Posts etiquetados ‘Masacre de El Amparo’

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Enseñanzas de la Masacre de El Amparo

noviembre 9, 2013

amparo6Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de octubre se cumplieron 25 años de la masacre de El Amparo.  En esa fecha fueron asesinados 14 pescadores en el sector caño La Colorada, cerca de la población de El Amparo, estado Apure,  por efectivos militares y policiales que integraban el Comando Específico “José Antonio Páez”  (Cejap).

El gobierno de Jaime Lusinchi usó los medios públicos para intentar convencer a la población que se trataba de unos guerrilleros colombianos  y que los patriotas funcionarios estaban defendiendo la soberanía nacional. Sin embargo el testimonio de dos sobrevivientes, Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias desmontó la mentira gubernamental. El pueblo de El Amparo rechazaba en la calle los señalamientos contra algunos de sus habitantes. En el resto del país, la protesta encabezada por el movimiento estudiantil rechazaba el crimen de Estado.

El poder del Estado continuó avalando la mentira. La investigación de los hechos fue asumida por la justicia militar, quienes llegaron incluso a condenar a los dos sobrevivientes y absolver a los asesinos materiales e intelectuales. Como el sistema de administración de justicia en el país garantizó la impunidad, a las víctimas no le quedó más alternativa que acudir a las instancias internacionales de protección: Primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 14 de septiembre de 1996, ocho años después, la Corte sentenció ordenando investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como la indemnización de las víctimas. Durante el gobierno del ex presidente Rafael Caldera se pagó el 95% de esas indemnizaciones y en el año 2005, durante el gobierno del expresidente Chávez, el 5% restante. En los dos gobiernos, sin embargo, reinó la impunidad. En los dos gobiernos algunos de los asesinos ocuparon cargos gubernamentales.
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Un coloquio en Sao Paulo

octubre 24, 2012


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

 

Del 13 al 20 de octubre pasado se realizó en la ciudad de Sao Paulo el XII Coloquio Internacional de Derechos Humanos, realizado por la ONG brasilera Conectas. El objetivo de este evento, que congregó a activistas de 39 países, era discutir colectivamente desafíos resultantes de los nuevos temas en la agenda de derechos humanos del sur global, así como compartir estrategias innovadoras utilizadas por los participantes para proteger mejor las garantías de dignidad de hombres y mujeres.

La metodología de esta intensa semana de debate fueron las ponencias y los grupos de trabajo, además de discusiones sobre casos prácticos, un foro abierto y una visita al Memorial de la Resistencia. La temática fue variada y pertinente: “Desarrollo económico y violaciones a los derechos humanos”, donde se insistió en la puesta en cuestión del modelo de desarrollo basado en la minería por todas sus secuelas en comunidades indígenas y campesinas, así como al medioambiente; “Límites de la comunidad internacional y el uso de la fuerza”, día en el que se balancearon las consecuencias de las intervenciones militares, sus motivaciones geopolíticas y aquellas situaciones en las que a pesar de la gravedad de la crisis, las Naciones Unidas no actúan con la misma determinación que en otros países. Con dolor escuchamos los testimonios de los activistas de Siria y Guinea Bassau, describiendo el sufrimiento y asesinato en sus países a la par que pedían abiertamente, como única alternativa, la intervención de una fuerza multilateral en sus territorios; “Fortalecimiento de las ONGs en el sur global”, en donde compartimos los retos y frustraciones comunes en la lucha por los derechos humanos; “Conocimiento para la acción”, jornada en la cual Provea describió su trabajo de 23 años de investigación para la exigibilidad de derechos humanos y, por último, “Tecnología y derechos humanos”, estudiando casos de campañas exitosas mediante el uso de las redes digitales y los adelantos audiovisuales.

Todas las discusiones fueron a puerta cerrada en la Fundación Getúlio Vargas de la ciudad, salvo la noche del lunes en que la conocida Librería Cultura de la Avenida Paulista abrió las puertas de su auditorio para la discusión “Mundial y Olimpíadas: ¿Quién gana?”. A casa llena el ex capitán de la selección nacional del Brasil, Raí Oliveira, a nombre de la asociación “Atletas por la Ciudadanía” y una representante del “Comité Popular de la Copa” describieron las consecuencias negativas para la ciudad en ser la sede de dos megaeventos deportivos: Desplazamiento forzado de barrios enteros para la construcción de infraestructuras, la militarización de las ciudades y el maquillamiento de la pobreza. Esa noche escuchamos también el relato de Patrick Bond, académico y activista residente en Suráfrica, quien fue encarcelado por estar repartiendo panfletos anti-xenofobia durante el Mundial de fútbol anterior.

 

El cónclave fue propicio para el reencuentro de representantes de organizaciones de derechos humanos latinoamericanas quienes discutimos, fuera del programa, estrategias para fortalecer el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. Asimismo pudimos mapear agendas comunes de trabajo. Por ejemplo, las tendencias compartidas por nuestro país y Ecuador, país que vulnera su propio ordenamiento legal promoviendo una agresiva expansión de la economía extractivista. De boca de los representantes de la Fundación Pachamama y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador comprendimos mejor la valiente lucha del pueblo indígena Sarayacu rechazando la realización de proyectos energéticos en su territorio, lo cual fue respaldado por la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado ecuatoriano realizar consultas previas con las comunidades originarias antes de realizar emprendimientos extractivos.

 

No podemos dejar de comentar la visita al Memorial de la Resistencia, una institución dedicada a la preservación de la memoria de la represión política en el país, edificado en lo que entre los años 1940 y 1983 fue sede del Departamento Estatal de Orden Político y Social del estado de Sao Paulo. La reconstrucción parcial de lo que fue un centro de detención y torturas contra activistas políticos recrea las celdas en las que fueron confinados dirigentes sociales durante la dictadura, que según algunas cifras estiman en 500 personas el monto de sus desaparecidos. Este esfuerzo es parte de la voluntad política del Estado brasilero en castigar los delitos de derechos humanos ocurridos en el pasado, para lo cual se ha promovido una “Comisión de la Verdad” que investigue los hechos y realice recomendaciones. Mientras leíamos las inscripciones en la pared de las celdas, reconstruidas por los propios sobrevivientes del centro, no podíamos quitarnos de la cabeza las deudas del propio Estado venezolano en la materia, y la contradicción que algunos de los autores materiales e intelectuales de los crímenes que se rechazan, en el discurso, estén ejerciendo roles en el alto gobierno y sean postulados por el oficialismo para cargos de elección popular.

 

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Leo y difundo: Provea deplora que presunto autor intelectual de Masacre de El Amparo sea vocero de la campaña electoral

julio 20, 2012

(Caracas, 20.07.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta que en los últimos días una persona conocida por su presunta participación en La Masacre de El Amparo, uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país, se haya convertido en vocero de la campaña electoral por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”.  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.

Provea considera que la designación de Chacín como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la región Los Llanos, lo cual le confiere un especial protagonismo en la actual campaña electoral significa un aval a la impunidad y es contradictoria con el discurso del partido de gobierno acerca de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes del pasado. Así como en su momento Provea solicitó las investigaciones acerca de las denuncias contra el diputado José Sanchez Mazuco por violaciones a los derechos humanos, seguiremos insistiendo en realizar averiguaciones oficiales en contra de funcionarios del gobierno señalados en delitos similares, como es el caso del diputado por el PSUV Roger Cordero Lara, autor material de la llamada Masacre de Cantaura.

Sobre el caso de Rodríguez Chacín y la Masacre de El Amparo Provea exige a los poderes públicos:

1.- Que se cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación de elaborar a más tardar para el 25 de junio de 2010 un cronograma detallado de las gestiones que realizará para investigar los hechos  identificar, y en su caso, sancionar a los responsables;

2.-En cumplimiento de la Ley para Sancionar los crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 el Ministerio Público investigue al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín como presunto autor intelectual de la masacre de El Amparo.

3.- La Fiscal General de la República de respuesta a la solicitud realizada en agosto de 2009 por los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes para que se reúna con ellos en la población de El Amparo

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Casos emblemáticos de la CIDH. Postales digitales

mayo 14, 2012

El Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos tiene muchas limitaciones y contradicciones. Sin embargo, ha sido una herramienta utilizada por decenas de víctimas de toda la región, como último recurso para conseguir justicia. Algunos lo han logrado. La Corte y la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha sentenciado contra los países en casos emblemáticos de violación a los derechos humanos cuando las circunstancias locales parecían perpetuar la impunidad. Por eso, en tiempos de arremetida del autoritarismo burocrático, se quiere recordar algunas de los fallos trascendentales para la lucha por la dignidad en las Américas

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CIDH, soberanía y masacre de El Amparo

noviembre 4, 2011

Con los dos sobrevivientes de El Amparo

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Algunas personas piensan, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece a Leopoldo López, que este organismo tiene como función erosionar la soberanía de los países beneficiando a determinado tipo de actores políticos, con capacidad económica para influir en las decisiones de los magistrados. Esta apreciación es falsa por dos razones: La primera porque es nuestra propia Carta Magnan, pues en el artículo 23 se establece que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. En segundo lugar porque dicha afirmación desconoce olímpicamente las anteriores sentencias de la CIDH contra Venezuela, que precisamente benefician a personas que difícilmente pudieran ser calificadas como oligarcas. Como se recordará, ante la imposibilidad de alcanzar justicia ante los sucesos de febrero y marzo de 1989, las víctimas de la represión indiscriminada por parte de las fuerzas militares acudieron a esta instancia internacional de protección a los derechos humanos. La decisión logró lo que no pudieron los tribunales locales: obligar a “una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda”. Como sabemos, el Estado ha incumplido esta sentencia, y se ha limitado a las reparaciones materiales.

Otra sentencia del CIDH incumplida por el Estado venezolano ha sido la correspondiente al 18 de enero de 1995 sobre el caso de El Amparo, hecho que el pasado 29 de octubre cumplió 23 años. Como se recordará esta masacre fue perpetrada por efectivos militares y policiales del “Comando Específico José Antonio Páez” (CEJAP), quienes en esos momentos, presuntamente, realizaban un operativo militar denominado “Anguila III”. Como consecuencia del ataque fueron asesinadas 14 personas. Un hecho típico de lo que se conoce como “falso positivo” donde se quitó la vida a inocentes para aparentar la lucha efectiva contra la subversión en la frontera.
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Coherencia y crímenes del pasado

agosto 23, 2011

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

La Asamblea Nacional ha abierto la consulta pública del denominado Proyecto de Ley Para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos Por Razones Políticas en el Período 1958-1998. La misma es una justa iniciativa promovida por varias organizaciones sociales y familiares de las víctimas.

Esta iniciativa jurídica constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad, abriendo la posibilidad que se haga justicia sobre muchas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos” y ha señalado que “… el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”

Desapariciones forzadas, masacres, torturas, son algunas de las graves violaciones que se produjeron de 1958 a 1998 que no se investigaron. Algunos de los casos que se llevaron a juicio, por la presión pública, fueron encausados por el fuero militar, lo cual garantizó la impunidad.
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Documental: Masacre de El Amparo, 20 años de impunidad (2008)

octubre 29, 2010

Hace dos años, por estas mismas fechas, Rodolfo Rober y yo proyectábamos este documental, producido por Provea, sobre un nuevo aniversario de impunidad en la Masacre de El Amparo. Como videoactivismo estuvo muy bien, sin embargo, pagamos varias novatadas…

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Estado venezolano se compromete a investigar y sancionar en caso de Masacre de El Amparo

febrero 2, 2010

En audiencia de cumplimiento de sentencia realizada el pasado 29 de enero en San José de Costa Rica, el Estado venezolano se comprometió a presentar a la brevedad posible un cronograma de actuaciones procesales orientadas a investigar en la jurisdicción ordinaria la Masacre de El Amparo.

En la mencionada audiencia fue leída una comunicación suscrita por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz mediante la cual anuncia la realización de un conjunto de actuaciones procesales en el caso. La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas las organizaciones Provea y Cejil sugirieron a la representación del gobierno de Venezuela que se presentara un cronograma con fechas específicas de algunas de esas actuaciones. Dicha solicitud fue aceptada. La organización Provea solicitó igualmente que se realizará pronto una reunión entre la Fiscal General, los dos sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes con el objeto de que fueran informados de dicho cronograma y se escucharan las inquietudes existentes en relación a las investigaciones. La representación del gobierno se comprometió a canalizar la organización de dicha reunión.

Es de destacar que la reunión en la sede de la Corte Interamericana se realizó en el marco de un espíritu de mutuo respeto y voluntad compartida de avanzar hacia la obtención de justicia y afianzar la lucha contra la impunidad.

El Estado de Venezuela se comprometió a informar de manera periódica a la Corte sobre el avance de las investigaciones y mantener un permanente diálogo con las organizaciones representantes de las víctimas y con las víctimas mismas.

El resultado general de la reunión es la afirmación por parte del Estado venezolano que al igual que los casos Yumare y Cantaura, las investigaciones de la Masacre de El Amparo se reiniciarán en la jurisdicción ordinaria, solicitud que fue realizada el 20 de agosto de 2008 por los dos sobrevivientes asistidos por las organizaciones Provea y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La masacre de El Amparo fue investigada en la jurisdicción militar con claros propósitos de producir impunidad y los autores materiales fueron declarados no culpables. Nunca se investigó a los autores intelectuales.

El compromiso de investigar y sancionar abarca tanto a autores materiales como intelectuales algunos de los cuales han ocupado altos cargos en distintos gobiernos y varios de ellos ya son investigados por haber participado en otras masacres. (Prensa Provea)

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Provea y CEJIL exigen investigación y sanción por la Masacre del Amparo

febrero 2, 2010

El 29.10.88, en caño La Colorada, 14 pescadores salieron en búsqueda de alimento, sin embargo, encontraron la muerte a manos de los efectivos del Comando Estratégico José Antonio Páez (Cejap), quienes fueron los ejecutores de la llamada Masacre del Amparo.

Han pasado 21 años de los sucesos y el Estado venezolano no ha logrado hacer justicia con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes. Por lo anterior, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron sus alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar el cumplimiento de la sentencia por parte de Venezuela.

Las dos organizaciones reclaman el incumplimiento de las reparaciones por parte del Estado, una omisión que ha tenido carácter reiterativo al ignorar las ratificaciones del 28.11.02 y 04.06.06 a la resolución emitida por la Corte IDH en 1996. En el documento que presentaron ambas organizaciones se sostiene “El Estado no ha demostrado avances efectivos en relación con la obligación de investigar y sancionar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el presente caso”.

Además, Provea y CEJIL reclaman un trato no discriminatorio e igualitario para las familiares de la víctimas y los dos sobrevivientes de los sucesos de octubre de 1989, en vista que, “Venezuela ha demostrado en los últimos cuatro años voluntad para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de varios casos de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por funcionarios policiales y militares en la década de los años 80 del siglo XX, lapso en el cual también se produjo la masacre de El Amparo”.

Es contradictorio que el Ministerio Público haya realizado importantes diligencias para aplicar justicia a los responsables de las masacres de Cantaura (1982) y Yumare (1986), y por el contrario, no haga nada al respecto de los sucesos de Caño La Colorada.

“El incumplimiento del Estado con lo dictado en el presente caso constituye no solamente una violación del deber del Estado de cumplir con la resolución de ésta Honorable Corte, sino también una aplicación discriminatoria de la justicia”, afirman las organizaciones. Además, encuentra inexcusable que observando los esfuerzos realizados por las autoridades competentes con respecto a los otros dos sucesos.

Es por eso que las peticiones de Provea y CEJIL ante la Corte IDH son:

1. Investigación y sanción para los responsables (materiales e intelectuales) de la masacre de El Amparo.

2. Que las víctimas de los sucesos del 29.10.89 reciban un trato igualitario ante la justicia

3. Un reunión entre las dos sobrevivientes, familiares de las víctimas y el Estado para que este escuche las inquietudes y sugerencias de los afectados, con la intención de reactivar el diálogo.

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Un silencio muy parecido a la impunidad

octubre 28, 2009

silencioLa Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, ha realizado diferentes declaraciones en donde ha expresado la voluntad de su despacho en hacer justicia en las llamadas “masacres puntofijistas”. Como recordaremos, se han denominado de esta manera a diferentes hechos, ocurridos en la década de los 80´s, en los cuales están involucrados, principalmente, funcionarios militares en homicidios colectivos contra civiles. En aquel momento se activaron diferentes dispositivos para enturbiar los hechos, así como para desviar, obstaculizar y estancar las investigaciones. Las declaraciones de la funcionaria, entonces, evidenciarían un comportamiento diferente, pues si bien aquellos lamentables episodios ocurrieron en otros gobiernos, la ausencia de justicia y reparación son responsabilidad del Estado al cual Ortega Díaz pertenece.

Si bien familiares de las Masacres de Yumare (08.05.86) y Cantaura (04.10.82) han mostrado su expectativa y conformidad con el inicio de los procedimientos, precisamente en los dos casos más emblemáticos del período existen observaciones y preocupaciones sobre la actuación de la Fiscalía. En el caso de las víctimas de El Caracazo, los aportes de los familiares que han mantenido el recuerdo vivo de la injusticia durante más de dos décadas ha sido soslayado, iniciando el Ministerio Público un segundo procedimiento de exhumación con irregularidades de sentido común. Por un lado, desconociendo olímpicamente el discurso gubernamental acerca de la democracia participativa y protagónica, la Fiscal ha realizado, según sus propias cifras, 4.000 diligencias sobre el asunto que son absolutamente desconocidas por los familiares. Solamente un aviso de prensa los convocó entregar recaudos, lo cual antagoniza con las exhumaciones realizadas en La Peste en el año 1990, en el cual los familiares, con el acompañamiento de diferentes actores sociales, cuidaron aquel camposanto del horror durante todo un año y realizaron diferentes tareas de reconocimiento antropométrico. En segundo lugar, y aquí el detalle es digno de Ripley, dentro del equipo de trabajo gubernamental se encuentran el director del Comando General del Ejército y el comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional, precisamente quienes han sido señalados como corresponsables materiales de diferentes ejecuciones. Además, según palabras de la propia Fiscal, un recinto militar –el Fuerte Tiuna- ha sido el sitio escogido para depositar las osamentas mientras dure la experticia científica. Como en otros países los familiares han solicitado la presencia de un segundo equipo de expertos independiente, cuyos resultados pudieran contrastarse con los oficiales y ofrecer un máximo de confiabilidad. Esta solicitud no sólo ha sido denegada, sino también criminalizada de responder a oscuros intereses.

Con todo y polémica, no obstante, hay actuaciones físicas y verbales sobre el caso del 27 de febrero de 1989. Sobre el que no se dice una palabra, en cambio, es sobre el ocurrido el 29 de octubre de 1988. Aquella matanza de 14 humildes pescadores en el Caño La Colorada del estado Apure, cuyos 2 sobrevivientes testimoniaron una verdad enfrentada a la versión oficial, no se gesticula en las intervenciones públicas de la Fiscal General. Este mutis da lugar a innecesarias especulaciones.

El 20 de agosto de 2008, a pocos días de recordarse el 20 aniversario de la Masacre de El Amparo, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, los dos testigos de aquella emboscada maldita, acompañados de Provea y la Red de Apoyo solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso. El Ministerio Público designó a la fiscal Haifa Aisami quien recabó 54 piezas del expediente, entre ellas, la sentencia de la Corte Marcial de 1994 que absolvía a los 19 funcionarios ejecutores de aquella cacería humana. Con las piezas del expediente en sus manos, según ha revelado una fuente judicial, la funcionaria se percató que en el año 2000 una oficina de San Cristóbal había decretado su archivo fiscal. Tras la designación de una nueva fiscal para el caso, Samia Abilmeni, presuntamente el Ministerio Público estaría manejando dos posibilidades para su reapertura: la solicitud de nulidad del archivo fiscal o pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que realice una declaración de “cosa juzgada aparente”. Si los subterfugios legales fueran el único inconveniente, la difusión de los dilemas con los que se han encontrado los adelantos en el caso llevaría mucha tranquilidad tanto a los familiares de las víctimas como a los sobrevivientes. Pero como el ruidoso silencio ha legitimado versiones encontradas, algunos sostienen que la presencia de actuales funcionarios en la lista de autores materiales e intelectuales, dentro de los cuales el más escandaloso es el dos veces ministro de interior y justicia Ramón Rodríguez Chacín, explicarían la omisión. Otros plantean que, en similitud con El Caracazo, la existencia de organizaciones sociales pre-chavistas como necesarias e incómodas intermediarias –Cofavic y Provea- dificultan la capitalización política y propagandística de las iniciativas. Como organización de derechos humanos, en cambio, le exigimos a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que se pronuncie sobre la reapertura de la investigación sobre la Masacre de El Amparo, en vísperas de su 21 aniversario. Hasta ahora su silencio es muy parecido a la impunidad. (Correo del Caroní, 26.10.09)

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Caracas, estreno del documental sobre Masacre de El Amparo

noviembre 20, 2008

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Este próximo miércoles 26 de noviembre se realizará en Caracas el estreno del documental “Masacre de El Amparo: 20 años de impunidad”, producido por Provea. La invitación es para todas las personas sensibles con la lucha contra la impunidad en Venezuela. La proyección será presentada por Marino Alvarado, coordinador general de la organización de derechos humanos.
Hora: 7 y 30 de la noche
Lugar: Organización Nelson Garrido (ONG)

http://www.organizacionnelsongarrido.com

Dirección: Avenida María Teresa Toro de Las Acacias, entre calles Cuba y Centroamérica, Residencias Carmencita (Casa Amarilla). Metro: Los Símbolos, camianr derecho por la Avenida El Parque.
Entrada Libre
Distribución y venta de material independiente

SINOPSIS
El 29 de octubre de 1988, un grupo de 14 pescadores de la población de El Amparo fueron asesinados por un comando y presentados a la opinión pública como miembros de un grupo guerrillero. La verdad de los sucesos fue conocida tras el testimonio de dos sobrevivientes, pero el caso fue investigado por la justicia militar quien avaló la tesis del enfrentamiento. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reivindica a los pescadores y sentencia contra el Estado venezolano una condena que 20 años después ha sido cumplida parcialmente, estando los autores materiales, intelectuales y encubridores libres y, en algunos casos, en altos cargos de poder.

Esta es una historia de injusticia y abuso de poder, pero también de perseverancia y lucha por limpiar los nombres de aquellos humildes pescadores, a pesar del tiempo transcurrido.

Un documental de Robert Calzadilla, Rodolfo A. Rico y Rafael Uzcátegui
Producido por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Caracas, Venezuela, 2008
Duración: 30 minutos

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Por un abrazo de Moira (o recordando 20 años de una masacre en el pueblo de El Amparo)

noviembre 1, 2008

Un equipo de la ONG en derechos humanos Provea, acompañamos los actos que realizaron los familiares y sobrevivientes de la Masacre de El Amparo, en el estado Apure. La ocasión fue propicia para proyectar el documental sobre el caso en la propia población.

El Amparo se encuentra a 20 minutos de Guasdualito, en la orilla veneca del rio Arauca. Un pueblo de unos 10.000 habitantes que alguna vez fue próspero, cuando el bolívar era una moneda fuerte frente al peso colombiano. Ahora, el maleteo y pase de mercancías al otro lado del río suple la falta de trabajo estable. Si en algun lado la llamada “revolución bolivariana” no ha pasado, ni de lejos, es en esta esquina olvidada del estado Apure, en dónde los ganaderos y la Guardia Nacional debe compartir su poder territorial con los grupos irregulares.

El miedo suplanta a la solidaridad de los de abajo. Si bien se vive otro tipo de violencia, diferente a la inseguridad de las grandes ciudades del país, por esos lados es el sicariato quien ha impuesto sus reglas del juego. Cuando alguno de los habitantes supera la desconfianza, te comentan que El Amparo es un pueblo dominado por el ELN, mientras que la jefatura de la vecina Guasdualito es compartida a medias entre la FARC y las FBL. Tiene sentido, conociendo las proporciones y potencia de fuego de dichas columnas. El enfrentamiento entre las dos guerrillas colombianas ha dejado sus bajas y secuelas en la región, cortando los lazos libres y horizontales entre los habitantes. Si todavía queda una institución a la que asisten por motus propio esa es la iglesia. Por ello se proyectó el video activista en dos de las congregaciones de la localidad. La primera, la noche del 28 de octubre frente a un centenar de espectadores que desafiaron el torrencial aguacero. Al día siguiente, después de la misa de las 10 de la mañana, en otro espacio lleno por el calor de la gente y del ambiente. Alguno de los familiares caminaron desde lejos para recordar a sus seres queridos, y continuar pidiendo justicia. La radio fe y Alegria, con años de presencia en la región, transmitió ese día una programación especial, y la televisora VOZ de Guasdualito pasó el video en su horario estelar de las 10 de la noche.

A pesar de todas las precariedades e improvisaciones, el cálido abrazo de Moira Guerrero -familiar de una de las víctimas de la masacre- cuando nos despedía fue la mejor de las retribuciones que recibimos en nuestra estadía. Para un videoactivista novato como yo, fue como recibir el Oscar.  


Tras la misa de las 10, observando el video


En la azotea de la Iglesia, noche de recuerdo sentido


Arias y Pinilla, y un tercer y pequeño socio, distribuyendo el material conmemorativo en el pueblo


Usted puede ser tan ateo como yo, pero si hay que reconocer que alguien llama las cosas por su nombre, a pesar del peligro, ese es el padre Apolinar Pérez


Sobrevivientes y familiares de la masacre continúan luchando por la justicia para sus seres queridos


Palabras en conmemoración


Mientras otros “medios alternativos” están muy ocupados en la campaña electoral, Fe y Alegría transmitió desde El Amparo


La esposa de Indalecio Guerrero, caído en la masacre, dando su sentido testimonio
 

Pegando memoria en El Amparo

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Masacre de El Amparo: 20 años de impunidad (Video)

octubre 30, 2008

Tras varios meses de producción y un agotador mes de edición, Robert, Rodolfo y yo podemos mostrar una primera versión de nuestro video activista para apoyar la campaña por el fin de la impunidad en el caso de la Masacre de El Amparo

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Viaje a El Amparo

julio 22, 2008



El Amparo es un olvidado y lejano pueblo que bordea el Rio Arauca en el estado Apure, besando la frontera con Colombia. De hecho, el municipio Páez, al que pertenece el poblado, representa el 15%  de la extensión geográfica de la frontera entre los dos países. En Guasdualito, la población más cercana y 6 veces más grande, se encuentra una sede de Pdvsa. Pero El Amparo no le hace honor a su nombre. La carencia de servicios básicos y de empleo para sus habitantes, aunado al control territorial que ejercen diferentes grupos armados lo convierte literalmente en un pueblo sin ley. Si los venezolanos y venezolanas tenemos noción de que existe un pueblo con ese nombre, es por el triste honor de haber sido escenario de una masacre perpetrada por un comando militar y policial, en el cual 15 campesinos fueron asesinados y presentados a la opinión pública como guerrilleros. El próximo 29 de octubre se celebra el 20 aniversario de la Masacre de El Amparo.

 

Aquel montaje gubernamental se deshizo tras el testimonio de dos personas que sobrevivieron a la emboscada. Wilmer Pinilla y Jose Augusto Arias no tienen vocación de héroes, pero su determinación en difundir la verdad puso a prueba su dignidad y los ha marcado de por vida. Ellos aún permanecen en el pueblo, paradójicamente el lugar del mundo dónde se sienten más seguros. Su breve exilio en México les recordó la soledad en la que viven los seres humanos, por ello, desean quedarse y morir en la comunidad en la que son conocidos… y queridos.

 

Después de 20 años los familiares aún lloran a sus muertos. Lo que más les duele, el peso que les oprime cotidianamente el pecho, no es la exigua indemnización que les pagó el gobierno venezolano, las viviendas malhechas de zinc que les entregó Blanca Ibañez, ni que los autores materiales e intelectuales gocen de una escandalosa impunidad y altos cargos en la administración pública. Si algo desean con fervor cada una de las madres, hermanas, primos e hijos de aquellos 14 asesinados es que puedan descansar en paz como pescadores, libres de la sombra que los asocia al bandolerismo y el cobro de vacunas.

 

En esa frontera la pobreza ha congelado en el tiempo el pueblo de 8.000 habitantes. Si algún lugar de Venezuela la impunidad ha hecho para sí un pedazo de tierra, si una esquina del país puede evidenciar cuánto hemos avanzado en materia de justicia social es, precisamente ese perdida comunidad llamada El Amparo.  

AntipodeFoundation.org

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Lo que leerán a continuación es parte de un trabajo de investigación o tesis que se realizo durante algún tiempo en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y que se culmina en junio del 2012. Se han obviado para este blog algunos extractos relacionados al ámbito académico (marco teórico, aspectos técnicos de la carrera). Este blog se publica con la intención de colaborar con la preservación de nuestra historia y nuestro legado musical. Quien quiera consultar la tesis completa puede hacerlo a partir del mes de mayo de 2013 en la biblioteca de humanidades de la UCV bajo el nombre de "Las letras de las canciones de la banda Sentimiento Muerto".

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«Extractivismo y desarrollo en América Latina»

Blog de redacción colectiva con artículos en español y portugués de todos los países de la región reunidos por la revista Nueva Sociedad. NUSO es una revista latinoamericana de ciencias sociales que se publica cada dos meses en Buenos Aires y se distribuye en todo el mundo desde 1972.

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