Resolución 008610 y astillas del mismo palo

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Pablo Fernandez: Funcionario o “activista”, según convenga

Rafael Uzcátegui
A raíz de la promulgación en Gaceta Presidencial de la resolución No. 008610 del 23 de enero de 2015, que permite la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su conjunto, en labores de mantenimiento de orden público en el contexto de manifestaciones, diferentes organizaciones de derechos humanos del país hemos cuestionado la constitucionalidad de la norma.

La iniciativa vulnera abiertamente lo expresado en los artículos 68, 329 y 332 de nuestra Carta Magna y se coloca de espaldas a diferentes resoluciones de los organismos internacionales en la materia, lo cual incluye la sentencia de reparaciones en el Caso de El Caracazo, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos expresan la necesidad de separar, claramente, las labores de defensa nacional a ser realizadas por el ejército, a las de seguridad ciudadana. En el caso de nuestro país, diferentes normativas incorporan la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el caso que los cuerpos policiales sean rebasados por los hechos. A raíz de los hechos del año 2014, donde funcionarios de la GNB se vieron involucrados en diferentes violaciones, es necesario regular los patrones de actuación de este cuerpo. Pero al permitir al conjunto de la FANB (Armada, Ejército, Aviación y milicia) ejercer funciones de orden público se estarían generando condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos.

A raíz de la opinión de las organizaciones del Foro por la Vida y de otras como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una iniciativa denominada SurDH ha emitido un pronunciamiento denominado “Sobre la Resolución Nº 8610 y el control de orden público en manifestaciones” que ha sido difundido en diferentes medios de comunicación. Allí, sus integrantes legítimamente expresan su opinión sobre la resolución, lo normal en una sociedad democrática. Sin embargo dentro de su texto incurren en la descalificación y criminalización del resto de organizaciones, actitud reprobable para alguien que se califica de activista en derechos humanos.

SurDH es una iniciativa reciente, conformada por antiguos miembros de las ONGs que cuestionan y que hoy son funcionarios del gobierno venezolano, cosa que omiten deliberadamente. Si bien han denunciado algunos casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría de sus esfuerzos públicos durante su trayectoria se han enfocado a la descalificación de las ONGs independientes. En su texto reciente afirman “a SurDH le sorprende la conmoción que ocasionó la Resolución (…) y en algunas ONG alineadas con la oposición, que la denunciaron de manera virulenta como un instrumento de represión, contrario a derechos. En particular, resulta escandaloso que organizaciones de DDHH que se presentan a sí mismas como de un alto perfil técnico, se sumen a una estrategia burda, carente de todo fundamento”.
El comunicado es firmado por Ana Graciela Barrios, Antonio González Plessmann, Cristóbal Cornieles. Lucrecia Hernández, Pablo Fernández y Marieva Caguaripano, los dos primeros miembros del equipo de Provea durante muchos años, y el cuarto, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hasta fecha reciente, precisamente dos de las organizaciones que han estado activas en rechazar la constitucionalidad de la medida. En el caso de González Plessman y Barrios son miembros de la estructura de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (http://bit.ly/168Ql0O). Curioso que descalifiquen de esa manera una ONG que dirigieron y de la aún forman parte.

González, en diferentes ocasiones ha intentado criminalizar el trabajo de Provea al acusarla de “liberal” y estar alineada con la oposición, continuando el matriz descalificatorio implementado por diferentes gobiernos durante los 27 años de historia de Provea. Es curioso que durante sus años en Provea, como coordinador de área, haya aprobado afirmaciones como: “El lado más débil y la limitación más importante de la concepción socialista de los derechos humanos surge al negar unos derechos (las libertades individuales) para alcanzar otros (derechos sociales). Esto sucedió en la mayoría de los países socialistas, donde se relegaban ciertos derechos civiles y políticos (libertad de expresión y de pensamiento, de asociación política, de manifestar), en el entendido de que no podía haber contradicción entre los ciudadanos y que el Estado representaba y garantizaba todos sus intereses”, apostando en ese momento por la universalidad e interdependencia de derechos, cosa que parece olvidar. Este mismo González, que alguna vez fue víctima de los ataques de Eva Golinger al acusarlo de ser personalmente financiado por Estados Unidos, hoy repite sus mecanismos de manipulación y descalificación.

Provea apuesta por el diálogo democrático como mecanismo para la resolución de conflictos. Pero hemos exigido, tanto los altos funcionarios gubernamentales, como a los pequeños que integran SurDH, que se haga con respeto. Sin perder el foco en nuestra misión, que es el apoyo a las víctimas de violaciones a los DDHH, les decimos: Los ataques no nos intimidan y no harán que nos inhibamos ante el desconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución y el aumento de la pobreza.

La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu

territorio Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa. Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.

Bachaqueo de corbata y uniforme

Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con camiones y pipas cargadas”.

La doble discriminación hacia las mujeres wayúu

Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia (FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.

Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás, incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “no podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.

La deuda social

Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la militarización está afectando las propias tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.

Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o viceministerios”.

El diálogo como camino

José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”. (Publicado en El Cambur)

Las barbas en remojo

Viajando en una "perrera" a la Guajira
Viajando en una “perrera” a la Guajira

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El 28 de diciembre de 2010 el presidente Hugo Chávez ordenó la creación de 10 distritos militares ubicados en La Guajira y el Sur del Lago de Maracaibo (estado Zulia), el Táchira norte (Táchira), El Nula, Orichuna y El Yagual (Apure), Altagracia de Orituco (Guárico), Barrancas del Orinoco (Monagas), Pijiguao (Bolívar) y Güiria (Sucre). Debido a la situación de crisis generada por las intensas lluvias en la zona indígena wayúu, se promovió la activación del primero de estos distritos. Por esos días el Ejecutivo realizó una reunión con aproximadamente 60 consejos comunales indígenas, a quienes anunció que la presencia de uniformados, además de atender los afectados por las inundaciones, traería programas sociales a la región. Se habló de la construcción de hospitales y escuelas, de la expansión de misiones sociales. Ante estas promesas, el respaldo por parte de los consejos comunales fue unánime.

El tiempo disipó las expectativas. En una comunicación enviada por el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con 15 años de trabajo en Paraguaipoa-  al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, afirmaron: “Cuando el presidente de la república anunció la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce  nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los cuarteles y no comparten  con nuestro pueblo”. ¿Qué había pasado? Según relatan testimonios recopilados en el sitio los objetivos de los militares se modificaron tras el inicio de la llamada “guerra al contrabando”. Según la versión oficial, los indígenas que trasladaban alimentos a través de la Guajira eran parte de las causas del desabastecimiento, por lo que una palabra comenzó a estigmatizar a todos los miembros de la etnia: “Bachaqueros”. Antes y después de pasar el puente del rio Limón, el punto que conecta la Guajira con el resto del estado Zulia, una serie de puntos de control comenzaron a requisar los vehículos y transporte públicos. Y si al oficial le parece que usted lleva demasiados productos los decomisa y detiene a quienes los trasladaban. Paralelamente, operativos militares registran las casas en busca de depósitos clandestinos de combustible, con lo que abundan los testimonios sobre abusos en el marco de los allanamientos. Algunas vías de circulación son cerradas a partir de las 6 y 10 de la noche, con lo que algunos poblados quedan incomunicados por algunas horas.
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Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

Posteo mi contribución al informe 2010 de Espacio Público sobre el Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, acerca de las amenazas del último año contra quienes trabajamos en defensa de los derechos humanos en el país. Si desea descargar el informe completo, visitar ACA

Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

Rafael Uzcátegui

Para los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela el año 2010 comenzaba con tormenta. Había pasado poco más de un mes que el asesinato de un joven activista, en la ciudad de Barquisimeto, había encendido todas las alarmas. El 26 de noviembre del 2009, a las 7 y 15 de la mañana, Mijail Martínez, videoactivista y miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), recibió tres disparos en el pecho por parte de dos desconocidos. Martínez no ofreció resistencia a los asaltantes. La camioneta Terio de su madre, quien presenció el asesinato, se mantuvo encendida durante el ataque. Las llaves colgaron, en aquellos segundos eternos, impotentes a un costado del volante. En apenas un mes se produjeron una serie de incidentes oscuros por parte de los cuerpos responsables de las investigaciones, los cuales escandalizarían a un estudiante del primer año de derecho.
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Audios de la rueda de prensa en contra de la criminalización de las ONG´s en Venezuela

En la mañana del 08.09.10 un grupo de más de 100 organizaciones sociales, de desarollo y derechos humanos presentaron un documento en el que rechazan la campaña de desprestigio promovida por algunos voceros y voceras del Ejecutivo Nacional en contra del trabajo de ONG´s como Espacio Público. En la rueda de prensa hablaron Feliciano Reyna por Sinergia, Liliana Ortega por Cofavic, Rafael Uzcátegui por Provea y, finalmente, Pedro Nikken, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Feliciano Reyna (Sinergia)
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Liliana Ortega (Cofavic)
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Rafael Uzcátegui (Provea)
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Pedro Nikken (Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
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