Venezuela: Un peor escenario

Rafael Uzcátegui (*)
Especial para Tal Cual

Es prematuro decidir si se participa o no en unas próximas e hipotéticas elecciones parlamentarias. Pero hay que estar absolutamente claro que, en el caso que no se haga, estaremos en una posición más precaria que la actual para alcanzar la posibilidad de una transición a la democracia.

Mientras escribo estas líneas semanales para Tal Cual, venezolanos en todas partes del país llevan más de 20 horas en colas, intentando abastecerse de gasolina para sus vehículos, luego de los anuncios realizados por Nicolás Maduro sobre la distribución del combustible iraní. En diferentes ciudades, pero también ya en Caracas, hay interrupciones recurrentes y no programadas del servicio de agua y electricidad. Bajo confinamiento, aproximadamente 11 millones de venezolanos se quedaron sin su principal fuente de entretenimiento: Directv. El aumento de la curva de contagio de casos sugiere que estamos entrando en la fase de transmisión comunitaria del Coronavirus, que según las proyecciones de la Academia de Ciencias pudiera tener un pico de entre 2.000 a 4.000 casos al día a partir de este mes de junio. Amplias franjas de la población no cuentan con ingresos suficientes para poner lo mínimo indispensable en la mesa de sus hogares, por lo que están obligados a desafiar la cuarentena para intentar percibir algún dinero adicional. La crisis de servicios básicos: agua, electricidad, gas doméstico entre otros, ocasiona que no se puedan cumplir las normas elementales de higiene y seguridad bajo pandemia. Por otra parte, el estado de alarma se utiliza para aumentar los mecanismos de control sobre los venezolanos, incrementando la censura y la persecución, acabando con los resquicios de libertad que quedaban. Mientras el resto del mundo celebrará el dejar atrás la pandemia, en Venezuela seguiremos lidiando con la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y el reinicio de la peor crisis migratoria de la región en las últimas décadas.

El idioma castellano parece limitado en los adjetivos que pudieran describir, en una sola palabra, la profundidad y extensión del daño antropológicos a los venezolanos. Pero si este escenario de por sí es dantesco, todavía pudiera ser mucho peor. Y para darles un ejemplo próximo y concreto, lo invito a imaginarse una Venezuela en la que el gobierno de facto controle la mayoría de la Asamblea Nacional. No la Constituyente ni el parapeto de Luis Parra, sino la legítima Asamblea Nacional que en diciembre de 2015 fue ganada por la oposición con más de dos millones de votos sobre el chavismo.

Seguramente usted, como muchos otros venezolanos, se estremece cuando escucha hablar de elecciones. Luego que Nicolás Maduro consiguió una fórmula para ganarlas siendo minoría, como ocurrió en mayo de 2018, se ha erosionado la capacidad institucional del sufragio para expresar la opinión soberana de la población. Y por otro lado, quizás se contó entre las personas que cultivó expectativas, que luego se fueron desinflando progresivamente, sobre la posibilidad que el poder legislativo sirviera de contención a la deriva dictatorial del gobierno. Estas dos dimensiones no pueden obviarse de cualquier estrategia para defender el bastión institucional que significa hoy la Asamblea Nacional para el proceso de transición a la democracia. Pero reconociendo estos desafíos también hay que reconocer que el amplio respaldo internacional que posee Juan Guaidó, como presidente interino, deriva precisamente de su rol como presidente del hemiciclo parlamentario. Sin ese piso institucional ese apoyo se reducirá significativamente. Y los partidos políticos democráticos quedarán en una situación mucho más precaria que la de ahora.
Un segundo elemento a considerar es el político-simbólico. Tras unas elecciones amañadas, Maduro obtiene más votos sobre los candidatos no oficialistas que le permita asegurarle al mundo que la mayoría alcanzada por el cambio democrático, en diciembre de 2015, fue perecedera y circunstancial. Se evaporaría así nuestro principal dato cuantitativo -tan necesarios como los apelativos principistas y morales- para argumentar que el deseo de cambio en Venezuela es masivo y extendido. Con una Asamblea Nacional a su favor la dictadura se fortalecerá, aprobando leyes a su favor, como la de la explotación intensiva del Arco Minero del Orinoco, por citar solo un caso.

Mantener la mayoría de la Asamblea Nacional no significará mantener inequívocamente el escenario actual. Haciendo una lectura en positivo la posibilidad para que el campo democrático exprese una opinión sobre la propia conducción de la oposición y si su liderazgo, tal y como está expresado el día de hoy, necesita preservarse o modificarse, continuar o corregir el rumbo.
En este momento no tengo respuestas ni propuestas de como debiera defenderse el bastión institucional democrático de la Asamblea Nacional. Lo que si estoy seguro que controlada la pandemia, realmente, el centro de la disputa política será el control del hemiciclo parlamentario, que con alta probabilidad pasará por la convocatoria a un proceso electoral, en condiciones que estarían por definirse. Estas circunstancias están por definirse, y habrá que luchar intensamente por tener algunas condiciones democráticas para la participación ciudadana. Por ahora pongamos todas las cartas sobre la mesa -no debajo de ella- para saber que nos estamos jugando, para que cualquier decisión sea tomada con absoluto conocimiento de causas y consecuencias.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Venezuela: La crisis llegó a Caracas

Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía

Los caraqueños, que hasta la llegada del Coronavirus, habían sido unos privilegiados, hoy saben por experiencia propia que viven en un país en crisis.

En el año 2014 ocurrió un ciclo de protestas en Venezuela, entre los meses de febrero a septiembre, que finalizaron con un lamentable saldo de 43 personas asesinadas. Para los estudiosos de la acción colectiva una de las novedades de aquellas manifestaciones fue, en un país de tradición centralista, el carácter descentralizado del movimiento. Cualitativa y cuantitativamente las concentraciones en el resto del país fueron tan importantes como las de Caracas. Y si en la capital la principal consiga era “Maduro vete ya”, en las ciudades y pueblos del interior las exigencias sociales tenían tanta importancia como las demandas de cambio político. ¿La razón? La crisis de servicios públicos y escasez de alimentos que, cruzando los límites del área metropolitana del distrito capital, venía sintiéndose con fuerza en los últimos meses.

Mientras el resto del país sufría constantes apagones del servicio eléctrico, falta de gas doméstico y escasez de agua en los hogares, Caracas era privilegiada. Tanto por razones estratégicas como propagandísticas, Nicolás Maduro se aseguraba que nada les faltara a los caraqueños. Mientras la interrupción por varias horas del servicio de transporte subterráneo, el Metro de Caracas, generaba titulares en medios nacionales e internacionales, no había quien escribiera sobre los apagones de varios días en ciudades como Maracaibo, Mérida o Barquisimeto. Generar o impedir acontecimientos en el centro neurálgico del poder en Venezuela ha sido tan efectivo que, en febrero de 2019, cuando los venezolanos de todo el país volvían a protestar luego que 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente encargado del país, a Nicolás Maduro sólo le bastaba organizar una movilización en Caracas para equilibrar los titulares de las agencias internacionales a su favor: Venezuela -subrayado nuestro- marcha a favor y en contra de Maduro.

La disparidad centro-periferia ha sido tan aguda que, en el año 2019, el desplazamiento interno hacia Caracas compitió con la migración forzada a otros países. El 7 de marzo de 2019 ocurrió el primer apagón eléctrico en todo el país, que para muchos habitantes de las faldas del Cerro Avila fue su cable a tierra que vivían en un país en crisis. En Caracas la interrupción del servicio eléctrico duró 72 horas, con lo que el restablecimiento del servicio en el área metropolitana le permitió a Maduro dejar de ser noticia. Pero en el resto del país tuvieron que esperar 4 días más para encender los bombillos de sus hogares.

El Coronavirus, paradójicamente, ha permitido “socializar” la debacle. Aunque Maduro ha continuado la estrategia de privilegiar a Caracas con respecto al resto del país -por ejemplo habilitando en la ciudad el único laboratorio a nivel nacional para realizar pruebas de despistaje del Covid-19-, la crisis ha terminado por colonizar a la capital. Luego de una avería en el Sistema Tuy II, que bombea agua desde las montañas, los caraqueños padecen la misma situación del resto de los habitantes de esta ribera del Arauca tricolor. Cuando se conoció la noticia que el gobierno había comprado 86 “supercisternas” a China para abastecer de agua a las parroquias capitalinas, los chats de whatsapp reventaron de comentarios que aseguraban que la situación ha llegado para quedarse. El chavismo, que ha demolido todas las tradiciones culturales venezolanas, también ha dejado sin efecto la vieja frase que aseguraba que “Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra”.

El agua no es el único bien escaso en estos días, que antes había sido abundante para los caraqueños. Una segunda nivelación ha sido la de la escasez de combustible. Hasta la llegada de la pandemia, el resto del país tenía racionada la posibilidad de comprar gasolina en un país cuyo primer -y casi único- producto de exportación es el petróleo, mientras los capitalinos llenaban, a placer, su tanque de combustible por menos de dos dólares. La cuarentena le dio oportunidad al gobierno para, por la via de los hechos, reconocer que la capacidad de extracción y refinamiento de crudo por la otrora superpoderosa PDVSA, está por los suelos. De esta manera el decreto de estado de alarma impuso restricciones a la libertad de movimiento, en la letra a las personas, pero en la práctica también a los vehículos. Las calles de las ciudades lucen desiertas, no sólo por el temor al contagio sino, especialmente, por la falta de combustible. En privado, altos funcionarios del gobierno atribuyen a que la transmisión de la epidemia se ha ralentizado en Venezuela, también, por la escasez de gasolina. Hoy en Caracas caminamos la misma distancia para comprar cualquier cosa que el resto de nuestros paisanos. Para aliviar un poco la situación, en esta Venezuela Bizarra, ha sido un acontecimiento la llegada de cinco boques de Irán cargados de alrededor de millón y medio de barriles de gasolina. Si una promesa anterior se hubiera cumplido, también de los iraníes, otro gallo cantaría. Se trató del anuncio realizado por el propio Hugo Chávez, en el año 2008, de la empresa Iraní-Venezolana “Fábrica Nacional de Bicicletas” (Fanabi) para construir 100 mil ciclas por año “a precios solidarios”. Chávez, que era un avión para las ocurrencias, la bautizó “la atómica”, cuando anunció con bombos y platillos la supuesta apertura de la fábrica en el estado Cojedes. Pero al igual que la unidad constituyente más pequeña de la materia, ningún venezolano ha podido ver jamás una “atómica” en el mercado.

Finalmente, la salida del aire de Directv dejó a 13 millones de venezolanos sin su principal fuente de entretenimiento. El 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas funcionarios o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado. La prohibición exigía la exclusión de los canales nacionales Globovisión (propiedad de Raúl Gorrín) y PDVSA TV como condición para mantener la operatividad en el país. El gobierno venezolano se negó a eliminar estos canales de la oferta, de manera que AT&T decidió finalizar su actividad en el país. Caraqueños y provincianos por igual han sentido la ausencia como un duelo, la pérdida de un ser querido. La baja tarifa de suscripción, entre 1 y 2 dólares al mes por orden de las autoridades, había hecho realidad la “democratización” de la audiencia de los canales internacionales, en un contexto de hegemonía comunicacional y contenidos ideologizantes en medios públicos de dudosa calidad, que sumados todos no superan el 6% de la sintonía.

Los habitantes de la capital venezolana, hace sólo 20 años atrás la envidia de buena parte de la región, hoy deben adaptarse lo que a todas luces será su “nueva normalidad”, un “uppercut” ascendente a su autoestima. Por su fama de memoria corta, los caraqueños pudieran pensar que la rima de la canción de Ilan Chester, que alguna vez los enorgulleció, son una canción de una serie de ciencia ficción. De esas que, cuentan, pasan por Directv: “Voy de petare rumbo a la pastora / Contemplando la montaña que decora a mi ciudad / Llevando matices de la buena aurora / Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual / Y sabe dios los pintores, las paletas, cuanta pluma del poeta / Cuantos ojos encontraron un momento de solaz”.

Venezuela, imperialismos y militarización

Rafael Uzcátegui
Especial para Revista Ila (Alemania)

La respuesta de las autoridades venezolanas a la emergencia del Covid-19 ratifica la profundidad del pensamiento militarista instalado en el país. Bajo la presión de dos imperialismos, el de Estados Unidos y Rusia, las organizaciones sociales del país continúan insistiendo en una salida pacífica, soberana y democrática del conflicto.

La relación de Estados Unidos con la Venezuela bolivariana ha sido, como lo describe el politólogo Carlos Romero, “esquizofrénica”: “Un gobierno que sataniza a EEUU pero que, al mismo tiempo, obtiene grandes beneficios comerciales de ese país: Venezuela envía 1.300.000 barriles diarios de petróleo y derivados al mercado estadounidense -41% de las ventas totales-, de donde importa bienes y servicios”. Siendo cierta la confrontación entre ambos países, agudizada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la realidad refuta el mito “Estados Unidos ataca a la revolución bolivariana por su interés en apropiarse del petróleo venezolano”. De hecho la empresa Chevron participa en 4 proyectos de extracción de petróleo dentro del país bajo la modalidad de “Empresas mixtas”, creadas por Hugo Chávez en el año 2007 para atraer inversión privada internacional al sector energético, cuya actividad genera 9 de cada 10 dólares que ingresan a las finanzas del Estado. La relación está cambiando ahora, cuando la administración Trump ha asumido la política de “máxima presión sobre Maduro”, aumentando las sanciones financieras que obligarán a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela el próximo 1 de diciembre. La decisión intenta influir el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses en la que Trump busca su reelección. A pesar de cierta retórica pública de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que “Todas las opciones están sobre la mesa” para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, fuentes informadas dentro del país descartan la posibilidad de una intervención militar. Geoff Ramsey, miembro de la ONG progresista Oficina de Washington para América Latina (WOLA), ha declarado: “EEUU ha descartado una intervención por razones políticas, saben que sería impopular en la región porque hasta ahora el Grupo de Lima -coalición de gobiernos latinoamericanos – se ha mantenido firme en apoyar una salida pacífica. Y también sería impopular dentro de EEUU, no hay mucho apoyo doméstico para intervenciones militares en otros países luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y mucho menos en temporada de campaña electoral”.

No obstante, una discusión honesta sobre la injerencia imperialista en Venezuela debe incluir a Rusia. En su estrategia de construir un “mundo multipolar”, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, se han hecho alianzas con países como Irán, Corea del Norte, China, Turquía y Rusia. Este último ha invertido 17.000 millones de dólares en inversiones de petróleo y gas en Venezuela. Entre ambas naciones hay un convenio para abrir la primera fábrica de fusiles Ak-103 en América Latina, con capacidad para ensamblar 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año, y que había previsto su apertura para finales del año 2019. Hasta que en el país apareció una crisis económica, consecuencia de la caída internacionales de los precios del petróleo y gas, Venezuela lideraba regionalmente la importación de armas, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Su principal proveedor de armamento fue Rusia, que para el año 2012 vendió equipamiento militar por 410 millones de dólares. Entre los años 2000 al 2009 Venezuela compró al estado ruso armas por 2.068 millones de dólares. Un ejemplo de la influencia actual de Vladimir Putin lo constituye la asesoría militar que oficiales rusos realizaron a soldados venezolanos en el terreno para enfrentar el reciente intento de invasión armada por las costas del país, conocido como “Operación Gedeón”.

La participación de Estados Unidos y Rusia en la crisis venezolana ha ocasionado que algunos analistas, como Andrei Serbín de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sostenga que el conflicto se ha transformado en una “disputa geopolítica”, a la que suma la participación de China.

TuitRuso

Covid-19 y militarismo

Venezuela posee una tradición militarista anterior a la revolución bolivariana, que fue profundizada por el triunfo electoral de Hugo Chávez a finales de 1998. Al inicio del período democrático, en 1958, los principales partidos -con exclusión del Partido Comunista- suscribieron un acuerdo de alternabilidad conocido como el “Pacto de Punto Fijo” que, entre otros objetivos, buscaba “devolver a los militares a los cuarteles”, subordinándolos a las autoridades civiles. Y aunque mantuvieron un importante protagonismo en las décadas posteriores, su beligerancia política abierta comienza en 1999, cuando la nueva Constitución les otorga el derecho al voto. La primera política social ejecutada por el chavismo, el “Plan Bolívar 2000”, fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. Una lógica militar, y no de movimientos de base, fue la que organizó desde el Estado al movimiento bolivariano, con estructuras verticales, nombres y una narrativa basada en el imaginario de las Fuerzas Armadas.
En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares, que en sus primeros cinco meses ocasionaron 245 víctimas de violación al derecho a la vida, según datos del Ministerio Público. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha sido reflejada en el más reciente informe sobre el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resultados divulgados por Michelle Bachelet. Sobre la FAES afirma: “Miles de personas han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, incluyendo en sus recomendaciones: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales”. En una actualización sobre la situación del país, realizada en septiembre de 2019, Bachelet se refirió al uso de tribunales militares contra civiles, cuando rechazó la sentencia de 5 años contra el sindicalista Rubén González: “La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Ante su creciente impopularidad, las Fuerzas Armadas constituyen el principal pilar de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión ha ocasionado que más de cuatro millones de venezolanos hayan abandonado el país como migrantes forzados, según datos de ACNUR. La persecución por razones políticas es particularmente hostil contra militares descontentos y el sector del bolivarianismo, denominado “chavismo crítico”, opuesto a su gobierno. Según los datos de Provea 44 de sus miembros han sufrido detenciones, hostigamiento y despidos de sus trabajos, con un caso de una persona asesinada, Alí Domínguez, el 6 de marzo de 2019. De la cifra actual de 402 presos políticos, según el Foro Penal, dos de ellos son militares que ejercieron altos cargos durante la presidencia de Hugo Chávez: Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres.

La militarización existente hoy en Venezuela también se refleja en la respuesta de las autoridades al Covid-19. Más que una emergencia sanitaria, el virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. Un decreto de estado de alarma ha ordenado una cuarentena desde el 13 de marzo de 2020, de manera similar al resto del mundo. Lo que es diferente es la exclusión del conocimiento médico y técnico en la respuesta, de espaldas a todos los sectores de la sociedad útiles en este momento. La vocería ha suprimido al ministro de salud, siendo asumida por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de defensa. Para mantener al máximo el control de la información, sólo se ha habilitado a un laboratorio en todo el país para realizar pruebas de despistaje, con una capacidad diaria para un máximo de 200 pruebas. Al aprovechar la cuarentena para aumentar los mecanismos de control de la población, el gobierno ha incrementado la censura hasta el punto de criminalizar al único informe divulgado públicamente sobre posibles escenarios de contagio, realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En dos meses de Cuarentena dos personas han sido asesinadas por participar en manifestaciones por agua, electricidad y comida, 22 periodistas han sido detenidos por realizar su labor informativa y 11 médicos por denunciar que no tenían implementos suficientes en los hospitales.

Organizaciones sociales y populares venezolanas han insistido en una salida democrática y pacífica del conflicto, donde las personas puedan decidir, en elecciones libres, el destino del país, rechazando las injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia. El cierre de la posibilidad de una salida noviolenta está generando condiciones para la aparición de la violencia.

Pausa embarazosa – Observaciones sobre la coronacrisis –

Ken Knabb

Ya vivíamos en una crisis global general, pero la mayoría de la gente solo era vagamente consciente de ello, ya que se manifestaba en una serie confusa de crisis particulares: sociales, políticas, económicas, ambientales. El cambio climático es la más importante de estas crisis, pero es tan complicado y tan gradual que ha sido fácil para la mayoría de las personas ignorarlo.

La corona crisis ha sido repentina, innegable e ineludible. También se lleva a cabo en un contexto sin precedentes.

Si esta crisis hubiera tenido lugar hace cincuenta o sesenta años, hubiéramos estado totalmente a merced de los medios de comunicación, leyendo sobre ello en periódicos o revistas o sentado frente a una radio o televisión absorbiendo pasivamente las instrucciones y garantías transmitidas por políticos o presentadores de noticias, con casi ninguna oportunidad de responder, excepto quizás escribir una carta al editor y esperar que se imprima. En aquel entonces, los gobiernos podían salirse con la suya en el incidente del Golfo de Tonkin – donde se simuló un falso ataque de fuerzas pertenecientes a Vietnam del Norte contra barcos de la Armada de Estados Unidos en el Sudeste Asiático-, porque pasaron meses o años antes de que la verdad se revelara.

El desarrollo de las redes sociales durante las últimas dos décadas, por supuesto, ha cambiado drásticamente esto. Aunque los medios de comunicación siguen siendo poderosos, su impacto monopólico se ha debilitado y eludido a medida que más y más personas se han involucrado en los nuevos medios interactivos de comunicación. Estos nuevos medios pronto se utilizaron radicalmente, como exponer rápidamente las mentiras políticas y los escándalos que anteriormente habrían permanecido ocultos, y finalmente jugaron un papel crucial en la activación y coordinación de los movimientos de la Primavera Árabe y la Ocupación de 2011. Una década más tarde, ellos se han convertido en rutina para una gran parte de la población mundial.

Como resultado, esta es la primera vez en la historia que un evento tan trascendental ha tenido lugar y prácticamente todos en la tierra lo saben al mismo tiempo. Y se está desarrollando mientras que gran parte de la humanidad está obligada a quedarse en casa, donde apenas pueden evitar reflexionar sobre la situación y compartir sus reflexiones con los demás.

millones de personas están utilizando esta pausa para investigar y criticar los fiascos del sistema, y ​​lo están haciendo en un momento en que prácticamente todos los demás en el mundo están obsesivamente centrados en los mismos problemas. Creo que esta primera discusión global sobre nuestra sociedad es potencialmente más importante que la crisis particular que la desencadenó.

Seguir leyendo “Pausa embarazosa – Observaciones sobre la coronacrisis –”

Estado de alarma, disciplina y silencio absoluto

Rafael Uzcátegui

El lunes 4 de mayo, cuando aún se desarrollaba un confuso hecho insurreccional en las costas venezolanas, Provea reiteró una serie de principios a través de sus redes sociales, que generaron una virulenta respuesta de los altos funcionarios del gobierno de facto. ¿Qué decían los mensajes? 1) Ante el cierre de los canales pacíficos de la resolución del conflicto Maduro estimulaba escenarios de violencia; 2) Provea sólo apoyaría mecanismos pacíficos para la transición a la democracia; 3) La comunidad internacional debe rechazar salidas de fuerza, aumentando mecanismos diplomáticos de presión y 4) Las personas que habían sido detenidas en los hechos no debían ser víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Estos mensajes, o con variantes habían sido publicados en otras oportunidades en los últimos meses. ¿Por qué precisamente ahora generaron esa furiosa criminalización? Por ahora nuestra respuesta es: La naturaleza del conflicto esta variando cualitativamente.

El decreto de estado de alarma ha generado mecanismos de control que, en otros lados, hemos calificado somo “soñados” por el bolivarianismo como dispositivo de dominación de los venezolanos: Aumentando la separación, aislando a los individuos para que sean incapaces de la acción colectiva en el espacio público, incrementando los niveles de censura y autocensura, militarizando el control territorial de los principales centros urbanos, aumentando la estatización de la vida cotidiana, Los resquicios de disentimiento que conocíamos antes de la epidemia están siendo eliminados progresivamente. Por ello tenemos casos de médicos detenidos por haber denunciado en sus chats privados no haber contado con los implementos necesarios en el hospital donde desempeñan sus labores, o ciudadanos detenidos por haber publicado en Instagram su descontento por la escasez de gasolina. Y esto es así por que la situación extraordinaria derivada por el Covid-19 esta siendo utilizada como un ejercicio de disciplinamiento por parte de las autoridades para normalizar el silencio absoluto y la inhibición para expresar el descontento. Para plantearlo en otros términos, el Coronavirus ha permitido desplegar una nueva situación extraordinaria que, lamentablemente creemos, permanecerá luego de la epidemia. Aprovechando las circunstancias la dictadura, si cabe el término, está endureciéndose.

Aunque se rechace las opciones violentas, como es nuestro caso, los hechos están allí. Se ha materializado la opinión de un sector de la sociedad venezolana, que opinaba que eran las opciones de fuerza las que cambiarían la correlación de fuerzas y catalizarían el cambio. Siendo así, estaríamos entrando en una peligrosa fase que incluye la lucha armada que generará reposicionamientos en los diferentes sectores nacionales e internacionales, especialmente en los del gobierno de facto, que responderá con espíritu de cuerpo frente a la amenaza de agresión. Esta nueva realidad reforzaría la descrita en el párrafo anterior.

No sólo se pueden apelar a razones morales para rechazar la violencia. Una transición provocada por un hecho de fuerza, razonamos, no será el inicio de un proceso político para dejar atrás las causas y consecuencias del autoritarismo, sino que será una continuación del conflicto. Habrá que insistir en la promoción de mecanismos políticos y ciudadanos en lo que creo será un escenario con características cualitativas diferentes a las que existían antes de la epidemia. No será fácil en medio de tanta incertidumbre, pero definitivamente es el camino.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Un informe desde Yale

Rafael Uzcátegui (*)

Un reciente estudio de Zachary Barnett-Howell y Ahmed Mushfiq Mobarak, dos académicos de la Universidad de Yale, aporta elementos para considerar si las medidas que los países desarrollados para enfrentar la pandemia del Covid-19, tienen la misma efectividad en las naciones en desarrollo. Bajo el título “¿Deben los países de bajos ingresos imponer el mismo distanciamiento social que Europa y Estados Unidos han implementado para detener la propagación del Covid-19? analizan si los beneficios de la distancia social varían entre países ricos y pobres, arrojando conclusiones que deberían guiar la adaptación de estas medidas para el conjunto de los países de la región, y específicamente Venezuela.

Su ejercicio de reflexión arrojó tres ideas claves. La primera es que las poblaciones en los países ricos tienden a ser más antiguas y, por lo tanto, se pronostica que los efectos de mortalidad del Covid-19 serán mucho mayores allí que en los países pobres. En segundo lugar, se pronostica que las medidas de distanciamiento social salvarán una gran cantidad de vidas en países de altos ingresos, en la medida en que valga la pena soportar prácticamente cualquier costo económico de ese distanciamiento. Finalmente, los menores beneficios estimados del distanciamiento social y la supresión social en los países de bajos ingresos son impulsados ​​por tres factores críticos: a) Los países en desarrollo tienen una menor proporción de personas mayores en comparación con las naciones ricas de baja fertilidad; b) El distanciamiento social salva vidas en países ricos al aplanar la curva de infecciones y para reducir la presión sobre los sistemas de salud. Retrasar las infecciones no es tan útil en países donde el número limitado de camas de hospital y ventiladores ya están abrumados y la mayoría no puede acceder a ellos; y c) El distanciamiento social reduce el riesgo de enfermedad al limitar las oportunidades económicas de las personas, pero las personas más pobres están menos dispuestas a hacer esos sacrificios. Ponen un valor relativamente mayor en sus preocupaciones de subsistencia en comparación con las preocupaciones sobre el contagio de coronavirus

Los académicos coinciden con la preocupación que hemos alertado desde las organizaciones de derechos humanos: Muchos más trabajadores en países pobres se autoemplean en el sector informal y dependen de salarios diarios para alimentar a sus familias. En ausencia de fuertes mecanismos de protección social y seguros, el costo impuesto por el distanciamiento social (y económico) aumentará las condiciones de privación inmediata y hambre. Si en los países ricos, por su alto porcentaje de personas mayores, se está dispuesto a pagar el costo de la Cuarentena, en países como Venezuela no solamente son un lujo, sino que van a aumentar las consecuencias ya graves de la Emergencia Humanitaria Compleja instalada entre nosotros.

Según sus conclusiones “se requiere con urgencia una evaluación seria para determinar qué otras medidas podrían preservar la vida de manera efectiva mientras se minimizan las pérdidas”. En su documento hacen algunas propuestas “que permiten a las personas en países de bajos ingresos minimizar su riesgo de COVID-19 al tiempo que conservan su capacidad de poner comida en la mesa”. En primer término, el uso obligatorio de máscaras y revestimientos faciales caseros, que son baratos de fabricar, y que sea exigido a los trabajadores al abandonar sus hogares. Una segunda idea es un aislamiento social dirigido de los ancianos y otros grupos en riesgo, mientras que se permite que las personas productivas con perfiles de menor riesgo continuar trabajando. En tercer lugar, una idea de sentido común que tendría una dimensión urgente para un país con crisis en servicios básicos: Mejorar el acceso al agua limpia y otras políticas de saneamiento políticas para disminuir la carga viral. Finalmente, una tarea que demanda la alianza, y no la confrontación como ocurre ahora en Venezuela, con medios de comunicación para promover la influencia social generalizada y campañas de información para fomentar comportamientos que retrasen la propagación de la enfermedad, pero no socaven los medios de vida económicos. Esto podría incluir restricciones en el tamaño de las congregaciones religiosas y sociales, o programas para alentar a los líderes comunitarios y religiosos a respaldar comportamientos más seguros y comunicarlos claramente. “Si se debe perseguir el distanciamiento social generalizado, se deben hacer esfuerzos para que los alimentos, el combustible y el dinero en efectivo lleguen a las personas que corren mayor riesgo de hambre y privación”. Esto es especialmente desafiante, reconocen, en países sin una infraestructura de protección social bien desarrollada. En su opinión se necesitan la mayor de las coordinaciones sociales posibles, para que “los gobiernos, los sectores privados y humanitarios, los operadores de telefonía móvil y las empresas de tecnología experimenten con soluciones innovadoras, como el envío de transferencias de efectivo a través de teléfonos móviles”.

El informe de Barnett-Howell y Mubarak nos vuelve a recordar dos temas. Que las respuestas a la pandemia deben sufrir adaptaciones a países como los nuestros.  Pero también, que un problema de esta envergadura necesita de la participación de todos los sectores posibles que puedan ayudar a diseñar la mejor respuesta posible. Hasta ahora Nicolás Maduro ha preferido jugar sólo, y aunque el decreto de estado de alarma ha funcionado durante la transmisión líneal de la enfermedad, es tan incierto como sombrío su comportamiento en la fase exponencial de transmisión comunitaria, a la que ahora mismo estamos transitando.

Coronavirus: Objetivo militar

Rafael Uzcátegui (Para La Silla Vacía – Colombia)

El 22 de marzo de 2020 los habitantes de Caracas observaban con perplejidad como un grupo de aviones Sukhoi y F-16, pertenecientes a la Fuerza Armada, surcaban el cielo de la ciudad, dejando tras de sí una estela gaseosa que semejaba los colores de la bandera nacional. 9 días antes había sido decretado el “estado de alarma” que ordenaba la cuarentena social para la población, como parte de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro a la pandemia del Covid-19. El desfile aéreo militar, calificado por las autoridades como la “Operación alegría” era, según la información oficial “la señal de unión en la lucha contra el coronavirus”. El detalle no es una extravagancia aislada, sino el reflejo que la respuesta de Miraflores a la enfermedad es en primer lugar militar, luego político y, en un lugar subordinado, médico y técnico-científico.

Salvo el aislamiento preventivo de la población en sus hogares Nicolás Maduro no está realizando en Venezuela nada extraordinario, o fuera de lo común, que no haya aplicado antes del 13 de marzo. El país ha dejado de ser una democracia, donde la ausencia de cualquier tipo de control institucional o social ha catalizado los efectos de la emergencia humanitaria compleja. En la lógica de mantenerse en el poder el gobierno ha promovido tres estrategias básicas: Simulación, invisibilización y represión. Luego de la pérdida de la mayoría electoral, como se evidenció en diciembre de 2015 cuando la coalición oficialista se ubicó 2 millones de votos por debajo de la opositora, esta trilogía es posible por el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se ha mantenido visiblemente cohesionada a pesar de todos los esfuerzos por dividirla. Bajo la amenaza de la represión selectiva, o abierta cuando sea necesario, el control de los territorios y los cuerpos es realizado por la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales, en coordinación con el llamado “poder popular”, que incluye la actuación de grupos de civiles armados, todos protagonistas de los últimos informes internacionales de violación de DDHH en Venezuela. En paralelo se ha construido una importante hegemonía comunicacional, diseñada por el antiguo ministro de comunicación Andrés Izarra, que paradójicamente ante la deriva dictatorial del gobierno hoy se ha alejado política y físicamente del gobierno, viviendo en Alemania desde hace varios años. La estrategia de simulación implica que no suceda nada en Caracas, aunque las regiones sean las “Casas muertas” que alguna vez describió en una novela Miguel Otero Silva, por lo que literalmente se les quitan los servicios básicos a las ciudades del interior, para que falte menos en la capital.

Persistir, en fin, en que se desarme la batalla contra el Covid-19 y se enfrente como lo que realmente es: Una emergencia sanitaria en un país al borde de la catástrofe humanitaria.

Seguir leyendo “Coronavirus: Objetivo militar”

Informe: Retorno de venezolanos necesita protocolos claros de atención sanitaria con respeto a los derechos humanos

Provea – Cadef – Defensoras de DDHH Táchira – Laboratorio de Paz

Debido a su situación de vulnerabilidad y desprotección en otros países, centenares de venezolanos y venezolanas en situación de migración forzada están retornando a Venezuela en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Las autoridades locales deben garantizar que los protocolos de atención a su llegada cumplan con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana. Las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a frontera y garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades. No se debe obstaculizar el trabajo de los actores humanitarios nacionales, y defensores de derechos humanos, que puedan brindar apoyo en las garantías a los derechos humanos de quienes regresan al país en difíciles circunstancias físicas y emocionales.

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.17.25 PM
Refugio improvisado en un estadio de San Cristóbal, cortesía usuario RRSS

 

Forzados a migrar, obligados a regresar

Debido a la ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja Venezuela es el centro de una de las peores crisis migratorias de la región en los últimos años. En octubre de 2019 la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), estimó que para finales del 2020 la cantidad de venezolanos en situación de migración forzada podía superar los 6 millones de personas. Esta crisis ha representado múltiples desafíos para los países de acogida, quienes no han establecido todas las medidas necesarias de protección, lo cual ha quedado en evidencia en situaciones críticas como en la actual pandemia de Covid-19.

El gobierno colombiano ha emitido 33 decretos para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los migrantes venezolanos, quienes constituyen el 92 %de la población migrante en el hermano país, 1.800.000 de personas según cifras oficiales, quedaron por fuera de todos, lo cual los colocó en una mayor situación de vulnerabilidad a la que ya poseían como personas necesitadas de refugio.

Según el diario La Opinión de Cúcuta “Pese a que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 entre la población migrante en Colombia, no hay un marco legal lo suficientemente amplio que abarque a todos los ciudadanos. Solo se han ejecutado medidas temporales como transferencias monetarias a 150 mil familias y 150 mil mercados a personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá.” Diferentes políticos y especialistas del tema migración en el hermano país han estado solicitando aprobación de medidas que incluyan a los venezolanos como población vulnerable. Por ejemplo, el senador Antonio Sanguino propuso al presidente Iván Duque para que expida un decreto ley relacionado con el asunto migratorio en el marco del coronavirus, basado en una regularización migratoria, un sistema de registro de información y de asistencia a los migrantes bajo una figura institucional. También planteó, siguiendo el ejemplo de España, apresurar la homologación de títulos y permisos de trabajo para incorporar a los médicos migrantes al Sistema Nacional de Salud y así afrontar la enfermedad.

Sin trabajo y sin hogar

Los primeros días de abril se denunció el desalojo de familias de venezolanos de pensiones conocidas como “pagadiario” en Bogotá, pues las personas pagan por día de pernocta. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en una polémica declaración pidió recursos al gobierno central para sufragar el costo de los alquileres en familias en condición vulnerable bajo la pandemia, incluyendo a los venezolanos: “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450.000 personas de Venezuela”. El presidente Ivan Duque expresó posteriormente: “Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando decir: Es que ese no es mi problema. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie puede lavarse las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo en un comunicado de la Presidencia de Colombia, sin referirse de manera directa a López.

La situación se repitió en el departamento de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Según recogió el diario argentino Clarín: “el grueso de los retornados comenzó en el Departamento de Magdalena en Colombia donde fueron desalojados de sus viviendas porque no podían seguir pagando el alquiler (…) Este miércoles varios propietarios de pensiones realizaron un desalojo masivo entre las calles 22 – 24 y carreras 17 – 18, a personas que vivían allí con el sistema de renta ‘paga diario’.

La comunidad venezolana residía en este barrio de la localidad Los Mártires, en varias de las edificaciones que están ubicadas en la zona de tolerancia. “El motivo del desalojo de los venezolanos se habría hecho porque llevaban varios días sin pagar arriendo y pese a que la alcaldía de esta localidad ordenó que según el Decreto 903 en el Artículo 6, no se puede desalojar a nadie del lugar donde vive, esta comunidad estaba en la calle sin un lugar a donde ir, sin alimento, ni medios económicos para mantenerse; ya que no han podido trabajar por las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno nacional”, agregó la nota del periódico argentino.

Los venezolanos se ven impedidos de ejercer sus ocupaciones informales y están siendo desalojados de sus viviendas al no poder seguir pagando los alquileres. El 7 de abril la gobernación del Norte de Santander reveló que desde el 14 de marzo habrían pasado 30 mil personas a Venezuela. Desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo en la frontera del lado colombiano, comida y medicinas, a los venezolanos suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del Covid-19.

Retornados pudieran llegar al millón y medio

El director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, Eduardo Soto, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses. Explicó que la pandemia ha revelado las injusticias estructurales que sufren los migrantes en la región. “La negación del derecho a la salud en los países de acogida es una evidencia de la ausencia de políticas de protección”. La negación de la asistencia médica, en su opinión, sería una de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar, así como la pérdida de posibilidades de ingresos económicos. “Así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando: gastando sus ahorros, a riesgos, muchos de ellos enfermos con nada que tenga que ver con el Covid-19, pero no pueden recibir la atención en el lugar donde estaban”.

Sobre la cifra definitiva de retornados Soto expresó que dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de retorno: “dependiendo de cómo evolucionan las medidas de restricción y de cómo evolucionan las medidas de protección a los migrantes fuera del país”.

Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable.

“Hay que llamar la atención de los organismos internacionales”

Provea se comunicó con un venezolano residente en el Norte de Santander, quien ha venido participando en las organizaciones de apoyo a los migrantes, para conocer sus impresiones sobre la situación:

“Desde hace algunos días y producto del virus se ha notado el incremento de venezolanos retornando a los puntos de frontera, en especial en el Norte de Santander. Desde el momento en que se hizo público los acuerdos con las autoridades venezolanas para el retorno, desde el sábado 4 se notó el incremento. Los que están retornando no es sólo de Colombia, también están subiendo de Ecuador y Perú. Muchos de ellos se han quedado sin trabajos formales y vivieron hasta hace poco del producir día a día, por lo que se vieron afectados para continuar pagando las residencias donde vivían y los servicios, pues recordemos que acá los servicios son elevados y deben pagarse de manera mensual obligatoriamente.

En Bucaramanga, en este momento, hay un grupo importante reunido para retornar. Nos informan que sobrepasan las 2.000 personas, que pudieran estar viajando en las próximas horas hacia Cúcuta. Varios alcaldes están ofreciendo transporte gratuito a los venezolanos que se quieran devolver, lo que esta generando un cuello de botella tanto en la propia Bucaramanga como en Pamplona.

Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable. Según nos han contado, los han humillado verbalmente, tratándolos de “traidores a la patria”. Incluso nos cuentan que en uno de los refugios, que no diré cuál para no poner a nadie en riesgo, les dijeron que los van a usar de escudos humanos en caso de una invasión de Estados Unidos. A esto se une la situación de falta de gasoil y gasolina.

Es importante que se conozca lo que está pasando a nuestros hermanos venezolanos, una doble tragedia, pues e están devolviendo de manera forzosa, pues no tienen otra opción. Hay que llamar la atención de los grupos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Se está generando una situación crítica para el estado Táchira, pues como no pueden pasar por los puntos de La Guajira, los venezolanos que están por ese lado deben bajar a Cúcuta para entrar a Venezuela. Incluso han tenido que habilitar un estadio de futbol de sala para recluir a las personas, dado el volumen de personas que están regresando”, finalizó.

El Estado colombiano incumple con las recomendaciones ONU

La Organización de Naciones Unidas emitió unas Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19. Entre las acciones concernientes a los migrantes expresa: “La inclusión de todos los migrantes y grupos marginados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta al COVID-19, ya sea que busquemos prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo” .

La atención en materia de salud a migrantes y refugiados no es una excusa, la propia ONU afirma que estados pueden solicitar apoyos financieros adicionales y las instituciones financieras deben jugar un papel de liderazgo aprobando fondos por esta contingencia.

Ha exhortado a Estados a regular a las personas migrantes indocumentadas para facilitar su acceso a los servicios de salud. Sobre todo “Los Gobiernos deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda adecuadas”.

El Estado Colombiano no ha actuado de forma incluyente, amplia y con garantías de protección a derechos humanos para migrantes que necesitan del apoyo en igualdad de condiciones a nacionales frente a la pandemia.

La respuesta del lado venezolano: Centros de alojamiento temporal

El Estado venezolano ha informado de la conformación de centros de alojamiento temporal destinados a los retornados en los diferentes estados del país. Aún se desconoce la lista y totalidad. Según informó Naciones Unidas , se estima que en 7 estados habría 71 centros con una capacidad para 3.664 personas. Los estados serían Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira, Zulia. Allí no se mencionó el primero que comenzó a funcionar en el interior del país, la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara.

A continuación, se presentan 3 casos de estudio, elaborados por diversas organizaciones de derechos humanos y defensoras del estado Táchira donde se analiza la respuesta dada por el Estado venezolano en los refugios o casas de alojamiento temporal para los retornados venezolano/as. Al final se establecen las falencias de estos lugares y las peticiones inmediatas al estado venezolano, así como a las agencias de cooperación de ONU con presencia en el país y la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.

Caso Señora Gregoria . Refugio temporal Liceo Manuel Díaz Rodríguez.

La ciudadana Gregoria, de nacionalidad venezolana, 59 años de edad, viajó en fecha 13 de marzo de 2020 desde la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes, hasta la ciudad de San Antonio, estado Táchira, motivado al viaje pautado para el 17 de marzo de 2020, vía aérea desde Cúcuta – Colombia hasta Santiago – Chile. Ingresó al territorio colombiano presentando un cuadro de malestar físico debido a su enfermedad crónica de hipertensión, por lo que ingresó en un alojamiento en Cúcuta mientras restauraba su salud. Esa noche fue anunciado el cierre de fronteras de Colombia con Venezuela. Chile también anuncia el cierre de todas sus fronteras, aéreas, marítimas y terrestres lo que deja a la Sra. Gregoria en situación de tránsito y sin poder devolverse a Venezuela.

Permaneció del 13 de marzo hasta el 5 de abril del 2020, en Cúcuta, y decidió retornar a Venezuela aprovechando la apertura de un corredor humanitario por parte del Estado colombiano. Considerando 1) que ya habían pasado los días recomendados para la aparición de algún síntoma de COVID-19, sin generar síntomas; y 2) Conforme al protocolo que había anunciado la Gobernadora del Estado Táchira, en Venezuela que consistía en que todas aquellas personas que resultaran en las pruebas de detección del COVID-19 negativas, serían trasladadas hasta sus estados de origen. Y las personas que resultaran COVID-19 positivo serían trasladadas a un refugió en San Antonio estado Táchira.

El 06.04.20, a las 07.00 am la Sra. Gregoria se encontraba en el puente Simón Bolívar. Junto a ella se encontraba un grupo de aproximadamente 60 personas a la espera de la apertura de la frontera del lado venezolano. A las 11.00 am aproximadamente permitieron el ingreso al territorio venezolano del primer grupo, entre los cuales se encontraba Gregoria. En la Aduana, luego de cruzar el puente, funcionarios de la Guardía Nacional Bolivariana (GNB) agrupaban a las personas para realizarles la prueba de detección rápida de COVID-19. A las 03.53 pm le fue practicada la prueba resultado negativo. A las 09.00 pm los funcionarios de la GNB informaron que debían abordar los autobuses que estaban dispuestos para los traslados. La sra. Gregoria junto a 34 personas más, también habían resultado COVID-19 negativo, abordaron la unidad de transporte y fueron llevados al Liceo Manuel Díaz Rodríguez, unidad Educativa, en San Antonio del Táchira, dispuesta por la gobernación para que las personas que resultaran COVID-19 positivo realizaran la cuarentena.

Una vez en este lugar, con la coordinación de los funcionarios de la GNB fueron divididos por estados y encerrados en un salón de clases, con la orden de que “nadie debía entrar ni salir de ese espacio”. De acuerdo a la información de la Sra. Gregoria, se encuentran en el mismo espacio aproximadamente 30 personas del estado Cojedes y 6 de la ciudad de Tinaquillo exactamente, todos son migrantes retornados -excepto de ella-. La Sra. Gregoria trató de demostrar a los efectivos que no había vivido en ningún país, sino que estuvo en Cúcuta por el tiempo reglamentario y había dado negativo en la prueba. Sin embargo, se les informó que todos se quedarían en ese lugar durante 14 días y, posteriormente, serían llevados hasta sus hogares.

El 08.04.20 Gregoria relató: “todos son migrantes, la única que no es migrante soy yo, todos resultaron negativo en la prueba, al puente pasaban grupos de 50 personas, en extranjería verificaban los datos y la nacionalidad, y otro funcionario militar preguntaba uno a uno qué tiempo tenía la persona en Colombia, edad, a qué estado pertenece, la dirección exacta. Nos practicaron dos pruebas de COVID-19. Hoy me dieron los militares un colchón a mi nada más, las otras personas aún están durmiendo en el piso. En la noche ayer (07.04.2020), vino un capitán y volvió a decir que tenemos que estar aquí encerrados todos por 14 días. Vinieron unos médicos a preguntar ¿quién se siente mal? En este salón ninguno se ha sentido mal, salvo las incomodidades”.

El 09.04.20, Gregoria narró: “Hoy en la mañana repartieron unas arepas, a la tercera edad y a los niños y mujeres embarazadas le dan comida, hay gente que se ha quedado sin comer, hoy le entregaron un colchón a cada uno de los de este salón, ya todos tienen colchón. Ayer en la noche nos entrevistaron uno a uno y preguntaron si nos habían corrido de algún lugar en Colombia, y qué tiempo tenían en Colombia. Me preguntaron también si regresaría a Colombia y yo dije que sí, tengo que viajar porque tengo un pasaje congelado. Me preguntaron que si sufría alguna enfermedad y dije que era hipertensa.”

12.04.20: la señora Gregoria informó que les realizaron nuevamente unas pruebas de detección del Covid-19, y les informaron que los resultados llegarían el lunes 13.04.20. De resultar negativo, los trasladarían hasta sus estados de origen entre lunes o martes.

Según la información recolectada el refugio temporal no cumple con los estándares para brindar atención digna con base en los parámetros de la OMS/OPS:

• Las personas en el refugio están separadas por estado, las mujeres, hombres, niño/as y adolescentes comparten un mismo salón de clases.
• En el salón donde se encuentra la señora Gregoria 27 adultos y 3 niños menores de 4 añitos. La señora Gregoria es la mayor.
• Al segundo día, de estar en el sitio les proveyeron de colchones, la gente los viste con lo que tienen.
• Les han provisto de las 3 comidas diarias, en la mañana 1 arepa con queso; a medio día arroz con pollo o pasta con pollo, y en la noche 1 sandwich con queso.
• El baño es compartido por todas las personas, ya que son los baños de la escuela, el mantenimiento es precario, ya que no es el acorde para la cantidad de personas ni para el tipo de uso. Tampoco proveen de desinfectantes, ni cloro.
• No les proveen de papel higiénico, jabón, pasta de dientes, toallas sanitarias. Las personas se las arreglan con lo que traen.
• Están todo el día confinados en el salón.
• El sitio está custodiado por la GNB
• El personal médico hace 1 visita diaria.
• No ha habido ninguna presencia de organismos de Naciones Unidas, agencias de cooperación o humanitarias.

Caso Refugio Temporal “El pedagógico (UPEL) y La Normal” en Rubio, Estado Táchira
.
El miércoles 08.04.20, alrededor de 1000 retornados y retornadas fueron trasladados en 17 autobuses que provenían de San Antonio del Táchira a la ciudad de Rubio. Las autoridades policiales del estado y militares de la GNB tomaron instituciones escolares donde las ubicaron:

1. Escuela Granja la Gonzalera, saliendo de Rubio vía San Antonio. (100 personas)
2. Escuela Granja “El Rodeo”, ubicada también en Rubio. (100 personas)
3. Un inmueble propiedad que maneja el Verbum Dei, comunidad misionera de católicos. Es un espacio donde realizan retiros espirituales, vía San Cristóbal. (200 personas)
4. El Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (UPEL) (500personas)
5. La escuela Técnica Gervasio Rubio (Comúnmente llamada “la Normal”) (180 personas)

Situación en “El pedagógico (UPEL) y La Normal”. Son dos instituciones adyacentes, están en el mismo sitio con continuidad, uno al lado del otro, pero sus espacios son diferenciados. “La Normal”, tiene una infraestructura que antes funcionaba como internado, es pública del Estado venezolano.

Entre la “UPEL” y “la Normal” hay alrededor de 680 personas. Autoridades de la UPEL emitieron un comunicado por no contar con los servicios públicos requeridos y no tener instalaciones adecuadas para tal fin. Tras reunirse con las autoridades municipales y regionales correspondientes las autoridades Upelistas informaron: “La UPEL es universidad humanista, pero las condiciones no son las adecuadas ante las medidas pautadas por la OMS”. ”La infraestructura no cuenta con las condiciones mínimas necesarias; entre ellas: agua potable, iluminación, baños, duchas, entre otros para atender dicha contingencia”.

Autoridades de la universidad y municipales firmaron un acta compromiso “para el uso, resguardo y adecuación de las instalaciones y de los bienes nacionales, entre ellas delimitar el perímetro de permanencia a los edificios 14 y 15 (12 aulas).

“Como universidad formadora de maestros y aquella que vence las sombras, no podemos dejar de alzar nuestra voz de protesta ante la injusticia evidenciada al someter a una casa de estudios superiores a formar parte de la vulnerabilidad de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos, quienes han pasado por una serie de atropellos, xenofobia y abusos y maltratos en el exterior y, regresan a su patria con la esperanza de mejores condiciones de vida. Entiéndase que no es un tema político, no es negación a prestar un servicio y a un gesto de solidaridad; es evidente realidad de sometimiento a condiciones infrahumanas, que pueden generar mayores problemas de salud pública a nuestro Municipio. Ninguna instalación educativa está apta para este tipo de contingencia; así le coloquen los adornos que deseen”. “El incumplimiento de protocolos es una realidad: las instalaciones no tienen servicio de agua producto de daños en tuberías”. Rechazo a “la arbitrariedad y trato inhumano”

Entre los retornados en la UPEL hay:
• Personas de varios estados del país.
• Mujeres, niños/as y hombres,
• 10 personas que son de Rubio, aunque sus familiares rogaron que los dejaran trasladar a sus casas o residencias, para cumplir la cuarentena dentro de sus hogares, los custodios se negaron.

Un testigo afirmó que “las personas que fueron trasladadas y que llegaron a la UPEL y la Normal, se negaban a bajarse. Algunos gritaban que los había engañado, que les había dicho que los iban a llevar al centro del País (Valencia, Maracay, Caracas) y no fue así. Sin embargo, al pasar el rato, los convencieron y lograron que se bajaran de los autobuses. Venía muy cansados, hacinados. Al llegar les dieron un poco de comida, porque venían con mucha hambre”.

El Alcalde de Rubio, Municipio Junín, recibió a las personas junto a las autoridades de la UPEL, y la distribución se realizó de la siguiente forma:

• La UPEL: 2 edificios, el número 14 y 15, de esos dos edificios hay un total de 12 aulas y allí albergaron aproximadamente 500 personas
• La Normal: 180 personas fueron alojadas.

“Repartieron para 680 personas 180 colchonetas y se las repartieron como pudieron entre las personas”. “Las aulas fueron desocupadas, sacaron las mesas, sillas, abriendo espacio para que ocuparan el lugar. Simultánea bajaron comida para preparar y la Alcaldía de Municipio Junín se comprometió a llevar el gas y arreglar las instalaciones del agua, pues no cuenta con ese servicio. Se les habilitó 3 salas de sanitarios, 4 pocetas para hombres y 4 para mujeres. Para las 500 personas alojadas en la UPEL”.

El día viernes 10.04.2020, “las personas estuvieron cocinando en una plazuela con leña porque no hay servicio de gas”.

El refugio temporal Upel, La Normal, no cumple con los estándares para brindar atención digna con base en los parámetros de la OMS/OPS,

• No hay ninguna condición adecuada para albergar personas, agua, baños, servicio de gas y comida, camas.
• Están hacinadas.
• Caminan por el campus, no hay aislamiento entre los que allí se encuentran.
• La custodia la realizan Policía Nacional Bolivariana, Militares del ejército, representante del Fuerte la Tucarena, donde se presta el servicio militar en Rubio.
• Preocupa la presencia de “grupos de seguridad civiles”, (Colectivos).
• El mantenimiento es precario, sin agua, no acorde para la cantidad de personas ni para el tipo de uso. Tampoco proveen de desinfectantes, ni cloro.
• No les proveen de papel higiénico, jabón, parta de dientes, toallas sanitarias. Las personas se las arreglan con lo que traen.
• No ha habido ninguna presencia de organismos de Naciones Unidas, agencias de cooperación o humanitarias.

Caso Villa Bolivariana. Barquisimeto, estado Lara.

El 24.03.20, Carmen Díaz , en compañía de Willy, su bebé, se dirigían a la ciudad de Barquisimeto (donde se encuentran sus residencias) desde Cúcuta, Colombia. Daniela estuvo viviendo un mes allí, trabajando en una zapatería por la difícil situación económica que vivía en Venezuela. Sin embargo, al surgir la pandemia del Covid-19 decidió regresar porque no pudo continuar trabajando y no quería quedarse sin ahorros. Al ver que las fronteras estaban cerradas y custodiadas, decidieron pasar por una trocha de forma ilegal frente a la imperiosa necesidad de ingresar al país.

Ese día en San Antonio del Táchira, un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana le realizaron una revisión médica de rutina para descartar contagio del COVID-19. Ninguna de estas dos ciudadanas presentó los síntomas. En el terminal de pasajeros de San Antonio, lograron comprar un boleto para trasladarse en autobús hasta Barquisimeto. Desde que iniciaron su viaje se percataron del aumento de puestos de control durante la vía. En cada uno funcionarios de los cuerpos de seguridad las hacían descender, para luego retornar al vehículo. Esta situación retrasó el viaje más del tiempo previsto. Estuvieron aproximadamente 17 horas en carretera de las 12 correspondientes.

El 25.03.20 al llegar a uno de los puntos de control, ubicado en la localidad de Zárate, relativamente cerca de la cuidad de Barquisimeto, los funcionarios indicaron que todas las personas que se encontraban en el autobús debían bajar, con la intención de realizarle una inspección. Al percatarse que la mayoría de estas personas provenían de Cúcuta decidieron llevarlas a todas, en contra de su voluntad, a un “Centro de retención” denominado “Villa Bolivariana”, ubicado en la Av. Libertador frente a Empresas Polar, en Barquisimeto.

En el lugar los funcionarios dividieron a las personas por sexo en dos grupos. Las mujeres y niños estarían en una zona de la Villa separadas de los hombres, los cuales estarían en otro lugar cercano que las denunciantes desconocen si está en el mismo edificio. Carmen ingresó con hijo alrededor de las 5 de la tarde. No posee mayores detalles de la estructura del lugar, siendo la primera vez que se encuentra allí. En su descripción alega que pareciera ser el piso 3 y el lugar está dividido por una sala, una cocina sin utensilios, un baño y un solo cuarto (apartamento tipo estudio), pero sin enseres. Cuentan con 3 literas que tienen colchón, pero sin la lencería adecuada. Del lugar emanan olores desagradables por suciedad y no cuentan con artículos de aseo para limpiarlo.

En ese lugar, se encontraban 6 mujeres adultas, 2 bebés de 4 y 10 meses y un niño de 3 años. Los GNB, al llevarlos al sitio, les dijeron que les suministrarían las comidas. Debido al viaje tenían 48 horas sin alimentación adecuada, y aunque informaron a las autoridades del lugar, no les dieron respuesta alguna. En horas de la noche les suministraron una caja que contenía una arepa para cada persona. La comida presentaba un olor putrefacto, no se veía sana y no cumplía con las medidas de salubridad. A pesar del hambre, ninguna de las personas comió las arepas por miedo a enfermarse.

El 26.03.20, luego de 2 días en el lugar, les llevaron comida que sí estaba en buenas condiciones. No obstante, denunciaron que el trato de los funcionarios que realizan las labores de custodia era hostil. Carmen logró comunicarse con sus familiares que viven en la ciudad de Barquisimeto, los cuales se acercaron al lugar con la intención de llevarles comida y algunos productos de aseo personal y de limpieza. Sin embargo, no se les ha permitido entregarlos, ni ingresar ningún tipo de producto de alimentación.

La Villa está rodeada de funcionarios de la GNB y dentro del complejo trabajan varias enfermeras, quienes son las encargadas de repartir la comida y de evaluar físicamente a las personas, en caso de presentar algún síntoma del COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Pero los funcionarios militares son los únicos con los que han hablado. A pesar de explicarles la situación no logran llegar a un acuerdo con ellos. Solo tienen conocimiento que deben estar ahí hasta pasar el proceso de cuarentena.

La mañana del jueves 26.03.20, cuando un grupo de mujeres estaban gritando desde la ventana para denunciar la situación, subieron dos enfermeras y dos GNB. Una de las enfermeras se acercó en actitud agresiva porque uno de sus superiores le llamó la atención debido a que no había entregado el desayuno. Ella les preguntó que porqué estaban gritando y que de su parte no les iba a dar más comida. Un funcionario le dijo a Díaz -quien estaba alterada de los nervios y estaba solicitado la realización de sus exámenes físicos para poder a irse del lugar- “nadie te mandó a irte del país…” y agregó: “quien coño de tu madre te mandó a irte de esta mierda, ¡maldita!”. La víctima forcejeó con el funcionario, luego otro se acercó y la amenazó con ponerle las esposas si no ingresaba al lugar. Le dijo literalmente, según la denunciante: “si no hace lo que él dice va a tener consecuencias, te quedas o te quedas”.

Carmen denunció que la situación era muy difícil. Que le quitaron su libertad sin ningún motivo o razón, y estaba a la espera de que se le realizarán las pruebas correspondientes para poder irse. Se encontraban en malas condiciones y temía que la obligaran a asumir la cuarentena retenida allí, sometidas a malos tratos, insultos y abusos por parte de los funcionarios de seguridad del Estado que custodiaban el lugar.
El viernes 27.03.20 Carmen informó que ingresaron otras personas al apartamento ubicado en la parte superior, quienes tardaron para poder trasladarse en autobús desde el estado Táchira, y que relataron que a un señor se le bajó la tensión por el hambre que tenía. Según lo que pudo constatar se trataba de unas 91 personas en la misma situación, que llegaron en 3 autobuses distintos. Las víctimas solicitaban atención inmediata, pero alegaban tener miedo que los funcionarios atenten contra su persona o la limiten aún más a obtener comida, pues ni sus familiares pueden ingresarle alimentos.

El 31.03.20 se realizó contacto nuevamente con Carmen Manifestó haber presentado fiebre durante el fin de semana porque padece una otitis aguda. Ha empeorado porque no le han proporcionado los antibióticos que suele tomar, y presenta bastante dolor. Sólo le dieron un paracetamol, ni siquiera tienen termómetro para medirle la temperatura. Indicó que en el lugar no tienen ningún tipo de insumos médicos. No les habían practicado la prueba de diagnóstico del Covid 19 ni a ella, ni al resto de las personas con las que comparte habitación. Tampoco habían sido chequeados por ningún médico ni personal de salud. Solamente les preguntaron, al ingresar, si presentaban síntomas del coronavirus, pero nada más. Para ese día habían mejorado las condiciones en cuanto a los artículos de limpieza y la comida. Sin embargo, el contenido nutricional es poco saludable y balanceado: para el desayuno y la cena, una arepa con mortadela rayada, y en el almuerzo les dan arroz con alguna proteína como caraotas, carne o pollo, aunque no siempre, sólo a veces. Les dan jugo de guayaba, pero no han comido frutas ni vegetales. Según su testimonio los últimos dos días llegaron unos 4 autobuses más de Colombia, por lo que calcula un aproximado de 200 personas en la misma situación.

El 02.04.20 Carmen informó que le habrían sido entregados productos de aseo personal a cada una de las personas del lugar. En horas de la noche habrían ingresado un nuevo lote de personas. El 04.04.20 explicó que los habían dejado salir, le dijeron que tenía que trasladarse a su casa y cumplir con un confinamiento obligatorio por 15 días. Fue examinada por las enfermeras del lugar antes de que permitieran su salida. Sólo se le realizó un examen de rutina, se le tomo la temperatura y se examinó de manera superficial.

La Villa Bolivariana de Barquisimeto no cumple con los estándares para brindar atención digna, con base en los parámetros de la OMS/OPS:

• Trato vejatorio y hostil por parte de los funcionarios de la GNB y las enfermeras en el Complejo
• Falta de alimentación balanceada y la negativa al apoyo por parte de sus familiares para garantizarles alimentos y bienes de aseo personal.
• Falta de atención médica adecuada, en el sitio denuncian la falta de insumos para atender dolencias menores lo que no garantiza atención adecuada en caso de COVID – 19
• Confinamiento indiscriminado, de personas extrañas incluyendo bebés y niños, sin una previa prueba de diagnóstico rápida de coronavirus, tomando en cuenta que puede haber positivos asintomáticos como lo ha establecido la OMS.
• El lugar sin las normas mínimas y sin adecuadas medidas sanitarias, presentando malos olores y durmiendo en colchonetas sucias, sin sábanas.

migracionvzlana
Migrantes venezolanos, foto de archivo

Preocupaciones sobre el trato dado a los retornados

En los tres casos, los espacios utilizados para el alojamiento temporal no cuentan con las condiciones ni estándares para la atención de personas con un alto nivel de vulnerabilidad porque además retornan a un país del que salieron huyendo por condiciones precarias de vida y regresan en condición de alta fragilidad psiicoemocional, económica y de revictimización.

En los tres casos encontramos que la respuesta no ha sido apropiada y que sobre la marcha autoridades van suministrando atención que en nada se adecuan a protocolos mínimos para este tipo de requerimientos en situaciones de pandemia para un alto flujo de personas.

Entre las situaciones más preocupantes:
• La utilización de espacios que no están adecuados para la pernocta de personas.
• Condiciones de hacinamiento e insalubridad.
• Falta de baños y/o de colocación y mantenimiento de baños portátiles
• Falta de lavamanos.
• Falta de servicios fundamentales agua, electricidad.
• Falta de bienes y enseres para la pernocta.
• Alimentación escaza y sin una dieta nutricional apropiada
• Falta de agua potable, pastillas potabilizadoras o filtros.
• Falta de kits de Higiene personal. Kits para mujeres en periodo de menstruación
• Falta de guantes, tapabocas y de insumos para la prevención del contagio
• Falta de enseres mínimos y fundamentales: filtros, mosquiteros, ventiladores, colchonetas, sábanas, lámparas.
• Falta de productos para la limpieza del lugar, jabón, desinfectante, cloro
• Kits para infantes en lactancia no materna
• Mal manejo de los residuos
• Custodia militarizada. Falta de personal médico, de atención psicológica y emocional.

Solicitamos:

• Las personas cuyos exámenes de detección del COVID-19 sea negativo deben ser sacadas de los alojamientos temporales, llevadas a sus casas, informadas adecuadamente de las formas de prevención y a sus familiares o cohabitantes en el hogar y realizarles un seguimiento in situ.
• Permitir a la OACNUDH, OMS, OCHA, ACNUR, UNICEF y de la cooperación internacional humanitaria con presencia en Venezuela entrar a los alojamientos temporales a constatar las condiciones.
• Aplicar Protocolos y estándares en los refugios temporales de supervisados y acordados con organizaciones de cooperación de Naciones Unidas de carácter humanitaria y a la OACUNDH.
• Que permitan la entrada de apoyo humanitario a los alojamientos temporales, tanto de las agencias de cooperación de ONU como de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos con capacidad para apoyar en labores humanitarias y en cualquier denuncia, seguimiento y acompañamiento para la garantía de los derechos humanos.
• Información oficial y pública amplia, veraz de cada uno de los sitios de alojamiento, las personas, las condiciones, los protocolos que se están aplicando, el personal encargado, etc. que permita hacer monitoreo y contraloría en materia de derechos humanos
• Desmilitarizar la custodia de los espacios, permitir la entrada de personal multidisciplinario en materia de salud física, psicólogos, y psicopedagogos para atención de niño/as y adolescentes.
• Transferir a las personas que se encuentran en espacios sin las condiciones a hoteles, posadas, hostales que tengan condiciones idóneas para la pernocta, el aislamiento y la atención con los servicios óptimos para garantizar, su monitoreo, atención, recuperación y salida con garantías de dignidad.
• Reportes de las agencias de cooperación humanitarias de naciones Unidas y de la OACNUDH sobre las condiciones de los alojamientos temporales y de las personas que allí se encuentran confinadas.
• A las autoridades civiles y militares abstenerse de realizar tratos inhumanos, crueles y degradantes al sugerir, pública o privadamente, que los retornados son responsables de su situación de confinamiento y transmisión del virus dentro de Venezuela; o de obligarlos a realizar declaraciones, en contra de su voluntad, sobre supuestos o reales actos de xenofobia en otros países en su contra.

Organizaciones participantes y contacto:
Provea. Coordinador General Rafael Uzcátegui.
Cadef. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef). Director Carlos Guerra
Defensoras de DDHH, estado Táchira. Judith Pacheco, Raiza Ramírez y Raquel Sánchez
Laboratorio de Paz: Coordinadora Lexys Rendón

Pronunciamiento Aquí Cabemos Todos: Frente a la pandemia del coronavirus, exigimos un acuerdo humanitario ¡la vida está en juego, el pais lo reclama!

Hoy, cuando la pandemia del coronavirus pone en riesgo la vida de millones de personas a nivel mundial, en Venezuela representantes de los grupos presentes en el prolongado conflicto político, tratan por separado de manejar esta pandemia, sin atender de manera mancomunada el clamor de millones de venezolanos que enfrentan el desafío de Covid19, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, con su profundo deterioro del sistema de salud, de las condiciones para la seguridad alimentaria y con los precarios accesos a servicios de agua, luz, gas, gasolina y empleo. Este obcecado proceder, así mismo, deja a millones de compatriotas de la diáspora migratoria en distintos países, sin ningún posible o potencial respaldo de su país.

Esta hora exige anteponer a intereses políticos las urgencias humanitarias. Es tiempo para la cooperación y articulación de los diversos actores sociales y políticos para hacerle frente a este ingente desafío que pone en riesgo la vida de la población y la viabilidad de la nación venezolana. Ya estamos inmersos en una profunda fragmentación social, en formas militarizadas de control y represión, violación fragrante de derechos humanos; sumemos a ello la presencia de armas entre la población civil, la militarización y “sitio” de algunas zonas populares; el malestar social, la anarquía y anomia social. Todos estos procesos han venido mellando la cohesión social, y provocando formas de confrontación y lucha por la sobrevivencia a los niveles más primitivos. Es hora de hacer una tregua y poner a la vida de la gente de primero.

Llamamos a las parcialidades políticas a acordar y construir los compromisos que posibiliten instancias institucionales, que sumen los talentos y fuerzas de nuestra heterogénea y plural sociedad para superar esta complicadísima situación. Necesitamos el apoyo de los expertos, de profesionales, de los líderes en diferentes áreas que puedan detener la pandemia antes de que cause más estragos. Se requiere de inmediato constituir un equipo cohesionado, no de políticos ni de militares, sino de gestores de la emergencia sanitaria, que incluya expertos en políticas de salud pública y epidemiología, médicos, psicólogos y otros especialistas, que sean capaces de ofrecer alternativas para el manejo del confinamiento, de los informes a la población que unifique los voceros, versiones y cifras que se ofrecen públicamente. Un equipo que con el apoyo de distintos sectores tenga la credibilidad, eficiencia y eficacia necesarias para imponer las pautas requeridas para atender la emergencia en el día a día; con legitimidad para administrar la recepción y manejo de ayuda internacional. Esto contribuiría a fortalecer la viabilidad de propuestas de alivio financiero al país como las recientemente propuestas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Desde Aquí Cabemos Todos, convocamos a personas, grupos, organizaciones sociales, gremios, ONG y demás tejidos sociales a sumarse a esta iniciativa, nuestra presión podrá hacer la diferencia en esta hora de apremios inauditos que exigen corresponsabilidad ciudadana en un momento crucial para el futuro de Venezuela.

ALBERTO LOVERA, ARNALDO ESTE, FRANCISCO ALFARO, IGNACIO AVALOS, LUIS LANDER, LUZMELY REYES, MARGARITA LOPEZ MAYA, MARIA TERESA URREIZTIETA, MIREYA LOZADA, RAFAEL UZCATEGUI, VERONICA ZUBILLAGA.

OBSERVATORIO ELECTORAL VENEZOLANO: https://mailchi.mp/9f59415438e9/imprescindible-un-acuerdo-poltico-para-enfrentar-el-coronavirus

PROVEA. https://www.derechos.org.ve/actualidad/100-ong-venezolanas-autoridades-deben-garantizar-el-trabajo-de-los-actores-humanitarios-y-adoptar-medidas-para-garantizar-derechos-de-poblaciones-vulnerables-en-su-respuesta-al-covid-19

En Caracas, 29 de marzo 2020.

ADSCRIPCIONES ORGANIZACIONES
Acceso a la justicia
Alianzas de Altura
Averu
Laboratorio ciudadano
Avesa
Centro de acción y defensa por los DDHH CADEF
Centro de justicia y paz-CEPAZ
Ciclovias Maracaibo
Ciudadanía Con Compromiso A.C
Comisión nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Mérida
Comité de Derechos Humanos de la Guajira
Comunidad en Movimiento A.C
Conciencia Ciudadana A.C
Control ciudadano para la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional
Convite AC
JRS Venezuela
Fundación Agua Clara
Fundación Centro Gumilla
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre. Incide
Fundación Emprendedores Solidarios. Lara
Fundación para la Asistencia de Personas con Discapacidad Motriz.
Instituto Mead de Venezuela A.C
Reunificados. Org
Mapani Venezuela
Monitor social AC
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Observatorio Global de Comunicación y Democracia. OGC
Observatorio Electoral venezolano. OEV
ORGANIZACIÓN STOP VIH
Proyecta Ciudadanía A.C,
PROVEA
Red de apoyo psicológico. UCV-USB-UCAB-UNIMET
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Washington Office on Latin America (WOLA). Tulane University
ADSCRIPCIONES PERSONALES
Alba Purroy
Aloha Pinto
Angel Álvarez
Angel Blanco
Angel Zambrano
Antonia Luque
Beatriz Marín Bolívar
Carmen Piemonti
Carmen Sosa
Carlos Enrique Guzmán.
Carlos Guerra García
Carlos Medina
Cesar Vásquez
Claudia E Requejo
Dina Rivas
Eduardo Soto, S.J.
Eduardo Torres
Emily Mattar
Enrique Gonzalez
Elismenia Blanco
Esther Mobilia
Euglis Palma
Gilianys Quintero Requejo
Guillermo Miguelena
Griselda Colina
Héctor Vizcaya
Humberto Rojas
Indira Urbaneja
Isabella Picón
Iris Palma
Jacqueline Richter
Jairo García Méndez
Jesús Castellanos
Joel Tello
José G González
José Requena
Juan Carlos Barreto
Juan Escobar
Juan Luis Sosa
Judith Brazon
Judith Vega
Keimer Avila
Laurent Labrique
Lexys Rendón
Liliana Requejo
Louis Holder
Luis Esaa
Luis Rojas
Magdalena López
Mairis Balza
Manuel Mir
Manuel Zapata, S.J.
Marelis Alayon
Maria Auxiliadora Mejías
Maria Carolina Uzcategui
Maria del Pilar Garcia Guadilla
Maria E. Escobar
Maria Fernanda Madrid
Maria Gabriela Mata
Mariangela González
Maricruz Fadul
Marino Alvarado
Maritere Alvarado
Marlene Rodríguez
Melin Nava
Mibelis Acevedo
Mileida Ramirez
Miguel Cañas
Mirna Santoyo
Morella Alvarado
Nancy Cardozo
Nelson Freitez
Norkys Salcedo
Olga Pacheco
Oscar Murillo
Oscarina Manchado
Leonardo Marius
Rafael Simón Jiménez
Rocío San Miguel
Rosa Urdaneta
Rosimar Sosa
Sergio Sánchez
Seymar Liscano
Soraida Pacheco
Teresa Mulet
Trinidad M Palma
Tibisay Bolívar
William Requejo Orobio
Wilfrid Laurier
Yaya Andueza
Yonaide Sanchez
Zenaida Tahhan
Para adhesiones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjagF2Ef55PN78bp6uMcoQOZkmd9uWFpMlD1pe2g_u0IwLTA/viewform?usp=sf_link

Cuarentena y separación

Rafael Uzcátegui

A estas alturas, espero, no hay que extenderse demasiado para sostener que estamos ante una emergencia que ha paralizado al mundo, desbordando la capacidad hospitalaria en países que parecían tener un sistema de atención blindado, comprometiendo los presupuestos nacionales y generando en la población todos los miedos imaginables debido a los umbrales de desconocimiento sobre el Covid-19. En el caso venezolano Nicolás Maduro y su equipo han dado un tipo de respuesta que, en este texto, no vamos a comentar en sus aspectos específicamente sanitarios (su eficacia en cuanto la prevención, preparación, contención y tratamiento), sino en su dimensión exclusivamente política.

Lo primero que queremos afirmar es que ante el Covid-19, salvo la Cuarentena y la petición de financiamiento del FMI, en su abordaje el gobierno no está tomando medidas extraordinarias, es decir, decisiones que antes no haya implementado. Lejos de entender la gravedad de la situación y convocar a todos los sectores para una respuesta como país a la enfermedad, mediante una suerte de gobierno de unidad nacional frente al Covid-19, su actuación ha repetido patrones de comportamiento existentes previo a la pandemia: Su capacidad de actuación militar, el control territorial a partir del FAES y los “colectivos”, la represión al disentimiento público, un desequilibrio entre la atención a Caracas con respecto al resto de las regiones, la opacidad informativa y la imposición de una narrativa divulgada a través de canales de comunicación hegemónicos. Todo bajo la conducción de una cúpula ligada al PSUV.

Un ejemplo de la jerarquización de las consideraciones políticas sobre las técnicas ha sido la ausencia del ministro de salud Carlos Alvarado en la vocería oficial. Esta omisión no es casual, y forma parte de un modelo de gobernabilidad que ha subestimado permanentemente el conocimiento, priorizando la fidelidad política y la obediencia cuartelaria. Sin embargo, la altura que demanda una crisis como la actual obligaría, según el sentido común, a reunir a la mayor experticia posible repartida en todos los sectores de la sociedad.

los países que lograron concertar y articular un plan entre la diversidad de sectores, a pesar de la premura y las zonas grises sobre el propio virus, no solamente van a tener mejores resultados, sino que saldrán fortalecidos como país de la crisis.

Una segunda idea, vinculada a la anterior, es que la Cuarentena -de nuevo, obviando sus connotaciones sanitarias- constituye el modelo soñado de dominación del chavismo en el poder, el cenit en su estrategia de separación de los individuos y la neutralización de sus capacidades autonómicas de actuación. La pérdida del espacio público, donde las personas se encuentran y se convierten en ciudadanos al acordar medidas para el disfrute común, tiene en la reclusión en la esfera “privada” del hogar la culminación de un mecanismo de opresión basado en la imposibilidad de las personas para la actuación colectiva. Es por esto que la respuesta al Coronavirus es la continuación, por otros medios, de la guerra del Estado chavista contra la sociedad. Y es por eso, además, que no pide el soporte de sus fuerzas vivas a una respuesta concertada a la epidemia. No es lo mismo el decreto de una Cuarentena bajo una democracia, por más imperfecta que sea, que bajo un gobierno dictatorial que usa todo lo que esté a su alcance para su propia perpetuidad. Por si no hemos caído en cuenta, las circunstancias actuales inhiben lo que eran nuestras dos herramientas de resistencia al autoritarismo: La movilización social y la atención de la comunidad internacional. La denuncia, lo último, se hace cuesta arriba por las limitaciones a la verificación de hechos y la amenaza constante de un retraimiento total por el colapso -o censura- de las redes sociales.

En la “Cuarentena social” hay actores que se fortalecerán aun más. El primero de ellos son las Fuerzas Armadas, tanto por su control del espacio territorial como por la gestión y ejecución actual de los recursos. El segundo son las organizaciones paramilitares, los “Colectivos”, que están realizando labores de patrullaje y control en diferentes partes del país y que luego del fin del estado de alarma decretado por Maduro, cuando sea que esto ocurra, se encontraran en una situación más ventajosa en torno al ejercicio del poder, como ellos lo entienden, que antes del 5 de marzo, cuando se supone que arribó el “paciente cero” a Venezuela. Un tercer sector será el propio entorno de Maduro, en litigio con otras facciones del chavismo y, por último, el sector productivo con vínculos o acuerdos con Miraflores.

Si las iniciativas actuales priorizan la invisibilidad sobre la propia contención es altamente probable que nunca sepamos el verdadero impacto del Coronavirus en nuestro país: cantidad de pruebas de despistaje aplicadas, la cantidad de personas afectadas y, finalmente, la cifra de fallecidos. Los diferentes voceros oficiales repetirán que se han tomado las medidas 1) adecuadas y 2) a tiempo, por lo que insistirán que en Venezuela el impacto del Covid-19 será menor que en otros países o similar al promedio regional. Para los peores escenarios ya viene construyendo una narrativa para responsabilizar a las sanciones financieras internacionales y lo que califica como sus aliados internos. Esta es una de las razones del porque hacen pública, entre todas las gestiones realizadas para conseguir recursos, únicamente las comunicaciones al FMI. Salvo que la crisis sea de una magnitud tal que se le escape de las manos, un escenario tan indeseado como poco probable en mi entender, la autoridad de Maduro puede salir curtida de la situación y algunas de las medidas que hoy lucen excepcionales puedan normalizarse con el paso de las semanas.

Como venezolano en aislamiento voluntario deseo profundamente que las medidas tomadas por las autoridades posean el máximo nivel de eficacia posible para contener la enfermedad. Si es más o menos estaría por verse. Pero si de algo estamos seguros, desde ya, es que los países que lograron concertar y articular un plan entre la diversidad de sectores, a pesar de la premura y las zonas grises sobre el propio virus, no solamente van a tener mejores resultados, sino que saldrán fortalecidos como país de la crisis.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea