Nueva hegemonía y criminalización de la defensa de DDHH

Rafael Uzcátegui (Colaboración para revista SIC)

En una declaración harto conocida, el actual Ministro de Comunicación apuntó que la estrategia informativa del Estado pasaba por construir la hegemonía comunicacional. De esta manera Izarra rescataba, como política de Estado, el concepto construido por el filósofo italiano Antonio Gramsci. En resumen, plantea que la dominación no es fruto exclusivo de los aparatos represivos estatales, sino también de una “hegemonía cultural” por la suma de la influencia del sistema educativo, la religión y los medios de comunicación, quienes expresarían y reforzarían una ideología determinada.

Lo anterior expresa -cosa que los hechos confirman-, el deseo de diferentes funcionarios gubernamentales de sustituir un sesgo por otro de signo contrario, imponiendo una suerte de nuevo pensamiento único. En la práctica esto tiene diferentes consecuencias para la pluralidad inherente a la democracia. Una de ellas ha sido  – también política de Estado-  la criminalización de la protesta que en el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos constituye una grave violación tanto de la Carta Magna como de las obligaciones contraídas por el país en la materia.
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