Eficacia y legitimidad en el asalto a la Asamblea Nacional

Rafael Uzcátegui (*)

Los recientes hechos ocurridos alrededor de la Asamblea Nacional pueden leerse como parte de los ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra los actores sociales independientes del país, bajo la estrategia que César Rodríguez y Krizna Gómez describieron en su texto “Encarar el desafio populista” (https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/04/Encarar-el-desaf%C3%ADo-populista-WEB.pdf): el socavamiento de dos de sus pilares de actuación fundamentales: Su eficacia y legitimidad.

Estos dos investigadores han documentado los ataques contra los defensores de derechos humanos en diferentes partes del mundo bajo gobiernos y movimientos populistas, encontrando patrones similares para países como Estados Unidos, Hungría, Rusia, Filipinas, India y Venezuela, que no pudieran agruparse bajo la –cada vez más caduca- perspectiva izquierda versus derecha: “los gobiernos populistas han estado aprendiendo entre sí –afirman- hasta el punto que se han realizado ataques iguales en países de distintas regiones”.

Efectivamente, un actor político o social basa sus actuaciones en el logro de objetivos, la eficacia, y la valoración del resto de los actores y sus bases de apoyo, la legitimidad. En el caso de la Asamblea Nacional conformada mayoritariamente por la oposición, en la erosión de estos dos aspectos se pudieran resumir los ataques que comenzaron el propio mes de diciembre de 2015, hasta el cénit del pasado 5 de enero de 2020. Y esto ha sido así por el poderosos mensaje que se transmitió aquel diciembre: por primera vez de manera indiscutible, los antagonistas al bolivarianismo se transformaron, con dos millones de votos de margen, en mayoría electoral y social del país. El 11 de diciembre Venezuela experimentó la sensación que era cuestión de tiempo, mediante los mecanismos de participación político-electoral que seguían, de promover un cambio en el país. Esto alentó a Nicolás Maduro al abandono de la simulación democrática y transformar a su gobierno en una dictadura del siglo XXI. Revertir lo que había pasado, a toda costa, no sólo tenía el componente simbólico y político del ejercicio del poder de manera omnímoda. Como está previsto en la Constitución, aprobada por el propio Hugo Chávez en 1999, cualquier contrato con un tercero debe contar con la aprobación de la mayoría parlamentaria. La profundización de la emergencia humanitaria compleja y las sanciones individuales y financieras contra Venezuela resintieron la imposibilidad de conseguir nuevos financiamientos debido a este veto.

El primer gran ataque contra la eficacia de la Asamblea Nacional fue la calificación de “en desacato” por parte del controlado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de las gestiones formales de los diputados, relativas a los parlamentarios de Amazonas, para dejar de ser calificados de esa manera. Luego vino el ahogo presupuestario, los constantes asedios de fuerzas del chavismo –tanto los grupos de civiles armados como de fuerzas policiales y militares- a los días de sesiones, la neutralización de los parlamentarios más carismáticos mediante la persecución y el exilio, el bloqueo informativo por parte de la hegemonía comunicacional estatal. las reiteradas decisiones adversas sobre su actuación, el hecho legislativo propiamente dicho, por parte del TSJ y, finalmente, la creación irregular de un órgano paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente, sacrificando con ella el último valor simbólico positivo que le quedaba al chavismo: La Carta Magna de 1999. Paralelamente se desplegaron los frentes de ataque a su legitimidad, tanto como poder institucional independiente como a sus integrantes. La primera fue el retiro en masa de los parlamentarios oficialistas, dando contenido a la versión que sólo representaba a un sector del país y cuyas líneas de actuación eran decididas en otro lado del mundo. Seguidamente por una paciente generación de condiciones para que diputados, con o sin resistencia, se incorporaran a la fabulosa maquinaria de corrupción y enriquecimiento súbito creado por el chavismo realmente existente, para luego ser debidamente ventilado en la opinión pública. También debemos incluir los esfuerzos oficiales en agrandar las contradicciones internas de la oposición, que han incluido la utilización de bots para sobrerepresentar matrices de opinión en redes sociales.

Este escenario contó con un ingrediente adicional luego de la fraudulenta elección presidencial de mayo de 2018 y la transformación de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019, en un presidente de facto. Juan Guaidó logró recomponer la crisis de representatividad –aunque fuera circunstancialmente- de los sectores opositores, tanto a nivel internacional como local. El apoyo de una cincuentena de países y las multitudinarias movilizaciones simultáneas en más de 25 lugares de Venezuela durante enero y febrero de 2019, focalizaron los esfuerzos en dinamitar la eficacia y la legitimidad del propio Guaidó. Otra discusión es que tanto sumaron sus propios errores e improvisaciones para materializar el anunciado “cese de la usurpación”, lo cierto es que su figura no sólo unificó durante los primeros meses del año pasado a la mayoría de las bases democráticas del país sino que también personalizaron los ataques del autoritarismo.

Al intentar cuestionar su figura como presidente de la Asamblea Nacional –que genera más apoyos internacionales e institucionales que la de “presidente encargado”, aunque una sea consecuencia de la otra-, Maduro intenta implosionar su legitimidad. Al imponer una junta directiva sin él, que simule ser de oposición y sea cercana a los deseos de Miraflores, su eficacia. Por otra parte, siguiendo el razonamiento en términos de eficacia y legitimidad, los autoritarios pueden pagar un alto costo político a cortísimo plazo matizado luego por la liberación de presos políticos y, especialmente, por decisiones que anuncien la realización de elecciones parlamentarias, en un momento en que ha aumentado la desconfianza ciudadana en la posibilidad de una solución institucional a la crisis venezolana.

La existencia de tres Asambleas Nacionales, contando la Constituyente, ha variado el escenario sociopolítico en momentos de gran incertidumbre, donde la única certeza es el agravamiento de la crisis económica y la salida forzada de los venezolanos que no puedan participar en el naciente espectro dolarizado del país. A todos los gremios nos tocará pensar como ser más eficaces y legítimos en estas circunstancias, especialmente al liderazgo político, donde las decisiones y estrategias sean consecuencia del mayor de los consensos y consultas posible. Cómo enfrentar a una dictadura ha sido un aprendizaje de todos, y aunque todavía estemos encontrando el camino para ser más eficaces, la ausencia de victorias parciales o totales no harán mella de nuestra legitimidad, todo lo contrario.

Un comentario final con una alegoría histórica. ¿Tenía sentido, en julio del año 2000 en el Perú bajo dictadura, dedicar los mismos esfuerzos para cuestionar la figura de Alejandro Toledo y la de Alberto Fujimori? ¿Era eficaz -para quien deseaba regresar a la democracia- el atacar la convocatoria de la movilización de los “Cuatro Suyos” ese mes, liderizada por quien luego sería presidente del Perú, debido a que no se tenía la identidad política “toledista”? En ese contexto, de autoritarismo extremo, graves violaciones a los derechos humanos y ausencia de instituciones al servicio de la ciudadanía, ¿era pertinente en ese preciso momento –aunque una bola de cristal nos revelara el destino del economista y político peruano- la consigna “Ni Fujimori ni Toledo”?

(*) Coordinador General de Provea

Un rostro para la ignominia

Rafael Uzcátegui

El discurso del chavismo, repleto de lugares comunes y las muletillas de la izquierda latinoamericana, generó durante mucho tiempo expectativas entre quienes buscaban una alternativa, más humana y justa, para la humanidad. A pesar de la degradación del ejercicio de poder bolivariano y todas las evidencias sobre el empobrecimiento general de la población y la estatización de la vida cotidiana de los venezolanos, dicho espejismo no se ha evaporado del todo. Incautos, ingenios y operadores políticos de todo pelaje, con menos empuje que en los días en vida del Comandante Supremo, siguen defendiendo la gestión de Nicolás Maduro, repitiendo los desiertos de la “guerra económica” y la Constituyente.

Cada vez que hemos tenido que explicar la situación venezolana fuera de sus fronteras, tenemos que vencer los ecos de la propaganda del autoritarismo. Para neutralizar auditorios que a pesar de no vivir en el país creen estar mejor informados que tú, he recurrido a la estrategia de contar historias que, dramáticamente, hablen por sí solas. Cuando he querido neutralizar las intervenciones de quienes desean refutar que entre nosotros existe una dictadura, empiezo mi intervención relatando la historia de Juan Pedro Lares.

Juan Pedro es un adolescente de 23 años que el pasado 30 de julio, fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente madurista, fue detenido en su domicilio ubicado en el Municipio Campo Elías del estado Mérida. Un comando del SEBIN y la policía fueron a buscar a su padre, Omar Lares, que en ese momento ejercía el cargo de Alcalde de Ejido. La familia huye por el patio trasero, pero Juan Pedro queda atrás y es capturado por los uniformados. No había ninguna orden de aprehensión en su contra y no estaba cometiendo en ese momento delito alguno, los dos causales, que según la ley, permiten la privación de libertad. Inmediatamente fue trasladado a Caracas. Mientras su padre huía a Colombia, para evitar ser parte de los alcaldes detenidos ilegalmente, su madre Ramona comienza la peregrinación en la capital para conocer el paradero de su hijo. A pesar de haber ido varias veces a El Helicoide, las autoridades negaban que se encontrara ahí. Tanto Ramona como Juan Pedro tienen nacionalidad colombiana, por lo que fue por intermediación de la Cancillería que, semanas después, corroboraron que se encontraba en la sede del Sebin y le permitieron una primera visita, que hasta el día de hoy sólo suman 4. La detención ilegal y la negación de los derechos de cualquier preso (ser visitado por abogados y familiares de manera periódica) no son la única violación del debido proceso. La más escandalosa es que durante los 6 meses que Juan Pedro ha estado recluido en El Helicoide en ningún momento, ni en las 48 horas que dice la ley ni después, ha sido trasladado a tribunales para que un juez sea formalmente informado de los delitos que se le imputan. Repetimos: Ningún fiscal ha acusado al joven de haber cometido acto fuera de la ley, por lo que su detención constituye, nada más y nada menos, que un secuestro por parte del Estado. De esta manera el gobierno madurista, con la complicidad de los próceres de los DDHH Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, intenta obligar a Omar Lares a entregarse. ¿Cómo se llama un gobierno que actúa de esta manera?

El relato sobre el caso Juan Pedro Lares enmudece a los, cada vez menos, altavoces internacionales del chavismo. Si el gobierno de Macri o de Piñera, por decir dos nombres, violara el debido proceso de una sola persona encarcelada por razones políticas, tendríamos a la progresía regional haciendo movilizaciones y campañas por redes sociales. Pero el caso Lares no es el único. Debemos continuar, mientras tengamos voz, relatando sus historias para continuar dibujando el rostro de la ignominia. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Javier Torres: En Venezuela hay una dictadura como la que sufrió Perú bajo el Fujimorismo

Rafael Uzcátegui, con apoyo de Daniel Klie

Javier Torres, antropólogo peruano y activista de derechos humanos, estuvo recientemente en Venezuela para reunirse con sus colegas de las organizaciones del país y compartir la experiencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDH) en la resistencia contra la dictadura fujimorista. Torres es directivo de la ONG Servicios Educativos Rurales y es analista político para la revista Poder y el portal Lamula.pe. En el año 2012, cuando se inició el juicio contra Alberto Fujimori, era el Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, desde donde se promovió una estrategia jurídica y de movilización ciudadana para lograr ponerlo bajo la justicia.

– ¿Cuáles son las principales semejanzas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Alberto Fujimori?

– Son muchas. Para que haya democracia en un país tiene que haber separación de poderes, prensa libre, tienes que tener elecciones libres. Hay otros elementos, pero estos son los fundamentales. Tanto en el Perú de Fujimori como en la Venezuela de Maduro no hay separación de poderes. Las leyes de excepción que se van dando, las mismas modificaciones o violaciones que estos gobernantes realizan, configura un escenario dictatorial, allí hay una clara semejanza.

Lo otro tiene que ver con un tema de libertad de expresión, que es un factor que tiene que darse bajo determinadas condiciones. El hecho que haya elecciones no garantiza que exista una democracia si el sistema electoral no cumple con los deberes mínimos que deben tener, por ejemplo los calendarios electorales. Un sistema electoral tiene que ser previsible y no debe estar sometido a los caprichos del rol ejecutivo, que es un poco que pasa en Perú y lo que uno percibe en Venezuela. Me parece que lo que tenemos aquí es una dictadura como la que sufrimos nosotros.

Lamentablemente hay sectores que no aceptan esta visión porque hay una perspectiva demasiado conservadora para calificar una situación como “dictadura”. El poder y el Estado pueden funcionar pero no necesariamente son autónomos, que exista un poder judicial no quiere decir que la ley sea igual para todos. En ese sentido hay un trato a la oposición venezolana que no responde a estándares mínimos.

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Dictaduras modernas

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Rafael Uzcátegui

Una comparación entre las experiencias peruanas (Alberto Fujimori) y venezolana (Nicolás Maduro) nos permite hacer una primera caracterización sobre las dictaduras modernas en América latina:

– A diferencia de las dictaduras tradicionales, que llegaban al poder mediante un golpe de Estado militar, las dictaduras modernas llegan al poder mediante elecciones.

– Promueven un proceso de “refundación” del Estado a partir de la aprobación de una nueva Constitución.

Erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario.

– El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a las decisiones arbitrarias y para la criminalización de la protesta y persecución de la disidencia.

Construyen, retórica y legislativamente, un “enemigo interno” que les permita aprobar estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales: Perú guerra al terrorismo, Venezuela guerra económica.

Militarizan el sistema de administración de justicia y utilizan los tribunales militares para enjuiciar a civiles.

– No prohíben, de manera absoluta, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, asociación, manifestación y libre expresión, utilizando las amenazas y agresiones selectivas, las sanciones administrativas y el uso de los tribunales para castigar la crítica y la disidencia.

– Controlan el poder electoral, erosionando su autonomía, y realizan comicios sólo cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables.

– Criminalizan los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos y se retiran de la competencia de tribunales internacionales.

– Utilizan los medios públicos tanto para justificar sus actuaciones arbitrarias como para la criminalización y el desprestigio. Este control de lo que se comunica incluye mecanismos de neutralización contra los medios privados que van desde la creación de medios paralelos, la compra de medios, el hostigamiento y la imposición de medidas administrativas que al aumentar la dependencia del Estado alienta mecanismos de autocensura.

-Realizan un esfuerzo de cooptación de organizaciones sociales que son puestas a su servicio para usarlas en labores político-partidistas e, incluso, como informantes de los organismos de inteligencia.

– A diferencia de las tradicionales, las dictaduras modernas no promueven las desapariciones forzadas masivas debido al alto costo político que generarían. Por el contrario, quienes son considerados antagónicos son neutralizados de manera selectiva. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

El día después

Rafael Uzcátegui

Esta columna debe aparecer horas antes de las elecciones regionales del 15 de octubre, que para este opinador son importantes en tanto ratificación cuantitativa de la mayoría que desea un cambio en el país. Aunque puedan ser objeto de inhabilitaciones y trapicheos varios por la fraudulenta Constituyente, afirmo que 12 gobernaciones alcanzadas en manos opositoras sería un mensaje aplastante de rechazo a la dictadura, quedando el restante 11 como evidencia de la minusvalía de una propuesta que ha perdido terreno en todos los escenarios.

Salvo la ejecución de un fraude monumental el país dará un segundo paso en la recomposición de sus fuerzas políticas. La condición de minoría bolivariana ya no sería un resultado circunstancial, como aseguran voceros rojos criollos e internacionales, sino tendencia irreversible. Con este resultado los partidos deberían ser diáfanos en explicar que su ruta de transición es electoral y que su momento estelar serían las próximas presidenciales, sin dejar de presionar por la realización de elecciones de alcaldes tal y como se encuentra previsto por la Constitución de 1999.

Para quienes no somos políticos, sino parte de gremios y movimientos de la sociedad, los desafíos son múltiples. Como un movimiento de rescate de la democracia sólo puede levantarse sobre bases democráticas, en un contexto de supervivencia ante la crisis económica, nos toca fortalecer el tejido asociativo y comunitario que finalmente pueda construir una nueva institucionalidad en el país. Si bien los proyectos y propuestas son necesarios, debemos abrir repiraderos de ciudadanía donde los múltiples nos encontremos y, reconocidos en los dramas comunes, generemos la afinidad necesaria para poder trabajar juntos y confiar en los otros. Frente a las respuestas individuales y especulativas promovidas por el socialismo bolivariano, debemos generar emprendimientos materiales donde germine la solidaridad y la cooperación para poder salir de esto de la única manera en que es posible: Con el concurso de todos.

Fortalecer y promover redes de circulación y distribución de bienes no bachaquera, sino solidaria; liberar temporal y progresivamente los espacios privatizados por la inseguridad para sustituirlo por auténtico espacio público; promover laboratorios de re-encuentro de la gente en base a los intercambios de conocimientos , experiencias y mercancías canjeadas por su valor de uso… Si todo se cumple según los pronósticos, aprovechemos el optimismo moderado post 15-O para transformar la energía de la rebelión popular en vocación de cambio democrático desplegado en los territorios. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Diplomacia e Injerencia

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Rafael Uzcátegui

Hay personas, algunas convencidas honestamente de ello, que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela es “injerencista”, un ataque a la soberanía del país que habría que rechazar. Esta opinión desconoce las diferencias entre los acuerdos regionales suscritos por los Estados, varios con alcances en derechos humanos, y las decisiones unilaterales de un gobierno contra otro, que sí podrían calificarse como injerencia en sus asuntos internos.

La raíz de esta discusión tiene que ver con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Este instrumento, de manera similar al reconocimiento progresivo de los derechos humanos, fue una conquista de las luchas populares no una concesión de los Estados. Durante muchos años se reprochó a la OEA no haber tenido una actuación decidida frente a las dictaduras militares en la región. El final de la Guerra Fría no acabó con los gobiernos autoritarios en América Latina, quienes se vieron obligados a guardar ciertas formalidades en su deseo de perpetuarse en el poder. Fue así como surgió la primera dictadura moderna en Perú, en 1990, con la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori. Fue la presión del movimiento social contra el fujimorismo, incluyendo al movimiento de derechos humanos, que obligó a las diferentes instancias de la OEA a tener un mayor protagonismo en la condena de sus excesos y en la restitución de la democracia. La discusión sobre la necesidad de creación de un protocolo de actuación regional se aceleró luego de la experiencia de Fujimori, por lo que no fue una casualidad que su aprobación se realizara en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001. Por ello puede calificarse como una conquista de los movimientos sociales opuestos a la dictadura, que obligaban a la OEA a tener que actuar, sin los titubeos de antaño, frente a las rupturas del orden constitucional, independientemente de la ideología detrás del autoritarismo.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario.

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