Esa desconocida llamada Consulta Previa

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Entre el 2 y 3 de junio, el Estado venezolano rindió examen ante las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Uno de los motivos de preocupación para este comité de la ONU fue que las consultas a los pueblos indígenas no se realizan de manera regular y con plenas garantías

Rafael Uzcátegui

Ha sido reconocido por las organizaciones indígenas del país y sus aliados, que el marco normativo presente en la Constitución, el denominado Capítulo VIII de la Carta Magna, es ampliamente garantista en materia de derechos de los pueblos originarios y en sintonía con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, como lo ha planteado el profesor Vladimir Aguilar del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, los tiempos del derecho no se han correspondido con los tiempos de la realidad. Por una serie de circunstancias, los derechos indígenas presentes en la Carta Magna se están convirtiendo en letra muerta. Si bien el caso más conocido ha sido la deuda en la demarcación de sus territorios, que debió haberse concluido en el año 2001 y hoy apenas alcanza un 13 % de cumplimiento, hay un segundo derecho de igual trascendencia para los pueblos indígenas, que a pesar de haberse incluido en la Carta Magna, no se ha materializado en ninguna oportunidad desde el año 1999. Se trata del derecho a la consulta previa, libre e informada, un tema ignorado por las diversas autoridades y ausentes del discurso reivindicativo de las propias organizaciones indígenas.

El derecho a la consulta previa ha sido escasamente demandado por el movimiento indígena venezolano. Las razones, a nuestro juicio, son dos. La primera la escasa información sobre el alcance del derecho y las experiencias internacionales de justiciabilidad. La segunda, que también puede explicar la anterior, es la fragmentación y cooptación del movimiento indígena

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Resolución 008610 y astillas del mismo palo

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Pablo Fernandez: Funcionario o “activista”, según convenga

Rafael Uzcátegui
A raíz de la promulgación en Gaceta Presidencial de la resolución No. 008610 del 23 de enero de 2015, que permite la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su conjunto, en labores de mantenimiento de orden público en el contexto de manifestaciones, diferentes organizaciones de derechos humanos del país hemos cuestionado la constitucionalidad de la norma.

La iniciativa vulnera abiertamente lo expresado en los artículos 68, 329 y 332 de nuestra Carta Magna y se coloca de espaldas a diferentes resoluciones de los organismos internacionales en la materia, lo cual incluye la sentencia de reparaciones en el Caso de El Caracazo, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos expresan la necesidad de separar, claramente, las labores de defensa nacional a ser realizadas por el ejército, a las de seguridad ciudadana. En el caso de nuestro país, diferentes normativas incorporan la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el caso que los cuerpos policiales sean rebasados por los hechos. A raíz de los hechos del año 2014, donde funcionarios de la GNB se vieron involucrados en diferentes violaciones, es necesario regular los patrones de actuación de este cuerpo. Pero al permitir al conjunto de la FANB (Armada, Ejército, Aviación y milicia) ejercer funciones de orden público se estarían generando condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos.

A raíz de la opinión de las organizaciones del Foro por la Vida y de otras como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una iniciativa denominada SurDH ha emitido un pronunciamiento denominado “Sobre la Resolución Nº 8610 y el control de orden público en manifestaciones” que ha sido difundido en diferentes medios de comunicación. Allí, sus integrantes legítimamente expresan su opinión sobre la resolución, lo normal en una sociedad democrática. Sin embargo dentro de su texto incurren en la descalificación y criminalización del resto de organizaciones, actitud reprobable para alguien que se califica de activista en derechos humanos.

SurDH es una iniciativa reciente, conformada por antiguos miembros de las ONGs que cuestionan y que hoy son funcionarios del gobierno venezolano, cosa que omiten deliberadamente. Si bien han denunciado algunos casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría de sus esfuerzos públicos durante su trayectoria se han enfocado a la descalificación de las ONGs independientes. En su texto reciente afirman “a SurDH le sorprende la conmoción que ocasionó la Resolución (…) y en algunas ONG alineadas con la oposición, que la denunciaron de manera virulenta como un instrumento de represión, contrario a derechos. En particular, resulta escandaloso que organizaciones de DDHH que se presentan a sí mismas como de un alto perfil técnico, se sumen a una estrategia burda, carente de todo fundamento”.
El comunicado es firmado por Ana Graciela Barrios, Antonio González Plessmann, Cristóbal Cornieles. Lucrecia Hernández, Pablo Fernández y Marieva Caguaripano, los dos primeros miembros del equipo de Provea durante muchos años, y el cuarto, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hasta fecha reciente, precisamente dos de las organizaciones que han estado activas en rechazar la constitucionalidad de la medida. En el caso de González Plessman y Barrios son miembros de la estructura de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (http://bit.ly/168Ql0O). Curioso que descalifiquen de esa manera una ONG que dirigieron y de la aún forman parte.

González, en diferentes ocasiones ha intentado criminalizar el trabajo de Provea al acusarla de “liberal” y estar alineada con la oposición, continuando el matriz descalificatorio implementado por diferentes gobiernos durante los 27 años de historia de Provea. Es curioso que durante sus años en Provea, como coordinador de área, haya aprobado afirmaciones como: “El lado más débil y la limitación más importante de la concepción socialista de los derechos humanos surge al negar unos derechos (las libertades individuales) para alcanzar otros (derechos sociales). Esto sucedió en la mayoría de los países socialistas, donde se relegaban ciertos derechos civiles y políticos (libertad de expresión y de pensamiento, de asociación política, de manifestar), en el entendido de que no podía haber contradicción entre los ciudadanos y que el Estado representaba y garantizaba todos sus intereses”, apostando en ese momento por la universalidad e interdependencia de derechos, cosa que parece olvidar. Este mismo González, que alguna vez fue víctima de los ataques de Eva Golinger al acusarlo de ser personalmente financiado por Estados Unidos, hoy repite sus mecanismos de manipulación y descalificación.

Provea apuesta por el diálogo democrático como mecanismo para la resolución de conflictos. Pero hemos exigido, tanto los altos funcionarios gubernamentales, como a los pequeños que integran SurDH, que se haga con respeto. Sin perder el foco en nuestra misión, que es el apoyo a las víctimas de violaciones a los DDHH, les decimos: Los ataques no nos intimidan y no harán que nos inhibamos ante el desconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución y el aumento de la pobreza.

La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu

territorio Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa. Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.

Bachaqueo de corbata y uniforme

Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con camiones y pipas cargadas”.

La doble discriminación hacia las mujeres wayúu

Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia (FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.

Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás, incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “no podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.

La deuda social

Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la militarización está afectando las propias tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.

Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o viceministerios”.

El diálogo como camino

José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”. (Publicado en El Cambur)

Militarización en territorios wayúu

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Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a la zona, y tras reuniones con organizaciones sociales locales, pudimos corroborar las denuncias sobre criminalización y militarización en el territorio wayúu.

Para cualquier que quiera verlo, es evidente la discriminación que existe en el estado Zulia contra la etnia wayúu, quienes son el pueblo indígena más grande del país y cuyos miembros, según el último censo indígena, son más de la mitad de la población originaria del país. Para trasladarnos a Paraguiapoa tuvimos que trasladarnos hasta la “bomba Caribe”, conocida como el “terminal wayúu”, a las afueras de la ciudad. Un terreno baldío, sin el mínimo de infraestructura o servicios, es el abreboca del drama cotidiano que deben pasar las comunidades indígenas que deben trasladarse entre la Guajira y Maracaibo. A bordo de una “perrera”, en un viaje de poco más de dos horas, fuimos testigos de cómo las alcabalas de policías, guardias y soldados extorsionan a los indígenas por trasladar dos sacos de cemento, o uno de maíz en granos.

A comienzos de 2010 las fuertes lluvias inundaron toda la región. Pocos días después el presidente Chávez anunció la creación de los llamados “distritos militares”, de los cuales el primero correspondía a la Guajira venezolana. Se anunció que la presencia de soldados traería la construcción de infraestructura y la gestión de programas sociales. Las promesas se evaporaron cuando el énfasis se cambió al del “combate al contrabando”. Los militares instalaron alcabalas para restringir el paso de alimentos a través del puente del río Limón. Bolsas de alimentos para consumo familiar comenzaron a ser incautadas y presentadas ante los medios como resultado de la “erradicación del bachaqueo”. Por trasladar 5 pollos y 4 paquetes de harina precocida, se iniciaron los arrestos bajo delitos tipificados de contrabando.

Los wayúus han sido históricamente comerciantes. Dos décadas atrás el flujo de productos era inverso: artículos fabricados en Colombia que eran vendidos en los mercados guajiros en territorio venezolano. Usted argumentará que sí hay wayúus que compran en Maracaibo y venden más allá de Paraguachón y es cierto. Lo que es invento de la propaganda es que sean los responsables de la situación actual de desabastecimiento de productos de consumo masivo. Como cualquiera con un poco de sentido común puede concluir, los grandes camiones con mercancías varias que pasan la frontera, con la aprobación de los funcionarios, pertenecen a los grandes “bachaqueros” de cuello blanco o de cuello rojo.

Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con más de 15 años de trabajo en la zona- ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron a Laboratorio de Paz que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, por delitos de contrabando, la mayoría mujeres. (Publicado en 2001)

Discriminación por partida doble

Graffitti en las paredes de Paraguaipoa
Graffitti en las paredes de Paraguaipoa

Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a Paraguaipoa, Perijá zuliano, para conversar con organizaciones sociales de la región, pudimos comprobar la dimensión del proceso de criminalización padecido por el pueblo wayúu tras la militarización de su territorio. Lo que acabamos de decir no es poca cosa. Estamos afirmando que existe la profundización de un proceso de discriminación y hostigamiento contra la etnia más numerosa del país, con más de 400 mil personas según el último censo, bajo la excusa del “combate al contrabando”.

Esta etapa del conflicto comenzó en diciembre del 2010 tras la activación de los llamados “distritos militares” en todo el país. El primero se concretó en el Perijá, con el argumento de iniciar un operativo extraordinario que permitiera solucionar la crisis generada, esos días, por las lluvias en la guajira venezolana. Las promesas de beneficios para la población se las llevó el viento. Lo que quedó fue el discurso que sugiere que todo wayúu es un potencial contrabandista, un “bachaquero” en el argot oficial, y que obliga a todos los indígenas de esa etnia a demostrarle al mundo que son inocentes. Desde ese diciembre el Comité de DDHH de la Guajira, con 15 años de trabajo en la zona, ha contabilizan 13 ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. A pesar del estado de sitio y de la suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales –hay zonas del Perijá donde no se puede transitar-, el gran contrabando de extracción, ese realizado con la complicidad uniformada, continúa.

Como los wayúu son una sociedad matriarcal, las más afectadas son sus mujeres. Las organizaciones regionales nos señalaron que aproximadamente 760 indígenas Wayúu están privados de libertad por delitos de contrabando, y la mayor parte son mujeres. Varias de ellas en prisión –Marite, con porcentajes de 100% de hacinamiento- por haber intentado trasladar 4 paquetes de harina precocida y 3 litros de aceite. Estar en Maracaibo vestidas con su ropaje tradicional las hace víctimas de doble discriminación: Ser mujeres y ser wayúu. Cuando nos contaban la estigmatización cotidiana de la que eran víctimas, no pude dejar de pensar en las feministas oficialistas, tan preocupadas por las mujeres palestinas pero ciegas al sufrimiento de las wayúu. No a la militarización del Perijá. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)

 

Encuentro con Maina Kiai (1)

Momento de nuestra intervcnción en la reunión
Momento de nuestra intervcnción en la reunión

Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de octubre tuvimos la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Washington con el relator del derecho a la libertad de asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, para informarle sobre la situación de Venezuela. En la cita nos acompañaron colegas de toda la región que también compartieron sus problemas.

En nuestra intervención le describimos como la profundización del proceso de militarización en el país ha obstaculizado diferentes derechos en el país. Le comentamos que desde diciembre del 2010 se han creado 10 distritos militares en diferentes partes del país, el primero de ellos activado en la Guajira venezolana, territorio wayúu, la etnia más grande del país. Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron que 760 indígenas han sido privados ilegítimamente de libertad y actualmente sometidos a juicios.

Por otra parte le detallamos como en julio del 2014 se aprobó la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”. Un aspecto inconstitucional de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio que sobrepone el estamento militar sobre el civil. A partir del año 2015 la solicitud de este registro será obligatoria y tanto las personas naturales como las jurídicas serán sancionadas si no se incorporan al mismo. Esto viola, explicamos, el derecho civil reconocido en la CRBV a la objeción de conciencia y a su vez, será un obstáculo para el ejercicio del derecho a la asociación, pues las nuevas organizaciones que no posean el mismo no podrán ser reconocidas legalmente, a su vez las organizaciones existentes deberán presentar para participar como sociedad civil en el diálogo con el Estado certificado de incorporación en el registro militar.

A partir del año 2008 el ejecutivo nacional ha implementado un modelo de organización obligatoria denominado consejos comunales (CC). El mismo, le planteamos, ha privilegiado como organismos de participación ciudadana para el otorgamiento de financiamiento y la interlocución con las autoridades.  Un sistema paralelo de organizaciones  que según testimonios de indígenas obedecen y actúan en sintonía al proyecto político gubernamental. Los CC han desplazado otras formas de asociaciones previas, tradicionales, excluyendo y desconociendo a un sector importante de la población. Las organizaciones tradicionales y propias indígenas, como se podrá corroborar en informe entregado han denunciado que los CC indígenas han sido utilizados para legitimar proyectos extractivos en territorios indígenas, como lo refleja el testimonio del indígena yukpa Jorge Montiel, de la organización yukpa Maikilaraalasalii, con quien tenemos contacto.

La próxima semana continuaremos relatando los temas planteados a la relatoría de derecho a la asociación, para que sean incluidos en su próximo informe.

(Publicado en 2001)

Maduro: Expectativas no cumplidas

maduro bailando con ciliaColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

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Cuando el presidente Chávez informó al país que nombraba a Nicolás Maduro como su candidato ante cualquier hecho “sobrevenido”, pidiéndoles a sus seguidores que votaran por él ante cualquier eventualidad, en Provea se nos generaron varias expectativas, las cuales aumentaron cuando el antiguo canciller y vicepresidente de la República ganó las elecciones a la primera magistratura.

Como Provea había diagnosticado en su informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, Hugo Chávez había conseguido mejorar algunos indicadores socioeconómicos de las mayorías gracias a los recursos extraordinarios producto de los altos precios petroleros, sin embargo había retrocedido en derechos civiles y políticos al institucionalizar mecanismos de discriminación por razones políticas. La primera expectativa era si el nuevo presidente podía disminuir el apartheid bolivariano a la par de mantener, y mejorar, las políticas sociales destinadas a la reducción de la pobreza. Comentarios positivos sobre su capacidad de diálogo durante su desempeño diplomático reforzaban esta ilusión. Sin embargo, las esperanzas se evaporaron rápidamente. No sólo asumió el estilo confrontador y conflictivo de su antecesor, sino que las propias cifras oficiales demuestran que durante su gestión han aumentado los niveles de pobreza en el país. La profundización de la crisis económica, como consecuencia de ausencia de un verdadero diálogo plural, ausencia de controles y sanciones para irregularidades administrativas y decisiones erráticas y contradictorias han modificado la ecuación: Maduro es exclusión política con progresiva exclusión social. Y nada que más atente contra los derechos humanos que la pobreza. Esto ha motivado que Provea exija que cualquier decisión de correctivos económicos debe acompañarse de medidas compensatorias para que no sean los que menos tienen los que paguen los costos de la crisis.

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Una segunda posibilidad truncada tenía que ver con el origen sindical del nuevo primer mandatario y su adjetivo de “presidente obrero”. Perdimos la apuesta al creer que iban a mejorar las relaciones de los sindicatos y el movimiento de trabajadores con el Ejecutivo. Que se iban a desarrollar canales y mecanismos para dar respuesta a sus demandas. Que cesaría la criminalización a los dirigentes beligerantes y se revertirían los ataques contra la libertad sindical. Que Miraflores escucharía las opiniones de los trabajadores sobre los montos de los incrementos salariales y las denuncias sobre la flexibilización de las condiciones de trabajo y el estancamiento de la contratación colectiva en el sector público. No obstante la realidad ha caminado en sentido contrario. Maduro ha lanzado todas las descalificaciones posibles contra los sindicatos que enarbolan demandas de sus agremiados y ha potenciado la política de la conformación de las milicias obreras, las cuales serán institucionalizadas si prospera la actual propuesta de contratación colectiva para la administración pública propuesta por su sindicato madurista. Los propios dirigentes obreros han denunciado que uno de los acuerdos de la mesa de diálogo económico sería la militarización de los conflictos laborales, lo cual es una denuncia tan sería que merece una respuesta oficial.

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¿Qué pasa en la Guajira venezolana?

 

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira emitió un pronunciamiento denunciando excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en territorios indígenas del Zulia. La situación en este pedazo de la frontera colombo-venezolana, no obstante, se repite actualmente en todos los límites nacionales, en Táchira y Bolívar, relacionados con la extracción de alimentos y otros bienes de consumo masivo. Debido a los desajustes de la economía nacional respecto a la de sus vecinos, transportar un producto de un lado a otro de la línea limítrofe puede significar venderlo por 10 veces su valor. Por ello el gobierno ha responsabilizado a los contrabandistas del desabastecimiento de productos en zonas de frontera. Como han señalado diferentes analistas no es el contrabando al menudeo a quien hay que controlar, sino las grandes remesas que transitan por carreteras con la anuencia de las autoridades, en una cadena de corrupción que dejando “propinas” en todos sus eslabones sigue siendo rentable para sus promotores. El foco puesto en los “peces chicos” deja una sombra indeleble de violaciones a los derechos humanos y diferentes abusos de poder.

De manera similar a lo que ocurre todos los días en Santa Elena de Uairén o San Antonio del Táchira, el Comité denunció como la GNB realiza operativos en comunidades wayúu violando el debido proceso, realizando detenciones arbitrarias y extorsionando a los habitantes. En el caso del estado Zulia, el profesor universitario José Quintero Weir advirtió que se ha venido profundizando un proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación del combate al “bachaquerismo” –como se denomina en la zona la venta de productos de un lado a otro de la frontera estatal-. En su opinión el fenómeno del contrabando forma parte de una realidad producida por una economía nacional deprimida, que posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina. “Los wayuu no son los responsables de la situación, el responsable es la economía. Aquí hay grupos de poder involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza a priori a los indígenas” dijo Weir. “Para el gobierno todo wayuu es sospechoso de ser un criminal. Van más de una treintena de muertos por esta situación” denunció. Weir apuntó que detrás de este acelerado proceso de criminalización y persecución, se esconde la intención de despojarlos del territorio que habitan, para entregarlos en concesión a las transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es el pueblo que está ocupando los territorios en donde se pretende explotar dos grandes minas de carbón, para la creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es que hay que llamar la atención” enfatizó.

Una de las consecuencias de esta situación ha sido la militarización de la media y alta guajira, bajo el argumento de controlar los productos que circulen por el territorio. Tras la decisión las historias sobre extorsión, maltratos a la población y detenciones indiscriminadas se han multiplicado. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha solicitado una investigación a los funcionarios militares en los siguientes términos: “A la Fiscalía 45 del Estado Zulia de los derechos fundamentales , que aperture una investigación exhaustiva al Grupo de Caballería Motorizada G/D Francisco Esteban Gomez, con sede en Cojoro , comandado por el Teniente Coronel Orlando Romero Bolívar por abuso excesivo de poder, discriminación racial , hostigamiento, y por la violencia frecuente a los derechos humanos y constitucionales del Pueblo Wayuu, y que dé respuestas públicamente sobre la investigación como reparación a la moral e integridad de la sociedad wayúu”.

En un pronunciamiento conjunto la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de LUZ (ACEINLUZ) y la Organización Intercultural para la Educación Autónoma Wainjirawa señalaron: “Hoy, a nosotros los wayuu, nos matan de frente, tal como sucedió con nuestro hermano Nelson González, asesinado abiertamente por el Ejército bolivariano con sus fusiles rusos comprados con dineros que favorecen al enriquecimiento de la mafia militar y a los “perros de la guerra”. Su comunicado termina con una exigencia contundente: “Fuera el Ejército Bolivariano del Territorio Wayuu!”.

En opinión de Provea deben atenderse las causas reales del fenómeno de extracción de alimentos, gasolina y otros artículos de consumo masivo para elaborar medidas de consenso, con la participación de los diferentes actores involucrados y afectados, con respeto a los DDHH, y apegadas a la Constitución Nacional y la legislación venezolana, que permitan avanzar en una solución al problema. El Estado venezolano debe investigar las denuncias de atropellos por parte de efectivos militares contra ciudadanos, y las acusaciones acerca de la presunta participación de altos funcionarios militares en el delito de contrabando, así como de diferentes violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad personal.

Maduro transforma Venezuela en un cuartel

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 25.06.14 circuló en la Gaceta Oficial 40440 la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, cuyo objetivo es “regular el registro y el alistamiento para la defensa, la seguridad y el desarrollo integral de la Nación”. Las disposiciones de la ley son aplicables a venezolanos por nacimiento y naturalización, entes públicos y privados. Lo positivo de la norma es que su artículo 5 reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso. Sin embargo, otros aspectos son preocupantes y violan lo dispuesto en la Carta Magna y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El aspecto inconstitucional más escandaloso de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio para las personas entre 18 y 60 años. El segundo es que la ley niega el derecho la objeción de conciencia.

Sobre el primer aspecto, la ley establece que las personas naturales deben inscribirse en el “Registro para la Defensa Integral” 60 días después de cumplir 18 años. La misma obligatoriedad corresponde a las personas jurídicas. Las personas que no se inscriban no podrán ser contratadas en órganos públicos o privados ni obtener solvencias laborales (violando el derecho al trabajo), no podrán obtener su licencia de conducir (obstaculizando el derecho al libre tránsito) ni obtener títulos académicos universitarios (violando el derecho a la educación). Las autoridades educativas, profesores y familiares estarían además obligadas a “orientar y dar facilidades” para dicha anotación. Además de los impedimientos anteriores, hay sanciones adicionales tanto para quienes no se registren como a las instituciones cuyos miembros y empleados no lo hayan realizado. Los patronos, incluyendo en la lista a cooperativas o consejos comunales, que no exijan la documentación serán multados con entre 30 y 40 unidades tributarias UT (3.810 bs a 5.080 Bs). Las personas naturales que no se inscriban serán penados con el pago de entre 5 y 15 UT (635 Bs a 1905 Bs), mientras que las jurídicas serían multadas con entre 50 y 150 UT (6350 Bs a 19050 Bs). Las reincidencias son penadas para las personas jurídicas con nuevas multas de entre 150 y 250 UT (19050 Bs a 31750 Bs). Los medios de comunicación estarían obligados a difundir campañas informativas sobre el registro, de lo contrario también serán sancionados.

La negación del derecho a la objeción de conciencia es otro elemento grave presente en la normativa. Según el artículo 27 los venezolanos entre 18 y 60 años están incluidos en 4 situaciones: Actividad, cuando presten el servicio militar; Excedencia, quienes no puedan alistarse debido a estar completas las cuotas de reemplazo en los cuarteles; Reserva, quienes hayan cumplido el servicio militar. El cuarto es la “Renuencia” quienes: a) No se inscriban, b) Tras registrarse y ser convocado no cumpla el servicio militar y c) Las personas jurídicas que no se registren. Más adelante, el artículo 57 establece las calificaciones de “elegibles” y “no elegibles” para la “defensa integral de la nación”. Los no elegibles son quienes en el momento de su inscripción presenten: 1) Certificado de incapacidad temporal o permanente; 2) Acta de matrimonio; 3) Constancia de estar embarazada; 4) Ser único sostén de hogar y 5) Medida de privativa de libertad o condena penal firme. En ninguna parte se establece la posibilidad de objetar por conciencia la prestación del servicio militar. La ley establece que quienes no realicen el servicio militar por las condiciones anteriores deben prestar un servicio de naturaleza civil pero bajo jurisdicción militar, lo cual es otro exabrupto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

No es un mero adjetivo que todo el proceso regulado por esta ley se califique de “Defensa Integral de la Nación”. De esta manera el presidente Nicolás Maduro profundiza la militarización de la sociedad venezolana, al obligarla a estar toda bajo un registro de naturaleza castrense. En este punto somos enfáticos: El registro militar debe ser única y exclusivamente para los ciudadanos que deseen prestar el servicio militar y para nadie más. Esta ley inaugura un cuartel llamado “Venezuela” en donde la única manera de “defenderla integralmente” es siendo parte de las Fuerzas Armadas. En otros países, más coherentes con vocaciones humanistas, se ha entendido que hacer país es desarrollar la educación, la salud y la cultura de los pueblos, generar las condiciones para que florezca la justicia social y la libertad.

Es nuestro derecho como ciudadanos estar alejados de lo militar. El Alto Comisionado de DDHH de la ONU ha reconocido el derecho de objeción de conciencia al servicio militar como parte del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desaprender la polarización

PolarizaciónVenezuelaRafael Uzcátegui

El pasado jueves 29 de mayo tuvimos el placer de ser invitados al taller de la organización “Mucho con poco” en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el fin de compartir herramientas útiles para el diálogo social, enfocadas al protagonismo de la gente frente al poder. Nuestra intervención versó alrededor de una propuesta: La desmilitarización, tanto de los territorios como de las mentes. Es de sobra conocida las consecuencias de la presencia física de los militares en los espacios: Su intervención en puestos de dirección de la arquitectura estatal, la creación de zonas de seguridad donde se han prohibido el ejercicio de derechos constitucionales, la militarización de las políticas de seguridad ciudadana y su uso para la represión de manifestaciones. La llegada de una persona de forrmación castrense a la presidencia, revigorizó una matriz que ya existía en nuestra historia. El culto al “superhombre”, militar o caudillo civil, que providencialmente y con mano firme nos guiará a la superación de nuestros problemas, esta profundamente arraigado en nuestro inconsciente colectivo, en parte como consecuencia de ese mito fundacional llamado Simón Bolívar.

La desmilitarización de las ideas, de la manera de pensar y razonar, es un proceso más complejo y que implica la voluntad de desaprender conductas que nos parecen “normales”, pero son consecuencia del chip militarizante instalado en nuestras cabezas. El ejército es un dispositivo de razonamiento que implica entender los conflictos bajo la lógica de las guerras: el exterminio simbólico y/o físico de los adversarios. Una de las consecuencias de la mirada castrense es la polarización. Por ello citamos los elementos que según la psicóloga social ucevista Mireya Lozada la caracterizan, con el fin que nos reconociéramos en ellos, para superarlos en pos de los diálogos necesarios: 1) Estrechamiento del campo perceptivo (percepción desfavorable y estereotipada del grupo opuesto que genera una visión dicotómica y excluyente “nosotros-ellos”; 2) Fuerte carga emocional por el rechazo sin matices de la persona o grupo contrario; 3) Involucramiento personal: cualquier hecho afecta al individuo; 4) Quiebre del sentido común: Intolerancia suplanta a la discusión; 5) Cohesión al interior del propio grupo y conflicto latente entre grupos opuestos; 6) Espacios de convivencia son presionados a posicionarse a favor de alguno de los dos polos de la confrontación y 7) Personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en la lucha política.

Para finalizar dejamos en el aire tres conclusiones: Las ideologías sólo dan respuestas parciales; Estos son tiempos de aperturas y alianzas flexibles en torno a valores compartidos y, por último, la diferencia no es un riesgo –como afirma la mentalidad militar- sino una oportunidad para mejorar lo existente. Por ello es saludable la aparición de “las oposiciones”, en plural y, en un futuro cercano, “los chavismos”. (Publicado en 2001)

“Militarización es el fracaso de la autoridad civil”

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Las políticas de militarización de la seguridad ciudadana se han venido implementando en otros países de la región. Y en cada uno de ellos han demostrado que son insuficientes para revertir los graves índices de violencia. En una edición de la revista Urvio, realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador, Jenny Pontón le realizó sobre este tema una entrevista al doctor en derecho Marcos Pablo Moloeznik Gruer, que por su interés reproducimos un extracto a continuación:

 

– ¿Cuáles son los factores que han llevado a una generalización de la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana de los países de América Latina?

– Los principales factores son, por un lado, el fracaso tanto de las políticas criminales como  del sistema de justicia penal -incluyendo las policías- de aquellos Estados donde el poder político ha tomado la decisión de comprometer directamente a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana; por otro lado, el dominio del denominado populismo punitivo, es decir, el discurso de mano dura y tolerancia cero, y del innegable atractivo que ejercen los militares en tanto institución, por su profesionalismo, disciplina, espíritu de cuerpo, movilidad, polivalencia y sistema de armas .

 

– ¿Cuáles serían los principales riesgos de que las Fuerzas Armadas de los diferentes países de la región asumieran competencias de seguridad interna?

– En primer lugar, las Fuerzas Armadas no se encuentran preparadas para desempeñar misiones y funciones que no son de su propia naturaleza como las policiales y parapoliciales; en  segundo lugar, al personal castrense se lo prepara para hacer la guerra y, para ello, se lo dota de armamento pesado por ser el instrumento militar el recurso estatal de máxima intensidad del uso de la fuerza, es decir, última ratio o argumento final del Estado; en tercer lugar, otro de los riesgos es que precisamente a la luz de sus características, formación y adiestramiento, así como a los contextos urbanos (incluso de alta densidad de población) donde intervienen generalmente, el uso de las Fuerzas Armadas en la dimensión de la seguridad ciudadana suele estar acompañada por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos . A diferencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al militar se lo prepara para quitar la  vida (como instrumento coercitivo del Estado,  en tanto monopolizador de la guerra y de la violencia institucionalizada) y no para preservarla; además, mientras el militar suele actuar en grupo, el Policía suele hacerlo en forma individual, se trata, por ende, de dos profesiones  diferentes, con fines distintos. Por último, las  constituciones de los países de la región, solo de manera excepcional y ante situaciones de carácter extraordinario, contemplan la intervención de las Fuerzas Armadas mediante la declaratoria del estado de excepción, de emergencia o de sitio, y por un período de tiempo muy limitado, con el fin de restablecer la tranquilidad y orden público y la paz social. Esto implica que, en algunos casos, el poder militar actúe en la dimensión interna al margen de la legalidad, al no ser  declarado el estado de excepción o de sitio, en cual se suelen suspender ciertos derechos fundamentales, aunque nunca el denominado “núcleo duro” de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso, la prohibición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros.

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Vzla: La comedia del desarme

Rafael Uzcátegui

En días pasados medios estatales difundieron la noticia acerca del 60% de avance de la fábrica de AK-103, una variante de la familia Kalashnikov, como parte de los convenios celebrados conla Federación Rusa. Como se recordará, en el mes de junio del 2005 compramos 100.000 fusiles similares al gobierno de Putin, en una transacción por 54 millones de dólares. El negocio incluía transferencia tecnológica para que seamos el único fabricante de AK en la región. En consecuencia, recientemente se anunció que estaremos muy pronto en capacidad de maquilar 25 mil Kalashnikov y 60 millones de cartuchos al año. Uno agradece que la cifra no sea mayor debido al gasto en propaganda oficial, en donde una serie de figuras públicas, solicitan que Venezuela sea un “territorio libre de armas”. No se que pensarán Winston Vallenilla, Mimi Lazo y Juan Manuel Laguardia, entre otros, de ser protagonistas de una campaña institucional que promueve el esquizofrénico desarme de los civiles legitimando la voraz carrera armamentista del Estado. Yo, me sentiría como un tonto útil.

En aquel 2005 el arribo de las primeras Ak fue acompañado de una campaña propagandística que aseguraba que los fusiles de marras eran, nada mas y nada menos, “antiimperialistas”. Así lo aseguraban el centenar de franelas verdes estampadas, repartidas entre la muchachada asidua a los conciertos de Manu Chao. Lamenté no haber conseguido alguna para enseñársela a activistas como Cristina Dunaeva, una brasilera-rusa muy activa en la denuncia de las masacres del imperialismo de su país en la invasión a Chechenia, conflicto que entre los años 1994 y 2009 ocasionó 35.000 muertos entre su población civil, un altísimo porcentaje por balas de Kalashnikov. Recientemente Amnistía Internacional lanzó una acción urgente para impedir que los rusos sigan exportando armas a Siria, las mismas que ahora mismo están masacrando a niños, niñas y mujeres embarazadas.

Los mayores complacidos por esta comedia son los perros de la guerra, orbitando alrededor de la fábrica estatal rusa de armas Rosoboronexport. Por clientes tan generosos como Venezuela, en la última década los tovarich han superado holgadamente a Estados Unidos como exportadores de armas a la región. Y precisamente es el gobierno que tiene una pomposa “Comisión Presidencial para el Desarme” su mayor comprador. Solamente entre los años 2000 y 2009 les compramos armas por 2.068 millones de dólares. En el 2011 encabezamos la lista de mayores compradores latinos, adquiriendo a Rusia armamento por 257 millones de dólares.

Las organizaciones populares del país debemos movilizarnos contra esta carrera armamentista, por un verdadero desarme y por la desmilitarización de Venezuela como precondición necesaria para la disminución de la violencia. @fanzinero (Tal Cual, 25.06.12)

Desarme, Kalashnikov y DDHH

Rafael Uzcátegui

El pasado 13 de junio, se informó al país que la fábrica de fusiles Kalashnikov Ak-103 en Venezuela, uno de las dimensiones de los acuerdos económicos con Rusia, presentaba un adelanto del 60%, según fue difundido por la agencia estatal de noticias tras declaraciones del coronel de la aviación Carlos Cortizo Fernández. El modelo AK-103 que se fabricará en el país según tecnología rusa es una variante del AK-47, y según informó Fernández en Venezuela será denominado “Catatumbo”, del cual serán fabricados 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año. Este anuncio profundiza la tendencia venezolana de alta erogación en armamento de los últimos años y contradice el discurso oficial acerca de la promoción de políticas de desarme. La existencia de una carrera armamentista en el país constituye, además, una potencial violación de derechos humanos.

Gastos militares contra gastos sociales. Según los datos del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, SIPRI por sus siglas en inglés, durante el año 2011 Venezuela fue el país de América Latina que más dinero gastó en armamentos, una cifra de 560 millones al año, seguido por Chile (323 millones de dólares) y Brasil (266 millones de dólares). Por otra parte cuando se realiza el análisis del presupuesto 2012, el Ministerio dela Defensaes la cuarta institución que más recibe dinero para su funcionamiento, una cifra de 4.953.261.652 Bs, muy por encima de la mayoría de ministerios que deberían garantizar los derechos sociales. Por ejemplo las Fuerzas Armadas recibieron 17 veces más que lo destinado al Ministerio de Cultura, 32 veces más que lo destinado a la Juventud, 53 veces más que lo destinado a la Mujer y 113 veces más que lo destinado al Ministerio de Pueblos Indígenas. Un ejecutivo preocupado por las necesidades de las mayorías desfavorecidas debería priorizar el gasto en salud, vivienda, educación y trabajo por encima de la compra de equipos para la guerra.

Desarme y derechos humanos. Según el informe de Amnistía Internacional para la campaña “Armas bajo control”, el fusil Kalashnikov, nombre dado a los fusiles de la familia AK, es el “arma para matar preferida en el mundo”. Citamos: “Se calcula que existen entre 50 y 70 millones de ellos repartidos a lo largo y ancho de los cinco continentes. Soldados, combatientes y miembros de bandas los utilizan cada día para causar un sufrimiento inmensurable en muchos países. La proliferación de estas armas continúa, sin que los gobiernos pongan apenas restricciones para evitar que caigan en manos irresponsables y constituyan una amenaza para la vida y la seguridad de millones de personas. Hoy más que nunca, el rifle Kalashnikov se ha convertido en el arma preferida por muchos ejércitos, milicias, bandas armadas, cuerpos de seguridad, rebeldes y otros actores privados que violan derechos humanos fundamentales y operan al margen de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario establecido por las Convenciones de Ginebra y otras leyes internacionales”. El alto gasto en la adquisición y fabricación de armamentos es una negación en los hechos del discurso propagandístico acerca de la promoción de políticas de desarme en el país. Hay que resaltar que esta fábrica de AK en Venezuela es la única de Latinoamérica.

Socialismo y militarización. La progresiva militarización del país antagoniza con la supuesta construcción de un proyecto socialista de tipo humanista en el país. Entre los años 2000 y 2009 Rusia ha sido, por encima de Estados Unidos, el mayor país vendedor de armas a Latinoamérica, siendo precisamente Venezuela su mayor comprador, por una cifra de 2.068 millones de dólares. El gobierno ha justificado estas adquisiciones sugiriendo que, al no ser de Estados Unidos, este armamento sería de naturaleza “benigna” y “antiimperialista”. Sin embargo el armamento fabricado por las compañías estatales rusas es responsable de miles de muertes de civiles en conflictos desarrollados en el mundo entero. Un ejemplo lo constituye la invasión Rusa a Chechenia, realizada entre los años 1994 y 2009, las cuales ocasionaron alrededor de 35.000 muertos entre la población civil, un alto porcentaje como producto de los disparos de kalashnikov. Ante la inexistencia de conflictos armados reales contra otros países, ¿Cuál será el destino de los 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos que fabricaremos al año?, ¿el tráfico de armas internacional?, ¿la represión contra las protestas en el país?

Las organizaciones sociales y populares del país debemos cuestionar el desarrollo de la carrera armamentista, la progresiva militarización del país y la perniciosa definición de la “defensa de la soberanía” basada en la forma de pensar castrense. La mayor desestabilización vivida en Venezuela es la existencia de altos índices de pobreza y exclusión, y la injusta distribución de la riqueza generadora de todas las violencias. Por ello hay que exigir más y mejor gasto para el disfrute de los derechos humanos, y ningún bolívar más en artefactos para la guerra.  (Correo del Caroní, 18.06.12)

Jóvenes militarizados

Rafael Uzcátegui

Del 8 al 10 de junio tuvimos la oportunidad de asistir a la Conferencia Internacional “Contra la militarización de la juventud”, realizada en Darmstad, Alemania. El evento fue organizado porla Internacional de Resistentes ala Guerra,la DFG­VK (siglas que traducen Sociedad Alemana para la Paz­ Objetores de Conciencia) yla Fundación Bertha­von­Suttner. El objetivo del cónclave era fortalecer el trabajo en redes contra el militarismo, creando un espacio en donde activistas provenientes de muchas partes del globo pudimos compartir cara a cara e intercambiar las experiencias de sus países de origen.

Por América Latina asistimos personas de Chile, Colombia y Venezuela, quienes realizamos una sesión acerca de las diferentes caras del militarismo en la región. La ponencia sobre la situación venezolana trató seis puntos: El fortalecimiento de la masculinidad bélica en el país; la militarización creciente de la política; gastos militares; El ejército en la escuela y universidades; la judicialización castrense de la protesta ciudadana y la militarización de los movimientos sociales.

Así pudimos relatar como el modelo de masculinidad históricamente hegemónico en el país era el proyectado por la figura “guerrera” de Simón Bolívar, el cual se ha reforzado desde 1998 con la elección de un militar como presidente dela República, quien permanentemente emite mensajes acerca de la primacía de lo castrense y sus valores sobre lo civil para la administración de la nación. Señalamos las citas sobre las altas compras de armamento por parte de Venezuela y cómo, a pesar de la retórica sobre el humanismo, se destinan 17 veces más presupuesto a las Fuerzas Armadas que al sector cultura. Sobre la presencia del ejército en la escuela recordamos como desde 1999 la instrucción premilitar es obligatoria en los dos últimos ciclos de la educación secundaria, tanto en los institutos públicos como privados.

Asimismo sobre la promoción del concepto de “defensa integral” como eje transversal en el sistema educativo, y como los libros de texto han incorporado lecturas militaristas de la historia. Relatamos como la estrategia de inclusión en la educación superior ha tenido como contraparte la propia militarización de la enseñanza (UNEFA) y regímenes disciplinarios más propios de un cuartel que de una universidad (Uneartes, UBV).

Además, como estas instituciones promocionan la afiliación de los estudiantes a las milicias. Sobre la criminalización de la protesta informamos sobre la creación de las llamadas “zonas de seguridad” y la ilegalización de herramientas históricas del movimiento popular, como la tranca de calles. Además como algunos manifestantes han sido, inconstitucionalmente, sometidos a la justicia militar. Más información del evento en http://wri­irg.org/es @fanzinero

Desarmar el discurso, desarmar al Estado


Rafael Uzcátegui

“En un barrio de Caracas, -organizamos- un ejercicio de defensa, donde participe el pueblo organizado, algunos con uniforme, otros sin uniforme, los hombres de inteligencia, las mujeres cocinando. Es el pueblo en armas, la guerra de todo el pueblo. ¡Que nadie se venga a meter con nosotros!”
Hugo Rafael Chávez Frías, octubre 2009

“El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”.
Albert Camus

El pasado 13 de mayo fue creada la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme con el fin de fomentar el diseño, construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones. El objetivo de la Comisión es tan loable como impostergable, en un país que, según cifras de Amnistía Internacional, tiene 12 millones de armas ilegales circulando por sus calles, una de las dimensiones de la grave situación de inseguridad ciudadana sufrida por venezolanos y venezolanas. El 29 de julio la Comisión difundió en un comunicado sus principios, entre los que se cuentan “cimentar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos” así como construir “alternativas a la violencia”.

Es curioso, por decir lo menos, que el trabajo de la Comisión se enfoque exclusivamente en el desarme de la ciudadanía, lo cual sin duda es uno de los factores de la violencia, pero de lejos el único. Venezuela no es el primer país en donde promueven iniciativas para el desarme, sin embargo nuestra “originalidad”, a diferencia del resto de los países, radica en que no se ha puesto en discusión ni la carrera armamentista del Estado venezolano ni el lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en la sociedad. ¿Es posible promover cultura de paz y políticas integrales de desarme en un país que ha experimentado una progresiva militarización de su sociedad y cuyo presidente le ha declarado la guerra simbólica y discursiva a casi la mitad de su población?
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Leo y difundo: Luisa Pernalete: “Plan de educación militar promueve la sumisión ciudadana”

La Gaceta Oficial 39.641, del pasado 24 de marzo, mereció unas reflexiones por parte de la coordinadora del área de Educación para la Paz y la Ciudadanía del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, Luisa Pernalete.

La investigadora lamenta que en lugar de atender problemas como “120 mil embarazos en menores de edad, lo que nos convierte en el país con el mayor índice de embarazos precoces en América Latina; niños que se inician en el alcoholismo a los 12 años; la violencia como principal causa de muerte en los jóvenes; un altísimo grado de delitos cometidos por adolescentes y estudiantes que son asaltados yendo para el liceo”, el Gobierno se ocupe de cimentar bases castrenses en la población.

Marcos David Valverde
mdvalverde@correodelcaroni.com

“Trabajar en educación es enseñar a los muchachos a discernir, a saber distinguir frente a lo bueno y lo malo y a reflexionar”
Esa noche Luisa Pernalete no pudo dormir. La Gaceta Oficial 39.641, del 24 de marzo pasado, la dejó compungida.

¿Qué contenía ese documento que causó tal efecto en la coordinadora del área de Educación para la Paz y la Ciudadanía del Centro de Formación e Investigación “Padre Joaquín”, perteneciente a Fe y Alegría? Nada menos que el Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

No le teme tanto a las escasas especificaciones del documento, sino al superávit de confusiones que se derivan del lineamiento central de lo que allí se plantea: la educación para la defensa como eje integrador del sistema de educación en Venezuela.

“Tú la lees una y dos veces y no acabas de entender algunas cosas. Claro, uno no se lanza como alguna gente de extrema oposición que, de una vez, le dice que no a todo, pero es que hay muchas cosas que decir al respecto”, reflexiona.

Punto de partida
La coordinadora resalta un aspecto que considera de extrema importancia: la educación militar no es una novedad en Venezuela. Es más: su nacimiento y consolidación fue una obra de la IV República.

Destaca Instrucción Pre-Militar como parte de la carga académica del ciclo diversificado en Venezuela y los liceos militares. Sin embargo, y basada en este último caso, se refiere a la salvedad: estos son hoy opción y no obligación, como se pretende con el nuevo decreto.

“¿Qué es la educación militar? Cuando uno se refiere a la educación militar, no se basa en una serie de personas conversando alrededor de un café y discutiendo lo que se va a hacer dentro de una hora. Esa no es la educación militar. La educación militar supone obediencia, acatar, subordinar y pasar a la acción sin que medie el pensamiento”, advierte.

En contra de la paz
La gravedad del asunto, explica la educadora, es que la educación militar no es, precisamente, un instrumento para fomentar la convivencia pacífica entre los estudiantes.

Es por ello que insiste al ahondar en los vericuetos del eje integrador del Plan de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“El eje integrador es mucho más que una materia. Si tú pones la defensa integral de la nación como un eje integrador, sometes a todos a eso. Eso significa que tu proyecto educativo gira alrededor de eso”.

Los contenidos en manos del viceministro de la Defensa, así como la participación directa de las milicias son otros de los puntos susceptibles de análisis.

Pero, sin dudas, la intención, según Pernalete, queda al descubierto cuando se revisa el documento original. “Hay algo peor: cuando ves los gráficos de la resolución ves que el Ministerio de la Defensa está arriba, mientras que el de Educación está abajo”, apunta.

Obviando la realidad

Baladí. En eso se convierte un Plan Militar de Educación Militar cuando se observa el entorno y las realidades de Venezuela.

“El principio de realidad concreta de la educación popular, (es decir) lo que tenemos en las comunidades, es lo que tenemos que analizar: 120 mil embarazos en menores de edad, lo que nos convierte en el país con el mayor índice de embarazos precoces en América Latina; niños que se inician en el alcoholismo a los 12 años; la violencia como principal causa de muerte en los jóvenes; un altísimo grado de delitos cometidos por jóvenes y adolescentes y muchachos que son asaltados yendo para el liceo. Esas son las realidades”, detalla.

Son esos problemas los que, insiste, deben ser enfrentados con educación, una, por cierto, de calidad, pues “la actual tiene bajísimos niveles. Eso se refleja en que los niños salen leyendo mal de sexto grado, y los bachilleres salen leyendo y escribiendo muy mal”.

La alternativa

La realidad venezolana, manifiesta Luisa Pernalete, es abrumadora. No existe, por lo tanto, cabida para desarrollar estrategias militaristas que tengan como fin cobijar la educación. Por ello, somete a discusión una alternativa.

“¿Por qué en vez de poner como eje integrador la defensa, no ponemos a la convivencia pacífica? Yo hago esa propuesta. ¿Es integrador el sistema de defensa integral de la nación, como si tuviéramos una amenaza de guerra? ¿Qué país nos ha declarado la guerra a nosotros? Es innecesario, porque si me dieran a elegir un eje integrador, pondría la convivencia pacífica y el respeto a las normas. Aquí nadie respeta un semáforo, o a una señora en una cola o a un anciano. Ese sí debe ser nuestro eje integrador para que podamos vivir en paz”, argumenta.

Y, por encima de todo, sentencia que hoy Venezuela no requiere una educación que fabrique subordinados, sino un sistema que garantice la formación crítica.

“Trabajar en educación es enseñar a los muchachos a discernir, a saber distinguir frente a lo bueno y lo malo y a reflexionar ante cualquier tentación que tenga. Esa no es la educación militar. La educación militar es todo lo contrario, entonces uno dice: ¿De verdad es esto lo que estamos necesitando para el país?”, cuestiona.

Fortaleciendo herramientas

Luisa Pernalete señala que ya Fe y Alegría se encuentra planificando, a través de talleres, las herramientas para consolidar la propuesta de convivencia pacífica, en contraposición al eje de defensa integral de la nación.

“Estamos preparando ponencias para el seminario nacional de la AVEC (Asociación Venezolana de Escuelas Católicas) sobre educación para la paz, además del Encuentro de Constructores de Paz, que va a ser en mayo”, asomó.

Venezuela: Siete preguntas sobre el recientemente aprobado Plan Integral de Educación Militar

Rafael Uzcátegui

1) ¿Qué es el Plan Integral de Educación Militar (PIEM)?

– Es un plan publicado en la Gaceta Oficial número 39.641, de fecha 24 de marzo de 2011, que tiene como objeto “formular, con una visión de largo plazo, las políticas, estrategias, objetivos y líneas generales de acción, para orientar los procesos de planificación y coordinación, organización, ejecución, control y evaluación de las actividades educativas de la Modalidad Educativa Militar” por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

2) ¿El PIEM solamente afecta a los miembros de la FANB?

– No. La ley establece que la denominada “Educación para la Defensa Integral” es un eje integrador del Sistema Educativo Nacional. La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional impulsa la aplicación de la gestión de la modalidad educativa militar, más allá de los ámbitos castrenses, a objeto de “integrar a la sociedad venezolana en defensa de la patria”. Por ello se establece que la “Educación para la Defensa Integral” debe transversalizar al Sistema Educativo Nacional, a los fines de “promover, integrar y facilitar la participación social en la defensa de la soberanía, la identidad nacional e integridad territorial, en coordinación con los órganos nacionales con competencia en materia educativa”.

3) ¿De qué manera se establecerá el PIEM en el país?

– El Ministerio de la Defensa implementará “círculos de estudio y trabajo” en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuya temática estará centrada en la “Educación para la Defensa Integral”. Por otra parte los civiles, tras la coordinación entre los despachos Viceministerio de Educación para la Defensa, Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que cursen estudios en los subsistemas de educación básica y universitaria, ya sean públicos o privados, estudiarán de manera obligatoria la materia “Educación para la defensa integral”. Esta materia será implementada por parte de la Milicia Nacional Bolivariana, “a los fines de garantizar el cumplimiento de su misión, la cual estará orientada al entrenamiento, preparación y organización del pueblo para la defensa integral de la nación”.

4) Para los y las civiles ¿Cuáles serán los contenidos de la materia Educación para la Defensa Integral?

– Según la ley los contenidos estarán basados en el llamado “Nuevo Pensamiento Militar Venezolano”, cuyos objetivos generales son 1) Profundizar en la conformación de una capacitación del talento humanos para solidificar las dimensiones cívico-militares y 2) Difundir la importancia del pensamiento de los precursores, emancipadores y próceres venezolanos a fin de afianzar los valores en lo relativo a la identidad nacional”. Los contenidos concretos de la materia serán definidos por el Viceministerio de Educación para la Defensa.

5) ¿Desde cuándo entra en vigencia el PIEM?

– A partir de su publicación en la Gaceta Oficial, lo cual se hizo el pasado 24 de marzo de 2011.

6) ¿En qué leyes y normativas se fundamenta el PIEM?

– Según lo publicado en Gaceta Oficial en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); Artículo 30 de la Ley Orgánica de Educación (2009); Artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2009); Artículos 1 y 3 de la Ley de Universidades (1970); Artículos 8, 9 y 10 del Reglamento Educativo Militar y Artículos 2 y 9 de la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades (2005). La justificación del plan argumenta como base la Constitución, pues la misma “contempla un proyecto país, cuyas normas imponen la necesidad de implementar un nuevo modelo de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que satisfaga las exigencias que demandan los procesos de transformación a nivel nacional, regional y hemisférico”. Se afirma que la Educación Militar “ha sido reconocida por el Estado como fundamental para alcanzar los fines de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la nación (…) La Educación Militar cobra más fuerza y preponderancia con la publicación de la Ley Orgánica de Educación por cuanto asegura el cumplimiento de la FANB, contenida en la CRBV, además de contribuir con el “Estado Docente” en la promoción, integración y facilitación de la participación social de la ciudadanía en la defensa de la soberanía, la identidad nacional e integridad territorial. En consecuencia se establece una nueva orientación que no sólo se circunscribe a la dimensión militar, toda vez que proporciona herramientas jurídicas para la promoción y consolidación de la unión cívico-militar en el seno de la sociedad venezolana, las cuales permiten fortalecer la interrelación del pueblo con la FANB”.

7) Si no estamos de acuerdo con la materia “Educación para la Defensa Integral”, ¿Qué podemos hacer?

– Esta normativa no es irreversible y se fundamenta en una particular interpretación de la Constitución y en la progresiva promulgación de artículos, dentro de leyes, que de manera antidemocrática están imponiendo el proyecto denominado “Socialismo del Siglo XX!”. Por otra parte es falso que la defensa de la independencia y la soberanía, lo que sea que entendamos por estos conceptos, deba pasar por formar parte, de manera directa o indirecta, de las Fuerzas Armadas. Esta normativa anula el derecho constitucional a la objeción de conciencia, artículo 61, bajo la cual muchas personas rechazamos ser parte, de cualquier manera, en ejércitos y/o planes militares. El propio artículo 350 de la CRBV establece que “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. De cualquier manera, solo la organización, movilización y denuncia de la gente desde abajo es la que limita las arremetidas opresoras de cualquier poder y las que podrán enfrentar la progresiva militarización de la sociedad venezolana.

No al ejército en las aulas