La crisis del pensamiento crítico

Rafael Uzcátegui

A medida que se conoce la obra del madurismo, el chavismo burocrático realmente existente, se amplían los silencios y las críticas de quienes anteriormente eran sus activos defensores. Y no estamos hablando de quienes pasaron por Miraflores a exigir su pedazo de bonanza petrolera “revolucionaria”, como hubo y quedan tantos, sino esos intelectuales que, deslumbrados por la pirotecnia verbal bolivariana, confundieron deseos con realidad y argumentaron que bajo la sombra de Maisanta resurgían los proyectos emancipatorios a nivel global.

Ya hablamos de la rectificación de Noam Chomsky, quien pasó de protagonizar avisos publicitarios del Ministerio de Comunicación venezolano a declarar que “El modelo de Chávez ha sido destructivo”. La lista, cuyos nombres nos reservamos por razones de espacio, hoy incluye al periodista uruguayo Raúl Zibechi, que hasta febrero del 2014 firmaba comunicados galácticos denunciando la ofensiva imperialista sobre nuestro país.

En una conversación publicada en la revista española Libre Pensamiento, Zibechi indica: “Los gobiernos de izquierda no tocaron ni la estructura de la propiedad ni el modelo de acumulación que siguió centrado en la producción de materias primas con lo que la matriz productiva se reprimarizó, perdiendo peso la industria en todos los casos. (…) -no se pudo- salir de un modelo que funcionó mientras hubo altos precios de los productos de exportación y ahora que esos precios cayeron en picado, la crisis se instaló”.  Más adelante, el uruguayo apunta: “Los que reciben las subvenciones son “beneficiarios”, pero no ciudadanos con derechos (…) La cooptación de movimientos enteros, por la combinación de las subvenciones y la designación de dirigentes y cuadros en las instituciones estatales. De ese modo, los movimientos perdieron su capacidad de acción y de crítica”. Ante la pregunta sobre el papel de la izquierda, expresa: “además de no hacer cambios de fondo, estructurales, se corrompieron. Este es un punto de no retorno. ¿Cómo se recupera la credibilidad después que te corrompiste?”. En una frase que calza perfectamente a Venezuela afirma: “-Se- subordinó a muchos intelectuales que habían jugado un papel importante en la década de 1990. Ahora el campo del pensamiento está mucho más confundido que antes, con análisis muy mentirosos que acomodan la realidad a los intereses que los escribas defienden. Hay todo un discurso que consiste en culpar de todo lo malo a la derecha y al imperio”. Hasta el 2014 Zibechi era publicado generosamente por todos los medios estatales. Hoy sus palabras sólo las podrá leer en Tal Cual. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Seguid el ejemplo…

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Rafael Uzcátegui

El principal valor que tiene una organización de derechos humanos es su propio prestigio, construido a partir de la veracidad de sus denuncias y su cuidado en el uso del lenguaje para caracterizar hechos y situaciones. Desde 1988 Provea ha trabajado en base a los principios en derechos humanos, independientemente del color y signo del gobierno de turno. Fue así como, en 1993, visitamos a Hugo Chávez en Yare para constatar su situación de privación de libertad. Ese mismo año asesoramos al sindicalista Nicolás Maduro, por hostigamiento a su libertad sindical. En el 2002 repudiamos el golpe de Estado y solicitamos medidas cautelares de protección para Tarek William Saab y el propio Hugo Chávez. Y posteriormente, condenamos todas y cada una de las violaciones de derechos humanos ocurridas en sus gobiernos.

Con el rigor que nos caracteriza, luego de 28 años de trabajo en la promoción y vigencia de los derechos humanos, desde el pasado 20 de octubre de 2016 hemos calificado al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, una del siglo XXI. Ese día se cumplieron las amenazas realizadas por altos voceros del Ejecutivo en varias oportunidades, incluyendo al primer mandatario, de no permitir elecciones hasta que el gobierno pudiera ganarlas. Por ello consideramos que no nos encontramos ante una simple dilación de los procesos electorales, por motivos jurídicos, sino ante un aplazamiento indefinido. Si bien la posibilidad de votar no es lo único que define a una democracia, definitivamente la inexistencia de elecciones impide calificar a cualquier gobierno de democrático.

Nos encontramos ante dictaduras adaptadas a los nuevos tiempos, gobiernos que llegan al poder mediante las elecciones pero que usan los mecanismos de la democracia para asfixiarla y perpetuarse en el poder

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Provea: A partir del 20-0, gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización que durante sus 28 años de existencia ha ganado respetabilidad debido a la credibilidad de sus análisis y denuncias. Con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza, compartimos la siguiente toma de postura ante la opinión pública: A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. No estamos en presencia de la simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pueda obtener resultados favorables en las urnas. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo.

La decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos del país como la ruptura del hilo constitucional. En ese momento la posibilidad de expresarse mediante el voto nos impedía calificar la situación como de “dictadura”, derecho que no existe hoy con las garantías que existieron, hasta por lo menos, el pasado 6 de diciembre de 2015. La decisión simultánea de tribunales penales suspendiendo el Revocatorio, afirmando su evidente subordinación al poder Ejecutivo, y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de plegarse a decisiones ilegales de esos tribunales penales regionales, quienes no tienen competencia para suspender sufragios, dieron una estocada a lo que quedaba de democracia en el país. Suspensión del revocatorio que se realiza tras haberse expresado la voluntad del pueblo cumpliendo con dos de las fases del procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral y aprobado la validez de las firmas, expresa que ya no existen condiciones para convocar eventos comiciales de manera ecuánime y transparente, salvo que se restituya el orden democrático.

La democracia no es un valor absoluto. La dictadura tampoco lo es. No estamos en presencia de una dictadura clásica, como la que enfrentaron en décadas anteriores las ONG de derechos humanos en países hermanos como Argentina o Chile, donde las condiciones permitían el asesinato y desaparición de centenares de personas. Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder. En el actual caso venezolano sustentado en el apoyo del sector militar y en el uso del poder judicial para criminalizar y neutralizar a la disidencia. América Latina hace menos de dos décadas tuvo una experiencia similar en Perú con el fujimorazo que cercenó las libertades democráticas en ese país y que culminó gracias a la lucha de la población reclamando la restitución de la democracia.

El gobierno venezolano se ha puesto al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur. Se ha puesto en contra de los postulados democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La gran consigna del movimiento social venezolano debe ser la defensa del derecho a evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, a través del mecanismo del Referendo Revocatorio, en el plazo más corto posible, como primer paso para la recuperación de la democracia en el país. Para ello se deben articular todos los sectores teniendo la no-violencia como principio irrenunciable, rechazando las provocaciones de los entes estatales para desviarse de ese camino. No es tiempo de silencio ni de inhibiciones, sino de defender la Constitución y la democracia frente al arrebato dictatorial y autoritario. La vigencia de los derechos humanos depende de ello.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 23 de octubre de 2016

ONG y Referendo Revocatorio

Rafael Uzcátegui

El mecanismo revocatorio incluido en la Constitución mediante referéndum, como único dispositivo de democracia directa, fue una de las novedades de la Carta Magna de 1999. Por ello su activación ha significado un aprendizaje democrático para el país. Su lógica es permitir que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los cargos electos por votación popular, al cumplirse la mitad de su mandato. Si el mismo ha sido eficiente y ha cumplido las expectativas de los electores, el funcionario sería reiterado en sus funciones. En caso contrario, los electores deciden apartarlo de sus funciones para que sea sustituido por otro que pueda conseguir mejores resultados en la gestión pública. En vez de obtener un cheque en blanco por el período para el cual han sido electos, presidentes, alcaldes y gobernadores tendrían la presión de mostrar resultados positivos en el ejercicio de sus labores para poder salir airosos de la posibilidad del escrutinio de la contraloría social y ciudadana. Por ello la inclusión del mecanismo revocatorio constituyó un paso más allá de la tradicional democracia delegativa y representativa venezolana que ha sido hegemónica hasta el día de hoy.

Si un funcionario o funcionaria, seguro de sí, promueve la evaluación a su gestión a la mitad del período, y sale aprobado por la consulta popular, se relegitima. Recordar que el propio Hugo Chávez, en el año 2004, calificó la activación del mecanismo por un grupo de electores como un “Referendo Confirmatorio”. Los resultados le dieron la razón, de una manera tal que sus opositores no intentaron promover un nuevo revocatorio durante su período presidencial comprendido entre los años 2007 al 2013.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización

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Privatización bolivariana

Rafael Uzcátegui

En un reciente artículo de opinión, a propósito del cobro de un impuesto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el uso del “ozono” en las instalaciones, el profesor Luis Fuenmayor Toro calificó la acción como “privatización del aire en el aeropuerto”. El razonamiento no deja de tener fundamento. A nuestro juicio, formaría parte de una tendencia general promovida por los gobiernos bolivarianos en ejercicio: El progresivo desprecio por lo público y la promoción, por diferentes vías, de lo privado. Paradójico, por decir lo menos, al provenir de un gobierno que se califica a sí mismo como “socialista”. Esta privatización, no obstante, se realiza por mecanismos abiertos o camuflados, incluso una mezcla de ambos. El deterioro estructural de la sanidad pública y el estancamiento de las misiones destinadas al sector salud desentona con la contratación de seguros privados por parte de las propias instituciones gubernamentales, lo cual privilegia el uso de clínicas privadas por parte de sus trabajadores. Quienes no contamos con este beneficio, ante la falta de respuesta de las instituciones estatales sanitarias, nos vemos obligados a acudir a las clínicas particulares. Privatización por la vía de los hechos. Mala señal emitió Hugo Chávez al tratar su dolencia en hospitales extranjeros, un privilegio que la mayoría de los venezolanos no podemos pagar.

Una segunda privatización de facto tiene que ver con el transporte público. El estado de las unidades y los terminales de rutas suburbanas e interurbanas revela por si sólo las consideraciones sobre lo que debería ser la calidad del servicio, privilegiando como única política mantener el bajo precio de los pasajes. El país con el más reducido precio por la gasolina tiene como contraparte el peor servicio de transporte masivo. La presión para solucionar la necesidad de movilización por mecanismos individuales, el taxi o el auto personal, es alta. Por otra parte la popularización de los centros comerciales entre nosotros es reflejo del retroceso del espacio público y, hay que decirlo, su monopolización por intereses privados, incluyendo los de la delincuencia. En este sentido, las diferentes denuncias sobre el uso de funcionarios policiales y militares sería una extensión de la privatización del derecho a la seguridad ciudadana.

Entendemos lo público como el bien común, accesible a todos independientemente de sus particularidades religiosas, étnicas o ideológicas. Si algo se ha “socializado” en los últimos años son los intereses particulares y sectoriales, no realmente los colectivos. Con o sin el adjetivo de bolivariana, como en el resto de los países de la región, la ciudadanía tiene un precio, uno muy alto debido a la poca estima por lo “público” en un país modelado por la renta y la ficción ideologizante petrolera. @fanzinero