Lo que define a una vivienda “digna”

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El ministro de vivienda, Ricardo Molina, ha confirmado recientemente el incumplimiento del tren ejecutivo en materia habitacional, el derecho social más rezagado del conjunto de políticas públicas promovidas por el gobierno bolivariano. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento el ministro reincide en estimar en 150.000 las casas a construir para este año. Desde el 2005 todos los titulares de la cartera han puesto en esa cifra las metas de edificación de soluciones habitacionales. Sin embargo, año tras año no se han levantado ni la mitad de esa cantidad. En promedio el Ejecutivo Nacional ha edificado menos de 30.000 viviendas al año, unas 82 casas al día. El objetivo propuesto por Molina obligaría al gobierno a construir unas 416 diarias, una cifra 5 veces más de lo que ha demostrado, en los hechos, la capacidad gerencial bolivariana para asegurar el derecho a un techo digno.

Como organización de derechos humanos deseamos que el Ejecutivo pueda cumplir, progresivamente, las expectativas creadas a las 13 millones de personas que en Venezuela necesitan su propia vivienda. Sin embargo, los mensajes emitidos por el alto gobierno son espasmódicos y contradictorios, y no corresponden a un plan nacional de construcción con metas definidas a corto, mediano y largo plazo, con reglas de juego claras. Lo que ha primado, hasta ahora, es la improvisación y las buenas intenciones, con resultados conocidos. Por otra parte, abordar el problema del déficit habitacional colocando el énfasis únicamente en la cantidad anual de casas por construir, es simplificar el problema. Diferentes arquitectos, ingenieros y expertos en el área, cuya opinión es secundada por Provea, opinan que el ideal es un plan masivo de creación de suelo urbanizable, por un lado, y retomar una política integral de rehabilitación de barrios, en donde hay una experiencia anterior al período bolivariano cuyos aspectos positivos pudieran replicarse y adaptarse a las necesidades actuales. Sin embargo esta experticia es permanentemente desestimada por motivos ideológicos, lo que es ejemplo de un diseño de políticas públicas en vivienda que, entre otras cosas, se caracteriza por la exclusión de los actores no estatales.

Una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es solamente construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda “adecuada” es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por los siguientes componentes:
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