Caso Mijaíl en el Comité contra la Tortura

Mijail MartínezColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Como se recordará, recientemente después de una mora de más de 10 años Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en audiencia realizada en Ginebra. El Comité, informado sobre la situación de los últimos años en el país, realizó una serie de preguntas muy específicas ante los representantes del Estado, entre los que se encontraban José Vicente Rangel Avalos y Luis Damiani, que fueron insuficientemente respondidas sugiriendo la falta de voluntad política del Ejecutivo para erradicar este delito.

En su lista de preguntas, en el informe previó que el Comité entregó al Estado venezolano para que fueran respondidas en dicha audiencia, los comisionados entre otros asuntos solicitaron información sobre las investigaciones por la muerte del defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez. Citamos literalmente la interrogante: “Sírvanse –los representantes del Estado venezolano- proporcionar información sobre: (…) La muerte del defensor Mijaíl Martínez, el 26 de noviembre de 2009 en Barquisimeto, Estado de Lara, y las agresiones y amenazas recibidas por su padre, Víctor Martínez, en junio de 2010 y en enero de 2012, presuntamente por distribuir panfletos acerca de su muerte”. Ni en los documentos proporcionados previamente por el gobierno venezolano, ni en las respuestas de sus representantes hubo una respuesta a esta interrogante. Cuando se recordará otro año de impunidad en este caso, es importante mantener viva la memoria de los hechos.

Como relató Cofavic al propio Comité contra la Tortura “el 26 de noviembre de 2009 fue asesinado, presuntamente por sicarios en el estacionamiento de su residencia  en la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, el joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez,   quien trabajaba con el Comité de Víctimas Contra la Impunidad. Antes de su asesinato estaba  realizando un importante documental sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Lara, denunciados por el Comité de Víctimas Contra la Impunidad, organización a la que apoyó como defensor de derechos humanos desde su fundación.

Por su parte, el Sr. Víctor Martínez, padre de Mijaíl, es un reconocido luchador social del estado Lara, desde muy joven fue miembro de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), destacándose como activista social y del Movimiento Obrero de Base en el Estado Lara. Luego fue electo diputado del Consejo Legislativo del estado Lara instancia desde donde inició una campaña de alta visibilidad en la opinión pública regional sobre varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado Lara y la impunidad con la que actuaban los grupos narcotraficantes en la zona”.

El caso de Mijaíl Martínez alcanzó repercusión mediática debido a su condición de activista de derechos humanos, pero ejemplifica la impunidad que rodea a decenas de casos similares en toda la geografía venezolana. Además de las irregularidades en la investigación –que han motivado a que la familia tenga que realizar pesquisas por su cuenta-, la omisión de la Defensoría del Pueblo, la dilación de los juicios y retardo procesal a los presuntos responsables, el caso alcanza otra connotación debido a la hipótesis de crimen por motivaciones políticas, como ha venido denunciando insistentemente los Martínez. La triste paradoja que es Víctor, quien estimuló y acompañó la conformación de comités de víctimas de abuso policial e impunidad en la región, luego se convertiría el mismo en un afectado por la violencia.  Uno de los señalados como autor intelectual del hecho por los allegados de Mijaíl ha sido el ex gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes, un señalamiento grave que debería ser investigado y aclarado por las autoridades.

En una trayectoria que han realizado otras personas en su misma situación, Víctor Martínez se ha sobrepuesto a su dolor para insistir en la lucha contra la impunidad. Recientemente ha creado la Fundación Mijaíl Martínez para mantener viva la memoria de su hijo, y entre las primeras actividades se encuentra la realización de un festival de poesía, actividad cultivada por el adolescente. Además, alimentan una bitácora digital en http://justiciaparamijailmartinez.blogspot.com/, con el que utilizan las redes sociales como herramienta de lucha por los derechos humanos.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de tradición asociativa que existe en el estado Lara, que ha generado respuestas grupales de diferente tipo, como grupos cooperativos y diferentes emprendimientos de economía social, culturales y de políticas de base. Quien visite la ciudad y transite por la zona oeste de la urbe, podrá contemplar los diferentes murales sobre reivindicaciones populares, varios de ellos sobre el caso Mijaíl Martínez.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la situación de pobreza que afecta a sectores importantes de la población, son las situaciones más graves en materia de derechos humanos. Las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia –que incluye la dantesca situación de los recintos penitenciarios- afectan, particularmente, a los grupos más vulnerables. Y los problemas, como se demostró en la audiencia del Comité contra la Tortura, empiezan a ser conocidos por la audiencia internacional.

¿Quién mató a Juan Montoya?

Rafael Uzcátegui

Juan Montoya, de 53 años de edad, fue una de las tres primeras personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en febrero de 2013. Estas tres muertes escalaron el conflicto a otra dimensión, no sólo por lo trágico de la pérdida de vidas humanas en un evento que debería ser normal en cualquier democracia, la protesta, sino por la reacción de las autoridades, que automáticamente responsabilizaron a los propios manifestantes. Esta versión, rápidamente fue amplificada por el universo de apoyo al gobierno, tanto al interior del país como más allá de las fronteras. Sin embargo, los tiempos en que la invisibilidad era aliada de la impunidad parecen haber quedado atrás. Decenas de fotografías y videos tomados en el sitio demostraron la autoría estatal de los decesos. La Fiscalía fue obligada a reconocer la violación a los derechos humanos y anunciar una investigación.

El caso de Montoya era diferente al de Dacosta y Redman, también fallecidos ese día. Como coordinador del llamado “Secretariado Revolucionario de Venezuela” era un personaje activo dentro de los grupos de civiles armados de apoyo al gobierno. Al mismo tiempo era un funcionario de Policaracas, lo que por sí sólo genera la pregunta ¿Cuántos paramilitares estarán en su misma condición? Las pintas en paredes del oeste de Caracas juraban “venganza” contra la “derecha fascista” por su asesinato, pero cuando el propio gobierno tuvo que admitir que Bassil Dacosta había sido asesinado por funcionarios del Sebin, los muros callaron. El propio presidente Nicolás Maduro había afirmado, dos días después de los hechos, “Montoya y Dacosta fueron asesinados con la misma pistola”, intentando dar piso a sus teorías conspiranoicas. Montoya, entonces, habría sido asesinado por funcionarios de inteligencia según palabras del primer mandatario. No obstante, informaciones extraídas del expediente y levantadas por el propio Ministerio Público, sugieren que los disparos habrían sido realizados por personas de los llamados “colectivos”: alimento para las especulaciones de todo tipo. ¿Qué hacía Montoya del lado de los manifestantes?, ¿Fue el Sebin o paramilitares?

Como usted y yo sabemos, cuando el gobierno tiene la voluntad política necesaria los crímenes son resueltos en 48 horas. La Fiscalía asegura que ha dictado orden de aprehensión contra el presunto autor material, sin divulgar su nombre. 4 meses después Jonny Montoya, hermano de la víctima, escribe en sus redes sociales “Aquí esperando por esta maldita justicia de este país, el @cicpcoficial no ejecuta la captura del homicida de mi hermano JUANCHO”. En los ambientes del llamado “chavismo radical” se habla en voz baja del caso. Maduro no pidió perdón por entorpecer las investigaciones. Los estatistas de izquierda tampoco por mentir sobre los hechos. ¿Otro caso que debemos agregar a la larga lista de impunidad en el país? @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)

Mijaíl Martínez: 4 años de impunidad

Mijail Martínez

Rafael Uzcátegui

Este martes 26 de noviembre de 2013 se cumplirán cuatro años de impunidad en el asesinato del joven larense defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho ocurrido en la ciudad de Barquisimeto en el año 2009. Como se denunció, ese día tres sicarios se acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le realizaron varios disparos en el pecho. El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Mijaíl continuaba la senda de lucha de su padre, Víctor Martínez, fundador del Movimiento V República en la entidad y quien acompañó a Hugo Chávez desde el presidio hasta la presidencia, con la esperanza de la posibilidad de un cambio en las injusticias del país. La historia trágica de la familia Martínez es la de un pueblo que creyó en un proyecto político y encontró sinsabores y derrotas cuando este alcanza el poder. Víctor fue elegido diputado por la Asamblea Legislativa y desde allí continuó denunciando los excesos policiales contra las familias de escasos recursos. Sus informes revelaron que las nuevas autoridades, sus propios camaradas, amparaban las irregularidades. Incluso, que las promovían. Con el tiempo Víctor fue expulsado del partido oficial e inhabilitado administrativamente. Sus señalamientos eran políticamente incorrectos y apuntaban a altos funcionarios del gobierno regional. Hay quien asegura que el asesinato de Mijaíl tenía como objetivo silenciar tanto las denuncias del padre como neutralizar a las diferentes organizaciones comunitarias empeñadas en denunciar los excesos.
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Carta a un candidato

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Columna de Provea en el Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), una organización popular que desde el año 2004 denuncia el abuso policial y militar, así como las omisiones del sistema de administración de justicia en la capital crepuscular, ha difundido una carta abierta al candidato a la gobernación Luis Reyes Reyes. Generalmente, las organizaciones de derechos humanos no tienen nada que opinar, a favor o en contra, de las candidaturas a cargo de elección popular, partidización que excede su propio mandado. Salvo, como parece ser este caso, que la candidatura esté representada por una persona vinculada a violaciones a los derechos humanos.

Como ha sido suficientemente documentado en el libro “Poder e impunidad”, en donde el Covicil sistematiza su experiencia y sus casos más emblemáticos, el antiguo gobernador del estado Lara durante el período 2000-2008 habría sido cómplice de la actuación de grupos parapoliciales en la región. Como demuestra la investigación y denuncia realizada por esta organización, durante esos años ocurrieron 8 masacres con un saldo de 39 víctimas, realizadas por un comando que según todos los testimonios pertenecía, o tenía vinculaciones por lo menos, con la policía del estado Lara.

La carta pública es una respuesta a las declaraciones de Reyes realizadas la noche del sábado 1º de diciembre en la edición nocturna del noticiero regional Telecentro: “Como producto de su política de enfrentar a fondo  a la delincuencia bajo su mandato, era posible que se hubiesen cometidos excesos policiales –sin embargo- no es el  gobernador el encargado de investigar estas denuncias porque eso corresponde a los organismos jurisdiccionales”. El Covicil, quien ha apoyado a casi 400 casos, rechaza en primer término que los patrones de violaciones al derecho a la vida que ocurrieron durante esos años hayan sido consecuencia de “excesos”. En segundo lugar, refutan la sugerencia de la disminución de la inseguridad ciudadana aludida por Reyes: “En el año 2000 a raíz de su llegada a la gobernación del estado  prometió  a los larenses convertir a la región en la más segura del país. Pero en 1999 la Tasa de Homicidios en el estado alcazaba el 11,4/100.000, ocho años después, cuando Ud. abandonó la gobernación, ese indicador había subido al 41,9/100.000, uno de los más altos de todo el país. De 173 homicidios que se cometieron en 1999 se llegaron a 725 en el 2008”.
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Programa especial Grado 33 caso Mijaíl Martínez

Hace dos años acompañé a Víctor -padre de Mijaíl- al programa “En la mañana” de William Echeverría, pues como periodista siempre nos había brindado su apoyo en la denuncia de casos de violación a los derechos humanos. Era la primera vez que llevábamos el caso a Globovisión, una televisora que debido a su sesgo usamos sólo en caso de necesidad, para no “politizar” innecesariamente las denuncias. William nos trató, como siempre, muy bien, y el programa, dado el duro y dolido testimonio del padre, fue particularmente tenso y emotivo. Al mediodía Víctor asistió a la Asamblea Nacional, instancia a la que había acudido en reiteradas ocasiones a intentar que lo escucharan, sin suerte. Sin embargo, ese día las puertas estuvieron abiertas. Algunos de sus ex compañero/as de partido (PSUV), ahora le prometían que tomarían cartas en el asunto, y entre otras promesas, le afirmaron que una Comisión redactaría un informe sobre el caso. Sólo le pidieron una cosa aquella vez: “No vuelvas a Globovisión”.

Víctor y su familia esperaron las gestiones, y después de 6 meses de nuevo silencio, comienza a peregrinar por todos los programas de Globovisión. Grado 33 quizás sea uno de los pocos que faltan. La dureza de sus palabras no puede desvincularse del hecho que muchos de los que hoy miran a otro lado, fueron sus amigos y camaradas, en los momentos en que no estaban en el poder. Por cierto, la familia Martínez sigue esperando invitaciones y respuestas de los canales estatales y “alternativos” para hacer lo mismo que ha hecho con Globovisión.

Comparto el programa integro con Víctor en Grado 33


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La Ovallera: la injusticia cumple mayoría de edad

Columna de opinión de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Hace casi un año, en este mismo espacio, celebrábamos que -de manera parcial- el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara las indemnizaciones a los afectados y afectadas de intoxicación masiva en el Hospital La Ovallera, un hecho que data del año 1993. En el año 2004 los afectados acudieron a la Sala Político-Administrativa para demandar al IVSS por no garantizarles atención médica adecuada. Cinco años después la misma dictó sentencia obligando al Seguro Social a la indemnización y a garantizar asistencia y atención de salud. El instituto en vez de dar cumplimiento inmediato a la sentencia acudió a la Sala Constitucional e interpuso un recurso de revisión alegando irregularidades en el proceso.

Hoy debemos informar, con tristeza que la Sala Constitucional, obviando el mandato que la obliga a no sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, anuló la sentencia ordenando que el juicio prácticamente se reiniciara desde cero. Cinco años de espera y agravamiento de la salud de los afectado(s) no fueron tomados en cuenta. Para la Sala Constitucional fue más importante defender al ente del Estado y obviar la actitud negligente del IVSS durante todo el juicio. De esta manera se continúan con las prácticas tan criticadas en el pasado: la reiterada actitud de favorecer al Estado a costa de sacrificar los derechos de las personas.

La Ovallera es un caso emblemático de malas condiciones laborales y de irregularidades en los centros hospitalarios, vale la pena recordar sus detalles: el 20 de marzo de 1993, hace 18 años, ocurrió un accidente laboral en el Hospital José Antonio Vargas, en el sector La Ovallera del estado Aragua, el cual provocó la intoxicación masiva de un número importante de personas. Un mes antes el personal del centro asistencial se había percatado del funcionamiento irregular del sistema de aire acondicionado, por lo cual se contrató a una compañía privada para realizar trabajos de fumigación, limpieza y mantenimiento de dicho mecanismo. Una de las empresas contratadas inició sus trabajos fumigando el recinto, para lo cual utilizó un producto conocido como K-Othrine 25. Debido al mal estado de los ductos de aire el químico no se logró colar hasta el exterior, manteniéndose en el ambiente del centro de salud y afectando todo el recinto del sanatorio. Se realizó la evacuación de 150 personas de las cuales 94 fueron hospitalizadas por presentar síntomas de náuseas, vómitos, mareos, deficiencia respiratoria, picazón, trastornos de la tensión, y cuadro diarreico, síntomas propios de una intoxicación.

El día del accidente se presentaron en el sitio comisiones del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Defensa Civil y la Fiscal 3° del Ministerio Público, Dra. Norma Díaz, los cuales procedieron a tomar muestras de residuos y gases, así como de los químicos utilizados tanto en la fumigación (K-Othrine 25) como en la limpieza de los ductos de aire (Lume Plus), procediendo a la clausura del hospital para su descontaminación. Los estudios determinaron que Lume Plus está contraindicado sobre superficies de aluminio, ya que puede desencadenar una reacción en la superficie metálica.

Su manejo inadecuado puede ocasionar la toxicidad del aire respirable, lo cual unido a la fuga del gas refrigerante y la presencia en el ambiente de plaguicidas químicos, conformaron una mezcla letal.

La impericia provocó la intoxicación masiva a 350 personas, algunas fallecieron al poco tiempo, mientras que otras comenzaron a sufrir graves problemas en su salud física y mental. En la década siguiente, algunas de estas personas mantuvieron una lucha constante para exigir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) atención médica oportuna y adecuada. En 3 oportunidades lograron acordar con las autoridades del ente público un número igual de actas convenio que fueron incumplidas en algunos de sus términos.

Durante el lapso de espera, la falta de atención médica adaptada a su situación acarreó el deterioro progresivo de su salud, al punto de llegar a padecer patologías crónicas de carácter degenerativo, afectando por tanto su entorno familiar y social.

Ni siquiera las expectativas creadas por el gobierno bolivariano de saldar las deudas del pasado lograron una respuesta afirmativa para las víctimas. Fue así como, ante la indolencia y el olvido, un día acudieron a Provea para solicitar apoyo. Desde ese día les hemos acompañado, al lado de varias organizaciones sociales del estado Aragua, como la Escuela de Formación Obrera (EFO), sin descansar en la lucha por la justicia y por el resarcimiento de sus derechos. Este lunes los afectados y afectadas, sus familiares y otras organizaciones sociales tomaremos las calles de Maracay para reclamar respuesta de las autoridades y que se tomen las medidas necesarias para que un accidente de esta naturaleza no ocurra en ningún otro centro hospitalario del país. (Correo del Caroní, 21.03.11)

Sexto aniversario del Comité de Víctimas Contra la Impunidad

En noviembre del 2004 se funda el Comité de Víctimas Contra la Impunidad (COVICIL) como una respuesta de familiares y amigos de los afectados por la violencia policial y social existente en el estado Lara y particularmente en Barquisimeto. Era la época del reinado de terror del entonces gobernador Luis Reyes Reyes y el comandante de las Fuerzas Policiales de Lara, el tristemente célebre General Jesús Armando Rodríguez Figuera. Desde nuestra fundación, parte de nuestro esfuerzo se concentró en acompañar a las víctimas y en hacer visibles sus testimonios, convertidos en denuncia que desenmascaraba la falsedad de un pretendido estado de derecho. Es este mismo “estado de derecho” el que, lejos de corresponder a las demandas, se convertía en un mecanismo de revictimización y desgaste a través del llamado vía crucis de la impunidad, que no es otra cosa que la negación de justicia para la mayoría de la población, mucho más arduo para las víctimas de violaciones a DDHH.

En una sociedad donde el dinero es el único valor y donde todo se convierte en mercancía es inevitable que el ejercicio de la justicia sea uno de los negocios más florecientes dentro de las industrias de este sistema. En esa bolsa comercial la absolución de los delitos tiene un precio y a la usanza de las bulas que vendía la iglesia para la salvación de las almas pecadoras, en este centro comercial que se llama el Palacio de la Injusticia, léase tribunales de Lara, todo se vende y todos se venden. Allí no se juzga el delito, se tasa el precio que debe pagar todo el que cae en sus garras para lograr su absolución. Pero si esto sucede con el hijo del pobre que tiene que pagar para demostrar su inocencia, no sucede con el funcionario policial o militar, cuando éstos comenten delitos hemos comprobado una y mil veces cómo gozan de una autentica patente de corso para salir absueltos, con la probabilidad de uno en mil de ser sentenciados según lo establecido en la ley, gracias a las patéticas investigaciones del Ministerio Público y a las inefables decisiones de los “polijueces” que abundan en la región.

Afirmamos, con base en los hechos, que la Impunidad es una política del Estado, especialmente la impunidad policial y militar. Los hechos y las cifras de las mismas instituciones estadales nos han dado la razón. Constatar esta realidad sobre el papel del Estado en el fomento de esa plaga llamada impunidad, no nos llena de orgullo, por el contrario, nos señala el negro futuro para nuestra sociedad, cuando vemos que desde el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, se extiende toda una política de sometimiento y control a partir de la macabra alianza en la que participan policías, militares, órganos de justicia, poder ejecutivo y la delincuencia que cada día se extiende y cobra más fuerza, apoderándose de todos los espacios de la vida social hasta llegar a constituirse en el verdadero aparato de violencia y coacción del nuevo Estado emergente que ha nacido en Venezuela, y cuyas nefastas consecuencias para la mayoría de la población, padecemos a diario.

Venezuela ha retrocedido a la época del caudillo y la montonera, del cabecilla y su banda que no están sometidos a ley alguna y lo cínico de la situación es que los dirigentes de este nuevo Estado reconocen y se vanaglorian de su condición de verdugos y la pregonan e imponen como nueva “ legalidad” del orden establecido.

Los últimos informes de la Fiscalía General, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC 2009), realizada desde la Vicepresidencia de la República, así como las declaraciones de los principales voceros oficiales relacionados con la materia, dejan claro que la política del Estado venezolano es el fomento y estímulo a la impunidad.

Según los informes de la Fiscalía General, desde el año 2000 hasta marzo del 2009, los cuerpos policiales y militares al servicio del Estado habían cometido 43.362 violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de lesiones, violación de domicilio, privación de libertad, acoso, tortura y desapariciones forzadas. Si a esta cifra le agregamos las 7998 ejecuciones cometidas por los cuerpos policiales en el período citado, se estaría hablando de 51.360 violaciones a los derechos humanos, que pasaron de 12 violaciones diarias entre el período 2000-2007 a 24 violaciones diarias en el período comprendido entre 2008 y marzo de 2009. En estas violaciones a los DDHH estuvieron involucrados 36.145 funcionarios policiales y sólo fueron detenidos 428. Esto indica que sólo el 1,18% de los funcionarios fueron detenidos, la mayoría en sus comandos respectivos, gozando de privilegios. En el 99% de los casos no han sido juzgados, y menos sentenciados. El Comité a lo largo de estos años ha monitoreado más de cuatrocientos casos de ejecuciones, hemos acompañado a las víctimas en decenas de casos y hasta ahora sólo se ha logrado la condena firme EN SÓLO UNO DE ELLOS.

Asimismo, se ha cumplido un año del cobarde asesinato de nuestro entrañable amigo y compañero de lucha Mijaíl Martínez, y pese a que está suficientemente claro la autoría material e intelectual de sus asesinos, no hay un sólo detenido. Hemos acudido a TODAS las instancias estatales con la denuncia y no se ha realizado una sola investigación que conduzca a establecer las responsabilidades penales por este hecho que conmocionó al país, que una vez más fue testigo de cómo se arremete contra los luchadores sociales y contra sus hijos impunemente. En este caso, como en miles, el engranaje del macabro círculo de la impunidad constituida por delincuencia, policías, fiscales y tribunales ha funcionado a la perfección para encubrir y proteger a funcionarios policiales y delincuentes.

En otros casos que hemos monitoreado y acompañado a lo largo de estos seis años ante el Ministerio Público y los tribunales (Esteban Javier Vargas, Juan Carlos Mellizo, Elpídio Hernández, Lennys Sánchez, José Luis Vásquez, José Luis Prado, Luis Alberto Guédez, Hermanos Pérez Heredia, Masacre de El Tostao, Masacre de Lomas de León, Masacre de Quíbor… entre tantos otros) dan cuenta del tétrico círculo de represión y coacción que ampara y fomenta la impunidad en el estado. El propio TSJ investigó a jueces de Lara por su papel de cómplices de la delincuencia, particularmente en casos del narcotráfico, y sin embargo, la impunidad continúa campante en el estado. Ha sido esta entidad la única en el país investigada por el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Interior y Justicia, por el Consejo Legislativo del Estado y aunque en todas y cada unas de las investigaciones se comprobaron delitos graves e imprescriptibles, hoy los señalados gozan de total libertad, siendo ascendidos y premiados por el Estado con altos cargos.

Para ilustrar la realidad nacional, reseñamos algunos datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, cuya lectura y difusión recomendamos. Esta encuesta, conocida en mayo pasado es la prueba más contundente de que el Estado venezolano a través de su gobierno de turno, es el principal generador de la creciente inseguridad que vive el país. De dicha encuesta se extraen las siguientes cifras, verdaderamente aterradoras que reflejan el clima de violencia que fomenta el Estado venezolano, como la forma más rápida, eficaz y económica de ejercer el control social sobre la mayoría de la población.

• Los homicidios cometidos en el país entre julio del 2008 a julio del 2009 ascendieron a 21.132 dos mil más que la cifra oficial reconocida, convirtiendo a Venezuela en el país con la tasa de homicidio más alta del mundo: 75 homicidios por cada 100 habitantes. (ENVPSC 2009, pág. 67). y Caracas como la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 250 por 100 mil (ENVPSC 2009, pág. 115). En Honduras, considerado el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 68 por 100 mil, se comete un homicidio cada 88 minutos. En Venezuela se comete uno cada 25 minutos
• Entre el 2000-2009 oficialmente se cometieron en el país 166.623 homicidios, según las proyecciones de la ENVPSC 2009 esta cifra puede llegar a los 181.000 con 3,62 lesionado por cada homicidio cometido. De tal manera que esta guerra civil del Estado y delincuencia contra la población, especialmente pobre y joven del país, arroja un promedio de 800 mil bajas causada en dicho periodo. Ninguna guerra ocurrida en el mundo en los últimos 20 años ha causado tal número de bajas. Ni siquiera la Guerra de Independencia y Federal juntas ocasionaron tal numero de muertos y heridos
• El ministro del interior y la fiscal general reconocen que uno de cada cinco policías (20%) está incurso en delitos, especialmente en los más graves como homicidios, secuestro y extorsión. Pues bien la ENVPSC 2009 reconoce que esta cifra alcanza al 34% sin incluir a la Guardia Nacional.
• El 26% de los hogares venezolanos opinan que la policía no puede enfrentar la inseguridad porque está corrompida (ENVPSC 2009, pág. 93).
• El 82% de los hogares consideran que el Estado no protege a la víctima, porque le dan “poco o nada de apoyo” ( ENVPSC 2009, pág. 76).
• El 69% opina que la policía proporciona un servicio “malo o muy malo”.

Esta encuesta es un elemento más que corrobora no solo las denuncias que a lo largo de seis años ha venido haciendo el nuestro Comité al denunciar la impunidad como una política del Estado venezolano, sino de algo más grave como lo es el hecho de que el propio Estado- supuesto garante de los derechos ciudadanos- es el principal transgresor y enemigo de la sociedad venezolana, cuya política fundada en la alianza policía-delincuencia y poderes estadales es el verdadero aparato de coerción, violencia y control social que mantiene sometida a la población venezolana, que más temprano que tarde- tal y como lo demuestra la historia de la humanidad- saldará cuentas con los responsables de estos crímenes.

¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
COVICIL- NOVIEMBRE 2010