Pulso Latinoamericano | César Montúfar: Ecuador está a 4 años de caer al nivel de Venezuela

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La Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador ha sido noticia en las últimas semanas, debido a las pretensiones del gobierno del presidente Rafael Correa de asfixiar su autonomía e imponer un rector diferente al electo por los mecanismos institucionales. ¿La razón? La libertad académica de la casa de estudios, que la ha convertido en epicentro del debate intelectual, de altura y con crítica, sobre el proceso político promovido por la llamada “Revolución Ciudadana”.

En su sede, en Quito, conversamos con César Montúfar, director y profesor del Área de Estudios Sociales y Globales, sobre las similitudes entre Ecuador y Venezuela. Con una vasta obra publicada, sigue el pulso de la realidad del país cada semana a través de su columna en el diario El Comercio. En el año 2012 recibió una condecoración por parte de la Cámara de Comercio de la capital ecuatoriana por su defensa de los valores de democracia, justicia y libertad.

– Los gobiernos venezolano y ecuatoriano son permanentemente comparados como parte de una misma tendencia. ¿Cuáles son sus problemas comunes actuales?

– En el caso del Ecuador, el correísmo creó un nuevo régimen político distinto al anterior. Creo que en Venezuela también. En el Ecuador existe un deterioro grave de los derechos humanos, pero no sé si al nivel de Venezuela. Quizás en algunos derechos como el de libertad de expresión, por la aprobación de la Ley de Telecomunicación, en Ecuador los medios estén mucho más controlados, pues existen muchos mecanismos para que el gobierno, a través de sanciones administrativas, haya generado una verdadera situación de censura previa. Este, quizás, sea un derecho que en Ecuador se haya deteriorado más que en Venezuela. Igualmente el derecho a la asociación mediante el decreto 16, garantía que se deteriorado más fuertemente. Sin embargo otros, en comparación con Venezuela, han sido menos golpeados.

Hay que decir que la crisis no es sólo venezolana o ecuatoriana. Las de Brasil y Argentina marcan regionalmente la vigencia o viabilidad de los proyectos de integración que se generaron alrededor de Unasur. Estamos al final de un ciclo, asociado con este boom de los commodities, de los precios del petróleo y de los productos primarios, lo cual -dada la naturaleza de estos regímenes políticos- no necesariamente tienen una salida

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Vuelta de la mitad del mundo

Rafael Uzcátegui

Tuvimos la suerte de formar parte de un proyecto de “diplomacia ciudadana” en el que, por una semana, pudimos visitar organizaciones en Quito para intercambiar desafíos, retos y preocupaciones, mediante un mecanismo de diálogo Sur-Sur entre emprendimientos de la sociedad civil. Fueron 20 vertiginosas reuniones con académicos, organizaciones indígenas, de diversidad sexual, derechos humanos, libertad de expresión y redes de mujeres, más dos reuniones públicas sobre la situación venezolana.

Correa y Maduro están emparejados por ser parte del llamado “giro a la izquierda” del continente, bajo gobiernos autocalificados como progresistas. Sin embargo, las diferencias son menos conocidas que las similitudes. La primera de ellas es que a pesar que la llamada “Revolución Ciudadana” orbita en torno a la figura presidencial, el culto a la personalidad no ha alcanzado las dimensiones grotescas del bolivarianismo. En el recorrido de 40 minutos desde el nuevo Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre, en los suburbios de Tababela, a la capital no vimos, ni de ida ni de vuelta, ninguna imagen del guayaquileño líder de “Alianza País”. Tampoco durante nuestra estancia en la ciudad salvo, claro está, en los medios de comunicación controlados por el Estado. Los edificios de Quito están adornados por el logo multicolor de “Ecuador ama la vida”, a través del cual el país intenta posicionarse regionalmente como marca. Pero nada que ver con las gigantografías orwellianas a las que estamos tristemente acostumbrados los venezolanos. Una segunda diferencia es la relación de Correa con las Fuerzas Armadas, de tensión y distanciamiento, nada que ver con el pasticho “cívico-militar” endógeno. Además los intereses de clase que refleja el gobierno ecuatoriano, como dirían mis amigos marxistas, son los de la tecno-burocracia académica, bilingüe y de sectores medios de la población. A pesar de algunos intentos, y esta es la última diferencia, el partido Alianza País no pudo cooptar a toda la izquierda ni a los movimientos sociales. Por ello, hay dos oposiciones a Correa, una ligada a estos últimos. La otra a los sectores políticos conservadores desplazados del poder.

Las analogías están allí. Un férreo y aceitado aparato propagandístico que ha logrado construir su hegemonía comunicacional y promover leyes draconianas para limitar la libre expresión. Ausencias de contrapesos que han permitido enriquecimientos súbitos en 24 horas. Criminalización de toda protesta y disidencia. Y por último, un presidencialismo soberbio y sordo que ha ocasionado que el “rechazo a la prepotencia” haya sido la frase que más escuchamos durante nuestra visita. Algunos nos hablaron de la “venezolanización” del Ecuador, cuando la inflación alcanza el 7% y la crisis asoma sus narices. “Estamos a 3 o 4 años atrás de ustedes” nos dijeron. “Ojalá no lleguen ni a la mitad de nuestros problemas”, respondimos. Todos creen que ante su baja popularidad, Correa salga del poder en 2017. En esto también nos parecemos. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

En Mompiche “Venezuela” es una mala palabra

Esta es Mompiche, conocida como la "playa negra"
Esta es Mompiche, conocida como la “playa negra”

Rafael Uzcátegui

Según un reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) “el gobierno de Ecuador otorgó dos concesiones mineras a la empresa Gran Nacional Minera Mariscal Sucre (GNMMS) para la exploración, prospección y explotación de arenas ferrosas titaníferas y rocas fosfáticas, por un lapso de 25 años” en dicho país. Es noticia para el nuestro porque la GNMMS es una empresa de capital mixto, donde el 49% de las acciones son de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam). Las concesiones otorgadas se encuentran en la costa ecuatoriana, en la provincia de Esmeraldas, e incluyen parajes únicos por su belleza natural, como por ejemplo la playa de Mompiche, amenazados ahora por los proyectos de megaminería promovidos por los gobiernos “progresistas” de la región. “La Playa Negra–explica el grupo Facebook “Salven a la Playa Negra de Mompiche”-, es una playa única con arena negra llena de titanio. Además de su belleza extraordinaria y la importancia que tiene para mantener el ecosistema de sus alrededores, es una fuente de turismo sostenible para la gente de la zona. A causa del valor de titanio en el mercado internacional, la playa está amenazada por los que quieran explotar la arena ilegalmente, que tendría el fin de destruir la playa sin beneficios para la comunidad”.

 

“Con la firma del proyecto Gran Nacional Minera Sucre se logra fortalecer la exploración y explotación de minerales para beneficio de trabajadoras y trabajadores de este importante sector económico de ambos países” afirmó el ministro venezolano José Khan tras la rúbrica del acuerdo. Dicho entusiasmo no es compartido por los habitantes de la zona, como lo expresa Pablo Rosales: “Lo hemos cuidado 27 años de cazadores y empresas constructoras. Somos conscientes de que es un lugar biodiverso. Pero ahora la actividad minera quiere acabarlo”. Geovanny Gudiño, uno de los 2 000 habitantes de Mompiche, declaró: “No somos tan ingenuos como para creer que van a dejar todo igual. Ni que fueran a sacar la arena con sorbete. La actividad implicará mover maquinaria, tumbar árboles”. A pesar que no cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado, la zona ha subsistido del turismo gestionado por los propios vecinos. El presidente de la Junta Parroquial, Otto Patiño, ha sido cauto en sus declaraciones: “En lo personal no creo que ese sea el mejor camino. Mompiche debería ser fortalecido en el sector ecoturístico”.
La comunidad ha comenzado a movilizarse contra el proyecto. En febrero del 2012 varias personas fueron detenidas en una manifestación crítica de la minería. No existen estudios de impacto ambiental, y los habitantes no han sido consultados sobre el proyecto. Para los activistas se estaría vulnerando el artículo 83 de La Constitución de la República del Ecuador “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos de modo racional, sustentable y sostenible”. En Mompiche la palabra “Venezuela” comienza a generar animadversiones entre pescadores y vecinos.  (Publicado en el Diario 2001)

Fundación Pachamama somos todos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En un reciente comunicado el Foro por la Vida, la coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresó su rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano de clausurar mediante un acto administrativo a la Organización No Gubernamental “Fundación Pachamama”, en clara violación a los derechos a la libre asociación y la defensa de la dignidad humana expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como ha sido un hecho público, el pasado 04.12.13 funcionarios gubernamentales y policiales se presentaron en las oficinas de la Fundación Pachamama para “clausurar” sus instalaciones, tras lo cual les informaban que la aplicación de una resolución del Ministerio del Ambiente de ese país mediante el cual se disolvía una organización que desde el año 1997 defiende los derechos humanos, con énfasis en el derecho al ambiente sano.

El argumento estatal han sido las protestas realizadas en la capital ecuatoriana a finales de noviembre, en donde miembros de la Fundación junto con otros colectivos ambientalistas y líderes indígenas protestaran en los exteriores de la Secretaría de Hidrocarburos luego de la apertura de sobres de la XI Ronda Petrolera que licitó 13 bloque del Suroriente.

En esas manifestaciones dos funcionarios vinculados con la compañía petrolera estatal de Bielorrusia, Belorusneft, fueron agredidos físicamente por presuntos manifestantes a la salida de la Secretaría de Hidrocarburos. El Estado ha responsabilizado de estas agresiones a, nada más y nada menos, a toda la Fundación Pachamama.
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Seguid el ejemplo que Sarayaku dio

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En nuestros pasados dos artículos hemos versado sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas de ser consultados sobre las políticas a desarrollar en sus territorios, basados en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Un segundo instrumento que recoge diferentes derechos indígenas, como el de la consulta previa, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la ONU en el año 2002.

Una novedad de esta declaración con respecto a otras normas que protegen derechos indígenas es que, en su artículo 30, se establece específicamente que no deben desarrollarse actividades militares en tierras indígenas antes de ser consultados, a través de procedimientos apropiados y por medio de sus instituciones representativas. Asimismo, la declaración establece otras situaciones en donde los Estados deben desarrollar procesos de consulta con las comunidades originarias: “Antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (artículo 19); “Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. (Artículo 32.2); “No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y  equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso” (Artículo 10) y “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado” (Artículo 29.2).
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