Esa desconocida llamada Consulta Previa

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Entre el 2 y 3 de junio, el Estado venezolano rindió examen ante las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Uno de los motivos de preocupación para este comité de la ONU fue que las consultas a los pueblos indígenas no se realizan de manera regular y con plenas garantías

Rafael Uzcátegui

Ha sido reconocido por las organizaciones indígenas del país y sus aliados, que el marco normativo presente en la Constitución, el denominado Capítulo VIII de la Carta Magna, es ampliamente garantista en materia de derechos de los pueblos originarios y en sintonía con los estándares internacionales en la materia. Sin embargo, como lo ha planteado el profesor Vladimir Aguilar del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, los tiempos del derecho no se han correspondido con los tiempos de la realidad. Por una serie de circunstancias, los derechos indígenas presentes en la Carta Magna se están convirtiendo en letra muerta. Si bien el caso más conocido ha sido la deuda en la demarcación de sus territorios, que debió haberse concluido en el año 2001 y hoy apenas alcanza un 13 % de cumplimiento, hay un segundo derecho de igual trascendencia para los pueblos indígenas, que a pesar de haberse incluido en la Carta Magna, no se ha materializado en ninguna oportunidad desde el año 1999. Se trata del derecho a la consulta previa, libre e informada, un tema ignorado por las diversas autoridades y ausentes del discurso reivindicativo de las propias organizaciones indígenas.

El derecho a la consulta previa ha sido escasamente demandado por el movimiento indígena venezolano. Las razones, a nuestro juicio, son dos. La primera la escasa información sobre el alcance del derecho y las experiencias internacionales de justiciabilidad. La segunda, que también puede explicar la anterior, es la fragmentación y cooptación del movimiento indígena

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Resolución 008610 y astillas del mismo palo

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Pablo Fernandez: Funcionario o “activista”, según convenga

Rafael Uzcátegui
A raíz de la promulgación en Gaceta Presidencial de la resolución No. 008610 del 23 de enero de 2015, que permite la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en su conjunto, en labores de mantenimiento de orden público en el contexto de manifestaciones, diferentes organizaciones de derechos humanos del país hemos cuestionado la constitucionalidad de la norma.

La iniciativa vulnera abiertamente lo expresado en los artículos 68, 329 y 332 de nuestra Carta Magna y se coloca de espaldas a diferentes resoluciones de los organismos internacionales en la materia, lo cual incluye la sentencia de reparaciones en el Caso de El Caracazo, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos expresan la necesidad de separar, claramente, las labores de defensa nacional a ser realizadas por el ejército, a las de seguridad ciudadana. En el caso de nuestro país, diferentes normativas incorporan la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el caso que los cuerpos policiales sean rebasados por los hechos. A raíz de los hechos del año 2014, donde funcionarios de la GNB se vieron involucrados en diferentes violaciones, es necesario regular los patrones de actuación de este cuerpo. Pero al permitir al conjunto de la FANB (Armada, Ejército, Aviación y milicia) ejercer funciones de orden público se estarían generando condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos.

A raíz de la opinión de las organizaciones del Foro por la Vida y de otras como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una iniciativa denominada SurDH ha emitido un pronunciamiento denominado “Sobre la Resolución Nº 8610 y el control de orden público en manifestaciones” que ha sido difundido en diferentes medios de comunicación. Allí, sus integrantes legítimamente expresan su opinión sobre la resolución, lo normal en una sociedad democrática. Sin embargo dentro de su texto incurren en la descalificación y criminalización del resto de organizaciones, actitud reprobable para alguien que se califica de activista en derechos humanos.

SurDH es una iniciativa reciente, conformada por antiguos miembros de las ONGs que cuestionan y que hoy son funcionarios del gobierno venezolano, cosa que omiten deliberadamente. Si bien han denunciado algunos casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría de sus esfuerzos públicos durante su trayectoria se han enfocado a la descalificación de las ONGs independientes. En su texto reciente afirman “a SurDH le sorprende la conmoción que ocasionó la Resolución (…) y en algunas ONG alineadas con la oposición, que la denunciaron de manera virulenta como un instrumento de represión, contrario a derechos. En particular, resulta escandaloso que organizaciones de DDHH que se presentan a sí mismas como de un alto perfil técnico, se sumen a una estrategia burda, carente de todo fundamento”.
El comunicado es firmado por Ana Graciela Barrios, Antonio González Plessmann, Cristóbal Cornieles. Lucrecia Hernández, Pablo Fernández y Marieva Caguaripano, los dos primeros miembros del equipo de Provea durante muchos años, y el cuarto, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz hasta fecha reciente, precisamente dos de las organizaciones que han estado activas en rechazar la constitucionalidad de la medida. En el caso de González Plessman y Barrios son miembros de la estructura de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (http://bit.ly/168Ql0O). Curioso que descalifiquen de esa manera una ONG que dirigieron y de la aún forman parte.

González, en diferentes ocasiones ha intentado criminalizar el trabajo de Provea al acusarla de “liberal” y estar alineada con la oposición, continuando el matriz descalificatorio implementado por diferentes gobiernos durante los 27 años de historia de Provea. Es curioso que durante sus años en Provea, como coordinador de área, haya aprobado afirmaciones como: “El lado más débil y la limitación más importante de la concepción socialista de los derechos humanos surge al negar unos derechos (las libertades individuales) para alcanzar otros (derechos sociales). Esto sucedió en la mayoría de los países socialistas, donde se relegaban ciertos derechos civiles y políticos (libertad de expresión y de pensamiento, de asociación política, de manifestar), en el entendido de que no podía haber contradicción entre los ciudadanos y que el Estado representaba y garantizaba todos sus intereses”, apostando en ese momento por la universalidad e interdependencia de derechos, cosa que parece olvidar. Este mismo González, que alguna vez fue víctima de los ataques de Eva Golinger al acusarlo de ser personalmente financiado por Estados Unidos, hoy repite sus mecanismos de manipulación y descalificación.

Provea apuesta por el diálogo democrático como mecanismo para la resolución de conflictos. Pero hemos exigido, tanto los altos funcionarios gubernamentales, como a los pequeños que integran SurDH, que se haga con respeto. Sin perder el foco en nuestra misión, que es el apoyo a las víctimas de violaciones a los DDHH, les decimos: Los ataques no nos intimidan y no harán que nos inhibamos ante el desconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución y el aumento de la pobreza.

La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu

territorio Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa. Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.

Bachaqueo de corbata y uniforme

Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con camiones y pipas cargadas”.

La doble discriminación hacia las mujeres wayúu

Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia (FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.

Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás, incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “no podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.

La deuda social

Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la militarización está afectando las propias tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.

Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o viceministerios”.

El diálogo como camino

José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”. (Publicado en El Cambur)

Militarización en territorios wayúu

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Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a la zona, y tras reuniones con organizaciones sociales locales, pudimos corroborar las denuncias sobre criminalización y militarización en el territorio wayúu.

Para cualquier que quiera verlo, es evidente la discriminación que existe en el estado Zulia contra la etnia wayúu, quienes son el pueblo indígena más grande del país y cuyos miembros, según el último censo indígena, son más de la mitad de la población originaria del país. Para trasladarnos a Paraguiapoa tuvimos que trasladarnos hasta la “bomba Caribe”, conocida como el “terminal wayúu”, a las afueras de la ciudad. Un terreno baldío, sin el mínimo de infraestructura o servicios, es el abreboca del drama cotidiano que deben pasar las comunidades indígenas que deben trasladarse entre la Guajira y Maracaibo. A bordo de una “perrera”, en un viaje de poco más de dos horas, fuimos testigos de cómo las alcabalas de policías, guardias y soldados extorsionan a los indígenas por trasladar dos sacos de cemento, o uno de maíz en granos.

A comienzos de 2010 las fuertes lluvias inundaron toda la región. Pocos días después el presidente Chávez anunció la creación de los llamados “distritos militares”, de los cuales el primero correspondía a la Guajira venezolana. Se anunció que la presencia de soldados traería la construcción de infraestructura y la gestión de programas sociales. Las promesas se evaporaron cuando el énfasis se cambió al del “combate al contrabando”. Los militares instalaron alcabalas para restringir el paso de alimentos a través del puente del río Limón. Bolsas de alimentos para consumo familiar comenzaron a ser incautadas y presentadas ante los medios como resultado de la “erradicación del bachaqueo”. Por trasladar 5 pollos y 4 paquetes de harina precocida, se iniciaron los arrestos bajo delitos tipificados de contrabando.

Los wayúus han sido históricamente comerciantes. Dos décadas atrás el flujo de productos era inverso: artículos fabricados en Colombia que eran vendidos en los mercados guajiros en territorio venezolano. Usted argumentará que sí hay wayúus que compran en Maracaibo y venden más allá de Paraguachón y es cierto. Lo que es invento de la propaganda es que sean los responsables de la situación actual de desabastecimiento de productos de consumo masivo. Como cualquiera con un poco de sentido común puede concluir, los grandes camiones con mercancías varias que pasan la frontera, con la aprobación de los funcionarios, pertenecen a los grandes “bachaqueros” de cuello blanco o de cuello rojo.

Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con más de 15 años de trabajo en la zona- ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron a Laboratorio de Paz que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, por delitos de contrabando, la mayoría mujeres. (Publicado en 2001)

Discriminación por partida doble

Graffitti en las paredes de Paraguaipoa
Graffitti en las paredes de Paraguaipoa

Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a Paraguaipoa, Perijá zuliano, para conversar con organizaciones sociales de la región, pudimos comprobar la dimensión del proceso de criminalización padecido por el pueblo wayúu tras la militarización de su territorio. Lo que acabamos de decir no es poca cosa. Estamos afirmando que existe la profundización de un proceso de discriminación y hostigamiento contra la etnia más numerosa del país, con más de 400 mil personas según el último censo, bajo la excusa del “combate al contrabando”.

Esta etapa del conflicto comenzó en diciembre del 2010 tras la activación de los llamados “distritos militares” en todo el país. El primero se concretó en el Perijá, con el argumento de iniciar un operativo extraordinario que permitiera solucionar la crisis generada, esos días, por las lluvias en la guajira venezolana. Las promesas de beneficios para la población se las llevó el viento. Lo que quedó fue el discurso que sugiere que todo wayúu es un potencial contrabandista, un “bachaquero” en el argot oficial, y que obliga a todos los indígenas de esa etnia a demostrarle al mundo que son inocentes. Desde ese diciembre el Comité de DDHH de la Guajira, con 15 años de trabajo en la zona, ha contabilizan 13 ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. A pesar del estado de sitio y de la suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales –hay zonas del Perijá donde no se puede transitar-, el gran contrabando de extracción, ese realizado con la complicidad uniformada, continúa.

Como los wayúu son una sociedad matriarcal, las más afectadas son sus mujeres. Las organizaciones regionales nos señalaron que aproximadamente 760 indígenas Wayúu están privados de libertad por delitos de contrabando, y la mayor parte son mujeres. Varias de ellas en prisión –Marite, con porcentajes de 100% de hacinamiento- por haber intentado trasladar 4 paquetes de harina precocida y 3 litros de aceite. Estar en Maracaibo vestidas con su ropaje tradicional las hace víctimas de doble discriminación: Ser mujeres y ser wayúu. Cuando nos contaban la estigmatización cotidiana de la que eran víctimas, no pude dejar de pensar en las feministas oficialistas, tan preocupadas por las mujeres palestinas pero ciegas al sufrimiento de las wayúu. No a la militarización del Perijá. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)

 

Encuentro con Maina Kiai (1)

Momento de nuestra intervcnción en la reunión
Momento de nuestra intervcnción en la reunión

Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de octubre tuvimos la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Washington con el relator del derecho a la libertad de asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, para informarle sobre la situación de Venezuela. En la cita nos acompañaron colegas de toda la región que también compartieron sus problemas.

En nuestra intervención le describimos como la profundización del proceso de militarización en el país ha obstaculizado diferentes derechos en el país. Le comentamos que desde diciembre del 2010 se han creado 10 distritos militares en diferentes partes del país, el primero de ellos activado en la Guajira venezolana, territorio wayúu, la etnia más grande del país. Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron que 760 indígenas han sido privados ilegítimamente de libertad y actualmente sometidos a juicios.

Por otra parte le detallamos como en julio del 2014 se aprobó la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”. Un aspecto inconstitucional de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio que sobrepone el estamento militar sobre el civil. A partir del año 2015 la solicitud de este registro será obligatoria y tanto las personas naturales como las jurídicas serán sancionadas si no se incorporan al mismo. Esto viola, explicamos, el derecho civil reconocido en la CRBV a la objeción de conciencia y a su vez, será un obstáculo para el ejercicio del derecho a la asociación, pues las nuevas organizaciones que no posean el mismo no podrán ser reconocidas legalmente, a su vez las organizaciones existentes deberán presentar para participar como sociedad civil en el diálogo con el Estado certificado de incorporación en el registro militar.

A partir del año 2008 el ejecutivo nacional ha implementado un modelo de organización obligatoria denominado consejos comunales (CC). El mismo, le planteamos, ha privilegiado como organismos de participación ciudadana para el otorgamiento de financiamiento y la interlocución con las autoridades.  Un sistema paralelo de organizaciones  que según testimonios de indígenas obedecen y actúan en sintonía al proyecto político gubernamental. Los CC han desplazado otras formas de asociaciones previas, tradicionales, excluyendo y desconociendo a un sector importante de la población. Las organizaciones tradicionales y propias indígenas, como se podrá corroborar en informe entregado han denunciado que los CC indígenas han sido utilizados para legitimar proyectos extractivos en territorios indígenas, como lo refleja el testimonio del indígena yukpa Jorge Montiel, de la organización yukpa Maikilaraalasalii, con quien tenemos contacto.

La próxima semana continuaremos relatando los temas planteados a la relatoría de derecho a la asociación, para que sean incluidos en su próximo informe.

(Publicado en 2001)