Venezuela, imperialismos y militarización

Rafael Uzcátegui
Especial para Revista Ila (Alemania)

La respuesta de las autoridades venezolanas a la emergencia del Covid-19 ratifica la profundidad del pensamiento militarista instalado en el país. Bajo la presión de dos imperialismos, el de Estados Unidos y Rusia, las organizaciones sociales del país continúan insistiendo en una salida pacífica, soberana y democrática del conflicto.

La relación de Estados Unidos con la Venezuela bolivariana ha sido, como lo describe el politólogo Carlos Romero, “esquizofrénica”: “Un gobierno que sataniza a EEUU pero que, al mismo tiempo, obtiene grandes beneficios comerciales de ese país: Venezuela envía 1.300.000 barriles diarios de petróleo y derivados al mercado estadounidense -41% de las ventas totales-, de donde importa bienes y servicios”. Siendo cierta la confrontación entre ambos países, agudizada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la realidad refuta el mito “Estados Unidos ataca a la revolución bolivariana por su interés en apropiarse del petróleo venezolano”. De hecho la empresa Chevron participa en 4 proyectos de extracción de petróleo dentro del país bajo la modalidad de “Empresas mixtas”, creadas por Hugo Chávez en el año 2007 para atraer inversión privada internacional al sector energético, cuya actividad genera 9 de cada 10 dólares que ingresan a las finanzas del Estado. La relación está cambiando ahora, cuando la administración Trump ha asumido la política de “máxima presión sobre Maduro”, aumentando las sanciones financieras que obligarán a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela el próximo 1 de diciembre. La decisión intenta influir el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses en la que Trump busca su reelección. A pesar de cierta retórica pública de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que “Todas las opciones están sobre la mesa” para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, fuentes informadas dentro del país descartan la posibilidad de una intervención militar. Geoff Ramsey, miembro de la ONG progresista Oficina de Washington para América Latina (WOLA), ha declarado: “EEUU ha descartado una intervención por razones políticas, saben que sería impopular en la región porque hasta ahora el Grupo de Lima -coalición de gobiernos latinoamericanos – se ha mantenido firme en apoyar una salida pacífica. Y también sería impopular dentro de EEUU, no hay mucho apoyo doméstico para intervenciones militares en otros países luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y mucho menos en temporada de campaña electoral”.

No obstante, una discusión honesta sobre la injerencia imperialista en Venezuela debe incluir a Rusia. En su estrategia de construir un “mundo multipolar”, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, se han hecho alianzas con países como Irán, Corea del Norte, China, Turquía y Rusia. Este último ha invertido 17.000 millones de dólares en inversiones de petróleo y gas en Venezuela. Entre ambas naciones hay un convenio para abrir la primera fábrica de fusiles Ak-103 en América Latina, con capacidad para ensamblar 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año, y que había previsto su apertura para finales del año 2019. Hasta que en el país apareció una crisis económica, consecuencia de la caída internacionales de los precios del petróleo y gas, Venezuela lideraba regionalmente la importación de armas, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Su principal proveedor de armamento fue Rusia, que para el año 2012 vendió equipamiento militar por 410 millones de dólares. Entre los años 2000 al 2009 Venezuela compró al estado ruso armas por 2.068 millones de dólares. Un ejemplo de la influencia actual de Vladimir Putin lo constituye la asesoría militar que oficiales rusos realizaron a soldados venezolanos en el terreno para enfrentar el reciente intento de invasión armada por las costas del país, conocido como “Operación Gedeón”.

La participación de Estados Unidos y Rusia en la crisis venezolana ha ocasionado que algunos analistas, como Andrei Serbín de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sostenga que el conflicto se ha transformado en una “disputa geopolítica”, a la que suma la participación de China.

TuitRuso

Covid-19 y militarismo

Venezuela posee una tradición militarista anterior a la revolución bolivariana, que fue profundizada por el triunfo electoral de Hugo Chávez a finales de 1998. Al inicio del período democrático, en 1958, los principales partidos -con exclusión del Partido Comunista- suscribieron un acuerdo de alternabilidad conocido como el “Pacto de Punto Fijo” que, entre otros objetivos, buscaba “devolver a los militares a los cuarteles”, subordinándolos a las autoridades civiles. Y aunque mantuvieron un importante protagonismo en las décadas posteriores, su beligerancia política abierta comienza en 1999, cuando la nueva Constitución les otorga el derecho al voto. La primera política social ejecutada por el chavismo, el “Plan Bolívar 2000”, fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. Una lógica militar, y no de movimientos de base, fue la que organizó desde el Estado al movimiento bolivariano, con estructuras verticales, nombres y una narrativa basada en el imaginario de las Fuerzas Armadas.
En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares, que en sus primeros cinco meses ocasionaron 245 víctimas de violación al derecho a la vida, según datos del Ministerio Público. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha sido reflejada en el más reciente informe sobre el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resultados divulgados por Michelle Bachelet. Sobre la FAES afirma: “Miles de personas han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, incluyendo en sus recomendaciones: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales”. En una actualización sobre la situación del país, realizada en septiembre de 2019, Bachelet se refirió al uso de tribunales militares contra civiles, cuando rechazó la sentencia de 5 años contra el sindicalista Rubén González: “La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Ante su creciente impopularidad, las Fuerzas Armadas constituyen el principal pilar de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión ha ocasionado que más de cuatro millones de venezolanos hayan abandonado el país como migrantes forzados, según datos de ACNUR. La persecución por razones políticas es particularmente hostil contra militares descontentos y el sector del bolivarianismo, denominado “chavismo crítico”, opuesto a su gobierno. Según los datos de Provea 44 de sus miembros han sufrido detenciones, hostigamiento y despidos de sus trabajos, con un caso de una persona asesinada, Alí Domínguez, el 6 de marzo de 2019. De la cifra actual de 402 presos políticos, según el Foro Penal, dos de ellos son militares que ejercieron altos cargos durante la presidencia de Hugo Chávez: Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres.

La militarización existente hoy en Venezuela también se refleja en la respuesta de las autoridades al Covid-19. Más que una emergencia sanitaria, el virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. Un decreto de estado de alarma ha ordenado una cuarentena desde el 13 de marzo de 2020, de manera similar al resto del mundo. Lo que es diferente es la exclusión del conocimiento médico y técnico en la respuesta, de espaldas a todos los sectores de la sociedad útiles en este momento. La vocería ha suprimido al ministro de salud, siendo asumida por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de defensa. Para mantener al máximo el control de la información, sólo se ha habilitado a un laboratorio en todo el país para realizar pruebas de despistaje, con una capacidad diaria para un máximo de 200 pruebas. Al aprovechar la cuarentena para aumentar los mecanismos de control de la población, el gobierno ha incrementado la censura hasta el punto de criminalizar al único informe divulgado públicamente sobre posibles escenarios de contagio, realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En dos meses de Cuarentena dos personas han sido asesinadas por participar en manifestaciones por agua, electricidad y comida, 22 periodistas han sido detenidos por realizar su labor informativa y 11 médicos por denunciar que no tenían implementos suficientes en los hospitales.

Organizaciones sociales y populares venezolanas han insistido en una salida democrática y pacífica del conflicto, donde las personas puedan decidir, en elecciones libres, el destino del país, rechazando las injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia. El cierre de la posibilidad de una salida noviolenta está generando condiciones para la aparición de la violencia.

“Anti-imperialismo”: Entre el chingo y el sin nariz

Rafael Uzcátegui

¿Podría estar Vladimir Putin detrás de la campaña de recolección de firmas contra el llamado “decreto Obama” en Venezuela? Las razones no son conspiranoicas, sino estrictamente pragmáticas: Nuestro país es el quinto mejor comprador en el planeta de armamento ruso y el gobierno necesita mantener la línea de facturación abierta. Según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI), Venezuela ha gastado entre los años 1999 y 2015 la cantidad de 5.620.000.000 de dólares en la importación de armamento, de los cuales el 71% ha sido adquirido a los “tovarishchi”.

Como demuestra el medio informativo “Russia Beyond The Headlines” (RBTH), financiado por la editorial oficial del gobierno de la Federación Rusa, Moscú ha seguido muy de cerca la transición venezolana tras el fallecimiento de Hugo Chávez, por razones eminentemente comerciales. En abril de 2015, cuando la crisis económica del país se había mostrado en su esplendor, la periodista Tatiana Rusakovah preguntaba abiertamente “¿Continuará Maduro comprando armamento ruso?: “Los problemas de la economía venezolana –afirmaba- ponen en duda la capacidad de este país latinoamericano de sufragar estas compras. Considerando que la cooperación técnica militar no es un ámbito únicamente económico, sino también político, las partes podrían acordar la apertura de una línea de crédito (como ya sucedió en vida de Hugo Chávez), o bien desarrollar un sistema más flexible para el pago de este tipo de producción”. ¿No les llama la atención la frase “sistemas de pago flexibles”?

Las facturas venezolanas de armas son tan importantes para el oso ruso que su propio ministro de la defensa, Serguei Shoigú, estuvo de este lado el mundo, en febrero de 2015 para, literalmente, cobrar las cuentas. Y no lo digo yo, sino el periodista Eugene Bai de RBTH: “Ahora que los precios del petróleo están tan bajos y la inflación oficial en Venezuela alcanza el 68% y las reservas en divisas solo son suficientes para pagar la deuda externa durante dos años, no puede haber negociaciones para establecer nuevos contratos militares con Rusia. Posiblemente uno de los objetivos de Shoigú era saber si Caracas tiene la intención de pagar las armas ya entregadas y si no puede, qué podría ofrecer a cambio”. Sistemas de pago flexibles pues.

La victoria de la oposición en la Asamblea Nacional el pasado 6-D también generó inquietud en las arcas rusas. 4 días después de la votación el analista Leonid Jomeriki afirmaba para RBTH: “Victoria de la oposición en Venezuela no amenaza contratos con Rusia”: “Si la oposición mantiene el rumbo hacia el crecimiento económico –sostenía- y el aumento del nivel de vida de la población, que sería la única opción correcta, ninguno de los sectores en los que Rusia y Venezuela mantienen relaciones comerciales y económicas se verá afectado”.

Muchos de mis amigos chavistas creían, de corazón, que sus firmas contra el decreto Obama eran una afrenta directa a lo que denominan “imperialismo”. Pero, como decía mi abuela “Si no te agarra el chingo te agarra el sin nariz”. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

Cambiar gasto militar por inversión social

info_labdepaz

Rafael Uzcátegui

Cada vez que Chávez o Maduro despotricaba contra los Estados Unidos, pavoneando su alineación con países como Rusia, mis amigos anti-imperialistas tenían orgasmos múltiples. Lo que no sabían los camaritas, o no querían saber, es que la paranoia sobre la invasión de los marines, que ha tenido momentos estelares en la última década y media, tenía como una de sus fuentes de combustible lo que mis amigos de la Internacional de Resistentes a la Guerra denominan “especuladores de la industria de armamento”, o mis tíos de Ejido “perros de la guerra”.

Cada vez que los próceres bolivarianos –volvían- a declararle la guerra a Washington, estos personajes se frotaban las manos. Y no es para menos. Entre los años 1999 al 2015, según una fuente informativa alabada por el propio Eleazar Díaz Rangel –el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo-, Venezuela gastó la cifra de 5.620.000.000 de dólares, el 70% del dinero en tres tipos de armamento para repeler la invasión desde las playas de Machurucuto: Aviones de guerra, misiles y defensa antiaérea. El “big broker” ha sido Rusia, a través de su estatal de venta de armas Rosoboroneksport, quien ha facturado del total la tajada de 4.005.000.000 de dólares. Como en la película de Kubrick, cada vez que el teléfono rojo sonaba, volaban divisas hacia Moscú.

Uno de los problemas al que las autoridades le han prestado poca atención es la corrupción. La frase no es sobre Venezuela sino sobre Rusia, el texto del español Antonio Sánchez “¿De la crisis al resurgimiento? La industria militar rusa en el siglo XXI”. Continuo la cita: “Esta es una característica de la economía rusa y afecta también a la industria de la defensa. Respecto a este último ámbito, la corrupción depreda el presupuesto del área, al tiempo que potencia el aumento en los precios y reduce la calidad del armamento”. No paso a comentar lo que usted está pensando en este momento. Según este autor Venezuela es el cuarto mejor cliente de Rosoboroneksport, detrás de China, India y Argelia.

El dinero malgastado en la carrera armamentista hubiera sido de mayor utilidad en inversión social. Así por lo menos se hubiera dado la sensación que la Campaña de la Comisión para el Desarme, realizada por artistas y locutores cuyos nombres no quisiera acordarme, era un poquitico verdad. Con esa plata se hubieran entregados 112.400 apartamentos de la Misión Vivienda “full equipo”. O se hubieran construido 56 hospitales de 2 pisos con 220 camas cada uno. O se hubieran levantado 4.257 liceos bolivarianos, de esos con los que soñaba Héctor Rodríguez cuando ministro. Mis panas anti-imperialistas deberían convocar una de esas marchas que en su momento promovió Uslar Pietri.
Ver el vaso medio lleno y convertir las crisis en oportunidad. El creciente desprestigio de lo verde oliva entre nosotros abre un escenario favorable para la desmilitarización del país, del territorio, de nuestras mentes y cuerpos. Eso andamos motivando algunos y algunas. @fanzinero

Militarismo nuestro

A girls poses next to a tank after the military parade to commemorate the 20th anniversary Venezuelan President Hugo Chavez's failed coup attempt in Caracas

Rafael Uzcátegui

Un fantasma –otra vez- recorre Venezuela: El del militarismo. Según una extraña versión, la derrota que el autoritarismo sufrió el pasado 6 de diciembre debe agradecerse a la buena voluntad del Ministerio de la Defensa. Curiosa memoria. Precisamente al funcionario que encabezó la actuación de las Fuerzas Armadas y cuyo apellido, Padrino López, se utilizó para calificar la resolución que permite al conjunto del Ejército participar en la represión a las manifestaciones.
Seguir leyendo “Militarismo nuestro”

Militarismo y extractivismo

sarayRafael Uzcátegui

En la actualidad América Latina tiene gobiernos de todo el espectro ideológico: De derecha, centro e izquierda. No obstante, todos comparten un mismo modelo de desarrollo: El “progreso” basado en una intensiva industrialización de sus países como consecuencia de profundizar la economía extractivista.

Extractivismo es una forma de organizar la economía de un país basada principalmente en 4 características: 1) Alta dependencia de la extracción intensiva de Recursos Naturales (pueden ser minerales o naturales) 2) Es realizada en grandes volúmenes (tendencia a la monoproducción / monocultivo), 3) Con muy bajo procesamiento (valor agregado, en inglés “commodities”) y 4) destinado para su venta en el exterior (exportación).

La expansión actual del extractivismo en la región ocurre independientemente de la ideología de los gobiernos nacionales, los cuales han revigorizado el papel de los Estados como reguladores de los capitales dentro de sus territorios. Entonces, junto a las compañías transnacionales los Estados nacionales son un actor importante en el estímulo del extractivismo en la región.

Algunos datos. Para el año 2013, según el ranking realizado por la revista America Economía, de las 10 empresas más grandes de América Latina 7 realizaban actividades extractivas (Petróleo, gas, minería y agroindustria) y 5 eran de propiedad estatal. Las tres primeras eran empresas energéticas estatales, en orden 1) Petrobras (Brasil), 2) Pemex (México) y 3) PDVSA (Venezuela). Para el 2011 el mayor volumen de exportación de las 500 mayores empresas de la región era para minería, un 28%, seguido por las agroindustrias en 12%, la industria automotriz en 12% y el sector petróleo-gas en 10%. Como consecuencia de la demanda de sus recursos naturales y energéticos según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2012 la región mostró su porcentaje de pobreza más bajo de sus últimos 30 años, un 28,8%.

El extractivismo en Latinoamérica necesita la militarización de los territorios ricos en recursos a ser explotados por la megaminería o la agroindustria. Es fácilmente constatable la presencia física de los ejércitos para “cuidar” los negocios, declarando las industrias como de “interés nacional” y aplicando una lógica de ocupación de guerra en los espacios. Por ello es que en todos y cada uno de los países se viola el derecho a que las comunidades indígenas y campesinas sean consultadas previamente sobre estas actividades de alto impacto sobre sus tierras. La mexicana Ana Cerceña dice: “hay que entender que la militarización no es sólo poner un soldado o una base militar en algún lugar, sino convertir las políticas en políticas con visión militarista, en políticas con visión de enemigo”. Y estas políticas con visión de enemigo han traído consigo la criminalización de la protesta, que es un proceso común a casi todos los países de la región. Para que el extractivismo exista debe existir una militarización que discipline a la sociedad en su rol de maquila energética.  (Publicado en Diario 2001)

Desaprender la polarización

PolarizaciónVenezuelaRafael Uzcátegui

El pasado jueves 29 de mayo tuvimos el placer de ser invitados al taller de la organización “Mucho con poco” en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el fin de compartir herramientas útiles para el diálogo social, enfocadas al protagonismo de la gente frente al poder. Nuestra intervención versó alrededor de una propuesta: La desmilitarización, tanto de los territorios como de las mentes. Es de sobra conocida las consecuencias de la presencia física de los militares en los espacios: Su intervención en puestos de dirección de la arquitectura estatal, la creación de zonas de seguridad donde se han prohibido el ejercicio de derechos constitucionales, la militarización de las políticas de seguridad ciudadana y su uso para la represión de manifestaciones. La llegada de una persona de forrmación castrense a la presidencia, revigorizó una matriz que ya existía en nuestra historia. El culto al “superhombre”, militar o caudillo civil, que providencialmente y con mano firme nos guiará a la superación de nuestros problemas, esta profundamente arraigado en nuestro inconsciente colectivo, en parte como consecuencia de ese mito fundacional llamado Simón Bolívar.

La desmilitarización de las ideas, de la manera de pensar y razonar, es un proceso más complejo y que implica la voluntad de desaprender conductas que nos parecen “normales”, pero son consecuencia del chip militarizante instalado en nuestras cabezas. El ejército es un dispositivo de razonamiento que implica entender los conflictos bajo la lógica de las guerras: el exterminio simbólico y/o físico de los adversarios. Una de las consecuencias de la mirada castrense es la polarización. Por ello citamos los elementos que según la psicóloga social ucevista Mireya Lozada la caracterizan, con el fin que nos reconociéramos en ellos, para superarlos en pos de los diálogos necesarios: 1) Estrechamiento del campo perceptivo (percepción desfavorable y estereotipada del grupo opuesto que genera una visión dicotómica y excluyente “nosotros-ellos”; 2) Fuerte carga emocional por el rechazo sin matices de la persona o grupo contrario; 3) Involucramiento personal: cualquier hecho afecta al individuo; 4) Quiebre del sentido común: Intolerancia suplanta a la discusión; 5) Cohesión al interior del propio grupo y conflicto latente entre grupos opuestos; 6) Espacios de convivencia son presionados a posicionarse a favor de alguno de los dos polos de la confrontación y 7) Personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en la lucha política.

Para finalizar dejamos en el aire tres conclusiones: Las ideologías sólo dan respuestas parciales; Estos son tiempos de aperturas y alianzas flexibles en torno a valores compartidos y, por último, la diferencia no es un riesgo –como afirma la mentalidad militar- sino una oportunidad para mejorar lo existente. Por ello es saludable la aparición de “las oposiciones”, en plural y, en un futuro cercano, “los chavismos”. (Publicado en 2001)

Más dinero para lo militar, menos para lo social

noakRafael Uzcátegui

El análisis de la ley de presupuesto 2014, aprobada en octubre pasado por la Asamblea Nacional y ejecutado en la actualidad, nos permite visualizar las jerarquizaciones y énfasis de las políticas públicas en el año que transcurre.  Un primer dato lo constituye la lista de las diez principales instituciones que más reciben dinero en el 2014. En orden de mayor a menor son: Finanzas, Relaciones Interiores Justicia y Paz, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Defensa, Educación Universitaria, Salud, Consejo Federal de Gobierno, Transporte Terrestre y Energía Eléctrica. Este ranking, con relación al del 2013, tuvo pocas variaciones. Trabajo pasó del 5 al 4 lugar y Educación universitaria del 7 al 6.

El total del presupuesto de gastos para el 2014 es de Bs. 552.632.553.461, significando un aumento neto de  Bs 156.225.805.274 respecto al del año pasado, cuando el total fue de Bs 396.406.748.187. Esta diferencia es diferente si calculamos la depreciación del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Si le sumamos al monto del 2013 la cifra de inflación calculada por el Banco Central de Venezuela, que fue de 56%, el resultante sería Bs. 618.394.527.171, por lo que en vez de aumentar disminuyó en Bs. 65.761.973.710

A pesar que discursivamente el Ejecutivo Nacional insiste en el área social, los datos reflejan que existe más preponderancia en el sector militar que en la mayoría de las instituciones que deben garantizar estos derechos. El Ministerio de Defensa ejecuta una partida de Bs. 35.042.404.376, mientras que otras instituciones reciben un monto mucho menor. Calculemos las proporciones para este 2014: Defensa recibió 5.3 veces más dinero que el Ministerio de Alimentación; las Fuerzas Armadas recibieron 7.6 más presupuesto que el Ministerio del Ambiente; Los militares recibieron 8.6 veces más dinero que el Ministerio de Agricultura y Tierra; El despacho castrense recibió 10.7 veces más recursos que el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, los abismos más grandes es con otras instituciones. A los militares durante el 2014 les fue asignado 20 veces más presupuesto que al Ministerio de Cultura, 22.3 veces más dinero que al Ministerio de Deportes, 43.7 veces más que el Ministerio de Juventud y 44.2 veces el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Según la Ley de Presupuesto 2013 las Fuerzas Armadas están compuestas por 146.786 personas, mientras que según el Censo 2011 la población indígena del país está conformada por 725.128 personas. A pesar de esto, los militares para el 2014 recibieron 166.8 veces más dinero que la partida presupuestaria para los pueblos originarios.

El pasado 14 de abril, a propósito del Día Mundial de Acción contra el Gasto Militar, el experto de la ONU Alfred de Zayas opinó que “Toda democracia debe involucrar a la sociedad civil en el proceso de establecer los presupuestos y todos los sectores sociales deben ser consultados para determinar las prioridades reales de la población”. El énfasis presupuestario destinado a las Fuerzas Armadas en el país confirma el proceso de militarización entre nosotros.  (Publicado en el Diario 2001)

A desmilitarizar

14abril01Rafael Uzcátegui

El militarismo no es solamente el control y la presencia física de miembros de Fuerzas Armadas, legales o ilegales, en un territorio determinado. Militarización también se denomina a la ascendencia que su forma de pensar tiene sobre la sociedad en un momento específico de su historia. Para el movimiento antimilitarista mundial el Ejército es un dispositivo que concentra valores contrarios a la libertad y la justicia social: La autoridad incontestable, el culto a las jerarquías, la violencia como método privilegiado para la resolución de los conflictos, el machismo, la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la homofobia…

Venezuela es un país históricamente militarista. Durante 51 años del siglo XX el país fue gobernado directamente por militares o por políticos con características caudillescas. Desde 1998 esta tendencia se incrementó. El ejercicio de la presidencia democrática del país por parte de un originario del sector castrense fue el inicio de una mayor militarización de lo público. Funcionarios militares ocuparon diferentes e importantes cargos en la pirámide estatal, mientras que paralelamente se emitían mensajes que aseguraban que el ámbito militar tenía mayor capacidad y “disciplina” para la realización de actividades administrativas. La gobernabilidad comenzó a edificarse en base a lógicas de guerra: Polarización amigo-enemigo, deshumanización y cosificación del adversario, sistematización de los discursos de odio contra los otros, estímulo de la violencia simbólica –y en ocasiones real- para neutralizar y eliminar la disidencia. Modelaje de las organizaciones populares de apoyo en base a esquemas y racionalidades militares. Incorporación de la ciudadanía a estructuras armadas. Estímulo e impunidad para el funcionamiento de grupos paramilitares. Carrera armamentista que nos ha ubicado como uno de los mayores compradores en los últimos años. Legitimación del golpe de Estado como mecanismo de acceso al poder -4F como “día de la dignidad”-.

Un reto colectivo por delante es empujar la progresiva desmilitarización de la sociedad venezolana. El primer paso es el desarme del lenguaje. Luego la disolución de milicias, cuerpos de combatientes y paramilitares; disminución del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa y aumento de los dineros destinados a lo social; eliminación del registro militar obligatorio y cualquier otra propuesta que surja de asambleas libres y horizontales de ciudadanos. En la indignación generalizada de nuestros días ha aumentado el sentimiento de rechazo a lo militar debido a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Albert Camus nos lo había advertido: “El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”. 

Extractivismo y Militarismo en América Latina (Láminas)

Aca pueden descargar las láminas que utilicé en la conferencia web sobre “Militarismo y Extractivismo en América Latina” que compartí en el Consejo Electrónico de la Internacional de Resistentes a la Guerra:

extractivismo y militarismo

Si deseas ver un video con la presentación y el audio de la charla, visitar acá: https://vimeo.com/75308131

Venezuela lideriza compra de armas en la región

ElMundo

Rafael Uzcátegui

En los últimos años el Ejecutivo Nacional ha expresado su voluntad de promover una política de desarme en el país como estrategia para disminuir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, si necesita desmantelar el inventario del mayor comprador de armamentos del país, debería comenzar por sí mismo. Según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (Sipri por sus cifras en inglés), la institución con la mayor base de datos mundial sobre transferencia de armas, Venezuela es el único país de América Latina que aparece entre las 20 naciones que más adquirieron equipamiento bélico entre los años 2008-2012. En ese período nuestro país, ubicado en el puesto 13 del ranking, habría importado el 2% del total de venta de armas a nivel mundial, una cifra no menor si es comparada con la India, que siendo la mayor compradora acaparó el 12% de las transferencias bélicas a nivel planetario.

La carrera armamentista del Estado venezolano no es una tendencia nueva. Un estudio de la ONG venezolana “Laboratorio de Paz”, basada en las cifras del Sipri, demuestra que entre los años 1980 y 2010 Venezuela se posicionó cómodamente en el segundo puesto, detrás de Chile, como el país de la región que más compró armamento gastando, durante esas tres décadas, un monto de 6.934 millones de dólares. De esta cantidad casi el 50% del monto total fue para adquirir aviones de combate (3.472 millones de dólares), seguida por barcos (1.727 millones de dólares) y los misiles (676 millones de dólares). Un dato interesante es que entre los años 1980 y 2010 no fueron los Estados Unidos, como comúnmente se cree, quienes más exportaron armas a la región, vendiendo en total 8.891 millones de dólares. En primer lugar, con un monto mayor se ubica la actual Federación Rusa quien vendió 9.272 millones de dólares a los países de la región. Precisamente son los rusos quienes liderizan la actual exportación de armas a nuestro país. La década de los 80´s, cruzadas por guerras civiles y enfrentamientos bélicos en la región, fue el período en que América Latina gastó más en armas, erogando un total de 25.583 millones de dólares. Según el Sipri mientras el resto del mundo disminuye o estabiliza la adquisición de equipamiento bélico, Latinoamérica es la única región donde las cantidades han continuado aumentando, incomprensible en una época caracterizada por la progresiva ausencia de conflictos armados internos o entre países.

Los datos del 2012

Durante el año 2012 Venezuela importó armamento por una cantidad de 643 millones de dólares, un 6.8% más que lo gastado un año antes, cuando pagó 602 millones de dólares por las armas adquiridas en el 2011. El 63.7% de las armas compradas el año pasado fueron adquiridas a Rusia (410 millones de dólares), 17.8% a China y un 8.5% a España. Otros montos menores fueron negociados con Ucrania, Holanda, Alemania y Suiza. Comparando el monto global con la Ley de Presupuesto 2013, el gobierno venezolano gastó más dinero en compra de armas que en instituciones que afirma son sus abanderadas en las políticas sociales, como el Ministerio de Comunas y Protección Social, Agricultura y Tierras, así como Vivienda y Hábitat. De hecho, la carrera armamentista endógena gastó 3 veces más en armas que en el Ministerio del Servicio Penitenciario, 3.5 veces más en equipo bélico que lo destinado a deportes y cultura, 9.3 veces más en armamento que lo destinado al ministerio de mujeres y 19.6 veces más en instrumentos para la guerra que lo destinado para el ministerio de pueblos indígenas.

De lo gastado en el 2012, el 37.7% (240 millones de dólares) fue usado para adquirir vehículos armados, el 17.8% (115 millones de dólares) en aviones y el 14.6% (94 millones de dólares) en sistemas de defensa aérea. El resto se reparte entre misiles, sensores y barcos.

Una fábrica de matar en el país

En junio del 2005 Venezuela adquirió 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 (una variante del clásico AK-47) a la Federación Rusa en una transacción por valor de 54 millones de dólares. Según las notas de prensa el objetivo era introducir dicho fusil de asalto “como arma de uso común en la Fuerza Armada Nacional”. La orden de compra incluyó accesorios: 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y 5 simuladores unificados para entrenamiento de tiro con el fusil. El negocio, además, incluía la transferencia de tecnología con lo que Venezuela se convertirá en el único país fabricante de AK-47 y sus variantes en la región. El seguimiento del convenio ha sido difícil por la opacidad de las informaciones. Ha sido el embajador de la Federación Rusa en Caracas, Vladimir Zaemskiy, quien recientemente anunció que la fábrica criolla de AK-47 comenzaría a operar en el 2012: “Siendo optimistas”, declaró el diplomático, “esperamos que la obra esté culminada a finales de este año o principios del año entrante”. En un informe realizado en el año 2006, Amnistía Internacional calificó a los fusiles Ak como “la máquina de matar preferida en el mundo”

 

Venezuela y gasto militar

noakColumna de Provea para el Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

 

Hoy 15 de abril se celebra, alrededor del mundo, el Día Mundial de Acción contra el Gasto Militar, iniciativa coordinada por la Oficina Internacional de la Paz y apoyada por la Internacional de Resistentes a la Guerra, la red antimilitarista más antigua del mundo, con sede en Londres. En la región diferentes iniciativas y organizaciones circulan un pronunciamiento en donde exigen que los países latinoamericanos no gasten más dinero en juguetes de guerra “y hace que las gigantescas sumas de dinero que van al gasto militar no puedan ser usadas para el gasto social, tan necesario en nuestra región”. Si bien los fenómenos de golpes de Estado continúan siendo una realidad entre nosotros, los antimilitaristas recordaron que el mayor destino de las importaciones de armas es la represión interna “en particular contra comunidades indígenas en defensa de sus tierras y en lucha contra proyectos extractivistas, como también contra movimientos sociales, que casi como un fenómeno generalizado son fuertemente criminalizados”.

 

Venezuela tiene mucho que decir en el tema, pues en el año 2012 fue el país de América Latina que liderizó las importaciones de material bélico según las cifras disponibles en el Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo (Sipri). Durante el año pasado el país importó armamento por una cantidad de 643 millones de dólares, un 6.8% más que lo gastado un año antes, cuando pagó 602 millones de dólares por las armas adquiridas en el 2011. El 63.7% de las armas compradas el año pasado fueron adquiridas a Rusia (410 millones de dólares), 17.8% a China y un 8.5% a España. Otros montos menores fueron negociados con Ucrania, Holanda, Alemania y Suiza. Comparando el monto global con la Ley de Presupuesto 2013, el gobierno venezolano gastó más dinero en compra de armas que en instituciones que afirma son sus abanderadas en las políticas sociales, como el Ministerio de Comunas y Protección Social, Agricultura y Tierras, así como Vivienda y Hábitat. De hecho, la carrera armamentista endógena gastó 3 veces más en armas que en el Ministerio del Servicio Penitenciario, 3.5 veces más en equipo bélico que lo destinado a deportes y cultura, 9.3 veces más en armamento que lo destinado al ministerio de mujeres y 19.6 veces más en instrumentos para la guerra que lo destinado para el ministerio de pueblos indígenas.

 

Cuando hacen falta inversiones en infinitas áreas, como en la repotenciación tecnológica de las Empresas Básicas para la generación de empleo digno, el gobierno venezolano invierte sumas generosas en armas, beneficiando a intermediarios y los llamados “perros de la guerra”, mientras paralelamente habla sobre la necesidad del desarme de la población. Esta no es la única paradoja de la voluntad humanista y de cultura de paz del gobierno bolivariano. En junio del 2005 Venezuela adquirió 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 (una variante del clásico AK-47) a la Federación Rusa en una transacción por valor de 54 millones de dólares. Según las notas de prensa el objetivo era introducir dicho fusil de asalto “como arma de uso común en la Fuerza Armada Nacional”. La orden de compra incluyó accesorios: 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y 5 simuladores unificados para entrenamiento de tiro con el fusil. El negocio, además, incluía la transferencia de tecnología con lo que Venezuela se convertirá en el único país fabricante de AK-47 y sus variantes en la región. El seguimiento del convenio ha sido difícil por la opacidad de las informaciones. En un informe realizado en el año 2006, Amnistía Internacional calificó a los fusiles Ak como “la máquina de matar preferida en el mundo”.

 

La carrera armamentista del Estado venezolano no es una tendencia nueva. Un estudio de la ONG venezolana “Laboratorio de Paz”, basada en las cifras del Sipri, demuestra que entre los años 1980 y 2010 Venezuela se posicionó cómodamente en el segundo puesto, detrás de Chile, como el país de la región que más compró armamento gastando, durante esas tres décadas, un monto de 6.934 millones de dólares. De esta cantidad casi el 50% del monto total fue para adquirir aviones de combate (3.472 millones de dólares), seguida por barcos (1.727 millones de dólares) y los misiles (676 millones de dólares). Un dato interesante es que entre los años 1980 y 2010 no fueron los Estados Unidos, como comúnmente se cree, quienes más exportaron armas a la región, vendiendo en total 8.891 millones de dólares. En primer lugar, con un monto mayor se ubica la actual Federación Rusa quien vendió 9.272 millones de dólares a los países de la región. Precisamente son los rusos quienes liderizan la actual exportación de armas a nuestro país, rodeados de una incomprensible aura de país “antiimperialista”.

 

Militarismo

A girls poses next to a tank after the military parade to commemorate the 20th anniversary Venezuelan President Hugo Chavez's failed coup attempt in CaracasRafael Uzcátegui

A donde se mire, la tendencia del mundo globalizado es hacia la profesionalización de los ejércitos, convirtiéndolos es un aparato altamente especializado y tecnificado para la guerra. Situaciones como la de Venezuela, donde la racionalidad castrense se ha convertido en lógica de Estado y se ha militarizado progresivamente la sociedad, son los coletazos de una época superada por los acontecimientos históricos. Cualquiera puede corroborar como la gran mayoría de los movimientos sociales que luchan por el cambio en todo el planeta tienen a las Fuerzas Armadas como uno de sus principales antagónicos. Para ellos, el Ejército constituye un dispositivo que reúne todos los valores ajenos a cualquier concepción que se tenga sobre democracia. En un tiempo de redes, flujos de comunicación libres y alianzas organizacionales flexibles, pocas cosas tan diferentes como la estructura piramidal de la cadena de mando del Ejército y sus autoridades y órdenes incontestables. Mientras cada vez más se percibe la diversidad y la pluralidad como un valor en sí mismo, enriquecedor del debate y del proceso de toma de decisiones, la uniformización y homogeneización del pensamiento, típico de las Fuerzas Armadas, y su división del mundo en amigos y enemigos, pertenece a una manera de entender el conflicto cada vez más insuficiente e ineficaz. La primacía de la violencia –simbólica y real- para la resolución de las diferencias versus el diálogo y la construcción pacífica de consensos; El nacionalismo exacerbado, el machismo y la homofobia contra los valores universalistas, el internacionalismo solidario y la tolerancia. La lista de principios antónimos es larga. Algún día tendremos que describir apropiadamente como Venezuela, convertida literalmente en un campo de batalla por la hegemonía ideológica, agregó elementos para la violencia e inseguridad.

 

Uno de los retos de cualquier transición política en el país es promover la desmilitarización de la sociedad, construyendo referentes diferentes a lo que han primado en la historia venezolana, los cuales el bolivarianismo ha reforzado. Un tejido de organizaciones populares debe bregar por la erradicación de la educación premilitar en la enseñanza, refutar la carrera armamentista estatal, exigir la disolución de las milicias, rechazar la simulación de estructuras militares al interior del movimiento popular y, en general, una verdadera y real democratización de la toma de decisiones a todos los niveles. Varios retos y dilemas tiene esta labor por delante, incluyendo algunos de carácter práctico: ¿Estarán los militares dispuestos a abandonar puestos claves dentro de la arquitectura estatal que han permitido todo tipo de enriquecimientos súbitos y trapicheos de todo tipo? @fanzinero

Presupuesto 2013 y derechos sociales

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Un análisis de la ley de presupuesto 2013, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, nos permite visualizar las jerarquizaciones y énfasis de las políticas públicas para el año que viene.

Un primer dato lo constituye la lista de las diez principales instituciones que más recibirán dinero en el 2013. En orden de mayor a menor son: Planificación y Finanzas, Relaciones Interiores y Justicia, Educación, Defensa, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Consejo Federal de Gobierno, Educación Universitaria, Transporte Terrestre y Energía Eléctrica. Este ranking, con relación al año 2012, no tuvo variaciones.

El total del presupuesto de gastos para el 2013 es de 396.406.748.187 Bs, significando un aumento neto de 98.570.030.205 Bs con respecto al 2012, cuando el total fue de 297.836.717.982 Bs. Esta diferencia es diferente si calculamos la depreciación del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Si le sumamos al monto del 2012 la cifra de inflación calculada por el Banco Central de Venezuela, que fue de 27,6%, el resultante sería 380.039.652.145 Bs, por lo que el aumento real con respecto al período anterior sería de 16.367.096.042 Bs.

La incorporación del dato inflacionario es importante para conocer las verdaderas variaciones presupuestarias. Haciendo los cómputos para los ministerios responsables de derechos sociales todas las instituciones, salvo el Ministerio del Ambiente, recibieron menos dinero que el año 2012. Este despacho obtuvo 1.530.583.274 Bs más que lo otorgado para su gestión en este año, lo cual también incidió en pasar del puesto 17 al 13 como el ente que más recibe dinero según la Ley de Presupuesto. Todos los demás referidos a Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) disminuyeron el dinero que recibieron. Educación obtuvo 405.882.281 Bs menos, Salud 239.496.094 Bs menos, Trabajo y Seguridad Social contrajo su presupuesto en 236.445.261 Bs, Educación Universitaria percibió 180.546.627 Bs menos, Alimentación recibe 713.027.197 Bs menos, Agricultura y Tierras 481.389.842 Bs. menos, Vivienda y Hábitat 466.264.403 Bs. menos, Deporte 227.879.057 Bs. menos, Cultura 213.701.388 Bs. menos, Juventud 115.955.651 Bs menos, Mujer e Igualdad de Género 69.430.790 Bs menos, Pueblos Indígenas 32.935.071 Bs. menos y, por último, la Defensoría del Pueblo recibió 18.283.178 Bs. menos. Esta lista refleja que la institución que sufrió un mayor recorte fue el despacho de Alimentación, mientras que la que menos fue la Defensoría del Pueblo, la cual permanece en el puesto 37 según asignación presupuestaria.
Seguir leyendo “Presupuesto 2013 y derechos sociales”

Vzla: La comedia del desarme

Rafael Uzcátegui

En días pasados medios estatales difundieron la noticia acerca del 60% de avance de la fábrica de AK-103, una variante de la familia Kalashnikov, como parte de los convenios celebrados conla Federación Rusa. Como se recordará, en el mes de junio del 2005 compramos 100.000 fusiles similares al gobierno de Putin, en una transacción por 54 millones de dólares. El negocio incluía transferencia tecnológica para que seamos el único fabricante de AK en la región. En consecuencia, recientemente se anunció que estaremos muy pronto en capacidad de maquilar 25 mil Kalashnikov y 60 millones de cartuchos al año. Uno agradece que la cifra no sea mayor debido al gasto en propaganda oficial, en donde una serie de figuras públicas, solicitan que Venezuela sea un “territorio libre de armas”. No se que pensarán Winston Vallenilla, Mimi Lazo y Juan Manuel Laguardia, entre otros, de ser protagonistas de una campaña institucional que promueve el esquizofrénico desarme de los civiles legitimando la voraz carrera armamentista del Estado. Yo, me sentiría como un tonto útil.

En aquel 2005 el arribo de las primeras Ak fue acompañado de una campaña propagandística que aseguraba que los fusiles de marras eran, nada mas y nada menos, “antiimperialistas”. Así lo aseguraban el centenar de franelas verdes estampadas, repartidas entre la muchachada asidua a los conciertos de Manu Chao. Lamenté no haber conseguido alguna para enseñársela a activistas como Cristina Dunaeva, una brasilera-rusa muy activa en la denuncia de las masacres del imperialismo de su país en la invasión a Chechenia, conflicto que entre los años 1994 y 2009 ocasionó 35.000 muertos entre su población civil, un altísimo porcentaje por balas de Kalashnikov. Recientemente Amnistía Internacional lanzó una acción urgente para impedir que los rusos sigan exportando armas a Siria, las mismas que ahora mismo están masacrando a niños, niñas y mujeres embarazadas.

Los mayores complacidos por esta comedia son los perros de la guerra, orbitando alrededor de la fábrica estatal rusa de armas Rosoboronexport. Por clientes tan generosos como Venezuela, en la última década los tovarich han superado holgadamente a Estados Unidos como exportadores de armas a la región. Y precisamente es el gobierno que tiene una pomposa “Comisión Presidencial para el Desarme” su mayor comprador. Solamente entre los años 2000 y 2009 les compramos armas por 2.068 millones de dólares. En el 2011 encabezamos la lista de mayores compradores latinos, adquiriendo a Rusia armamento por 257 millones de dólares.

Las organizaciones populares del país debemos movilizarnos contra esta carrera armamentista, por un verdadero desarme y por la desmilitarización de Venezuela como precondición necesaria para la disminución de la violencia. @fanzinero (Tal Cual, 25.06.12)

Desarme, Kalashnikov y DDHH

Rafael Uzcátegui

El pasado 13 de junio, se informó al país que la fábrica de fusiles Kalashnikov Ak-103 en Venezuela, uno de las dimensiones de los acuerdos económicos con Rusia, presentaba un adelanto del 60%, según fue difundido por la agencia estatal de noticias tras declaraciones del coronel de la aviación Carlos Cortizo Fernández. El modelo AK-103 que se fabricará en el país según tecnología rusa es una variante del AK-47, y según informó Fernández en Venezuela será denominado “Catatumbo”, del cual serán fabricados 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año. Este anuncio profundiza la tendencia venezolana de alta erogación en armamento de los últimos años y contradice el discurso oficial acerca de la promoción de políticas de desarme. La existencia de una carrera armamentista en el país constituye, además, una potencial violación de derechos humanos.

Gastos militares contra gastos sociales. Según los datos del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, SIPRI por sus siglas en inglés, durante el año 2011 Venezuela fue el país de América Latina que más dinero gastó en armamentos, una cifra de 560 millones al año, seguido por Chile (323 millones de dólares) y Brasil (266 millones de dólares). Por otra parte cuando se realiza el análisis del presupuesto 2012, el Ministerio dela Defensaes la cuarta institución que más recibe dinero para su funcionamiento, una cifra de 4.953.261.652 Bs, muy por encima de la mayoría de ministerios que deberían garantizar los derechos sociales. Por ejemplo las Fuerzas Armadas recibieron 17 veces más que lo destinado al Ministerio de Cultura, 32 veces más que lo destinado a la Juventud, 53 veces más que lo destinado a la Mujer y 113 veces más que lo destinado al Ministerio de Pueblos Indígenas. Un ejecutivo preocupado por las necesidades de las mayorías desfavorecidas debería priorizar el gasto en salud, vivienda, educación y trabajo por encima de la compra de equipos para la guerra.

Desarme y derechos humanos. Según el informe de Amnistía Internacional para la campaña “Armas bajo control”, el fusil Kalashnikov, nombre dado a los fusiles de la familia AK, es el “arma para matar preferida en el mundo”. Citamos: “Se calcula que existen entre 50 y 70 millones de ellos repartidos a lo largo y ancho de los cinco continentes. Soldados, combatientes y miembros de bandas los utilizan cada día para causar un sufrimiento inmensurable en muchos países. La proliferación de estas armas continúa, sin que los gobiernos pongan apenas restricciones para evitar que caigan en manos irresponsables y constituyan una amenaza para la vida y la seguridad de millones de personas. Hoy más que nunca, el rifle Kalashnikov se ha convertido en el arma preferida por muchos ejércitos, milicias, bandas armadas, cuerpos de seguridad, rebeldes y otros actores privados que violan derechos humanos fundamentales y operan al margen de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario establecido por las Convenciones de Ginebra y otras leyes internacionales”. El alto gasto en la adquisición y fabricación de armamentos es una negación en los hechos del discurso propagandístico acerca de la promoción de políticas de desarme en el país. Hay que resaltar que esta fábrica de AK en Venezuela es la única de Latinoamérica.

Socialismo y militarización. La progresiva militarización del país antagoniza con la supuesta construcción de un proyecto socialista de tipo humanista en el país. Entre los años 2000 y 2009 Rusia ha sido, por encima de Estados Unidos, el mayor país vendedor de armas a Latinoamérica, siendo precisamente Venezuela su mayor comprador, por una cifra de 2.068 millones de dólares. El gobierno ha justificado estas adquisiciones sugiriendo que, al no ser de Estados Unidos, este armamento sería de naturaleza “benigna” y “antiimperialista”. Sin embargo el armamento fabricado por las compañías estatales rusas es responsable de miles de muertes de civiles en conflictos desarrollados en el mundo entero. Un ejemplo lo constituye la invasión Rusa a Chechenia, realizada entre los años 1994 y 2009, las cuales ocasionaron alrededor de 35.000 muertos entre la población civil, un alto porcentaje como producto de los disparos de kalashnikov. Ante la inexistencia de conflictos armados reales contra otros países, ¿Cuál será el destino de los 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos que fabricaremos al año?, ¿el tráfico de armas internacional?, ¿la represión contra las protestas en el país?

Las organizaciones sociales y populares del país debemos cuestionar el desarrollo de la carrera armamentista, la progresiva militarización del país y la perniciosa definición de la “defensa de la soberanía” basada en la forma de pensar castrense. La mayor desestabilización vivida en Venezuela es la existencia de altos índices de pobreza y exclusión, y la injusta distribución de la riqueza generadora de todas las violencias. Por ello hay que exigir más y mejor gasto para el disfrute de los derechos humanos, y ningún bolívar más en artefactos para la guerra.  (Correo del Caroní, 18.06.12)

Jóvenes militarizados

Rafael Uzcátegui

Del 8 al 10 de junio tuvimos la oportunidad de asistir a la Conferencia Internacional “Contra la militarización de la juventud”, realizada en Darmstad, Alemania. El evento fue organizado porla Internacional de Resistentes ala Guerra,la DFG­VK (siglas que traducen Sociedad Alemana para la Paz­ Objetores de Conciencia) yla Fundación Bertha­von­Suttner. El objetivo del cónclave era fortalecer el trabajo en redes contra el militarismo, creando un espacio en donde activistas provenientes de muchas partes del globo pudimos compartir cara a cara e intercambiar las experiencias de sus países de origen.

Por América Latina asistimos personas de Chile, Colombia y Venezuela, quienes realizamos una sesión acerca de las diferentes caras del militarismo en la región. La ponencia sobre la situación venezolana trató seis puntos: El fortalecimiento de la masculinidad bélica en el país; la militarización creciente de la política; gastos militares; El ejército en la escuela y universidades; la judicialización castrense de la protesta ciudadana y la militarización de los movimientos sociales.

Así pudimos relatar como el modelo de masculinidad históricamente hegemónico en el país era el proyectado por la figura “guerrera” de Simón Bolívar, el cual se ha reforzado desde 1998 con la elección de un militar como presidente dela República, quien permanentemente emite mensajes acerca de la primacía de lo castrense y sus valores sobre lo civil para la administración de la nación. Señalamos las citas sobre las altas compras de armamento por parte de Venezuela y cómo, a pesar de la retórica sobre el humanismo, se destinan 17 veces más presupuesto a las Fuerzas Armadas que al sector cultura. Sobre la presencia del ejército en la escuela recordamos como desde 1999 la instrucción premilitar es obligatoria en los dos últimos ciclos de la educación secundaria, tanto en los institutos públicos como privados.

Asimismo sobre la promoción del concepto de “defensa integral” como eje transversal en el sistema educativo, y como los libros de texto han incorporado lecturas militaristas de la historia. Relatamos como la estrategia de inclusión en la educación superior ha tenido como contraparte la propia militarización de la enseñanza (UNEFA) y regímenes disciplinarios más propios de un cuartel que de una universidad (Uneartes, UBV).

Además, como estas instituciones promocionan la afiliación de los estudiantes a las milicias. Sobre la criminalización de la protesta informamos sobre la creación de las llamadas “zonas de seguridad” y la ilegalización de herramientas históricas del movimiento popular, como la tranca de calles. Además como algunos manifestantes han sido, inconstitucionalmente, sometidos a la justicia militar. Más información del evento en http://wri­irg.org/es @fanzinero

El militarismo populista bolivariano

Extraído de Venezuela: La revolución como espectáculo. Una crítica anarquista del gobierno bolivariano

Si en el transcurso de este texto se ha cuestionado la existencia de una revolución de tipo socialista en Venezuela, no vamos a establecer -como lo hacen algunos sectores- que estamos ante la presencia de un gobierno militar con rasgos dictatoriales. En cambio, como lo puntualizaremos a continuación, desde el año 1999 se ha desarrollado un proceso de militarización del poder gubernamental, el cual, tras un discurso de izquierda actualiza la tradición militarista presente en la historia venezolana.

En los hechos, el movimiento bolivariano ha exacerbado un militarismo renovado en las siguientes dimensiones:

– El discurso: Influenciado por Fidel Castro, el presidente Chávez se promociona a si mismo como el comandante-presidente, apelativo por el cual es nombrado por buena parte de sus seguidores. El discurso de Chávez ha descrito permanentemente el conflicto dentro el país con metáforas castrenses y alegorías de confrontaciones bélicas, mezclando eventos de la propia historia de la independencia venezolana con referencias a la guerra tradicional. Por ejemplo, la campaña electoral desarrollada en el año 2004, tras la solicitud de un referendo revocatorio por parte de la oposición, fue denominada Batalla de Santa Inés[1]. Este discurso antagoniza a los actores en dos bandos: amigos y enemigos, en base a la estrategia del “enemigo exterior”, representado por el presidente de los Estados Unidos, cuyo ejército de ocupación es conformado por quienes disienten de la política oficial, el enemigo interior[2], cómplice del imperialismo y en permanente estado de conspiración. Retóricamente, la construcción del discurso ha establecido que el mayor honor es morir por los intereses nacionales. Desde el año 2004, el lema central del ejército venezolano es Patria, Socialismo o muerte, mientras que los seguidores y seguidoras de Chávez se consideran a si mismos pueblo soldado. La fabricación permanente de imágenes de enemigos exageradas y de amenazas imaginarias crea miedo e inmuniza a la sociedad y a la política contra los cambios[3].
Seguir leyendo “El militarismo populista bolivariano”

Desarmar el discurso, desarmar al Estado


Rafael Uzcátegui

“En un barrio de Caracas, -organizamos- un ejercicio de defensa, donde participe el pueblo organizado, algunos con uniforme, otros sin uniforme, los hombres de inteligencia, las mujeres cocinando. Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo. ¡Que nadie se venga a meter con nosotros!”
Hugo Rafael Chávez Frías, octubre 2009

“El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”.
Albert Camus

El pasado 13 de mayo fue creada la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme con el fin de fomentar el diseño, construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones. El objetivo de la Comisión es tan loable como impostergable, en un país que, según cifras de Amnistía Internacional, tiene 12 millones de armas ilegales circulando por sus calles, una de las dimensiones de la grave situación de inseguridad ciudadana sufrida por venezolanos y venezolanas. El 29 de julio la Comisión difundió en un comunicado sus principios, entre los que se cuentan “cimentar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos” así como construir “alternativas a la violencia”.

Es curioso, por decir lo menos, que el trabajo de la Comisión se enfoque exclusivamente en el desarme de la ciudadanía, lo cual sin duda es uno de los factores de la violencia, pero de lejos el único. Venezuela no es el primer país en donde promueven iniciativas para el desarme, sin embargo nuestra “originalidad”, a diferencia del resto de los países, radica en que no se ha puesto en discusión ni la carrera armamentista del Estado venezolano ni el lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en la sociedad. ¿Es posible promover cultura de paz y políticas integrales de desarme en un país que ha experimentado una progresiva militarización de su sociedad y cuyo presidente le ha declarado la guerra simbólica y discursiva a casi la mitad de su población?
Seguir leyendo “Desarmar el discurso, desarmar al Estado”

Venezuela: El Ejército en las aulas

Rafael Uzcátegui (Colaboración para boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra)

De manera similar al resto de los países latinoamericanos, un militar es el principal mito fundacional de Venezuela. Simón Bolívar, el “padre de la patria”, es recordado como un gran estratega militar. Su figura, como estatua montada a caballo en gesto heroico, o su busto que muestra su jerarquía dentro del llamado “ejército libertador”, señala el centro de todas las ciudades y pueblos del país. De manera especial, el militarismo es parte importante de la cultura e imaginario de los venezolanos y venezolanas. Al propio Bolívar se le atribuye la autoría de la frase “Ecuador es un convento, Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel”. Durante 51 años del siglo XXI esta antigua exportadora de café y cacao, posteriormente sustituidos por el petróleo como principal industria del país, fue gobernada por caudillos, de “personalidad carismática, con amplia red de relaciones y con una fuente de recursos considerable y permanente”. En esos años el principal aporte venezolano a la sociología regional fue la teoría del “cesarismo democrático” postulando un gobierno basado en la reelección permanente de un líder carismático, un “gendarme necesario”, asiduo a la concentración del poder. Un Simón Bolívar al infinito.

Si bien las escuelas, liceos y universidades venezolanas siempre han reflejado la ideología dominante, y con ella la noción acerca del soldado y el ejército como garante de eficiencia sobre un universo civil corrompible, desde la remilitarización de la figura presidencial con la llegada al poder de Hugo Chávez –el último primer mandatario de naturaleza militar gobernó hasta el año 1958- se ha dado un nuevo impulso a la intención de educar a los jóvenes, en los salones de clase, en valores propios y exclusivos de las Fuerzas Armadas.

Seguir leyendo “Venezuela: El Ejército en las aulas”

Mayor militarismo no es ni más ni mejor democracia

No reciclable

En nuestras entregas anteriores relatábamos cómo dos leyes aprobadas en Consejo de Ministros, y directamente relacionadas con el ámbito militar, cercenaban diferentes derechos humanos y se ponían al margen de la Constitución. Por un lado la Ley de Conscripción Militar niega la no obligatoriedad del servicio militar, tal como quedó consagrado en la Carta Magna de 1999. En segundo lugar, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coloca obstáculos a los derechos laborales y al derecho a la participación.

La creciente militarización que experimenta la sociedad venezolana no es un fenómeno que nace con el llamado gobierno bolivariano, sino que forma parte de la matriz sociopolítica sobre la cual se ha edificado la institucionalidad democrática en el país. Durante 51 años del siglo pasado Venezuela fue gobernada por caudillos civiles y militares, definidos por poseer una personalidad carismática, con amplia red de relaciones y una fuente de recursos económicos considerable y permanente; la cual materializa la concepción del orden y del progreso nacional. Como lo escribió en algún momento el sociólogo Tulio Hernández, el militar y lo militar, entendiendo el primero como la figura individual y el símbolo social, y lo segundo como el aparato institucional y sus modos de actuar, son componentes esenciales y decisivos de la vida política venezolana y, especialmente, de manera muy singular, a todo lo largo del siglo XX.

A pesar de todo este contexto, sin embargo, el militarismo bolivariano ha desarrollado sus propias particularidades. En primer lugar tenemos un discurso en el cual el primer mandatario se promociona a sí mismo como el “comandante-presidente”, apelativo por el cual es nombrado por buena parte de sus seguidores. El discurso del presidente Chávez ha descrito permanentemente el conflicto dentro el país con metáforas castrenses y alegorías de confrontaciones bélicas, mezclando eventos de la propia historia de la independencia venezolana con referencias a la guerra tradicional. Retóricamente, la construcción del discurso ha establecido que el mayor honor es morir por los intereses nacionales.

En segundo lugar nos encontramos con lo simbólico. A pesar de la investidura civil de su cargo, el presidente Chávez asiste a las ceremonias oficiales en traje militar. La boina de color rojo, utilizada por los militares golpistas y por el propio Chávez, durante febrero de 1992, forma parte importante del atuendo bolivariano. El paseo de Los Próceres en Caracas, una infraestructura militar inaugurada en 1956 por el dictador Marcos Pérez Jiménez, es un sitio privilegiado tanto para las marchas militares como para las manifestaciones civiles de apoyo al gobierno. Además se usan fechas de la gesta de la independentista para la realización de actos políticos considerados relevantes.

El militarismo también ha modelado el propio ejercicio del poder, en donde gran cantidad de cargos públicos, de mediano y alto nivel, son ejercidos por militares en activo. Asimismo, el liderazgo es incontestable, desarrollando un permanente culto a la personalidad. Asimismo, se privilegia la relación “líder-pueblo” sobre cualquier instancia de dirección colectiva.

La relación con la sociedad es otra de las dimensiones. El movimiento bolivariano se ha organizado constantemente emulando las estructuras militares: Unidades de Batalla Electoral (UBE), batallones, milicias, frentes, patrullas, reservas cívico-militares, etc. Asimismo, se ha exigido a los organismos de participación popular, creados desde el Estado, entrenamiento de tipo militar y su incorporación a la llamada “Milicia Nacional Bolivariana”, desde el año 2008 un nuevo elemento de la estructura de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Los discursos y órdenes del Presidente son respondidos, a la usanza castrense, con frases como “rodilla en tierra” y “Comandante Chávez ordene sobre este frente”.

Otra instancia es el papel preponderante asignado a la Fuerza Armada Nacional. El ejército posee, en los hechos, un papel organizativo-administrativo más importante que los partidos políticos que acompañan al presidente Chávez, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hasta sus partidos satélites como Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Las Fuerzas Armadas desarrollaron, en el año 2000, las primeras políticas sociales del gobierno bolivariano, denominadas Plan Bolívar 2000. Actualmente presiden la Misión Mercal y otras importantes políticas sociales, además de garantizar la logística y la infraestructura de la mayoría de los actos públicos del proceso bolivariano. Esta importancia se refleja, a su vez, en la cantidad de presupuesto destinado al Ministerio de Defensa. Al desglosar la Ley de Presupuesto 2009, de la lista de 27 ministerios, el Ministerio de Defensa figura en el séptimo lugar de mayor cantidad de dinero recibido. De esta manera, los gastos del Ejército venezolano duplican los destinados a la participación, triplican los de alimentación y vivienda, son cuatro veces mayores que los destinados a la protección del medio ambiente, nueve veces más grandes que para el sector cultural y doce veces los dirigidos a la promoción del deporte. La brecha mayor la constituye la consignada a las comunidades ancestrales: el monto aprobado para las Fuerzas Armadas supera 58 veces el correspondiente al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Consideramos que el militarismo es contradictorio con la democracia directa y protagónica. Para que exista más y mejor democracia, y en consecuencia un mejor disfrute de los derechos humanos, deben ser los ciudadanos y ciudadanas, cuyos tiempos y formas de pensar difieren de la disciplina y verticalidad castrense, los que refunden los consensos básicos de vivir, libres y solidariamente, en sociedad. (Correo del Caroní, 23.11.09)