El Informe Almagro en 5 minutos

Rafael Uzcátegui

La Carta Democrática Interamericana puede ser activada a solicitud del Estado que ha sufrido la vulneración de su institucionalidad democrática, por petición de otro Estado miembro de la OEA o por iniciativa del Secretario General de la OEA. Como la aplicación de las sanciones diplomáticas previstas en dicho instrumento depende de la aprobación de las dos terceras partes del Conejo Permanente de la OEA, la instancia debe estar lo mejor informada posible acerca de la situación del país objeto de la aplicación. Este es el objetivo de Luis Almagro en los dos informes realizados sobre Venezuela, el más reciente de fecha 14 de marzo de 2017.

Lo primero que resalta del último Informe Almagro es su firmeza en explicar la situación de ausencia de democracia en Venezuela: “-Tengo- la convicción de que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el sistema de gobierno en Venezuela”.

En la primera parte del informe, titulada “El Sistema Interamericano y la Defensa de la Democracia”, Almagro describe la necesidad de activar los instrumentos acordados regionalmente para la defensa de la democracia: “Debemos evitar el doble rasero y utilizar los mecanismos disponibles (…) La protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”.

Casi al final de su documento Almagro reflexiona: “¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la salida real? La gente cuando habla de salida real habla de derrocar a un gobierno; nosotros debemos hablar de elecciones. Esa es la única salida real que existe. Una salida sin elecciones es una salida irreal, es posponer la agonía del país fuera de la democracia, la constitución y la institucionalidad.”

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Acostándose con hambre

Rafael Uzcátegui

A falta de estadísticas oficiales, diferentes sectores de la sociedad han levantado sus propias cifras para poder hacer un diagnóstico de la situación en materia de derechos humanos. No hay contraloría social o democracia participativa y protagónica posible si no se cuenta con la mejor información posible sobre las políticas públicas y sus resultados y efectos sobre el nivel de vida de la población.

Por eso ante la ausencia de datos por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) o los ministerios de alimentación o tierras sobre la realidad del acceso a los alimentos, uno agradece que se haya puesto a disposición pública un estudio con algunos números sobre el tema. La firma More Consulting realizó, entre los pasados 8 al 12 de agosto, una encuesta a 767 personas de todo el país, que han arrojado algunas conclusiones inquietantes.

La autodefinición de las personas consultadas sugiere un progresivo divorcio de la clase política del país. Si bien los opositores representaron el 31.4% y los oficialistas el 26.3% de la muestra, quienes se identifican con la etiqueta “no alineados” sumaron 42.2% del total. Por otro lado, sobre la filiación con los dos principales bandos en pugna, quienes optan por otra respuesta, en este caso “todos los políticos son iguales”, fueron mayoría con 43.4%. Además, a la pregunta “¿En su opinión, cual es la institución o bloque político que está haciendo un mayor esfuerzo por mejorar la emergencia nacional humanitaria? el ítem que obtuvo más selecciones fue “Ninguna” (34%), 14 puntos por encima de la siguiente: “La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional”.

A pesar de la campaña de desinformación estatal una amplia mayoría, el 91.8% está de acuerdo en que el país atraviesa una emergencia nacional de tipo humanitario por desabastecimiento de alimentos y medicinas.

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ONG y Referendo Revocatorio

Rafael Uzcátegui

El mecanismo revocatorio incluido en la Constitución mediante referéndum, como único dispositivo de democracia directa, fue una de las novedades de la Carta Magna de 1999. Por ello su activación ha significado un aprendizaje democrático para el país. Su lógica es permitir que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los cargos electos por votación popular, al cumplirse la mitad de su mandato. Si el mismo ha sido eficiente y ha cumplido las expectativas de los electores, el funcionario sería reiterado en sus funciones. En caso contrario, los electores deciden apartarlo de sus funciones para que sea sustituido por otro que pueda conseguir mejores resultados en la gestión pública. En vez de obtener un cheque en blanco por el período para el cual han sido electos, presidentes, alcaldes y gobernadores tendrían la presión de mostrar resultados positivos en el ejercicio de sus labores para poder salir airosos de la posibilidad del escrutinio de la contraloría social y ciudadana. Por ello la inclusión del mecanismo revocatorio constituyó un paso más allá de la tradicional democracia delegativa y representativa venezolana que ha sido hegemónica hasta el día de hoy.

Si un funcionario o funcionaria, seguro de sí, promueve la evaluación a su gestión a la mitad del período, y sale aprobado por la consulta popular, se relegitima. Recordar que el propio Hugo Chávez, en el año 2004, calificó la activación del mecanismo por un grupo de electores como un “Referendo Confirmatorio”. Los resultados le dieron la razón, de una manera tal que sus opositores no intentaron promover un nuevo revocatorio durante su período presidencial comprendido entre los años 2007 al 2013.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización

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Construyendo lógica extractivista

AMO

Rafael Uzcátegui

A propósito de la discusión abierta a raíz de la promoción del proyecto “Arco Minero del Orinoco” (AMO) por parte del gobierno nacional, es pertinente la mirada que nos ofrece el ingeniero hidraúlico francés William Sacher, en su texto “Recursos naturales: La importancia de la dimensión social de los yacimientos”, publicada en Nueva Sociedad 252. Sacher explica que para un territorio sea considerado como “yacimiento”, independientemente de la potencialidad de los recursos que tenga, son necesarias la confluencia de una serie de dimensiones sociales, por lo que prefiere hablar de “recursos socionaturales”: “-Hay- que pensar el problema de los eventuales “límites” de los recursos naturales (los picos), sino también analizar el proceso que lleva a la identificación y clasificación –en un contexto histórico y lugar dados- de ciertos territorios con características específicas como “yacimientos”.

Para Sacher, las dimensiones del proceso de identificación de los yacimientos serían:

a) Disponibilidad geológica: Suele ser la más resaltada y está vinculada a la ley del mineral o a la calidad del hidrocarburo, pero también a la profundidad, cantidad y calidad físico-química, así como la estabilidad del terreno del sitio.

Aprovechando la oportunidad discursiva de estar inmersos en una crisis económica, se construye una narrativa que identifica a los minerales como posibilidad de salir de ella a corto plazo, mediante una supuesta explotación racional y sustentable.


b) Innovaciones tecnológicas:
Innovaciones en los métodos de extracción, economías de escala, eficiencia energética, la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales tienden a bajar los costos de explotación y aumentar la disponibilidad geológica. Seguir leyendo “Construyendo lógica extractivista”

La valía de la CIDH

cidh_visitaColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Estando en Ciudad de México, con motivo de nuestra participación en la reunión anual de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (Ramalc), tuvimos el privilegio de seguir de cerca el ambiente con motivo del primer aniversario de la desaparición de un grupo estudiantes en el estado de Guerrero, caso conocido como los “43 de Ayotzinapa”. El debate ocupaba los titulares de los periódicos, pues el hecho, donde también resultaron asesinadas 9 personas, ponía sobre la mesa la grave situación de la desaparición forzada en el país azteca, el control territorial por el narcotráfico, el estado de la educación pública en el país y el tipo de educación recibida por los estudiantes en las escuelas normalistas mexicanas. Sin embargo, a pesar de los antagonismos entre los diferentes actores sobre las responsabilidades materiales e intelectuales -unos apuntan al narcotráfico, otros al propio Estado, hay un consenso en reconocer el importante trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como se recordará, un mes después de los sucesos la CIDH otorgó medidas cautelares a los sobrevivientes y familiares de Ayotzinapa, en virtud que su vida e integridad estaba en riesgo ante las denuncias que realizaban. En el marco del cumplimiento de éstas, en el que el Estado mexicano se comprometía a resguardarlos, se acordó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, avalado por la OEA, levantara información sobre la idoneidad de las investigaciones realizadas por el gobierno. Hace un par de meses el GIEI difundió un primer informe, de alta experticia técnica, en donde refutan muchas de las “verdades históricas” sobre el caso establecidas por la administración de Peña Nieto, una de ellas que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal por miembros de la banda “Guerreros Unidos”. El informe, de más de 500 páginas, generó polémica entre las autoridades, pero a su vez recordó la importancia de contar con mecanismos regionales de protección a los derechos humanos.
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Solidaridad en Tenochtitlán

ayotzi_07Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México para la reunión anual de la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (Ramalc), una iniciativa heredera del movimiento de objeción de conciencia -no ir al servicio militar por razones personales- que existió en la región en la década de los años 90. Desde diferentes realidades y contextos, gobiernos progresistas y conservadores, se denuncia el consenso tácito en la militarización de los territorios y los cuerpos como mecanismo disciplinatorio.

El evento tuvo como gran telón de fondo el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que se ha convertido en ícono mundial del oprobio y la impunidad. Además de la movilización anunciada para el 27 de septiembre, días antes los familiares de las víctimas comenzaron un ayuno frente a la Catedral Metropolitana, ubicada el frente de la Plaza del Zócalo en la capital. Como solidaridad, la Ramalc redactó un saludo a los familiares y las organizaciones de apoyo, que transcribimos en su integralidad:

“La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (Ramalc), presente en la Ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto a sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.
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El problema no es la jueza, sino el sistema de justicia

a0b2895f7942e64eb8f3fc13a2106164Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcategui

La sentencia contra el dirigente político Leopoldo López y los tres estudiantes ha visibilizado, por lo menos para un sector que no se había percatado, del irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela. Dejemos algo claro de entrada: No se trata de si usted o yo nos simpatiza o no la propuesta política del líder del partido Voluntad Popular, sino del escrupuloso respeto al debido proceso, una condición necesaria para cualquier tribunal que se precie como justo e independiente.

Las anormalidades en el juicio llevado en su contra son tan burdas que han obligado a pronunciarse a personas y organizaciones que han tenido expectativas con el proyecto político bolivariano. Por ejemplo la organización WOLA, siglas de The Washington Office on Latin America, una iniciativa de larga data dentro de Estados Unidos cuyo auditorio es y ha sido la intelectualidad progresista y de izquierda en las tierras del Tío Sam, cuyos informes y opiniones son citados para personalidades como Noam Chomsky. “La condena de López es una muestra flagrante de la voluntad del gobierno de criminalizar a los opositores políticos”, dijo Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA. “El uso del sistema legal para castigar a los opositores políticos no tiene cabida en una democracia”, expresó.

David Smilde, asesor de la organización por su parte expresó: “La gravedad de las acusaciones del gobierno contra López demanda un proceso judicial serio. Sin embargo, el juicio mostró escaso respeto por la evidencia real y apenas siquiera tenía la pretensión de independencia judicial”. En su comunicado WOLA dijo: “Por ejemplo, el tribunal permitió que el gobierno presentara más de un centenar de testigos, mientras que todos los testigos del demandado fueron excluidos del proceso menos dos. Por otra parte, la jueza que presidió tiene solamente un nombramiento provisional, y por lo tanto podría ser removido por el gobierno en cualquier momento. Esta situación precaria elimina cualquier oportunidad de independencia judicial que la jueza hubiera querido ejercer”.
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Ayotzinapa, CIDH y Venezuela

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 10 de septiembre se cumplieron dos años de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después que el Estado venezolano activara los mecanismos para ello, mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera sistemática, tanto los gobiernos de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro han criminalizado las instancias de protección de la OEA, la propia Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificándolas entre otros adjetivos de “injerencistas”, “sesgadas” y “pro-imperialistas”. Muchos adeptos del oficialismo repiten esta versión, asegurando que las actuaciones de estos organismos son ordenadas desde la propia Casa Blanca.

Sin embargo, los hechos concretos y verificables desmienten esta campaña de descalificaciones, reiterando la importancia de ambos organismos para la protección y defensa de los derechos humanos. El más reciente ejemplo ha sido el aporte de la CIDH para hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México, conocidos como los “43 de Ayotzinapa”.

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El oficio del defensor

ReuniOndedefensoresRafael Uzcátegui

Recientemente, en la ciudad de Caracas, se realizó un encuentro nacional de defensores independientes de derechos humanos, motorizado por la organización Civilis, el cual contó con la participación de 90 personas de 30 iniciativas de 13 estados del país. Dentro del segmento de intervenciones del primer día, nos tocó hacer algunos comentarios sobre lo que significa el oficio del defensor o defensora de derechos humanos.

Una persona posee diferentes roles en sociedad. En mi caso algunos son sociólogo, libertario, editor de publicaciones, tío, hermano, hijo, amante de la música y las series de televisión y, además, promotor de derechos humanos. Sin embargo, cuando uno se define como “defensor” esta debe ser la identidad privilegiada de forma permanente. No se es defensor en horario de oficina, y después no. Tampoco se es defensor en un momento del tiempo y, como un título nobiliario, se continúa siendo de manera vitalicia aunque no se defienda la dignidad de nadie más. Es por eso que el trabajo de defensor es tan exigente y difícil. No sólo por el tipo de situaciones que hay que enfrentar, sino porque la exigencia de los derechos de todos los demás, independientemente de lo que sean, de cómo sean y de cómo piensen, es un principio al que sólo se renuncia cuando se decide dejar de ser un defensor, y pasar a ser otra cosa.

Este valor tiene que ver con el principio de “universalidad” de los DDHH, relacionado con su origen, como los conocemos en el mundo contemporáneo. No es por casualidad que la Declaración Universal de los DDHH ocurriera al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el horror de los campos de concentración nazis, las bombas atómicas y los gulags rusos obligaron a los gobiernos a asumir una serie de mínimos para los seres humanos, para intentar no repetir los errores de la historia. Hasta ese momento los conflictos sociales se basaban en cuál ideología era la “correcta”, y de cómo esta intentaba ser impuesta a quienes pensaban de otra manera. Los DDHH, entonces, establecieron el derecho a ser diferente –el derecho a pensar diferente a mí- y ser respetado y reconocido por ello. Los defensores entienden esta alteridad. Y exigen que las personas no sean abusadas por su “otredad”.

Como esto es así, los defensores están obligados a ser solidarios, incluso si la persona a la que se está lesionando su dignidad los han criminalizado, anteriormente, por su trabajo. Un miembro de un partido puede mirar para otro lado cuando los abusos ocurren dentro de otro gremio, pero los defensores no. Defensor de DDHH es una identidad que supone una visión del mundo, pero también un lenguaje para comunicarse, que entre otras cosas se nutre de las propias luchas históricas que han logrado las conquistas plasmadas en los Pactos y Acuerdos internacionales en la materia.

Además de la identidad, para un defensor o defensora lo más importante de su trabajo son los beneficiarios y beneficiarias de su acción, las víctimas de violación a DDHH. Siendo tan humanos como el resto, los defensores podrían sucumbir a las veleidades de los egos o el apetito por el reconocimiento público. También a la burocratización. La utopía de un defensor es una sociedad donde no haya víctimas. Donde los defensores no sean necesarios.

El oficio del defensor es un trabajo a medias entre el conocimiento técnico especializado y el activismo, en un equilibrio entre ambas que en ocasiones es frágil y precario. Necesita de la formación permanente en las herramientas jurídicas y conceptuales que mejoren su capacidad de ayudar a otros, y de ampliar los horizontes de los derechos reconocidos a nuevas fronteras. Pero a su vez estar con la gente beneficiaria de su acción, ayudándolos a que sean protagonistas de su proceso de exigencia de derechos. Por ello, un defensor debe imprimirle un sentido pedagógico a su accionar y a sus comunicaciones, traduciendo el lenguaje enrevesado de derechos en conocimiento comprensible y atractivo para las grandes audiencias.

El contexto en que los defensores han venido realizando su trabajo esta transformándose en este mismo momento. La globalización, el impacto de las tecnologías de comunicación y las redes sociales, las formas organizativas efímeras y flexibles, las propias necesidades, referentes y deseos de la sociedad son muy diferentes a los de la época de los 80´s, cuando en América Latina, y en la propia Venezuela, comenzaron a aparecer los primeros defensores. Con humildad debemos entender estos cambios, así como tener la posibilidad de dialogar y aprender del nuevo tipo de activismo propio de la generación digital de hoy.

Por último este oficio debe realizarse de manera generosa. La defensa de los DDHH es como una fiesta a la que queremos invitar a la mayor cantidad de gente posible. La propia definición de Naciones Unidas establece que un defensor es cualquier persona que asume el resguardo de los derechos de otra. Sin celos ni parcelas que cuidar, mientras más defensores existan, mientras nuestra comunidad sea más grande, serán mayores las barreras contra el abuso de poder y la humillación.

(*) Coordinador General de Provea
@fanzinero

El gobierno de la soberbia

Radio Fe y Alegria Guasdualito
Radio Fe y Alegria Guasdualito


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 09 de julio el vicepresidente de la república, ciudadano Jorge Arreaza, visitó las zonas afectadas por las inundaciones en el estado Apure, especialmente la población de Guasdualito. En el marco de sus declaraciones a través del Sistema Nacional Público de Medios, cuando hacía un balance de la situación, se refirió a la cobertura informativa que realizó Radio Fe y Alegría Guasdualito en estos términos: “Cómo también podemos destacar alguna emisora, no sé si estará aquí presente, ¿cómo es que se llama? ¡Terrorismo y Tristeza!, Fe y Alegría, que estuvo también haciendo un trabajo psicológico contra la población. Como en el año 2002, ¡igualito! Cuando le dijeron al pueblo que Chávez había renunciado y los pueblos de Guasdualito y toda esta zona no creyeron en esa emisora, porque fue la única que tenía su propia planta de generación eléctrica que quedó transmitiendo”. Desde Provea y desde mi persona queremos, con este texto, rechazar las afirmaciones del alto funcionario contra el circuito radiofónico Fe y Alegría.

Las palabras de Arreaza sólo pueden ser dichas o por un advenedizo de las luchas populares en el país o por alguien que conscientemente falsea la verdad con fines inconfesables. A uno le podrá gustar más o menos la cobertura informativa que realiza Radio Fe y Alegría (RFA) en determinadas situaciones, pero si uno tiene un criterio honesto sobre el papel que sus emisoras han desempeñado a favor de las clases populares en el país debe quitarse respetuosamente el sombrero ante ellas. Quien tenga un mínimo de trabajo social real, fuera del aire acondicionado, lo sabe.

En 1975, cuando no se tenían privilegios por decir que se estaba a favor del pueblo, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) comenzó sus actividades, innovando en la educación popular al transmitir clases por las ondas hertzianas dirigidas a personas excluidas del sistema educativo. Fue así como comenzaron sus dos primeras emisoras, una en Maracaibo (Radio Selecta 1.390 AM) y Caracas (Radio Fe y Alegría 1.390 AM). La apuesta privilegió zonas rurales y olvidadas por la gestión centralizada, siendo la creada en Guasdualito la cuarta del circuito. Luego vendrían Paraguaipoa, El Tokuko, Tucupita, Ciudad Guayana para sumar hoy en día 17 emisoras distribuidas a lo largo y ancho del territorio.

Este trabajo, constante, paciente y sin exhibicionismos artificiales ha generado, desde la década de los 80´s, diferentes teorías conspiranoicas y prejuicios para quienes opinan –generalmente desde ciertas izquierdas- que los jesuitas son una extensión del complot illuminati contra el mundo. No sería la primera vez que RFA es acusada de oscuros intereses, un tipo de señalamientos que, por cierto, fueron frecuentes en la llamada “Cuarta República”.

Si la mentira siempre ha tenido patas cortas, en tiempos de redes sociales su vigencia es de nanosegundos. Fue memorable el trabajo que Fe y Alegría realizó en febrero de 1989 cuando “El Caracazo”, informando en momentos en que la censura y el desconcierto primaba en el resto del dial, colocando el micrófono para que los ciudadanos denunciaran los eventos de los que eran testigos mediante una red de corresponsables, entre los que se encontraba el hoy director de Espacio Público Carlos Correa, que literalmente se la jugaron por la libertad de expresión en aquel momento. El mismo trabajo ha sido realizado en otros momentos álgidos de la vida nacional, como las situaciones alrededor del golpe de Estado de abril de 2002, que Arreaza falsea. En esos días los reporteros de Fe y Alegría continuaron informando desde y para las comunidades, tal y como los hechos fueron evolucionando. Al igual que otros medios, se amplificaron las declaraciones del General Lucas Rincón Romero la noche del 12 de abril de 2012, quien al señalar que hablaba a nombre del alto mando militar declaró al mundo “se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”. Si el vicepresidente Jorge Arreaza desea cuestionar este dato de la historia debe enfilar sus críticas a la embajada venezolana en Portugal y no equivocarse con uno de los pocos medios que, desde dentro del Palacio de Miraflores, informó sobre el regreso de Hugo Chávez al poder.

Lamentablemente, no es el primer desborde de prepotencia del vicepresidente. Por citar alguno, en el año 2013 a propósito de un acto con organizaciones indígenas afirmó: “Aquel miembro de un pueblo indígena que no tiene la claridad de no estar con la Revolución Bolivariana es prácticamente un traidor a su pueblo, un traidor a su comunidad”. Antes de las cumbres del poder, la personalidad de Jorge Arreaza era más bien taciturna. Parece que uno de los requisitos exigidos en el perfil de los actuales altos funcionarios es hacer gala de la soberbia.

Nuestras palabras de apoyo y aliento para todo el equipo de Radio Fe y Alegría.

Maduro: Expectativas no cumplidas

maduro bailando con ciliaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

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Cuando el presidente Chávez informó al país que nombraba a Nicolás Maduro como su candidato ante cualquier hecho “sobrevenido”, pidiéndoles a sus seguidores que votaran por él ante cualquier eventualidad, en Provea se nos generaron varias expectativas, las cuales aumentaron cuando el antiguo canciller y vicepresidente de la República ganó las elecciones a la primera magistratura.

Como Provea había diagnosticado en su informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, Hugo Chávez había conseguido mejorar algunos indicadores socioeconómicos de las mayorías gracias a los recursos extraordinarios producto de los altos precios petroleros, sin embargo había retrocedido en derechos civiles y políticos al institucionalizar mecanismos de discriminación por razones políticas. La primera expectativa era si el nuevo presidente podía disminuir el apartheid bolivariano a la par de mantener, y mejorar, las políticas sociales destinadas a la reducción de la pobreza. Comentarios positivos sobre su capacidad de diálogo durante su desempeño diplomático reforzaban esta ilusión. Sin embargo, las esperanzas se evaporaron rápidamente. No sólo asumió el estilo confrontador y conflictivo de su antecesor, sino que las propias cifras oficiales demuestran que durante su gestión han aumentado los niveles de pobreza en el país. La profundización de la crisis económica, como consecuencia de ausencia de un verdadero diálogo plural, ausencia de controles y sanciones para irregularidades administrativas y decisiones erráticas y contradictorias han modificado la ecuación: Maduro es exclusión política con progresiva exclusión social. Y nada que más atente contra los derechos humanos que la pobreza. Esto ha motivado que Provea exija que cualquier decisión de correctivos económicos debe acompañarse de medidas compensatorias para que no sean los que menos tienen los que paguen los costos de la crisis.

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Una segunda posibilidad truncada tenía que ver con el origen sindical del nuevo primer mandatario y su adjetivo de “presidente obrero”. Perdimos la apuesta al creer que iban a mejorar las relaciones de los sindicatos y el movimiento de trabajadores con el Ejecutivo. Que se iban a desarrollar canales y mecanismos para dar respuesta a sus demandas. Que cesaría la criminalización a los dirigentes beligerantes y se revertirían los ataques contra la libertad sindical. Que Miraflores escucharía las opiniones de los trabajadores sobre los montos de los incrementos salariales y las denuncias sobre la flexibilización de las condiciones de trabajo y el estancamiento de la contratación colectiva en el sector público. No obstante la realidad ha caminado en sentido contrario. Maduro ha lanzado todas las descalificaciones posibles contra los sindicatos que enarbolan demandas de sus agremiados y ha potenciado la política de la conformación de las milicias obreras, las cuales serán institucionalizadas si prospera la actual propuesta de contratación colectiva para la administración pública propuesta por su sindicato madurista. Los propios dirigentes obreros han denunciado que uno de los acuerdos de la mesa de diálogo económico sería la militarización de los conflictos laborales, lo cual es una denuncia tan sería que merece una respuesta oficial.

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Lluvias y derecho a la vivienda

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Las lluvias de comienzos de diciembre han atentado contra la alegría por el inicio del mes más festivo del año. Los venezolanos y venezolanas aún tenemos fresco el recuerdo de las tragedias ocasionadas por ingentes precipitaciones en el país. Doce meses atrás, para no ir muy lejos, 34 personas perdieron la vida como consecuencia de los aguaceros. ¿Era previsible estas tragedias?, ¿Era posible tomar medidas para minimizar los impactos?

Casi todos los países de Latinoamérica, a excepción de Argentina, Paraguay y Venezuela, poseen planes de adaptación y mitigación de los efectos del fenómeno conocido como cambio climático (CC). Si uno observa las principales discusiones de los movimientos sociales internacionales, se encontrará que el CC figura entre las principales preocupaciones de las y los activistas. En nuestro país, en contraste, este debate ha estado casi ausente. Si se revisan los directorios de grupos ambientales en el país constataremos que una ínfima minoría, por no decir ninguno, trabaja el tema. En Venezuela, al ser un problema desconocido, no lo relacionamos con los cambios de temperatura y temporadas de lluvias que hemos padecido en los últimos años.

Si bien los países industrializados son los responsables por la mayor cantidad de emisiones acumuladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), uno de los causantes del CC, América Latina está aumentando su responsabilidad en el problema debido al acelerado crecimiento de sus emisiones de gases tóxicos. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, la mayor proporción de emisiones de Latinoamérica no proviene del sector energía sino del conjunto Agricultura, Cambios en el Uso de la Tierra y Silvicultura. Las actividades agrícolas y silvicultura sumadas son responsables del 31% de las emisiones globales de GEI. En América Latina, en cambio, esta proporción alcanza el 63%, dando cuenta de la importancia de estos sectores en la matriz de emisiones de la región. Por otro lado la contribución de Sudamérica al total de emisiones globales de CO2 es un 3,11%. Si se consideran las emisiones por habitante el mayor contribuyente es Venezuela, la cual se ubica en el puesto 55 del ranking mundial. Se calcula que el nivel de emisiones de los países de Sudamérica es casi el doble del promedio mundial.
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TSJ: Réquiem de los derechos constitucionales

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El derecho de petición es el derecho de solicitar información de interés público a un ente, órgano, funcionario o funcionaria competente para ello. Esta posibilidad se encuentra garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 51, que afirma que “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo específico”.

Lo anterior significa varias cosas: a) Cualquier personas, sin distingos de ninguna clase o índole; b) tiene el derecho constitucional de exigir ante un órgano, ente, funcionaria o funcionario público en ejercicio de una potestad pública (de conformidad con las competencias que el mismo tenga asignadas); c) una respuesta adecuada con información de nuestro interés y en coherencia con la petición realizada; d) En un tiempo oportuno de conformidad con la ley: e) De lo contrario, los funcionarios o funcionarias responsables deben ser sancionados conforme a la ley.
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Social Watch: Acción global contra la pobreza

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En el año 1995 el mundo experimentaba las consecuencias de la caída del Muro de Berlín y el intento de promocionar un pensamiento único que regulara la arquitectura de las relaciones entre los países. En el caso de América Latina, este ímpetu se traducía en la ofensiva de una visión neoliberal de ajustes macroeconómicos que, a costa del disfrute de los derechos de las grandes mayorías, pudiera mostrar saldos positivos en las balanzas de pagos nacionales. Es en este contexto que, de manera paralela, se realizan las Cumbres de Copenhague y Beijing. En la primera, conocida también como Cumbre Social sobre Desarrollo Social, los gobiernos realizaron un debate en donde se intentó asignar a las personas, y no a las estadísticas, el papel principal dentro del desarrollo. Por su parte la cita en Beijing logró avances en los derechos de las mujeres, aprobando una declaración que acordaba eliminar la discriminación, erradicar la pobreza y adoptar medidas para que un mayor número de féminas ocuparan cargos decisorios en la administración pública.

Estas intenciones de lograr la disminución de la pobreza y aumentar los derechos de las mujeres hicieron que un grupo de personas, de diferentes países, promocionaran una articulación internacional para presionar sobre su cumplimiento. Así nació la red Social Watch (Observador Social), la cual se definió como un “punto de encuentro para las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género, y comprometidas con el monitoreo de las políticas que tienen impacto en la desigualdad y en la gente que vive en la pobreza”. Desde su inicio, hasta el día de hoy, han asumido una estrategia en donde, simplemente, hacen responsables a los gobiernos de sus compromisos y promueven la voluntad política para ponerlos en práctica.

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