2 minutos de odio en Fiscalía

Rafael Uzcátegui

Un grupo de miembros de organizaciones de derechos humanos nos dimos cita, en la mañana del martes 31 de mayo, en la sede de la Fiscalía General de la República para acompañar a la esposa e hija de Franklin Brito en su solicitud de justicia por la muerte de su esposo. A la misma hora un grupo de personas identificados con el oficialismo se reunían en el mismo sitio para apoyar el llamado “Proyecto de ley Contra el Olvido y la Impunidad”, con el que se pretende castogar los crímenes estatales ocurridos en el pasado.

Cuando la esposa de Brito y su abogado estaban declarando a los medios de comunicación, tras consignar una solicitud formal en el ente, dos personas de la tercera edad, en actitud agresiva, comenzaron a sabotear la denuncia en los medios. Seguidamente parte del grupo que los acompañaba comenzó a rodear a quienes allí estábamos -alrededor de 30 personas- al grito de “asesinos de la Cuarta República” e improperios similares. Algunos, al identificar a Liliana Ortega -miembro de Cofavic- comenzaron a gritar “asesinos del Caracazo”. Mientras todas las combinaciones posibles con la palabra “asesinos” se conjugaban, algunos de los hombres comenzaron a manotear más de lo debido e intentaban agredir a la familia Brito. Algunos de los presentes, entre ellos mi persona, contuvimos a estas personas, intentando dialogar con ellas acerca del derecho de todas las personas a acudir a las instituciones públicas. Los que me contestaron nos decían una y otra vez que ellos, se referían a la esposa e hija de Franklin Brito, les intentaban sabotear el acto y estaban “defendiendo la Cuarta República”. Los oficialistas seguían gritando asesinos, arengados por fotógrafos de los medios estatales presentes, que gritaban asesinos intentando tomar alguna gráfica que “revelara” que la familia Brito y sus acompañantes eran los violentos.

En un improvisado cordón llevamos a la familia Brito y sus abogados a que tomaran un taxi y se retiraran del lugar, antes que pudiera suceder algo. Ante la ausencia total de policías y la indiferencia y tolerancia de los funcionarios del Ministerio Público, los oficialistas (un 90% mayor de 50 años), rodearon el taxi e intentaron agredir a sus ocupantes. Nosotros contuvimos a los hombres mas violentos, pero las abuelas golpeaban la carrocería con sus paraguas, bolsos y carteles. El taxi no podía adelantarse ni retroceder, y un hombre intentaba -quien sabe con que objeto- abrir la puerta del lado del conductor. Por fin pudo alejarse del lugar. Los defensores de derechos humanos también abandonamos el sitio, bajo el coro de “asesinos!, asesinos!”.

Aquella manifestación de nonagenarios no era espontánea, y como lo ratifica un escrito del portal gubernamental Aporrea, motorizada desde la propia Asamblea Nacional. Alguien azuzó a los abuelos y abuelas contra la otra concentración, en esa lógica de control territorial promovida por el propio gobierno y criminalización de la disidencia. Los nonagenarios, indigestados de propaganda oficial, picaron convenientemente el anzuelo, convirtiéndose en un ad hoc, tropical y pasado en años, cuerpo de camisas pardas contra quienes se atreven a ser y pensar diferentes. Quienes reclamaban por la justicia a las víctimas del pasado (*), se convirtieron en los victimarios de los expoliados del presente.

Este incidente, que no es ni solitario ni casual, avisora las potencialidades del llamado “poder popular” estatizado, como primer grupo de contención a las reivindicaciones y exigencias no institucionalizables. En Guayana se está denunciando el uso de miembros del sindicato de la construcción -tristemente célebre por ganar puestos de trabajo mediante el sicariato- para disuadir la exigencia de mejores salarios y condiciones laborales. Algunas de estas organizaciones identificadas con el proceso bolivariano, están superando a sus maestros en la revitalización del argumento cabillero y la dialéctica armada, -literalmente-. Es la táctica de enfrentar pueblo contra pueblo, de crear fantasmagóricos movimientos “populares” por decreto para enfrentar y atemorizar lo diferente. De utilizar a medios falsamente adjetivados de “comunitarios” y “alternativos” como esquiroles y provocadores a sueldo.

Sin embargo el tiempo les juega en contra. No se puede sostener una mentira eternamente.

(*) A tres les pregunté si sabían quien era Roger Cordero Lara. Ninguno de los justicieros habia escuchado ese nombre antes.

El Foro por la Vida rechaza categóricamente los ataques recibidos por grupos violentos en las puertas del Ministerio Público

Fui testigo de lo que acá se cuenta. Posteo el comunicado del Foro por la Vida y unas fotos que tomé durante la concentración así como cuando el primer grupo de nonagenarios agresivos comenzaron sus increpaciones. Después tuve que dedicar a contener a los hombres mas violentos y cero fotos. En algún momento, espero, poder contar por acá mi relato de los hechos.

(Caracas, 31.05.11) Hoy, martes 31 de mayo de 2011, un grupo de representantes de ONG venezolanas, agrupadas en el Foro por la Vida, acompañamos a la Sra. Elena Brito y Angela Brito, esposa e hija del Sr.Franklin Brito, al Ministerio Público, con el propósito de consignar un documento que exige una investigación de los hechos que desencadenaron la muerte de Franklin Brito, cuando se encontraba privado de su libertad y recluido forzadamente en el Hospital Militar.

Luego de la comparecencia de la familia Brito y de su abogado, el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, ante los medios de comunicación social, un grupo de personas identificadas con el oficialismo se concentraban en las puertas de la Fiscalía para exigir justicia en los casos de desapariciones ocurridas en las décadas de los 60´s, 70´s, 80´s y 90’s en el país. Mientras el abogado de la Familia Brito declaraba a los medios de comunicación, algunas de estas personas interrumpieron sus palabras para acusar de “asesinos” a la familia Brito y al grupo que los acompañaba, mientras rodeaban a los declarantes. Estas personas comenzaron a asumir características violentas, aupados por camarógrafos y fotógrafos de medios oficiales e intentando agredir físicamente a la familia Brito, rodeando y golpeando el taxi en el que intentaban retirarse del sitio. Una grabación de video captó cuando uno de los agresores amenazó de muerte a los representantes de ONG´s afirmando que la próxima vez volverían armados “para hacerse respetar”. Estos hechos ocurrieron bajo la tolerancia e indiferencia de los funcionarios del Ministerio Público y la Guardia Nacional quienes, en el momento de la agresión, cerraron sus puertas.
Estos hechos se inscriben en un creciente contexto de intolerancia y violencia que pretenden inhibir la protesta pacífica y las muestras legítimas de exigibilidad de derechos, propias de un estado democrático, dentro de una estrategia de criminalización de la protesta que pretende deshumanizar a quienes exigen el disfrute de los derechos como forma de legitimar posibles agresiones. Asimismo, coinciden con el uso de presuntas organizaciones sindicales en el estado Guayana contra defensores de derechos laborales, lo cual puede sugerir una nueva modalidad de violación del derecho a la manifestación pacífica.
Los defensores de derechos humanos, históricamente, hemos estado al lado de las víctimas y en la lucha por la reivindicación de los derechos que defendemos y no declinaremos en estos propósitos, a pesar de que el Estado desarrolle una campaña de hostigamiento y amedrentamiento para intentar acallar nuestras voces.
Por todo lo anterior:
1. Condenamos la violencia y las manifestaciones de intolerancia e intimidación en contra de víctimas de violación de derechos humanos, abogados y defensores de derechos humanos.
2. Exigimos al Ministerio Público a que investigue estos hechos y todos aquellos que de manera recurrente han sido puestos bajo su conocimiento, donde se han denunciado ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos que permanecen en absoluta impunidad.
3. Exhortamos, una vez más, al Estado Venezolano a que abra un diálogo constructivo con las organizaciones no-gubernamentales para analizar el fondo de los temas que preocupan en materia de derechos humanos y se puedan tomar los correctivos pertinentes.

4.
Exigimos al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo su pronunciamiento acerca del derecho de acceso a los órganos de administración de justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por razones políticas.Vocería del Foro del Foro por la Vida
Espacio Público
Provea
Justicia y Paz Nacional

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Trastorno de ideas delirantes

En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la medida de privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su huelga de hambre, causó la radicalización del conflicto, dificultando el diálogo y apostando por un desgaste que terminó, en última instancia, con su fallecimiento.

Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a través de los medios estatales que el productor agropecuario padecía de “trastorno de ideas delirantes”. La doctora Díaz se convirtió en una figura activa de la campaña de criminalización y desprestigio, a la cual también se sumó la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el 14 de diciembre del 2009 sostuvo que Brito “no reunía la mejor condición mental”. Por defender lo que consideraba como sus derechos violentados, las máximas figuras del llamado “Poder Moral” lo llamaban loco.

Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras era sólo un capítulo de una serie de atropellos contra un humilde trabajador, oriundo de Rio Caribe, que empezaron cuando tuvo el “trastorno” de señalar, con pruebas, la inminencia de actos de corrupción en los organismos estatales. Como consta en la comunicación que Brito dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y en las primeras informaciones sobre su caso ventiladas por los medios, en abril del año 2001 el biólogo denunció que un millonario proyecto de fumigación con agroquímicos, contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar a ser financiado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no era la mejor alternativa para combatir las enfermedades en los cultivos de ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional, El Bloque Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese proyecto constituiría un “uso inadecuado de los recursos”, pues no era recomendable para el modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA le dio la razón, recomendando el uso de variedades de ñame resistentes a las plagas como una solución más económica y ecológicamente sustentable. En consecuencia la CVG desistió del financiamiento, desbaratando el negocio que involucraba, entre otros funcionarios, al alcalde del municipio, Juan Carlos Figarella.

Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia. Como retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes del poder para hacerle pagar con intereses sus “ideas delirantes”. El 16 de abril del 2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agrario (IAMDA), una institución dependiente de la Alcaldía del Municipio Sucre. Paralelamente fue cesanteado en su cargo de profesor de la Unidad Educativa Nacional “El Guarataro”, cuya directora, Griselda Álvarez, era prima del alcalde Figarella. Como si lo anterior no fuera suficiente, también es botada su esposa, Elena Rodríguez de Brito, de su rol de docente en la Escuela Integral Bolivariana “El Guarataro”. Como parte de este ensañamiento ocurre el otorgamiento de cartas agrarias, por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al biólogo y que eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290 hectáreas, imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde Franklin Brito decide la “locura” de pelear, sin descanso, por el resarcimiento de sus derechos, en la parte de la historia cuyo desenlace es lastimosamente conocido por todos y todas.

Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el Ejecutivo Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado cumplieron parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró la postura oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro se apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación, para intentar doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que responder por sus actos un conductor del programa nocturno del Canal 8 que aseguraba tener una filmación de la esposa de Brito con otro hombre; o aquellos que manipularon y difundieron un video para intentar demostrar que Brito era un chantajista. Su caso tenía una fácil solución si hubiese existido la franca voluntad de dialogar y resolver el problema, sin embargo lo que imperó fue el irrespeto, la soberbia y la intolerancia.

El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar pues obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible. En ese momento las demandas principales de Brito eran formalizar como reparaciones materiales a daños contra su persona, las diferentes medidas tomadas por el Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a favor o en contra, del propio presidente de la República.

En cualquier otro país la muerte de un huelguista de hambre hubiera originado diferentes responsabilidades y renuncias. La Fiscal General de la República debe meditar, concienzudamente, si es pertinente su permanencia en el cargo. En cualquier escenario, la próxima Asamblea Nacional debe revisar con la mayor rigurosidad su informe de gestión, y decidir si la funcionaria ha cumplido cabalmente con sus funciones, o por el contrario debe ser removida.

Como dice el trovador peruano Daniel F en su versión del tema “De cartón piedra” de Serrat: “Me gusta estar con locos porque me llegan al pincho los tipos demasiado sanos, los cuerdos, esos que dicen “para que vamos a hacer tal cosa si ya todo esta perdido”. En Venezuela hay una nueva denominación para quienes deciden no claudicar en la defensa de sus derechos: “trastornados de ideas delirantes”. (Correo del Caroní, 06.09.10)

La mala sombra de Franklin Brito

En la noche del 31 me acerqué con mi compañera y un par de colegas al funeral de Franklin Brito. Llegamos un poco menos de las 6 de la tarde y nos retiramos un poco después de las 8 y 30. La asistencia, contando a los periodistas, llegaba escasamente al centenar de personas. En algún momento habían tantos periodistas y camarógrafos como personas, lo cual era desconsolador. Otro día escribiré en este blog sobre la destrucción de los lazos horizontales entre las iniciativas sociales y populares, escenario que se ha venido repitiendo en los últimos conflictos de calle ocurridos en el país. Ahora quiero postear otro tema.

La lucha de Franklin Brito no me convocó especialmente en ningún momento, y para ser sincero en los últimos meses enfoqué mis energías en otros conflictos y otros actores sociales. Sin embargo, más allá de mis criterios y los que tenga cualquiera sobre lo que fue su lucha y sus reivindicaciones, murió defendiendo sus derechos y oponiéndose a la arbitrariedad del poder, hasta como lo vimos, sus últimas consecuencias. Y de esto no es capaz cualquiera, mucho menos a los que hablan de “revolución” y “democracia” para vivir del cuento. Por ello, Franklin Brito se ha convertido en un mal referente, en un termómetro para medir a quienes dicen tener unos valores nobles y luchar por ellos. Una mala sombra para quienes claudican al primer obstáculo, para quienes con la fábula de la “táctica” y la “estrategia” hipotecan su ética -según ellos y ellas momentaneamente- al mejor postor.

Franklin Brito, con todas las distancias que pudiera tener con su visión de vida y de mundo, las que ahora no podré conocer, se ha ganado mi profundo respeto. En un país en donde el rey está desnudo, ser consecuente con uno mismo/a es, como lo llamó la imponderable Luisa Ortega Díaz, padecer “trastorno de ideas delirantes”.  En estas costas bañadas por el Mar Caribe un productor agropecuario volvió a darle contenido a la palabra “lucha” y “dignidad”.

Rafael Uzcátegui

Franklin Brito: Las mentiras y medias verdades de Telesur

Anoche, alrededor de las nueve, falleció como consecuencia de la prolongada huelga de hambre que mantenía el biólogo y productor agropecuario Franklin Brito. Quien desee conocer un buen reportaje, redactado para la agencia Inter Press Service, sobre la génesis y evolución de su caso puede consultar aquí

Hoy la mayoría de los medios se hace eco de la noticia. En este post queremos resaltar, específicamente, la “forma” en que Telesur, una cadena televisiva de propiedad estatal, difunde el suceso, la cual se puede consultar íntegramente aquí

¿Cómo se le explica al mundo que una “revolución” “humanista” ha dejado que una persona fallezca realizando una huelga de hambre? Telesur ha encontrado la manera. En principio rehúyen lo más posible llamar huelga de hambre a la huelga de hambre. La denominan, eufemísticamente, “ayuno voluntario”. Por otro lado hay aspectos que resaltan, evidentemente, otros de los cuales no informan en absoluto y aspectos en los cuales se contradicen. Esgrimen que desde el pasado 20 de agosto “permanecía en el área de terapia intensiva del citado centro hospitalario en una especie de coma inducido, luego de mantener una huelga de hambre por más de cuatro meses”. Sin embargo, seguidamente dicen que “ningún familiar convenció a Brito para que abandonara la suicida iniciativa de protesta”. Si estaba en un “coma inducido”, ¿cómo mantenía la “suicida” huelga de hambre?, ¿Son los responsables sus familiares por no “convencerlo” de abandonar la protesta y no las autoridades que no mostraron diligencia ante sus demandas? Franklin Brito entonces no muere por la falta de respuestas cuando realizaba una huelga de hambre, sino que sencilla y convenientemente “se suicidó”.

Seguidamente la nota de Telesur hace una acusación gorda: Brito intentaba chantajear al Estado, tal como lo demostró “un video de VTV” –el cual luego se demostró que había sido manipulado-. Después de deslizar la caracterización de extorsionador, arremeten con el argumento de la “incapacidad mental”, lo cual refuerzan con el hecho, según su razonamiento, que en medio de las huelgas el productor agropecuario “se cortó un dedo y amenazó con amputarse uno por semana”. Sin embargo cinco párrafos más adelante afirman que la mutilación del dedo fue antes –como efectivamente ocurrió- de iniciar las huelgas de hambre.

Después de explicar todas las diligencias hechas por el Estado para atender sus demandas, el texto termina con “En diciembre de ese mismo año -2009-, bajo mediación del Gobierno venezolano y por razón humanitaria se le revocaron las cartas agrarias a los vecinos de Brito, mientras él continuó la huelga de hambre y el Ministerio Público (Fiscalía General) ordenó su traslado al Hospital Militar de Caracas”. ¿Por qué entonces continuaba su huelga de hambre? La nota no lo dice explícitamente, pero quedan en el ambiente dos elementos: estaba demente y era un extorsionador. Sin embargo, la nota redactada por Humberto Márquez para IPS, que sólo con una cara dura se le puede señalar como cultor del “pornoperiodismo”, es clara al respecto. Cito: “En 2005 hubo un acuerdo parcial del gobierno de Chávez con Brito, y se le reconocieron las deudas salariales como maestro a él y a su esposa. En 2007 un acuerdo más amplio le permitió el uso de todas sus tierras y se le entregaron dinero, un tractor y enseres. Pero las autoridades rehusaron entregarle a Brito documentos que explicasen las donaciones como compensación o reparación por los daños causados. “Si me los hubiesen entregado habrían reconocido que no resolvieron el problema cuando pudieron y así el presidente (Chávez) quedaría como una mala persona”, según el productor. Brito rechazó entonces el dinero y los bienes que le entregaban “para no hacerme cómplice de algún hecho de corrupción” y regresó a la protesta. El tiempo no ha hecho sino agravar las posiciones. “Ha pasado tanto tiempo y se nos han cerrado tantas puertas que ya estamos convencidos de que solamente el presidente, con el poder que tiene, es el único que puede resolver el problema”, dijo a IPS la esposa del productor”. Fin de la cita. Brito, como lo expresaba cada vez que podía, mantendría su huelga de hambre hasta que formalmente un documento legal dejara por sentado que las medidas tomadas por el Ejecutivo era por reparación de daños causados, y que las mismas no eran “dádivas” otorgadas por un funcionario complaciente. La negativa del gobierno a reconocer su error por escrito fue lo que desencadenó el fatal desenlace.

¿Alguien se acuerda el caso de corrupción que originó el ensañamiento contra un desconocido biólogo y productor?