Posts Tagged ‘Exámen Periódico Universal’

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Lo bueno, lo malo y lo feo del Plan Nacional de DDHH

agosto 26, 2015

info_buenomalofeoColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 14 de julio el vicepresidente Arreaza comenzó el proceso de consulta de la propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos realizada desde el Consejo Nacional en la materia, que el mismo preside. A continuación un resumen de las consideraciones de Provea sobre esta iniciativa del Ejecutivo Nacional

Lo bueno: Ideas positivas para los DDHH

Provea apoyará cualquier iniciativa en función de aumentar las garantías para la promoción y el disfrute de los derechos humanos de la población. En este sentido, reconoce que el alto gobierno haya rectificado en su negativa a implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos, una propuesta que diferentes organizaciones veníamos realizando desde el año 1998 y que había sido rechazada con el argumento que la Constitución bastaba como instrumento normativo en esta dimensión. Sin embargo, no fue la incidencia de las ONGs nacionales la que influyó en este cambio de opinión sino los organismos internacionales. Un hito fundamental fueron los resultados del primer Examen Periódico Universal (EPU) realizado por Venezuela en el año 2011, en donde aceptó la recomendación realizada por Brasil de “Formular un Plan Nacional en Derechos Humanos, en concordancia con la Declaración de Viena y luego de una amplia consulta con la sociedad civil”. Recordamos que nuestro país debe rendir su segundo EPU en el año 2016, por lo que debe mostrar avances concretos en la promoción de este plan. A pesar de la improvisación y premura en su aprobación, reconocemos positivamente la iniciativa.
La propuesta de Plan se ha basado en 5 ejes temáticos, que contienen una serie de ideas concretas, muchas de las cuales se encuentran en sintonía con los estándares internacional en derechos humanos. Muchos de estos planteamientos, lógicos, pertinentes y necesarios, podrán alcanzar un consenso importante por amplios sectores de la sociedad. Citamos sólo algunos. En el primer eje se sugiere promover la incorporación de los derechos humanos en los procesos de formación del Sistema Educativo, en todos sus niveles y modalidades, así como desarrollar estrategias de promoción y divulgación desde espacios de educación no formal y medios de difusión masiva. El segundo eje, por su parte, indica la necesidad de transformar el sistema de justicia para garantizar el acceso de toda la población en condiciones de igualdad, reestructurar el sistema penitenciario y continuar implementando el proceso de reforma policial diseñado por la Conarepol en años anteriores. El cuarto eje expresa la necesidad de fortalecer la presencia en los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, explicitando el apoyo al sistema universal de Naciones Unidas, así como crear mecanismos para la implementación y seguimiento de sus recomendaciones. Por último el quinto eje, fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, ubica como acción establecer un sistema nacional de indicadores que permita hacer seguimiento y evaluar el impacto de la gestión oficial en la materia.

Lo malo: La poca claridad en el proceso

No existe información clara en la opinión pública sobre la propuesta del Plan, ni sobre los mecanismos de consulta ni sobre el calendario y los plazos en los que la misma se desarrollará. Hasta ahora, la diferencia con el proceso de consulta realizado por el propio Estado, en la Conarepol, es notable. No existe una campaña intensiva de información, a través de todos los medios de comunicación, ni se encuentran disponibles, de manera masiva, copias impresas de la propuesta. Algunos reportajes de medios oficiales hablan de una “presentación del Plan”, como si fuera el definitivo, lo cual aumenta la desinformación. No hay claridad acerca de los plazos, pues algunos voceros han hablado que se realizará en 45 días, a lo que el Foro por la Vida ha sugerido un plazo de 9 meses. Tampoco se conocen suficientemente los mecanismos para incorporar estrategias o modificar las existentes. En el sitio web del Consejo Nacional de DDHH no hay un calendario público con las convocatorias. Sólo se indica una dirección de correo electrónico para el envío de insumos a considerar. Por otra parte, la encuesta electrónica promocionada en este portal es insuficiente como mecanismo de consulta, pues contiene una serie de preguntas de respuesta evidente que, metodológicamente, no permiten incidir en los contenidos concretos del plan propuesto.
Lo feo: El contrabando ideológico

Coincidimos con el ministro Arreaza sobre que la discusión e implementación de un plan de esta naturaleza es una oportunidad para el diálogo, sin embargo no se están generando condiciones para ello. El propio Consejo Nacional de DDHH, según se desprende del decreto 876 que establece su creación, no cumple con los principios de autonomía y pluralismo establecido en los estándares internacionales. En segundo lugar, la propuesta utiliza conceptos de naturaleza ideológica ausentes en el texto constitucional, lo cual genera ruido innecesario para la discusión y discrimina a las personas que no se califican a sí mismas como “socialistas”. La propuesta realiza un sesgo de la historia contemporánea del país y falsea el propio desarrollo de los derechos humanos para adaptarla a una imprecisa y volátil “visión emancipadora, crítica y alternativa” reiterada a lo largo de la propuesta, inexistente en la Constitución y en los estándares internacionales de DDHH.

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Resultados del EPU y “mala intención”

octubre 24, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Sin los saldos que algunas voces agoreras pronosticaban, terminó el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) para Venezuela, un mecanismo de diálogo entre los Estados, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para revisar el grado de cumplimiento de los países en sus obligaciones en la materia. 148 recomendaciones al Estado venezolano fueron realizadas por sus pares, de las cuales 95 fueron aceptadas y, como informaron los voceros gubernamentales, 75 de estas se encuentran en ejecución. Por su parte, 38 fueron rechazadas. Como lo explicó Calixto Avila en un artículo, las recomendaciones del Consejo no tienen carácter obligatorio, sin embargo son vinculantes, pues comprometen al Estado venezolano cuando son aceptadas. Dentro de cuatro años se evaluaría al país en base a la evolución y cumplimiento progresivo de las mismas.

Recientemente, en una rueda de prensa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz –quien fue parte de la delegación gubernamental durante el EPU- declaró que las recomendaciones que habían sido rechazadas, lo fueron porque habían sido postuladas “con mala intención”. Seguidamente, la funcionaria afirmó que a nivel internacional “había un ataque permanente al Estado venezolano”.  ¿Cuáles fueron estas recomendaciones realizadas, a juicio de la funcionaria, pícaramente?
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Derechos Humanos en Venezuela bajo lupa

octubre 10, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El viernes 07 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó, por primera vez, el Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela, un mecanismo mediante el cual se mide el grado de cumplimiento de los países miembros en sus obligaciones en materia de derechos humanos. El EPU es un diálogo entre Estados donde interviene de manera indirecta la sociedad civil. Los Estados interrogan a los representantes del gobierno venezolano sobre situaciones específicas de la realidad del país en cuanto a la garantía de los derechos. Le solicitan que explique qué tipo de medidas adoptará para superar deficiencias existentes o para fortalecer políticas acertadas que viene aplicando. Los funcionarios responderán según su criterio.

La presentación del Estado venezolano hizo énfasis en los avances logrados en los derechos sociales, especialmente entre los años 2006 al 2008. Las organizaciones sociales, en los informes remitidos los cuales son tomados en cuenta por el Consejo de la ONU, visibilizaron los retrocesos en los derechos políticos, así como los estancamientos en algunos derechos sociales, como la vivienda. Como lo repitieron los activistas presentes en Ginebra, sitio de realización del EPU, el trabajo de las organizaciones no es a favor o en contra de gobierno, sino por la garantía de los derechos humanos para todos y todas, desde una perspectiva integral, lo cual incide en la calidad de vida de la población. Lamentablemente, algunos voceros del gobierno, incluyendo el primer mandatario, no tomaron el EPU como un espacio en donde se reforzarían sus políticas positivas y serían recomendadas medidas para revertir los flancos débiles, sino como una “batalla” que debía ser ganada. El Ministerio de Comunicación, insistentemente, desnaturalizaba las observaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos al categorizarlas como “pagadas por los Estados Unidos”, con lo que sugería su naturaleza mercenaria. Lo que no se percató el despacho de Andrés Izarra, funcionario que por cierto pidió protección tras los sucesos de abril 2002 a las organizaciones que hoy criminaliza, es que este tipo de campañas, precisamente, estaban bajo la lupa de la ONU como parte del hostigamiento contra la sociedad civil independiente del país.
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Octubre: Mes de acción por derechos laborales

octubre 10, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Tras la tradicional jornada del Primero de Mayo, octubre será un mes en donde sindicalistas, trabajadores y trabajadoras del país podrán poner, de nuevo, sus reivindicaciones sobre el tapete. Tres eventos serán propicios para ello. El primero es el Examen Periódico Universal (EPU), que como recordaremos será la oportunidad para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evalúe los compromisos del Estado venezolano en materia de derechos humanos. Diferentes organizaciones sociales del país remitieron sus informes al EPU, en donde uno de los temas era la vigencia de los derechos laborales. Por ejemplo, se informó que entre los años 2006 y 2010 fueron asesinados 181 sindicalistas y trabajadores por conflictos laborales. Un número importante se relaciona con desviaciones en el ejercicio de la actividad sindical ya que los dirigentes sindicales se convierten en gestores de empleo cobrando cuotas por esa labor. Entre las preguntas sugeridas sobre el tema al Estado venezolano se encontraban: ¿Podría suministrar información sobre el número de sentencias que establecen responsabilidades penales por los asesinatos de 181 sindicalistas o trabajadores relacionados con conflictos laborales, ocurridos entre octubre de 2006 y septiembre de 2010?  Y ¿Qué mecanismos ha adoptado el gobierno nacional para prevenir este tipo de asesinatos?
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EPU y derecho a la vivienda

octubre 3, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El próximo 07 de octubre será la primera vez que Venezuela sea evaluada, por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Examen Periódico Universal (EPU), un novedoso mecanismo para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos por parte de los diferentes países del mundo.

El derecho a la vivienda será uno de los aspectos examinados en la evaluación. En su informe destinado al EPU, el Estado venezolano apenas nombra políticas en la materia en 5 párrafos, 4 en los cuales se describe la atención dada a las familias damnificadas por las lluvias de diciembre del 2010. En el quinto, reconoce que las políticas implementadas en el sector son “insuficientes” para garantizar el derecho, aunque poniendo la responsabilidad en “el cambio climático” y “la ausencia de políticas públicas en la materia por más de medio siglo”. Afirmación extraña, pues todos los gobiernos democráticos anteriores, salvo el de Rómulo Betancourt, superan ampliamente al gobierno del presidente Chávez en las cifras de construcción de viviendas. El gobierno bolivariano ha incumplido sistemáticamente sus metas en el sector, construyendo en promedio anual, durante 11 años, la cantidad de 29.508 unidades habitacionales.
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EPU y derecho a la salud

septiembre 20, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Este año se realizará por cuarta oportunidad, esta vez a un grupo de 48 países, entre ellos, Venezuela. La fecha pautada para la revisión es el próximo 7 de octubre. De esta manera, al país le tocaría su próximo EPU en el 2015.

En materia de salud el gobierno del presidente Chávez tiene políticas positivas que presentar. Entre ellas la atención primaria de salud a familias pobres a través de la Misión Barrio Adentro, en sus distintos niveles. La reducción de la tasa de mortalidad infantil y neonatal y mejora en la esperanza de vida al nacer.

Sin embargo, paralelamente el Estado mantiene una conducta omisiva al no promulgar una ley orgánica que cumpla el mandato de constituir un sistema público nacional de salud y garantizar un financiamiento fiscal adecuado para cubrir las necesidades sanitarias de personal, infraestructura, insumos y programas preventivos. El Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018 (PNS), elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPD) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), establece principios no integrales y centralistas de gestión sanitaria, desconociendo los principios de integralidad y descentralización que rigen en la Constitución Nacional (artículos 84 y 85). En este sentido, el Estado conserva una separación indebida entre las redes de centros públicos existentes y enfoca sus esfuerzos en la red Barrio Adentro, bajo coordinación de una delegación médica del Gobierno de Cuba. Además la Misión Barrio Adentro no está adscrita al MPPS sino al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia. A finales de 2009 el Gobierno nacional declaró en emergencia dicha misión por la paralización del 50% de sus centros (2.149 abandonados de 4.298 construidos, y 1.199 funcionando a medio turno) a causa de problemas.
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Venezuela a examen

marzo 31, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El Estado venezolano será sometido el próximo 7 de octubre a una novedosa evaluación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Examen Periódico Universal (EPU), sobre el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta para mejorar su situación.

Los resultados del EPU se basan en los insumos que envían tanto las iniciativas sociales como las instituciones estatales. El pasado lunes 21 de marzo venció el plazo para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo enviaran información sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El 16 de julio será la fecha de culminación del plazo que tiene el Gobierno venezolano para presentar su punto de vista. Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizará una compilación preparada de la información contenida en los informes de los órganos que supervisan el cumplimiento de los tratados ratificados por Venezuela. Es decir, información de organismos como el Comité Contra la Tortura, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Comité de los Derechos del Niño.

Toda la información aportada y recopilada servirá para que los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos realicen un diálogo con el Gobierno venezolano y realicen una serie de recomendaciones para superar el déficit existente en la garantía de los derechos, así como la posible implementación de una serie de prácticas para optimizar sus indicadores.

Uno de los aspectos importantes de este examen es que dentro de cuatro años, el país volverá a ser evaluado sobre el cumplimiento de las recomendaciones que surjan de la evaluación a realizarse. Es decir, el proceso no termina el 7 de octubre. Ahí culmina una etapa y se inicia otra. El Estado deberá adoptar políticas y asignar el presupuesto suficiente para cumplir las recomendaciones. La sociedad civil tiene el deber de realizar una efectiva contraloría social sobre su grado de cumplimiento y, en la medida de sus posibilidades, presentar propuestas concretas para que las recomendaciones se conviertan en transformaciones positivas para la vigencia de los derechos humanos.

El diálogo y trabajo conjunto de las instituciones del Estado con las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para avanzar en el corto y mediano plazo en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país. Colocar obstáculos al trabajo de las organizaciones, descalificar su acción y no considerar los aportes que sugieren, incrementa las dificultades para superar los déficits existentes.

Organizaciones como Cofavic, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Espacio Público, Una Ventana por la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano, Convite, Acción Solidaria y Provea enviamos información diversa con la cual se puede organizar un debate público. Queda de parte del gobierno decidir si cumple la recomendación de Naciones Unidas de promover ese debate y trabajo conjunto.

En el caso de Provea se hizo énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) reconociendo avances, pero también alertando sobre retrocesos. En el contexto, relatamos cómo el clima de confrontación política ha estimulado la discriminación contra personas que no comparten posiciones gubernamentales. Asimismo, se visibilizó el incumplimiento de las decisiones y recomendaciones del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos y las políticas de cooptación y subordinación estatales desplegadas en los movimientos sociales.

En materia de derechos laborales se registró que desde octubre de 2006 hasta septiembre del 2010 han sido asesinados en Venezuela 181 sindicalistas. Asimismo que desde 1999 el Gobierno nacional ha fijado los salarios mínimos de manera unilateral violando el Art. 138 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) que prevé recurrir a las comisiones tripartitas para estas negociaciones.

Trabajadores/as y patronos/as no tienen de esta manera posibilidad de incidir en los ajustes salariales. Estos incrementos han estado siempre por debajo de los altos niveles de inflación que han caracterizado la economía venezolana en los últimos años. Sobre el tema de la injerencia en las elecciones sindicales se explicó que en aplicación del numeral 6 Art. 293 de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene intrusión en las elecciones sindicales. Al respecto, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 97 reunión de 2005 recomendó a Venezuela que el CNE deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales y deje de estar facultado para anularlas. Igualmente afirmó que era necesario modificar o derogar el estatuto para la elección de las directivas nacionales que otorga un papel preponderante al CNE en diferentes etapas del proceso de elecciones sindicales. (Correo del Caroní, 28.03.11)

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Lo que leerán a continuación es parte de un trabajo de investigación o tesis que se realizo durante algún tiempo en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y que se culmina en junio del 2012. Se han obviado para este blog algunos extractos relacionados al ámbito académico (marco teórico, aspectos técnicos de la carrera). Este blog se publica con la intención de colaborar con la preservación de nuestra historia y nuestro legado musical. Quien quiera consultar la tesis completa puede hacerlo a partir del mes de mayo de 2013 en la biblioteca de humanidades de la UCV bajo el nombre de "Las letras de las canciones de la banda Sentimiento Muerto".

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