Pobreza en América Latina

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En su reciente informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político” Provea ha reconocido, como uno de los principales logros de la gestión de gobierno del presidente Hugo Chávez la reducción de la pobreza, una de las mas graves y extendidas violaciones a los derechos humanos existente en el planeta. Según cifras oficiales en el año 1997 el porcentaje de pobres en el país era del 54,48%, más de la mitad del país. 14 años después, en el 2011, la cifra se había reducido al 31,62%, una importante reducción de más de 20 puntos porcentuales. Esta disminución predominantemente sucedió durante su primer período de gestión, cuando el inicio de las diferentes misiones sociales aumentó las capacidades adquisitivas de amplios sectores de la población. Sin embargo esta desaceleración de la pobreza se estancó durante su segundo mandato e incluso, como hemos venido alertando, ha experimentado un ligero aumento en los últimos años.

Tras reconocer el logro, Provea diagnosticó tres grandes debilidades de las políticas dirigidas a la reducción de la pobreza: Ausencia de enfoque de derechos humanos ni aplicación universal, que no han contado con una plena y activa participación de la población en su diseño y aplicación, siendo más bien receptores pasivos de los beneficios de las mismas. En segundo lugar la superación de la pobreza ha estado basada casi exclusivamente en la implementación de programas de subsidios a la población, sin otras medidas complementarias de carácter estructural, lo cual no es sustentable ni perdurable en el tiempo. Por último, la ineficiencia y la corrupción en la gestión de los recursos destinados a la superación de la pobreza y el hambre atentan contra el propio logro de las metas y desalientan las iniciativas de participación y control de gestión ciudadana.
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5 pasos para investigar en DDHH

rafael uzcateguiColumna de Provea en el Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Al igual que la comunicación, realizar investigación no es una cosa de especialistas. Si bien hay personas que profundizan en las herramientas y métodos realizando investigación de alta factura, realizar un trabajo de recolección sistemática y ordenada de datos sobre un tema para analizarlos y crear un nuevo conocimiento, es una tarea que puede realizar cualquiera que posea un mínimo de curiosidad.

Desde el año 1989 Provea investiga sobre la situación de derechos humanos en el país para realizar un diagnóstico de los principales avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas destinadas a garantizar la dignidad humana. Los resultados, el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos, son difundidos cada año, sirviendo como herramienta para las diferentes organizaciones populares y comunitarias para exigir más y menores derechos, así como brújula para los funcionarios y funcionarias para reforzar o corregir su acción de gobierno en derechos humanos.

La investigación en derechos humanos se convierte, de esta manera, en una estrategia para visibilizar violaciones y conferirle mayor credibilidad a las denuncias. Realizada de manera colectiva y comunitaria, la investigación cohesiona y consolida los procesos de participación popular.
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Minestrone y Caracazo

Rafael Uzcátegui

Cuando se cumple el 23avo. aniversario del Caracazo es pertinente recordar las paradojas inherentes a, según lo invocado por el minestrone historiográfico oficial, uno de los hechos fundacionales del llamado “proceso bolivariano”. Lo primero es la impunidad que aún rodea a la masacre. Recordamos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció 14 acciones a realizar por el Estado venezolano. De este abanico apenas se han cumplido las correspondientes a las reparaciones materiales e indemnizaciones a los familiares de las víctimas por los diferentes gobiernos hasta la fecha. Y a pesar de ciertos avisos que han asegurado que la administración actual “ha cumplido” con la sentencia, esto es falso. La justicia, como sabemos, no se reduce al pago de dinero si no se sancionan los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. Este es el primer ítem de los resolutivos de la sentencia de la CIDH. Incoherencia de un gobierno que afirma estar cerca del humanismo y lejos de las gratificaciones materiales: Intentar convencer que ampliar la lista de beneficiarios de los cheques es un sucedáneo de la justicia.  Esto nos lleva a las posibles responsabilidades en uno de los casos más vergonzosos de violación de derechos humanos en la Venezuela contemporánea.

A pesar que el discurso oficial intente enfocar exclusivamente las culpas en el presidente y el ministro de defensa de la época, una investigación transparente señalaría la cadena de mando militar que hizo la sangría posible: Desde el alto mando militar, los oficiales subalternos hasta los soldados que descargaron contra los indefensos las ráfagas de ametralladoras. Como ejemplifican las investigaciones de masacres similares en otros países de la región, en el banquillo estarían sentadas las Fuerzas Armadas en su conjunto, rindiendo un testimonio bastante diferente a lo reflejado por Román Chalbaud en “El Caracazo”. Una tercera inconsistencia la constituye el hecho que los miembros del mayor partido de gobierno en el país fueron sus protagonistas, no como héroes sino como verdugos. Solamente recordar al mayor Felipe “El Catire” Acosta Carlés, muerto en los hechos y parte del movimiento originario del hoy presidente Chávez. Como bien lo detalló Manuel Isidro Molina, en 1989 diputado y parte de una comisión investigadora “-El Catire- llegó disparando a diestra y siniestra, reventaba puertas de humildes viviendas y “peinaba” a balazos la zona –barrio La Antena, Coche-, con su grupo de soldados”. Por último, la insidiosa campaña de desprestigio realizada contra el puñado de mujeres, pioneras y constantes, en la denuncia de los excesos y agrupadas en Cofavic. La verdadera historia del 27F aún está por escribirse, no en tono de épica oficial, sino lo que verdaderamente fue: Una masacre realizada por militares. @fanzinero

Autonomía popular y derechos humanos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Una precondición del disfrute de los derechos humanos es la existencia de organizaciones sociales y populares, autónomas e independientes, en tensión permanente con las instituciones estatales para su vigencia y pleno desarrollo. Una de las características ideales de los movimientos sociales es, y debe ser, su independencia de los poderes fácticos. Si una iniciativa social asume una determinada opción ideológica, desestima la pluraridad real existente en la sociedad y se transforma en un movimiento partidista, jerarquizando como consecuencia sus esfuerzos para alcanzar y mantenerse en el poder.

Una de las dimensiones de la autonomía es que los individuos deciden libremente las normas de funcionamiento de su emprendimiento grupal. Por ello asumen, sin coerciones externas, la forma organizativa más acorde con la cultura comunitaria del contexto del que forman parte. Es por ello que, de entrada, los movimientos sociales no necesitan más legitimidad que la alcanzada por el desarrollo y crecimiento de su propia iniciativa, y por el reconocimiento que sus pares hagan de sus esfuerzos. Cualquiera de las formas conocidas, como consejos comunales, cooperativas, asociaciones de vecinos y sindicatos, o por conocer y experimentar, son válidas para que los ciudadanos se reconozcan en el padecimiento de problemas y aspiraciones comunes y el esfuerzo asociativo para superarlos.

Una segunda característica de las organizaciones autónomas es que deciden su agenda de reivindicaciones, el motivo que los impulsó a juntarse, sin mediaciones externas. Este pliego de exigencias y deseos, y no otro, debe ser la principal motivación para la movilización y presión ante las instituciones, ocupando un alto porcentaje de sus esfuerzos colectivos. Los movimientos populares autónomos pueden y deben realizar alianzas y/o participar en redes para enfrentar problemáticas más universales, como por ejemplo el combate a la pobreza, manteniendo sin embargo su propia especificidad. Una organización deja de ser autónoma cuando participa dentro de un partido político o una coalición electoral, o se manifiesta para solicitar a otros movimientos populares, o a la ciudadanía electoral, votar por determinado candidato. Generalmente, la electoralización de los calendarios de trabajo y movilización de las iniciativas sociales es una de las razones más frecuentes de la pérdida de autonomía de los colectivos populares, postergando e hipotecando, para el día después de las elecciones, sus propias demandas.

Un tercer perfil lo debe constituir el funcionamiento democrático a lo interno de las organizaciones, con lo que se pueden experimentar modalidades de tomas de decisiones por consenso y mecanismos horizontales de democracia directa que cuestionen la delegación y la representatividad como formas únicas para el ejercicio de la democracia. Al organizarse por objetivos comunes y no por filtros ideológicos, los movimientos sociales autónomos reflejan en su interior tanto la propia diversidad de la sociedad que los cobija como un funcionamiento que prefigura profundizaciones de la propia democracia.
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Inflación y Derechos Humanos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Por diferentes razones Venezuela ha mantenido, durante varios años, la tasa inflacionaria más alta de la región, ubicándose alrededor del 30% anual. Las consecuencias económicas son de diferente orden, sin embargo queremos realizar un acercamiento al fenómeno desde una perspectiva de defensa y promoción de los derechos humanos. Aún cuando pareciera que la inflación es una situación que pertenece al ámbito de las ciencias duras, el disfrute de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, no pueden sustraerse de esta realidad que afecta a todos los seres humanos.

Para reflexionar al respecto citaremos el estudio del profesor de pensamiento económico mexicano Alonso Díaz Etienne, “La inflación y los derechos humanos”.  El académico establece como las principales características económicas y efectos negativos de la inflación los siguientes:

– Disminución del bienestar general, a causa de sus efectos negativos sobre la asignación y el crecimiento,

– Polarización del ingreso y la riqueza de los diferentes grupos sociales, afectando mayoritariamente a los más débiles, con menor capacidad para realizar reajustes debido a la posesión de patrimonios limitados,

– Constituyen una suerte de “expropiación disfrazada” a los poseedores de dinero en efectivo, convirtiéndose es un gravamen especial y particularmente injusto, porque es aplicado al activo más común entre las clases más desfavorecidas.
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Contexto global y derechos humanos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Durante la década de los 90´s Provea realizó una caracterización de la situación de la región dentro de la cual se enmarcaba la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. La promoción de diversas iniciativas privatizadoras, así como el desmontaje del sistema de seguridad social público, confirmaba el diagnóstico acerca del impacto de las políticas de inspiración neoliberal en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

20 años después la situación ha cambiado. Por un lado la movilización popular en diferentes países de la región alertó acerca del alto costo social de las medidas de ajuste estructural diseñadas tras el llamado “Consenso de Washington”. Por otro, la propia evolución del capitalismo, catalizada por los avances tecnológicos en materia informática y en comunicación, han posibilitado el flujo de dineros a nivel global en tiempo real. El propio Estado, arrinconado por la ofensiva privada, se ha reconfigurado para promocionar las ventajas comparativas de sus territorios, en alianzas con otros Estados, en la búsqueda de mayores cuotas en el mercado mundial. En la región, diferentes gobiernos de tinte progresista han generado diversas expectativas, sin embargo han profundizado un modelo de desarrollo extractivista que impacta tanto en el medio ambiente como en los territorios pertenecientes a comunidades indígenas. La arquitectura geopolítica del mundo se encuentra en una fase volátil de reordenamiento, no obstante es importante realizar una amplia caracterización que nos permita prever cuáles serán las consecuencias para el disfrute de los derechos sociales.

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Derechos humanos y humanos derechos

Columna de opinión de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En los últimos días, a raíz de los lamentables hechos del Centro Penitenciario de El Rodeo, ha circulado un email donde, presuntamente, una madre calificada como “ciudadana” se dirige a la madre de un “pandillero”. El correo electrónico ha tenido cierto calado en la opinión pública, hasta el punto que ha sido republicado por algunos columnistas de medios impresos en el país. En el texto una madre se dirige a la otra para decirle que la ha visto en las manifestaciones “en favor de la  reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a  sus familiares, y con mejores prestaciones”. Seguidamente la madre le dice que entiende su reclamo porque ella también está lejos de su  ser querido, “fue asaltado y herido mortalmente a balazos  disparados por tu hijo”, afirma. Seguidamente, el texto apunta “En la próxima visita, cuando tú estés  abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré visitando al  mío y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio.  ¡Ah! Se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de  mi casa, a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá  durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro  modo: seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor”.  Toda la parábola de este texto imaginario, aunque quienes lo difunden suponen que se trata sobre un caso del país, para finalizar con una triste aseveración: “Los derechos humanos son para los humanos derechos”.

La impotencia y desespero del ciudadano común frente a la inseguridad apunta en una dirección equivocada. Quienes reenvían con entusiasmo el email concuerdan con que si la gente comete delitos no debería tener los mismos derechos que el resto de la población. Esta concepción, además de errada es peligrosa. Los derechos humanos son innatos, por lo que pertenecen a las personas por su condición de seres humanos. Asimismo son universales, para ser disfrutados por todos y todas sin exclusión. También son inalienables e intransferibles, por lo que no se puede, bajo ningún concepto, renunciar a ellos. Otra de sus características es que son inviolables, nadie está autorizado para atentar, disminuir, lesionar o destruir los derechos humanos de las personas. Ningún Estado puede vulnerar las características anteriores sin ponerse al margen de sus obligaciones en la materia.
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Ocupaciones y derechos humanos

Durante los meses de octubre de 2009 y septiembre de 2010 Provea detectó, al menos, 45 casos de ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles en el ámbito nacional, acciones que involucraron por lo menos 5.650 familias. Asimismo, la realización de 59 desalojos forzosos que afectaron a no menos de 6.361 familias, dejando un saldo de 353 personas detenidas y 10 heridos por impacto de balas y perdigones por parte de los organismos de seguridad.

Algunas personas han sugerido que el gobierno del presidente Chávez ha estimulado, o por lo menos tolerado, las ocupaciones de terrenos y edificaciones. Sin embargo los hechos demuestran lo contrario. En el año 2008, la reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en su artículo 80, las prohíbe expresamente: “La invasión u ocupación de terrenos públicos o privados por parte de personas naturales o jurídicas impide el disfrute de los beneficios previstos en la presente Ley y las propietarias o los propietarios afectados podrán ejercer las acciones judiciales de protección que establece el ordenamiento. Los entes públicos de carácter nacional, estadal o municipal no formalizarán en ningún caso la propiedad de las viviendas o terrenos ocupados ilegalmente”. En esta normativa se sustentan las acciones de desalojo realizadas en todo el país, que han llevado tras las rejas a 528 personas en los últimos tres años. Fue en el contexto de un operativo de esta naturaleza que el 20 de marzo de 2009 fue asesinado, en Anzoátegui, José Gregorio Hernández de 24 años, quien junto a 1.400 familias habían improvisado viviendas precarias en la carretera El Tigre-Ciudad Bolívar.

El abordaje represivo a las ocupaciones es un error: Propicia violaciones a los derechos humanos, no soluciona el problema de fondo -la falta de viviendas dignas- y tampoco disuade a las personas sin techo de reintentar estas acciones. La prohibición y criminalización de estas formas de exigibilidad de casa propia no permite su abordaje con toda la complejidad que amerita, también desconoce la propia historia del movimiento popular en el país.

En un libro reciente, Aquí manda el hampa (Mérida Editores, 2008), Domingo Alberto Rangel recuerda el acelerado proceso de urbanización experimentado en estas tierras de gracia a partir de los años veinte. El economista describe el crecimiento de una ciudad como Caracas, cuando su valle era dominado por las haciendas de los grandes apellidos que habían encabezado la lucha por la independencia, instalando en ellas calles y avenidas regadas por la expansión de la industria petrolera. La intensiva migración del campo a la ciudad motiva un comentario de Rangel: “¿Y donde iban a acomodarse los miles de braceros, las decenas de miles de campesinos (…) que huyendo de las tiranías locales del interior (…) subió al camión para venirse a emprender aquí la aventura de una nueva vida? (…) Sólo había una alternativa, los cerros que rodean a Caracas”.

Seguidamente, reconstruye la población de aquellos parajes: “El puñado de campesinos elegían un determinado cerro y en plena noche, organizados a la ligera, invadían el terreno escogido de antemano. Llevaban todavía el machete que trajeron del campo, y estaban dispuestos a todo para tener un rancho. Con latas de zinc, con trozos de cartón, con lo que fuera, construían la vivienda y el jefe civil gomecista, o el que fuera, después tenían que tragarse aquel hecho consumado”. Fue tanta su magnitud que expertas en la materia, como la profesora de la UCV Teolinda Bolívar, estiman en un 40% la superficie del tejido urbano de Caracas autoconstruido por sus habitantes.

 Es cierto que -como lo reconoció el ex ministro de Vivienda Farruco Sesto-, existe una mafia de invasores profesionales amparada por las propias instituciones. También es verdad que se han dado casos de invasiones a viviendas habitadas, pero su proporción, tomando en cuenta el total de las mismas, es ínfima. El 75,5% de los casos del último período corresponden a ocupaciones de tierras baldías. Y como registraron los medios, sus protagonistas permanentemente expresaban su intención de compra de la tierra si le ofrecían facilidades para ello.

Mientras sea insuficiente la cantidad de viviendas levantadas en el país para la demanda, como ayer, los sectores desfavorecidos intentarán resolver su necesidad empíricamente. Las ocupaciones no son una causa del problema como algunas autoridades han señalado, sino su consecuencia. Por todo lo anterior, Provea considera que las acciones de ocupación de terrenos o inmuebles constituyen un mecanismo legítimo de presión, por parte de las personas sin techo, para exigir a las autoridades celeridad en la respuesta a sus demandas, siempre y cuando esas ocupaciones no afecten a otras familias que requieren ser atendidas por el Estado o necesiten los terrenos o viviendas para habitarlos. Las autoridades locales y nacionales deben desarrollar otros procesos de negociación y diálogo con las familias sin casa y, especialmente, impulsar un proyecto nacional de urbanización de suelos que, con la participación de todos los sectores, revierta estructuralmente el déficit habitacional en el país. (Correo del Caroní, 15.11.10)

Expropiaciones inmobiliarias y derechos humanos

Rafael Uzcátegui

Recientemente el Presidente Chávez anunció la expropiación de seis urbanismos y la intervención de otros ocho por parte del Gobierno Nacional. Las razones alegadas para la medida fueron la paralización de su construcción, así como las denuncias acerca del cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a los compradores y compradoras de las mismas. La medida se realiza después que el propio primer mandatario ha anunciado el estatus de “problema de Estado” al déficit habitacional en el país. No es la primera vez que desde instancias gubernamentales se anuncian este tipo de medidas. Hay que recordar que durante la gestión del Alcalde Mayor (2004-2008) Juan Barreto, se realizó un proceso de adquisición o expropiación de edificaciones o terrenos para la utilidad pública o social, como medida para otorgar viviendas a la población necesitada en el área metropolitana.

Entre todas las aproximaciones posibles a la medida, comentaremos las consideraciones pertinentes desde las normas en derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 11 que “Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”. Tanto el PIDESC como otros pactos suscritos por el Estado venezolano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), establecen como una obligación del Estado prevenir toda posible violación del derecho por terceros, tales como propietarios de inmuebles o empresas urbanizadoras.

Otra aspecto a considerar es que el PIDESC y otros acuerdos establecen como obligación del Estado adoptar medidas para que los gastos relacionados con la vivienda sean proporcionales a los niveles de ingreso, de tal manera que no comprometa o impida el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Asimismo, la creación de mecanismos judiciales, cuasijudiciales, administrativos o políticos, que permitan ofrecer reparación a las víctimas de violación del derecho a una vivienda adecuada.

Sin embargo, la interdependencia de los derechos no permite que se garantice uno en menoscabo de otro. El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, establece que “ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el  pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Estas consideraciones acerca del derecho a la propiedad fueron precisamente la base en 1999 de la redacción del artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que como recordaremos afirma que “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.  Resaltamos los tres aspectos expresados por la Carta Magna: sentencia  firme, pago oportuno y justa indemnización. Por ello, en todos los casos de anuncios de procedimientos de expropiaciones Provea apoya las medidas siempre y cuando se indemnice de manera justa y se pague los montos acordados a los afectados de manera expedita. Asimismo solicita, como imprescindible, que se garantice la no discriminación por razones políticas a la hora de otorgar las viviendas y el establecimiento de mecanismos que garanticen la transparencia en todo el proceso.

¿Cuál es el mecanismo establecido por las normativas internas? Según la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social las precondiciones de la expropiación son: La disposición formal que declare la utilidad pública del bien; Declaración de que su ejecución exige indispensablemente la transferencia total o parcial de la propiedad o derecho; Justiprecio del bien objeto de la expropiación y Pago oportuno y en dinero efectivo de justa indemnización.

En el primer aspecto, la declaración de utilidad pública, sus requisitos están contemplados en el artículo 13 de dicho reglamento: “La Asamblea Nacional y, en su receso, la Comisión Delegada declarará que una obra es de utilidad pública, siempre que en todo o en parte haya de ejecutarse con fondos nacionales, o se le considere de utilidad nacional (…) El Ejecutivo Nacional queda facultado para decretar de utilidad pública la posesión de aquellos terrenos y construcciones que considere esenciales para la seguridad o defensa de la Nación. En tales casos, el Ejecutivo Nacional dispondrá que se siga el procedimiento de expropiación establecido en la presente Ley”.

El tema de la vivienda es complejo y algunas fallas diagnosticadas en el sector privado, como el retraso y estancamiento de las obras, también se encuentran presentes en el sector público. Un ejemplo lo constituye el convenio realizado a comienzos del 2006 con Uruguay en donde se negociaron 12.000 kits de casas prefabricadas a ser instaladas en el país por un monto de US$ 155,47 millones. Según la memoria y Cuenta 2009 del Mopvi se informó, como logros, la instalación de 167 viviendas y la “movilización de 160 contenedores almacenados en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello”. Sin embargo el informe de gestión 2009 de la Contraloría General de la República, sobre este caso, determinó  que “sólo fueron instalados 11 kits de viviendas, terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo”. Por otra parte, los precedentes en la materia no son positivos. En el caso del proceso adelantado por el Alcalde Barreto, los gremios han denunciado que el 98% de los edificios afectados aún no reciben las indemnizaciones. (Correo del Caroní, 08.11.10)

Audios de la rueda de prensa en contra de la criminalización de las ONG´s en Venezuela

En la mañana del 08.09.10 un grupo de más de 100 organizaciones sociales, de desarollo y derechos humanos presentaron un documento en el que rechazan la campaña de desprestigio promovida por algunos voceros y voceras del Ejecutivo Nacional en contra del trabajo de ONG´s como Espacio Público. En la rueda de prensa hablaron Feliciano Reyna por Sinergia, Liliana Ortega por Cofavic, Rafael Uzcátegui por Provea y, finalmente, Pedro Nikken, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Feliciano Reyna (Sinergia)
http://www.ivoox.com/feliciano-reyna-sinergia-07-09-10_md_360371_1.mp3″ Ir a descargar

Liliana Ortega (Cofavic)
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Rafael Uzcátegui (Provea)
http://www.ivoox.com/rafael-uzcategui-provea-07-09-10_md_360368_1.mp3″ Ir a descargar

Pedro Nikken (Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
http://www.ivoox.com/pedro-nikken-ex-pdte-cidh-07-09-10_md_360366_1.mp3″ Ir a descargar

Corrupción y derechos humanos

Rafael Uzcátegui

Para establecer la relación entre el manejo ilícito de los recursos públicos y la vulneración de los derechos humanos sólo hay que recordar los recientes argumentos de la periodista Solbella Pérez. Cada parte del presupuesto que se pierde o desvía por el soborno, la malversación o el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones o el enriquecimiento ilícito, incide directamente en el deterioro de la atención ofrecida por las diferentes políticas sociales, misiones y hospitales; o en la reducción de la inversión en viviendas de interés social. Cada bolívar que se resta al presupuesto por vía de la corrupción impide al Estado cumplir con su deber de promover, proteger y garantizar progresivamente los derechos a la salud, la vivienda, el ambiente, la educación y la seguridad social.

Combatir la corrupción, un problema endémico heredado de gobiernos anteriores, no ha sido uno de los ejes prioritarios del actual Gobierno. Paradójica situación, si se recuerda que precisamente el enriquecimiento súbito de los actores políticos de la época fue la principal motivación argumentada en el golpe de Estado del año 1992, el inicio de la carrera pública del actual primer mandatario.

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Foro por la Vida rechaza detención de sindicalistas y activistas de derechos humanos en Aragua

Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechaza la represión perpetrada por los organismos policiales del estado Aragua (PoliAragua) contra los defensores de derechos humanos Rober Calzadilla, Rafael Uzcátegui y Marco Antonio Ponce y otros 25 trabajadores y sindicalistas de diferentes gremios de la región.

Durante la manifestación contra la criminalización de la protesta y en defensa de Rubén González, efectivos de la policía de Aragua (PoliAragua), sin mediar palabra reprimieron la concentración de manera violenta, empleando bombas lacrimógenas.

Posteriormente, en una rueda de prensa, PoliAragua detuvo a los defensores de derechos humanos de Provea, Rafael Uzcátegui, Marco Ponce y Rober Calzadilla, y a otras 25 personas que se encontraban en el lugar. PoliAragua igualmente decomisó la videograbadora con la que el grupo de Provea cubría la manifestación.

Exhortamos a las autoridades competentes en estado Aragua a liberar de inmediato a los manifestantes que de manera pacífica ejercían el derecho a protestar, consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Recordamos a las autoridades policiales y al gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, que deben garantizar la integridad física de las personas arbitrariamente detenidas en la comandancia general de San Jacinto, Estado Aragua.

Ante el creciente proceso de criminalización de las manifestaciones públicas, Foro por la Vida exige respeto y cumplimiento de las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos.

Desde Foro por la Vida hemos advertido el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y el incremento de los riesgos para los activistas; las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo; así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra quienes defienden las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Integran el Foro por la Vida: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), Observatorio Venezolano de Prisiones, Vicaría de Derecho Humanos de las Arquidiócesis Episcopal de Caracas, Acción Solidaria, Servicio Jesuita de Refugiados, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Caritas Los Teques, Comisión Justicia y Paz (Secorve), Centro por la Paz de la Universidad Central de Venezuela, Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, Vicariato de Puerto Ayacucho, Grupo de Monitores del Estado Táchira, Comité de Víctimas contra la impunidad del Estado Lara, Comité por los Derechos Humanos del Estado Falcón (COPRODEH), Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (CIFEM), y Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Justicia y Paz de Venezuela, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

La visita de la Comisión Interamericana de DDHH

Desde el año 2002 diferentes organizaciones de derechos humanos han solicitado la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). Sin embargo, esta petición ha alcanzado relevancia recientemente tras haber sido incorporada a las reivindicaciones de una parte del movimiento estudiantil. ¿Qué es la CIDH?, ¿Cuáles son las funciones que realiza cuando visita los países?, ¿Qué consecuencias puede generar?

La CIDH es un organismo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se encuentra conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente, junto con sus protocolos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como las tres Convenciones Interamericanas sectoriales sobre prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas y prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
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Recibo y difundo: Comunicado del Comité de Víctimas contra la Impunidad ante la campaña sistemática de descrédito instrumentada desde los cuerpos policiales del Estado Lara

En vista de las reiteradas notas publicadas en la prensa regional en la cual se pretende criminalizar a miembros del Comité de Victimas Contra la Impunidad, queremos alertar y denunciar ante la colectividad la cínica intención de funcionarios policiales y sus voceros enquistadoslogo_cvci en diferentes espacios de la vida pública, al intentar crear una matriz de opinión orientada a silenciar las voces de las víctimas de violaciones de DDHH que, según cifras oficiales, han dejado el saldo rojo de más de 7.000 ejecuciones impunes cometidas a lo largo de diez años por parte de todos los cuerpos policiales y militares del Estado; consideramos muy grave el hecho que utilizando a los medios de comunicación se pretenda solapada o abiertamente justificar estos delitos bajo el falaz argumento del “enfrentamiento” o el presunto prontuario delictivo de los condenados extrajudicialmente a muerte, y peor aún promover la permisividad social contra estos actos violatorios a los DDHH.

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Recibo y difundo: Campaña por la defensa del derecho a la protesta social

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Según cifras reveladas por líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, actualmente en Venezuela existen 2200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. La inmensa mayoría de los que sufren estos procesos pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades populares, siendo los más desposeídos y de sectores vulnerables los que padecen la infracción de sus derechos. Lo que era una política aislada y eventual se ha transformado en una política de Estado. Por un lado, funcionarios policiales, el Ministerio Público y los jueces de control, por otro, sicarios al mando de terratenientes y de sectores empresariales, y hasta grupos de choque afines de los gobiernos, nacional, regional y local, independientemente de su tendencia política, conforman el triangulo de la represión a la lucha social. Dicha criminalización, alentada por diferentes poderes del Estado, empresarios y terratenientes , se realiza en un contexto en que aumentan las manifestaciones por derechos sociales, con lo que se han venido aplicando diferentes normativas a quienes ocupan terrenos para exigir su derecho a la tierra y la vivienda, a las comunidades que cierran calles para pedir o mejorar servicios públicos, a los trabajadores y trabajadoras que presionan por defender su fuente de trabajo, alcanzar mejores salarios y lograr su contratación colectiva, a los estudiantes que piden dotación para sus centros educativos, usuarios y usuarias de servicios de salud integral y otros sectores en lucha por sus derechos sociales y políticos. Por tanto, lo anterior es una evidencia de la estrategia del Estado, y algunos sectores privados, para restringir la legítima protesta y el disfrute de los derechos humanos consagrados en la constitución.

Como contraparte tenemos la situación de impunidad de los crímenes ocurridos contra luchadores sociales, en donde los indicios de la participación de empresarios y latifundistas en los asesinatos de líderes obreros y campesinos no han sido investigados y sancionados, así como tampoco la responsabilidad política de mandatarios regionales en algunos casos. Esta impunidad ha alentado el sicariato, como método para silenciar y amedrentar a los sectores en lucha por sus derechos. Si bien dentro de esta modalidad existe un alto porcentaje derivado de las pugnas entre organizaciones gremiales por el control de puestos de trabajo como en el sector de la construcción, se han registrado diferentes casos en donde el asesinato por encargo tiene como objetivo fulminar y disolver los sindicatos que se atreven a movilizarse por sus reivindicaciones y las luchas obreras más radicalizadas.

Por esta razón un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos, grupos estudiantiles y académicos así como diferentes individualidades promovemos una campaña para defender el derecho a la protesta, tal como se encuentra en la declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución, así como condenar la apertura de juicios, el uso de sicarios y otros mecanismos de criminalización por ejercer este derecho, tales como las medidas judiciales que prohíben la realización de asambleas y huelgas dentro de las empresas estatales.

En tal sentido, queremos hacer público este pronunciamiento con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre esta grave restricción a los derechos, y exhortar a todas las organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, estudiantiles y medios alternativos a sumarse activamente a esta campaña nacional en defensa del derecho legítimo a la protesta social.

Solicitamos:

1) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.

CONVOCAMOS A TODOS LOS COLECTIVOS SOCIALES E INICIATIVAS DE BASE A LA MANIFESTACIÓN POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EL MIÉRCOLES 29 DE JULIO, A LAS 10 DE LA MAÑANA, FRENTE A LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PARQUE CARABOBO, EN CARACAS. ESE DÍA NOS SOLIDARIZAREMOS, ADEMÁS, CON LOS 14 TRABAJADORES DE SIDOR SOMETIDOS A JUICIO EN CIUDAD GUAYANA POR EJERCER SU DERECHO A LA PROTESTA.

Organizaciones:
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Unidad Socialista de Izquierda (USI)
Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Acción Solidaria
Convite
Periódico El Libertario
Espacio Público
COFAVIC
Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR)
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Movimiento Solidaridad Laboral

Adhesiones a la campaña, mensajes al e-mail: protestarnoesdelito@gmail.com

Corazon de Tinta en PDF

corazontinta.jpgEn el año 2001 tuve la oportunidad de hacer una selección de textos confeccionados en 10 años y aglutinarlos en un libro. Además, hacer un gesto de celebración personal de tener una década oteando cosas a contracorriente. El resultado fue “Corazón de Tinta”, un libro que ordenamos en capítulos sobre el antimilitarismo, periodismo alternativo, música, anarquismos y movimientos sociales. A pulso, pudimos viajar hasta Quito presentando la obra y haciendo nuevos amigos y amigas. La edición en papel está agotada (aunque en alguna “Librería del Sur” aun se puede encontrar una vieja copia), y para no perder ese testimonio, se ha digitalizado en formato Pdf tal cual como se publicó en su momento. Desde el momento de su aparición, siempre el texto estuvo online, pero en formato word. Ahora, la novedad es la maquetación con las fotos y demases. 

El enlace, en descarga directa, es http://www.divshare.com/download/5259271-db7