Berta Cáceres y Arco Minero del Orinoco

Rafael Uzcátegui (*)

Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres Provea y Laboratorio de Paz emitimos un comunicado, que cito en extenso:

“Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela

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Nodos & Redes: El Salvador: Democracia de base contra la minería

El pasado 29 de marzo de 2015 un municipio salvadoreño realizó un singular ejercicio de consulta y participación democrática desde las bases. En Nueva Trinidad, a 94 kilómetros de El Salvador y con una población aproximada de 2.103 habitantes repartidos en 46,33 kilómetro cuadrados, ese domingo se realizó una “consulta popular” para determinar si la comunidad estaba de acuerdo con permitir o prohibir proyectos mineros en la localidad.

Según los datos del Ministerio de Economía, en El Salvador se encuentran activas actualmente 23 licencias para la exploración de posibles minas de oro y otros metales, repartidas en las zonas montañosas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas. La posibilidad de negocios extractivos en el país es de tal magnitud que el Estado salvadoreño litiga una demanda de 301 millones de dólares impuesta por la internacional minera Pacific Rim/Oceana Gold ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (Ciadi), ente del Banco Mundial. Sin embargo, debido al impacto social y ambiental como consecuencia del desarrollo de estos proyectos, diferentes iniciativas y organizaciones populares se han movilizado para exigir detener la apertura de minas en sus territorios.

En el caso de Nueva Trinidad la petición de la consulta popular se realizó tras la coordinación de activistas comunitarios locales con la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, quienes conjuntamente solicitaron una ordenanza municipal que declarara al municipio como “territorio libre de minería”. Ya otras dos localidades habían realizado una elección similar: San Isidro Labrador y San José Las Flores, quienes ya negaron oficial, e institucionalmente, la minería en sus municipios. En Nueva Trinidad participaron en total 812 personas, un importante 61,85% de su padrón electoral. Los resultados fueron: 804 votos en contra de los proyectos extractivos, 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería. Pudo más la identidad local, el sentido de pertenencia y la conciencia ecológicas que las promesas de “desarrollo”, “empleo” y “prosperidad” que ofertaron a los habitantes los operadores mineros.

El mapa de conflictos sociales actuales en América Latina coloca a las resistencias contra proyectos de megaminería y extractivismo de primero en la lista del causal de movilizaciones

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Allá y aquí: Resistencia al extractivismo

Rafael Uzcátegui

El río Missouri es la corriente de agua más grande de Estados Unidos, y para millones de personas, incluyendo varias de las comunidades indígenas que aún sobreviven en reservas, es su principal fuente de acceso al agua potable. El gobierno del país ha decidido construir el oleoducto Dakota Access, valorado en 3.7 mil millones de dólares, el cual cruzaría el río 800 metros por encima de la toma de agua de la reserva siux Standing Rock, en Dakota del Norte. Los indígenas siux iniciaron un proceso judicial contra la obra, alegando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos otorgó permisos para el proyecto sin evaluar de forma adecuada sus posibles consecuencias tanto para la calidad del agua como en los lugares sagrados de las indígenas. También argumentan que no se realizó ningún proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con los integrantes de la tribu.

Los Sioux de Standing Rock instalaron, a comienzos de abril de 2006, el primer campamento de resistencia y lo llamaron “Piedra Sagrada”. Rápidamente se convirtieron en cuatro campamentos, con más de 1.000 personas en vigilia permanente, la mayoría de ellas pertenecientes a pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá. “El agua es vida” es la consigna de esta lucha pacífica contra el oleoducto que se construye para el transporte de crudo desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois. Cuando las máquinas excavadoras profanaron cementerios y otros sitios sagrados, decenas de indígenas se enfrentaron a la policía. Según un reporte de Amnistía Internacional del pasado 24 de agosto, 29 manifestantes habían sido detenidos en las últimas semanas. Días después la ONG emitía una acción urgente para pedir a las autoridades respetar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en Dakota del Norte: “El gobierno de Estados Unidos está obligado por el derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de los indígenas, como el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Es el legítimo derecho de las personas a expresar pacíficamente su opinión -dice la comunicación-. “Las reuniones públicas no deben ser consideradas como el ‘enemigo'”. La organización lamentaba que las autoridades hayan cortado el paso por la carretera, impidiendo que nuevas personas se sumaran a la protesta pacífica si así lo deseaban.

El reclamo de no haber sido consultados sobre el proyecto, realizado por los indígenas norteamericanos, los hermana con sus pares venezolanos, a quienes tampoco les preguntaron su opinión sobre el proyecto denominado “Arco Minero del Orinoco”

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Gamelote “ecosocialista”

Rafael Uzcátegui

La contraparte a lo que el pre-bolivarianismo cuestionó en los 90´s como “meritocracia” ha sido el voluntarismo ideológico, que en nuestros predios ha tenido consecuencias que todos y todas estamos sufriendo en los actuales momentos. Personas que sólo por su adherencia al partido de gobierno, y no por su experiencia en el tema, tomaron decisiones en cargos de importancia cuyas consecuencias afectaron a muchas personas. El menosprecio al conocimiento terminó afectando principalmente al proyecto que apoyaban, que en buena parte fue sostenido no por un cambio real de paradigmas sino por la abundancia de recursos económicos proveniente de la llamada “década de los commodities”.

Lo anterior viene a cuento por la defensa, no sorprendente a estas alturas, que varios próceres del bolivarianismo vienen realizando del proyecto Arco Minero del Orinoco. Entre el abanico se encuentra Jorge Arreaza, donde las notas de prensa lo muestran de gira por el estado Bolívar, transformando comunidades indígenas en pueblos mineros, todo en nombre de un curioso “ecosocialismo”. Ni Arreaza, ni el resto del coro, tienen idea de cuáles serán las consecuencias concretas del proyecto por la sencilla razón que no se ha hecho el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una de las condiciones que pone la Constitución para la promoción de iniciativas de tal envergadura. Todas las ofertas sobre minería ecológica y bombardeos humanitarios, a falta de la información técnica y los estudios de campo, son simplemente gamelote.

Un proyecto minero que intervendrá el 12% del territorio venezolano tendrá secuelas previsibles de diverso tipo. Al desarrollarse en las riberas del Orinoco, la primera cuestión a determinar sería el impacto en los recursos hídricos y en la erosión de suelos. El abanico de impactos suma y sigue: La calidad del aire,  vida silvestre y biodiversidad. No podemos olvidar las consecuencias sociales, la posible erosión en la forma de vida de las comunidades originarias, el desplazamiento y migración de personas, la perdida de acceso al agua potable y medios de subsistencia, secuelas sobre la salud pública y lugares sagrados, bienes históricos y sitios de interés cultural. Por último el aporte estimado al cambio climático del emprendimiento.

Un último detalle sobre el EIA. Un combustible que ha encendido la conflictividad regional en las multitudes opuestas al extractivismo ha sido que el diagnóstico haya sido realizado por instituciones que no generan confianza a la sociedad: Las empresas mineras o el propio gobierno, ambos interesados en que el negocio marche como miel sobre hojuelas. En el caso venezolano el EIA debería realizarse por un tercero respetado por el conjunto: Las universidades, por ejemplo.

No sabemos si la majadería podría ser considerada alguna vez un derecho. Lo que por ahora es cierto es que la ignorancia de unos puede poner en riesgo el derecho de todos a tener una Venezuela en el futuro que no se parezca a una gran cantera a cielo abierto. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Previa, libre e informada: El derecho a la consulta

consulta

Rafael Uzcátegui

El pasado 9 de agosto, a propósito de celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tres organizaciones sociales del país recordamos la efeméride haciendo énfasis en el apoyo al derecho a la consulta previa de las comunidades originarias. De esta manera el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Laboratorio de Paz y Provea presentamos el documental “Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas” y un informe sobre la situación de este derecho, a la par de contar con los valiosos testimonios de líderes indígenas del estado Bolívar y Zulia.
Recordemos que el derecho a la consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntar primero la opinión de los pueblos originarios antes de realizar proyectos económicos o actividades militares en territorios indígenas.

El informe describe todo el amplio marco normativo internacional que moldea este derecho. Por ejemplo el Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas posee dos instrumentos legales principales: 1) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y 2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007. Por su parte el Sistema Regional de protección en Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta con los siguientes mecanismos: Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informes temáticos e informes de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se hace referencia a la experiencia que poseen otros países de la región en la realización de consulta previa, de la cual se pudiesen extraer las enseñanzas necesarias.
En la parte nacional la propia Constitución es absolutamente clara cuando establece, en su artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos de los hábitats indígenas “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. Los artículos 53 al 61 del Capítulo VI de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas refuerzan esta garantía.

Lo que está haciendo Jorge Arreaza y su grupo de asesores en materia indígena en el estado Bolívar no se asemeja, ni de lejos, a lo que está establecido en la Carta Magna y en los pactos internacionales en materia de derechos indígenas. Arreaza está realizando asambleas informativas para transformar comunidades indígenas en pueblos mineros, y darle a esas reuniones de pocas horas la calificación de “consultas”

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Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas

Audiovisual donde se describe qué es el extractivismo y el impacto que ha tenido esta actividad en la economía venezolana, con testimonios de líderes indígenas, biólogos y activistas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Se expone como caso emblemático el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Producido por Provea, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y el Laboratorio de Paz. Realizado por Juan Pablo Núñez

Vuelta de la mitad del mundo

Rafael Uzcátegui

Tuvimos la suerte de formar parte de un proyecto de “diplomacia ciudadana” en el que, por una semana, pudimos visitar organizaciones en Quito para intercambiar desafíos, retos y preocupaciones, mediante un mecanismo de diálogo Sur-Sur entre emprendimientos de la sociedad civil. Fueron 20 vertiginosas reuniones con académicos, organizaciones indígenas, de diversidad sexual, derechos humanos, libertad de expresión y redes de mujeres, más dos reuniones públicas sobre la situación venezolana.

Correa y Maduro están emparejados por ser parte del llamado “giro a la izquierda” del continente, bajo gobiernos autocalificados como progresistas. Sin embargo, las diferencias son menos conocidas que las similitudes. La primera de ellas es que a pesar que la llamada “Revolución Ciudadana” orbita en torno a la figura presidencial, el culto a la personalidad no ha alcanzado las dimensiones grotescas del bolivarianismo. En el recorrido de 40 minutos desde el nuevo Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre, en los suburbios de Tababela, a la capital no vimos, ni de ida ni de vuelta, ninguna imagen del guayaquileño líder de “Alianza País”. Tampoco durante nuestra estancia en la ciudad salvo, claro está, en los medios de comunicación controlados por el Estado. Los edificios de Quito están adornados por el logo multicolor de “Ecuador ama la vida”, a través del cual el país intenta posicionarse regionalmente como marca. Pero nada que ver con las gigantografías orwellianas a las que estamos tristemente acostumbrados los venezolanos. Una segunda diferencia es la relación de Correa con las Fuerzas Armadas, de tensión y distanciamiento, nada que ver con el pasticho “cívico-militar” endógeno. Además los intereses de clase que refleja el gobierno ecuatoriano, como dirían mis amigos marxistas, son los de la tecno-burocracia académica, bilingüe y de sectores medios de la población. A pesar de algunos intentos, y esta es la última diferencia, el partido Alianza País no pudo cooptar a toda la izquierda ni a los movimientos sociales. Por ello, hay dos oposiciones a Correa, una ligada a estos últimos. La otra a los sectores políticos conservadores desplazados del poder.

Las analogías están allí. Un férreo y aceitado aparato propagandístico que ha logrado construir su hegemonía comunicacional y promover leyes draconianas para limitar la libre expresión. Ausencias de contrapesos que han permitido enriquecimientos súbitos en 24 horas. Criminalización de toda protesta y disidencia. Y por último, un presidencialismo soberbio y sordo que ha ocasionado que el “rechazo a la prepotencia” haya sido la frase que más escuchamos durante nuestra visita. Algunos nos hablaron de la “venezolanización” del Ecuador, cuando la inflación alcanza el 7% y la crisis asoma sus narices. “Estamos a 3 o 4 años atrás de ustedes” nos dijeron. “Ojalá no lleguen ni a la mitad de nuestros problemas”, respondimos. Todos creen que ante su baja popularidad, Correa salga del poder en 2017. En esto también nos parecemos. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Provea: Decreto del Arco Minero suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano

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(Caracas 08.03.16) El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informadaa los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.
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Esa desconocida llamada Consulta Previa

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Entre el 2 y 3 de junio, el Estado venezolano rindió examen ante las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Uno de los motivos de preocupación para este comité de la ONU fue que las consultas a los pueblos indígenas no se realizan de manera regular y con plenas garantías

Rafael Uzcátegui

Ha sido reconocido por las organizaciones indígenas del país y sus aliados, que el marco normativo presente en la Constitución, el denominado Capítulo VIII de la Carta Magna, es ampliamente garantista en materia de derechos de los pueblos originarios y en sintonía con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, como lo ha planteado el profesor Vladimir Aguilar del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, los tiempos del derecho no se han correspondido con los tiempos de la realidad. Por una serie de circunstancias, los derechos indígenas presentes en la Carta Magna se están convirtiendo en letra muerta. Si bien el caso más conocido ha sido la deuda en la demarcación de sus territorios, que debió haberse concluido en el año 2001 y hoy apenas alcanza un 13 % de cumplimiento, hay un segundo derecho de igual trascendencia para los pueblos indígenas, que a pesar de haberse incluido en la Carta Magna, no se ha materializado en ninguna oportunidad desde el año 1999. Se trata del derecho a la consulta previa, libre e informada, un tema ignorado por las diversas autoridades y ausentes del discurso reivindicativo de las propias organizaciones indígenas.

El derecho a la consulta previa ha sido escasamente demandado por el movimiento indígena venezolano. Las razones, a nuestro juicio, son dos. La primera la escasa información sobre el alcance del derecho y las experiencias internacionales de justiciabilidad. La segunda, que también puede explicar la anterior, es la fragmentación y cooptación del movimiento indígena

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Nodos & Redes: Motilones contra Rockefeller

Rafael Uzcátegui

Después de Simón Bolívar, el petróleo constituye el segundo mito fundacional de la sociedad venezolana. ¿Alguien lo duda? Junto a la figura ecuestre del Libertador, o los bustos repartidos en toda la geografía patria, debería estar la figura inmutable de Arturo Uslar Pietri, alrededor de cuya frase “Sembrar el petróleo” orbitan todos los proyectos políticos de la modernidad en este rincón del Caribe. Si usted revisa todas las propuestas del espectro político, desde la izquierda insurgente armada hasta la centroderecha, todas parten de la idea que somos un país rico en minerales e hidrocarburos, para desde allí construir su propuesta para lo que consideran desarrollo y progreso nacional: Los rojos con mayor participación del Estado, mientras que el resto arriman el hombro hacia la empresa privada. Tenemos petróleo, hay que sacarlo de la tierra y venderlo, punto. En esto coinciden el plan de la patria madurista o la propuesta temática de Leopoldo López.

Es quizás por este pacto de caballeros, no escrito, que los relatos que contradicen esta forma de pensar han sido silenciados, y por cayapa. La historia, escrita por los vencedores de la extracción energética, ha relegado al fondo del baúl del olvido la guerra que los antiguos motilones, los indígenas barí, declararon contra las empresas petroleras durante por lo menos 40 años en la frontera colombo-venezolana. Y por lo poco que se sabe, en varias ocasiones lograron que campamentos petroleros huyeran en estampida bajo el asedio de las flechas.

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La sociedad post-petrolera

Rafael Uzcátegui

Hace pocos días la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) difundió un pronunciamiento al cumplirse 15 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La coalición que agrupa casi una veintena de iniciativas asociativas recordó el avance que había significado la inclusión de todo un capítulo, enlistado bajo el número 8, referente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. También rememoraron, además, que la principal demanda indígena incluída en la Carta Magna, el derecho a la tierra, no se había cumplido como establecía el texto constitucional. El artículo 119 reconoce los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, y la disposición transitoria decimosegunda establecía dos años como plazo para que las mismas fueran demarcadas y entregadas a las comunidades. No solamente los tiempos no se cumplieron, sino que como establece la propia COIAM al día de hoy apenas se ha demarcado y entregado el 12.4% de los territorios.

Las razones para estos resultados son múltiples: Desde el desconocimiento de los funcionarios sobre la especificidad de los derechos de los pueblos originarios; la fragmentación, cooptación e institucionalización de una parte significativa del movimiento indígena hasta una visión que jerarquiza la llamada “seguridad nacional” y la soberanía al cumplimiento efectivo de los derechos. Sin embargo, a nuestro juicio la mayor razón de fondo tiene que ver con el proyecto de desarrollo impulsado por el gobierno nacional, basado en la explotación y exportación de recursos minerales y energéticos, muchos de ellos bajo territorios indígenas. Como se recordará el propio “Plan de la Patria”, actualmente en aplicación, estableció que para el 2019 habríamos duplicado la producción de petróleo y gas en el país. Frente a este objetivo, cualquier iniciativa denominada como “ecosocialismo” es un simple adorno.

Sin embargo la visión de la Venezuela rentista y de la “siembra petrolera” no es solamente patrimonio de los gobiernos bolivarianos recientes. Las propuestas de los voceros de los partidos políticos opositores no se alejan del modelo, sino que lo refuerzan. Un buen ejemplo es el reciente documento “Todo el petróleo para todos los venezolanos” difundido por Leopoldo López, desde prisión. Las ideas allí vertidas fueron suficientemente discutidas hace bastantes años por Arturo Uslar Pietri, Alberto Adriani y Juan Pablo Pérez Alfonso, y con diferentes énfasis han protagonizado la vida de este país en los últimos 100 años.

En el resto del continente el debate sobre las sociedades post-extractivas está suficientemente posicionado, con nociones y reflexiones verdaderamente nuevas de las cuales podríamos aprender para contextualizar a nuestra realidad. Podríamos empezar por revisar lo que ha dicho Eduardo Gudynas, desde el Centro Latinoamericano de Ecología Social, sobre las transiciones a un momento post-petrolero. Aunque nosotros estemos en otra, es una de las discusiones medulares en la región para superar la pobreza mediante un proyecto civilizatorio respetuoso del medio ambiente. (Publicado en el diario 2001)

Militarismo y extractivismo

sarayRafael Uzcátegui

En la actualidad América Latina tiene gobiernos de todo el espectro ideológico: De derecha, centro e izquierda. No obstante, todos comparten un mismo modelo de desarrollo: El “progreso” basado en una intensiva industrialización de sus países como consecuencia de profundizar la economía extractivista.

Extractivismo es una forma de organizar la economía de un país basada principalmente en 4 características: 1) Alta dependencia de la extracción intensiva de Recursos Naturales (pueden ser minerales o naturales) 2) Es realizada en grandes volúmenes (tendencia a la monoproducción / monocultivo), 3) Con muy bajo procesamiento (valor agregado, en inglés “commodities”) y 4) destinado para su venta en el exterior (exportación).

La expansión actual del extractivismo en la región ocurre independientemente de la ideología de los gobiernos nacionales, los cuales han revigorizado el papel de los Estados como reguladores de los capitales dentro de sus territorios. Entonces, junto a las compañías transnacionales los Estados nacionales son un actor importante en el estímulo del extractivismo en la región.

Algunos datos. Para el año 2013, según el ranking realizado por la revista America Economía, de las 10 empresas más grandes de América Latina 7 realizaban actividades extractivas (Petróleo, gas, minería y agroindustria) y 5 eran de propiedad estatal. Las tres primeras eran empresas energéticas estatales, en orden 1) Petrobras (Brasil), 2) Pemex (México) y 3) PDVSA (Venezuela). Para el 2011 el mayor volumen de exportación de las 500 mayores empresas de la región era para minería, un 28%, seguido por las agroindustrias en 12%, la industria automotriz en 12% y el sector petróleo-gas en 10%. Como consecuencia de la demanda de sus recursos naturales y energéticos según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2012 la región mostró su porcentaje de pobreza más bajo de sus últimos 30 años, un 28,8%.

El extractivismo en Latinoamérica necesita la militarización de los territorios ricos en recursos a ser explotados por la megaminería o la agroindustria. Es fácilmente constatable la presencia física de los ejércitos para “cuidar” los negocios, declarando las industrias como de “interés nacional” y aplicando una lógica de ocupación de guerra en los espacios. Por ello es que en todos y cada uno de los países se viola el derecho a que las comunidades indígenas y campesinas sean consultadas previamente sobre estas actividades de alto impacto sobre sus tierras. La mexicana Ana Cerceña dice: “hay que entender que la militarización no es sólo poner un soldado o una base militar en algún lugar, sino convertir las políticas en políticas con visión militarista, en políticas con visión de enemigo”. Y estas políticas con visión de enemigo han traído consigo la criminalización de la protesta, que es un proceso común a casi todos los países de la región. Para que el extractivismo exista debe existir una militarización que discipline a la sociedad en su rol de maquila energética.  (Publicado en Diario 2001)

El anarquismo estadocéntrico del Poder Popular

Rafael Uzcátegui

 

A petición de los compañero/as de Ekintza Zuzena, escribimos por segunda vez sobre el concepto “Poder Popular” que, en América Latina, promueven algunas iniciativas que se reclaman libertarias. Pero antes de entrar en materia, describiremos el lugar desde donde se realiza nuestra argumentación y, a grandes rasgos, el contexto que la perfila. Desde el año 1995 participamos en un grupo de afinidad anarquista que, en la ciudad de Caracas, entre otras actividades ha editado el periódico El Libertario, quizás la actividad más conocida. A partir del año 1998 antagonizamos con el proceso político denominado “revolución bolivariana” por tres grandes razones: La primera, la profundización del modelo extractivo-minero en sintonía, y sin contradicciones, con la globalización económica capitalista, lo cual ha incluido -a pesar de la retórica-, amplias garantías a la inversión transnacional energética (Por ejemplo, en el año 2009 Repsol anunció el descubrimiento en el golfo de Venezuela de la mayor reserva de gas natural de su historia). La segunda razón, por el proceso de estatización, militarización y fragmentación del movimiento social del país surgido a raíz del levantamiento popular del Caracazo, 27 de febrero de 1989, y cuya capacidad de movilización fue decisivo para el recambio burocrático experimentado en 1998, fecha de la primera victoria electoral de Hugo Rafael Chávez Frías. La tercera es que, a pesar de contar con la mayor bonanza económica de los últimos 30 años, el gobierno bolivariano no ha transformado las causas estructurales de una de las más injustas tasas de reparto de la riqueza en el continente –recordar que el país posee las mayores reservas energéticas de la región-, cuyos datos y testimonios pudimos plasmar ampliamente en el libro “Venezuela: La Revolución como Espectáculo. Una crítica anarquista del gobierno bolivariano” que, en el caso de la península ibérica, fue coeditado y distribuido por la editorial-librería La Malatesta de Madrid. Esta introducción es pertinente porque en el proceso de institucionalización y homogeneización del movimiento social que permitió su victoria en las urnas, el gobierno bolivariano pasó, a partir de marzo del 2009, a denominar por decreto a todas las instituciones con el adjetivo “poder popular”. Por ejemplo “Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, que coordina a las Fuerzas Armadas del país. El caso venezolano sería entonces una evidencia clara de los derroteros estatales del concepto.

 

La segunda aclaratoria previa tendría que ver con el anarquismo en el cual creemos, pues complejiza el maniqueísmo y simplificación de la discusión que los promotores del Poder Popular “libertario” (PPL) aluden en su discurso. Cultivamos un anarquismo que necesita de sus grupos de afinidad para el intercambio y construcción de lo que nos es más próximo, pero cuyo referente y ámbito de actuación no es otro que los movimientos populares, autónomos, de base y necesariamente plurales, para el cambio en un sentido libertario. Reivindicando y aprendiendo de la historia, así como de las tradiciones de lucha que nos precedieron, nuestro anarquismo debe responder a un contexto en permanente cambio, signado por la globalización económica, informacional y tecnológica, el cual ha dejado atrás el culto a la razón positivista que influyó en los pensadores antiautoritarios de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Además, es un anarquismo que debe ser expresión de las particularidades culturales que nos definen como latinoamericanos, sin perder su perspectiva universal e internacionalista. Esta reflexión hemos intentado plasmarla en nuestra publicación El Libertario, cuya línea editorial actual, en un escenario de estatización y polarización de las iniciativas populares, es la de promover los mayores niveles posibles de autonomía en las organizaciones sociales de nuestro entorno, en el entendido que mientras no exista un espacio de emprendimientos políticos diversos de base, beligerantes e independientes, los valores que defendemos como anarquistas no podrán tener la posibilidad de expandirse y ser vividos por amplios sectores de la población.

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Extractivismo y Militarismo en América Latina (Láminas)

Aca pueden descargar las láminas que utilicé en la conferencia web sobre “Militarismo y Extractivismo en América Latina” que compartí en el Consejo Electrónico de la Internacional de Resistentes a la Guerra:

extractivismo y militarismo

Si deseas ver un video con la presentación y el audio de la charla, visitar acá: https://vimeo.com/75308131

Venezuela: Neutralizando el conflicto

Rafael Uzcátegui

Cualquiera que tenga la curiosidad de conocer las tendencias de la conflictividad social en América Latina en los últimos meses, podrá constatar que las principales movilizaciones orbitan alrededor de dos temas relacionados: la comercialización de los llamados bienes comunes y la resistencia campesina e indígena a los grandes proyectos de extracción minera. Un rápido vistazo regional nos da cuenta de  la situación. En Bolivia la iniciativa gubernamental de construir una carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ha generado un importante rechazo popular. En Cajamarca, Perú, fueron asesinados por lo menos 4 manifestantes que repudiaban el Proyecto Conga, de la minera canadiense Newmont Mining Corporation. En Argentina las convocatorias han relacionado la denuncia de la aprobación de una ley antiterrorista con la exigencia de Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras. En Ecuador la presión ciudadana logró que el Estado haya sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la consulta previa en el caso de la promoción de proyectos extractivos dentro del territorio Sarayaku, además del juicio abierto contra Chevron por la generación de pasivos ambientales producto de su actividad dentro del país. En Guatemala diferentes comunidades indígenas alegan inconstitucionalidad de la Ley de Minería, el decreto 48-97. Estos episodios generaron un pronunciamiento de 5 coordinadoras indígenas latinoamericanas, en marzo pasado, en los siguientes términos: “Los gobiernos abiertamente neoliberales y los llamados alternativos o progresistas coinciden en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes”.

Venezuela, que tiene las mayores reservas energéticas del continente, no participa dentro de esta dinámica movimientista por varias razones: 1) La actividad extractiva ha sido mitificada por financiar las misiones sociales; 2) El movimiento indígena y ambientalista se encuentra cooptado, inmovilizado, polarizado y electoralizado; 3) La propaganda oficial sobre las cuestionables mejorías sociales ha desarticulado la presión internacional; 4) La inexistencia de una discusión pública sobre el modelo de desarrollo postpetrolero. @fanzinero

Chantajes, mentiras y petróleo

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 25 de febrero se conoció que un nuevo derrame de petróleo contaminaba las fuentes de agua del país. Esta vez el incidente ocurría en el río Tascabaña, ubicado en el estado Anzoátegui, en una zona habitada por comunidades indígenas kariñas. A pesar que hasta hoy no existe una estimación oficial de la cantidad de crudo vertido, las noticias difundieron la cifra de 300 barriles como los derramados sobre la principal fuente de agua de los indígenas. En un comunicado de prensa propagado tres días después, la estatal PDVSA aseguró que “activó el plan local de contingencia para atender en tiempo récord un vertido de crudo producto de un presunto sabotaje, en el cual se afectó con una segueta a una tubería cercana a un morichal”. Asimismo “Está garantizada la integridad de los ríos Tascabaña y Guanipa, por cuanto en las inspecciones realizadas se ha comprobado que las aguas no han tenido ningún tipo de afectación por este incidente”. Si bien la opacidad de la información emanada desde la compañía petrolera es previsible, sorprende la actitud del ministro de ambiente Alejandro Hitcher quien desde el suceso similar ocurrido en el rio Guarapiche de Monagas, ha actuado más como un vocero de la petrolera que como un funcionario encargado de los derechos ambientales en el país. El ministro volvió a repetir que los derrames no ocasionarían impacto en la naturaleza y respaldaba la tesis del “sabotaje” como causa del incidente en el oleoducto El Tigre-Puerto La Cruz. Sea cierto o no, la empresa tiene responsabilidad pues es su deber garantizar no solo el mantenimiento de las tuberías, sino también la seguridad de las instalaciones en coordinación con las autoridades locales y nacionales.
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Transiciones a la Venezuela post-petrolera

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Provea ha venido alertando acerca de la degradación al medio ambiente producto de la actividad extractiva petrolera. Desde hace varios años denunciamos que los esfuerzos que realiza la estatal PDVSA para disminuir el impacto ecológico negativo es, a todas luces, insuficiente. En diferentes puntos del país diferentes comunidades rurales e indígenas son afectadas por la contaminación de aire, agua y suelos producto de la minería. Esta situación es constante en otros países de la región que, al igual que el nuestro, se encuentran en proceso de expansión de su economía primario-exportadora de recursos energéticos. Sin embargo, en comparación, en ellos hay dos diferencias importantes: 1) Un activo movimiento social de base enfrentado a los grandes proyectos de infraestructuras a beneficio de la minería y a la ampliación de los diferentes yacimientos, y 2) Un variado tejido social, que incluye universidades e instituciones, que han puesto en el debate público la necesidad de planificar transiciones hacia una economía post-petrolera. En este último punto los intereses no provienen solamente de los ecologistas radicales. Diferentes economistas y funcionarios han afirmado que por un lado el recurso no es renovable y que, a pesar que algunos rubros (como el crudo pesado) existen reservas hasta dentro de 200 años, estiman que el mundo en algunas pocas décadas será menos dependiente de los hidrocarburos de lo que es en la actualidad. En resumen, que la gallina de los huevos de oro tiene un rendimiento finito.

Diferentes organizaciones sociales de la región promueven activamente tanto la denuncia al llamado “neoextractivismo” como una serie de alternativas para realizar un proceso de transición a un desarrollo diferente. Por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Economía Social (CLAES) ha propuesto una serie de medidas que permitan armonizar las necesidades energéticas humanas con la sustentabilidad ecológica, en el entendido que la transición a una economía post-petrolera debe dar cortos pero firmes pasos. Algunas de estas son:
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Indígenas y extractivismo

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La existencia de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos energéticos y minerales para la exportación, el extractivismo, constituye uno de los factores que más incide en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Este es el problema de fondo detrás de los diferentes episodios registrados en diferentes estados del país, incluyendo la reciente detención de indígenas y líderes pemones en el estado Bolívar.

La noción de desarrollo legitimada por el extractivismo, constante para los diferentes gobiernos venezolanos de las últimas décadas, es que el desarrollo supone crecimiento económico, en primer lugar, lo cual se alcanza por medio del aumento de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera ligada a los sectores más dinámicos de nuestra economía, los hidrocarburos y minerales. Este crecimiento, según esta lógica, generará efectos de derrame en el bienestar de la población por medio del empleo y el consumo. En nuestro caso este crecimiento es mediado por la apropiación intensa y eficiente de los recursos energéticos. La razón economicista, en los hechos, se jerarquiza sobre otras dimensiones, como el impacto sobre la naturaleza y las poblaciones que viven alrededor de los diferentes yacimientos. La mayoría de las iniciativas extractivas en el país se adelantan sin ningún tipo de consulta popular previa a quienes se verán afectados y afectadas. Tampoco se realizan los necesarios estudios de impacto ambiental.
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