El hombre muerde al perro

Rafael Uzcátegui

El pasado lunes 12 de marzo en la ciudad de Ginebra, en el marco de las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se realizó un panel sobre nuestro país en el Festival Internacional de Foros y Cine sobre Derechos Humanos. El debate, ocurrido posteriormente del extraordinario documental “Mujeres en Caos” de la directora venezolana Margarita Cadenas, tuvo como sugerente título “Terror desde la izquierda”. Curioso, por decir lo menos, para quienes hemos estado desde hace mucho tiempo alertando que en Venezuela las cosas no son como las dice el gobierno. A fuerza de constancia, y sobredosis de paciencia, la comunidad internacional empieza a tener oídos receptivos para oir los matices de nuestro drama endógeno. La noticia, entonces no es que el perro muerda al hombre, sino que este sea el que apriete mandibulas sobre el canino. Que los que prometen salvación y redención sean los constructores de nuevas y peores penurias. El moderador fue el periodista francés Xavier Colin, quien fue acompañado por Stefan Krauss del Parlamento Europeo.

En ese panel estuvo, vía Skype, Lilian Tintori y, presencialmente, Luisa Ortega Díaz, Santiago Cantón –ex relator de la Comisión Interamericana de DDHH- y quien esto escribe. El público agotó las 200 butacas y, por las intervenciones y saludos, compuesto por una gran cantidad de migrantes venezolanos. El debate fue intenso y de altura, con la mayoría de las preguntas dirigidas a la Fiscal General destituida por la Constituyente. Colin, como buen periodista, iba al grano. ¿En qué momento usted cambió de opinión? “Yo sigo siendo la misma” respondió Ortega, describiendo cómo la militarización de la seguridad ciudadana –una de las primeras medidas de Maduro como presidente- la habían motivado en alzar su voz. En otro momento le realizó una pregunta cruzada con Tintori: ¿Tienen algo que decirse la una a la otra? Las respuestas de ambas fueron evasivas, políticas y diplomáticas. Sin desaprovechar la oportunidad que tenía, el periodista enfiló a Cantón: Usted ahora está involucrado con el proceso iniciado en la Corte Penal Internacional a Venezuela. ¿La doctora Ortega, por ejemplo, pudiera ir detenida? El careo fue elegantemente respondido por el veterano defensor de derechos humanos: “Todos los funcionarios venezolanos a partir del año 2005 que se les demostrara responsabilidad pudieran serlo”. En una de las intervenciones de los asistentes le preguntaron a la Fiscal General –legítima aún para quienes nos oponemos a la dictadura constituyente- el por qué había permitido la provisionalidad de fiscales bajo su gestión, uno de los elementos denunciados como parte de las irregularidades del sistema de administración de justicia. Su respuesta fue, palabras mas o menos, “Mi gestión comenzó un proceso de institucionalización de los concursos”. Mientras esto ocurría en Suiza, en el universo twitter venezolano se criticaba que Ortega hablara en un evento de derechos humanos.

Dos comentarios. El primero es que cualquier proceso de transición del autoritarismo de la democracia a la dictadura necesita, como primer paso a eso que llaman “reconciliación”, el reconocimiento de los errores cometidos por cualquier funcionario cuya acción u omisión haya generado violación de derechos humanos. Pero también de cualquier otro actor que haya participado en actos de violencia política. No es un camino fácil, y necesita de una madurez como sociedad que parece que aún estamos muy distantes de tener. El segundo es que es imposible lograr ahora mismo, en momentos en que la dictadura amenaza con perpetuarse mediantes simulaciones institucionales, lograr juntos todos los objetivos de justicia social y libertad que uno desearía. El primer paso para poder investigar la responsabilidad de los funcionarios, con pulcro respeto al debido proceso y sin ánimos de venganza, es bajo una justicia bajo democracia. Y esto no será posible sin la derrota del autoritarismo, la transición a un momento de reconstrucción de país y el concurso de todos los sectores que, por las razones que sean, quieran sumar esfuerzos para ello. O para decirlos en los términos del evento en Ginebra, conjuremos del terror instaurado por quienes oprimen en nombre de la izquierda. @fanzinero

El Espectador: “Hoy la persecución es incluso contra los chavistas”

El director de la ONG venezolana Provea, de visita en Colombia por invitación de Dejusticia, habla sobre la salida de la fiscal Luisa Ortega y una posible nueva ola de protestas que podría llegar a las principales ciudades de su país.

Angélica Cuevas *

El escape cinematográfico de la exfiscal Luisa Ortega desde Venezuela hacia Colombia y luego hacia Brasil y Costa Rica ha venido cargado de denuncias de corrupción que incriminan a ministros, asesores de Presidencia y hasta al mismo Nicolás Maduro, a quien Ortega acusa de desviar por lo menos US$8 millones del fisco nacional.

Pero Luisa Ortega no ha sido siempre la misma. De un año para otro la funcionaria pasó de ser una de las más reconocidas caras del oficialismo venezolano a su principal enemiga política. “Podríamos decir que la fiscal está sufriendo de un despecho, un guayabo ideológico y político por el proyecto al que ella le apostó gran parte de su vida y que hoy está completamente desorientado”, dice Rafael Uzcátegui, director de Provea, uno de los centros de investigación-acción en derechos humanos más reconocidas de Venezuela. Uzcátegui estuvo participando en el 5º Taller Global de Dejusticia, que la semana pasada reunió en Bogotá a 15 activistas cuyas organizaciones son perseguidas por gobiernos autoritarios en distintas regiones del mundo.

Para el director de Provea, “desde el punto de vista político es bien interesante que la fiscal de Chávez esté huyendo del chavismo, pues ella sigue identificándose como partidaria o militante del proyecto que representaba Hugo Chávez. Lo que vemos hoy es una persecución del madurismo contra todo el que se oponga a ellos, incluyendo los chavistas. Que no quepa duda de que estamos en un escenario de ausencia de democracia donde un equipo electoral dictatorial intenta mantenerse y aferrarse al poder”.

  • ¿Cuál cree que es el chavismo que la destituida fiscal Luisa Ortega, ahora de gira por Latinoamérica en busca de asilo, todavía defiende?

El proyecto que se construyó con base en el culto de la personalidad de ese líder carismático, pero cuando Hugo Chávez fallece lo que queda de su legado no son más que múltiples interpretaciones. Entonces, quienes subieron al poder utilizaron esa imagen para hacer cualquier cosa. Los chavistas democráticos, como Luisa Ortega, sienten frustración porque creen que la posibilidad de cambio que representaba la Constitución de 1999, que fue muy bien recibida por una amplia mayoría de venezolanos, se vio truncada por la muerte de su líder, más ahora que Nicolás Maduro toma la decisión de sustituir esa Carta Magna y abolirla con la Asamblea Nacional Constituyente. Ese hecho fue decisivo, pues muchos chavistas comprobaron que ya no hacían parte del mismo proyecto de Maduro.

  • ¿Cree que el madurismo va a ponerle fin al chavismo?

Para nada. El chavismo como identidad política va a continuar, no va a desaparecer. Aunque Nicolás Maduro mañana salga del poder y venga un opositor, el chavismo va a mantenerse, y con eso hay que aprender a convivir y hay que entender las expectativas de un sector de la población que se ve allí representado.

  • ¿Cómo explicaría que Luisa Ortega, mientras fue fiscal, no se haya opuesto al gobierno de Maduro?

Creo que Ortega ha salido de la prisión comunicacional del Estado, y cuando la gente sale de esa camisa de fuerza comienza a reconocer situaciones y matices que antes no veía. El Gobierno ha constituido una hegemonía comunicacional con la que ha aumentado el divorcio entre lo real y lo que dicen los funcionarios públicos que sucede en Venezuela.

  • ¿Hay políticos y ciudadanos venezolanos que desconocen por completo la crisis venezolana?

Con toda seguridad. En Venezuela hay que hacer un esfuerzo muy grande para estar informado. El Gobierno ha construido una estrategia de control sobre lo que se difunde que ha sido muy exitosa: neutralizó a los más importantes medios televisivos, y eso incluye el control de lo que se transmite en televisión por cable. Tenemos el episodio más reciente de la salida de Caracol TV. Aparte de esto, a muchos medios radiofónicos el Gobierno les ha quitado sus licencias, y los medios impresos se han convertido, en su mayoría, en vulgar propaganda política, llena de tonos grotescos e insultos contra los opositores. La estrategia es hacer que la gente tenga una idea parcial de la realidad, a pesar de que la esté sufriendo y no tenga qué comer ni tenga dinero.

  • ¿Cómo han respondido las organizaciones sociales a esta falta de información veraz?

En una crisis como la nuestra, las organizaciones de derechos humanos deben asumir un papel activo en la recuperación de la democracia, y para nosotros fue claro que teníamos que enfrentarnos a esa hegemonía comunicacional. Nos dedicamos entonces a explicarle a la gente lo que estaba ocurriendo. Cuando decidimos llamar “dictadura” al gobierno de Maduro, tuvimos que contarles a los ciudadanos por qué este gobierno se comportaba como una dictadura moderna, muy diferente a las de Pinochet (Chile) y Videla (Argentina). El reto de comunicar en un país como Venezuela nos obligó a desprendernos del lenguaje técnico de los derechos humanos y a experimentar con lenguajes más sencillos y herramientas como el cómic, los microprogramas de radio, las columnas de prensa y las infografías animadas que enviamos por redes sociales y chats para informar sobre el país.

  • Después de cuatro meses de protestas, más de 120 muertes, un plebiscito, unas elecciones para Asamblea, ¿les quedan fuerzas a los manifestantes?

Hay cansancio. Después de meses de protestas muy intensas (unas 26 al día en todo el país) viene un agotamiento natural, pero también hay frustración y rabia porque no se lograron los objetivos que la gente quería y la situación se ha agravado. Entonces ahora hay un ambiente en el que algunos quieren identificar quién fue el responsable de la derrota de la movilización social pacífica. La gente siente que el desgaste ha sido mucho y que a cambio tenemos un gobierno en crisis, pero que logró mantenerse en el poder. Hay un sinsabor frente a lo que resultó siendo el liderazgo de la oposición, pues los políticos animaron a mucha gente a prepararse para estados de desobediencia y resistencia que luego desactivaron, cancelando reuniones, plantones y marchas. Pero estoy seguro de que esto no va a acabar con las protestas en Venezuela. El próximo ciclo se va dar muy pronto, estimulado por las razones económicas, que son agobiantes, y seguramente las futuras manifestaciones van a mantener algunas continuidades con las pasadas, pero también van a traer cosas nuevas. Temo que mucha gente piense que la estrategia de protesta pacífica fue derrotada y que eso signifique que hay que buscar otros mecanismos, como la violencia.

  • Hace poco un periódico oficial señaló a su organización de cometer “crímenes de odio”, por haber publicado un sitio web donde denuncian a quienes ustedes consideran son violadores de derechos humanos. ¿Cree que podría ir preso en algún momento?

Junto con el Foro Penal y la ONG Transparencia Venezuela, somos quizá los activistas más señalados del país. Creemos que después de la persecución a la fiscal vendrá persecución a miembros de la Asamblea que participaron en las protestas y después al resto de gremios y organizaciones sociales, donde nos ubicamos nosotros. Por primera vez en 28 años tenemos el protocolo de seguridad más alto en Provea y estamos actuando para prepararnos en caso de que decidan perseguirnos. Es difícil, porque en principio pensamos que si nos dictaban alguna orden de privación de libertad nos iríamos de Venezuela, pero ahora, cuando vemos el sentimiento de frustración y desazón que queda en la gente cuando los líderes sociales y políticos deciden exiliarse, sentimos que tenemos que resistir, y lo estamos haciendo.

* Periodista de Dejusticia.

http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/hoy-la-persecucion-es-incluso-contra-los-chavistas-articulo-711898

Coherencia y derechos humanos

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente se han aprobado dos marcos jurídicos que formalmente aumentan las garantías para el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Se trata, en primer lugar, de la “Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. En segundo término de la “Ley de Control de Armas, Municiones y Desarme”. Como Provea ha reconocido en los últimos años, el Ejecutivo Nacional ha venido promoviendo una serie de normativas progresivas en materia de derechos humanos, las cuales sintonizan con los estándares internacionales en la materia. La propia Constitución de 1999, ampliamente garantista en materia de derechos sociales, contó con la activa participación de miembros de las organizaciones de derechos humanos, en calidad de asambleístas, quienes aportaron toda la experticia acumulada en la materia. Sin embargo, como también hemos apuntado, el reto ha sido convertir estas normativas en realidad. Y esta situación no escapa a los dos articulados recientes.

Si bien hay que esperar el texto definitivo de la llamada Ley contra la Tortura a ser publicada en la Gaceta Oficial, la propuesta pública tipificaba correctamente lo que significaba “tortura”, “trato cruel” y “trato inhumano y degradante”. La propuesta apuntaba que tortura era “Actos por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Por su parte define que “trato cruel” es: “Actos bajo los cuales se agreda o maltrate intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico”. Por último establece que “trato inhumano o degradante” es “actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral”. Para los delitos de tortura se tipificaba penas de 13 a 23 años, para el delito de trato cruel 13 a 23 años. Los funcionarios que encubran estas situaciones pueden ser penalizados con penas de 8 a 12 años de prisión. Los falsos informes médicos, que intenten negar la realización de torturas o tratos crueles, penas de 4 a 6 años de prisión. La debida y correcta aplicación de esta legislación parece poner límites a la actuación irregular de los cuerpos de seguridad en materia de derecho a la integridad personal.

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Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

Posteo mi contribución al informe 2010 de Espacio Público sobre el Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, acerca de las amenazas del último año contra quienes trabajamos en defensa de los derechos humanos en el país. Si desea descargar el informe completo, visitar ACA

Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela

Rafael Uzcátegui

Para los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela el año 2010 comenzaba con tormenta. Había pasado poco más de un mes que el asesinato de un joven activista, en la ciudad de Barquisimeto, había encendido todas las alarmas. El 26 de noviembre del 2009, a las 7 y 15 de la mañana, Mijail Martínez, videoactivista y miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), recibió tres disparos en el pecho por parte de dos desconocidos. Martínez no ofreció resistencia a los asaltantes. La camioneta Terio de su madre, quien presenció el asesinato, se mantuvo encendida durante el ataque. Las llaves colgaron, en aquellos segundos eternos, impotentes a un costado del volante. En apenas un mes se produjeron una serie de incidentes oscuros por parte de los cuerpos responsables de las investigaciones, los cuales escandalizarían a un estudiante del primer año de derecho.
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Trastorno de ideas delirantes

En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la medida de privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su huelga de hambre, causó la radicalización del conflicto, dificultando el diálogo y apostando por un desgaste que terminó, en última instancia, con su fallecimiento.

Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a través de los medios estatales que el productor agropecuario padecía de “trastorno de ideas delirantes”. La doctora Díaz se convirtió en una figura activa de la campaña de criminalización y desprestigio, a la cual también se sumó la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el 14 de diciembre del 2009 sostuvo que Brito “no reunía la mejor condición mental”. Por defender lo que consideraba como sus derechos violentados, las máximas figuras del llamado “Poder Moral” lo llamaban loco.

Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras era sólo un capítulo de una serie de atropellos contra un humilde trabajador, oriundo de Rio Caribe, que empezaron cuando tuvo el “trastorno” de señalar, con pruebas, la inminencia de actos de corrupción en los organismos estatales. Como consta en la comunicación que Brito dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y en las primeras informaciones sobre su caso ventiladas por los medios, en abril del año 2001 el biólogo denunció que un millonario proyecto de fumigación con agroquímicos, contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar a ser financiado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no era la mejor alternativa para combatir las enfermedades en los cultivos de ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional, El Bloque Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese proyecto constituiría un “uso inadecuado de los recursos”, pues no era recomendable para el modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA le dio la razón, recomendando el uso de variedades de ñame resistentes a las plagas como una solución más económica y ecológicamente sustentable. En consecuencia la CVG desistió del financiamiento, desbaratando el negocio que involucraba, entre otros funcionarios, al alcalde del municipio, Juan Carlos Figarella.

Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia. Como retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes del poder para hacerle pagar con intereses sus “ideas delirantes”. El 16 de abril del 2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agrario (IAMDA), una institución dependiente de la Alcaldía del Municipio Sucre. Paralelamente fue cesanteado en su cargo de profesor de la Unidad Educativa Nacional “El Guarataro”, cuya directora, Griselda Álvarez, era prima del alcalde Figarella. Como si lo anterior no fuera suficiente, también es botada su esposa, Elena Rodríguez de Brito, de su rol de docente en la Escuela Integral Bolivariana “El Guarataro”. Como parte de este ensañamiento ocurre el otorgamiento de cartas agrarias, por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al biólogo y que eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290 hectáreas, imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde Franklin Brito decide la “locura” de pelear, sin descanso, por el resarcimiento de sus derechos, en la parte de la historia cuyo desenlace es lastimosamente conocido por todos y todas.

Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el Ejecutivo Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado cumplieron parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró la postura oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro se apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación, para intentar doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que responder por sus actos un conductor del programa nocturno del Canal 8 que aseguraba tener una filmación de la esposa de Brito con otro hombre; o aquellos que manipularon y difundieron un video para intentar demostrar que Brito era un chantajista. Su caso tenía una fácil solución si hubiese existido la franca voluntad de dialogar y resolver el problema, sin embargo lo que imperó fue el irrespeto, la soberbia y la intolerancia.

El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar pues obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible. En ese momento las demandas principales de Brito eran formalizar como reparaciones materiales a daños contra su persona, las diferentes medidas tomadas por el Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a favor o en contra, del propio presidente de la República.

En cualquier otro país la muerte de un huelguista de hambre hubiera originado diferentes responsabilidades y renuncias. La Fiscal General de la República debe meditar, concienzudamente, si es pertinente su permanencia en el cargo. En cualquier escenario, la próxima Asamblea Nacional debe revisar con la mayor rigurosidad su informe de gestión, y decidir si la funcionaria ha cumplido cabalmente con sus funciones, o por el contrario debe ser removida.

Como dice el trovador peruano Daniel F en su versión del tema “De cartón piedra” de Serrat: “Me gusta estar con locos porque me llegan al pincho los tipos demasiado sanos, los cuerdos, esos que dicen “para que vamos a hacer tal cosa si ya todo esta perdido”. En Venezuela hay una nueva denominación para quienes deciden no claudicar en la defensa de sus derechos: “trastornados de ideas delirantes”. (Correo del Caroní, 06.09.10)