Justicia: Unos más iguales que otros


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 5 de julio el Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal –que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obligaba a presentarse cada siete días en el juzgado– a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García. Los uniformados estaban siendo señalados como responsables del asesinato de la estudiante de 23 años de edad Geraldine Moreno, ocurrida en la ciudad de Valencia. Como se recordará, según el testimonio de sus familiares, recibió los disparos de  efectivos de la GNB en el rostro la noche del miércoles 19 de febrero durante una manifestación en el sector Tazajal del municipio Naguanagua. “Eso fue como a las 8:00 p.m en el frente de su casa en las residencias Bayona Country I, ella fue cobardemente arremetida con un arma que dispara perdigones, que no eran plástico sino de hierro”, relató una prima. La estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, se encontraba con cuatro amigos y desde su residencia observaba a las personas que protestaban en la esquina de la calle donde había una barricada, cuando al sitio llegaron seis efectivos de la GNB en motocicletas, para enfrentar la manifestación.

El país estaba conmocionado por la cantidad de personas muertas en el contexto de manifestaciones. Desde Provea habíamos solicitado la investigación y sanción tanto para los responsables de delitos de homicidio, civiles que actuaron contra otros civiles, como para los violadores de derechos humanos, funcionarios públicos contra ciudadanos. La Fiscalía solicitó la medida con el argumento que la investigación de la muerte de Moreno, a pesar de todos los testigos que señalaban a la GNB, no había terminado. Sin embargo, para otros casos que no involucraban a funcionarios de los cuerpos de seguridad, los jueces habían mantenido la privación de libertad, mientras duraba el juicio, alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad. La decisión forma parte del cuadro de irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de justicia del país donde, recordando aquella obra de George Orwell, unos son más iguales que otros.

Este episodio de injusticia se repitió recientemente en Puerto Ordaz, paradójicamente el Día Internacional de Derechos Humanos. El 10 de diciembre la jueza Miguelina Maneiro decidió dejar en prisión a los 3 trabajadores de Sidor detenidos por haber participado en la última huelga de la compañía, realizada el 19 de septiembre. De esta manera Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada pasaran entre rejas las fiestas de fin de año, lejos de sus seres queridos, por luchar por reivindicaciones laborales.

Según relató uno de los abogados de los sidoristas, la jueza ratificó la decisión de mantener a los sidoristas presos en la sede de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Maturín, a 3 horas de Puerto Ordaz, con lo que a los familiares se les hace costoso y difícil visitar a los trabajadores presos. Los delitos acusados a los sidoristas son los de “asociación para delinquir” y “tráfico de armas”. Según el expediente 2014-002776 del Circuito Judicial Penal de Puerto Ordaz, la acusación se originó en una llamada anónima al Sebin, como relata en el expediente el Subcomisario William Mieres: “Recibí llamada via red telefónica de una persona con timbre de voz masculino, quien se negó a identificarse por temor a futuras represalias, informando que se encontraba (…) una mujer de contextura gruesa, de tez morena, vestía uniforma de SIDOR (…) acompañada de dos hombres (…) vistiendo uniforme de Sidor”. Según el relato de la supuesta denuncia anónima, las tres personas fueron a comprar cigarrillos en un kiosco y “a viva voz” dijeron “vamos a tomar el área de laminación en caliente de SIDOR con las armas que tenemos, vamos a sabotearla”. Tras la decisión será en el mes de enero de 2015 cuando se conozca la fecha del inicio del juicio.

La diferencia en el acceso a la justicia está a la vista. Mientras a funcionarios de la GNB acusados del asesinato de una manifestante les conceden el beneficio procesal de ser enjuiciados en libertad, por otro lado a 3 trabajadores que participaban en una huelga los sentencian a pasar la navidad y el fin de año entre rejas, por supuestamente habérseles encontrado un arma de fuego.

El sistema de administración de justicia en el país necesita una profunda reestructuración. No es posible que quienes han creado una estructura de impunidad, generadora de los altos índices de violencia que conocemos, sigan al frente de los tribunales del país. La elección de un nuevo Fiscal General ¿será un cambio o más de lo mismo?

La última audiencia de Rubén González

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El próximo miércoles 23 de abril está pautado en la ciudad de Caracas la última audiencia del juicio contra el Secretario General de Ferrominera Rubén González. ¿Su delito? Haberse puesto del lado de los trabajadores en sus luchas.

Entre el 11 y el 26 de agosto de 2009, González, junto a 2000 trabajadores de la empresa estatal, inició una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese mismo año. Un mes después fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de “agavillamiento”, “instigación a delinquir”, “restricción a la libertad del trabajo”, y “violación de zona de seguridad”. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, día en el que se decretó su encarcelamiento en la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar, donde duró 12 meses tras las rejas.

El 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y sociales en el país, lográndose la anulación de aquel juicio, pero no el sobreseimiento de la causa, por lo que Rubén González se ha visto obligado a trasladarse periódicamente a Caracas, lugar donde desde esa fecha se ha reiniciado el juicio en su contra.

El caso de González no es el único en Venezuela de criminalización de la protesta. En la actualidad más de 150 trabajadores y sindicalistas enfrentan procesos judiciales en tribunales luego de haber defendido derechos como el salario y la libre sindicalización. Debido a sus características, el Secretario General de Ferrominera se ha convertido en símbolo de la represión contra el sindicalismo consecuente.
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El “Presidente Obrero” y Sidor

arton265Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, en una alocución televisada a todo el país, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la huelga de trabajadores en la Siderúrgica del Orinoco anunciando la aplicación de “medidas drásticas” en caso de continuación de la paralización de actividades: “Yo le dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor, de manera injusta e ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”. El primer mandatario incursiona en fronteras peligrosas al sugerir la criminalización del ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. En segundo lugar, su declaración intenta antagonizar el disfrute de dos derechos, el derecho a la huelga y el derecho a la vivienda, en su intento de crear animadversión contra los reclamos de los trabajadores.

Es curioso, por decir lo menos, que quien se ha calificado a sí mismo como “Presidente Obrero” haya asumido todos y cada uno de los argumentos patronales para descalificar una paralización de actividades por parte de la masa laboral en demanda de mejoras de sus condiciones de trabajo. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las restricciones al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte de la población. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que son servicios esenciales en sentido estricto donde el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición, los siguientes: Sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Expresamente establece en la definición de servicios no esenciales al sector de la construcción.

No solamente no tienen asideros en la legislación laboral las declaraciones del “Presidente Obrero”, sino que sus cálculos están fuera del sentido común. ¿Es posible terminar 300.000 viviendas en tres meses? ¿Depende de los insumos producidos por Sidor en este trimestre el cumplimiento de las metas de la Misión Vivienda en un año?
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Derechos laborales y zonas de seguridad

Rafael Uzcátegui

La organización Control Ciudadano ha calculado que aproximadamente 30% del territorio del país es considerado “zona de seguridad”, dentro de cuya jurisdicción se desconocen derechos garantizados por la Constitución. Como recordaremos, las “zonas de seguridad” fueron creadas por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, legislada en diciembre del año 2002 por la Asamblea Nacional. Según su artículo 47 se afirma que: “Se entiende por Zonas de Seguridad, los espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, están  sujetos a regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se  encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o  amenazas internas o externas”.

 

Por su parte el artículo 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece cuáles son las zonas de seguridad: “Una Zona de Seguridad Fronteriza; Una zona adyacente a la orilla del mar, de los lagos, de las islas y ríos navegables; Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales; Las zonas que circundan las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales; El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales; Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuáticas de primer orden; Cualquier otra zona de Seguridad que se considere necesaria para la seguridad y  defensa de la Nación”. La penalización para quienes afecten todas estas zonas se encuentra 8 artículos más adelante, en el 56: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

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Nueva hegemonía y criminalización de la defensa de DDHH

Rafael Uzcátegui (Colaboración para revista SIC)

En una declaración harto conocida, el actual Ministro de Comunicación apuntó que la estrategia informativa del Estado pasaba por construir la hegemonía comunicacional. De esta manera Izarra rescataba, como política de Estado, el concepto construido por el filósofo italiano Antonio Gramsci. En resumen, plantea que la dominación no es fruto exclusivo de los aparatos represivos estatales, sino también de una “hegemonía cultural” por la suma de la influencia del sistema educativo, la religión y los medios de comunicación, quienes expresarían y reforzarían una ideología determinada.

Lo anterior expresa -cosa que los hechos confirman-, el deseo de diferentes funcionarios gubernamentales de sustituir un sesgo por otro de signo contrario, imponiendo una suerte de nuevo pensamiento único. En la práctica esto tiene diferentes consecuencias para la pluralidad inherente a la democracia. Una de ellas ha sido  – también política de Estado-  la criminalización de la protesta que en el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos constituye una grave violación tanto de la Carta Magna como de las obligaciones contraídas por el país en la materia.
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Venezuela: Hechos de violencia dentro de cárcel de El Rodeo avivan campaña de criminalización contra defensores de Derechos Humanos

Por Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea
http://www.derechos.org.ve

El domingo 12.06.11, siendo día de visita familiar en el Internado Judicial Capital el Rodeo I y el Rodeo II, los cuales albergan 3.3.43 reclusos, se desataron unos hechos de violencia entre la propia comunidad penitenciaria. Según cifras oficiales, el accionar de las armas de fuego produjo un saldo fatal de 21 internos y 1 visitante, así decenas de heridos. Los hechos motivaron la intervención de más de 3.500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, quienes intentaron incursionar en el recinto penitenciario para retomar su control. El viernes 17, los enfrentamientos entre ambas partes dejaron un saldo de 2 Guardias Nacionales y 1 recluso fallecido. Las denuncias de los familiares y la potencia de fuego demostrada por los reclusos obligaron a las autoridades a replantear su estrategia. En medio de un proceso de negociaciones, finalmente la Guardia Nacional pudo retomar parcialmente el control de una parte del recinto penitenciario, conocido como el Rodeo I, desalojando a unos 2000 reclusos. Durante la requisa de ese sector del Centro de Reclusión, las autoridades incautaron: 7 fusiles, 5 escopetas, 20 pistolas, 8 granadas de mano, 45 kilogramos de cocaína, 5.000 cartuchos para fusil, 100 teléfonos celulares, al menos 3 computadoras portátiles y 12 kilogramos de marihuana. Para el martes 21 de junio la situación continuaba siendo incierta, pues alrededor de 1000 reclusos se encontraban apertrechados en el sector “La Torre” con armamento de guerra, que según fuentes ligadas al Ministerio de Interior y Justicia incluía una ametralladora .50 (equipo portátil con trípode, capaz de destruir un tanque, según expertos), R-15, AK 47, rifles y pistolas 9 mm. Las autoridades sólo han divulgado una lista parcial de los reclusos desalojados de El Rodeo I, por lo que los familiares de los privados de libertad desconocen la identidad de los heridos y muertos en los diferentes enfrentamientos.
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2 minutos de odio en Fiscalía

Rafael Uzcátegui

Un grupo de miembros de organizaciones de derechos humanos nos dimos cita, en la mañana del martes 31 de mayo, en la sede de la Fiscalía General de la República para acompañar a la esposa e hija de Franklin Brito en su solicitud de justicia por la muerte de su esposo. A la misma hora un grupo de personas identificados con el oficialismo se reunían en el mismo sitio para apoyar el llamado “Proyecto de ley Contra el Olvido y la Impunidad”, con el que se pretende castogar los crímenes estatales ocurridos en el pasado.

Cuando la esposa de Brito y su abogado estaban declarando a los medios de comunicación, tras consignar una solicitud formal en el ente, dos personas de la tercera edad, en actitud agresiva, comenzaron a sabotear la denuncia en los medios. Seguidamente parte del grupo que los acompañaba comenzó a rodear a quienes allí estábamos -alrededor de 30 personas- al grito de “asesinos de la Cuarta República” e improperios similares. Algunos, al identificar a Liliana Ortega -miembro de Cofavic- comenzaron a gritar “asesinos del Caracazo”. Mientras todas las combinaciones posibles con la palabra “asesinos” se conjugaban, algunos de los hombres comenzaron a manotear más de lo debido e intentaban agredir a la familia Brito. Algunos de los presentes, entre ellos mi persona, contuvimos a estas personas, intentando dialogar con ellas acerca del derecho de todas las personas a acudir a las instituciones públicas. Los que me contestaron nos decían una y otra vez que ellos, se referían a la esposa e hija de Franklin Brito, les intentaban sabotear el acto y estaban “defendiendo la Cuarta República”. Los oficialistas seguían gritando asesinos, arengados por fotógrafos de los medios estatales presentes, que gritaban asesinos intentando tomar alguna gráfica que “revelara” que la familia Brito y sus acompañantes eran los violentos.

En un improvisado cordón llevamos a la familia Brito y sus abogados a que tomaran un taxi y se retiraran del lugar, antes que pudiera suceder algo. Ante la ausencia total de policías y la indiferencia y tolerancia de los funcionarios del Ministerio Público, los oficialistas (un 90% mayor de 50 años), rodearon el taxi e intentaron agredir a sus ocupantes. Nosotros contuvimos a los hombres mas violentos, pero las abuelas golpeaban la carrocería con sus paraguas, bolsos y carteles. El taxi no podía adelantarse ni retroceder, y un hombre intentaba -quien sabe con que objeto- abrir la puerta del lado del conductor. Por fin pudo alejarse del lugar. Los defensores de derechos humanos también abandonamos el sitio, bajo el coro de “asesinos!, asesinos!”.

Aquella manifestación de nonagenarios no era espontánea, y como lo ratifica un escrito del portal gubernamental Aporrea, motorizada desde la propia Asamblea Nacional. Alguien azuzó a los abuelos y abuelas contra la otra concentración, en esa lógica de control territorial promovida por el propio gobierno y criminalización de la disidencia. Los nonagenarios, indigestados de propaganda oficial, picaron convenientemente el anzuelo, convirtiéndose en un ad hoc, tropical y pasado en años, cuerpo de camisas pardas contra quienes se atreven a ser y pensar diferentes. Quienes reclamaban por la justicia a las víctimas del pasado (*), se convirtieron en los victimarios de los expoliados del presente.

Este incidente, que no es ni solitario ni casual, avisora las potencialidades del llamado “poder popular” estatizado, como primer grupo de contención a las reivindicaciones y exigencias no institucionalizables. En Guayana se está denunciando el uso de miembros del sindicato de la construcción -tristemente célebre por ganar puestos de trabajo mediante el sicariato- para disuadir la exigencia de mejores salarios y condiciones laborales. Algunas de estas organizaciones identificadas con el proceso bolivariano, están superando a sus maestros en la revitalización del argumento cabillero y la dialéctica armada, -literalmente-. Es la táctica de enfrentar pueblo contra pueblo, de crear fantasmagóricos movimientos “populares” por decreto para enfrentar y atemorizar lo diferente. De utilizar a medios falsamente adjetivados de “comunitarios” y “alternativos” como esquiroles y provocadores a sueldo.

Sin embargo el tiempo les juega en contra. No se puede sostener una mentira eternamente.

(*) A tres les pregunté si sabían quien era Roger Cordero Lara. Ninguno de los justicieros habia escuchado ese nombre antes.