Posts Tagged ‘Masacre de El Amparo’

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Enseñanzas de la Masacre de El Amparo

noviembre 9, 2013

amparo6Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de octubre se cumplieron 25 años de la masacre de El Amparo.  En esa fecha fueron asesinados 14 pescadores en el sector caño La Colorada, cerca de la población de El Amparo, estado Apure,  por efectivos militares y policiales que integraban el Comando Específico “José Antonio Páez”  (Cejap).

El gobierno de Jaime Lusinchi usó los medios públicos para intentar convencer a la población que se trataba de unos guerrilleros colombianos  y que los patriotas funcionarios estaban defendiendo la soberanía nacional. Sin embargo el testimonio de dos sobrevivientes, Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias desmontó la mentira gubernamental. El pueblo de El Amparo rechazaba en la calle los señalamientos contra algunos de sus habitantes. En el resto del país, la protesta encabezada por el movimiento estudiantil rechazaba el crimen de Estado.

El poder del Estado continuó avalando la mentira. La investigación de los hechos fue asumida por la justicia militar, quienes llegaron incluso a condenar a los dos sobrevivientes y absolver a los asesinos materiales e intelectuales. Como el sistema de administración de justicia en el país garantizó la impunidad, a las víctimas no le quedó más alternativa que acudir a las instancias internacionales de protección: Primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 14 de septiembre de 1996, ocho años después, la Corte sentenció ordenando investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como la indemnización de las víctimas. Durante el gobierno del ex presidente Rafael Caldera se pagó el 95% de esas indemnizaciones y en el año 2005, durante el gobierno del expresidente Chávez, el 5% restante. En los dos gobiernos, sin embargo, reinó la impunidad. En los dos gobiernos algunos de los asesinos ocuparon cargos gubernamentales.
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Un coloquio en Sao Paulo

octubre 24, 2012


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

 

Del 13 al 20 de octubre pasado se realizó en la ciudad de Sao Paulo el XII Coloquio Internacional de Derechos Humanos, realizado por la ONG brasilera Conectas. El objetivo de este evento, que congregó a activistas de 39 países, era discutir colectivamente desafíos resultantes de los nuevos temas en la agenda de derechos humanos del sur global, así como compartir estrategias innovadoras utilizadas por los participantes para proteger mejor las garantías de dignidad de hombres y mujeres.

La metodología de esta intensa semana de debate fueron las ponencias y los grupos de trabajo, además de discusiones sobre casos prácticos, un foro abierto y una visita al Memorial de la Resistencia. La temática fue variada y pertinente: “Desarrollo económico y violaciones a los derechos humanos”, donde se insistió en la puesta en cuestión del modelo de desarrollo basado en la minería por todas sus secuelas en comunidades indígenas y campesinas, así como al medioambiente; “Límites de la comunidad internacional y el uso de la fuerza”, día en el que se balancearon las consecuencias de las intervenciones militares, sus motivaciones geopolíticas y aquellas situaciones en las que a pesar de la gravedad de la crisis, las Naciones Unidas no actúan con la misma determinación que en otros países. Con dolor escuchamos los testimonios de los activistas de Siria y Guinea Bassau, describiendo el sufrimiento y asesinato en sus países a la par que pedían abiertamente, como única alternativa, la intervención de una fuerza multilateral en sus territorios; “Fortalecimiento de las ONGs en el sur global”, en donde compartimos los retos y frustraciones comunes en la lucha por los derechos humanos; “Conocimiento para la acción”, jornada en la cual Provea describió su trabajo de 23 años de investigación para la exigibilidad de derechos humanos y, por último, “Tecnología y derechos humanos”, estudiando casos de campañas exitosas mediante el uso de las redes digitales y los adelantos audiovisuales.

Todas las discusiones fueron a puerta cerrada en la Fundación Getúlio Vargas de la ciudad, salvo la noche del lunes en que la conocida Librería Cultura de la Avenida Paulista abrió las puertas de su auditorio para la discusión “Mundial y Olimpíadas: ¿Quién gana?”. A casa llena el ex capitán de la selección nacional del Brasil, Raí Oliveira, a nombre de la asociación “Atletas por la Ciudadanía” y una representante del “Comité Popular de la Copa” describieron las consecuencias negativas para la ciudad en ser la sede de dos megaeventos deportivos: Desplazamiento forzado de barrios enteros para la construcción de infraestructuras, la militarización de las ciudades y el maquillamiento de la pobreza. Esa noche escuchamos también el relato de Patrick Bond, académico y activista residente en Suráfrica, quien fue encarcelado por estar repartiendo panfletos anti-xenofobia durante el Mundial de fútbol anterior.

 

El cónclave fue propicio para el reencuentro de representantes de organizaciones de derechos humanos latinoamericanas quienes discutimos, fuera del programa, estrategias para fortalecer el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. Asimismo pudimos mapear agendas comunes de trabajo. Por ejemplo, las tendencias compartidas por nuestro país y Ecuador, país que vulnera su propio ordenamiento legal promoviendo una agresiva expansión de la economía extractivista. De boca de los representantes de la Fundación Pachamama y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador comprendimos mejor la valiente lucha del pueblo indígena Sarayacu rechazando la realización de proyectos energéticos en su territorio, lo cual fue respaldado por la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado ecuatoriano realizar consultas previas con las comunidades originarias antes de realizar emprendimientos extractivos.

 

No podemos dejar de comentar la visita al Memorial de la Resistencia, una institución dedicada a la preservación de la memoria de la represión política en el país, edificado en lo que entre los años 1940 y 1983 fue sede del Departamento Estatal de Orden Político y Social del estado de Sao Paulo. La reconstrucción parcial de lo que fue un centro de detención y torturas contra activistas políticos recrea las celdas en las que fueron confinados dirigentes sociales durante la dictadura, que según algunas cifras estiman en 500 personas el monto de sus desaparecidos. Este esfuerzo es parte de la voluntad política del Estado brasilero en castigar los delitos de derechos humanos ocurridos en el pasado, para lo cual se ha promovido una “Comisión de la Verdad” que investigue los hechos y realice recomendaciones. Mientras leíamos las inscripciones en la pared de las celdas, reconstruidas por los propios sobrevivientes del centro, no podíamos quitarnos de la cabeza las deudas del propio Estado venezolano en la materia, y la contradicción que algunos de los autores materiales e intelectuales de los crímenes que se rechazan, en el discurso, estén ejerciendo roles en el alto gobierno y sean postulados por el oficialismo para cargos de elección popular.

 

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Leo y difundo: Provea deplora que presunto autor intelectual de Masacre de El Amparo sea vocero de la campaña electoral

julio 20, 2012

(Caracas, 20.07.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta que en los últimos días una persona conocida por su presunta participación en La Masacre de El Amparo, uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país, se haya convertido en vocero de la campaña electoral por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”.  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.

Provea considera que la designación de Chacín como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la región Los Llanos, lo cual le confiere un especial protagonismo en la actual campaña electoral significa un aval a la impunidad y es contradictoria con el discurso del partido de gobierno acerca de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes del pasado. Así como en su momento Provea solicitó las investigaciones acerca de las denuncias contra el diputado José Sanchez Mazuco por violaciones a los derechos humanos, seguiremos insistiendo en realizar averiguaciones oficiales en contra de funcionarios del gobierno señalados en delitos similares, como es el caso del diputado por el PSUV Roger Cordero Lara, autor material de la llamada Masacre de Cantaura.

Sobre el caso de Rodríguez Chacín y la Masacre de El Amparo Provea exige a los poderes públicos:

1.- Que se cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación de elaborar a más tardar para el 25 de junio de 2010 un cronograma detallado de las gestiones que realizará para investigar los hechos  identificar, y en su caso, sancionar a los responsables;

2.-En cumplimiento de la Ley para Sancionar los crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 el Ministerio Público investigue al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín como presunto autor intelectual de la masacre de El Amparo.

3.- La Fiscal General de la República de respuesta a la solicitud realizada en agosto de 2009 por los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes para que se reúna con ellos en la población de El Amparo

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Casos emblemáticos de la CIDH. Postales digitales

mayo 14, 2012

El Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos tiene muchas limitaciones y contradicciones. Sin embargo, ha sido una herramienta utilizada por decenas de víctimas de toda la región, como último recurso para conseguir justicia. Algunos lo han logrado. La Corte y la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha sentenciado contra los países en casos emblemáticos de violación a los derechos humanos cuando las circunstancias locales parecían perpetuar la impunidad. Por eso, en tiempos de arremetida del autoritarismo burocrático, se quiere recordar algunas de los fallos trascendentales para la lucha por la dignidad en las Américas

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CIDH, soberanía y masacre de El Amparo

noviembre 4, 2011

Con los dos sobrevivientes de El Amparo

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Algunas personas piensan, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece a Leopoldo López, que este organismo tiene como función erosionar la soberanía de los países beneficiando a determinado tipo de actores políticos, con capacidad económica para influir en las decisiones de los magistrados. Esta apreciación es falsa por dos razones: La primera porque es nuestra propia Carta Magnan, pues en el artículo 23 se establece que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. En segundo lugar porque dicha afirmación desconoce olímpicamente las anteriores sentencias de la CIDH contra Venezuela, que precisamente benefician a personas que difícilmente pudieran ser calificadas como oligarcas. Como se recordará, ante la imposibilidad de alcanzar justicia ante los sucesos de febrero y marzo de 1989, las víctimas de la represión indiscriminada por parte de las fuerzas militares acudieron a esta instancia internacional de protección a los derechos humanos. La decisión logró lo que no pudieron los tribunales locales: obligar a “una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda”. Como sabemos, el Estado ha incumplido esta sentencia, y se ha limitado a las reparaciones materiales.

Otra sentencia del CIDH incumplida por el Estado venezolano ha sido la correspondiente al 18 de enero de 1995 sobre el caso de El Amparo, hecho que el pasado 29 de octubre cumplió 23 años. Como se recordará esta masacre fue perpetrada por efectivos militares y policiales del “Comando Específico José Antonio Páez” (CEJAP), quienes en esos momentos, presuntamente, realizaban un operativo militar denominado “Anguila III”. Como consecuencia del ataque fueron asesinadas 14 personas. Un hecho típico de lo que se conoce como “falso positivo” donde se quitó la vida a inocentes para aparentar la lucha efectiva contra la subversión en la frontera.
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Coherencia y crímenes del pasado

agosto 23, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

La Asamblea Nacional ha abierto la consulta pública del denominado Proyecto de Ley Para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos Por Razones Políticas en el Período 1958-1998. La misma es una justa iniciativa promovida por varias organizaciones sociales y familiares de las víctimas.

Esta iniciativa jurídica constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad, abriendo la posibilidad que se haga justicia sobre muchas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos” y ha señalado que “… el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”

Desapariciones forzadas, masacres, torturas, son algunas de las graves violaciones que se produjeron de 1958 a 1998 que no se investigaron. Algunos de los casos que se llevaron a juicio, por la presión pública, fueron encausados por el fuero militar, lo cual garantizó la impunidad.
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Documental: Masacre de El Amparo, 20 años de impunidad (2008)

octubre 29, 2010

Hace dos años, por estas mismas fechas, Rodolfo Rober y yo proyectábamos este documental, producido por Provea, sobre un nuevo aniversario de impunidad en la Masacre de El Amparo. Como videoactivismo estuvo muy bien, sin embargo, pagamos varias novatadas…

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Lo que leerán a continuación es parte de un trabajo de investigación o tesis que se realizo durante algún tiempo en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y que se culmina en junio del 2012. Se han obviado para este blog algunos extractos relacionados al ámbito académico (marco teórico, aspectos técnicos de la carrera). Este blog se publica con la intención de colaborar con la preservación de nuestra historia y nuestro legado musical. Quien quiera consultar la tesis completa puede hacerlo a partir del mes de mayo de 2013 en la biblioteca de humanidades de la UCV bajo el nombre de "Las letras de las canciones de la banda Sentimiento Muerto".

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