La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu

territorio Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa. Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.

Bachaqueo de corbata y uniforme

Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con camiones y pipas cargadas”.

La doble discriminación hacia las mujeres wayúu

Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia (FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.

Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás, incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “no podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.

La deuda social

Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la militarización está afectando las propias tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.

Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o viceministerios”.

El diálogo como camino

José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”. (Publicado en El Cambur)

Las barbas en remojo

Viajando en una "perrera" a la Guajira
Viajando en una “perrera” a la Guajira

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El 28 de diciembre de 2010 el presidente Hugo Chávez ordenó la creación de 10 distritos militares ubicados en La Guajira y el Sur del Lago de Maracaibo (estado Zulia), el Táchira norte (Táchira), El Nula, Orichuna y El Yagual (Apure), Altagracia de Orituco (Guárico), Barrancas del Orinoco (Monagas), Pijiguao (Bolívar) y Güiria (Sucre). Debido a la situación de crisis generada por las intensas lluvias en la zona indígena wayúu, se promovió la activación del primero de estos distritos. Por esos días el Ejecutivo realizó una reunión con aproximadamente 60 consejos comunales indígenas, a quienes anunció que la presencia de uniformados, además de atender los afectados por las inundaciones, traería programas sociales a la región. Se habló de la construcción de hospitales y escuelas, de la expansión de misiones sociales. Ante estas promesas, el respaldo por parte de los consejos comunales fue unánime.

El tiempo disipó las expectativas. En una comunicación enviada por el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con 15 años de trabajo en Paraguaipoa-  al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, afirmaron: “Cuando el presidente de la república anunció la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce  nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los cuarteles y no comparten  con nuestro pueblo”. ¿Qué había pasado? Según relatan testimonios recopilados en el sitio los objetivos de los militares se modificaron tras el inicio de la llamada “guerra al contrabando”. Según la versión oficial, los indígenas que trasladaban alimentos a través de la Guajira eran parte de las causas del desabastecimiento, por lo que una palabra comenzó a estigmatizar a todos los miembros de la etnia: “Bachaqueros”. Antes y después de pasar el puente del rio Limón, el punto que conecta la Guajira con el resto del estado Zulia, una serie de puntos de control comenzaron a requisar los vehículos y transporte públicos. Y si al oficial le parece que usted lleva demasiados productos los decomisa y detiene a quienes los trasladaban. Paralelamente, operativos militares registran las casas en busca de depósitos clandestinos de combustible, con lo que abundan los testimonios sobre abusos en el marco de los allanamientos. Algunas vías de circulación son cerradas a partir de las 6 y 10 de la noche, con lo que algunos poblados quedan incomunicados por algunas horas.
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¿Qué pasa en la Guajira venezolana?

 

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira emitió un pronunciamiento denunciando excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en territorios indígenas del Zulia. La situación en este pedazo de la frontera colombo-venezolana, no obstante, se repite actualmente en todos los límites nacionales, en Táchira y Bolívar, relacionados con la extracción de alimentos y otros bienes de consumo masivo. Debido a los desajustes de la economía nacional respecto a la de sus vecinos, transportar un producto de un lado a otro de la línea limítrofe puede significar venderlo por 10 veces su valor. Por ello el gobierno ha responsabilizado a los contrabandistas del desabastecimiento de productos en zonas de frontera. Como han señalado diferentes analistas no es el contrabando al menudeo a quien hay que controlar, sino las grandes remesas que transitan por carreteras con la anuencia de las autoridades, en una cadena de corrupción que dejando “propinas” en todos sus eslabones sigue siendo rentable para sus promotores. El foco puesto en los “peces chicos” deja una sombra indeleble de violaciones a los derechos humanos y diferentes abusos de poder.

De manera similar a lo que ocurre todos los días en Santa Elena de Uairén o San Antonio del Táchira, el Comité denunció como la GNB realiza operativos en comunidades wayúu violando el debido proceso, realizando detenciones arbitrarias y extorsionando a los habitantes. En el caso del estado Zulia, el profesor universitario José Quintero Weir advirtió que se ha venido profundizando un proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación del combate al “bachaquerismo” –como se denomina en la zona la venta de productos de un lado a otro de la frontera estatal-. En su opinión el fenómeno del contrabando forma parte de una realidad producida por una economía nacional deprimida, que posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina. “Los wayuu no son los responsables de la situación, el responsable es la economía. Aquí hay grupos de poder involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza a priori a los indígenas” dijo Weir. “Para el gobierno todo wayuu es sospechoso de ser un criminal. Van más de una treintena de muertos por esta situación” denunció. Weir apuntó que detrás de este acelerado proceso de criminalización y persecución, se esconde la intención de despojarlos del territorio que habitan, para entregarlos en concesión a las transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es el pueblo que está ocupando los territorios en donde se pretende explotar dos grandes minas de carbón, para la creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es que hay que llamar la atención” enfatizó.

Una de las consecuencias de esta situación ha sido la militarización de la media y alta guajira, bajo el argumento de controlar los productos que circulen por el territorio. Tras la decisión las historias sobre extorsión, maltratos a la población y detenciones indiscriminadas se han multiplicado. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha solicitado una investigación a los funcionarios militares en los siguientes términos: “A la Fiscalía 45 del Estado Zulia de los derechos fundamentales , que aperture una investigación exhaustiva al Grupo de Caballería Motorizada G/D Francisco Esteban Gomez, con sede en Cojoro , comandado por el Teniente Coronel Orlando Romero Bolívar por abuso excesivo de poder, discriminación racial , hostigamiento, y por la violencia frecuente a los derechos humanos y constitucionales del Pueblo Wayuu, y que dé respuestas públicamente sobre la investigación como reparación a la moral e integridad de la sociedad wayúu”.

En un pronunciamiento conjunto la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de LUZ (ACEINLUZ) y la Organización Intercultural para la Educación Autónoma Wainjirawa señalaron: “Hoy, a nosotros los wayuu, nos matan de frente, tal como sucedió con nuestro hermano Nelson González, asesinado abiertamente por el Ejército bolivariano con sus fusiles rusos comprados con dineros que favorecen al enriquecimiento de la mafia militar y a los “perros de la guerra”. Su comunicado termina con una exigencia contundente: “Fuera el Ejército Bolivariano del Territorio Wayuu!”.

En opinión de Provea deben atenderse las causas reales del fenómeno de extracción de alimentos, gasolina y otros artículos de consumo masivo para elaborar medidas de consenso, con la participación de los diferentes actores involucrados y afectados, con respeto a los DDHH, y apegadas a la Constitución Nacional y la legislación venezolana, que permitan avanzar en una solución al problema. El Estado venezolano debe investigar las denuncias de atropellos por parte de efectivos militares contra ciudadanos, y las acusaciones acerca de la presunta participación de altos funcionarios militares en el delito de contrabando, así como de diferentes violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad personal.