El Informe Almagro en 5 minutos

Rafael Uzcátegui

La Carta Democrática Interamericana puede ser activada a solicitud del Estado que ha sufrido la vulneración de su institucionalidad democrática, por petición de otro Estado miembro de la OEA o por iniciativa del Secretario General de la OEA. Como la aplicación de las sanciones diplomáticas previstas en dicho instrumento depende de la aprobación de las dos terceras partes del Conejo Permanente de la OEA, la instancia debe estar lo mejor informada posible acerca de la situación del país objeto de la aplicación. Este es el objetivo de Luis Almagro en los dos informes realizados sobre Venezuela, el más reciente de fecha 14 de marzo de 2017.

Lo primero que resalta del último Informe Almagro es su firmeza en explicar la situación de ausencia de democracia en Venezuela: “-Tengo- la convicción de que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el sistema de gobierno en Venezuela”.

En la primera parte del informe, titulada “El Sistema Interamericano y la Defensa de la Democracia”, Almagro describe la necesidad de activar los instrumentos acordados regionalmente para la defensa de la democracia: “Debemos evitar el doble rasero y utilizar los mecanismos disponibles (…) La protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”.

Casi al final de su documento Almagro reflexiona: “¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la salida real? La gente cuando habla de salida real habla de derrocar a un gobierno; nosotros debemos hablar de elecciones. Esa es la única salida real que existe. Una salida sin elecciones es una salida irreal, es posponer la agonía del país fuera de la democracia, la constitución y la institucionalidad.”

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Acostándose con hambre

Rafael Uzcátegui

A falta de estadísticas oficiales, diferentes sectores de la sociedad han levantado sus propias cifras para poder hacer un diagnóstico de la situación en materia de derechos humanos. No hay contraloría social o democracia participativa y protagónica posible si no se cuenta con la mejor información posible sobre las políticas públicas y sus resultados y efectos sobre el nivel de vida de la población.

Por eso ante la ausencia de datos por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) o los ministerios de alimentación o tierras sobre la realidad del acceso a los alimentos, uno agradece que se haya puesto a disposición pública un estudio con algunos números sobre el tema. La firma More Consulting realizó, entre los pasados 8 al 12 de agosto, una encuesta a 767 personas de todo el país, que han arrojado algunas conclusiones inquietantes.

La autodefinición de las personas consultadas sugiere un progresivo divorcio de la clase política del país. Si bien los opositores representaron el 31.4% y los oficialistas el 26.3% de la muestra, quienes se identifican con la etiqueta “no alineados” sumaron 42.2% del total. Por otro lado, sobre la filiación con los dos principales bandos en pugna, quienes optan por otra respuesta, en este caso “todos los políticos son iguales”, fueron mayoría con 43.4%. Además, a la pregunta “¿En su opinión, cual es la institución o bloque político que está haciendo un mayor esfuerzo por mejorar la emergencia nacional humanitaria? el ítem que obtuvo más selecciones fue “Ninguna” (34%), 14 puntos por encima de la siguiente: “La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional”.

A pesar de la campaña de desinformación estatal una amplia mayoría, el 91.8% está de acuerdo en que el país atraviesa una emergencia nacional de tipo humanitario por desabastecimiento de alimentos y medicinas.

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ONG y Referendo Revocatorio

Rafael Uzcátegui

El mecanismo revocatorio incluido en la Constitución mediante referéndum, como único dispositivo de democracia directa, fue una de las novedades de la Carta Magna de 1999. Por ello su activación ha significado un aprendizaje democrático para el país. Su lógica es permitir que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los cargos electos por votación popular, al cumplirse la mitad de su mandato. Si el mismo ha sido eficiente y ha cumplido las expectativas de los electores, el funcionario sería reiterado en sus funciones. En caso contrario, los electores deciden apartarlo de sus funciones para que sea sustituido por otro que pueda conseguir mejores resultados en la gestión pública. En vez de obtener un cheque en blanco por el período para el cual han sido electos, presidentes, alcaldes y gobernadores tendrían la presión de mostrar resultados positivos en el ejercicio de sus labores para poder salir airosos de la posibilidad del escrutinio de la contraloría social y ciudadana. Por ello la inclusión del mecanismo revocatorio constituyó un paso más allá de la tradicional democracia delegativa y representativa venezolana que ha sido hegemónica hasta el día de hoy.

Si un funcionario o funcionaria, seguro de sí, promueve la evaluación a su gestión a la mitad del período, y sale aprobado por la consulta popular, se relegitima. Recordar que el propio Hugo Chávez, en el año 2004, calificó la activación del mecanismo por un grupo de electores como un “Referendo Confirmatorio”. Los resultados le dieron la razón, de una manera tal que sus opositores no intentaron promover un nuevo revocatorio durante su período presidencial comprendido entre los años 2007 al 2013.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización

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Construyendo lógica extractivista

AMO

Rafael Uzcátegui

A propósito de la discusión abierta a raíz de la promoción del proyecto “Arco Minero del Orinoco” (AMO) por parte del gobierno nacional, es pertinente la mirada que nos ofrece el ingeniero hidraúlico francés William Sacher, en su texto “Recursos naturales: La importancia de la dimensión social de los yacimientos”, publicada en Nueva Sociedad 252. Sacher explica que para un territorio sea considerado como “yacimiento”, independientemente de la potencialidad de los recursos que tenga, son necesarias la confluencia de una serie de dimensiones sociales, por lo que prefiere hablar de “recursos socionaturales”: “-Hay- que pensar el problema de los eventuales “límites” de los recursos naturales (los picos), sino también analizar el proceso que lleva a la identificación y clasificación –en un contexto histórico y lugar dados- de ciertos territorios con características específicas como “yacimientos”.

Para Sacher, las dimensiones del proceso de identificación de los yacimientos serían:

a) Disponibilidad geológica: Suele ser la más resaltada y está vinculada a la ley del mineral o a la calidad del hidrocarburo, pero también a la profundidad, cantidad y calidad físico-química, así como la estabilidad del terreno del sitio.

Aprovechando la oportunidad discursiva de estar inmersos en una crisis económica, se construye una narrativa que identifica a los minerales como posibilidad de salir de ella a corto plazo, mediante una supuesta explotación racional y sustentable.


b) Innovaciones tecnológicas:
Innovaciones en los métodos de extracción, economías de escala, eficiencia energética, la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales tienden a bajar los costos de explotación y aumentar la disponibilidad geológica. Seguir leyendo “Construyendo lógica extractivista”

La valía de la CIDH

cidh_visitaColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Estando en Ciudad de México, con motivo de nuestra participación en la reunión anual de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (Ramalc), tuvimos el privilegio de seguir de cerca el ambiente con motivo del primer aniversario de la desaparición de un grupo estudiantes en el estado de Guerrero, caso conocido como los “43 de Ayotzinapa”. El debate ocupaba los titulares de los periódicos, pues el hecho, donde también resultaron asesinadas 9 personas, ponía sobre la mesa la grave situación de la desaparición forzada en el país azteca, el control territorial por el narcotráfico, el estado de la educación pública en el país y el tipo de educación recibida por los estudiantes en las escuelas normalistas mexicanas. Sin embargo, a pesar de los antagonismos entre los diferentes actores sobre las responsabilidades materiales e intelectuales -unos apuntan al narcotráfico, otros al propio Estado, hay un consenso en reconocer el importante trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como se recordará, un mes después de los sucesos la CIDH otorgó medidas cautelares a los sobrevivientes y familiares de Ayotzinapa, en virtud que su vida e integridad estaba en riesgo ante las denuncias que realizaban. En el marco del cumplimiento de éstas, en el que el Estado mexicano se comprometía a resguardarlos, se acordó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, avalado por la OEA, levantara información sobre la idoneidad de las investigaciones realizadas por el gobierno. Hace un par de meses el GIEI difundió un primer informe, de alta experticia técnica, en donde refutan muchas de las “verdades históricas” sobre el caso establecidas por la administración de Peña Nieto, una de ellas que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal por miembros de la banda “Guerreros Unidos”. El informe, de más de 500 páginas, generó polémica entre las autoridades, pero a su vez recordó la importancia de contar con mecanismos regionales de protección a los derechos humanos.
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Solidaridad en Tenochtitlán

ayotzi_07Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México para la reunión anual de la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (Ramalc), una iniciativa heredera del movimiento de objeción de conciencia -no ir al servicio militar por razones personales- que existió en la región en la década de los años 90. Desde diferentes realidades y contextos, gobiernos progresistas y conservadores, se denuncia el consenso tácito en la militarización de los territorios y los cuerpos como mecanismo disciplinatorio.

El evento tuvo como gran telón de fondo el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que se ha convertido en ícono mundial del oprobio y la impunidad. Además de la movilización anunciada para el 27 de septiembre, días antes los familiares de las víctimas comenzaron un ayuno frente a la Catedral Metropolitana, ubicada el frente de la Plaza del Zócalo en la capital. Como solidaridad, la Ramalc redactó un saludo a los familiares y las organizaciones de apoyo, que transcribimos en su integralidad:

“La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (Ramalc), presente en la Ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto a sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.
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El problema no es la jueza, sino el sistema de justicia

a0b2895f7942e64eb8f3fc13a2106164Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcategui

La sentencia contra el dirigente político Leopoldo López y los tres estudiantes ha visibilizado, por lo menos para un sector que no se había percatado, del irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela. Dejemos algo claro de entrada: No se trata de si usted o yo nos simpatiza o no la propuesta política del líder del partido Voluntad Popular, sino del escrupuloso respeto al debido proceso, una condición necesaria para cualquier tribunal que se precie como justo e independiente.

Las anormalidades en el juicio llevado en su contra son tan burdas que han obligado a pronunciarse a personas y organizaciones que han tenido expectativas con el proyecto político bolivariano. Por ejemplo la organización WOLA, siglas de The Washington Office on Latin America, una iniciativa de larga data dentro de Estados Unidos cuyo auditorio es y ha sido la intelectualidad progresista y de izquierda en las tierras del Tío Sam, cuyos informes y opiniones son citados para personalidades como Noam Chomsky. “La condena de López es una muestra flagrante de la voluntad del gobierno de criminalizar a los opositores políticos”, dijo Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA. “El uso del sistema legal para castigar a los opositores políticos no tiene cabida en una democracia”, expresó.

David Smilde, asesor de la organización por su parte expresó: “La gravedad de las acusaciones del gobierno contra López demanda un proceso judicial serio. Sin embargo, el juicio mostró escaso respeto por la evidencia real y apenas siquiera tenía la pretensión de independencia judicial”. En su comunicado WOLA dijo: “Por ejemplo, el tribunal permitió que el gobierno presentara más de un centenar de testigos, mientras que todos los testigos del demandado fueron excluidos del proceso menos dos. Por otra parte, la jueza que presidió tiene solamente un nombramiento provisional, y por lo tanto podría ser removido por el gobierno en cualquier momento. Esta situación precaria elimina cualquier oportunidad de independencia judicial que la jueza hubiera querido ejercer”.
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