Valencia: Una marcha laboral autónoma

valenciaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 11 de febrero alrededor de 200 trabajadores y activistas sindicales marcharon en la ciudad de Valencia para rechazar la ola de despidos masivos, tanto en las entidades públicas y privadas, que a pesar del decreto de inamovilidad laboral aqueja a la región. La movilización, la primera del año 2015 con un contenido exclusivamente social –también se rechazó la aplicación del paquete de medidas económicas y se pidió un aumento de salarios acorde a la inflación- fue significativa por varias razones, que pasaremos a comentar.

Así lo reseñó el sitio web de Provea: “Que la crisis la paguen los corruptos, no los trabajadores”, “No a los despidos, reenganche ya”. Con estas, y otras consignas, trabajadores de las empresas Filtros Wix, Petrocasa, Chrysler de Venezuela, General Motors, Ajeven, Pirelli y Ford, acompañados por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y sindicalistas de la Misión Barrio Adentro, marcharon este 11.02.2015 en Valencia, para rechazar la ola de despidos masivos que se han producido en empresas públicas y privadas de la entidad , y que según denuncian, se han realizado con la “complicidad” de la Inspectoría del Trabajo. La movilización que partió a las 9 de la mañana desde el sector La Espiga de Oro, contó con una nutrida participación de trabajadores activos y despedidos quienes a lo largo del recorrido gritaron consignas para condenar lo que calificaron como una política antiobrera “que intenta poner en hombros de los más pobres todo el peso de la crisis”.

La primera es el proceso, lento pero irreversible, de despolarización por debajo, desde la propia gente. En Carabobo reposan 6200 calificaciones de despido en la Inspectoría del Trabajo. Hasta ahora se han materializado más de 1.000 despidos entre los que se contabilizan 529 en la empresa General Motors y 275 en la empresa Ford. Pero no sólo la situación aqueja a la empresa privada. En la marcha estuvieron representantes de Petrocasa y de la Misión Madres del Barrio para denunciar la desincorporación forzosa de un grupo de trabajadores de ambos organismos. Que hayan coordinado una actividad juntos, en base a una serie de demandas comunes, refleja una situación que puede encontrarse, para el ojo curioso, en diferentes sectores de la sociedad venezolana: El encuentro en base a problemas que los afectan por igual, independientemente de las opiniones políticas, que en una sociedad democrática siempre serán diversas y divergentes. Actualmente la despolarización se ha convertido en un elemento tan preocupante, que algunos asesores oficiales recomiendan abiertamente volver a vigorizar el maniqueísmo que ha protagonizado el escenario nacional, de cara a las próximas elecciones. Durante el trayecto, los trabajadores cuestionaban la mirada oficial de “gobierno vs oposición”, proponiendo un posicionamiento diferente: Trabajadores de un lado y patronos, públicos y privados, del otro.
El segundo elemento es que sólo la organización popular independiente es garantía del disfrute de derechos. A pesar de las políticas de hostigamiento al sindicalismo independiente, la creación de estructuras paralelas y la criminalización de diferentes mecanismos de lucha, un sector de los trabajadores del país continúan confiando en que es la organización gremial la herramienta para el disfrute de sus derechos laborales. Una organización que tiene la capacidad para autoconvocarse cuando la ocasión lo amerite, que discute y defiende una agenda de reivindicaciones eminentemente laboral –a pesar de la filiación político-partidista de los miembros del sindicato- y que es refractaria a las presiones cupulares para priorizar temas diferentes a los problemas de los trabajadores y trabajadoras. Durante al trayecto, bajo el sol valenciano, la actividad tenía un nivel de organización dado por ellos mismos: Personas encargadas de la seguridad, otros repartiendo volantes y publicaciones, la vocería por los parlantes, etc.
La tercera cuestión es la defensa, por la vía de los hechos, del legítimo derecho a la manifestación pacífica. Rehuyendo del chantaje oficial que califica a cualquier protesta de “guarimba”, los trabajadores usaron uno de sus mecanismos históricos, como lo es la movilización de calle, para la presión por sus derechos. La manifestación en si misma era una respuesta a la política de criminalización de la protesta promovida por el gobierno nacional, en donde una serie de subterfugios legales intentan inhibir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Al estar en la calle los trabajadores recordaron que derecho que no se defiende es derecho que se pierde.

Los organizadores anunciaron nuevas movilizaciones y actividades en los próximos días, entre las iniciativas destaca la realización de un encuentro regional de trabajadores el próximo 07.03.2015 en Valencia, donde continuarán caminando la lenta pero esperanzadora ruta de la recomposición de la autonomía de las organizaciones sindicales. Tenemos mucho que aprender y replicar de lo que está pasando, ahora mismo, en el centro del país.

Libre tránsito y protesta

rafael uzcateguiRafael Uzcátegui

La falta de respuestas del Ejecutivo a los reclamos de la ciudadanía tiene como una de sus consecuencias el aumento de la protesta social. Todas las ONGs que monitorean el derecho a la manifestación pacífica coinciden en que las principales motivaciones para la movilización son la exigencia de derechos laborales, vivienda y seguridad. Ante la ausencia de una cultura democrática de abordaje a fenómeno movimientista se ha venido imponiendo la intolerancia. Para intentar legitimarla, diferentes voceros han enarbolado un discurso contradictorio con la vocación social y popular que protagoniza las propagandas gubernamentales. Uno de sus argumentos ha sido la supuesta preservación y jerarquización del derecho al libre tránsito sobre el derecho a la protesta.

Esta matriz de opinión, que uno supondría propia de gobiernos conservadores, ha sido refutada por el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. Un relator es un funcionario de la ONU que interpreta las normas establecidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos, las cuales se encuentran en los pactos y tratados suscritos por los diferentes Estados. Los relatores reciben permanentemente información de los países sobre los temas de su incumbencia, realizando recomendaciones a los gobiernos y realizando, de tanto en tanto, informes sobre las garantías del derecho. En su informe de mayo de 2012 el Relator coincide con la evaluación que establece que la libre circulación vehicular no debe anteponerse automáticamente a la libertad de reunión pacífica. “En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha indicado que “las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión… –incluido- el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona”. Además, recordó que “en una sociedad el espacio urbano  no es solo un ámbito de circulación sino también un espacio de participación”.

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Buhoneros y derecho al trabajo

Piquete de la GN en La Hoyada, 20.12.10

Desde hace dos días, por lo menos, hay enfrentamientos entre los vendedores informales de Caracas y funcionarios policiales y militares debido a los operativos para impedir que vendan en las calles de la ciudad. Como trabajo por el centro de la ciudad, me ha tocado ver con mis ojos algunas escenas de las trifulcas, en donde funcionarios de la Guardia Nacional, en moto, disparan bombas lacrimógenas y perdigones contra los buhoneros y buhoneras, que en algunos puntos han intentado cerrar el paso con basura en llamas y containers a mitad del camino.

Desde hace algunos años las autoridades locales han hecho diferentes anuncios sobre políticas de reubicación de vendedores informales. Recientemente, el alcalde Jorge Rodríguez ha anunciado que se han creado “15000 puestos de trabajo dignos” en la ciudad, para que puedan trabajar. La mayoría de los mercados anunciados han quedado a medio construir. Uno de los funcionarios encargados de sacarlos de las calles, incluso con malas maneras, ha sido el ex tomista de la UCV Sergio Sánchez. Sin embargo la muestra mas contundente de la ineficacia de las medidas adoptadas son las tensiones entre los vendedores de la calle y los funcionarios policiales de los días recientes. Sin reubicar, sin fuentes estables de empleo, con una alta inflación, con la imposibilidad de poder llevar dinero para la casa, tienen que pelear por un metro de acera en donde poder ofertar sus bienes a la gente.

Uno se pregunta el porqué si en años anteriores, en fechas aledañas al 24, se ha logrado establecer una tregua y permisarle que vendan en las calles por pocos días, en la actualidad no se llega a un acuerdo similar. Algunos piensan que afean las calles, sin embargo antes de lo estético está el derecho al trabajo, el poder llevar pan a casa. En Venezuela, casi la mitad de la fuerza laboral se encuentra en situación de informalidad, una dimensión que ni en la Cuarta República ni en la Quinta, ha podido revertirse con políticas estables y coherentes, y en donde, como en muchas otras cosas, ha primado la demagogia y la improvisación.

Foro por la Vida rechaza detención de sindicalistas y activistas de derechos humanos en Aragua

Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechaza la represión perpetrada por los organismos policiales del estado Aragua (PoliAragua) contra los defensores de derechos humanos Rober Calzadilla, Rafael Uzcátegui y Marco Antonio Ponce y otros 25 trabajadores y sindicalistas de diferentes gremios de la región.

Durante la manifestación contra la criminalización de la protesta y en defensa de Rubén González, efectivos de la policía de Aragua (PoliAragua), sin mediar palabra reprimieron la concentración de manera violenta, empleando bombas lacrimógenas.

Posteriormente, en una rueda de prensa, PoliAragua detuvo a los defensores de derechos humanos de Provea, Rafael Uzcátegui, Marco Ponce y Rober Calzadilla, y a otras 25 personas que se encontraban en el lugar. PoliAragua igualmente decomisó la videograbadora con la que el grupo de Provea cubría la manifestación.

Exhortamos a las autoridades competentes en estado Aragua a liberar de inmediato a los manifestantes que de manera pacífica ejercían el derecho a protestar, consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Recordamos a las autoridades policiales y al gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, que deben garantizar la integridad física de las personas arbitrariamente detenidas en la comandancia general de San Jacinto, Estado Aragua.

Ante el creciente proceso de criminalización de las manifestaciones públicas, Foro por la Vida exige respeto y cumplimiento de las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos.

Desde Foro por la Vida hemos advertido el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y el incremento de los riesgos para los activistas; las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo; así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra quienes defienden las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Integran el Foro por la Vida: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), Observatorio Venezolano de Prisiones, Vicaría de Derecho Humanos de las Arquidiócesis Episcopal de Caracas, Acción Solidaria, Servicio Jesuita de Refugiados, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Caritas Los Teques, Comisión Justicia y Paz (Secorve), Centro por la Paz de la Universidad Central de Venezuela, Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, Vicariato de Puerto Ayacucho, Grupo de Monitores del Estado Táchira, Comité de Víctimas contra la impunidad del Estado Lara, Comité por los Derechos Humanos del Estado Falcón (COPRODEH), Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (CIFEM), y Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Justicia y Paz de Venezuela, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Venezuela: Provea ante el asesinato de dos manifestantes en Venezuela

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), rechaza los hechos de violencia que dejaron como saldo el asesinato de dos manifestantes durante día 25.01.10 en el estado Mérida, perpetrados por presuntos civiles armados. Asimismo, exige al Ejecutivo Nacional garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica de todas las personas que salen a la calle a demandar reivindicaciones sin importar su condición social o política.

Los estudiantes Yosinio Carrillo Torres, de 16 años y Marcos Rosales, de 28 años, murieron tras recibir impactos de bala efectuados por presuntos civiles armados. Estos jóvenes participaban en acciones de calle a favor y en contra de la suspensión de las transmisiones, por disposición gubernamental, del canal de televisión con señal por cable Radio Caracas Televisión (RCTV).

Destacamos la responsabilidad que tiene el Estado de establecer y garantizar mecanismos de seguridad ciudadana efectivos para resguardar la integridad física de manifestantes y terceros en el contexto de manifestaciones. En tal sentido debe implementar todos los mecanismos a su alcance para garantizar que las manifestaciones se realicen sin riesgo de que quienes participen sufran algún tipo de agresión perpetrada por agentes del Estado o por particulares. Igualmente debe adoptar medidas adecuadas para impedir la actuación de grupos organizados o no que recurren a la violencia como método para dirimir divergencias políticas y adelantar las investigaciones correspondientes que conlleven a establecer responsabilidades.

Denunciamos que en menos de ocho meses tres personas han muerto en el contexto de manifestaciones, por la acción de civiles armados. Como se recordará, Jonathan Rivas (21) dirigente del partido Primero Justicia(PJ), en el estado Anzoátegui, murió a consecuencia de impactos de bala el 21.06.09, cuando participaba en una protesta pacífica en contra de ciertas medidas gubernamentales aplicadas al canal de televisión venezolano Globovision. El 15.06.09 fue asesinada Maite Mendible (40), en la población d e Chirimena Estado Miranda, al recibir impactos de bala cuando participaba en una protesta pacífica en compañía de sus vecinos exigiendo mayor seguridad para la comunidad. El 8.12.09 en el estado Táchira fue asesinado Jesús Eduardo Ramírez Bello (19) estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) presuntamente por civiles vinculados a partidos de la alianza gubernamental. Igualmente, durante el 2009 cuatro manifestantes fueron asesinados presuntamente por integrantes de cuerpos armados del Estado.

Provea reivindica la manifestación pacífica y exhorta a la población venezolana a canalizar en el marco de la Constitución y la ley sus acciones de protesta o de apoyo a las políticas gubernamentales.

Rechazamos el uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas por parte de la fuerza pública en el control de manifestaciones pacíficas y exigimos el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en la actuación de los c uerpos armados del Estado.

En este contexto general Provea exige a los Poderes Públicos:

1.- Que el Ministerio Público adelante una investigación imparcial y establezca responsabilidades en el asesinato de los manifestantes Yosinio Carrillo Torres y Marcos Rosales.

2.- Que todas las autoridades nacionales, estadales y municipales garanticen el libre ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente.

3.- Que el Ejecutivo Nacional instruya a todos los funcionarios policiales para que se cumpla el mandato del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones”.

4.- Que se adopten medidas oportunas y adecuadas para impedir la acción de grupos civiles armados, se adelanten las investigaciones correspondientes de los hechos delictivos que cometan y se establezcan las sanciones respectivas.