impunidad en Venezuela.

Si usted desea contactar con el autor de esta investigación, o adquirir una copia, puede escribir al email phparra@yahoo.es (Correo del Caroní, 02.11.10)

Desde Lara sistematizan y divulgan la reflexión popular sobre la impunidad en el país (I)

Rafael Uzcátegui

En días recientes ha aparecido el libro “Impunidad Policial en Venezuela: 2000-2009”, realizado por el profesor universitario, investigador y activista social Pablo Hernández Parra. Esta obra, que realiza un balance de la relación entre organismos policiales, violación a los derechos humanos e irregularidades en el sistema de administración de justicia venezolano es una obra singular por varias razones. Una de ellas porque es una reflexión producto de una lucha popular concreta contra la impunidad policial. Hernández ha sido uno de los promotores del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), una organización que desde el año 2006, aglutina a las  víctimas de abuso policial y sus familiares en la ciudad de Barquisimeto, que ante la falta de recursos para contratar abogados y abogadas que los defiendan, han ejercido lo que en las ONG´s llamamos “uso alternativo del derecho”: mediante la solidaridad y el apoyo mutuo, cimentados por el dolor, personas humildes han manifestado y presionado juntos contra las diferentes instituciones del Estado en la búsqueda de justicia. El Covicil, según sus propias estadísticas, ha defendido casi 400 casos, de los cuales apenas 3 de ellos han podido conseguir una condena firme contra los responsables. Es por ello que si alguna organización del país puede hablar con propiedad sobre la impunidad es, precisamente, este Comité.
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Autoritarismo, derechos humanos y petróleo: Situación de los derechos humanos hoy en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El triunfo de un candidato outsider a la Presidencia de Venezuela, ocurrido a finales de 1998, despertó simpatías sin precedentes. Desde la vuelta en 1958 a la democracia en el país caribeño, dos partidos se habían alternado en el ejercicio del poder, estimulando un proyecto modernizador basado en la extensiva producción y venta de petróleo. Este populismo de conciliación de élites, como fue calificado por el investigador Juan Carlos Rey, mostraba su vigor a mediados de la década de 1970 tras la incorporación al juego democrático de los principales actores armados de las guerrillas de izquierda y en la nacionalización de la industria de hidrocarburos que motivó una bonanza económica conocida en la jerga popular como “época de las vacas gordas”. Pocos se imaginaban que el modelo naufragaría apenas 10 años después.

En 1982 la moneda local, el bolívar, experimentó una considerable devaluación frente al dólar, abriendo un periodo de crisis económica que, a su vez, catalizó la social, que se expresó violentamente el 27 de febrero de 1989. La aplicación de un paquete de medidas económicas de inspiración neoliberal generó pobladas y saqueos en diferentes partes del país. Las cifras oficiales contabilizaron 276 muertos, pero para diversas organizaciones sociales la cantidad real se duplicaba.

El “Caracazo” significó un momento de inflexión por dos razones: 1) la demostración fehaciente de la creciente ingobernabilidad democrática debido a la fragmentación del pacto social erigido en 1958; y, 2) la irrupción de una serie de nuevos actores sociales —ONG de derechos humanos, organizaciones vecinales, ambientalistas y estudiantiles— que, relacionándose a diferentes niveles, promocionan la urgente necesidad de un cambio. Varios años continuos de conflictos, que incluyen la inhabilitación del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, crearon las condiciones para que, a finales de la década, una generación diferente de funcionarios tomaran las riendas del Estado, fundando expectativas similares al fin de la hegemonía partidista del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México.

Los primeros años del bolivarianismo

El presidente Hugo Chávez abrió su periodo presidencial con la convocatoria a una Asamblea Constituyente a la que se incorporaron, de manera intensa, las organizaciones de derechos humanos. Es así como la Carta Magna resultante, aprobada en 1999, incluye muchas de sus recomendaciones en lo que sería un texto constitucional ampliamente garantista en materia de derechos sociales, lo que fue saludado y reconocido por organizaciones ciudadanas de todo el orbe.

Una segunda consecuencia positiva fue la popularización, como nunca antes, del discurso sobre derechos humanos entre amplias capas de la población. El reto era, a la par de continuar poniendo en sintonía la legislación venezolana con los estándares internacionales, hacer realidad los derechos tal como estaban establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Primer Mandatario no administró con sabiduría su amplia popularidad y comenzó a mostrar signos de intolerancia, mofándose de las primeras movilizaciones de cuestionamiento a sus políticas de reforma en el sector educativo y adjetivándolas, en un discurso transmitido por televisión a todo el país, como “escuálidas”. Esto sería el inicio de una forma de gobernar caracterizada por la exclusión.

Con razón o sin ella, pero ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente bajo la criminalización, aquellas primeras docenas de manifestantes fueron creciendo hasta sumar el millón de personas que en abril del año 2002 intentaron, infructuosamente, llegar hasta el Palacio de Gobierno en un confuso incidente que originó 19 muertos y cientos de heridos, tras el cual un grupo de empresarios y militares interrumpió, el 12 de abril, el hilo constitucional, derogando la Carta Magna aprobada tres años antes y proclamando a Pedro Carmona como presidente. El golpe de Estado duró solo 24 horas.

En este contexto, y ante la posibilidad de ser removido mediante la convocatoria a un referéndum presidencial —un derecho incluido en la nueva Constitución—, el Ejecutivo Nacional diseñó las llamadas “Misiones”, una serie de políticas sociales de corto impacto con el que lograría extraordinarios avances en el combate a la pobreza en el país. De las 21 misiones ejecutadas hasta la fecha, las más promocionadas han sido las destinadas a educación, salud y alimentación.

En el año 2008, según el Informe Escolar 2008 de la ONG Campaña Mundial por la Educación, Venezuela presentaba algunos de los mejores indicadores de América Latina en materia educativa, con un aumento significativo en sus índices de alfabetismo, matrícula, disponibilidad de establecimientos escolares y prosecución escolar, entre otras. Por su parte, la Misión Barrio Adentro mostraba para el año 2006 un evidente incremento de la atención primaria, mediante la presencia de más de 13.000 médicos en 4.600 módulos edificados en barrios populares. En el caso del derecho a la alimentación, el Ejecutivo promocionó una red de mercados, denominados Mercal, con alimentos pertenecientes a la canasta básica a precios regulados, que en su primer año de funcionamiento (2003) benefició a más de medio millón de personas. La cifra se elevó cinco años después, en el periodo de mejor funcionamiento del Mercal, a 13 millones de personas. Esta amplia cobertura incidió en el aumento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, así como en una reducción del 20% en la cantidad de familias en situación de pobreza entre los años 2004 y 2006.

Sin embargo, otras misiones arrojaron resultados contraproducentes. La Misión Villanueva y la Misión Hábitat, destinadas ambas al sector Vivienda, no pudieron amortizar la histórica deuda social en la materia, un déficit calculado en tres millones de unidades habitacionales. Año tras año el Gobierno incumplía sus propias metas de construcción; además, algunas iniciativas como la promoción de cooperativas con participación comunitaria fueron permeadas por vicios institucionales y corrupción. De esta manera el presidente Chávez se ha convertido en el segundo primer mandatario del periodo democrático con el menor promedio de construcción de viviendas por año.

Crisis económica y conflictividad

Si bien las misiones impactaron positivamente en el corto plazo a la población de menos recursos, diversas organizaciones expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de una transformación estructural que garantizara el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Carta Magna. Además, alertaron sobre la ausencia de una planificación que hiciera sustentable en el tiempo dichas políticas sin afectarse por los vaivenes del mercado energético mundial.

En julio del año 2008 el petróleo venezolano alcanzó su cénit al cotizarse en US$122,40 el barril. Cuatro meses después se ubicaba a la mitad. La celebración de elecciones para gobernaciones y alcaldías, en noviembre del 2008, y, posteriormente, una enmienda constitucional en febrero del 2009, postergó la discusión de las posibles consecuencias para el país de la crisis económica global. Días después el presidente Chávez anunció un conjunto de medidas económicas, como la reducción del gasto público, el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la disminución de gastos suntuarios e innecesarios, así como la promulgación de una ley que limitaría los salarios percibidos por los funcionarios de alto rango en la administración estatal.

A pesar de los anuncios gubernamentales acerca de la no disminución de las políticas sociales, el incremento del 20% en el salario mínimo es inferior al índice de inflación, que solo en el sector alimentos se ubicó durante el año 2008 en 43%. Por otra parte, la situación de inseguridad ciudadana continuaba agravándose, cerrando ese mismo lustro la cifra de 14.467 homicidios en todo el país y un aumento en los últimos dos años de la cantidad de secuestros del 202%. Para complejizar más la situación, la prolongada sequía y la falta de inversión en el sector originaron una crisis en el suministro de energía eléctrica y agua, con lo que algunas ciudades comenzaron a experimentar interrupciones en el servicio de varias horas al día.

Este contexto potenció un aumento de la conflictividad y la movilización por exigencia de derechos. Durante los años 2004 al 2008, en medio de una aguda polarización, las manifestaciones estuvieron protagonizadas por demandas de rechazo y apoyo al Presidente. Por primera vez en varios años el 2009 transcurrió sin la celebración de actos electorales, con lo que algunos sectores sociales pudieron avanzar en la elaboración de una agenda propia y la recuperación de su autonomía. Éste fue el caso de los sectores sindicales, que durante ese año protagonizaron el 36% de las movilizaciones en el país por demandas laborales, para un total general de 3.297, un promedio de nueve al día, el número más alto de todo el Gobierno del presidente Chávez.

Esta beligerancia en ascenso aumentó a su vez el proceso de criminalización, y así se contaron en más de 2.400 los casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación pacífica. En lo que es un grave precedente, el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González fue privado de su libertad el pasado mes de agosto, tras apoyar una paralización de actividades en exigencia del cumplimiento de la contratación colectiva.

La respuesta de la sociedad civil

Diferentes leyes y reglamentos promulgados desde el año 2004 han venido limitando y revirtiendo las garantías constitucionales, por lo que en Venezuela se ha configurado un grave problema de institucionalidad democrática, con un aumento de la concentración de poder acompañada de una erosión de la independencia de los poderes. Sin embargo, la sociedad civil aún no logra articularse como un efectivo contrapeso. Los partidos políticos de oposición no sintonizan con las demandas populares, y, reacios al aprendizaje de las lecciones de la experiencia bolivariana, reinciden en mantener su dirigencia histórica. En un año de votaciones para los representantes a la Asamblea Nacional, previsiblemente se vigorizará la polarización política, no obstante lo cual algunos sectores sociales han desarrollado capacidad de mantener sus prioridades a pesar de la ‘electoralización’ de la dinámica general movimientista: los indígenas y ecologistas enfrentados a los proyectos de expansión carbonífera en la Sierra del Perijá, estado Zulia, así como las diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad, que en el estado Lara se enfrentan a la impunidad y la participación de funcionarios policiales y militares en delitos de diversa índole.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos tienen planteados diversos retos. Uno es su propia relegitimación como un actor social vinculado a las comunidades en conflicto con posibilidades de fortalecimiento y acompañamiento. En segundo lugar, una comprensión cabal, desde la perspectiva de derechos, de la vertiginosa realidad venezolana, con la consecuente posibilidad de incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Luego, ser un agente proactivo en la articulación social desde la base, así como en la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales. Por último, el desarrollo de nuevas estrategias y prácticas que permitan renovar el discurso sobre derechos humanos dentro de los diferentes escenarios.

(Colaboración para Revista Ideele, Perú, edición 198)

Leo y difundo: Comité de Víctimas de Lara alerta sobre posible decisión en el caso Masacre en Loma de León

A lo largo de más de cinco años el Comité de Víctimas Contra la Impunidad ha venido denunciando sistemáticamente la impunidad judicial en general y la violencia policial en particular como expresiones de una política del Estado Venezolano, que ha convertido al estado Lara en la capital del crimen y en el reino de la impunidad para funcionarios de las diferentes policías que, al amparo de jueces y fiscales, cometen todo tipo de crímenes y delitos.

Los sucesos ocurridos en Lara, tales como la toma de la comandancia de la policía de Barquisimeto; el aumento de los secuestros y homicidios, que antes de finalizar el primer trimestre del año están superando las cifras del 2009, tienen en la entidad una determinante en LA ABIERTA COMPLICIDAD DEL PODER JUDICIAL CON LA DELINCUENCIA, EN ESPECIAL CUANDO SE TRATA DE FUNCIONARIOS POLICIALES IMPLICADOS EN HECHOS DELICTIVOS, PRINCIPALMENTE EJECUCIONES DISFRAZADAS DE ENFRENTAMIENTO Y SECUESTROS.

Según las estadísticas oficiales difundidas por la prensa nacional sobre las actuaciones del Circuito Judicial Penal de Lara. ”… en el 2007 el 68% de los detenidos por algún delito en el Estado Lara salieron en Libertad, en el 2008 la cifra aumento el 70% y a comienzos del 2009, la cifra saltó al 87%.” (Sebastiana Barraez, Semanario Quinto día. Caracas del 30/01 al 06/02 de 2009)

Las cifras citadas se traducen de manera muy sencilla: de cada 4 delincuentes procesados 3 quedan en Libertad. En caso que el delincuente sea policía, la relación es de 1 a más de 1000, los pocos detenidos cumplen la medida en su comando respectivo donde gozan de toda clase de privilegios, como ir de compras a centros comerciales y dormir en sus casas todas las noches. Estas medidas no son otorgadas a cualquier ciudadano, pero sí invariablemente a los policías procesados quienes tienen padrinos en el alto gobierno que garantizan la impunidad mediante una sencilla transacción comercial con el juez de turno.

¿Por qué recordamos esto? En los próximos días saldrá la decisión sobre la tristemente célebre masacre de Loma de León, (Barquisimeto, 24/02/2008) en la que fueron vilmente asesinados cuatro personas, en esta masacre aparecen imputados por la fiscalía 21 del Estado los policías LUIS CAMACARO, WILMER PERDOMO, JULIO PERDOMO, JUAN LEÓN Y WALTER LINAREZ, uno de ellos tiene tres expedientes por homicidio (lF21: 0067-08, 0081-08, 0044-08). La gravedad del asunto es que este – junto a otros acusados- ha sido absuelto o sus expedientes archivados por los jueces y fiscales del estado Lara. En estas transacciones aparece recurrentemente nombre del juez Carlos Porteles quien el 16/3/10 absolvió a José Luis Parada en el juicio por homicidio y simulación de hecho punible, donde resultó abatido un ciudadano. Aunque para la fecha ya este policía había sido expulsado de la institución policial, José Luis Paradas fue señalado públicamente por el gobernador Falcón como uno de los cabecillas en la toma de la comandancia de la policía, encabezada por los oficiales que durante el mandato de Reyes Reyes y el Gral Rodríguez Figuera sembraron de sangre y terror al estado Lara. Más de trescientas ejecuciones en la entidad cómputo la Fiscalía General durante la tenebrosa gestión. Muchos de estos casos fueron a dar precisamente al despacho de Carlos Porteles (Caso San Juan, Caso Pérez Heredia) quien valiéndose de diversas artimañas jurídicas ha causado retardo procesal y actuado en contra de las víctimas favoreciendo a los funcionarios acusados. Por ello llamamos una vez más a las víctimas de la impunidad, a la población en general a estar atentos a la decisión de este juez ¡¡¡LA MASACRE DE LOMA DE LEON NO PUEDE QUEDAR IMPUNE!!! Hay que denunciar con expedientes en mano a los polijueces que se burlan de las víctimas y luchar decididamente contra la impunidad que se ha apoderado del sistema judicial en el estado Lara. ¡¡ YA BASTA, DENUNCIA AL POLIJUEZ!! GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!

COVICIL.
24 DE MARZO 2010

Barquisimeto: Acto cultural por la vida contra la impunidad, 13 marzo

Mijail Martínez
Mijail Martínez

Fu n d a c i ó n  f o t o t e c a  d e  B a r q u i s i m e t o con el apoyo del Comité de Víctimas Contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, Provea, Victoria Popular, Centro de Formación Ideológica y Club de Fotografía “Jacinto López “ de la Universidad Yacambú, el Colectivo de Nuevas Bandas y el Circológico Ambiental

P R E S E N T A N

T r i b u t o  a  l a  v i d a  C O N T R A L A I M P U N I D A D

Homenaje artístico, poético y musical a JACINTO ELÍAS LÓPEZ VELASCO y MIJAIL BAUDILIO MARTÍNEZ NIÑO

FLOR DE VENEZUELA

Sábado 13 de marzo de 2010

P R O G R A M A

4:00 p.m. PRESENTACIÓN A CARGO DE Carlos Eduardo López y Víctor Martínez

ESPECTÁCULO DE BREAK DANCE (por la Red de Hip-Hop)

GERMAN RAMOS Y EL CIRCOLÓGICO AMBIENTAL

Animación a cargo Francisco Urdaneta

5:00 PM R E C I T AL POÉTICO

Con la participación de

Alicia Eugenie

Laura Gracco

Carla Darma

Ramón Querales

Tito Núñez Silva

Orlando Pichardo

Héctor Francisco Carmona

Antonio Urdaneta

Jesús Enrique Barrios

Gabriel Jiménez Emán

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6:30 PM TESTIMONIOS DE LA IMPUNIDAD

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7:00 p.m. S e g u n d o F e s t i v a l De nuevas bandas EL LADO OSCURO DEL CREPÚSCULO (The dark side of the crepusculo)

Animación a cargo de Rafael Bowen

CON LA PRESENTACIÓN DE RADIO FUNK – CHILDREN´S GAME´S – KARMACOMA –

Barquisimeto: Transformar el duelo privado en protesta social

Mi tumba no anden buscando/ porque no la encontrarán.
Mis manos son las que van/ en otras manos, buscando,
mi voz, la que está gritando, / mi sueño, el que sigue entero.
Y sepan que solo muero/si ustedes van aflojando.
Porque el que murió peleando/ vive en cada compañero
.”

El incremento de las muertes violentas a manos del hampa y de los cuerpos policiales  nos convoca a  convertir el duelo privado y personal en protesta  colectiva. No hay otra salida que la de denunciar en la calle la criminal violencia hamponil y la criminal violencia policial, la incompetencia de los burócratas con sus planes de seguridad y nuevas policías  en connivencia con la impunidad judicial.

Vemos a diario que cuando la víctima es un vecino del barrio, un trabajador, un pobre de solemnidad, el hecho no trasciende la página roja de los diarios, no hay operativos de represalia, ni públicas manifestaciones de pesar y mucho menos búsqueda de los asesinos. Sólo hay dolor familiar: dolor cuando la noticia llega, convertida en grito que vuela tras el balazo. Dolor al esperar cuatro, doce, hasta 24 horas, para que aparezca la furgoneta forense a realizar el levantamiento del cadáver. Dolor en la espera interminable a las puertas de la morgue, hasta que entreguen el cuerpo sin vida del ser querido.

Dolor  doblemente  infringido cuando el Ministro o el jefe policial incompetente injurian cobardemente la memoria del caído, acusando de delincuentes a personas trabajadoras y pobres que -precisamente por serlo- se convirtieron en víctimas de la violencia.

Es hora de   trascender de la impotencia  del duelo privado en protesta pública y colectiva, del dolor particular debemos pasar a la movilización social. Constantemente se dice que el Estado “supuestamente” tiene la obligación indelegable de proteger la vida de los ciudadanos, pero  la cruda  realidad nos dice que el Estado sólo se protege a sí mismo, a sus altos funcionarios  y sobre todo a la minoría dominante, que sigue gozando de la mayor impunidad. La única forma de que el pueblo   haga  sentir su protesta es movilizándose con contundencia, en el único escenario donde puede ser oído: la calle.

Basta ya de esperar una respuesta de los cuerpos policiales, de fiscales, defensoría del pueblo o jueces ante la violencia, el crimen y la impunidad. Todos sabemos lo que significa el vía crucis de esperar la aplicación de la justicia cuando la víctima es el pobre y  peor aun  cuando el victimario es un  funcionario policial., todos sabemos- y lo sabemos muy bien-  que  ejercicio de la justicia se ha convertido en vulgar negocio  con el que mercadean todos los estratos del poder público.

El hampa sigue asesinando al pobre, los cuerpos policiales siguen matando a inocentes, el gobierno da ruedas de prensa e inventa “planes de seguridad” que duran lo que dura un escándalo, inventan nuevas policías, pero hoy  el pueblo trabajador  está en la calle asumiendo su papel con conciencia : antes llorábamos en silencio, y asumíamos la ferocidad del hampa, la violencia policial, la impunidad judicial como una especie de desgracia natural, como un terremoto o una inundación; ahora ejercemos el derecho de rebelarnos ante la criminal violencia y ante la criminal burocracia del mal llamado sistema de administración de justicia.

Frente al hampa que nos masacra y ante sus agentes que con cinismo expresan que la inseguridad  es una “sensación” nosotros  tenemos  el derecho y el deber de rebelarnos por los vivos, por los muertos y por los que están por nacer.

COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD- LARA. DICIEMBRE 2009

Organizaciones sociales del estado Lara realizan jornada contra la impunidad en el Día Internacional de Derechos Humanos

Para este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones sociales del estado Lara realizarán una jornada contra la impunidad bajo la consigna ¡Por el derecho a vivir en paz!.

A las 8 de la mañana realizarán una marcha saliendo desde la Plaza San José hasta los Tribunales donde realizarán una cadena humana. El sitio de concentración será la Plaza San José (carr 21 c/c 21). Más tarde se realizará un cornetazo contra la impunidad, a las 12 del mediodía, en donde por escasos minutos se invita a que los conductores enciendan sus luces y hagan sonar sus cornetas para exigir respuestas en materia de seguridad ciudadana, además de la investigación de la participación de funcionarios policiales en los delitos ocurridos en la región.

Las diferentes organizaciones invitan a toda la colectividad larense a vestirse de blanco para exigir el derecho a vivir en paz y a una mejor calidad de vida. Por su parte el Comité de Víctimas contra la Impunidad, una de las organizaciones promotoras del evento, circulará un comunicado llamado “Transformemos el duelo privado en protesta social”, en el que expresan que “El hampa sigue asesinando al pobre, los cuerpos policiales siguen matando a inocentes, el gobierno da ruedas de prensa e inventa “planes de seguridad” que duran lo que dura un escándalo, inventan nuevas policías, pero hoy el pueblo trabajador está en la calle asumiendo su papel con conciencia : antes llorábamos en silencio, y asumíamos la ferocidad del hampa, la violencia policial, la impunidad judicial como una especie de desgracia natural, como un terremoto o una inundación; ahora ejercemos el derecho de rebelarnos ante la criminal violencia y ante la criminal burocracia del mal llamado sistema de administración de justicia”.

Algunas de las organizaciones convocantes son Programa Victoria Popular y Entreveraos, Cátedra de DDHH UCLA, Observatorio de DDHH de las Mujeres, El Libertario, Radio Fe y Alegría, Comité de Víctimas Contra la Impunidad, Frente Clasista Argimiro Gabaldón, Comité de Victimas “Justicia para Héctor Velandia”, Comité de Víctimas de Bruzual, Centro de Estudiantes de la Universidad Yacambú, Centro de Estudiantes UCLA, entre otras.

Caracas: Convocatoria a concentración contra la impunidad y en apoyo a los Comités de Víctimas de la región centrooccidental


El  Foro por la Vida , invita a todas las organizaciones sociales  a asistir a una concentración a las puertas de la Fiscalía General de la República este próximo 10.12, Día Internacional de los Derechos. La actividad se realizará ante las amenazas que reciben los defensores de derechos humanos en el país, que se han venido radicalizando en los últimos años. Además, nuestra concentración se enmarca en las exigencias de justicia a los organismos públicos del Estado ante el asesinato de Mijail Martínez, quien era miembro colaborador del Comité de Víctimas de Lara. Este hecho ocurrió el 26. 12.09, en Barquisimeto, estado Lara.

Los invitamos a sumarse a esta manifestación , en defensa de los derechos humanos, y por el cumplimiento de las garantías para que  los defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo como contralores sociales.

Ciudad:
Caracas
Lugar: Fiscalía de la República, frente a la estación del metro de Parque Carabobo
Hora: 10.00 am

Observatorio venezolano de los ddhh de las Mujeres, nucleo Lara: Para Rosa… hoy todas somos Rosa

Mijail Martínez

“Ellas las Asesinadas, son una hilera de enlutadas sombras, siempre vivas
siempre muertas Mariposas de invierno en alfileres.
Alondras tristes para siempre mudas.
Selláronles sus bocas con pétalos de sangre.
Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos.
Dejaron a sus hijos a solas en el aire,
y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos.
Son mujeres sin nombre, sin edades,
que levantan sus voces en la ausencia
esperando una luz que las redima
del terror, de la injuria, de la fuerza.
No piden ni la paz ni la palabra:
quieren ser los escudos de la herida,
la memoria tenaz, la dolorida sinrazón
de una muerte anunciada. Denunciada.
Ellas, las siempre muertas y las siempre vivas”

Este poema de Luzmaría Jiménez, fue leído por una Madre del Comité de Víctimas Contra la Impunidad en Lara en su 4to aniversario el año pasado…y hoy 26 de Noviembre, un año después, estas palabras retumban de nuevo en los corazones de las Mujeres y Hombres del Estado Lara que vivimos con estupor como otra Madre más se suma a la hilera de enlutadas sombras…junto a tantas Madres, hijas, hermanas, amigas, Mujeres todas que viven en Duelo permanente por la pérdida violenta de sus seres queridos, que son asesinados todos los días…

Hoy le tocó a Rosa que le arrebataran a su Mijael, Cuántas Rosas más tendrán que vivir esta pesadilla? Cuantos Mijael tendrán que morir? Cuántos Victor vivirán esta terrible impotencia? Cuanto duelo más se necesita para que nos levantemos como una sola MADRE y un solo PADRE y en una sola voz digamos !Basta ya de IMPUNIDAD y de INJUSTICIA! El Estado es el garante de todos los Derechos Humanos y debe rendir cuentas ante este nuevo asesinato que enluta al pueblo larense y menoscaba el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, justamente en el mes de la No Violencia.

¡QUE ESTE CASO NO SE SUME A LOS MILES QUE HOY PERMANECEN EN IMPUNIDAD, ANTE LA MIRADA COMPLICE DE LA INDOLENCIA!
¡MIJAEL SIMPRE ESTARAS EN LA MEMORIA DE NUESTRAS LUCHAS!

Barquisimeto 26 de Noviembre del año 2009

Acuerdo de duelo y solidaridad: La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA ante el vil asesinato del joven Mijail Martínez

Mijail Martínez

El reciente asesinato del joven Mijaíl Martínez Niño constituye una dolorosa pérdida para su familia, para l@s defensor@s de los Derechos Humanos y para nuestro país. Las circunstancias en las que ocurrió este hecho, las actuaciones públicas de Mijaíl y las consecuentes y valientes denuncias de su padre –el luchador social Víctor Martínez-, ponen en evidencia la perpetración de un sicariato. Este asesinato busca amedrentar la tesonera y decidida lucha de quienes se han comprometido en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de toda la población del estado Lara, entre quienes Mijaíl y Víctor Martínez han desempeñado un papel de primer orden durante años.

Las reiteradas y fundamentadas denuncias que sistemáticamente ha realizado Víctor Martínez en la compañía de su hijo Mijaíl, en especial sobre la severa descomposición de las Fuerzas Armadas Policiales de la entidad, de sus mandos y de su autoridad superior, puede explicar este cobarde asesinato.

Quienes integramos la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, acompañam os a Víctor Martínez y a su familia en este inmenso dolor. Exigimos el total esclarecimiento de este hecho como de cientos de otros asesinatos de jóvenes humildes quienes han sido asesinados sin que se haga justicia. Todos los sectores organizados del estado Lara y de toda Venezuela deben unirse para enfrentar el flagelo de la violencia y de la impunidad.

Cada vez más aumentan en el país los riesgos y amenazas para l@s defensor@s de los Derechos Humanos. Este asesinato corrobora que tales riesgos existen y deben ser enfrentados con la organización, denuncia y movilización social de todos los sectores organizados de nuestra población.

¡EXIGIMOS JUSTICIA, QUE ESTE ASESINATO NO QUEDE IMPUNE¡
Barquisimeto, 26 de Noviembre de 2009

Foro por la Vida condena el asesinato de defensor de Derechos Humanos en el estado Lara

Mijail Martínez

(Caracas, 26 de noviembre de 2009).- El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, condena el asesinato del Mijail Martínez, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), organización ciudadana que trabaja en defensa de los derechos humanos en el estado Lara.

Mijail Martínez, perdió la vida, la mañana de este jueves 26.11.09, cuando presuntamente dos sujetos le dispararon sin mediar palabras mientras se encontraba en el estacionamiento de su residencia ubicada al oeste de Barquisimeto, capital del estado Lara . El joven de 24 años, se desempeñaba como productor audiovisual, registrando la lucha y el dolor de las víctimas y familiares de la lucha contra la impunidad en la región centro-occidental. Además, era hijo de Víctor Martínez, exdiputado del Consejo Legislativo del estado Lara, luchador social y también colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad, quien a través de programas de radio y televisión ha denunciado, en reiteradas oportunidades, casos de irregularidades en los cuerpos de seguridad de la región. Por esta razón, el exdiputado considera que la muerte de su hijo responde a un hecho de sicariato.

Este suceso se enmarca en un panorama de criminalización de la labor del Comité de Víctimas Contra la Impunidad, según han denunciado los voceros de esta organización en reiteradas oportunidades, por las investigaciones y denuncias que han realizado ante las violaciones de derechos humanos que se cometen en el estado Lara y las irregularidades en las que están inmersos los cuerpos de seguridad y los organismos de justicia de la región. Asimismo, en un proceso creciente de prácticas ilegales por parte de funcionarios de la Policía de Lara, quienes por la cantidad de denuncias se ubican como el segundo cuerpo policial regional del país involucrado en violaciones a los derechos humanos.

El Foro por la Vida ha manifestado en diversas oportunidades su preocupación ante la criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela, por lo que ante este hecho de violencia, , realizamos las siguientes consideraciones:

– Exigimos a los organismos de justicia realizar una investigación exhaustiva sobre el caso del asesinato del defensor de derechos humanos, Majail Martínez y sancionar a los responsables de este lamentable suceso, según lo establece la legislación venezolana.

– Solicitamos al Estado venezolano tomar las medidas pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para que los defensores/as de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal al igual que lo merecen todos y todas las venezolanas.

– Demandamos detener la campaña de criminalización de la que ha sido objeto el Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara.

– Hacemos un llamado a la colectividad en general a unirse a la lucha y asumir un compromiso ciudadano contra estas violaciones de derechos humanos.

Desde el Foro por la Vida, nos solidarizamos ante esta situación que afecta a los defensores de derechos humanos del Comité de Víctimas Contra la Impunidad, y compartimos el dolor y la tristeza de la Familia Martínez a quienes nos unimos por la búsqueda de la Justicia.

Vocería Foro por la Vida
PROVEA- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Espacio Público
Justicia y Paz Nacional

Asesinato de activista de derechos humanos en Barquisimeto revela la sistemática política de Estado contra la disidencia y las clases populares

Mijail Martínez

Durante la mañana del 26.11.09 fue asesinado en la ciudad de Barquisimeto Mijail Martínez, de 24 años de edad, videoactivista y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Según los testimonios, dos individuos desconocidos abordaron a Mijail en las afueras de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos en el pecho. La víctima es productor audiovisual y trabaja en el programa de televisión de su padre Víctor Martínez, un antiguo militante bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo de la región, el cual debido a las múltiples contradicciones del proceso bolivariano ha venido realizando denuncias acerca de la implicación de altos funcionarios gubernamentales y policiales en hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Víctor señala que el móvil del asesinato es político, y buscaba silenciar sus señalamientos: “Chávez yo te ayudé cuando estabas solo en la cárcel y nadie daba medio por ti, eres el responsable de la muerte de mi hijo y de muchos delitos que se cometen, porque en vez de ser el primer garante de la constitución eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los venezolanos con la inseguridad que hay en el país”, afirmó.

Este crimen político se realiza en un contexto regional de profunda degradación de los diferentes niveles del poder gubernamental. Como han venido registrando organizaciones de derechos humanos como Provea, la policía del estado Lara es el segundo cuerpo policial denunciado por violaciones al derecho a la vida, acumulando durante el año 2008 el 19,43% de los casos en todo el país, para un total de 31 víctimas. Además, los policías han sido denunciados por su participación activa en extorsiones, atracos a bancos, secuestros, tráfico y siembra de drogas en la ciudad, lo cual tiene como principales víctimas a personas de bajos recursos. Esta situación ha motivado la respuesta social de diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), fundado en el año 2004. El CVCI ha denunciado la implicación de altos funcionarios regionales, tales como el antiguo comandante de la policía Rodríguez Figuera, en la creación de las mafias policiales, así como el encubrimiento y participación del antiguo gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes. En vez de realizar una investigación de las diferentes denuncias, el gobierno central premió al exgobernador con el cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia.

Debido a sus denuncias y movilizaciones, los integrantes del CVCI han sido objeto de amenazas de muerte y de un proceso creciente de criminalización. Desde el momento de su fundación, Mijail Martínez había venido registrando en video el trabajo comunitario de la organización, con la intención de realizar un documental sobre esta experiencia popular. Una muestra de su trabajo puede verse en http://www.vimeo.com/5130428

Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho como un nuevo capítulo de la arremetida gubernamental contra las organizaciones de base, autónomas, revolucionarias y disidentes. Asimismo, enviamos todos nuestros mensajes de condolencia y afecto a los familiares y amigos de Mijail, un prometedor joven en el terreno de las luchas sociales cuyo entusiasmo y compañerismo fuimos testigos. Señalamos que este crimen es parte de la política de criminalización de la protesta popular emprendida por un gobierno servil a los intereses del capitalismo globalizado. Por último, denunciamos la complicidad del gobierno, de los medios estatales y pseudocomunitarios, de la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Tribunales de Justicia en cualquier hecho que ponga en peligro la vida e integridad de Víctor Martínez y su familia, los integrantes del Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara y del resto de luchadores y luchadoras populares de la región que han venido señalando, con nombres y apellidos, la implicación de funcionarios policiales y burocráticos en hechos de corrupción, tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos en la región centro-occidental del país.

Periódico El Libertario
Caracas, 26.11.09
http://www.nodo50.org/ellibertario

Recibo y difundo: Comunicado del Comité de Víctimas contra la Impunidad ante la campaña sistemática de descrédito instrumentada desde los cuerpos policiales del Estado Lara

En vista de las reiteradas notas publicadas en la prensa regional en la cual se pretende criminalizar a miembros del Comité de Victimas Contra la Impunidad, queremos alertar y denunciar ante la colectividad la cínica intención de funcionarios policiales y sus voceros enquistadoslogo_cvci en diferentes espacios de la vida pública, al intentar crear una matriz de opinión orientada a silenciar las voces de las víctimas de violaciones de DDHH que, según cifras oficiales, han dejado el saldo rojo de más de 7.000 ejecuciones impunes cometidas a lo largo de diez años por parte de todos los cuerpos policiales y militares del Estado; consideramos muy grave el hecho que utilizando a los medios de comunicación se pretenda solapada o abiertamente justificar estos delitos bajo el falaz argumento del “enfrentamiento” o el presunto prontuario delictivo de los condenados extrajudicialmente a muerte, y peor aún promover la permisividad social contra estos actos violatorios a los DDHH.

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Recibo y difundo: La impunidad premiada

logo_cvciLa designación del ex gobernador Luis Reyes Reyes, primero como Ministro del poder Popular Para la Secretaría de la Presidencia y ahora como vicepresidente para asuntos sociales, es una bofetada a todas loas organizaciones sociales y populares del estado Lara, que a lo largo de su nefasta gestión al frente del ejecutivo regional, vieron mermados el acceso a la justicia, el derecho a la protesta, a la contraloría e investigación de la gestión pública.

Fomentó la impunidad, la corrupción y el parapolicialismo en las FAP-Lara y en el poder judicial. En comparsa con su hijo y una seguidilla de funcionarios impidió las investigaciones que por su corrupta y personalista gestión, se intentaron llevar a cabo en el seno del Consejo Legislativo.

Como gobernador – y comandante en Jefe de las FAP- de Lara se cometieron todo tipo de masacres, ejecuciones desapariciones y abusos que aún hoy permanecen impunes en abierta complicidad con todos los poderes del Estado.

Una gestión roja, verdaderamente roja que tiñó de sangre toda la región recibe, una vez más, el reconocimiento del amiguismo al ser nombrado Vicepresidente para Asuntos Sociales, cuando su paso por la gobernación del estado Lara no representó mejora social alguna: la salud sempiternamente relegada y llena de carencias. Los barrios se extendieron y con ellos la falta de vivienda, agua y salubridad, inalcanzables bienes que a lo largo de décadas son verdaderas y reales necesidades básicas insatisfechas y vivo reflejo de un funesto gobierno.

La seguridad pasó a ser el tema dominante de la región. Reyes Reyes inició y mantuvo su gobierno con buena parte de gerentes provenientes de la gestión que lo precedió; se desplazaba por la ciudad con rimbombante y numerosa escolta. Premió y ascendió (junto al alto gobierno) a general al entonces Coronel Rodríguez Figuera, que protegió narcos, que puso a funcionarios de las FAP-Lara al servicio del narcotráfico; que en nombre de la seguridad asesinaron a humildes trabajadores, estudiantes, hijos, hijas, padres y madres de familia y fueron autores intelectuales y materiales de espantosas masacres , que aún hoy continúan impunes al igual que cantidad de atroces hechos cometidos durante el actual gobierno en todo el territorio nacional.

Imperdonable la afrenta al pueblo larense el imponer como vicepresidente a un ineficiente gobernante que después de ocho años, no puede mostrar más que crímenes, arbitrariedades, nepotismo y un célebre autismo ante los reclamos populares.

El Concejo Legislativo del estado Lara está hoy más lejos de activar los mecanismos que permitan la investigación de los crímenes cometidos por la camarilla Reyes Reyes- Rodríguez Figuera, que fueron engavetados por un írrito grupo comandado por su hijo, el flatulento Luis Jonás. Este último, “flamante” diputado al Consejo Legislativo, mantiene un programa semanal que retransmite a través de varias televisoras regionales, sin que se sepa, ni se investigue la proveniencia de tan cuantiosas erogaciones, probablemente pagados con recursos del despacho que maneja su padre, es junto a la alcaldesa de Iribarren, quienes imploran por el retorno del nefasto y pusilánime ex gobernador.

Si para algo debe regresar el ex gobernador a Lara es para presentarse ante los despachos de las fiscalías y tribunales a dar cuenta de sus arbitrarias y reñidas actuaciones; a dar la cara por un cúmulo de acusaciones que van desde crímenes, desapariciones, linchamiento físico y político, obstrucción de la justicia, enriquecimiento ilícito, abuso de poder, encubrimiento y todo género de dolo que pudiese cometer un gobernante corrupto. Mientras los larenses esperamos justicia y la condena del rechazado ex gobernador, el gobierno central le asciende con un cargo que desvergonzadamente ostenta como un premio a la impunidad.

Las organizaciones de Derechos Humanos del estado Lara decimos: NO MÁS IMPUNIDAD; NO MÁS REYES.

¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
¡SÓLO CON LA UNIÓN COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!

COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD- LARA
SEPTIEMBRE 2009