Justicia: Unos más iguales que otros


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 5 de julio el Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal –que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obligaba a presentarse cada siete días en el juzgado– a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García. Los uniformados estaban siendo señalados como responsables del asesinato de la estudiante de 23 años de edad Geraldine Moreno, ocurrida en la ciudad de Valencia. Como se recordará, según el testimonio de sus familiares, recibió los disparos de  efectivos de la GNB en el rostro la noche del miércoles 19 de febrero durante una manifestación en el sector Tazajal del municipio Naguanagua. “Eso fue como a las 8:00 p.m en el frente de su casa en las residencias Bayona Country I, ella fue cobardemente arremetida con un arma que dispara perdigones, que no eran plástico sino de hierro”, relató una prima. La estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, se encontraba con cuatro amigos y desde su residencia observaba a las personas que protestaban en la esquina de la calle donde había una barricada, cuando al sitio llegaron seis efectivos de la GNB en motocicletas, para enfrentar la manifestación.

El país estaba conmocionado por la cantidad de personas muertas en el contexto de manifestaciones. Desde Provea habíamos solicitado la investigación y sanción tanto para los responsables de delitos de homicidio, civiles que actuaron contra otros civiles, como para los violadores de derechos humanos, funcionarios públicos contra ciudadanos. La Fiscalía solicitó la medida con el argumento que la investigación de la muerte de Moreno, a pesar de todos los testigos que señalaban a la GNB, no había terminado. Sin embargo, para otros casos que no involucraban a funcionarios de los cuerpos de seguridad, los jueces habían mantenido la privación de libertad, mientras duraba el juicio, alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad. La decisión forma parte del cuadro de irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de justicia del país donde, recordando aquella obra de George Orwell, unos son más iguales que otros.

Este episodio de injusticia se repitió recientemente en Puerto Ordaz, paradójicamente el Día Internacional de Derechos Humanos. El 10 de diciembre la jueza Miguelina Maneiro decidió dejar en prisión a los 3 trabajadores de Sidor detenidos por haber participado en la última huelga de la compañía, realizada el 19 de septiembre. De esta manera Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada pasaran entre rejas las fiestas de fin de año, lejos de sus seres queridos, por luchar por reivindicaciones laborales.

Según relató uno de los abogados de los sidoristas, la jueza ratificó la decisión de mantener a los sidoristas presos en la sede de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Maturín, a 3 horas de Puerto Ordaz, con lo que a los familiares se les hace costoso y difícil visitar a los trabajadores presos. Los delitos acusados a los sidoristas son los de “asociación para delinquir” y “tráfico de armas”. Según el expediente 2014-002776 del Circuito Judicial Penal de Puerto Ordaz, la acusación se originó en una llamada anónima al Sebin, como relata en el expediente el Subcomisario William Mieres: “Recibí llamada via red telefónica de una persona con timbre de voz masculino, quien se negó a identificarse por temor a futuras represalias, informando que se encontraba (…) una mujer de contextura gruesa, de tez morena, vestía uniforma de SIDOR (…) acompañada de dos hombres (…) vistiendo uniforme de Sidor”. Según el relato de la supuesta denuncia anónima, las tres personas fueron a comprar cigarrillos en un kiosco y “a viva voz” dijeron “vamos a tomar el área de laminación en caliente de SIDOR con las armas que tenemos, vamos a sabotearla”. Tras la decisión será en el mes de enero de 2015 cuando se conozca la fecha del inicio del juicio.

La diferencia en el acceso a la justicia está a la vista. Mientras a funcionarios de la GNB acusados del asesinato de una manifestante les conceden el beneficio procesal de ser enjuiciados en libertad, por otro lado a 3 trabajadores que participaban en una huelga los sentencian a pasar la navidad y el fin de año entre rejas, por supuestamente habérseles encontrado un arma de fuego.

El sistema de administración de justicia en el país necesita una profunda reestructuración. No es posible que quienes han creado una estructura de impunidad, generadora de los altos índices de violencia que conocemos, sigan al frente de los tribunales del país. La elección de un nuevo Fiscal General ¿será un cambio o más de lo mismo?

La última audiencia de Rubén González

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El próximo miércoles 23 de abril está pautado en la ciudad de Caracas la última audiencia del juicio contra el Secretario General de Ferrominera Rubén González. ¿Su delito? Haberse puesto del lado de los trabajadores en sus luchas.

Entre el 11 y el 26 de agosto de 2009, González, junto a 2000 trabajadores de la empresa estatal, inició una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese mismo año. Un mes después fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de “agavillamiento”, “instigación a delinquir”, “restricción a la libertad del trabajo”, y “violación de zona de seguridad”. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, día en el que se decretó su encarcelamiento en la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar, donde duró 12 meses tras las rejas.

El 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y sociales en el país, lográndose la anulación de aquel juicio, pero no el sobreseimiento de la causa, por lo que Rubén González se ha visto obligado a trasladarse periódicamente a Caracas, lugar donde desde esa fecha se ha reiniciado el juicio en su contra.

El caso de González no es el único en Venezuela de criminalización de la protesta. En la actualidad más de 150 trabajadores y sindicalistas enfrentan procesos judiciales en tribunales luego de haber defendido derechos como el salario y la libre sindicalización. Debido a sus características, el Secretario General de Ferrominera se ha convertido en símbolo de la represión contra el sindicalismo consecuente.
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El “Presidente Obrero” y Sidor

arton265Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, en una alocución televisada a todo el país, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la huelga de trabajadores en la Siderúrgica del Orinoco anunciando la aplicación de “medidas drásticas” en caso de continuación de la paralización de actividades: “Yo le dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor, de manera injusta e ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”. El primer mandatario incursiona en fronteras peligrosas al sugerir la criminalización del ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. En segundo lugar, su declaración intenta antagonizar el disfrute de dos derechos, el derecho a la huelga y el derecho a la vivienda, en su intento de crear animadversión contra los reclamos de los trabajadores.

Es curioso, por decir lo menos, que quien se ha calificado a sí mismo como “Presidente Obrero” haya asumido todos y cada uno de los argumentos patronales para descalificar una paralización de actividades por parte de la masa laboral en demanda de mejoras de sus condiciones de trabajo. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las restricciones al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte de la población. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que son servicios esenciales en sentido estricto donde el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición, los siguientes: Sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Expresamente establece en la definición de servicios no esenciales al sector de la construcción.

No solamente no tienen asideros en la legislación laboral las declaraciones del “Presidente Obrero”, sino que sus cálculos están fuera del sentido común. ¿Es posible terminar 300.000 viviendas en tres meses? ¿Depende de los insumos producidos por Sidor en este trimestre el cumplimiento de las metas de la Misión Vivienda en un año?
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Derechos laborales y zonas de seguridad

Rafael Uzcátegui

La organización Control Ciudadano ha calculado que aproximadamente 30% del territorio del país es considerado “zona de seguridad”, dentro de cuya jurisdicción se desconocen derechos garantizados por la Constitución. Como recordaremos, las “zonas de seguridad” fueron creadas por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, legislada en diciembre del año 2002 por la Asamblea Nacional. Según su artículo 47 se afirma que: “Se entiende por Zonas de Seguridad, los espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, están  sujetos a regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se  encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o  amenazas internas o externas”.

 

Por su parte el artículo 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece cuáles son las zonas de seguridad: “Una Zona de Seguridad Fronteriza; Una zona adyacente a la orilla del mar, de los lagos, de las islas y ríos navegables; Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales; Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales; El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales; Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuáticas de primer orden; Cualquier otra zona de Seguridad que se considere necesaria para la seguridad y  defensa de la Nación”. La penalización para quienes afecten todas estas zonas se encuentra 8 artículos más adelante, en el 56: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

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Nueva hegemonía y criminalización de la defensa de DDHH

Rafael Uzcátegui (Colaboración para revista SIC)

En una declaración harto conocida, el actual Ministro de Comunicación apuntó que la estrategia informativa del Estado pasaba por construir la hegemonía comunicacional. De esta manera Izarra rescataba, como política de Estado, el concepto construido por el filósofo italiano Antonio Gramsci. En resumen, plantea que la dominación no es fruto exclusivo de los aparatos represivos estatales, sino también de una “hegemonía cultural” por la suma de la influencia del sistema educativo, la religión y los medios de comunicación, quienes expresarían y reforzarían una ideología determinada.

Lo anterior expresa -cosa que los hechos confirman-, el deseo de diferentes funcionarios gubernamentales de sustituir un sesgo por otro de signo contrario, imponiendo una suerte de nuevo pensamiento único. En la práctica esto tiene diferentes consecuencias para la pluralidad inherente a la democracia. Una de ellas ha sido  – también política de Estado-  la criminalización de la protesta que en el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos constituye una grave violación tanto de la Carta Magna como de las obligaciones contraídas por el país en la materia.
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Venezuela: Hechos de violencia dentro de cárcel de El Rodeo avivan campaña de criminalización contra defensores de Derechos Humanos

Por Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea
http://www.derechos.org.ve

El domingo 12.06.11, siendo día de visita familiar en el Internado Judicial Capital el Rodeo I y el Rodeo II, los cuales albergan 3.3.43 reclusos, se desataron unos hechos de violencia entre la propia comunidad penitenciaria. Según cifras oficiales, el accionar de las armas de fuego produjo un saldo fatal de 21 internos y 1 visitante, así decenas de heridos. Los hechos motivaron la intervención de más de 3.500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, quienes intentaron incursionar en el recinto penitenciario para retomar su control. El viernes 17, los enfrentamientos entre ambas partes dejaron un saldo de 2 Guardias Nacionales y 1 recluso fallecido. Las denuncias de los familiares y la potencia de fuego demostrada por los reclusos obligaron a las autoridades a replantear su estrategia. En medio de un proceso de negociaciones, finalmente la Guardia Nacional pudo retomar parcialmente el control de una parte del recinto penitenciario, conocido como el Rodeo I, desalojando a unos 2000 reclusos. Durante la requisa de ese sector del Centro de Reclusión, las autoridades incautaron: 7 fusiles, 5 escopetas, 20 pistolas, 8 granadas de mano, 45 kilogramos de cocaína, 5.000 cartuchos para fusil, 100 teléfonos celulares, al menos 3 computadoras portátiles y 12 kilogramos de marihuana. Para el martes 21 de junio la situación continuaba siendo incierta, pues alrededor de 1000 reclusos se encontraban apertrechados en el sector “La Torre” con armamento de guerra, que según fuentes ligadas al Ministerio de Interior y Justicia incluía una ametralladora .50 (equipo portátil con trípode, capaz de destruir un tanque, según expertos), R-15, AK 47, rifles y pistolas 9 mm. Las autoridades sólo han divulgado una lista parcial de los reclusos desalojados de El Rodeo I, por lo que los familiares de los privados de libertad desconocen la identidad de los heridos y muertos en los diferentes enfrentamientos.
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2 minutos de odio en Fiscalía

Rafael Uzcátegui

Un grupo de miembros de organizaciones de derechos humanos nos dimos cita, en la mañana del martes 31 de mayo, en la sede de la Fiscalía General de la República para acompañar a la esposa e hija de Franklin Brito en su solicitud de justicia por la muerte de su esposo. A la misma hora un grupo de personas identificados con el oficialismo se reunían en el mismo sitio para apoyar el llamado “Proyecto de ley Contra el Olvido y la Impunidad”, con el que se pretende castogar los crímenes estatales ocurridos en el pasado.

Cuando la esposa de Brito y su abogado estaban declarando a los medios de comunicación, tras consignar una solicitud formal en el ente, dos personas de la tercera edad, en actitud agresiva, comenzaron a sabotear la denuncia en los medios. Seguidamente parte del grupo que los acompañaba comenzó a rodear a quienes allí estábamos -alrededor de 30 personas- al grito de “asesinos de la Cuarta República” e improperios similares. Algunos, al identificar a Liliana Ortega -miembro de Cofavic- comenzaron a gritar “asesinos del Caracazo”. Mientras todas las combinaciones posibles con la palabra “asesinos” se conjugaban, algunos de los hombres comenzaron a manotear más de lo debido e intentaban agredir a la familia Brito. Algunos de los presentes, entre ellos mi persona, contuvimos a estas personas, intentando dialogar con ellas acerca del derecho de todas las personas a acudir a las instituciones públicas. Los que me contestaron nos decían una y otra vez que ellos, se referían a la esposa e hija de Franklin Brito, les intentaban sabotear el acto y estaban “defendiendo la Cuarta República”. Los oficialistas seguían gritando asesinos, arengados por fotógrafos de los medios estatales presentes, que gritaban asesinos intentando tomar alguna gráfica que “revelara” que la familia Brito y sus acompañantes eran los violentos.

En un improvisado cordón llevamos a la familia Brito y sus abogados a que tomaran un taxi y se retiraran del lugar, antes que pudiera suceder algo. Ante la ausencia total de policías y la indiferencia y tolerancia de los funcionarios del Ministerio Público, los oficialistas (un 90% mayor de 50 años), rodearon el taxi e intentaron agredir a sus ocupantes. Nosotros contuvimos a los hombres mas violentos, pero las abuelas golpeaban la carrocería con sus paraguas, bolsos y carteles. El taxi no podía adelantarse ni retroceder, y un hombre intentaba -quien sabe con que objeto- abrir la puerta del lado del conductor. Por fin pudo alejarse del lugar. Los defensores de derechos humanos también abandonamos el sitio, bajo el coro de “asesinos!, asesinos!”.

Aquella manifestación de nonagenarios no era espontánea, y como lo ratifica un escrito del portal gubernamental Aporrea, motorizada desde la propia Asamblea Nacional. Alguien azuzó a los abuelos y abuelas contra la otra concentración, en esa lógica de control territorial promovida por el propio gobierno y criminalización de la disidencia. Los nonagenarios, indigestados de propaganda oficial, picaron convenientemente el anzuelo, convirtiéndose en un ad hoc, tropical y pasado en años, cuerpo de camisas pardas contra quienes se atreven a ser y pensar diferentes. Quienes reclamaban por la justicia a las víctimas del pasado (*), se convirtieron en los victimarios de los expoliados del presente.

Este incidente, que no es ni solitario ni casual, avisora las potencialidades del llamado “poder popular” estatizado, como primer grupo de contención a las reivindicaciones y exigencias no institucionalizables. En Guayana se está denunciando el uso de miembros del sindicato de la construcción -tristemente célebre por ganar puestos de trabajo mediante el sicariato- para disuadir la exigencia de mejores salarios y condiciones laborales. Algunas de estas organizaciones identificadas con el proceso bolivariano, están superando a sus maestros en la revitalización del argumento cabillero y la dialéctica armada, -literalmente-. Es la táctica de enfrentar pueblo contra pueblo, de crear fantasmagóricos movimientos “populares” por decreto para enfrentar y atemorizar lo diferente. De utilizar a medios falsamente adjetivados de “comunitarios” y “alternativos” como esquiroles y provocadores a sueldo.

Sin embargo el tiempo les juega en contra. No se puede sostener una mentira eternamente.

(*) A tres les pregunté si sabían quien era Roger Cordero Lara. Ninguno de los justicieros habia escuchado ese nombre antes.

El Foro por la Vida rechaza categóricamente los ataques recibidos por grupos violentos en las puertas del Ministerio Público

Fui testigo de lo que acá se cuenta. Posteo el comunicado del Foro por la Vida y unas fotos que tomé durante la concentración así como cuando el primer grupo de nonagenarios agresivos comenzaron sus increpaciones. Después tuve que dedicar a contener a los hombres mas violentos y cero fotos. En algún momento, espero, poder contar por acá mi relato de los hechos.

(Caracas, 31.05.11) Hoy, martes 31 de mayo de 2011, un grupo de representantes de ONG venezolanas, agrupadas en el Foro por la Vida, acompañamos a la Sra. Elena Brito y Angela Brito, esposa e hija del Sr.Franklin Brito, al Ministerio Público, con el propósito de consignar un documento que exige una investigación de los hechos que desencadenaron la muerte de Franklin Brito, cuando se encontraba privado de su libertad y recluido forzadamente en el Hospital Militar.

Luego de la comparecencia de la familia Brito y de su abogado, el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, ante los medios de comunicación social, un grupo de personas identificadas con el oficialismo se concentraban en las puertas de la Fiscalía para exigir justicia en los casos de desapariciones ocurridas en las décadas de los 60´s, 70´s, 80´s y 90’s en el país. Mientras el abogado de la Familia Brito declaraba a los medios de comunicación, algunas de estas personas interrumpieron sus palabras para acusar de “asesinos” a la familia Brito y al grupo que los acompañaba, mientras rodeaban a los declarantes. Estas personas comenzaron a asumir características violentas, aupados por camarógrafos y fotógrafos de medios oficiales e intentando agredir físicamente a la familia Brito, rodeando y golpeando el taxi en el que intentaban retirarse del sitio. Una grabación de video captó cuando uno de los agresores amenazó de muerte a los representantes de ONG´s afirmando que la próxima vez volverían armados “para hacerse respetar”. Estos hechos ocurrieron bajo la tolerancia e indiferencia de los funcionarios del Ministerio Público y la Guardia Nacional quienes, en el momento de la agresión, cerraron sus puertas.
Estos hechos se inscriben en un creciente contexto de intolerancia y violencia que pretenden inhibir la protesta pacífica y las muestras legítimas de exigibilidad de derechos, propias de un estado democrático, dentro de una estrategia de criminalización de la protesta que pretende deshumanizar a quienes exigen el disfrute de los derechos como forma de legitimar posibles agresiones. Asimismo, coinciden con el uso de presuntas organizaciones sindicales en el estado Guayana contra defensores de derechos laborales, lo cual puede sugerir una nueva modalidad de violación del derecho a la manifestación pacífica.
Los defensores de derechos humanos, históricamente, hemos estado al lado de las víctimas y en la lucha por la reivindicación de los derechos que defendemos y no declinaremos en estos propósitos, a pesar de que el Estado desarrolle una campaña de hostigamiento y amedrentamiento para intentar acallar nuestras voces.
Por todo lo anterior:
1. Condenamos la violencia y las manifestaciones de intolerancia e intimidación en contra de víctimas de violación de derechos humanos, abogados y defensores de derechos humanos.
2. Exigimos al Ministerio Público a que investigue estos hechos y todos aquellos que de manera recurrente han sido puestos bajo su conocimiento, donde se han denunciado ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos que permanecen en absoluta impunidad.
3. Exhortamos, una vez más, al Estado Venezolano a que abra un diálogo constructivo con las organizaciones no-gubernamentales para analizar el fondo de los temas que preocupan en materia de derechos humanos y se puedan tomar los correctivos pertinentes.

4.
Exigimos al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo su pronunciamiento acerca del derecho de acceso a los órganos de administración de justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por razones políticas.Vocería del Foro del Foro por la Vida
Espacio Público
Provea
Justicia y Paz Nacional

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Rubén González: Las rejas no harán callar la verdad


El 28.02.11, día final del juicio contra el sindicalista Rubén González, todos y todas quienes hemos estado cerca, estábamos en vilo. Desde Guayana, Clavel Rangel y Oscar Murillo, del staff del Correo del Caroní, nos mantenían informados de los detalles dentro del tribunal, vía Twitter. A las 6 y 30, aproximadamente, sus mensajes de 140 palabras fueron amargos como la hiel: Al líder sindical lo sentenciaban a 7 años y 6 meses por ser fiel a la causa de los trabajadores. Venezuela es el país en donde a los luchadores los tratan como delincuentes y a los delincuentes los exhiben como revolucionarios. ¿Un ejemplo? El flamente diputado por el PSUV, apoyado por la bancada del OCV, Roger Cordero Lara, autor material de la masacre de Cantaura.

Si bien detesto la política basada en mártires, aunque Rubén no lo sepa se ha convertido en símbolo para muchos y muchas de nosotras, gente sencilla, que vivimos del quince y último. Sus palabras ante la ignominia no pudieron ser más dignas: “Estaré preso, no importa, así está la justicia en nuestro país. Pero hice lo que tenía que hacer”. En un país de ídolos de pies de barro, es urgente tener estos referentes.

A continuación algunos enlaces con información sobre la injusta y amañanada condena contra Rubén González. La corto aquí, la rabia esta punto de hacerme escribir cosas de las que luego, es posible, pueda arrepentirme:

– Foro por la Vida: Condena a sindicalista Rubén González pretende intimidar liderazgo sindical alternativo, criminalizando la protesta y el derecho a las manifestaciones públicas

– Periódico El Libertario: Condenan a 7 años y 6 meses de prisión al sindicalista Rubén González

– Pablo Hernández: Caso Rubén González: Mensaje del Gobierno Militar-Policía del Sr. Chávez a los trabajadores de Venezuela

Hermana de Rubén al momento de conocer la sentencia. Foto de William Urdaneta (Correo del Caroní)

 

Leo y difundo: Tribunal decidirá el lunes libertad de Rubén González

Clavel Rangel (Correo del Caroní)

Ferromineros y residentes de Ciudad Piar asistieron a la audiencia número 27 del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González.

La comparecencia comenzó a las 9:30 de la mañana y se postergó hasta las 4:00 de la tarde en el Tribunal Penal Sexto de Juicio, bajo la responsabilidad de la jueza Magda Hidalgo.

En la mañana tanto la defensa, como la fiscal tercera del Ministerio Público -Fátima Urdaneta- presentaron a sus últimos testigos. En la jornada de la tarde se promovieron pruebas escritas que fueron leídas a los presentes en el juicio oral y público.

La defensa en las manos del abogado Ítalo Atencio consignó las ediciones del 20 y 27 de agosto de 2009 de Correo del Caroní en la que intentó dejar constancia de los motivos que movieron a los trabajadores durante la protesta de 16 días ejecutada en Ciudad Piar.

El Ministerio Público presentó una planimetría hecha sobre las locomotoras durante el mes de agosto de 2009, así como un informe presuntamente emanado de la gerencia de protección de planta de Ferrominera Orinoco (FMO).

Atencio solicitó a la juez que la última prueba consignada por la Fiscalía no fuese tomada en cuenta considerando que, según su argumento, no se ajusta a los requisitos que establece la ley, como por ejemplo y según su estudio, no hay constancia que el informe consignado haya sido elaborado por alguna dependencia de FMO o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

La fase de conclusiones comenzará el 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, indicó la juez a los presentes. Se espera que el mismo día se le dicte sentencia al secretario general privado de libertad desde hace un año y un mes en la sede de Patrulleros de Caroní.

La inocencia del sindicalista Rubén González: Un mar de testimonios

He tenido el honor de ser parte de la constelación de personas que ha acompañado al sindicalista Rubén González durante sus 15 meses de cautiverio, por el sólo hecho de defender los derechos laborales de sus agremiados. Como se recordará, el Secretario General de Sintraferrominera se encuentra privado de su libertad desde el mes de septiembre del 2009, por haber apoyado la paralización de actividades en la empresa para solicitar el cumplimiento de la contratación colectiva y el pago de deudas con los trabajadores.

Aprovechando una fugaz visita a Puerto Ordáz, tuve la suerte de coincidir con una de las audiencias del largo juicio contra el sindicalista, realizada el 15 de febrero en el Palacio de Justicia de la ciudad. Aunque nos incorporamos cuando el juicio ya habia comenzado, pudimos escuchar buena parte del testimonio de Rigoberto Carrero, quien ha trabajado en Ferrominera durante 25 años. Carrero fue enfático al reiterar que ni hubo eventos violentos durante los más de 15 días de paralización y, mucho menos, Rubén González participó o alentó que se atacaran bienes de la compañía u otras personas. Las palabras del veterano trabajador eran conmovedoras “Nosotros dormiamos en el piso, en los cartones, para darnos apoyo unos a otros (…) Nosotros estuvimos todo el tiempo allí, incluso con nuestras familias. Cocinábamos, se mató una res, algunos trajeron gallinas, otros hacían sancocho. En todo momento fue pacífica”.

Todo este énfasis es una respuesta a los señalamientos en contra del líder sindical, y que han sido convenientemente visibilizados por los medios del Estado, como AVN, quien en una nota de prensa difundida después de la entrevista a González por CNN, afirmó que: “Rubén González fungía como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintra-Ferrominera) cuando encabezó en el estado Bolívar una violenta huelga, que incluyó el ataque a pedradas de un tren que cargaba mineral de hierro hacia Ciudad Guayana, en la que resultó herido su conductor y se produjeron daños cuantificados en 200 mil dólares a la locomotora. Por ese hecho, el juez Beltrán Javier Lira, a petición de la Fiscal III del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima Paiva, emitió una boleta de captura contra González por los presuntos delitos de agavillamiento, daños al Patrimonio Público, restricción de entrada al sitio de trabajo y cierre de vías públicas”. Todo un ejemplo del tipo de periodismo que se realiza desde el gobierno, y que tiene en unos lamentables seguidores a los medios del periodismo estatal como Aporrea, para quienes el caso de Rubén González, simplemente, no existe. Ante la invisibilidad y la descalificación, estos paladines de la comunicación obligan a que sea la CNN quien ventile un caso de violación a la libertad sindical y el derecho constitucional a la huelga. El mundo dado vuelta.

En Puerto Ordáz tomé el testimonio de uno de los trabajadores, quien corrobora las palabras de Carrero. Lamentablemente, no pude grabar otros testimonios, aunque había muchos trabajadores en el juicio deseosos de contar su versión. Como casi todos han sido convocados como testigos en el juicio, no querian hacer nada que pudiera entorpecer lo que debe ser una sentencia favorable para el sindicalista. También pude grabar el testimonio de Yadith, la esposa de Rubén, exigiendo justicia en lo que es la primera separación física de ambos en más de 25 años de casados.

Testimonio del trabajador Junior Mejía:
http://www.ivoox.com/trabajador-ferrominera-niega-participacion-ruben-gonzalez_md_535606_1.mp3″ Ir a descargar

Rubén González: Ejemplo de la criminalización de la protesta en el país

El pasado 24 de septiembre se cumplió un año de la ilegítima privación de libertad del dirigente sindical Rubén González por haber apoyado una huelga de trabajadores. El caso no constituye un hecho aislado o extraordinario, sino que se inscribe en un patrón de políticas estatales para criminalizar la protesta en el país.

Según la Fundación por el Debido Proceso Legal de México, http://www.dplf.org/uploads/1279728364.pdf, existe una cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de un modelo de criminalización. En primer lugar establecen el cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por parte del Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de intensidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas de hambre, tomas simbólicas, etc), como manera de llamar la atención de las autoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satisfacción de sus demandas. El segundo eslabón de la cadena lo constituye la progresiva deslegitimación y desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen con mayor visibilidad su derecho a la manifestación. Especialmente esta campaña de descrédito se caracteriza por que los funcionarios y funcionarias no discuten las motivaciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legitimidad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza mercenaria, su pertenencia a un plan desestabilizador o a organizaciones extranjeras promotoras de acciones ilegales. Si bien las acusaciones son realizadas desde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activas son medios de comunicación controlados por el Estado y profesionales (periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a una dinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo, con el cual mantienen una relación indirecta, aparentan que los señalamientos son parte de la preocupación de la ciudadanía.

En tercer lugar tenemos la represión y judicialización de las manifestaciones. De esta manera el Estado enfrenta, por la vía de la dispersión violenta, movilizaciones cuyo origen es el incumplimiento de diferentes derechos. Si bien durante las décadas pasadas las fuerzas policiales y militares confrontaban físicamente las protestas como manera usual de neutralizarlas, el alto costo político de esta estrategia, en tiempos de alta circulación de imágenes por los medios de comunicación, ha privilegiado otras tácticas de disuasión, como la aplicación de leyes y reglamentos justificando que, desde el primer momento en que la protesta se desencadenó, se encontraba fuera de la ley. Por ello se realizan detenciones selectivas y se les somete a largos y engorrosos procesos penales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, suficientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organización social pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayor de los sectores afectados. Esta dimensión se encuentra íntimamente ligada al último episodio de la cadena de criminalización diagnosticada por la organización mexicana: La promoción de acusaciones sin pruebas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales con la finalidad de intimidar a todos los que se organizan para defender y revindicar sus derechos.

Provea realizó, en una oportunidad, una reunión de trabajo con la defensora del pueblo para proponer la implementación de diferentes políticas en derechos humanos. En ese encuentro Gabriela del Mar Ramírez negó que existiera, actualmente, una política de criminalización de la protesta en Venezuela. Sin embargo, los hechos la desmienten. Existen en el país más de 2500 casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales, a la espera de una sentencia. De estas personas -como el propio  Rubén González-, más del 70% son ciudadanos y ciudadanas que han manifestado su apoyo al gobierno del presidente Chávez, de igual forma los 1500 casos denunciados por el diputado Braulio Álvarez, pertenecientes al Movimiento Campesino Jirajara. A su vez, se siguen registrando manifestantes asesinados en el contexto de protestas pacíficas por la acción de los cuerpos de seguridad. Como consecuencia de la polarización, no existen canales institucionales de resolución de conflictos contribuyendo  a su vez,  al  aumento de la cantidad de protestas que se realizan en el país, contabilizándose, según el monitoreo realizado por Provea y Espacio Público, 9 cada día.

Si los anteriores argumentos no son suficientes,  vale constatar  la propia situación del Secretario General de Ferrominera, un año tras las rejas por apoyar la exigencia de respeto de la contratación colectiva de los trabajadores.

Para Provea las únicas motivaciones para la privación de libertad de Rubén González son políticas, por tanto, se le considera preso político por la acción de la Fiscalía General de la República y  la omisión de la Defensoría del Pueblo. Sobre las causas del ensañamiento, coincidimos con quienes sostienen que su estancia tras las rejas, es un mensaje tanto para las y los trabajadores de las empresas básicas de Guayana como del resto del país. La falta de inversión y de actualización tecnológica motiva que sea la pérdida de las condiciones laborales de las y los trabajadores la que mantenga los niveles de competitividad en el mercado internacional. Es el modelo de desarrollo, primario exportador, en sintonía con la globalización el que condiciona para todos y todas las asalariadas el disfrute de sus derechos laborales. Las pésimas condiciones de trabajo y los altos índices de subempleo no son producto, como algunos aseguran, de un enfrentamiento entre el “socialismo” y la “democracia”. Comprender la naturaleza de la arquitectura económica internacional, en la que se inscribe Venezuela, es una de las precondiciones para recuperar los lazos de solidaridad horizontal entre las y los propios trabajadores y el resto de las iniciativas sociales del país. Es parte del reto que tenemos que afrontar, sino queremos perpetuar el que luchadores como Rubén González sean quijotes en una cruzada solitaria por la dignidad. (Correo del Caroní, 27.09.10)

Escuche una conversación con Rubén González a propósito de cumplir un año en prisión. Además de su caso, habla de la situación de los trabajadores en Ferrominera

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Derecho a la huelga y movimiento obrero

Un siglo de luchas por el socialismo, en todo el mundo, hicieron que el movimiento obrero desarrollara y expandiera sus diferentes herramientas de lucha por sus reivindicaciones. Tras la denominada “revolución industrial”, las organizaciones revolucionarias en todas sus vertientes (socialdemócratas, comunistas, socialistas y anarquistas), apostaron a que la clase obrera sería el motor fundamental de los cambios sociales, por lo que sus esfuerzos estuvieron enfocados a potenciar sus organizaciones mediante la cual se cumpliera la profecía de la I Internacional: “La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores”. Es así como la sindicalización, el sabotaje, la prensa proletaria, el foro y el autodidactismo y, especialmente, la huelga, fueron las herramientas mediante las cuales fueron conquistando, con mucha sangre, sudor y lágrimas, cada uno de los derechos laborales que hoy conocemos y disfrutamos.

Esta historia no le fue ajena a Venezuela. De hecho se ha establecido como inicios del movimiento obrerista en el país la realización de las primeras paralizaciones de actividades por parte de los asalariados. Aunque la historia del sindicalismo en nuestro país no ha sido profunda y exhaustivamente investigada, la más antigua huelga de la que se tiene conocimiento ocurrió en el año 1908, realizada por los trabajadores portuarios de La Guaira. Más adelante ocurrió la primera huelga conocida de carácter nacional. En 1914 el gremio de telegrafistas seccional Caracas detuvo el trabajo tras una rebaja de salarios acordada unilateralmente por la Dirección General del Telégrafo. La acción de los capitalinos fue secundada por Oriente, Valencia, Trujillo, Maracaibo y otras ciudades.

Como parece ser la estrategia usual en este tipo de casos, el gobierno de Juan Vicente Gómez ordenó la prisión de los dirigentes sindicales, lo cual aumentó las adhesiones y solidaridades con las reivindicaciones de los telegrafistas: “Pedimos se suspenda la orden de prisión contra los jefes de Estaciones de esta ciudad y de Carúpano, o si no que se ordene también nuestra prisión, pues somos solidarios de nuestros compañeros”. La huelga finalmente logró revertir la disminución de los salarios.
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Carta abierta a Rubén González

Aprovechando la campaña iniciada por diferentes organizaciones sociales para enviarle cartas de apoyo y aliento, con motivo de su escandalosa detención desde el mes de septiembre pasado, por haber apoyado una huelga de trabajadores en Ferrominera, gremio del que usted es Secretario General; me animo a escribirle para expresarle mi gratitud. Me explico.

Actualmente vivimos en una época de crisis de las palabras donde éstas ya no significan lo que habíamos aprendido de ellas. El caso del máximo galardón pacifista que por unas cuantas palabras -aún no traducidas en ningún hecho tangible-, un presidente ha sido recientemente condecorado con el Premio Nobel de la Paz, aunque su silla esté construida sobre todo un arsenal armamentista que apunta a todas las direcciones. Por estos predios “soberanía alimentaria” es importar el 70% de la comida que consumimos; y “soberanía energética” es hacer contratos de 40 años con empresas como Chevron y Repsol YPF.
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Suscribo y difundo: Campaña nacional e internacional de solidaridad epistolar con el sindicalista Rubén González

Venezuela: Las rejas no podrán silenciar la protesta popular.
Campaña nacional e internacional de solidaridad epistolar con el sindicalista Rubén González

El pasado 07 de mayo, un tribunal de la ciudad industrial de Ciudad Guayana, en Venezuela, le negó la posibilidad al Secretario General de Ferrominera, Rubén González, de ser juzgado en libertad. Desde mediados del año 2009, este dirigente sindical se encuentra preso por apoyar una huelga de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales. El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público y conocido acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de empleo de un grupo de trabajadores; asimismo convino no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y el cumplimiento de sus reivindicaciones. Sin embargo, días después, González era detenido por su apoyo a la acción de los trabajadores, y acusado de los delitos “agavillamiento”, “instigación a delinquir” y “violación de la zona de seguridad”. Desde ese día se encuentra privado de su libertad y si el fallo del tribunal lo declara culpable, puede ser sentenciado a permanecer entre 5 y 10 años tras las rejas. González es un luchador social de conocida trayectoria en la región y militante del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Derecho que no se defiende es derecho que se pierde

Rafael Uzcategui

En lo que fue un despliegue desproporcionado de la fuerza pública, el pasado viernes 12 una marcha de trabajadores y trabajadoras fue reprimida en la ciudad de Maracay. Esta convocatoria, realizada entre otras organizaciones por la Unión Nacional de Trabajadores del estado Aragua, constituía un paso importante por parte de la dirigencia sindical para retomar una agenda de movilizaciones con reivindicaciones estrictamente laborales, una situación torpedeada por la febril polarización política experimentada por la sociedad venezolana en los últimos años. Esta necesidad de volver a la calle se traducía en una multiplicidad de exigencias, que iban desde el rechazo al paquete de medidas económicas y el alto costo de la vida; la exigencia de justicia en el caso del asesinato de los dirigentes Luis Hernández, Richard Gallardo y Carlos Requena; la salida de las trasnacionales petroleras del país; la denuncia de la flexibilización laboral y la libertad para Rubén González y Sabino Romero.

A la cita acudieron entre 200 y 300 personas, los cuales eran excedidos en número por los funcionarios de Poliaragua, quienes impidieron que la marcha se realizara disparando bombas lacrimógenas y realizando arrestos arbitrarios. Entre las 27 personas detenidas se encontraba el autor de estas líneas, y tras siete horas de privación de libertad fuimos liberados. De manera preliminar realizamos el siguiente análisis.

1) No existe una política democrática de preservación del orden público. Los datos confirman que la obstaculización y represión a las manifestaciones pacificas por derechos sociales es una practica sistemática realizada por diferentes cuerpos policiales del país. Estas prácticas están presentes en los nuevos operativos como el denominado “Dispositivo Bicentenario”.

2) Es inconstitucional la solicitud de un “permiso” para ejercer el derecho a la manifestación pacifica. El artículo 68 de la carta magna garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, mientras que el artículo 38 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones establece como única condición la notificación 24 horas antes del lugar e itinerario escogido para la movilización. Es falso, y por decirlo en términos pedestres golpista y cuartorepublicano, que los manifestantes obstaculicen al ejercer su derecho el libre transito, pues son las autoridades las que deben tomar precauciones para canalizar el tráfico vehicular y de personas por vías alternas. Si una idea positiva resulto de la discusión con los representantes de la Defensoría del Pueblo, confundidos con la tesis del permiso, fue la de remitirles una copia de la notificación para que pudieran realizar una veeduría del evento y así garantizar el ejercicio del derecho.

3) Es inconstitucional e ilegal la amenaza de los funcionarios policiales contra los manifestantes que fotografían o graban en video tanto la concentración como el operativo policial. El derecho a la libertad de expresión e información esta garantizado en la Constitución, y desde las organizaciones de derechos humanos fomentamos el registro de las acciones para poder denunciar con pruebas los excesos de los cuerpos de seguridad.

4) La liberación de los 27 manifestantes demuestra que si existe la suficiente voluntad política se pueden garantizar los derechos constitucionales y revertir su criminalización. El regreso a la calle, sin cargos ni expedientes, ratificó que los funcionarios de Poliaragua realizaron ese día un procedimiento arbitrario y de espaldas a la Constitución. La Defensoría del Pueblo debe pronunciarse públicamente para repudiar tanto la violación al derecho a la libertad personal como a la manifestación pacífica de ese y de los diferentes casos registrados en el país. La libertad de los 27 detenidos sienta un precedente que, por otra parte, demuestra la inocencia de las decenas de casos de trabajadores, estudiantes y campesinos sometidos a un régimen de presentación por realizar una manifestación.

5) El cierre de calles ha sido una herramienta de exigibilidad de derechos practicada históricamente por el movimiento popular venezolano. El monitoreo de protestas realizado desde el inicio de la democracia en el país demuestra que el cierre de calles ha sido la estrategia privilegiada por las comunidades para presionar por la satisfacción de sus necesidades. Avalar un discurso que sugiera la ilegalidad de esta practica no solo es inconstitucional, sino legitima la racionalidad estatal que ha permitido la represión contra la subjetividad y práctica comunitaria cimentada a través de los años.

6) La rápida respuesta de los diferentes colectivos sociales corrobora la potencialidad de la articulación del tejido social desde y para la base. El país no se encuentra dividido entre oficialistas y opositores, sino entre nuevos y viejos privilegios, de un lado, y los excluidos de diferente signo por otro; entre quienes detentan y acumulan poder y entre quienes son oprimidos en su necesidad de una vida que merezca ser vivida. Los diferentes sectores, entre los que nos encontramos las organizaciones de derechos humanos, debemos seguir tendiendo puentes entre las luchas, edificando redes y coordinaciones flexibles y. por ultimo, descifrando el contexto nacional, regional e internacional que permite la violación y regresión de la dignidad humana en todas sus formas.

Este lunes 15 de marzo realizaremos una concentración en la Fiscalía de Parque Carabobo, ubicada en Caracas, para exigir la liberación del dirigente de Ferrominera Rubén González detenido por participar en una huelga por derechos laborales. La convocatoria es para las 10 de la mañana, e invitamos a las diferentes organizaciones sindicales del país a realizar actos de presión en sus regiones.

Caracas: Convocatoria a concentración en Fiscalía por la libertad del sindicalista Ruben Gonzalez

En el marco de la Campaña por el derecho a la protesta social se realizará una concentración frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo – Caracas, para exigir la liberación inmediata del dirigente sindical Rubén González. Como se recordará, desde el pasado mes de agosto del 2009 este dirigente sindical de Ferrominera ha sido privado de su libertad por haber participado en una paralización de actividades en la defensa del contrato colectivo de los trabajadores. Actualmente, violando todas las garantías del debido proceso y el derecho a su defensa, se encuentra recluido en la sede de Patrulleros del Caroní, en el estado Bolívar, a la espera de juicio. Algunos de los delitos que se le imputan son violación de la zona de seguridad, agavillamiento, cierre de vías e instigación a delinquir, acusaciones que forman parte del andamiaje jurídico que cercena el derecho constitucional a la protesta, y que ha sido aplicado contra diferentes dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes y comunidades que manifiestan en defensa de sus derechos.

Las organizaciones que forman parte de la Campaña (Provea, Espacio Público, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Colectivo Socialismo Revolucionario, Unidad Socialista de Izquierda, Periódico El Libertario, Sintraince, entre otras), invitan a la concentración frente a la Fiscalía de Parque Carabobo, el próximo lunes 15 de marzo a las 10 de la mañana, para exigir la liberación inmediata de Rubén González y la libertad plena de todos los activistas sociales sometidos a regímenes de presentación por protestar.