Venezuela: aikido y derechos humanos

El actual conflicto venezolano resulta similar al aikido, el arte marcial en el que para vencer se utiliza en su contra la fuerza del oponente. En octubre de 2016, cuando se había logrado el consenso de multitudes y la comunidad internacional para la realización de un referéndum revocatorio para dirimir la crisis, voceros de la oposición asistieron, improvisadamente, a una mesa de diálogo de la cual se levantaron con la idea de «elecciones generales adelantadas». El gobierno se benefició del error táctico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró así dinamitar la confianza de sus bases de apoyo, mientras se generalizaba el sentimiento de desilusión. Meses después, para castigar a una Asamblea Nacional que aprobaba una declaración de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el gobierno formalizó el proceso de sustitución de sus competencias en dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Aunque la neutralización del Parlamento se realizaba por la vía de los hechos desde un año antes, con escaso costo político para Miraflores, su registro formal generó una ola de rechazo que incluyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Los partidos políticos opositores lograron recomponer la confianza, en esta oportunidad, por un traspié del chavismo, en una ola de protestas que continúa hasta el momento de escribir esta columna.

El gobierno bolivariano se ha debilitado en 2017 más como consecuencia de su soberbia ciega que por resultado de la agenda política opositora. En el plano internacional, una torpe diplomacia encabezada por Delcy Rodríguez le ha restado apoyos que hasta hace poco se debatían entre la ambigüedad y la cautela. Uruguay ha sido el caso más llamativo. A comienzos de abril, Nicolás Maduro acusó al canciller de ese país de acordar con Estados Unidos los ataques contra Venezuela, una sugerencia inaguantable para un presidente salido de las filas de la izquierda. «Si [Maduro] no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas, y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira», expresó el presidente Tabaré Vázquez. El cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela no solo sumó al proceso de activación de la Carta Democrática, sino que despejó la ruta para iniciar acciones diplomáticas similares en el Mercosur, donde las decisiones, según los estatutos, se toman por consenso. La credibilidad del jefe de Estado caraqueño se erosiona tras cada declaración llena de fantasía. El 19 de abril, ante una concentración en apoyo a su gestión, calculó la asistencia en «tres millones de personas», en una avenida de Caracas que, repleta –lo que no ocurría ese día–, tenía capacidad para albergar no más de 200.000 personas. En 2017, las debilidades comunicacionales del gobierno parecen tener como origen la misma causa que se había diagnosticado para la oposición a finales de 2016: la ausencia de olfato para captar correctamente la realidad.

Rupturas

No obstante, la actual ola de protestas no es una simple extensión de los ciclos de movilización antichavistas de años anteriores. Luego de la peor derrota del bolivarianismo en el poder, en las elecciones parlamentarias de finales de 2015, con casi dos millones de votos por debajo de sus oponentes, el chavismo tomó la decisión de crear un modelo de gobernabilidad aún más autoritario ante la pérdida del apoyo popular. Su piedra fundacional fue la sustitución de la Constitución por una legalidad que le confería al presidente poderes absolutos, bajo el nombre «Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica». Seguidamente el árbitro electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, suspendió irregularmente la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente y detuvo de manera indefinida las elecciones que debían realizarse en diciembre de 2016 para las 24 gobernaciones regionales. Progresivamente, fue quitando competencias a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que la legitimación del proceso vía sentencias generó el descontento público de la fiscal general de la República, quien las calificó como la «ruptura del hilo constitucional» y abrió así la caja de Pandora. La aparición de fracturas dentro del bloque oficialista ha sido aprovechada por la oposición: una de las consignas más populares es las movilizaciones es «Lo dijo la fiscal, ustedes son golpistas». Y como si fuera poco, todo esto sucede teniendo como gran telón de fondo una de las peores crisis económicas que recuerden los venezolanos, con una inflación superior a 600%, escasez de alimentos y medicinas y evaporación del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera –según las propias cifras oficiales– un porcentaje de personas en situación de pobreza mayor que la existente cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez. Según los propios datos del gobierno, cuya rigurosidad ha sido puesta en cuestión, casi la mitad de los venezolanos se encontrarían en situación de exclusión.

Continuidades

La ola de protestas ha sido respondida por las autoridades recordando los peores patrones de abuso de poder de ciclos de movilización anteriores. Además de prohibir que las movilizaciones lleguen al centro de Caracas –sede de los poderes públicos–, se evidencia un uso desproporcionado de gases tóxicos prohibidos por la Constitución, disparos de perdigones a corta distancia, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, robo a manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, así como la violación del debido proceso para, cuando se cerraba este texto, más de 1.200 personas detenidas en todo el país por protestar, en cifras del Foro Penal Venezolano. Según los datos de Provea, 20 personas han perdido la vida en contexto de manifestaciones. Para aumentar la crispación, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela como Diosdado Cabello y Pedro Carreño han mostrado en televisión un folleto en el que aparecen nombres, fotografías y direcciones de líderes políticos y sociales de oposición, que según afirman habría sido distribuido a militantes del oficialismo. «El pueblo sabe dónde tiene que ir», declararon ante las cámaras.

Paramilitares “de izquierda”

La situación continúa deteriorándose tras la decisión de Maduro de activar el llamado “Plan Zamora”, una estrategia militar de ocupación del territorio que incorpora, explícitamente, la actuación de grupos de civiles armados. Se trata de lo que desde el chavismo se denomina «colectivos» y que las organizaciones de derechos humanos han definido, lisa y llanamente, como «paramilitares». Durante el primer día de actuación del Plan Zamora, el 19 de abril, en 22 de los estados donde ocurrieron movilizaciones se documentó la actuación de «colectivos» en 16 de las regiones. Los videos los muestran desplazándose en motocicletas, con el rostro cubierto con capuchas y disparando armas de fuego.

La actuación de los «colectivos», en un contexto de violencia e inseguridad ciudadana que ubica a Venezuela dentro de los países más peligrosos de la región, puede agravar su ya delicada situación en derechos humanos. La noche del 20 de abril, ocho zonas de Caracas, incluyendo algunas que eran consideradas hasta hace poco como «territorios del chavismo», protagonizaron batallas contra las autoridades, que incluyeron saqueos a establecimientos comerciales.

La crisis podría tener su salida menos traumática si Maduro y su entorno permitieran la realización de elecciones. En el aikido en que se ha convertido esta situación haría falta un elemento: la desvinculación pública de la intelectualidad izquierdista internacional que durante mucho tiempo apostó por el proyecto bolivariano. Algunos han dado el primer paso (Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Clifton Ross), pero muchos de quienes saben que las cosas no van bien por el país caribeño han optado por el silencio. ¿Permitirán que el peso simbólico de su opinión sea utilizado por quienes buscan llevar a Venezuela a un momento diferente de su historia? (Publicado en Nueva Sociedad)

Gala Garrido: Retratos para Humano Derecho

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Nuestra amiga Gala Garrido, coordinador de la Organización Gala Garrido, ha tenido la gentileza de hacernos unos retratos a Melanio Escobar y este servidor para el proyecto de Radioweb Show “Humano Derecho, que empezaremos este domingo 19 de julio por runrunes.es. Mas información en http://www.derechos.org.ve/2015/07/14/desde-este-domingo-19jl-escucha-humano-derecho-radio-por-runrun-es/

El eterno retorno de la impunidad

Hijos de evangelina carrizo
Hijos de evangelina carrizo

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

La teniente Yendry Velásquez, en su faceta civil, es la vocera más conocida del llamado “Comité contra la Guarimba y el Golpe Continuado”. Y cómo muchas víctimas de delitos en el país, el fondo de su peregrinación es la impunidad que rodea su caso. Su esposo, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, fue asesinado por arma de fuego el 12 de marzo de 2014 cuando había acudido a una protesta que se realizaba en Valencia. La esposa de Bracho tiene el derecho de que se cumpla la justicia en su caso, y que los responsables materiales e intelectuales, sean detenidos, procesados y sentenciados, respetando el debido proceso.

Sin embargo, es una triste paradoja que esta víctima del delito de homicidio haya sido, a su vez, un victimario en un caso impune de violación al derecho a la vida. El 4 de marzo del año 2004, con el grado de Subteniente, Ramzor Bracho actuó como jefe de la Comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que acudió a una movilización que se realizaba en Machiques, estado Zulia. Los funcionarios dispararon gases lacrimógenos para reprimir la manifestación y detonaron armas de fuego contra los manifestantes, siendo asesinada la dirigente del partido Acción Democrática Evangelina Carrizo, de 50 años de edad, de un disparo en la espalda. Su hijo Alejandro Carrizo se encontraba con ella en aquel momento: “Vi su espalda ensangrentada pero nunca pensé que estaban disparando balas, mi mamá caminó unos 4 metros y se desplomó porque no podía respirar”. Según relató varios efectivos los alcanzaron y mientras Alejandro trataba de acercase a su madre moribunda, varios uniformados lo sujetaron para que otro lo golpeaba, luego lo metieron en el vehículo militar estacionado al lado de su madre, sin que ninguno hiciera algo para socorrerla.

Según consta en el acta de presentación de imputado, emitida por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de fecha 29 de noviembre de 2004, fue imputado el funcionario Juan Carlos Casaña Rivero por los delitos de homicidio culposo y uso indebido de arma de fuego, tras demostrar las pruebas balísticas que el disparo homicida había salido de su arma de reglamento. Casaña dejó constar en el expediente que ese día no participó en la comisión de la GNB asignada a la manifestación, ni tampoco estuvo en el sitio. Allí, revela que cómo le dijo el distinguido de la GNB Richard Pargas, el autor de los disparos había sido el subteniente Ranzor Bracho Bravo, y que el había asistido en apoyo a la Fiscal Vigésima del Ministerio Público para una inspección ocular en el sitio del crimen. Según su relato, Casaña al no encontrarse en comisión había dejado su arma de reglamento en el parque de armas del destacamento de la GNB, por lo que suponía que había sido tomada por Bracho Bravo para acudir al operativo.

Esta versión era corroborada por el hijo de la víctima y testigo presencial del hecho, Alejandro Carrizo, quien desde el primer momento señaló a Ramzor Bracho como autor de los disparos. Esto quedó registrado, oficialmente, en la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, correspondiente al 10 de octubre del año 2006: “-Alejandro Carrizo- manifestó en la audiencia preliminar que Ramzor Bracho fue la persona que mató a su mamá por la espalda y que éste iba en un convoy de la Guardia disparando, lo que junto con la mencionada experticia practicada al proyectil extraído a la víctima y a la experticia practicada al libro del parque de armas del Destacamento N° 36 de la Guardia Nacional, conllevaron a determinar que efectivamente la persona que iba disparando en el estribo del convoy señalado por la víctima era Ramzor Bracho, sin embargo, el proyectil al cual se hizo referencia no pertenece al arma de fuego asignada a Ramzor Bracho sino al arma de fuego asignada a Juan Carlos Lasaña”. Videos que circularon por esa fecha mostraban al Subteniente disparando contra la multitud.

El resultado de esta situación fue que el subteniente Bracho, quien estuvo algunos meses detenido en su destacamento, recibió libertad plena en el 2006, mientras que Juan Carlos Casaña, fue privado de su libertad en Destacamento de la GNB No. 3 esperando un juicio que nunca se realizó. La misma impunidad que hoy protesta Yendry Velásquez.

Al divulgarse sobre el asesinato de Bracho, Alejandro Carrizo afirmó “No me alegra que el guardia nacional haya sido asesinado, a pesar de que él le quitó la vida a mi madre. Yo perdoné y hoy pido a Dios que lo perdone”. Si hubiera sido responsabilizado por la muerte de Evangelina, un Ramzor privado de libertad hoy se encontrara vivo y fuera visitado por sus familiares, incluyendo su esposa la teniente Yendry Velásquez.

Valencia: Una marcha laboral autónoma

valenciaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 11 de febrero alrededor de 200 trabajadores y activistas sindicales marcharon en la ciudad de Valencia para rechazar la ola de despidos masivos, tanto en las entidades públicas y privadas, que a pesar del decreto de inamovilidad laboral aqueja a la región. La movilización, la primera del año 2015 con un contenido exclusivamente social –también se rechazó la aplicación del paquete de medidas económicas y se pidió un aumento de salarios acorde a la inflación- fue significativa por varias razones, que pasaremos a comentar.

Así lo reseñó el sitio web de Provea: “Que la crisis la paguen los corruptos, no los trabajadores”, “No a los despidos, reenganche ya”. Con estas, y otras consignas, trabajadores de las empresas Filtros Wix, Petrocasa, Chrysler de Venezuela, General Motors, Ajeven, Pirelli y Ford, acompañados por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y sindicalistas de la Misión Barrio Adentro, marcharon este 11.02.2015 en Valencia, para rechazar la ola de despidos masivos que se han producido en empresas públicas y privadas de la entidad , y que según denuncian, se han realizado con la “complicidad” de la Inspectoría del Trabajo. La movilización que partió a las 9 de la mañana desde el sector La Espiga de Oro, contó con una nutrida participación de trabajadores activos y despedidos quienes a lo largo del recorrido gritaron consignas para condenar lo que calificaron como una política antiobrera “que intenta poner en hombros de los más pobres todo el peso de la crisis”.

La primera es el proceso, lento pero irreversible, de despolarización por debajo, desde la propia gente. En Carabobo reposan 6200 calificaciones de despido en la Inspectoría del Trabajo. Hasta ahora se han materializado más de 1.000 despidos entre los que se contabilizan 529 en la empresa General Motors y 275 en la empresa Ford. Pero no sólo la situación aqueja a la empresa privada. En la marcha estuvieron representantes de Petrocasa y de la Misión Madres del Barrio para denunciar la desincorporación forzosa de un grupo de trabajadores de ambos organismos. Que hayan coordinado una actividad juntos, en base a una serie de demandas comunes, refleja una situación que puede encontrarse, para el ojo curioso, en diferentes sectores de la sociedad venezolana: El encuentro en base a problemas que los afectan por igual, independientemente de las opiniones políticas, que en una sociedad democrática siempre serán diversas y divergentes. Actualmente la despolarización se ha convertido en un elemento tan preocupante, que algunos asesores oficiales recomiendan abiertamente volver a vigorizar el maniqueísmo que ha protagonizado el escenario nacional, de cara a las próximas elecciones. Durante el trayecto, los trabajadores cuestionaban la mirada oficial de “gobierno vs oposición”, proponiendo un posicionamiento diferente: Trabajadores de un lado y patronos, públicos y privados, del otro.
El segundo elemento es que sólo la organización popular independiente es garantía del disfrute de derechos. A pesar de las políticas de hostigamiento al sindicalismo independiente, la creación de estructuras paralelas y la criminalización de diferentes mecanismos de lucha, un sector de los trabajadores del país continúan confiando en que es la organización gremial la herramienta para el disfrute de sus derechos laborales. Una organización que tiene la capacidad para autoconvocarse cuando la ocasión lo amerite, que discute y defiende una agenda de reivindicaciones eminentemente laboral –a pesar de la filiación político-partidista de los miembros del sindicato- y que es refractaria a las presiones cupulares para priorizar temas diferentes a los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Durante al trayecto, bajo el sol valenciano, la actividad tenía un nivel de organización dado por ellos mismos: Personas encargadas de la seguridad, otros repartiendo volantes y publicaciones, la vocería por los parlantes, etc.
La tercera cuestión es la defensa, por la vía de los hechos, del legítimo derecho a la manifestación pacífica. Rehuyendo del chantaje oficial que califica a cualquier protesta de “guarimba”, los trabajadores usaron uno de sus mecanismos históricos, como lo es la movilización de calle, para la presión por sus derechos. La manifestación en si misma era una respuesta a la política de criminalización de la protesta promovida por el gobierno nacional, en donde una serie de subterfugios legales intentan inhibir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Al estar en la calle los trabajadores recordaron que derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

Los organizadores anunciaron nuevas movilizaciones y actividades en los próximos días, entre las iniciativas destaca la realización de un encuentro regional de trabajadores el próximo 07.03.2015 en Valencia, donde continuarán caminando la lenta pero esperanzadora ruta de la recomposición de la autonomía de las organizaciones sindicales. Tenemos mucho que aprender y replicar de lo que está pasando, ahora mismo, en el centro del país.

Protestas 2014: Balance 365 días después

hulktachiraColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En opinión de Provea el ciclo de manifestaciones que caracterizaron el primer semestre del año 2014 comenzaron el 4 de febrero en el estado Táchira, cuando un grupo de estudiantes universitarios protestaron por el presunto ataque sexual contra una compañera. Doce meses después, y desde una perspectiva de derechos humanos, realizamos el siguiente balance sobre aquellas jornadas:

1) El Estado como responsable del incremento de los niveles de violencia: La detención de los primeros manifestantes en el estado Tàchira el 04F, y luego otros en los días siguientes, generó una respuesta del movimiento estudiantil que se inició en las ciudades del interior del país y llegó a Caracas el 12 de febrero. La convocatoria a la movilización ese día fue criminalizada por el propio primer mandatario. A la 1 de la tarde se realizaban movilizaciones masivas en 12 ciudades del país, de manera absolutamente pacífica, donde sólo se registraron incidentes en la ciudad de Caracas, cuando los manifestantes fueron repelidos con el uso de armas de fuego –con el resultado del asesinato del activista  Juan Montoya del izquierdista Secretariado Revolucionario de Venezuela- y, por otro lado, ocurrieron actos vandálicos en la sede de la Fiscalía. Finalmente serían 3 las personas asesinadas en la capital durante ese dìa. Automáticamente, altos voceros gubernamentales responsabilizaron de las muertes a los propios manifestantes, sin embargo, videos difundidos incluso por medios progobierno mostraron a funcionarios policiales y paramilitares simpatizantes del gobierno disparando contra los manifestantes. Ademàs de responsabilizar a los manifestantes como responsables de los asesinatos, las autoridades sugirieron la prohibición de otras movilizaciones. Para Provea cada vez que el gobierno ha obstaculizado el ejercicio de la manifestación pacífica, ha estimulado la aparición de la protesta violenta.

2) Persiste la impunidad estructural en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía: Luego de un año del inicio de las protestas, de la totalidad casos que investiga la Fiscalía en una ínfima parte se ha dictado una sentencia firme contra los responsables. Tanto las violaciones a los derechos humanos, como los delitos ocurridos en el contexto de las protestas, continúan en impunidad. Persiste el incumplimiento del derecho a la manifestación y la libertad de asociación tal como se encuentra consagrado en la Carta Magna, además de otras normativas como la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y el manual de procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana para controlar manifestaciones. Las organizaciones documentaron graves violaciones ocurridas en los centros de detención.

3) A nivel internacional se conoció más la situación de deterioro de los DDHH en Venezuela: Los diferentes pronunciamientos realizados durante los hechos, que incluyen el Alto Comisionado de DDHH de la ONU y algunas de sus relatorías y el informe especial de Amnistía internacional, entre otros, expresaron su preocupación frente al deterioro de los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática en el país.

4) Aparición de nuevos patrones de violación a los DDHH: El uso de grupos paramilitares para el enfrentamiento a los manifestantes constituye una de las más preocupantes tendencias surgidas durante las jornadas. El propio caso del homicidio de Juan Montoya revela la vinculación entre estos grupos irregulares y los cuerpos policiales estatales. Otra novedad fueron los ataques contra residencias e inmuebles por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares donde se escenificaron las protestas.

5) Continuidades y rupturas dentro de la cultura de protesta venezolana: La “guarimba” una forma de protesta potencialmente violenta fue una de las 20 estrategias diferentes de protesta, desarrolladas durante las jornadas, en su mayoría pacíficas. La expansión del fenómeno y su coordinación en redes sin centro visible constituye una novedad, donde las manifestaciones ocurridas en el interior del país fueron tan importantes como las ocurridas en Caracas. Los datos reflejan que a pesar de su protagonismo mediático, las protestas violentas fueron minoría respecto a las pacíficas. Las demandas políticas fueron las principales en la capital, sin embargo en el resto del país las exigencias sociales formaban parte del discurso de los grupos movilizados. En Caracas y otros centros urbanos las protestas se escenificaron en espacios territoriales de clase media, mientras que en otras ciudades incorporaban sectores populares y rurales. El crecimiento de la hegemonía comunicacional estatal estimuló el uso intensivo de redes sociales por parte de los manifestantes. Un año después las organizaciones de derechos humanos insistimos en el respeto del derecho a la manifestación pacífica y ante protestas violentas el uso de los principios internacionales del uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

Lamentamos que las regulaciones recientes (Ley del Sistema de Protección Popular para la Paz y la resolución del Ministerio de Defensa) insistan en jerarquizar, ante las demandas ciudadanas en la calle, el aspecto represivo sobre los canales democráticos de respuesta a las demandas.

La resolución Padrino López

12995992_copia.520.360Rafael Uzcátegui

El pasado 27 de enero, mediante la Gaceta Oficial 40.589, el país amaneció con la noticia de la existencia de la resolución 008610, promovida por el ministro de defensa Vladimir Padrino López, que “regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para regular el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. La gravedad de la normativa es escandalosa, pues legitima la inconstitucional participación de los militares en labores de seguridad ciudadana.

Los argumentos contra la resolución Padrino López son, por tanto, jurídicos y políticos. La Carta Magna es clara en establecer, artículo 332, que los “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”, enumerando 4 cuerpos encargados de dicha labor. Por su parte el artículo 329 indica que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el único órgano de las FANB que realiza labores de mantenimiento del orden interno. Los manuales de procedimiento policial indican que la GNB participa en la contención de manifestaciones cuando han sido superadas por la situación. Por su parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela en el caso del Caracazo expresa que no debe usarse, salvo situaciones extremas, a las FANB para labores de mantenimiento del orden público. No es cierto, como lo expresa la resolución, que su contenido está ajustado a estándares internacionales de DDHH. La opinión de los diferentes organismos de protección ha sido taxativa en separar las funciones destinadas a la defensa nacional, propias de los militares, y las de seguridad ciudadana, la cual deben ser realizadas por funcionarios adiestrados para el trato con civiles, lo cual no es el caso de los soldados.

La respuesta política a esta iniciativa tiene que ver con la creación de un Estado policial militarizado entre nosotros, con lo cual el gobierno de Nicolás Maduro aspira enfrentar la conflictividad social futura como resultado de la crisis económica, de las medidas antipopulares en curso y la pérdida de popularidad de su figura. Hemos descrito en otros textos como nos encontramos en un proceso de transición, en el cual los chavismos perderán la hegemonía del control político del poder. Esto explica el proceso de legitimación de capitales y blanqueos de dinero mediante la compra compulsiva, a precios inflados, de diferentes medios de comunicación nacionales. Ante la ausencia de carisma y la falta de dirección, Maduro apelará a la represión pura y dura, en una estrategia que incluye el uso de la hegemonía comunicacional a su alcance y la actuación de civiles armados contra los protestantes. Esta estrategia, militar más que política, tiene corto vuelo, pues entre otros elementos ya no cuenta con el respaldo internacional que alguna vez podía mostrar su antecesor. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)

Sanciones, legitimidad y debido proceso

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 18 de diciembre, un día después de anunciar el inicio de conversaciones entre su país y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó la denominada “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela” que establece sanciones para funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Según la iniciativa el presidente norteamericano impondrá sanciones a quienes incurran en tres actos:

1) Haya cometido o sea responsable de dirigir u ordenar a otros, actos significativos de violencia o abusos graves en derechos humanos contra de personas vinculadas a las protestas que comenzaron el 4 de febrero de 2014;

2) Haya ordenado o dirigido la detención o enjuiciamiento de una persona debido a su ejercicio de la libertad de expresión o reunión; o

3) A sabiendas, haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado significativos recursos financieros, materiales, tecnológicos o de bienes o servicios en apoyo de la comisión de los actos descritos anteriormente.

Las represalias establecidas son de dos tipos:

a) El bloqueo de activos: bloquear y prohibir todas las transacciones de todos los bienes e intereses en propiedad que se encuentren en los Estados Unidos

b) La exclusión de los Estados Unidos y la revocación de la visa.

Por principios las organizaciones de derechos humanos estamos de acuerdo con las sanciones contra violadores, en el camino del acceso a la justicia para las víctimas, pero no cualquier sanción ni impuesta por cualquier organismo. Cuando la justicia del país mantiene en impunidad las situaciones denunciadas, los afectados acuden al denominado sistema internacional de protección desarrollados tras acuerdos internacionales producto de la lucha de los pueblos por la dignidad. La Organización de Naciones Unidas ha promovido para ello mecanismos de protección como el Consejo de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales y los órganos creados en virtud de instrumentos internacionales en la materia, compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados partes en los tratados cumplan sus obligaciones. Por tanto, a nivel internacional son cualquiera de estos organismos los legítimos para revisar la situación de derechos humanos en el país y realizar recomendaciones y exigencias al gobierno venezolano sobre el comportamiento de sus funcionarios.
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