Mitomanía de Estado

Rafael Uzcátegui

Para quienes desde las llamadas ciencias sociales intentamos hacer investigación en Venezuela el oficio se está tornando cada vez más difícil. Nos guste o no nos guste la gestión, las estadísticas oficiales son parte de la materia prima con la que trabajamos, que contrastamos con otras investigaciones alternativas o con los testimonios y datos que vamos levantando en primera persona. Desde hace algún tiempo el gobierno venía maquillando las cifras de su desempeño, pero el ojo avisor podía encontrar, dentro de las propias estadísticas estatales, las cifras para contrastar o desmontar las mentiras más evidentes. Sin embargo desde la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituytente la opacidad se ha hecho casi total. Y paralelamante, los discursos de los funcionarios son cada vez mas alucinados y desconectados de la realidad.

Pongamos el ejemplo la política pública habitacional llamada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Cuando se comenzó a hablar de “millones” de casas levantadas, los propios informes de gestión de diferentes ministerios reconocían, en letra pequeña, que las metas no habían sido cumplidas. Si el ministerio de vivienda afirmaba que se estaban rompiendo records guiness en ingeniería, el ministerio del trabajo por su lado dejaba deslizar que la mayor tasa de desempleo se encontraba en el sector construcción. O el informe cuatrimestral del Banco Central de Venezuela publicaba que lo relacionado con el concreto y el cemento era el pedazo de la economía que acumulaba mayor crecimiento, pero de signo negativo. Ante la imposibilidad de mentir de manera sincronizada y sin costuras, la decisión que se ha tomado es, simple y llanamente, dejar de publicar cualquier estadística, cualquier número que pueda ser cruzado con otro para interpelar el discurso oficial. Y esto sin apelar al sentido común, ese que tiene cualquier estudiante de primer semestre de economía en donde es poco probable que un país con su peor crisis económica las viviendas estén floreciendo como hongos en el páramo después de las lluvias de septiembre.

El clímax lo ha constituido el presupuesto de funcionamiento del país para este 2018, otro secreto guardado bajo siete llaves. Normalmente se presentaba a la Asamblea Nacional el último trimestre del año, se discutían números más o números menos, se aprobaba y estaba disponible para los interesados en diferentes sitios web oficiales. En esta oportunidad se presentó ante la Constituyente. Si usted busca las notas de prensa sobre dicha “discusión”, un adjetivo excesivo para describir lo que pasó aquella tarde, no podrá detectar ningún dato de valor. Luego se dice que se ha publicado en Gaceta Oficial, y cuando se lee el documento los considerandos –las pirotecnias verbales acostumbradas- son mas largas que el texto propio del decreto, donde ni siquiera se tuvo la gentileza de publicar, por lo menos, la cifra total en bolívares del presupuesto estimado para el presente ejercicio fiscal.

La política pública en vivienda se ha transformado en un aparato propagandístico en vez de acciones para garantizar, de manera progresiva y sin discriminación, el derecho a la vivienda digna de los venezolanos. A falta de un concepto técnico para describir esta situación, provisionalmente la calificaremos como “mitomanía” -conducta repetitiva del acto de mentir, lo que le proporciona al mitómano una serie de beneficios inmediatos, como admiración o atención-, mitomanía de Estado. Busque usted las declaraciones de Nicolás donde afirma que “la cuarta” sólo construyo 150 mil casas y que su gestión ha superado esa cifra en más de mil por ciento. La compulsión hoy por mentir es tal y tan frecuente, que la noticia será cuando en algún momento se diga algo que tenga algún pedacito de verdad. @fanzinero    (Publicado en Tal Cual)

4 preguntas sobre políticas de vivienda en el país

Rafael Uzcátegui

1. ¿Cuál es el contexto político, en particular, lo relativo a la vivienda y cómo determina las acciones vinculadas a la vivienda?

R: En opinión de Provea desde octubre del año 2016 el gobierno venezolano dejó de ser una democracia para transformarse en una “dictadura del siglo XXI”, tras las decisiones tomadas al transformarse en una minoría electoral (elecciones parlamentarias de diciembre 2015) que significaron una normativa supraconstitucional, como lo es el decreto de estado de excepción y emergencia económica, y la suspensión de procesos electorales pendientes. Esta dictadura se profundizó en julio de 2017 al instalar, de manera irregular, una Asamblea Nacional Constituyente. Además de la crisis política, Venezuela vive su peor crisis económica desde por lo menos el año 1958, que ha motivado que un número que oscila entre 2 y 4 millones de venezolanos, pues no existen cifras oficiales, hayan salido del país como migrantes forzados.
En este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha convertido la política pública en vivienda, denominada Gran Misión Vivienda Venezuela, en un gran aparato de propaganda que no garantiza el derecho a la vivienda digna de las casi 3 millones de viviendas que conforman el actual déficit habitacional en el país. Durante el año 2017 el gobierno afirmó que construyó 600 mil viviendas en el país, y según los datos recopilados por Provea, provenientes de 3 medios de comunicación estatales, la cifra de viviendas construidas serían 14.996 unidades. Desde el año 2016 no se publica el informe de gestión del ministerio de vivienda y hábitat, alcanzando la opacidad en la gestión el cénit en el año 2017, cuando ni siquiera se hizo público la Ley de Presupuesto del año 2018, por lo que se desconoce la inversión en el sector a realizarse durante este período. Desde el 1 de enero de 2018 las viviendas de interés social se vienen adjudicando a través de un mecanismo llamado “Carnet de La Patria”, el cual es ejecutado por la organización “Somos Venezuela”, un partido político promovido por Nicolás Maduro en el año 2017. De esta manera la discriminación por razones políticas, en materia de vivienda y hábitat, se ha convertido en una política de Estado. El derecho a la vivienda, que posee rango constitucional en el país, se ha reducido a su dimensión cuantitativista, la cantidad de supuestas casas construidas y entregadas, abandonado dimensiones como la rehabilitación integral del hábitat o una política de mitigación de los efectos del cambio climático que incluya la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Las ciudades venezolanas son las más peligrosas de la región, lo que ocasiona la inexistencia de espacio público y el normal desarrollo de las capacidades y potencialidades ciudadanas.

2. ¿Cuál es el estado de situación de las organizaciones del país (articulación entre ellas, fortalezas y debilidades, criminalización, etc.)?

A comienzos de la gestión del presidente Hugo Chávez se realizaron esfuerzos por canalizar la capacidad de autoconstrucción popular incorporando a comunidades organizados en procesos de edificación de vivienda con el apoyo del Estado. Sin embargo, de manera progresiva las diferentes organizaciones sociales y populares fueron cooptadas por las instancias de gobierno, siendo utilizadas para labores de proselitismo político – electoral, perdiendo tanto su autonomía como su esencia diversa y comunitaria. Desde el Estado se promovieron diferentes instancias de participación en materia de vivienda, que eran abandonadas y sustituidas por otras, como el caso de cooperativas, consejos comunales, organizaciones comunitarias de vivienda y, finalmente, asamblea de viviendo venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha erosionado el libre tejido asociativo del país, promoviendo un tipo de organización con características clientelares y dependiente de los presupuestos estatales. La ausencia de democracia en el país ha ocasionado que se criminalice y hostigue las organizaciones independientes en las diferentes dimensiones sociales, agotando las propias experiencias en vivienda afines al ejecutivo nacional, como los comités de sin techo o el movimiento de pobladores. Las organizaciones sociales se encuentran debilitadas tras dos décadas de gestión bolivariana y la crisis migratoria, que ha llevado a muchos activistas a salir del país.

3. ¿Cuáles son las principales acciones de las organizaciones del país (espacios, leyes, normativas, proyectos demostrativos)?

La capacidad prefigurativa de la acción de los movimientos sociales y populares del país se encuentra congelada debido a la situación de ausencia de democracia, que ocasiona que sus esfuerzos se enfoquen en dos dimensiones: la propia supervivencia institucional y personal y, por otro lado, las acciones por el rescate de la democracia en el país.

4. ¿Cuáles son las oportunidades que vislumbran para el avance político de la producción social del hábitat?

La experiencia bolivariana ofrece oportunidades para evaluar una gestión en vivienda y hábitat, y superar una manera de promover el derecho a la vivienda y hábitat para el beneficio de las familias necesitadas de un techo propio. Sin embargo, el principal obstáculo actual para el disfrute de derechos sociales, incluyendo el derecho a la vivienda, lo constituye la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. La única manera de generar condiciones para reimpulsar un proceso de producción social del hábitat, de recuperar debates olvidados como la importancia del espacio público y el derecho a la ciudad, sin discriminación y estimulando la autoorganización de los sectores populares, es promoviendo la transición de la dictadura a la democracia. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Provea demuestra en CIDH falsedad de cifras de construcción de viviendas en Venezuela

El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.

El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.

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El falso millón de viviendas

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Rafael Uzcátegui

Como cualquier estudiante del primer semestre en ciencias económicas o arquitectura conoce, la cantidad de factores implicados en la actividad inmobiliaria ocasiona que, cuando en un país aumenta la cantidad de edificaciones levantadas, se genera un crecimiento general de la economía. ¿Se imaginan ustedes el significado para Venezuela que durante el año 2015 se hubiera construido la mayor cifra de viviendas en los últimos 40 años?

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda y Hábitat del año pasado, se hace la afirmación que se construyeron la cantidad de 326.323 casas en el país, lo cual daría como gran total, como resultado de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un millón de viviendas erigidas desde el inicio de esta política pública. Para cualquier persona de buena voluntad esto sería una excelente noticia: Que tal cantidad de familias venezolanas disfrutaran de un techo propio. Si fuera realmente así hoy celebraríamos la importante disminución del déficit habitacional entre nosotros, calculado alguna vez en casi tres millones de inmuebles.

¿Cuántas casas construyó cada quién?, ¿Dónde se encuentran ubicadas? La Memoria y Cuenta no lo dice.

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Preguntas frecuentes para la rendición de cuentas en vivienda

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La rendición de cuentas es un ejercicio de transparencia necesario y obligatorio en cualquier gobierno que se califique de democrático. La Contraloría Social o Parlamentaria necesita de la mayor y mejor información posible para monitorear el cumplimiento de las políticas públicas.

Ante la próxima presentación del informe de gestión anual del Ministerio de Vivienda ante la Asamblea Nacional, desde una perspectiva de derechos humanos, Provea propone que la información suministrada por el ministro pueda responder las siguientes interrogantes.

1) ¿Por qué el informe de gestión anual del Ministerio de Vivienda no es de acceso público?
– Los primeros 60 días de cada año el ministro de vivienda debe presentar su informe de gestión anual ante la Asamblea Nacional. Sin embargo este documento no se encuentra disponible para su consulta pública, ni en el sitio web del ministerio ni en ningún otro portal electrónico oficial.

Permanentemente se han realizado denuncias sobre irregularidades dentro de la GMVV, pero se desconoce si las mismas son investigadas y sancionadas

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Los numeritos en vivienda

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En el año 2007 Provea alertó acerca de la situación de estancamiento en la Misión Barrio Adentro, afirmaciones basadas en cifras oficiales y en denuncias recogidas en usuarias del sistema. Como respuesta una serie de altos voceros del gobierno descalificaron a la organización, y un conocido periodista pro-oficialista, director de un periódico de circulación nacional, calificó las cifras reveladas como “los numeritos de Provea”. A finales de ese año el propio presidente Hugo Chávez reconoció los problemas existentes en dicha política pública y la necesidad de “reimpulsarla”, lo cual ratificó las denuncias que habíamos realizado meses atrás.

Hoy, basados también en las propias cifras oficiales, estamos en el deber de alertar sobre la misma situación de estancamiento, pero en la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), lo cual afecta a las decenas de familias de escasos recursos que esperan que la adjudicación prometida de una vivienda propia se haga realidad. Este análisis preliminar se realiza, exclusivamente, basados en las Memorias y Cuenta de los años 2013 y 2014 divulgados por el propio Ministerio de Vivienda y Hábitat.

El primer dato a destacar es el relativo a la construcción de viviendas. En el año 2013 se edificaron, según el reporte. 201.074 casas a nivel nacional la mayor cifra registrada durante el desarrollo de la GMVV – 200.080 viviendas en el 2012 y 146.022 casas en el 2011-. Sin embargo, según el informe de gestión siguiente la cantidad disminuyó a 64.680 viviendas construidas en el año 2014, una reducción drástica del 310%.

Dicha reducción genera preocupación sobre la real situación de la GMVV. Si bien habría que esperar datos de por lo menos dos años más para hablar de la existencia de una tendencia, lo cierto es que la situación económica del país no pareciera hacer posible la voluntad de construir un número importante de casas por año. De hecho, la propia institución enumera una serie de obstáculos, en su informe 2014, que atentan contra sus objetivos. El primero es la escasez en rubros imprescindibles para la construcción “tales como cemento, cabillas, cerámica, piezas sanitarias, techo, malla truckson y tubos estructurales en otros, ocasiona retrasos considerables en la ejecución de la obra en vista que no se cumple con los despachos regulares insumos de los mismos hacia los desarrollos habitacionales que están en plena ejecución”. Por otra parte se indicó que la asignación de recursos presupuestarios debe “ajustarse a la realidad económica”, pues “Para el año 2014 el presupuesto Ley para el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat volvió a sufrir una baja con respecto al año 2013, lo cual trajo como consecuencia la deficiencia en algunas partidas presupuestarias”. Sobre la asignación presupuestaria tenemos que, como se informa, durante el 2013 se invirtió la cifra de Bs. 13.151.198.438 la cual para el año 2014 se redujo a la mitad para llegar a los Bs. 6.555.169.481. Un tercer elemento es el “atraso en los desembolsos de los recursos asignados, los cual generó demora en los pagos oportunos nuestros proveedores”.

Como Provea ha advertido durante varios años consecutivos, la presentación de la Memoria y Cuenta en materia de vivienda presenta importantes fallas metodológicas, sin continuidad en los indicadores ni la necesaria desagregación de los datos, que permitan la comparación de los avances y retrocesos durante los diferentes períodos. Por ejemplo, el informe de gestión del año 2014 no da un estimado de las viviendas a construirse durante el año 2015, pero en contraste detalla que se realizará la “Impresión de 15 gigantografías, 100 pendones, 20 rótulos, 20 tarjetas de invitación y/o felicitación, 80 convocatorias o comunicados sobre los operativos internos, entre otros. Elaboración de 30 propuestas para impresión en franelas institucionales. Diseño e impresión de material POP: 20.000 libretas, 20.000 bolígrafos, 20.000 lápices, 20.000 etiquetas, 20.000 llaveros y 20.000 rompecabezas”.

Según las propias cifras emitidas por el despacho rector, los canales de participación para las personas sin vivienda propia también disminuyeron significativamente. En el año 2013 se informó la realización de 336 asambleas de viviendo-venezolanos y la constitución de 136 Comités de Batalla Hugo Chávez en los urbanismos de la GMVV. Para el año 2014 se divulgó sólo la realización de 9 asambleas de viviendo-venezolanos. Para el 2013 no se informó de la construcción comunitaria a través de las llamadas Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV), afirmando que se habían programado por esta estrategia la edificación de 5.502 viviendas en todo el país. No obstante el informe del año siguiente no registra si esta meta se realizó o continúa en ejecución. Lo que si se informó fue la construcción de 4.859 casas, en 66 desarrollos habitacionales, pertenecientes a las OCV del acuerdo interinstitucional Minvih-Ipasme.

La situación en vivienda confirma el retroceso generalizado en materia de derechos sociales que ha incidido en el aumento de la pobreza en el país, lo que debería suscitar tanto la alarma como la reflexión de todos.

La corrupción empieza por casa

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¿Era necesario aprobar una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción? La respuesta es no. Bastaba con tener la voluntad política de aplicar la Ley contra la Corrupción, aprobada durante la primera gestión del presidente Chávez en abril de 2003, cuando aún no se había olvidado que las razones de su insurgencia era el rechazo a las irregularidades de los funcionarios públicos.

La normativa de 98 artículos de haberse aplicado con respeto al debido proceso, hubiera fortalecido la institucionalidad democrática, limitando diversos desafueros que motivaron a que el presidente Maduro pidiera poderes extraordinarios para enfrentarlos.

Cuando el primer mandatario ha hecho de la probidad y la lucha contra la corrupción su bandera personal, no puede poner como ejemplo a los funcionarios públicos de alto rango.

Provea, como parte de los resultados de su Segundo Informe sobre la Ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha documentado como, entre los años 2012 y 2013, hasta el momento en que este artículo se escribe, se han utilizado los recursos públicos de la misión para favorecer a candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Y precisamente este uso irregular de los recursos públicos es tipificado como un delito en el artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, el cual establece que “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de 1 a 3 años”.

De esta manera en las campañas electorales realizadas en los dos últimos años la GMVV ha sido utilizada en, por lo menos, 23 oportunidades para beneficiar candidaturas oficialistas.

8 de los casos documentados han sido en la actual campaña electoral para alcaldes correspondientes a las elecciones del 8 de diciembre de 2013, mientras que 15 casos corresponden a la campaña para gobernadores de las elecciones del pasado 15 de diciembre de 2012.
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