Ningún bien más preciado que la libertad

rafaruben

Después de una dura batalla social, que tuvo su correlato en tribunales, un movimiento diverso logró la libertad plena para el dirigente sindical Rubén González, uno de esos casos paradójicos del cual está lleno el llamado “gobierno bolivariano”. En 2009 Rubén era miembro del PSUV, de hecho años antes había sido electo a un cargo de elección popular por la tarjeta roja. En el 2009, como secretario general del sindicato, acompaña una huelga de trabajadores que rápidamente encendió la máquina de criminalización de la propaganda del Estado venezolano que, entre otras consecuencias, y hay que decirlo ahora con todas sus letras, logró que la mayor parte del sindicalismo internacional que se autopromociona como “revolucionario” le diera la espalda a González.

Ya Rubén está en libertad, y ahora nos toca seguir la pelea por el centenar de casos de trabajadores y dirigentes sindicales sometidos aún a procesos judiciales por protestar. La realidad en Venezuela, para quien quiera verla, es muy diferente a los espejismos de la propaganda madurista en el mundo.

La verdadera fraternidad: la solidaridad desde abajo

En este pedazo de la conversación telefónica sostenida el 09.11.10 con el sindicalista Rubén González, que como recordaremos ya lleva 13 meses en prisión por haber apoyado una paralización de actividades de los trabajadores de Ferrominera pidiendo mejores condiciones laborales, el sindicalista simpatiza con la lucha de los indígenas yukpa y pide la libertad de Sabino Romero.

Cuando el apoyo mutuo se hace entre iguales y desde abajo se llama solidaridad. Lo demás es simple y mera caridad.

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Periodismo Google y financiamiento a las ONG´s

Venezuela es miembro de la Organización de Naciones Unidas, la cual entre sus diferentes acuerdos, ha establecido en su Declaración de Defensores de Derechos Humanos, aprobada en 1998, el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta garantía no había sido expresada como tal, anteriormente, en ninguna otra norma sobre derechos humanos.

Lo anterior sirve para contextualizar, en principio, las recientes declaraciones de los miembros del denominado “Movimiento por el Periodismo Necesario” (MPN), suscritas posteriormente por el presidente de la República, acerca de la necesidad de “investigar a fondo” el financiamiento recibido por las Organizaciones No Gubernamentales venezolanas, debido a que dicho dinero es utilizado para fines desestabilizadores y “apátridas”, según el MPN. Las aseveraciones tienen como fundamento el trabajo de difusión de la abogada Eva Golinger de los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, donde presuntamente se demostraría que buena parte de la sociedad civil venezolana es teledirigida desde las entrañas del imperio.

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Polarización social y lucha por los derechos humanos

En diferentes ocasiones algunos voceros, cercanos al gobierno nacional, han intentado descalificar los cuestionamientos realizados desde las organizaciones de derechos humanos al describirlos como “polarizados”. Si bien es cierto que desde el año 2000, aproximadamente, el país se ha inmerso en una aguda confrontación que ha decantado, entre otros aspectos, en una intensa polarización social, por otra parte es falso que cualquier crítica a la gestión de los poderes públicos, per se, provenga de una postura maniquea.

¿Qué proceso denota el concepto “polarización social? Manuel Mireles, licenciado en Ciencias Pedagógicas, la define como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los bandos que participan en un conflicto. Dicha ubicación es excluyente: cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras. Mireya Lozada, psicóloga social, por su parte ha realizado los desarrollos más completos sobre el fenómeno en nuestro país. Según sus textos la polarización social puede ser entendida psicológicamente como un estrechamiento del campo perceptivo a través de una percepción estereotipada “nosotros-ellos”; la presencia de una fuerte carga emocional, en la cual hay procesos de aceptación y rechazo sin matices; un intenso involucramiento personal, en el que cualquier hecho afecta a la persona; un quiebre del sentido común, en donde las posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de las posiciones encontradas; la polarización territorial de los espacios sociales, en el cual las propias familias, escuelas y otros lugares de encuentro son obligados a colocarse en alguno de los polos; un aumento de la solidaridad y la cohesión como producto de la confrontación y la exclusión de los otros y otras, así como, por último, una percepción mutua desfavorable junto a interacciones hostiles o inexistentes. Como bien lo establece la profesional graduada en la UCV, la polarización ha venido transformando el imaginario de los venezolanos y venezolanas, así como “naturalizando” la violencia. Para Lozada el aprendizaje del fenómeno fue particularmente duro. Su acercamiento al concepto fue realizado en el año 1986 en el taller “Polarización social en El Salvador”, realizado en Caracas en el marco del Congreso Interamericano de Psicología. Su profesor en aquel seminario fue el jesuita Ignacio Martín-Baró, quien sería asesinado tres años después, junto a otros cinco religiosos, por un escuadrón de la muerte en la Universidad donde trabajaba en el país centroamericano.

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En libertad los 27 detenidos en Maracay tras represión a protesta de trabajadores –y un agradecimiento a mis afecto/as-

Saltándome todas las normas elementales del periodismo, escribo esta nota en primera persona. Tras la convocatoria de un grupo de sindicatos a realizar una manifestación en la ciudad de Maracay contra las medidas económicas, la criminalización de la protesta y justicia en el caso de los trabajadores asesinados por exigir mejoras laborales, tres personas del grupo de derechos humanos Provea, entre las que me incluyo, y dos integrantes del periódico El Libertario, entre los que también me cuento, nos desplazamos junto con otros compañeros y compañeras de Caracas a solidarizarnos con las reivindicaciones obreras. Aproximadamente a las dos de la tarde, un grupo conformado entre 200 y 300 personas se congregaban en la Avenida Bolívar con Ayacucho de la ciudad. Reconocíamos algunos rostros, activistas sindicales de izquierda de vieja data y provenientes de varios puntos del país en el sitio, pero la mayoría de los presentes eran afiliados a diversas organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE). El despliegue policial de Poliaragua era desproporcionado, y rápidamente procedieron a cortar las 4 calles por donde pudiera caminar la manifestación. En todo momento la actitud de las autoridades era de confrontación y de no permitir el desarrollo de la actividad. No habían pasado más de 30 minutos cuando la policía disparo varias bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, y proceder a hacer las primeras detenciones de manera indiscriminada. Después de respirar los gases tóxicos y recuperarme, acompañe a Robert González, Secretario ejecutivo de la federación de petroleros quien estaba dando unas declaraciones a la televisora regional TVS – Maracay, y mientras hablaba con la periodista un grupo de más de 30 policías nos rodeaba. Cuando la cámara de televisión se apago se abalanzaron contra nosotros y a empujones nos subieron a la patrulla. En el forcejeo me decomisaron y rompieron la pancarta anarquista que tenia en la mano: “Por la autonomía libertaria y contra la represión a los movimientos sociales”. 12 personas estábamos dentro del camión policial, entre ellos dos activistas de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS). No nos informaron los cargos de la detención, tampoco nuestro destino.

Llegamos a la comisaría general del estado Aragua, ubicada en la zona de San jacinto. El resto de los detenidos, incluidas una mujer, habían sido obligados a sentarse en el suelo. Nosotros extendimos la fila. Nos quitaron los documentos de identidad y, al rato, nos pasaron a una oficina en donde llenaron la planilla de ingreso, con nuestros datos. En otro cuarto nos obligaron a quitarnos la ropa, grabándonos el rostro con una cámara de video. Un policía obeso, vestido de civil, nos preguntaba en la grabación “¿Quien los mandó?, ¿Quién los mandó”. Después, nos metieron a 8 en una celda de 2 metros por uno, haciéndole compañía a un menor de edad que nos informo que tenia 6 meses en esa celda por robo agravado. No podíamos estar todos sentados a la vez. Mientras el calor nos iba sofocando, lentamente, el menor orinaba en un envase de refresco. Llegó una funcionaria de menor rango de la Fiscalía, quien nos dijo que los cargos eran de “Obstrucción a la vía publica, instigación a delinquir y resistencia a la autoridad”. Sin mucho interés nos comentó, antes de irse, que al día siguiente seriamos presentados ante el Ministerio Publico. Llegaron varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo, por cuya intermediación pudimos salir, después de varias horas, del hueco en donde nos habían metido. Dos abogados de Provea llegaron desde Caracas, y casi con ellos, la noticia de que desde las altas esferas habían ordenado nuestra liberación plena, así como borrar los rastros de nuestro paso por esa Comisaría. Después de esperar otra hora nos entregaron nuestras pertenencias. Bajo las secuelas de lo que había sido una fuerte lluvia, un nutrido grupo de compañeros y compañeras nos esperaban. Salimos todos y todas juntas, abrazos, besos, aplausos, un mitin improvisado.

En pocas horas la noticia de nuestra detención había dado la vuelta al mundo. Muchos compañeros y compañeras movieron cielo y tierra para interceder por nosotros, algunos comunicados ya cruzaban el mar internáutico rechazando la represión y pidiendo nuestra libertad, llamadas telefónicas se sucedían desde diferentes puntos del globo. Desde la capital rápidamente se balanceo el costo político de tener a tres activistas de derechos humanos en la cárcel y, tanto la propia Fiscal General como la Defensora del Pueblo, personalmente, se comunicaron con las autoridades regionales para exigir que fuéramos inmediatamente liberados. Ojala existiera la misma celeridad para el resto de los casos de detenidos por realizar una manifestación. Si ello fuera así, no existieran los más de 2200 casos de personas sometidas a regimenes de presentación ante un tribunal después de pasar una odisea como la nuestra. Tener este tipo de atenciones es un triste privilegio. Sin embargo no se borra el hecho que, una vez mas, una manifestación de trabajadores fue obstaculizada y reprimida por las autoridades, lo cual, los casos hablan por si solos, se ha convertido en una política de Estado.

Una segunda reflexión tiene que ver con lo que denominare, cansado como estoy sin muchas ideas en la cabeza, la política del escándalo. Nuestra rápida liberación, que repito no es el caso de decenas de hechos similares, fue producto en buena medida del hecho que la noticia se difundió al instante por las redes sociales, como el Twitter, pero especialmente en los medios de comunicación masivos no estatales. Lo que constituye una singular paradoja es que la noticia fuera amplificada por medios con los cuales tenemos amplias reservas, como Globovision y El Nacional, pero silenciada por medios que, teórica e hipotéticamente debieran acompañar las luchas populares. Por citar un ejemplo rápido Aporrea. Para quienes se definen como “agencia popular alternativa de noticias, cartelera digital abierta e interactiva del movimiento popular y de los trabajadores”, la marcha de hoy 12 de marzo en Maracay no existió –pero si una huelga en Roma-, ni la represión ni la detención de dos decenas de trabajadores y dirigentes sindicales. Como ya he dicho en otra oportunidad en Venezuela se debe contrastar la información de los medios “alternativos” con los medios privados y no al revés, como ocurre en el resto del Mundo. De esta situación, alguna vez, tenemos que sacar las debidas conclusiones.

Escribo esto desde mi casa, al abrigo de mi compañera y de mi perra mestiza, adoptada en una jornada callejera de Aproa. Y el dormir en tan grata compañía se la debo a infinidad de amigos y amigas que rápidamente se activaron y a los cuales debo agradecer personalmente, y no a través de una lista en la que pueda cometer la injusticia de olvidarme de alguno o alguna. Ellos y ellas saben quienes son y justo ahora están recibiendo este texto por su e-mail. Como ser humano, como anarquista y como defensor de los derechos humanos espero no defraudar su dedicación, y continuar en este camino que no es otro que acompañar y fortalecer, si cabe esta soberbia pretensión, la lucha de las personas enfrentadas al poder, por su dignidad y por sus derechos, que son tanto como los míos. Gracias.

Rafael Uzcátegui
13.03.2010
01:02 a.m.

¡Saliendo en libertad!
Momentos antes de la detencion

El Libertario entrevista al dirigente sindical Rubén González, detenido en Puerto Ordaz


:: El Libertario entrevista al dirigente sindical Rubén González, detenido en Puerto Ordaz:
“Llamo a todos los trabajadores a que se quiten el miedo y que espanten el temor por exigir sus derechos”

Periódico El Libertario
http://www.nodo50.org/ellibertario

En Venezuela existe un contexto creciente de criminalización de la protesta social, en el cual más de 2400 personas están sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación por sus derechos. Durante el año 2009, además, destacó la aplicación de medidas judiciales contra 33 trabajadores y líderes sindicales, cuyo caso más grave lo constituye el de Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), una empresa estatal ubicada en el estado Bolívar, por haber participado en una paralización de actividades en agosto de ese año. El Ministerio Público no es el único instrumento punitivo de la protesta, sino también los medios de comunicación estatales quienes han difundido que estas manifestaciones laborales poseen una motivación distinta que la reivindicación de derechos de los trabajadores, tal como lo fue el caso del conflicto dentro de Ferrominera. Esta versión del gobierno fue legitimada, además, por medios paraestatales como el portal web Aporrea, el cual durante el conflicto tomó partido por la patronal y el gobierno, difundiendo solamente las versiones oficiales (http://www.aporrea.org/trabajadores/n140848.html)

El Libertario visitó a Rubén González en la cárcel, quien todavía se identifica como militante del partido de gobierno, en la sede de la policía del Municipio Caroní, en el estado Bolívar, donde cumple una pena indeterminada de privación de libertad, vulnerando todas las garantías procesales y el derecho a su defensa. Las autoridades sólo permisaron una conversación de pocos minutos, la cual fue realizada en el estacionamiento del cuerpo policial bajo un sol de casi 40 grados de temperatura. La difusión de esta conversación tiene como objetivo sensibilizar a los activistas, tanto nacionales como internacionales, acerca de la situación de Rubén González, solicitar su libertad inmediata e incondicional y, por último, denunciar la situación de criminalización a los sectores sociales en lucha en Venezuela.

– Se afirma que tu situación es producto de rivalidades políticas entre sectores afectos al gobierno bolivariano en la región, y no a tu actuación como dirigente sindical. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
– Esa es una manipulación que han venido difundiendo. Lo que esta tras bastidores es que en la empresa tienen líderes sindicales “rojo rojitos”, que le hacen el lobby a la empresa, al gobierno y a su grupo. Así que sacándome a mí los dejan a ellos. Ellos están diciendo que me fui en contra del partido porque me postulé a alcalde del Municipio Raúl Leoni de Angostura, y cuando lo hice me fui con el Movieminto Electoral del Pueblo (MEP), que era un partido del gobierno apoyando a Francisco Rangel y al presidente Chávez. Esto lo hacen ver ahora para decir que soy un indisciplinado y todo eso. ¿Cómo se puede ser disciplinado cuando realmente estas viendo que las cosas no están marchando bien? Cuando te imponen una línea que si no cumples sencillamente o te vas o te agarran y te ponen preso. Ellos lo ponen en la mesa pero eso no es así.

– ¿Entonces tu detención es producto de tu participación como líder sindical?
– Habíamos terminado de firmar una convención colectiva en Ferrominera en diciembre del 2008. En junio del 2009 empezó a tener vigencia. Cuando entra en vigencia tienen que pagar el retroactivo, pagar para el mes de julio lo que esta planteado en la convención colectiva que son montos de 7 mil, 4 mil y 9 mil bolívares. Tienen que poner también 40 Bs. a los trabajadores que están fuera de la convención colectiva. Entonces vienen un domingo, el día 09 de julio, llega el presidente Hugo Chávez a la fábrica y se para uno de los dirigentes sindicales que estoy comentando y dice que en Ferrominera está todo bien, que no hay ningún problema y que no se les debe nada a los trabajadores. Eso inquietó mucho. En Ciudad Piar los trabajadores se paran en el portón. Llego yo al portón. Les digo “¿ustedes están de acuerdo?, ¿se van a quedar parados?, porque si es así ustedes saben que esto es fuerte”. Ellos me dicen que sí, y que busque al presidente de la empresa para que les explicara porqué no se le habló claro al Presidente de la República, porque a ellos les tienen deudas laborales, y que nuestra situación está bastante mal: la clínica no funciona, el transporte y los insumos no funcionan. No hay ni papel sanitario ni toallas en los baños, eso es un desastre. Se paran entonces los trabajadores y yo me traslado a Puerto Ordaz. Logro conversar con el gerente general del personal, el cual me pregunta si yo quería hablar con el presidente de Ferrominera. Le digo que sí, porque quería expresarle que los trabajadores estaban solicitando su presencia. ¿Qué pasó? Que ese mismo gerente me dice que el presidente no quiere saber nada de mí. Yo le dije “esta bien, que no hable conmigo, pero esos trabajadores que están allá también los dirige él”. ¿Saben lo que hicieron? Jugaron al desespero de los trabajadores, y pasaron 15 días y ningún representante de la empresa se presentó. Todo de una forma totalmente irresponsable. A los 16 días se presenta, al cual se le dijo que lo que se quería era llegar a un entendimiento. Inclusive firmamos un acta de compromiso y todo. Con esa acta fuimos a una asamblea en la que había más de 1000 trabajadores. Allí el presidente dijo que lo habían engañado, pues le habían dicho que lo que había eran 40 pelagatos. Yo le dije “vea para allá presidente, ¿ve que no son 40 pelagatos?, ellos estaban pidiendo su presencia para ver que pasaba con sus pagos” Allí firmamos el acta en donde dice que el iba a buscar el dinero para cancelarle a los trabajadores, y que también iba a evaluar lo del pago de los días que estuvieron paralizados. Paso todo eso sin consecuencias, y ahora la situación esta mucho más crítica. Entonces los trabajadores tienen razón.

– ¿Cómo fue el proceso de privación de su libertad?
– ¿Qué paso allí? Yo soy concejal del municipio también, en dos oportunidades he sido electo por el municipio Raúl Leoni, y lo que hicieron fue hacerme una emboscada. Con la Disip me mandan una citación. Yo acudo a esa citación, y allí me marean para esperar que venga el CICPC a agarrarme. Los tipos aplicaron ahí la fuerza, pero yo también me defendí. Y uno de los Disip me dice “estate tranquilo Rubén que tienen una orden de captura, y si tienen una olvídate que te van a llevar”. Me metieron en un carro, me llevaron al CICPC, allí me sentí un poquito mal.

– ¿Cuáles son los delitos que se te imputan?
– Agavillamiento, instar a delinquir, cierre de vías, traspasar zonas de seguridad y violación del derecho al trabajo. Sobre que hechos están relacionados estos delitos no lo sé, pues no dan ninguna explicación. Ahora es que más o menos se regularizó el problema, pues yo tuve 4 meses que era preso de nadie. Primero me llevaron al retén de Guaiparo, un sitio en donde tenían también a todos los malandros. Luego me mandaron a sacar y me trajeron a Patrulleros del Caroni. Cuando me presentaron en tribunales es que me entero de todos esos delitos. El tribunal sentencia una medida cautelar privativa de libertad de arresto domiciliario, con lo que me llevan a mi casa. Yo tenía casi 4 meses arrestado en mi casa. Hace como un mes, no recuerdo la fecha ahora, se presentó un comando del Cicpc y me secuestraron de mi casa. Me dijeron “te vamos a llevar allá, firmas y te vienes”. Entonces me retienen y nadie sabía de mi paradero, y fuentes ligadas a ese mundo nos dijeron que la orden era matarme. Me dejan en Patrulleros dos días, y luego a las 10 de la noche me vuelven a llevar vía Ciudad Piar, una vía sola, y me vuelven a traer. Me meten en el tribunal a las 11 y 30 de la noche. Y para que tu veas lo inaudito, a las 7 de la noche botan a la juez, y a las 10 ponen a un nuevo juez, y a las 12 de la noche sacan una carta de excarcelación para meterme acá preso. A esa hora trabajaron el expediente para dejarme acá. Allí me vuelven a llevar de nuevo al CICPC y a las 2 de la madrugada es que me entero que me habían revocado la anterior medida y que ahora estaba preso en un calabozo. Después metimos un recurso de amparo, el cual dieron con lugar, mandan a convocar a las partes. El juez de aquí no convoca a las partes. Metimos otro recurso de amparo que admiten pero que luego lo declaran sin lugar. Manipulan diciendo que nosotros nos autoconvocamos, ¿Por qué digo eso? Porque desde que dictaron la medida de privativa de libertad el tribunal quedó sin juez y sin despacho. ¿Cómo se explica que si esto es así la fiscal del ministerio publico metió un acto conclusivo? Ese acto conclusivo es el que nosotros estamos atacando, porque no tiene ningún tipo de legalidad. Las normas dicen que todo lo actuado en ese lapso de suspensión es nulo. No quieren acatar nada de eso, sino que quieren llevarme a juicio, a una preliminar. Mi esposa viendo todo esto estuvo 19 días en huelga de hambre. Te puedo decir que no se presento nadie, ninguna autoridad. Un grado de insensibilidad total.

– ¿Cuanto va durar la privación de su libertad?
– Todo depende de ese tribunal que me esta juzgando. Estoy en las manos de gente política que levantan un teléfono y le dicen a un juez o a una fiscal “déjalo ahí, no lo saquen”. Aquí no vale el 48 del Código Orgánico Procesal Penal, el 49 de la Carta Magna, acá no vale eso, acá no existe ninguna constitución. Aquí no se cumple nada de acuerdo al derecho, sino el mandato de quienes están tras bastidores.

– ¿Cuáles son sus condiciones de reclusión actuales?
– Gracias a Dios no tengo quejas ahora, acá me han tratado bien. Estoy junto a 4 personas que son funcionarios policiales que han tenido algún problema. Pero yo no quiero estar aquí, yo voy para 51 años y no merezco este trato, pues yo lo que he hecho en mi vida es trabajar. He tratado de hacer las cosas pulcramente, desde que estoy en el mundo sindical. Soy militante del PSUV, organicé el partido en varios municipios, estuve en el referéndum, la enmienda constitucional, la reforma constitucional, la elección del presidente, todo eso lo apoyé. Cuando la cosa esta mala yo digo que esta mala, y cuando esta buena yo lo reconozco, pero ellos quieren que a lo malo le digamos bueno, y a lo bueno le digamos malo. Yo creo que hay que defender la conciencia de lo que tenemos que hacer.

– ¿Cuál ha sido la actitud del PSUV?
– Omiso totalmente. Algunos que me respaldan tienen miedo a salir a poyarme, porque eso significa destitución y persecución. Por ejemplo hubo un estudiante que me ha apoyado y le pusieron a la Disip debajo de su edificio. ¿Qué mal hice? ¡Lo que he hecho es cumplir con mi trabajo!. Si la gente esta parada y yo soy el secretario general, ¿cómo le puedo dar la espalda a los trabajadores? Tengo que ponerme al frente. Cuando tu me dices “agavillamiento”, ¿Cuál agavillamiento? “Tranca de vías”, nosotros no trancamos ninguna vía. E inclusive quien trancó los portones fue la misma gente de la vigilancia. Y lo más fuerte es “instar a delinquir”, si allí no rompimos nada.

– Qué mensaje quiere darle al movimiento social y de trabajadores del país

– Hago un llamado, como dirigente sindical, a toda la masa trabajadora venezolana y a toda la dirigencia sindical, una dirigencia que en un momento fue elegida para representar los intereses de los trabajadores. Ese es su fin, no para venderse al patrón ni endosar a partido político ni a intereses particulares. Nuestro cumplimiento esta dentro de la convención colectiva, la Ley del Trabajo y las leyes como tal. Hago un llamado para reflexionen sobre el trabajo que están realizando y que cumplan con el mandato de los trabajadores. Sobre la criminalización de la protesta, creo que por primera vez en nuestra historia se esta criminalizando la protesta de los trabajadores por el incumplimiento de sus beneficios. Si a mi me dicen que dentro de Ferrominera no hay incumplimiento, esta bien que yo este preso. Pero allí todavía sigue el incumplimiento total de todos los beneficios de los trabajadores que quedaron plasmados en una convención colectiva, y en ningún momento se les esta cumpliendo. Gracias por venir a visitarme, rieguen la voz a los organismos internacionales. Esta democracia, aquí como se está llevando en Venezuela, no tenemos derecho a la protesta y el que proteste sencillamente hay que meterlo preso o hay que desparecerlo. Yo estoy aquí, aun siendo del partido de gobierno porque no comparto algunos lineamientos. O están buscando intereses personales dentro de un sindicato, y por eso hay que sacarme. Tengo adversarios tanto en la alcaldía como en la dirigencia sindical, pero el sentido democrático es actuar con todos los factores, y al final prevalezca el raciocinio, las ideas y la discusión, no la imposición de nadie en particular. También quiero agregar que había trabajadores despedidos, afortunadamente declararon sin lugar el despido, y hay calificaciones de despido contra 6 dirigentes sindicales. Yo llamo a todos los trabajadores a que se quiten el miedo y que espanten el temor por exigir sus derechos. Pero con todo lo que esta pasando igual vamos a seguir la lucha. Hay uno que luchan un día y son buenos, otros que luchan 5 años y son mejores, otros 10 años que son excelentes, pero lo importante son quienes luchamos toda la vida para seguir adelante.

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Provea constata las condiciones de privación de libertad del lider sindical Rubén González

Durante la mañana del 25.02.10 dos representantes de Provea pudieron conversar, por breves minutos, con el líder sindical Ruben González en la sede de Patrulleros del Caroní, en la ciudad de Puerto Ordaz, donde se encuentra recluido. González expresó que desconoce la duración de la medida de privación de libertad en su contra, la cual en principio implicaba una medida sustitutiva de casa por cárcel y que luego, saltando todos los procedimientos administrativos y el estado de derecho, fue revocada para internarlo en la sede del cuerpo policial del municipio Caroní del estado Bolívar. Los delitos imputados al líder sindical son agavillamiento, incitación a delinquir, cierre de vias y la violación de zonas de seguridad tras la realización de una paralización de actividades realizada en el mes de agosto del año 2009 en la planta de Ferrominera Orinoco, ubicada en Ciudad Piar. El dirigente obrero mostró su satisfacción con las condiciones en las que se encuentra recluido, expresando que no ha tenido violaciones a su integridad personal durante su estancia en Patrulleros del Caroní. Finalmente realizó un llamado a los diferentes sindicales a que defiendan los intereses de los trabajadores y no intereses particulares, de la patronal o de un partido político, por lo cual “había que quitarse el miedo”. González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rechazó la política de criminalización de la protesta y solicitó a las organizaciones sociales y de derechos humanos que llevaran ante instancias internacionales todos los casos documentados hasta la fecha.

Para Provea el caso de Ruben González es un grave precedente en la escalada de la criminalización de la protesta por derechos sociales, que desde hace varios años viene ocurriendo en el país y que ha llevado a más de 2400 personas a someterse a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en manifestaciones. (Provea, 26.02.10)