123 organizaciones y 509 académicos y activistas sociales venezolanos agradecen el trabajo de WOLA por la democracia y los DDHH en su país

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(Caracas, 15 de marzo de 2019) Nosotros, un grupo activistas sociales, gremiales y populares; académicos y miembros de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, con amplia trayectoria en el trabajo social en nuestro país, queremos reconocer y apoyar públicamente el trabajo que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha realizado en los últimos años en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

WOLA ha seguido muy de cerca la evolución de la conflictividad venezolana. A diferencia de otros actores, cuyas conclusiones sobre Venezuela son decididas en oficinas y universidades muy lejos de los acontecimientos, diferentes miembros de WOLA han visitado de manera constante nuestro país para observar los hechos de manera directa, con sus propios ojos, para poder opinar con mayor conocimiento sobre la situación de los derechos humanos.

Además de esas visitas regulares a Venezuela, diferentes miembros de WOLA han conversado con diferentes sectores para tener una mirada amplia y diversa de las diferentes dimensiones del conflicto. No sólo han conversado con funcionarios gubernamentales y activistas del bolivarianismo, sino también con académicos venezolanos y activistas independientes de diferentes iniciativas y emprendimientos que conforman el actual movimiento social y popular venezolano. Durante sus visitas han podido escuchar los testimonios de víctimas y recibido los informes donde se detallan los diferentes patrones de violación de derechos humanos en Venezuela. WOLA ha establecido diferentes mecanismos para mantener un contacto fluido con los activistas, incorporando nuestras preocupaciones en los comunicados públicos emitidos por la organización sobre la situación venezolana, reiterando el apoyo a una salida pacífica y democrática del conflicto, que consulte al pueblo mediante elecciones libres e inclusivas sobre cuál deberían ser los destinos del país.

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La CIDH y Venezuela

Rafael Uzcátegui

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es parte del llamado sistema regional de protección que, junto a la Corte Interamericana, es parte de la estructura de la Organización de Estados Americanos. Esta arquitectura de monitoreo a las obligaciones de los Estados en la materia contó, desde su inicio en 1959, con la decidida participación de Venezuela. Es historia que el escritor Rómulo Gallegos fue su primer presidente, colocando los cimientos de la institución en el trienio 1960-1963. En 1999, cuando la región debía crear herramientas para abordar la crisis planteada por la primera dictadura que no provenía de un golpe de Estado militar, el gobierno de Alberto Fujimori, otro venezolano tuvo una actuación destacada como como presidente de la CIDH: El abogado Carlos Ayala Corao.

Es indiscutible que tanto la Comisión como la Corte han realizado, durante sus seis décadas de existencia, un invalorable aporte para la defensa de la dignidad humana en la región. Todos y cada uno de los graves casos y situaciones ha sido abordado generando los precedentes que han hecho de la defensa de los derechos humanos una de las dimensiones que ha trascendido gobiernos e ideologías: Desde los paramilitares colombianos hasta el asesinato de Arnulfo Romero, pasando por las denuncias de los excesos de las dictaduras del Cono Sur y la Cárcel de Guantánamo.

Precisamente por esta historia, y por lo que representa la CIDH para la posibilidad de alcanzar verdad, reparación y justicia para las víctimas que las expectativas sobre lo que pudiera hacer ante la situación venezolana son altas. Y sobre esto tenemos que decir que, quienes somos sus usuarios regulares y estamos atentos a sus períodos de audiencias, hemos tenido en los últimos meses un mal sabor en la boca sobre su abordaje de lo que es la peor crisis política, social y económica del país desde 1958.

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El Espectador: “Hoy la persecución es incluso contra los chavistas”

El director de la ONG venezolana Provea, de visita en Colombia por invitación de Dejusticia, habla sobre la salida de la fiscal Luisa Ortega y una posible nueva ola de protestas que podría llegar a las principales ciudades de su país.

Angélica Cuevas *

El escape cinematográfico de la exfiscal Luisa Ortega desde Venezuela hacia Colombia y luego hacia Brasil y Costa Rica ha venido cargado de denuncias de corrupción que incriminan a ministros, asesores de Presidencia y hasta al mismo Nicolás Maduro, a quien Ortega acusa de desviar por lo menos US$8 millones del fisco nacional.

Pero Luisa Ortega no ha sido siempre la misma. De un año para otro la funcionaria pasó de ser una de las más reconocidas caras del oficialismo venezolano a su principal enemiga política. “Podríamos decir que la fiscal está sufriendo de un despecho, un guayabo ideológico y político por el proyecto al que ella le apostó gran parte de su vida y que hoy está completamente desorientado”, dice Rafael Uzcátegui, director de Provea, uno de los centros de investigación-acción en derechos humanos más reconocidas de Venezuela. Uzcátegui estuvo participando en el 5º Taller Global de Dejusticia, que la semana pasada reunió en Bogotá a 15 activistas cuyas organizaciones son perseguidas por gobiernos autoritarios en distintas regiones del mundo.

Para el director de Provea, “desde el punto de vista político es bien interesante que la fiscal de Chávez esté huyendo del chavismo, pues ella sigue identificándose como partidaria o militante del proyecto que representaba Hugo Chávez. Lo que vemos hoy es una persecución del madurismo contra todo el que se oponga a ellos, incluyendo los chavistas. Que no quepa duda de que estamos en un escenario de ausencia de democracia donde un equipo electoral dictatorial intenta mantenerse y aferrarse al poder”.

  • ¿Cuál cree que es el chavismo que la destituida fiscal Luisa Ortega, ahora de gira por Latinoamérica en busca de asilo, todavía defiende?

El proyecto que se construyó con base en el culto de la personalidad de ese líder carismático, pero cuando Hugo Chávez fallece lo que queda de su legado no son más que múltiples interpretaciones. Entonces, quienes subieron al poder utilizaron esa imagen para hacer cualquier cosa. Los chavistas democráticos, como Luisa Ortega, sienten frustración porque creen que la posibilidad de cambio que representaba la Constitución de 1999, que fue muy bien recibida por una amplia mayoría de venezolanos, se vio truncada por la muerte de su líder, más ahora que Nicolás Maduro toma la decisión de sustituir esa Carta Magna y abolirla con la Asamblea Nacional Constituyente. Ese hecho fue decisivo, pues muchos chavistas comprobaron que ya no hacían parte del mismo proyecto de Maduro.

  • ¿Cree que el madurismo va a ponerle fin al chavismo?

Para nada. El chavismo como identidad política va a continuar, no va a desaparecer. Aunque Nicolás Maduro mañana salga del poder y venga un opositor, el chavismo va a mantenerse, y con eso hay que aprender a convivir y hay que entender las expectativas de un sector de la población que se ve allí representado.

  • ¿Cómo explicaría que Luisa Ortega, mientras fue fiscal, no se haya opuesto al gobierno de Maduro?

Creo que Ortega ha salido de la prisión comunicacional del Estado, y cuando la gente sale de esa camisa de fuerza comienza a reconocer situaciones y matices que antes no veía. El Gobierno ha constituido una hegemonía comunicacional con la que ha aumentado el divorcio entre lo real y lo que dicen los funcionarios públicos que sucede en Venezuela.

  • ¿Hay políticos y ciudadanos venezolanos que desconocen por completo la crisis venezolana?

Con toda seguridad. En Venezuela hay que hacer un esfuerzo muy grande para estar informado. El Gobierno ha construido una estrategia de control sobre lo que se difunde que ha sido muy exitosa: neutralizó a los más importantes medios televisivos, y eso incluye el control de lo que se transmite en televisión por cable. Tenemos el episodio más reciente de la salida de Caracol TV. Aparte de esto, a muchos medios radiofónicos el Gobierno les ha quitado sus licencias, y los medios impresos se han convertido, en su mayoría, en vulgar propaganda política, llena de tonos grotescos e insultos contra los opositores. La estrategia es hacer que la gente tenga una idea parcial de la realidad, a pesar de que la esté sufriendo y no tenga qué comer ni tenga dinero.

  • ¿Cómo han respondido las organizaciones sociales a esta falta de información veraz?

En una crisis como la nuestra, las organizaciones de derechos humanos deben asumir un papel activo en la recuperación de la democracia, y para nosotros fue claro que teníamos que enfrentarnos a esa hegemonía comunicacional. Nos dedicamos entonces a explicarle a la gente lo que estaba ocurriendo. Cuando decidimos llamar “dictadura” al gobierno de Maduro, tuvimos que contarles a los ciudadanos por qué este gobierno se comportaba como una dictadura moderna, muy diferente a las de Pinochet (Chile) y Videla (Argentina). El reto de comunicar en un país como Venezuela nos obligó a desprendernos del lenguaje técnico de los derechos humanos y a experimentar con lenguajes más sencillos y herramientas como el cómic, los microprogramas de radio, las columnas de prensa y las infografías animadas que enviamos por redes sociales y chats para informar sobre el país.

  • Después de cuatro meses de protestas, más de 120 muertes, un plebiscito, unas elecciones para Asamblea, ¿les quedan fuerzas a los manifestantes?

Hay cansancio. Después de meses de protestas muy intensas (unas 26 al día en todo el país) viene un agotamiento natural, pero también hay frustración y rabia porque no se lograron los objetivos que la gente quería y la situación se ha agravado. Entonces ahora hay un ambiente en el que algunos quieren identificar quién fue el responsable de la derrota de la movilización social pacífica. La gente siente que el desgaste ha sido mucho y que a cambio tenemos un gobierno en crisis, pero que logró mantenerse en el poder. Hay un sinsabor frente a lo que resultó siendo el liderazgo de la oposición, pues los políticos animaron a mucha gente a prepararse para estados de desobediencia y resistencia que luego desactivaron, cancelando reuniones, plantones y marchas. Pero estoy seguro de que esto no va a acabar con las protestas en Venezuela. El próximo ciclo se va dar muy pronto, estimulado por las razones económicas, que son agobiantes, y seguramente las futuras manifestaciones van a mantener algunas continuidades con las pasadas, pero también van a traer cosas nuevas. Temo que mucha gente piense que la estrategia de protesta pacífica fue derrotada y que eso signifique que hay que buscar otros mecanismos, como la violencia.

  • Hace poco un periódico oficial señaló a su organización de cometer “crímenes de odio”, por haber publicado un sitio web donde denuncian a quienes ustedes consideran son violadores de derechos humanos. ¿Cree que podría ir preso en algún momento?

Junto con el Foro Penal y la ONG Transparencia Venezuela, somos quizá los activistas más señalados del país. Creemos que después de la persecución a la fiscal vendrá persecución a miembros de la Asamblea que participaron en las protestas y después al resto de gremios y organizaciones sociales, donde nos ubicamos nosotros. Por primera vez en 28 años tenemos el protocolo de seguridad más alto en Provea y estamos actuando para prepararnos en caso de que decidan perseguirnos. Es difícil, porque en principio pensamos que si nos dictaban alguna orden de privación de libertad nos iríamos de Venezuela, pero ahora, cuando vemos el sentimiento de frustración y desazón que queda en la gente cuando los líderes sociales y políticos deciden exiliarse, sentimos que tenemos que resistir, y lo estamos haciendo.

* Periodista de Dejusticia.

http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/hoy-la-persecucion-es-incluso-contra-los-chavistas-articulo-711898

Venezuela: aikido y derechos humanos

El actual conflicto venezolano resulta similar al aikido, el arte marcial en el que para vencer se utiliza en su contra la fuerza del oponente. En octubre de 2016, cuando se había logrado el consenso de multitudes y la comunidad internacional para la realización de un referéndum revocatorio para dirimir la crisis, voceros de la oposición asistieron, improvisadamente, a una mesa de diálogo de la cual se levantaron con la idea de «elecciones generales adelantadas». El gobierno se benefició del error táctico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró así dinamitar la confianza de sus bases de apoyo, mientras se generalizaba el sentimiento de desilusión. Meses después, para castigar a una Asamblea Nacional que aprobaba una declaración de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el gobierno formalizó el proceso de sustitución de sus competencias en dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Aunque la neutralización del Parlamento se realizaba por la vía de los hechos desde un año antes, con escaso costo político para Miraflores, su registro formal generó una ola de rechazo que incluyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Los partidos políticos opositores lograron recomponer la confianza, en esta oportunidad, por un traspié del chavismo, en una ola de protestas que continúa hasta el momento de escribir esta columna.

El gobierno bolivariano se ha debilitado en 2017 más como consecuencia de su soberbia ciega que por resultado de la agenda política opositora. En el plano internacional, una torpe diplomacia encabezada por Delcy Rodríguez le ha restado apoyos que hasta hace poco se debatían entre la ambigüedad y la cautela. Uruguay ha sido el caso más llamativo. A comienzos de abril, Nicolás Maduro acusó al canciller de ese país de acordar con Estados Unidos los ataques contra Venezuela, una sugerencia inaguantable para un presidente salido de las filas de la izquierda. «Si [Maduro] no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas, y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira», expresó el presidente Tabaré Vázquez. El cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela no solo sumó al proceso de activación de la Carta Democrática, sino que despejó la ruta para iniciar acciones diplomáticas similares en el Mercosur, donde las decisiones, según los estatutos, se toman por consenso. La credibilidad del jefe de Estado caraqueño se erosiona tras cada declaración llena de fantasía. El 19 de abril, ante una concentración en apoyo a su gestión, calculó la asistencia en «tres millones de personas», en una avenida de Caracas que, repleta –lo que no ocurría ese día–, tenía capacidad para albergar no más de 200.000 personas. En 2017, las debilidades comunicacionales del gobierno parecen tener como origen la misma causa que se había diagnosticado para la oposición a finales de 2016: la ausencia de olfato para captar correctamente la realidad.

Rupturas

No obstante, la actual ola de protestas no es una simple extensión de los ciclos de movilización antichavistas de años anteriores. Luego de la peor derrota del bolivarianismo en el poder, en las elecciones parlamentarias de finales de 2015, con casi dos millones de votos por debajo de sus oponentes, el chavismo tomó la decisión de crear un modelo de gobernabilidad aún más autoritario ante la pérdida del apoyo popular. Su piedra fundacional fue la sustitución de la Constitución por una legalidad que le confería al presidente poderes absolutos, bajo el nombre «Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica». Seguidamente el árbitro electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, suspendió irregularmente la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente y detuvo de manera indefinida las elecciones que debían realizarse en diciembre de 2016 para las 24 gobernaciones regionales. Progresivamente, fue quitando competencias a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que la legitimación del proceso vía sentencias generó el descontento público de la fiscal general de la República, quien las calificó como la «ruptura del hilo constitucional» y abrió así la caja de Pandora. La aparición de fracturas dentro del bloque oficialista ha sido aprovechada por la oposición: una de las consignas más populares es las movilizaciones es «Lo dijo la fiscal, ustedes son golpistas». Y como si fuera poco, todo esto sucede teniendo como gran telón de fondo una de las peores crisis económicas que recuerden los venezolanos, con una inflación superior a 600%, escasez de alimentos y medicinas y evaporación del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera –según las propias cifras oficiales– un porcentaje de personas en situación de pobreza mayor que la existente cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez. Según los propios datos del gobierno, cuya rigurosidad ha sido puesta en cuestión, casi la mitad de los venezolanos se encontrarían en situación de exclusión.

Continuidades

La ola de protestas ha sido respondida por las autoridades recordando los peores patrones de abuso de poder de ciclos de movilización anteriores. Además de prohibir que las movilizaciones lleguen al centro de Caracas –sede de los poderes públicos–, se evidencia un uso desproporcionado de gases tóxicos prohibidos por la Constitución, disparos de perdigones a corta distancia, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, robo a manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, así como la violación del debido proceso para, cuando se cerraba este texto, más de 1.200 personas detenidas en todo el país por protestar, en cifras del Foro Penal Venezolano. Según los datos de Provea, 20 personas han perdido la vida en contexto de manifestaciones. Para aumentar la crispación, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela como Diosdado Cabello y Pedro Carreño han mostrado en televisión un folleto en el que aparecen nombres, fotografías y direcciones de líderes políticos y sociales de oposición, que según afirman habría sido distribuido a militantes del oficialismo. «El pueblo sabe dónde tiene que ir», declararon ante las cámaras.

Paramilitares “de izquierda”

La situación continúa deteriorándose tras la decisión de Maduro de activar el llamado “Plan Zamora”, una estrategia militar de ocupación del territorio que incorpora, explícitamente, la actuación de grupos de civiles armados. Se trata de lo que desde el chavismo se denomina «colectivos» y que las organizaciones de derechos humanos han definido, lisa y llanamente, como «paramilitares». Durante el primer día de actuación del Plan Zamora, el 19 de abril, en 22 de los estados donde ocurrieron movilizaciones se documentó la actuación de «colectivos» en 16 de las regiones. Los videos los muestran desplazándose en motocicletas, con el rostro cubierto con capuchas y disparando armas de fuego.

La actuación de los «colectivos», en un contexto de violencia e inseguridad ciudadana que ubica a Venezuela dentro de los países más peligrosos de la región, puede agravar su ya delicada situación en derechos humanos. La noche del 20 de abril, ocho zonas de Caracas, incluyendo algunas que eran consideradas hasta hace poco como «territorios del chavismo», protagonizaron batallas contra las autoridades, que incluyeron saqueos a establecimientos comerciales.

La crisis podría tener su salida menos traumática si Maduro y su entorno permitieran la realización de elecciones. En el aikido en que se ha convertido esta situación haría falta un elemento: la desvinculación pública de la intelectualidad izquierdista internacional que durante mucho tiempo apostó por el proyecto bolivariano. Algunos han dado el primer paso (Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Clifton Ross), pero muchos de quienes saben que las cosas no van bien por el país caribeño han optado por el silencio. ¿Permitirán que el peso simbólico de su opinión sea utilizado por quienes buscan llevar a Venezuela a un momento diferente de su historia? (Publicado en Nueva Sociedad)

Gala Garrido: Retratos para Humano Derecho

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Nuestra amiga Gala Garrido, coordinador de la Organización Gala Garrido, ha tenido la gentileza de hacernos unos retratos a Melanio Escobar y este servidor para el proyecto de Radioweb Show “Humano Derecho, que empezaremos este domingo 19 de julio por runrunes.es. Mas información en http://www.derechos.org.ve/2015/07/14/desde-este-domingo-19jl-escucha-humano-derecho-radio-por-runrun-es/

El eterno retorno de la impunidad

Hijos de evangelina carrizo
Hijos de evangelina carrizo

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

La teniente Yendry Velásquez, en su faceta civil, es la vocera más conocida del llamado “Comité contra la Guarimba y el Golpe Continuado”. Y cómo muchas víctimas de delitos en el país, el fondo de su peregrinación es la impunidad que rodea su caso. Su esposo, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, fue asesinado por arma de fuego el 12 de marzo de 2014 cuando había acudido a una protesta que se realizaba en Valencia. La esposa de Bracho tiene el derecho de que se cumpla la justicia en su caso, y que los responsables materiales e intelectuales, sean detenidos, procesados y sentenciados, respetando el debido proceso.

Sin embargo, es una triste paradoja que esta víctima del delito de homicidio haya sido, a su vez, un victimario en un caso impune de violación al derecho a la vida. El 4 de marzo del año 2004, con el grado de Subteniente, Ramzor Bracho actuó como jefe de la Comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que acudió a una movilización que se realizaba en Machiques, estado Zulia. Los funcionarios dispararon gases lacrimógenos para reprimir la manifestación y detonaron armas de fuego contra los manifestantes, siendo asesinada la dirigente del partido Acción Democrática Evangelina Carrizo, de 50 años de edad, de un disparo en la espalda. Su hijo Alejandro Carrizo se encontraba con ella en aquel momento: “Vi su espalda ensangrentada pero nunca pensé que estaban disparando balas, mi mamá caminó unos 4 metros y se desplomó porque no podía respirar”. Según relató varios efectivos los alcanzaron y mientras Alejandro trataba de acercase a su madre moribunda, varios uniformados lo sujetaron para que otro lo golpeaba, luego lo metieron en el vehículo militar estacionado al lado de su madre, sin que ninguno hiciera algo para socorrerla.

Según consta en el acta de presentación de imputado, emitida por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 29 de noviembre de 2004, fue imputado el funcionario Juan Carlos Casaña Rivero por los delitos de homicidio culposo y uso indebido de arma de fuego, tras demostrar las pruebas balísticas que el disparo homicida había salido de su arma de reglamento. Casaña dejó constar en el expediente que ese día no participó en la comisión de la GNB asignada a la manifestación, ni tampoco estuvo en el sitio. Allí, revela que cómo le dijo el distinguido de la GNB Richard Pargas, el autor de los disparos había sido el subteniente Ranzor Bracho Bravo, y que el había asistido en apoyo a la Fiscal Vigésima del Ministerio Público para una inspección ocular en el sitio del crimen. Según su relato, Casaña al no encontrarse en comisión había dejado su arma de reglamento en el parque de armas del destacamento de la GNB, por lo que suponía que había sido tomada por Bracho Bravo para acudir al operativo.

Esta versión era corroborada por el hijo de la víctima y testigo presencial del hecho, Alejandro Carrizo, quien desde el primer momento señaló a Ramzor Bracho como autor de los disparos. Esto quedó registrado, oficialmente, en la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, correspondiente al 10 de octubre del año 2006: “-Alejandro Carrizo- manifestó en la audiencia preliminar que Ramzor Bracho fue la persona que mató a su mamá por la espalda y que éste iba en un convoy de la Guardia disparando, lo que junto con la mencionada experticia practicada al proyectil extraído a la víctima y a la experticia practicada al libro del parque de armas del Destacamento N° 36 de la Guardia Nacional, conllevaron a determinar que efectivamente la persona que iba disparando en el estribo del convoy señalado por la víctima era Ramzor Bracho, sin embargo, el proyectil al cual se hizo referencia no pertenece al arma de fuego asignada a Ramzor Bracho sino al arma de fuego asignada a Juan Carlos Lasaña”. Videos que circularon por esa fecha mostraban al Subteniente disparando contra la multitud.

El resultado de esta situación fue que el subteniente Bracho, quien estuvo algunos meses detenido en su destacamento, recibió libertad plena en el 2006, mientras que Juan Carlos Casaña, fue privado de su libertad en Destacamento de la GNB No. 3 esperando un juicio que nunca se realizó. La misma impunidad que hoy protesta Yendry Velásquez.

Al divulgarse sobre el asesinato de Bracho, Alejandro Carrizo afirmó “No me alegra que el guardia nacional haya sido asesinado, a pesar de que él le quitó la vida a mi madre. Yo perdoné y hoy pido a Dios que lo perdone”. Si hubiera sido responsabilizado por la muerte de Evangelina, un Ramzor privado de libertad hoy se encontrara vivo y fuera visitado por sus familiares, incluyendo su esposa la teniente Yendry Velásquez.

Valencia: Una marcha laboral autónoma

valenciaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 11 de febrero alrededor de 200 trabajadores y activistas sindicales marcharon en la ciudad de Valencia para rechazar la ola de despidos masivos, tanto en las entidades públicas y privadas, que a pesar del decreto de inamovilidad laboral aqueja a la región. La movilización, la primera del año 2015 con un contenido exclusivamente social –también se rechazó la aplicación del paquete de medidas económicas y se pidió un aumento de salarios acorde a la inflación- fue significativa por varias razones, que pasaremos a comentar.

Así lo reseñó el sitio web de Provea: “Que la crisis la paguen los corruptos, no los trabajadores”, “No a los despidos, reenganche ya”. Con estas, y otras consignas, trabajadores de las empresas Filtros Wix, Petrocasa, Chrysler de Venezuela, General Motors, Ajeven, Pirelli y Ford, acompañados por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y sindicalistas de la Misión Barrio Adentro, marcharon este 11.02.2015 en Valencia, para rechazar la ola de despidos masivos que se han producido en empresas públicas y privadas de la entidad , y que según denuncian, se han realizado con la “complicidad” de la Inspectoría del Trabajo. La movilización que partió a las 9 de la mañana desde el sector La Espiga de Oro, contó con una nutrida participación de trabajadores activos y despedidos quienes a lo largo del recorrido gritaron consignas para condenar lo que calificaron como una política antiobrera “que intenta poner en hombros de los más pobres todo el peso de la crisis”.

La primera es el proceso, lento pero irreversible, de despolarización por debajo, desde la propia gente. En Carabobo reposan 6200 calificaciones de despido en la Inspectoría del Trabajo. Hasta ahora se han materializado más de 1.000 despidos entre los que se contabilizan 529 en la empresa General Motors y 275 en la empresa Ford. Pero no sólo la situación aqueja a la empresa privada. En la marcha estuvieron representantes de Petrocasa y de la Misión Madres del Barrio para denunciar la desincorporación forzosa de un grupo de trabajadores de ambos organismos. Que hayan coordinado una actividad juntos, en base a una serie de demandas comunes, refleja una situación que puede encontrarse, para el ojo curioso, en diferentes sectores de la sociedad venezolana: El encuentro en base a problemas que los afectan por igual, independientemente de las opiniones políticas, que en una sociedad democrática siempre serán diversas y divergentes. Actualmente la despolarización se ha convertido en un elemento tan preocupante, que algunos asesores oficiales recomiendan abiertamente volver a vigorizar el maniqueísmo que ha protagonizado el escenario nacional, de cara a las próximas elecciones. Durante el trayecto, los trabajadores cuestionaban la mirada oficial de “gobierno vs oposición”, proponiendo un posicionamiento diferente: Trabajadores de un lado y patronos, públicos y privados, del otro.
El segundo elemento es que sólo la organización popular independiente es garantía del disfrute de derechos. A pesar de las políticas de hostigamiento al sindicalismo independiente, la creación de estructuras paralelas y la criminalización de diferentes mecanismos de lucha, un sector de los trabajadores del país continúan confiando en que es la organización gremial la herramienta para el disfrute de sus derechos laborales. Una organización que tiene la capacidad para autoconvocarse cuando la ocasión lo amerite, que discute y defiende una agenda de reivindicaciones eminentemente laboral –a pesar de la filiación político-partidista de los miembros del sindicato- y que es refractaria a las presiones cupulares para priorizar temas diferentes a los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Durante al trayecto, bajo el sol valenciano, la actividad tenía un nivel de organización dado por ellos mismos: Personas encargadas de la seguridad, otros repartiendo volantes y publicaciones, la vocería por los parlantes, etc.
La tercera cuestión es la defensa, por la vía de los hechos, del legítimo derecho a la manifestación pacífica. Rehuyendo del chantaje oficial que califica a cualquier protesta de “guarimba”, los trabajadores usaron uno de sus mecanismos históricos, como lo es la movilización de calle, para la presión por sus derechos. La manifestación en si misma era una respuesta a la política de criminalización de la protesta promovida por el gobierno nacional, en donde una serie de subterfugios legales intentan inhibir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Al estar en la calle los trabajadores recordaron que derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

Los organizadores anunciaron nuevas movilizaciones y actividades en los próximos días, entre las iniciativas destaca la realización de un encuentro regional de trabajadores el próximo 07.03.2015 en Valencia, donde continuarán caminando la lenta pero esperanzadora ruta de la recomposición de la autonomía de las organizaciones sindicales. Tenemos mucho que aprender y replicar de lo que está pasando, ahora mismo, en el centro del país.

Protestas 2014: Balance 365 días después

hulktachiraColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En opinión de Provea el ciclo de manifestaciones que caracterizaron el primer semestre del año 2014 comenzaron el 4 de febrero en el estado Táchira, cuando un grupo de estudiantes universitarios protestaron por el presunto ataque sexual contra una compañera. Doce meses después, y desde una perspectiva de derechos humanos, realizamos el siguiente balance sobre aquellas jornadas:

1) El Estado como responsable del incremento de los niveles de violencia: La detención de los primeros manifestantes en el estado Tàchira el 04F, y luego otros en los días siguientes, generó una respuesta del movimiento estudiantil que se inició en las ciudades del interior del país y llegó a Caracas el 12 de febrero. La convocatoria a la movilización ese día fue criminalizada por el propio primer mandatario. A la 1 de la tarde se realizaban movilizaciones masivas en 12 ciudades del país, de manera absolutamente pacífica, donde sólo se registraron incidentes en la ciudad de Caracas, cuando los manifestantes fueron repelidos con el uso de armas de fuego –con el resultado del asesinato del activista  Juan Montoya del izquierdista Secretariado Revolucionario de Venezuela- y, por otro lado, ocurrieron actos vandálicos en la sede de la Fiscalía. Finalmente serían 3 las personas asesinadas en la capital durante ese dìa. Automáticamente, altos voceros gubernamentales responsabilizaron de las muertes a los propios manifestantes, sin embargo, videos difundidos incluso por medios progobierno mostraron a funcionarios policiales y paramilitares simpatizantes del gobierno disparando contra los manifestantes. Ademàs de responsabilizar a los manifestantes como responsables de los asesinatos, las autoridades sugirieron la prohibición de otras movilizaciones. Para Provea cada vez que el gobierno ha obstaculizado el ejercicio de la manifestación pacífica, ha estimulado la aparición de la protesta violenta.

2) Persiste la impunidad estructural en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía: Luego de un año del inicio de las protestas, de la totalidad casos que investiga la Fiscalía en una ínfima parte se ha dictado una sentencia firme contra los responsables. Tanto las violaciones a los derechos humanos, como los delitos ocurridos en el contexto de las protestas, continúan en impunidad. Persiste el incumplimiento del derecho a la manifestación y la libertad de asociación tal como se encuentra consagrado en la Carta Magna, además de otras normativas como la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y el manual de procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana para controlar manifestaciones. Las organizaciones documentaron graves violaciones ocurridas en los centros de detención.

3) A nivel internacional se conoció más la situación de deterioro de los DDHH en Venezuela: Los diferentes pronunciamientos realizados durante los hechos, que incluyen el Alto Comisionado de DDHH de la ONU y algunas de sus relatorías y el informe especial de Amnistía internacional, entre otros, expresaron su preocupación frente al deterioro de los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática en el país.

4) Aparición de nuevos patrones de violación a los DDHH: El uso de grupos paramilitares para el enfrentamiento a los manifestantes constituye una de las más preocupantes tendencias surgidas durante las jornadas. El propio caso del homicidio de Juan Montoya revela la vinculación entre estos grupos irregulares y los cuerpos policiales estatales. Otra novedad fueron los ataques contra residencias e inmuebles por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares donde se escenificaron las protestas.

5) Continuidades y rupturas dentro de la cultura de protesta venezolana: La “guarimba” una forma de protesta potencialmente violenta fue una de las 20 estrategias diferentes de protesta, desarrolladas durante las jornadas, en su mayoría pacíficas. La expansión del fenómeno y su coordinación en redes sin centro visible constituye una novedad, donde las manifestaciones ocurridas en el interior del país fueron tan importantes como las ocurridas en Caracas. Los datos reflejan que a pesar de su protagonismo mediático, las protestas violentas fueron minoría respecto a las pacíficas. Las demandas políticas fueron las principales en la capital, sin embargo en el resto del país las exigencias sociales formaban parte del discurso de los grupos movilizados. En Caracas y otros centros urbanos las protestas se escenificaron en espacios territoriales de clase media, mientras que en otras ciudades incorporaban sectores populares y rurales. El crecimiento de la hegemonía comunicacional estatal estimuló el uso intensivo de redes sociales por parte de los manifestantes. Un año después las organizaciones de derechos humanos insistimos en el respeto del derecho a la manifestación pacífica y ante protestas violentas el uso de los principios internacionales del uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

Lamentamos que las regulaciones recientes (Ley del Sistema de Protección Popular para la Paz y la resolución del Ministerio de Defensa) insistan en jerarquizar, ante las demandas ciudadanas en la calle, el aspecto represivo sobre los canales democráticos de respuesta a las demandas.

La resolución Padrino López

12995992_copia.520.360Rafael Uzcátegui

El pasado 27 de enero, mediante la Gaceta Oficial 40.589, el país amaneció con la noticia de la existencia de la resolución 008610, promovida por el ministro de defensa Vladimir Padrino López, que “regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para regular el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. La gravedad de la normativa es escandalosa, pues legitima la inconstitucional participación de los militares en labores de seguridad ciudadana.

Los argumentos contra la resolución Padrino López son, por tanto, jurídicos y políticos. La Carta Magna es clara en establecer, artículo 332, que los “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”, enumerando 4 cuerpos encargados de dicha labor. Por su parte el artículo 329 indica que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el único órgano de las FANB que realiza labores de mantenimiento del orden interno. Los manuales de procedimiento policial indican que la GNB participa en la contención de manifestaciones cuando han sido superadas por la situación. Por su parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela en el caso del Caracazo expresa que no debe usarse, salvo situaciones extremas, a las FANB para labores de mantenimiento del orden público. No es cierto, como lo expresa la resolución, que su contenido está ajustado a estándares internacionales de DDHH. La opinión de los diferentes organismos de protección ha sido taxativa en separar las funciones destinadas a la defensa nacional, propias de los militares, y las de seguridad ciudadana, la cual deben ser realizadas por funcionarios adiestrados para el trato con civiles, lo cual no es el caso de los soldados.

La respuesta política a esta iniciativa tiene que ver con la creación de un Estado policial militarizado entre nosotros, con lo cual el gobierno de Nicolás Maduro aspira enfrentar la conflictividad social futura como resultado de la crisis económica, de las medidas antipopulares en curso y la pérdida de popularidad de su figura. Hemos descrito en otros textos como nos encontramos en un proceso de transición, en el cual los chavismos perderán la hegemonía del control político del poder. Esto explica el proceso de legitimación de capitales y blanqueos de dinero mediante la compra compulsiva, a precios inflados, de diferentes medios de comunicación nacionales. Ante la ausencia de carisma y la falta de dirección, Maduro apelará a la represión pura y dura, en una estrategia que incluye el uso de la hegemonía comunicacional a su alcance y la actuación de civiles armados contra los protestantes. Esta estrategia, militar más que política, tiene corto vuelo, pues entre otros elementos ya no cuenta con el respaldo internacional que alguna vez podía mostrar su antecesor. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)

Sanciones, legitimidad y debido proceso

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 18 de diciembre, un día después de anunciar el inicio de conversaciones entre su país y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó la denominada “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela” que establece sanciones para funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Según la iniciativa el presidente norteamericano impondrá sanciones a quienes incurran en tres actos:

1) Haya cometido o sea responsable de dirigir u ordenar a otros, actos significativos de violencia o abusos graves en derechos humanos contra de personas vinculadas a las protestas que comenzaron el 4 de febrero de 2014;

2) Haya ordenado o dirigido la detención o enjuiciamiento de una persona debido a su ejercicio de la libertad de expresión o reunión; o

3) A sabiendas, haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado significativos recursos financieros, materiales, tecnológicos o de bienes o servicios en apoyo de la comisión de los actos descritos anteriormente.

Las represalias establecidas son de dos tipos:

a) El bloqueo de activos: bloquear y prohibir todas las transacciones de todos los bienes e intereses en propiedad que se encuentren en los Estados Unidos

b) La exclusión de los Estados Unidos y la revocación de la visa.

Por principios las organizaciones de derechos humanos estamos de acuerdo con las sanciones contra violadores, en el camino del acceso a la justicia para las víctimas, pero no cualquier sanción ni impuesta por cualquier organismo. Cuando la justicia del país mantiene en impunidad las situaciones denunciadas, los afectados acuden al denominado sistema internacional de protección desarrollados tras acuerdos internacionales producto de la lucha de los pueblos por la dignidad. La Organización de Naciones Unidas ha promovido para ello mecanismos de protección como el Consejo de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales y los órganos creados en virtud de instrumentos internacionales en la materia, compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados partes en los tratados cumplan sus obligaciones. Por tanto, a nivel internacional son cualquiera de estos organismos los legítimos para revisar la situación de derechos humanos en el país y realizar recomendaciones y exigencias al gobierno venezolano sobre el comportamiento de sus funcionarios.
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Nodos, redes y antipoder: Los retos actuales en la defensa de los DDHH

Rafael Uzcátegui

Durante mucho tiempo la disputa de hombres y mujeres por la transformación del mundo era, básicamente, una confrontación ideológica. Lo que conocemos como modernidad fue, entre otras cosas, la creencia que poseyendo las herramientas adecuadas –el método científico- era posible conocer, comprender y pensar la realidad, para modificarla. Fue así como la aparición de las llamadas ideologías políticas –liberalismo y socialismo en todas sus variantes, principalmente- intentaron legitimarse basándose en su supuesta forma de pensar científica. Cada ideología se estructuró y proyectó a sí misma como un supuesto cuerpo lógico y coherente de pensamiento, el cual había descifrado la totalidad de la experiencia humana y contenía la mejor manera para optimizar la vida en sociedad. Como cada una era promesa de paraíso en la tierra, intentó que sus afiliados crecieran cuantitativamente lo suficiente para hegemonizar la política y, por extensión, la vida cotidiana de los seres humanos. Esta disputa protagonizó todo el siglo XX, y como sabemos, no solamente ocasionó muchos muertos, sino que las propias ideologías demostraron ser respuestas parciales, y en ocasiones contradictorias, para la complejidad de las sociedades y, por otro lado, herramientas limitadas para explicar la propia subjetividad de hombres y mujeres.
Esta pretensión omniabarcante y totalitaria –en el amplio sentido del término- de la confrontación ideológica tuvo, a nuestro entender, una primera fractura con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, realizada en 1948. No es casualidad que este catálogo del “deber ser” haya sido enunciado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto Nazi y las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki demostraban el lado irracional e inhumanos de los avances científicos. Esta declaración estableció que, independientemente de las cualidades de cada ser humano, había un conjunto de valores que eran iguales para todos, y que debían ser respetados. En el fondo, aunque la proclama no lo hizo explícito postulaba lo que todas, sin excepción, las ideologías negaban: El derecho a la alteridad, a ser diferente. Es por esta razón que en este tiempo de exigencias fragmentarias, cuando en casi todo el mundo se sospecha de quien tenga la receta salvadora para todo, la lucha por más y mejores derechos humanos es el gran telón de fondo.

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La importancia del testimonio

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En su testimonio sobre su visita a Israel, el ilustrador canadiense Guy Delisle describe en su comic book “Crónicas de Jerusalén” cuando, en medio de un taller sobre historieta en la ciudad vieja de Nablús, uno de sus alumnos le relata: “Hace 3 años que no salgo de Nablús con tantos puntos de control militar, es un despropósito. Los que tenemos menos de 30 años no tenemos autorización. Estamos secuestrados. Todas las noches hay incursiones en la ciudad a partir de las 23 horas. Nuestra policía acaba el turno para entregar el relevo al ejército israelí, es muy humillante. Nablús la gran cárcel. Así la llamamos aquí”. Cuando Guy, con un vaso de té en la mano le dice entusiasmado “¡Podrías contar eso en un comic!”, el chico le responde “¿A quién le interesa?”.

La anécdota revela cómo las personas suelen dar poca importancia a su testimonio, su propia experiencia, sobre la realidad que les rodea. En todas las visitas de campo realizadas por Provea, tras las manifestaciones de febrero, hemos escuchado los relatos de las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales, militares o paramilitares. Cada historia nos ha recordado hasta dónde puede llegar la brutalidad humana, así como los oscuros laberintos por donde transita la impunidad. Sólo un poco porcentaje de las víctimas han accedido a que sus testimonios se hagan públicos y se utilicen para denunciar los excesos gubernamentales. El resto han sido inmovilizados por el miedo. Ante la omisión de la Defensoría del Pueblo y el desinterés del Ministerio Público, las personas temen que sus palabras extiendan hasta el infinito el hostigamiento y las amenazas en su contra. En el caso de ataques por paramilitares el pánico es mayor, especialmente si los agresores viven en el mismo barrio que las víctimas.
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Rodney Alvarez, un caso que pone rostro a la injusticia

6e336-rodneyColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Hay injusticias, con nombre y apellido, que dan rostro a males padecidos por muchos. El de Rodney Alvarez es uno de ellos.

El 9 de junio de 2011 un hecho confuso dentro de la empresa Ferrominera terminó con el trabajador Renny Rojas asesinado de un disparo. Ese día se elegía la Comisión Electoral que organizaría las elecciones del sindicato SintraFerrominera. Rubén González, quien había estado preso y enfrentaba un juicio por acompañar una huelga de trabajadores era su Secretario General y se lanzaba a la reelección. El oficialismo quería propinarle un golpe político derrotándolo con la candidatura del dirigente del PSUV Alfredo Spooner, quien en ese momento contaba con el apoyo de Radwan Sabbagh, presidente de la empresa. Durante la jornada se elegirían tres de los miembros de la Comisión Electoral que organizaría posteriormente las elecciones. Y si alguien tenía intenciones de manipularlas, tendría más posibilidad si controlaba también el equipo que las promocionaría. La asistencia fue masiva, pero durante la mañana el clima fue enturbiándose debido a la presunta votación de personas no relacionadas con la compañía. Comenzaron los forcejeos, que derivaron en la detonación de disparos. Varios testigos, incluyendo al propio González, declararon que vieron a Hector Maicán, en ese momento secretario de finanzas del sindicato y partidario de Spooner, realizar los disparos. Maicán fue detenido y su arma fue la única que se decomisó en el momento. Sin embargo, apenas duró 24 horas preso. Sin ningún tipo de evidencia que lo respalde, se detuvo a la persona que después de Maicán más se parecía al retrato hablado realizado tras la declaración de quienes estaban en el sitio: El trabajador Rodney Antonio Álvarez Rodríguez. Hoy se encuentra, a la espera del inicio del juicio en su contra, en la cárcel de El Rodeo.

Desde aquella jornada varias cosas han pasado. González fue reelecto como Secretario General del sindicato y Radwan Sabbagh fue detenido por actos de corrupción dentro de Ferrominera. Los trabajadores han incluido la libertad de Álvarez dentro de sus consignas en las movilizaciones por condiciones dignas y un emprendimiento político de izquierda de la zona, Núcleo Proletario Clasista, han  iniciado una campaña para denunciar la injusticia en el caso. Yaritza Rodríguez, madre de Rodney hizo un llamado a la progenitora del trabajador asesinado: “Luchemos juntas para que se haga justicia. Ya que con plata ellos creen que pueden comprar todas las conciencias. Pero el dolor de una madre nadie nos lo podrá comprar”. Rodney es parte de las estadísticas del retardo procesal en el país: Después de tres años aún no se inicia el juicio. Organizaciones que velan por los derechos de los privados de libertad han diagnosticado que el retardo procesal es una constante en las prisiones del país, especialmente en las personas de pocos recursos que no tienen influencias ni recursos económicos para acelerar los procesos o comprar las sentencias. Cualquier persona que haya tenido que ver en los últimos años con el sistema de administración de justicia conoce sus irregularidades. Jueces provisionales, designados a dedo desde las alturas, siguen otros dictados diferentes a la justicia y la verdad de los hechos. Mientras el “pranato” organiza la vida dentro de las cárceles en el país, un fenómeno que hubiera hecho las delicias de pensadores como Michael Foucault, extramuros jueces y fiscales deciden, bajo referentes distintos al de la probidad, el destino del resto de los mortales.
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Los logros de la protesta

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Columna de Provea para el Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En los últimos días los niveles de conflictividad en el país han descendido respecto a la situación de los meses febrero, marzo y abril. En parte, la sociedad se ha dado una tregua observando la evolución del Mundial de Fútbol que actualmente se desarrolla en Brasil. No obstante, en diferentes ámbitos algunos sectores han reflexionado sobre las manifestaciones en el primer semestre. Algunos análisis son pesimistas: Luego de 42 personas asesinadas, sostienen, nada ha cambiado. El Ejecutivo Nacional, complementan, ha hecho oídos sordos a las peticiones ciudadanas: Los problemas de inseguridad, desabastecimiento e inflación continúan sin resolverse.

En cambio, nuestra mirada de derechos hace énfasis en la parte medio llena del vaso. Creemos que el ejercicio del derecho a la manifestación siempre deja saldos positivos, y las recientes movilizaciones realizadas en el país no son una excepción. En nuestra humilde opinión, enlistamos algunos logros:

1) La defensa del propio derecho a la manifestación pacífica: A pesar de las amenazas estatales, que han incluido beligerantes declaraciones en contra por parte del propio presidente Maduro y una sentencia inconstitucional sobre la necesidad de un “permiso” por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la gente no se ha dejado intimidar y ha continuado ejerciendo en la calle su derecho a la manifestación pacífica. De manera intuitiva entienden que “derecho que no se ejerce es derecho que se pierde”.

2) Las protestas han revelado los déficits democráticos del gobierno: La intolerancia con la cual el Ejecutivo ha enfrentado las manifestaciones, la criminalización de las mismas desde su inicio bajo la hipótesis del “golpe suave” y el incumplimiento de los propios manuales de actuación policial han revelado la ausencia de una cultura democrática para el mantenimiento del orden público en el contexto de manifestaciones.

3) Las movilizaciones han aumentado el interés internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela: La envergadura de las protestas y la represión desmedida en su contra ha puesto el interés internacional sobre nuestro país y han generado preguntas sobre la vocación democrática del nuevo presidente en funciones. Como un dato, desde el año 1994 Amnistía Internacional no realiza un informe especial sobre nuestro país, fecha en que alertaron sobre los abusos de poder alrededor de “El Caracazo”. Su informe reciente “Los DDHH en riesgo en medio de protestas” ha colocado la mirada global sobre nuestro país.

4) La dinámica movimientista ha estimulado la aparición de nuevos activistas en derechos humanos: Como respuesta a los abusos de poder, familiares y amigos de las víctimas han conformado sobre la marcha iniciativas para la denuncia y la defensa de los derechos humanos en el país, lo cual constituye una potencial generación de relevo al trabajo de las organizaciones históricas o con mayor trayectoria en el país. Mientras más defensores de derechos humanos más exigencias para su vigencia, con lo cual sale ganando la totalidad de la sociedad venezolana. Este saldo organizativo incipiente también es ubicable en otros sectores de la población.

5) El bloqueo informativo ha catalizado la irrupción de los infociudadanos: El uso intensivo y extensivo de los dispositivos personales para el registro y visibilización de los abusos de poder, el uso de las redes sociales para la denuncia y exigencia ha obligado a que las autoridades hayan tenido que asumir la responsabilidad estatal en algunos casos de las violaciones. A diferencia de años anteriores, cuando una parte de la población delegó en los medios de comunicación el trabajo informativo e incluso de convocatoria al ejercicio de derechos civiles y políticos, ahora los ciudadanos se han hecho responsables del proceso comunicativo, generando redes informales de corroboración de información y potenciando la capacidad de autoregulación de las redes para la denuncia de falsas noticias.

6) Las protestas han permitido la irrupción de tendencias democratizadoras dentro de la propia base de apoyo al oficialismo: Muchas personas identificadas con el proyecto bolivariano han dado razón al fondo de las protestas y han rechazado la represión a diferentes niveles. Las movilizaciones han ocasionado fisuras en la opinión monolítica del sector oficialista y han influido en la aparición de tendencias y debates, lo cual indirectamente permite la progresiva democratización del propio sector de sustento al gobierno, en un espectro donde crece la incredulidad frente al aparataje de propaganda estatal.

7)  Las manifestaciones han aumentado la velocidad de la despolarización desde abajo: Las protestas han sacudido a la totalidad de la población, por lo que algunos sectores comienzan a encontrarse, y reconocerse, en sus problemáticas comunes. La crisis de los liderazgos polarizados ha permitido el crecimiento de un espacio de irrupción de diferentes identidades políticas, que comienzan a dialogar entre sí erosionando el maniqueísmo inmovilizador que ha caracterizado la sociedad venezolana en los últimos tiempos.

8) Las protestas han desnudado la falta de independencia de la Defensora y la Defensoría del Pueblo

La responsabilidad del Presidente

maduro bailando con ciliaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 04.02.14 un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) realizaron una protesta contra la inseguridad y en rechazo al presunto abuso sexual contra una compañera de estudios. San Cristóbal formaba parte de ese sector de Venezuela que, exceptuando a Caracas, había aguantado varios años de constantes interrupciones de servicios básicos (agua y electricidad), desabastecimiento crónico de alimentos y productos de consumo masivo, dificultades para el acceso a la gasolina y, según datos del propio Banco Central de Venezuela (BCV), la segunda inflación citadina más alta del país, de 60,5%. El malestar llegó a su punto de ebullición cuando en esa manifestación la Guardia Nacional Bolivariana reprime la protesta y detiene a 6 estudiantes. En un suelo regado de pólvora, esa fue la chispa que generó la protesta generalizada. Otras universidades del interior manifestaron su indignación, lo que sumó más universitarios a la lista de privados de libertad. En respuesta, 16 estados del país realizaron movilizaciones multitudinarias exigiendo la libertad de los detenidos y fin a la represión. Al movimiento estudiantil se sumó un sector de la oposición partidista que, mediante una estrategia denominada “La salida”, promovía la renuncia del presidente. Hasta las 2 de la tarde aquella se había desarrollada en completa normalidad y de manera pacífica. Al final del día 3 personas habían sido asesinadas en Caracas en el contexto de manifestaciones.

La reacción del primer mandatario, del Sistema Nacional de Medios Públicos y de la propia Fiscal de la República fue, sin ningún tipo de elementos de prueba, señalar que la responsabilidad en las víctimas recaía en los propios manifestantes. Decenas de fotografías y videos demostraron que los disparos habían sido realizados por funcionarios policiales y parapoliciales. Aquella actuación institucional despertó la indignación en todo el país. Decenas de ciudades grandes y pequeñas realizaban, día tras día, sus propias protestas. La única respuesta que obtuvieron fue la represión, primero de la Guardia Nacional Bolivariana. Después de grupos paramilitares que enfrentaban a los manifestantes, disparaban a los edificios y destruían autos e inmuebles. El presidente Nicolás Maduro felicitaba públicamente la actuación de los uniformados y estimulaba la participación de civiles armados contra las protestas, primero con los “Comandos Populares Contra el Golpe”, después con “Candelita que se prenda, candelita que se apaga” y seguidamente, con una serie de discursos en donde ratificaba el llamado al pueblo a enfrentar al propio pueblo. Tras noche de terror e indefensión en diferentes urbanizaciones del país, aparecieron las “guarimbas”, barricadas y trampas para paramilitares, que comenzaron rápidamente a sumar nuevas víctimas. La Defensoría del Pueblo negaba la violación a los derechos humanos y la mayoría de los voceros del alto gobierno adjudicaban la violencia a la protesta.

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El valor de la denuncia

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Gracias a que la violación de sus derechos procesales fue denunciada a través de los medios impresos y televisivos, los carceleros permitieron que Yendrick Sánchez, tras 18 días de incomunicación, fuera visitado por sus familiares. Como se recordará, Sánchez es el joven de 28 años que interrumpió la toma de posesión de Nicolas Maduro a la presidencia de la república. Su actuación no tenía motivaciones políticas sino exhibicionistas: Anteriormente había irrumpido en otros mitines políticos, eventos deportivos y conciertos musicales. A pesar que el presidente lo calificó de “compañero” y expresó públicamente su intención de conversar con él, fue trasladado a la Cárcel de Coro e imputado por delitos presentes en la llamada Ley Antiterrorista. Provea ha rechazado que Sánchez haya cometido delito alguno y ha calificado como desproporcionada la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra. A pesar que apenas comienza el camino para lograr la libertad de Yendrick, la denuncia pública sobre su situación de incomunicación pudo revertir el aislamiento con lo que podrá, junto a sus familiares, desarrollar una estrategia para su defensa.

El principal cómplice de la violación de los derechos humanos ha sido la invisibilidad. Todas las atrocidades que fueron cometidas en la región, durante la década de los 80´s, se mantuvieron largo tiempo en la impunidad porque sus detalles fueron cuidadosamente ocultados. Hoy, gracias a los avances de las tecnologías de información y comunicación, es casi imposible que cualquier situación de la vida pública pueda velarse por largo tiempo. La popularización de los dispositivos personales con múltiples funciones, como los teléfonos, permite que cualquier persona tome una fotografía de situaciones irregulares y las difunda al instante. Como nunca antes la tecnología se ha vuelto funcional para la defensa y exigencia de la dignidad humana. Seguir leyendo “El valor de la denuncia”

Una conferencia en Viena

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

Del 14 al 25 de junio de 1993, los representantes de 171 Estados se reunieron en la ciudad de Viena para participar en la “Conferencia Mundial de Derechos Humanos” convocada por la Organización de Naciones Unidas. Que tenía como objetivo concertar un plan para el fortalecimiento de las garantías que hacen posible la dignidad humana. Como resultado, se redactó y aprobó la “Declaración y Programa de Acción de Viena”, cuyo contenido inspira el accionar de muchas organizaciones de derechos humanos como Provea.  La Conferencia recomendó a los Estados que hicieran esfuerzos para erradicar el analfabetismo y que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo de las personas, así como a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Exhortó a todos los Estados e instituciones a incluir los derechos humanos, las leyes humanitarias, la democracia y el estado de derecho como materias de los planes de estudios de toda institución educativa, tanto del ámbito formal como del no formal. Además, la ONU creó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el 20 de diciembre de 1993 para monitorear el cumplimiento de los compromisos.

 

La conferencia de Viena estableció entre otros aspectos lo siguiente.

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Al lado de las víctimas, enfrentando a los victimarios

logo_provea_webColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 07 de febrero Provea, junto a la organización zuliana Homoetnatura, estuvo en un estrado judicial defendiéndose por haber defendido a otros. Para Provea, es la primera vez que ocurre en sus 25 años de historia. En dos décadad y media Provea y sus abogados y abogadas han participado en numerosas audiencias judiciales abogando por los derechos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero el pasado 07 fue distinto. Acudimos a un tribunal para responder a una demanda de la Fiscalía. Nuestra supuesta falta: apoyar la lucha del pueblo indígena yukpa.

Como se recordará en el mes de julio de 2010 los indígenas se concentraron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir a la Sala Constitucional se pronunciara ante una acción de amparo que se había interpuesto, solicitando se aplicara la jurisdicción indígena en un caso penal donde estaban involucrados dos integrantes de la comunidad. Sin abandonar, además, su reclamo de una demarcación adecuada de tierras. Provea, como es habitual, se hizo presente y se solidarizó con las peticiones de los yukpas. El Estado, respondió enjuiciándola por una supuesta violación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) –debido a la presencia de niños y niñas en la vigilia-, “financiar la movilización”  y “convocar a la concentración a través de su página web”.

Desde su fundación Provea viene acompañando a mujeres y hombres a quienes se le ha violado sus derechos humanos o se han encontrado en riesgo de violación. Sindicalistas, indígenas, estudiantes universitarios y de educación media, jubilados y jubiladas, educadores, campesinos, integrantes del poder judicial, niños, niñas y adolescentes, miembros de la fuerza armada tanto soldados como oficiales, policías de organismos municipales, estadales y de competencia nacional, juezas y jueces, refugiados y exiliados, colectivos e individualidades afectados en su derecho a la vivienda y en su derecho a la salud, mujeres y hombres pertenecientes a consejos comunales,  entre otros.

Toda nuestra acción  se emprende con el  propósito de beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas, auspiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos a partir de sus propias experiencias de defensa y exigibilidad. El espíritu de Provea es que las víctimas sean protagonistas, teniendo a nuestra organización al lado de su caminar y no al frente de su propio proceso.

Esa labor la venimos realizando sin ningún tipo de discriminación, sin importar si apoyan o adversan al gobierno, su orientación sexual, su condición socioeconómica, sus creencias religiosas. Nuestro valor supremo, por ello, es la dignidad humana. Las puertas de Provea han estado abiertas a miles de personas que en un momento determinado sintieron la necesidad de buscar el apoyo de una organización que las orientara y de ser posible las ayudara a reclamar justicia, a defender derechos o simplemente que favoreciera la comunicación con entes y órganos del Estado obligados a dar respuesta.

No actuamos para ganar simpatías de nadie y mucho menos de quienes tienen altos cargos en la estructura del Estado. Trabajamos en base a los principios de derechos humanos de no discriminación, de buscar la realización de los derechos con criterio universal, reivindicamos la integralidad porque consideramos que la satisfacción de todos los derechos es fundamental para que hombres y mujeres puedan vivir con dignidad. Afirmamos la opción por los más excluidos. Creemos en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Con esos principios y filosofía hemos actuado.
Por nuestra firmeza al lado de las víctimas y la labor de promover y defender  los derechos humanos hemos sido hostigados, amenazados, descalificados por todos los gobiernos. Pese a ello, nuestra actividad ha continuado. Ahora que enfrentamos un juicio no lograrán intimidarnos. No nos callarán. Nuestro compromiso ha sido, es y será al lado de las víctimas. En esta oportunidad con los pueblos indígenas.

Muchos de los integrantes de Provea se han formado al calor de las luchas sociales, en organizaciones de izquierda. Dos de sus tres fundadores son exiliados que hicieron de Venezuela su nuevo hogar tras huir de dictaduras militares en el cono sur. Algunos han sufrido cárcel y torturas por defender un proyecto político que aspiraba mejorar la dignidad humana. Ahora, la lucha por defender los derechos humanos les ha dado una perspectiva diferente, un piso inclusivo donde comenzar la construcción de un mundo mejor para todas y todos. Algunas de las personas que hoy nos atacan o nos ignoran, en roles de gobierno, ayer fueron beneficiarias de nuestro trabajo. El día de mañana, si sufrieran de nuevo acoso y persecución, nuestras puertas continuarán abiertas para el apoyo. Las ONG´s de derechos humanos siempre seremos el contrapoder a la acción y omisión estatal que vulnere derechos humanos.