La CIDH y Venezuela

Rafael Uzcátegui

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte del llamado sistema regional de protección que, junto a la Corte Interamericana, es parte de la estructura de la Organización de Estados Americanos. Esta arquitectura de monitoreo a las obligaciones de los Estados en la materia contó, desde su inicio en 1959, con la decidida participación de Venezuela. Es historia que el escritor Rómulo Gallegos fue su primer presidente, colocando los cimientos de la institución en el trienio 1960-1963. En 1999, cuando la región debía crear herramientas para abordar la crisis planteada por la primera dictadura que no provenía de un golpe de Estado militar, el gobierno de Alberto Fujimori, otro venezolano tuvo una actuación destacada como como presidente de la CIDH: El abogado Carlos Ayala Corao.

Es indiscutible que tanto la Comisión como la Corte han realizado, durante sus seis décadas de existencia, un invalorable aporte para la defensa de la dignidad humana en la región. Todos y cada uno de los graves casos y situaciones ha sido abordado generando los precedentes que han hecho de la defensa de los derechos humanos una de las dimensiones que ha trascendido gobiernos e ideologías: Desde los paramilitares colombianos hasta el asesinato de Arnulfo Romero, pasando por las denuncias de los excesos de las dictaduras del Cono Sur y la Cárcel de Guantánamo.

Precisamente por esta historia, y por lo que representa la CIDH para la posibilidad de alcanzar verdad, reparación y justicia para las víctimas que las expectativas sobre lo que pudiera hacer ante la situación venezolana son altas. Y sobre esto tenemos que decir que, quienes somos sus usuarios regulares y estamos atentos a sus períodos de audiencias, hemos tenido en los últimos meses un mal sabor en la boca sobre su abordaje de lo que es la peor crisis política, social y económica del país desde 1958.

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El Espectador: “Hoy la persecución es incluso contra los chavistas”

El director de la ONG venezolana Provea, de visita en Colombia por invitación de Dejusticia, habla sobre la salida de la fiscal Luisa Ortega y una posible nueva ola de protestas que podría llegar a las principales ciudades de su país.

Angélica Cuevas *

El escape cinematográfico de la exfiscal Luisa Ortega desde Venezuela hacia Colombia y luego hacia Brasil y Costa Rica ha venido cargado de denuncias de corrupción que incriminan a ministros, asesores de Presidencia y hasta al mismo Nicolás Maduro, a quien Ortega acusa de desviar por lo menos US$8 millones del fisco nacional.

Pero Luisa Ortega no ha sido siempre la misma. De un año para otro la funcionaria pasó de ser una de las más reconocidas caras del oficialismo venezolano a su principal enemiga política. “Podríamos decir que la fiscal está sufriendo de un despecho, un guayabo ideológico y político por el proyecto al que ella le apostó gran parte de su vida y que hoy está completamente desorientado”, dice Rafael Uzcátegui, director de Provea, uno de los centros de investigación-acción en derechos humanos más reconocidas de Venezuela. Uzcátegui estuvo participando en el 5º Taller Global de Dejusticia, que la semana pasada reunió en Bogotá a 15 activistas cuyas organizaciones son perseguidas por gobiernos autoritarios en distintas regiones del mundo.

Para el director de Provea, “desde el punto de vista político es bien interesante que la fiscal de Chávez esté huyendo del chavismo, pues ella sigue identificándose como partidaria o militante del proyecto que representaba Hugo Chávez. Lo que vemos hoy es una persecución del madurismo contra todo el que se oponga a ellos, incluyendo los chavistas. Que no quepa duda de que estamos en un escenario de ausencia de democracia donde un equipo electoral dictatorial intenta mantenerse y aferrarse al poder”.

  • ¿Cuál cree que es el chavismo que la destituida fiscal Luisa Ortega, ahora de gira por Latinoamérica en busca de asilo, todavía defiende?

El proyecto que se construyó con base en el culto de la personalidad de ese líder carismático, pero cuando Hugo Chávez fallece lo que queda de su legado no son más que múltiples interpretaciones. Entonces, quienes subieron al poder utilizaron esa imagen para hacer cualquier cosa. Los chavistas democráticos, como Luisa Ortega, sienten frustración porque creen que la posibilidad de cambio que representaba la Constitución de 1999, que fue muy bien recibida por una amplia mayoría de venezolanos, se vio truncada por la muerte de su líder, más ahora que Nicolás Maduro toma la decisión de sustituir esa Carta Magna y abolirla con la Asamblea Nacional Constituyente. Ese hecho fue decisivo, pues muchos chavistas comprobaron que ya no hacían parte del mismo proyecto de Maduro.

  • ¿Cree que el madurismo va a ponerle fin al chavismo?

Para nada. El chavismo como identidad política va a continuar, no va a desaparecer. Aunque Nicolás Maduro mañana salga del poder y venga un opositor, el chavismo va a mantenerse, y con eso hay que aprender a convivir y hay que entender las expectativas de un sector de la población que se ve allí representado.

  • ¿Cómo explicaría que Luisa Ortega, mientras fue fiscal, no se haya opuesto al gobierno de Maduro?

Creo que Ortega ha salido de la prisión comunicacional del Estado, y cuando la gente sale de esa camisa de fuerza comienza a reconocer situaciones y matices que antes no veía. El Gobierno ha constituido una hegemonía comunicacional con la que ha aumentado el divorcio entre lo real y lo que dicen los funcionarios públicos que sucede en Venezuela.

  • ¿Hay políticos y ciudadanos venezolanos que desconocen por completo la crisis venezolana?

Con toda seguridad. En Venezuela hay que hacer un esfuerzo muy grande para estar informado. El Gobierno ha construido una estrategia de control sobre lo que se difunde que ha sido muy exitosa: neutralizó a los más importantes medios televisivos, y eso incluye el control de lo que se transmite en televisión por cable. Tenemos el episodio más reciente de la salida de Caracol TV. Aparte de esto, a muchos medios radiofónicos el Gobierno les ha quitado sus licencias, y los medios impresos se han convertido, en su mayoría, en vulgar propaganda política, llena de tonos grotescos e insultos contra los opositores. La estrategia es hacer que la gente tenga una idea parcial de la realidad, a pesar de que la esté sufriendo y no tenga qué comer ni tenga dinero.

  • ¿Cómo han respondido las organizaciones sociales a esta falta de información veraz?

En una crisis como la nuestra, las organizaciones de derechos humanos deben asumir un papel activo en la recuperación de la democracia, y para nosotros fue claro que teníamos que enfrentarnos a esa hegemonía comunicacional. Nos dedicamos entonces a explicarle a la gente lo que estaba ocurriendo. Cuando decidimos llamar “dictadura” al gobierno de Maduro, tuvimos que contarles a los ciudadanos por qué este gobierno se comportaba como una dictadura moderna, muy diferente a las de Pinochet (Chile) y Videla (Argentina). El reto de comunicar en un país como Venezuela nos obligó a desprendernos del lenguaje técnico de los derechos humanos y a experimentar con lenguajes más sencillos y herramientas como el cómic, los microprogramas de radio, las columnas de prensa y las infografías animadas que enviamos por redes sociales y chats para informar sobre el país.

  • Después de cuatro meses de protestas, más de 120 muertes, un plebiscito, unas elecciones para Asamblea, ¿les quedan fuerzas a los manifestantes?

Hay cansancio. Después de meses de protestas muy intensas (unas 26 al día en todo el país) viene un agotamiento natural, pero también hay frustración y rabia porque no se lograron los objetivos que la gente quería y la situación se ha agravado. Entonces ahora hay un ambiente en el que algunos quieren identificar quién fue el responsable de la derrota de la movilización social pacífica. La gente siente que el desgaste ha sido mucho y que a cambio tenemos un gobierno en crisis, pero que logró mantenerse en el poder. Hay un sinsabor frente a lo que resultó siendo el liderazgo de la oposición, pues los políticos animaron a mucha gente a prepararse para estados de desobediencia y resistencia que luego desactivaron, cancelando reuniones, plantones y marchas. Pero estoy seguro de que esto no va a acabar con las protestas en Venezuela. El próximo ciclo se va dar muy pronto, estimulado por las razones económicas, que son agobiantes, y seguramente las futuras manifestaciones van a mantener algunas continuidades con las pasadas, pero también van a traer cosas nuevas. Temo que mucha gente piense que la estrategia de protesta pacífica fue derrotada y que eso signifique que hay que buscar otros mecanismos, como la violencia.

  • Hace poco un periódico oficial señaló a su organización de cometer “crímenes de odio”, por haber publicado un sitio web donde denuncian a quienes ustedes consideran son violadores de derechos humanos. ¿Cree que podría ir preso en algún momento?

Junto con el Foro Penal y la ONG Transparencia Venezuela, somos quizá los activistas más señalados del país. Creemos que después de la persecución a la fiscal vendrá persecución a miembros de la Asamblea que participaron en las protestas y después al resto de gremios y organizaciones sociales, donde nos ubicamos nosotros. Por primera vez en 28 años tenemos el protocolo de seguridad más alto en Provea y estamos actuando para prepararnos en caso de que decidan perseguirnos. Es difícil, porque en principio pensamos que si nos dictaban alguna orden de privación de libertad nos iríamos de Venezuela, pero ahora, cuando vemos el sentimiento de frustración y desazón que queda en la gente cuando los líderes sociales y políticos deciden exiliarse, sentimos que tenemos que resistir, y lo estamos haciendo.

* Periodista de Dejusticia.

http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/hoy-la-persecucion-es-incluso-contra-los-chavistas-articulo-711898

Venezuela: aikido y derechos humanos

El actual conflicto venezolano resulta similar al aikido, el arte marcial en el que para vencer se utiliza en su contra la fuerza del oponente. En octubre de 2016, cuando se había logrado el consenso de multitudes y la comunidad internacional para la realización de un referéndum revocatorio para dirimir la crisis, voceros de la oposición asistieron, improvisadamente, a una mesa de diálogo de la cual se levantaron con la idea de «elecciones generales adelantadas». El gobierno se benefició del error táctico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró así dinamitar la confianza de sus bases de apoyo, mientras se generalizaba el sentimiento de desilusión. Meses después, para castigar a una Asamblea Nacional que aprobaba una declaración de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el gobierno formalizó el proceso de sustitución de sus competencias en dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Aunque la neutralización del Parlamento se realizaba por la vía de los hechos desde un año antes, con escaso costo político para Miraflores, su registro formal generó una ola de rechazo que incluyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Los partidos políticos opositores lograron recomponer la confianza, en esta oportunidad, por un traspié del chavismo, en una ola de protestas que continúa hasta el momento de escribir esta columna.

El gobierno bolivariano se ha debilitado en 2017 más como consecuencia de su soberbia ciega que por resultado de la agenda política opositora. En el plano internacional, una torpe diplomacia encabezada por Delcy Rodríguez le ha restado apoyos que hasta hace poco se debatían entre la ambigüedad y la cautela. Uruguay ha sido el caso más llamativo. A comienzos de abril, Nicolás Maduro acusó al canciller de ese país de acordar con Estados Unidos los ataques contra Venezuela, una sugerencia inaguantable para un presidente salido de las filas de la izquierda. «Si [Maduro] no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas, y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira», expresó el presidente Tabaré Vázquez. El cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela no solo sumó al proceso de activación de la Carta Democrática, sino que despejó la ruta para iniciar acciones diplomáticas similares en el Mercosur, donde las decisiones, según los estatutos, se toman por consenso. La credibilidad del jefe de Estado caraqueño se erosiona tras cada declaración llena de fantasía. El 19 de abril, ante una concentración en apoyo a su gestión, calculó la asistencia en «tres millones de personas», en una avenida de Caracas que, repleta –lo que no ocurría ese día–, tenía capacidad para albergar no más de 200.000 personas. En 2017, las debilidades comunicacionales del gobierno parecen tener como origen la misma causa que se había diagnosticado para la oposición a finales de 2016: la ausencia de olfato para captar correctamente la realidad.

Rupturas

No obstante, la actual ola de protestas no es una simple extensión de los ciclos de movilización antichavistas de años anteriores. Luego de la peor derrota del bolivarianismo en el poder, en las elecciones parlamentarias de finales de 2015, con casi dos millones de votos por debajo de sus oponentes, el chavismo tomó la decisión de crear un modelo de gobernabilidad aún más autoritario ante la pérdida del apoyo popular. Su piedra fundacional fue la sustitución de la Constitución por una legalidad que le confería al presidente poderes absolutos, bajo el nombre «Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica». Seguidamente el árbitro electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, suspendió irregularmente la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente y detuvo de manera indefinida las elecciones que debían realizarse en diciembre de 2016 para las 24 gobernaciones regionales. Progresivamente, fue quitando competencias a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que la legitimación del proceso vía sentencias generó el descontento público de la fiscal general de la República, quien las calificó como la «ruptura del hilo constitucional» y abrió así la caja de Pandora. La aparición de fracturas dentro del bloque oficialista ha sido aprovechada por la oposición: una de las consignas más populares es las movilizaciones es «Lo dijo la fiscal, ustedes son golpistas». Y como si fuera poco, todo esto sucede teniendo como gran telón de fondo una de las peores crisis económicas que recuerden los venezolanos, con una inflación superior a 600%, escasez de alimentos y medicinas y evaporación del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera –según las propias cifras oficiales– un porcentaje de personas en situación de pobreza mayor que la existente cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez. Según los propios datos del gobierno, cuya rigurosidad ha sido puesta en cuestión, casi la mitad de los venezolanos se encontrarían en situación de exclusión.

Continuidades

La ola de protestas ha sido respondida por las autoridades recordando los peores patrones de abuso de poder de ciclos de movilización anteriores. Además de prohibir que las movilizaciones lleguen al centro de Caracas –sede de los poderes públicos–, se evidencia un uso desproporcionado de gases tóxicos prohibidos por la Constitución, disparos de perdigones a corta distancia, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, robo a manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, así como la violación del debido proceso para, cuando se cerraba este texto, más de 1.200 personas detenidas en todo el país por protestar, en cifras del Foro Penal Venezolano. Según los datos de Provea, 20 personas han perdido la vida en contexto de manifestaciones. Para aumentar la crispación, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela como Diosdado Cabello y Pedro Carreño han mostrado en televisión un folleto en el que aparecen nombres, fotografías y direcciones de líderes políticos y sociales de oposición, que según afirman habría sido distribuido a militantes del oficialismo. «El pueblo sabe dónde tiene que ir», declararon ante las cámaras.

Paramilitares “de izquierda”

La situación continúa deteriorándose tras la decisión de Maduro de activar el llamado “Plan Zamora”, una estrategia militar de ocupación del territorio que incorpora, explícitamente, la actuación de grupos de civiles armados. Se trata de lo que desde el chavismo se denomina «colectivos» y que las organizaciones de derechos humanos han definido, lisa y llanamente, como «paramilitares». Durante el primer día de actuación del Plan Zamora, el 19 de abril, en 22 de los estados donde ocurrieron movilizaciones se documentó la actuación de «colectivos» en 16 de las regiones. Los videos los muestran desplazándose en motocicletas, con el rostro cubierto con capuchas y disparando armas de fuego.

La actuación de los «colectivos», en un contexto de violencia e inseguridad ciudadana que ubica a Venezuela dentro de los países más peligrosos de la región, puede agravar su ya delicada situación en derechos humanos. La noche del 20 de abril, ocho zonas de Caracas, incluyendo algunas que eran consideradas hasta hace poco como «territorios del chavismo», protagonizaron batallas contra las autoridades, que incluyeron saqueos a establecimientos comerciales.

La crisis podría tener su salida menos traumática si Maduro y su entorno permitieran la realización de elecciones. En el aikido en que se ha convertido esta situación haría falta un elemento: la desvinculación pública de la intelectualidad izquierdista internacional que durante mucho tiempo apostó por el proyecto bolivariano. Algunos han dado el primer paso (Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Clifton Ross), pero muchos de quienes saben que las cosas no van bien por el país caribeño han optado por el silencio. ¿Permitirán que el peso simbólico de su opinión sea utilizado por quienes buscan llevar a Venezuela a un momento diferente de su historia? (Publicado en Nueva Sociedad)

Gala Garrido: Retratos para Humano Derecho

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Nuestra amiga Gala Garrido, coordinador de la Organización Gala Garrido, ha tenido la gentileza de hacernos unos retratos a Melanio Escobar y este servidor para el proyecto de Radioweb Show “Humano Derecho, que empezaremos este domingo 19 de julio por runrunes.es. Mas información en http://www.derechos.org.ve/2015/07/14/desde-este-domingo-19jl-escucha-humano-derecho-radio-por-runrun-es/

El eterno retorno de la impunidad

Hijos de evangelina carrizo
Hijos de evangelina carrizo

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

La teniente Yendry Velásquez, en su faceta civil, es la vocera más conocida del llamado “Comité contra la Guarimba y el Golpe Continuado”. Y cómo muchas víctimas de delitos en el país, el fondo de su peregrinación es la impunidad que rodea su caso. Su esposo, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, fue asesinado por arma de fuego el 12 de marzo de 2014 cuando había acudido a una protesta que se realizaba en Valencia. La esposa de Bracho tiene el derecho de que se cumpla la justicia en su caso, y que los responsables materiales e intelectuales, sean detenidos, procesados y sentenciados, respetando el debido proceso.

Sin embargo, es una triste paradoja que esta víctima del delito de homicidio haya sido, a su vez, un victimario en un caso impune de violación al derecho a la vida. El 4 de marzo del año 2004, con el grado de Subteniente, Ramzor Bracho actuó como jefe de la Comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que acudió a una movilización que se realizaba en Machiques, estado Zulia. Los funcionarios dispararon gases lacrimógenos para reprimir la manifestación y detonaron armas de fuego contra los manifestantes, siendo asesinada la dirigente del partido Acción Democrática Evangelina Carrizo, de 50 años de edad, de un disparo en la espalda. Su hijo Alejandro Carrizo se encontraba con ella en aquel momento: “Vi su espalda ensangrentada pero nunca pensé que estaban disparando balas, mi mamá caminó unos 4 metros y se desplomó porque no podía respirar”. Según relató varios efectivos los alcanzaron y mientras Alejandro trataba de acercase a su madre moribunda, varios uniformados lo sujetaron para que otro lo golpeaba, luego lo metieron en el vehículo militar estacionado al lado de su madre, sin que ninguno hiciera algo para socorrerla.

Según consta en el acta de presentación de imputado, emitida por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 29 de noviembre de 2004, fue imputado el funcionario Juan Carlos Casaña Rivero por los delitos de homicidio culposo y uso indebido de arma de fuego, tras demostrar las pruebas balísticas que el disparo homicida había salido de su arma de reglamento. Casaña dejó constar en el expediente que ese día no participó en la comisión de la GNB asignada a la manifestación, ni tampoco estuvo en el sitio. Allí, revela que cómo le dijo el distinguido de la GNB Richard Pargas, el autor de los disparos había sido el subteniente Ranzor Bracho Bravo, y que el había asistido en apoyo a la Fiscal Vigésima del Ministerio Público para una inspección ocular en el sitio del crimen. Según su relato, Casaña al no encontrarse en comisión había dejado su arma de reglamento en el parque de armas del destacamento de la GNB, por lo que suponía que había sido tomada por Bracho Bravo para acudir al operativo.

Esta versión era corroborada por el hijo de la víctima y testigo presencial del hecho, Alejandro Carrizo, quien desde el primer momento señaló a Ramzor Bracho como autor de los disparos. Esto quedó registrado, oficialmente, en la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, correspondiente al 10 de octubre del año 2006: “-Alejandro Carrizo- manifestó en la audiencia preliminar que Ramzor Bracho fue la persona que mató a su mamá por la espalda y que éste iba en un convoy de la Guardia disparando, lo que junto con la mencionada experticia practicada al proyectil extraído a la víctima y a la experticia practicada al libro del parque de armas del Destacamento N° 36 de la Guardia Nacional, conllevaron a determinar que efectivamente la persona que iba disparando en el estribo del convoy señalado por la víctima era Ramzor Bracho, sin embargo, el proyectil al cual se hizo referencia no pertenece al arma de fuego asignada a Ramzor Bracho sino al arma de fuego asignada a Juan Carlos Lasaña”. Videos que circularon por esa fecha mostraban al Subteniente disparando contra la multitud.

El resultado de esta situación fue que el subteniente Bracho, quien estuvo algunos meses detenido en su destacamento, recibió libertad plena en el 2006, mientras que Juan Carlos Casaña, fue privado de su libertad en Destacamento de la GNB No. 3 esperando un juicio que nunca se realizó. La misma impunidad que hoy protesta Yendry Velásquez.

Al divulgarse sobre el asesinato de Bracho, Alejandro Carrizo afirmó “No me alegra que el guardia nacional haya sido asesinado, a pesar de que él le quitó la vida a mi madre. Yo perdoné y hoy pido a Dios que lo perdone”. Si hubiera sido responsabilizado por la muerte de Evangelina, un Ramzor privado de libertad hoy se encontrara vivo y fuera visitado por sus familiares, incluyendo su esposa la teniente Yendry Velásquez.

Valencia: Una marcha laboral autónoma

valenciaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 11 de febrero alrededor de 200 trabajadores y activistas sindicales marcharon en la ciudad de Valencia para rechazar la ola de despidos masivos, tanto en las entidades públicas y privadas, que a pesar del decreto de inamovilidad laboral aqueja a la región. La movilización, la primera del año 2015 con un contenido exclusivamente social –también se rechazó la aplicación del paquete de medidas económicas y se pidió un aumento de salarios acorde a la inflación- fue significativa por varias razones, que pasaremos a comentar.

Así lo reseñó el sitio web de Provea: “Que la crisis la paguen los corruptos, no los trabajadores”, “No a los despidos, reenganche ya”. Con estas, y otras consignas, trabajadores de las empresas Filtros Wix, Petrocasa, Chrysler de Venezuela, General Motors, Ajeven, Pirelli y Ford, acompañados por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y sindicalistas de la Misión Barrio Adentro, marcharon este 11.02.2015 en Valencia, para rechazar la ola de despidos masivos que se han producido en empresas públicas y privadas de la entidad , y que según denuncian, se han realizado con la “complicidad” de la Inspectoría del Trabajo. La movilización que partió a las 9 de la mañana desde el sector La Espiga de Oro, contó con una nutrida participación de trabajadores activos y despedidos quienes a lo largo del recorrido gritaron consignas para condenar lo que calificaron como una política antiobrera “que intenta poner en hombros de los más pobres todo el peso de la crisis”.

La primera es el proceso, lento pero irreversible, de despolarización por debajo, desde la propia gente. En Carabobo reposan 6200 calificaciones de despido en la Inspectoría del Trabajo. Hasta ahora se han materializado más de 1.000 despidos entre los que se contabilizan 529 en la empresa General Motors y 275 en la empresa Ford. Pero no sólo la situación aqueja a la empresa privada. En la marcha estuvieron representantes de Petrocasa y de la Misión Madres del Barrio para denunciar la desincorporación forzosa de un grupo de trabajadores de ambos organismos. Que hayan coordinado una actividad juntos, en base a una serie de demandas comunes, refleja una situación que puede encontrarse, para el ojo curioso, en diferentes sectores de la sociedad venezolana: El encuentro en base a problemas que los afectan por igual, independientemente de las opiniones políticas, que en una sociedad democrática siempre serán diversas y divergentes. Actualmente la despolarización se ha convertido en un elemento tan preocupante, que algunos asesores oficiales recomiendan abiertamente volver a vigorizar el maniqueísmo que ha protagonizado el escenario nacional, de cara a las próximas elecciones. Durante el trayecto, los trabajadores cuestionaban la mirada oficial de “gobierno vs oposición”, proponiendo un posicionamiento diferente: Trabajadores de un lado y patronos, públicos y privados, del otro.
El segundo elemento es que sólo la organización popular independiente es garantía del disfrute de derechos. A pesar de las políticas de hostigamiento al sindicalismo independiente, la creación de estructuras paralelas y la criminalización de diferentes mecanismos de lucha, un sector de los trabajadores del país continúan confiando en que es la organización gremial la herramienta para el disfrute de sus derechos laborales. Una organización que tiene la capacidad para autoconvocarse cuando la ocasión lo amerite, que discute y defiende una agenda de reivindicaciones eminentemente laboral –a pesar de la filiación político-partidista de los miembros del sindicato- y que es refractaria a las presiones cupulares para priorizar temas diferentes a los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Durante al trayecto, bajo el sol valenciano, la actividad tenía un nivel de organización dado por ellos mismos: Personas encargadas de la seguridad, otros repartiendo volantes y publicaciones, la vocería por los parlantes, etc.
La tercera cuestión es la defensa, por la vía de los hechos, del legítimo derecho a la manifestación pacífica. Rehuyendo del chantaje oficial que califica a cualquier protesta de “guarimba”, los trabajadores usaron uno de sus mecanismos históricos, como lo es la movilización de calle, para la presión por sus derechos. La manifestación en si misma era una respuesta a la política de criminalización de la protesta promovida por el gobierno nacional, en donde una serie de subterfugios legales intentan inhibir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Al estar en la calle los trabajadores recordaron que derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

Los organizadores anunciaron nuevas movilizaciones y actividades en los próximos días, entre las iniciativas destaca la realización de un encuentro regional de trabajadores el próximo 07.03.2015 en Valencia, donde continuarán caminando la lenta pero esperanzadora ruta de la recomposición de la autonomía de las organizaciones sindicales. Tenemos mucho que aprender y replicar de lo que está pasando, ahora mismo, en el centro del país.