Venezuela: Un peor escenario

Rafael Uzcátegui (*)
Especial para Tal Cual

Es prematuro decidir si se participa o no en unas próximas e hipotéticas elecciones parlamentarias. Pero hay que estar absolutamente claro que, en el caso que no se haga, estaremos en una posición más precaria que la actual para alcanzar la posibilidad de una transición a la democracia.

Mientras escribo estas líneas semanales para Tal Cual, venezolanos en todas partes del país llevan más de 20 horas en colas, intentando abastecerse de gasolina para sus vehículos, luego de los anuncios realizados por Nicolás Maduro sobre la distribución del combustible iraní. En diferentes ciudades, pero también ya en Caracas, hay interrupciones recurrentes y no programadas del servicio de agua y electricidad. Bajo confinamiento, aproximadamente 11 millones de venezolanos se quedaron sin su principal fuente de entretenimiento: Directv. El aumento de la curva de contagio de casos sugiere que estamos entrando en la fase de transmisión comunitaria del Coronavirus, que según las proyecciones de la Academia de Ciencias pudiera tener un pico de entre 2.000 a 4.000 casos al día a partir de este mes de junio. Amplias franjas de la población no cuentan con ingresos suficientes para poner lo mínimo indispensable en la mesa de sus hogares, por lo que están obligados a desafiar la cuarentena para intentar percibir algún dinero adicional. La crisis de servicios básicos: agua, electricidad, gas doméstico entre otros, ocasiona que no se puedan cumplir las normas elementales de higiene y seguridad bajo pandemia. Por otra parte, el estado de alarma se utiliza para aumentar los mecanismos de control sobre los venezolanos, incrementando la censura y la persecución, acabando con los resquicios de libertad que quedaban. Mientras el resto del mundo celebrará el dejar atrás la pandemia, en Venezuela seguiremos lidiando con la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y el reinicio de la peor crisis migratoria de la región en las últimas décadas.

El idioma castellano parece limitado en los adjetivos que pudieran describir, en una sola palabra, la profundidad y extensión del daño antropológicos a los venezolanos. Pero si este escenario de por sí es dantesco, todavía pudiera ser mucho peor. Y para darles un ejemplo próximo y concreto, lo invito a imaginarse una Venezuela en la que el gobierno de facto controle la mayoría de la Asamblea Nacional. No la Constituyente ni el parapeto de Luis Parra, sino la legítima Asamblea Nacional que en diciembre de 2015 fue ganada por la oposición con más de dos millones de votos sobre el chavismo.

Seguramente usted, como muchos otros venezolanos, se estremece cuando escucha hablar de elecciones. Luego que Nicolás Maduro consiguió una fórmula para ganarlas siendo minoría, como ocurrió en mayo de 2018, se ha erosionado la capacidad institucional del sufragio para expresar la opinión soberana de la población. Y por otro lado, quizás se contó entre las personas que cultivó expectativas, que luego se fueron desinflando progresivamente, sobre la posibilidad que el poder legislativo sirviera de contención a la deriva dictatorial del gobierno. Estas dos dimensiones no pueden obviarse de cualquier estrategia para defender el bastión institucional que significa hoy la Asamblea Nacional para el proceso de transición a la democracia. Pero reconociendo estos desafíos también hay que reconocer que el amplio respaldo internacional que posee Juan Guaidó, como presidente interino, deriva precisamente de su rol como presidente del hemiciclo parlamentario. Sin ese piso institucional ese apoyo se reducirá significativamente. Y los partidos políticos democráticos quedarán en una situación mucho más precaria que la de ahora.
Un segundo elemento a considerar es el político-simbólico. Tras unas elecciones amañadas, Maduro obtiene más votos sobre los candidatos no oficialistas que le permita asegurarle al mundo que la mayoría alcanzada por el cambio democrático, en diciembre de 2015, fue perecedera y circunstancial. Se evaporaría así nuestro principal dato cuantitativo -tan necesarios como los apelativos principistas y morales- para argumentar que el deseo de cambio en Venezuela es masivo y extendido. Con una Asamblea Nacional a su favor la dictadura se fortalecerá, aprobando leyes a su favor, como la de la explotación intensiva del Arco Minero del Orinoco, por citar solo un caso.

Mantener la mayoría de la Asamblea Nacional no significará mantener inequívocamente el escenario actual. Haciendo una lectura en positivo la posibilidad para que el campo democrático exprese una opinión sobre la propia conducción de la oposición y si su liderazgo, tal y como está expresado el día de hoy, necesita preservarse o modificarse, continuar o corregir el rumbo.
En este momento no tengo respuestas ni propuestas de como debiera defenderse el bastión institucional democrático de la Asamblea Nacional. Lo que si estoy seguro que controlada la pandemia, realmente, el centro de la disputa política será el control del hemiciclo parlamentario, que con alta probabilidad pasará por la convocatoria a un proceso electoral, en condiciones que estarían por definirse. Estas circunstancias están por definirse, y habrá que luchar intensamente por tener algunas condiciones democráticas para la participación ciudadana. Por ahora pongamos todas las cartas sobre la mesa -no debajo de ella- para saber que nos estamos jugando, para que cualquier decisión sea tomada con absoluto conocimiento de causas y consecuencias.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Cuarentena y separación

Rafael Uzcátegui

A estas alturas, espero, no hay que extenderse demasiado para sostener que estamos ante una emergencia que ha paralizado al mundo, desbordando la capacidad hospitalaria en países que parecían tener un sistema de atención blindado, comprometiendo los presupuestos nacionales y generando en la población todos los miedos imaginables debido a los umbrales de desconocimiento sobre el Covid-19. En el caso venezolano Nicolás Maduro y su equipo han dado un tipo de respuesta que, en este texto, no vamos a comentar en sus aspectos específicamente sanitarios (su eficacia en cuanto la prevención, preparación, contención y tratamiento), sino en su dimensión exclusivamente política.

Lo primero que queremos afirmar es que ante el Covid-19, salvo la Cuarentena y la petición de financiamiento del FMI, en su abordaje el gobierno no está tomando medidas extraordinarias, es decir, decisiones que antes no haya implementado. Lejos de entender la gravedad de la situación y convocar a todos los sectores para una respuesta como país a la enfermedad, mediante una suerte de gobierno de unidad nacional frente al Covid-19, su actuación ha repetido patrones de comportamiento existentes previo a la pandemia: Su capacidad de actuación militar, el control territorial a partir del FAES y los “colectivos”, la represión al disentimiento público, un desequilibrio entre la atención a Caracas con respecto al resto de las regiones, la opacidad informativa y la imposición de una narrativa divulgada a través de canales de comunicación hegemónicos. Todo bajo la conducción de una cúpula ligada al PSUV.

Un ejemplo de la jerarquización de las consideraciones políticas sobre las técnicas ha sido la ausencia del ministro de salud Carlos Alvarado en la vocería oficial. Esta omisión no es casual, y forma parte de un modelo de gobernabilidad que ha subestimado permanentemente el conocimiento, priorizando la fidelidad política y la obediencia cuartelaria. Sin embargo, la altura que demanda una crisis como la actual obligaría, según el sentido común, a reunir a la mayor experticia posible repartida en todos los sectores de la sociedad.

los países que lograron concertar y articular un plan entre la diversidad de sectores, a pesar de la premura y las zonas grises sobre el propio virus, no solamente van a tener mejores resultados, sino que saldrán fortalecidos como país de la crisis.

Una segunda idea, vinculada a la anterior, es que la Cuarentena -de nuevo, obviando sus connotaciones sanitarias- constituye el modelo soñado de dominación del chavismo en el poder, el cenit en su estrategia de separación de los individuos y la neutralización de sus capacidades autonómicas de actuación. La pérdida del espacio público, donde las personas se encuentran y se convierten en ciudadanos al acordar medidas para el disfrute común, tiene en la reclusión en la esfera “privada” del hogar la culminación de un mecanismo de opresión basado en la imposibilidad de las personas para la actuación colectiva. Es por esto que la respuesta al Coronavirus es la continuación, por otros medios, de la guerra del Estado chavista contra la sociedad. Y es por eso, además, que no pide el soporte de sus fuerzas vivas a una respuesta concertada a la epidemia. No es lo mismo el decreto de una Cuarentena bajo una democracia, por más imperfecta que sea, que bajo un gobierno dictatorial que usa todo lo que esté a su alcance para su propia perpetuidad. Por si no hemos caído en cuenta, las circunstancias actuales inhiben lo que eran nuestras dos herramientas de resistencia al autoritarismo: La movilización social y la atención de la comunidad internacional. La denuncia, lo último, se hace cuesta arriba por las limitaciones a la verificación de hechos y la amenaza constante de un retraimiento total por el colapso -o censura- de las redes sociales.

En la “Cuarentena social” hay actores que se fortalecerán aun más. El primero de ellos son las Fuerzas Armadas, tanto por su control del espacio territorial como por la gestión y ejecución actual de los recursos. El segundo son las organizaciones paramilitares, los “Colectivos”, que están realizando labores de patrullaje y control en diferentes partes del país y que luego del fin del estado de alarma decretado por Maduro, cuando sea que esto ocurra, se encontraran en una situación más ventajosa en torno al ejercicio del poder, como ellos lo entienden, que antes del 5 de marzo, cuando se supone que arribó el “paciente cero” a Venezuela. Un tercer sector será el propio entorno de Maduro, en litigio con otras facciones del chavismo y, por último, el sector productivo con vínculos o acuerdos con Miraflores.

Si las iniciativas actuales priorizan la invisibilidad sobre la propia contención es altamente probable que nunca sepamos el verdadero impacto del Coronavirus en nuestro país: cantidad de pruebas de despistaje aplicadas, la cantidad de personas afectadas y, finalmente, la cifra de fallecidos. Los diferentes voceros oficiales repetirán que se han tomado las medidas 1) adecuadas y 2) a tiempo, por lo que insistirán que en Venezuela el impacto del Covid-19 será menor que en otros países o similar al promedio regional. Para los peores escenarios ya viene construyendo una narrativa para responsabilizar a las sanciones financieras internacionales y lo que califica como sus aliados internos. Esta es una de las razones del porque hacen pública, entre todas las gestiones realizadas para conseguir recursos, únicamente las comunicaciones al FMI. Salvo que la crisis sea de una magnitud tal que se le escape de las manos, un escenario tan indeseado como poco probable en mi entender, la autoridad de Maduro puede salir curtida de la situación y algunas de las medidas que hoy lucen excepcionales puedan normalizarse con el paso de las semanas.

Como venezolano en aislamiento voluntario deseo profundamente que las medidas tomadas por las autoridades posean el máximo nivel de eficacia posible para contener la enfermedad. Si es más o menos estaría por verse. Pero si de algo estamos seguros, desde ya, es que los países que lograron concertar y articular un plan entre la diversidad de sectores, a pesar de la premura y las zonas grises sobre el propio virus, no solamente van a tener mejores resultados, sino que saldrán fortalecidos como país de la crisis.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Eficacia y legitimidad en el asalto a la Asamblea Nacional

Rafael Uzcátegui (*)

Los recientes hechos ocurridos alrededor de la Asamblea Nacional pueden leerse como parte de los ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra los actores sociales independientes del país, bajo la estrategia que César Rodríguez y Krizna Gómez describieron en su texto “Encarar el desafio populista” (https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/04/Encarar-el-desaf%C3%ADo-populista-WEB.pdf): el socavamiento de dos de sus pilares de actuación fundamentales: Su eficacia y legitimidad.

Estos dos investigadores han documentado los ataques contra los defensores de derechos humanos en diferentes partes del mundo bajo gobiernos y movimientos populistas, encontrando patrones similares para países como Estados Unidos, Hungría, Rusia, Filipinas, India y Venezuela, que no pudieran agruparse bajo la –cada vez más caduca- perspectiva izquierda versus derecha: “los gobiernos populistas han estado aprendiendo entre sí –afirman- hasta el punto que se han realizado ataques iguales en países de distintas regiones”.

Efectivamente, un actor político o social basa sus actuaciones en el logro de objetivos, la eficacia, y la valoración del resto de los actores y sus bases de apoyo, la legitimidad. En el caso de la Asamblea Nacional conformada mayoritariamente por la oposición, en la erosión de estos dos aspectos se pudieran resumir los ataques que comenzaron el propio mes de diciembre de 2015, hasta el cénit del pasado 5 de enero de 2020. Y esto ha sido así por el poderosos mensaje que se transmitió aquel diciembre: por primera vez de manera indiscutible, los antagonistas al bolivarianismo se transformaron, con dos millones de votos de margen, en mayoría electoral y social del país. El 11 de diciembre Venezuela experimentó la sensación que era cuestión de tiempo, mediante los mecanismos de participación político-electoral que seguían, de promover un cambio en el país. Esto alentó a Nicolás Maduro al abandono de la simulación democrática y transformar a su gobierno en una dictadura del siglo XXI. Revertir lo que había pasado, a toda costa, no sólo tenía el componente simbólico y político del ejercicio del poder de manera omnímoda. Como está previsto en la Constitución, aprobada por el propio Hugo Chávez en 1999, cualquier contrato con un tercero debe contar con la aprobación de la mayoría parlamentaria. La profundización de la emergencia humanitaria compleja y las sanciones individuales y financieras contra Venezuela resintieron la imposibilidad de conseguir nuevos financiamientos debido a este veto.

El primer gran ataque contra la eficacia de la Asamblea Nacional fue la calificación de “en desacato” por parte del controlado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de las gestiones formales de los diputados, relativas a los parlamentarios de Amazonas, para dejar de ser calificados de esa manera. Luego vino el ahogo presupuestario, los constantes asedios de fuerzas del chavismo –tanto los grupos de civiles armados como de fuerzas policiales y militares- a los días de sesiones, la neutralización de los parlamentarios más carismáticos mediante la persecución y el exilio, el bloqueo informativo por parte de la hegemonía comunicacional estatal. las reiteradas decisiones adversas sobre su actuación, el hecho legislativo propiamente dicho, por parte del TSJ y, finalmente, la creación irregular de un órgano paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente, sacrificando con ella el último valor simbólico positivo que le quedaba al chavismo: La Carta Magna de 1999. Paralelamente se desplegaron los frentes de ataque a su legitimidad, tanto como poder institucional independiente como a sus integrantes. La primera fue el retiro en masa de los parlamentarios oficialistas, dando contenido a la versión que sólo representaba a un sector del país y cuyas líneas de actuación eran decididas en otro lado del mundo. Seguidamente por una paciente generación de condiciones para que diputados, con o sin resistencia, se incorporaran a la fabulosa maquinaria de corrupción y enriquecimiento súbito creado por el chavismo realmente existente, para luego ser debidamente ventilado en la opinión pública. También debemos incluir los esfuerzos oficiales en agrandar las contradicciones internas de la oposición, que han incluido la utilización de bots para sobrerepresentar matrices de opinión en redes sociales.

Este escenario contó con un ingrediente adicional luego de la fraudulenta elección presidencial de mayo de 2018 y la transformación de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019, en un presidente de facto. Juan Guaidó logró recomponer la crisis de representatividad –aunque fuera circunstancialmente- de los sectores opositores, tanto a nivel internacional como local. El apoyo de una cincuentena de países y las multitudinarias movilizaciones simultáneas en más de 25 lugares de Venezuela durante enero y febrero de 2019, focalizaron los esfuerzos en dinamitar la eficacia y la legitimidad del propio Guaidó. Otra discusión es que tanto sumaron sus propios errores e improvisaciones para materializar el anunciado “cese de la usurpación”, lo cierto es que su figura no sólo unificó durante los primeros meses del año pasado a la mayoría de las bases democráticas del país sino que también personalizaron los ataques del autoritarismo.

Al intentar cuestionar su figura como presidente de la Asamblea Nacional –que genera más apoyos internacionales e institucionales que la de “presidente encargado”, aunque una sea consecuencia de la otra-, Maduro intenta implosionar su legitimidad. Al imponer una junta directiva sin él, que simule ser de oposición y sea cercana a los deseos de Miraflores, su eficacia. Por otra parte, siguiendo el razonamiento en términos de eficacia y legitimidad, los autoritarios pueden pagar un alto costo político a cortísimo plazo matizado luego por la liberación de presos políticos y, especialmente, por decisiones que anuncien la realización de elecciones parlamentarias, en un momento en que ha aumentado la desconfianza ciudadana en la posibilidad de una solución institucional a la crisis venezolana.

La existencia de tres Asambleas Nacionales, contando la Constituyente, ha variado el escenario sociopolítico en momentos de gran incertidumbre, donde la única certeza es el agravamiento de la crisis económica y la salida forzada de los venezolanos que no puedan participar en el naciente espectro dolarizado del país. A todos los gremios nos tocará pensar como ser más eficaces y legítimos en estas circunstancias, especialmente al liderazgo político, donde las decisiones y estrategias sean consecuencia del mayor de los consensos y consultas posible. Cómo enfrentar a una dictadura ha sido un aprendizaje de todos, y aunque todavía estemos encontrando el camino para ser más eficaces, la ausencia de victorias parciales o totales no harán mella de nuestra legitimidad, todo lo contrario.

Un comentario final con una alegoría histórica. ¿Tenía sentido, en julio del año 2000 en el Perú bajo dictadura, dedicar los mismos esfuerzos para cuestionar la figura de Alejandro Toledo y la de Alberto Fujimori? ¿Era eficaz -para quien deseaba regresar a la democracia- el atacar la convocatoria de la movilización de los “Cuatro Suyos” ese mes, liderizada por quien luego sería presidente del Perú, debido a que no se tenía la identidad política “toledista”? En ese contexto, de autoritarismo extremo, graves violaciones a los derechos humanos y ausencia de instituciones al servicio de la ciudadanía, ¿era pertinente en ese preciso momento –aunque una bola de cristal nos revelara el destino del economista y político peruano- la consigna “Ni Fujimori ni Toledo”?

(*) Coordinador General de Provea

Public Radio International: Rabia contra la crisis: la escena punk de Venezuela encuentra una nueva voz en Bogotá

Luke Taylor

El guitarrista deja de jugar con sus pedales cuando el cantante principal, vestido con largas rastas y jeans negros, se acerca al borde del escenario.

“Este está dedicado a la policía”, le dice a la multitud, antes de bajar y unirse a ellos.

La banda crea un agresivo muro de ruido cuando la cantante principal, Susana González, grita letras políticas criticando la opresión y la brutalidad policiales.

Es un sábado por la noche en un espacio cultural nuevo y elevado en un barrio arenoso en Bogotá, la capital de Colombia, y de las ocho bandas en la alineación, cuatro provienen de la vecina Venezuela.

Bogotá ha tenido durante mucho tiempo un gran movimiento punk clandestino: expresiones de contracultura en un país plagado de corrupción, desigualdad y violencia relacionada con el narcotráfico. Pero la escena ha explotado en el último año con más bandas y conciertos que nunca, dicen los seguidores.

Este crecimiento reciente se alinea con el éxodo masivo de los punks venezolanos, algunos músicos veteranos, otros más nuevos en la escena, que han llegado a Bogotá en los últimos años.

El mosh con codos voladores y las botas Doc Marten se aceleran y estalla una pelea entre dos mujeres jóvenes, pero la mayoría de los espectadores están demasiado absortos en la música, o demasiado intoxicados con la barata caña de azúcar fermentada, para darse cuenta.

“Mírame a los ojos sin miedo, sin estrellas en el pecho …” grita González.

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Susana González, cantante principal de Exilio, en su oficina en Casa Rat Trap, el espacio de artes cooperativas en el que trabaja en Bogotá, Colombia, el 19 de octubre de 2019.

González, de 40 años, de la ciudad de Puerto La Cruz, en el este de Venezuela, es una de esas llegadas que cruzó la frontera con su compañero y guitarrista de su banda, Exilio, en julio de 2017.

Como la mayoría de los miembros de las bandas de punk venezolanas en Bogotá, decidió irse cuando la crisis de su país se volvió insoportable. En el caso de González, dice que la presencia constante de un automóvil blindado estacionado en su vecindario para intimidar a los residentes y la imposición de toques de queda estrictos durante un período de fuertes protestas en el verano de 2017 la llevaron al límite.

“Más que no poder tocar en una banda, no es tener electricidad, comida ni agua para beber”, dice. “Y luego está la fuerte violencia: puedes salir, pero no sabes si vas a volver”.

Exilio fue formado por tres migrantes venezolanos que se reunieron en Bogotá después de dejar atrás a sus amigos y familiares para buscar un nuevo comienzo.

A medida que la crisis política y económica bajo Nicolás Maduro se ha intensificado en los últimos años, más de cuatro millones de personas han huido de la escasez generalizada de alimentos y medicinas, apagones y violencia indiscriminada.

La crisis de hoy ha producido una nueva ola de jóvenes enojados que expresan su ira a través de pesados ​​riffs de guitarra y voces aullando. Siguen los pasos de los punks que produjeron algunas de las bandas más feroces en Venezuela en respuesta a la agitación política durante la década de 1990. Pero la ira sin precedentes ha transformado por completo la subcultura.

Los jóvenes se han visto afectados por la gravedad de la crisis, dice Johnny Castro, bajista y cantante de la banda Apatía No, otro miembro de la diáspora que ha hecho de la capital andina su nuevo hogar.

“Puedes ser un punk en tu propia casa, y puedes usar la ropa, pero afuera es bastante difícil ser un punk cuando no tienes dinero para cuerdas de guitarra”, dice.

Llegar a fin de mes es difícil, pero existe el desafío de vender entradas para conciertos cuando el salario mínimo de Venezuela es de $ 2 al mes. Tocar guitarras eléctricas durante un corte de energía plantea otro desafío.

Algunos de los lugares más grandes de Venezuela se han visto obligados a cerrar y algunas de las bandas más grandes se han exiliado en todo el mundo.

Los que permanecen se acercan al chavismo para obtener fondos estatales o tocar en conciertos organizados por el gobierno para promover el régimen de Maduro, según Castro.

El guitarrista de Apatía No está en Alemania, su batería está en México, y Castro, el cantante y bajista, vive en Colombia. Solo se reúnen cuando viajan al extranjero en Europa o los Estados Unidos.

“Mientras que muchos músicos sueñan con viajar por el mundo, las bandas venezolanas sueñan con volver a casa”, dice Castro.

Pero aunque los jóvenes músicos están triturados, no están rotos del todo.

En Venezuela, algunas bandas continúan tocando gracias al apoyo de una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, Provea. La ONG ayuda a muchos que de otro modo no podrían hacerlo a grabar, producir, lanzar y distribuir su música.

Sus dos compilaciones de “Rock Contra la Dictadura” han permitido que 32 bandas graben y expresen su ira contra el gobierno, y su programa Música por Medicinas, en el que los fanáticos intercambian medicinas de repuesto por CD, está obteniendo suministros médicos muy necesarios para los necesitados. .

Los programas de Provea promueven los derechos humanos a través de la música y la cultura en un momento en que la crisis lo está matando, dice su fundador, Rafael Uzcátegui. El objetivo es crear espacio para la resiliencia y la resistencia contra una dictadura, cuando más se necesita.

“La falta de seguridad ha reducido el espacio público y el derecho a la recreación al mínimo”, dice. “Es muy importante ayudar a las personas de nuestro país a seguir haciendo arte y cultura, mostrar su talento y, a través de la expresión, ayudar a las personas a hablar sobre la situación”.

Pero criticar al régimen dentro de Venezuela plantea sus riesgos. El 19 de septiembre, Uzcátegui estaba esperando la entrega de inserciones de CD impresas en su oficina de Caracas para su último álbum, un tributo a las leyendas punk del país. Pero los insertos nunca llegaron.

El material fue confiscado por las fuerzas de seguridad nacional por contener una imagen subversiva tomada por el fotógrafo punk, Nelson Garrido, que representa a un oficial militar uniformado con cabeza de cerdo y un bolsillo lleno de billetes de dólares estadounidenses. El conductor de la entrega fue detenido e interrogado durante 24 horas en la infame prisión de Helicoide antes de que Provea ayudara a su liberación.

En Colombia, las bandas están utilizando su libertad política y su relativa estabilidad económica para criticar la crisis y crear conciencia.

González y el guitarrista de Exilio, Carlos Equiz, dicen que cruzar la frontera cambió su “chip”: de repente, una vez lejos del caos y la propaganda estatal, se restableció su percepción de la normalidad. Pero estaban furiosos.

Su banda anterior, que tenía un sonido más experimental y sobre el “caos celebrado como parte de la naturaleza” ya no servía. Ahora era “la energía y la ira” que sentían dentro de ellos, por lo que formaron una nueva. En lugar de celebrar el insoportable desorden, se oponen a él.

“He tocado en muchas bandas políticas, pero esta es la más política y la más enojada”, dice González. “No se puede hablar de estrellas, soles y planetas cuando hay un presidente matando gente”.

Ahora sus canciones abordan cuestiones que van desde la explotación del medio ambiente hasta las fronteras cerradas y la brutalidad policial.

Mientras que los venezolanos temen el ojo vigilante del servicio de inteligencia nacional, Exilio se alimenta de la libertad creativa recién descubierta.

González sabe que muchos en Venezuela siguen escuchando su música y espera que los “despierte”, haciéndolos tan críticos como ellos lo son.

Para Castro, se trata de correr la voz en todo el mundo a través de conciertos internacionales y hojas de letras traducidas.

La gente se nos acerca en Alemania y nos dice “no puedo creer que esto esté sucediendo”, afirma.

El proceso es catártico y expresa la crisis desde una perspectiva de primera mano sin “victimizar” a quienes la padecen, dice González.

Pero también es una forma de contraatacar.

“Algunos usan Internet para expresarse, otros escriben, pero aprovechamos el hecho de que estamos aquí y nadie puede tocarnos por componer música”, dice. “Las armas u otras armas no son necesarias para resistir, el miedo no es la única herramienta para contraatacar … Es mejor cuando las personas comparten sentimientos”.

https://www.pri.org/stories/2019-11-04/rage-against-crisis-venezuelas-punk-scene-finds-new-voice-bogot?amp&__twitter_impression=true

Provea contabiliza 69 manifestaciones contra Maduro este #12Feb


Luego de corroborar la información, y constatar que las imágenes no correspondían a otro lugar y fecha, Provea puede asegurar que se realizaron 69 movilizaciones contra Nicolás Maduro este 12 de febrero, lo cual reitera, una vez más, el mayoritario rechazo a su gestión y el deseo popular de volver a la democracia, vida con dignidad, justicia social y libertad.

Los lugares donde se registró la indignación de la multitud fueron:

Acarigua
Altagracia de Orituco
Anaco
Barcelona
Barinas
Barinitas
Barquisimeto
Barrancas
Boconó
Cabimas
Cagua
Calabozo
Capacho
Caracas
Caripe
Carora
Carupano
Ciudad Bolívar
Ciudad Ojeda
Coro
Cumaná
Ejido
El Tigre
El Tocuyo
El Vigia
Guanare
Guasdualito
La Grita
La Victoria
Lagunillas
Los Teques
Maiquetia
Maracaibo
Maracay
Maturín
Merida
Mucuchies
Nueva Bolivia
Ocumare del Tuy
Porlamar
Puerto Ayacucho
Puerto Cabello
Puerto La Cruz
Puerto Ordáz
Punto Fijo
Quibor
Rio Caribe
Rubio
San Antonio del Táchira
San Carlos
San Cristóbal
San Felipe
San Fernando
Santa Barbara
Santa Cruz de Mora
Sierra Imataca
Socopó
Tinaquillo
Tovar
Tovar
Trujillo
Tucupita
Turmero
Upata
Ureña
Valencia
Valera
Valle de la Pascua
Yaritagua

Respuestas para Jungle World sobre la situación venezolana. 06.02.19

Rafael Uzcátegui

Como van a ser traducidas para una nota en la revista alemana Jungle Word, y dediqué un par de horas a responderlas, comparto mis reacciones al cuestionario por si genera más elementos para la conversación sobre lo que pasa ahora en Venezuela

1) Uno tiene la impresión de que Maduro ya ha sido derrotado ¿Esto es así?

R: Nicolás Maduro es un gobernante que aunque está muy debilitado, por la falta de apoyo popular y el aislamiento internacional, sigue ejerciendo el poder real, sustentado en las Fuerzas Armadas y el partido gobernante. El madurismo, lo que hoy gobierna en nombre del chavismo, ha cometido diferentes errores que lo ha llevado a esta situación. El primero fue en el propio inicio de su mandato, en el año 2013, cuando luego de ser electo por un pequeño margen, menos del 2% de diferencia respecto a su contendor de oposición, eligió no promover un gobierno de consensos, como lo sugería la lógica política, sino uno de abierta confrontación. Este primer error tuvo luego un alto costo, además, porque en ese momento estaba emergiendo una crisis económica como consecuencia de la disminución de los ingresos del Estado por la baja de los precios del petróleo en el mercado internacional, algo que algunos analistas llamaron “el fin de la década de los commodities”. El gobierno negó reiteradamente que Venezuela se encontrara en una crisis, lo que generó el peor resultado electoral para el bolivarianismo, cuando en las elecciones para la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, la coalición oficial se ubicó dos millones de votos por debajo de la opositora. Transformado en minoría social y electoral, Maduro continuó actuando de espaldas a la lógica política, no sólo insistiendo en un estilo confrontativo para gobernar, sino también el tomar la decisión de acabar con la precaria institucionalización democrática que quedaba. En marzo de 2016 aprobó una norma, el decreto de estado de excepción y emergencia económica, que pasó a colocarse por encima de la Carta Magna. Meses después, en octubre, decidió suspender irregularmente los procesos electorales pendientes, buscando una fórmula para ganar elecciones siendo minoría. En abril de 2017 ocurre una importante fractura en la coalición gobernante, cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz denuncia la interrupción del hilo constitucional, dando inicio a una serie de protestas masivas en todo el país que duraron 4 meses, que fueron silenciadas a sangre y fuego con asesinato de 150 manifestantes y la detención de miles de personas. Su acierto en ese momento fue haber propiciado el desprestigio del liderazgo opositor, siendo 2018 un año de protestas sociales, por el creciente agravamiento de la crisis, pero no de movilizaciones políticas. El malestar no sólo continuaba, sino que continúa creciendo, incorporando a sectores que antiguamente apoyaban al gobierno. Es por ello que las protestas de 2019 han sido liderizadas por los sectores populares. Hoy nos encontramos en un momento terminal del modelo de dominación bolivariano. La pregunta que nos hacemos un sector mayoritario de la población es, precisamente, si durará horas, días o semanas. Pero hoy parece improbable retroceder a la situación en la que estábamos recién a comienzos de año.

2) Especialmente en Europa, Guaidó es visto como derechista ¿Hay alguna evidencia de esto?

– No la hay. Formalmente Juan Guaidó pertenece a un partido, Voluntad Popular que se identifica a sí mismo como de “centroizquierda” y forma parte de la Internacional Socialista. Si hay que etiquetarlo, lo que más se parece es a un socialdemócrata. El chavismo ha realizado una campaña comunicacional muy efectiva para mostrar a todos sus críticos como “derechistas” y “pro-imperialistas”, financiados directamente por la CIA y la Casa Blanca. A los defensores de derechos humanos, como en mi caso, no sólo nos describe como derechistas sino también como parte de una conspiración internacional contra el socialismo encabezado por George Soros, debido a que Open Society Fundation es uno de los cooperantes históricos de la ONG en la que trabajo, Provea. Es muy curioso, porque Soros es considerado en el resto del mundo como un progresista, pero según el chavismo estaría detrás de todos los ataques históricos contra la lucha de los pueblos y el socialismo. Uno de los mecanismos efectivos de propaganda ha sido la televisora internacional Telesur. La verdad es que la oposición es tan diversa como el país y muchos, como mi persona, rechazamos identificarnos como “antichavistas”, pues nuestros deseos y aspiraciones superan ampliamente esa denominación. El actual conflicto venezolano ha dejado de ser ideológico, izquierda contra derecha, para transformarse en uno en donde se encuentran enfrentados dos modelos de gobernabilidad: La dictadura y la democracia. Además, debo agregar que a la lucha por la recuperación de la democracia hoy se encuentran incorporados diferentes sectores que se continúan llamando a sí mismos “chavistas”. También, desde hace rato, dejó de ser una “lucha de clases”, pues como lo reflejan las 35 personas que fueron asesinadas en las protestas de la semana del 21 al 26 de enero de 2019, pues todas provenían de los sectores populares, los barrios rechazan también, abiertamente, a Nicolás Maduro.

3) ¿Guaidó tiene el apoyo y confianza de la población?

– Antes de responder debo advertir que en Venezuela existe una hegemonía comunicacional y el gobierno ejerce un fuerte control sobre lo que se informa a través de la televisión y radio. Los periódicos impresos casi han desaparecido, y salvo el diario 2001, los que continúan circulando son de línea editorial oficialista. Los venezolanos deben hacer un gran esfuerzo para mantenerse informados, básicamente a través de internet y redes sociales. No obstante, a pesar de la censura, se han realizado dos jornadas nacionales de protesta a favor del regreso de la democracia y en apoyo a la presidencia de la Asamblea Nacional, que Guaidó preside, como único poder legítimo hoy en el país. El 23 de enero se realizaron, según los registros de Provea, 60 protestas simultáneas en todo el país, todas masivas. El 2 de febrero fueron la mitad, 30 manifestaciones, pero igualmente multitudinarias. Juan Guaidó ha levantado la esperanza de la población en un futuro posible, luego que en el 2018 se experimentara una crisis de representatividad en los sectores democráticos. El ambiente en la calle es de mucha expectativa.

4) ¿De qué depende su éxito?

– En mi opinión el principal es representar una cara nueva en la conducción política del proceso de transición a la democracia. Y las evidencias parecen sugerir que no sólo es un rostro diferente, sino también una manera distinta de hacer política. No tener un pasado que pudiera cuestionarse, sino todo lo contrario. Es tan mestizo como lo era Hugo Chávez y de origen humilde, sobreviviente de la tragedia de Vargas y con abuelos, ambos, con carrera militar, uno de los mecanismos de ascenso social instalados por la Venezuela petrolera del siglo XX. Tiene una manera diferente de expresarse en público, lo que ha gustado por diferenciarse de los estilos clásicos de la política del país, hoy bajo cuestionamiento. Forma parte de una generación de líderes políticos que fueron muy golpeados por la derrota en la rebelión popular del año 2017 y que hoy parecen actuar, a pesar de sus diferentes pertenencias políticas, de manera coordinada. Como ningún otro político de oposición, tiene hoy la posibilidad de comunicarse y sintonizar con amplios sectores de la población, en un carisma que algunos recuerdan como similar al que Hugo Chávez tuvo en algún momento.

4) ¿Juega la iglesia un papel en el conflicto?

– Advierto que no soy religioso, pero reconozco el importante papel que la Iglesia puede desempeñar en América Latina en los procesos de transformación política para el disfrute de las grandes mayorías. Crecientemente la Iglesia ha asumido un mayor protagonismo, y ahora mismo se encuentra en un proceso de revisión de su papel de acompañamiento de los sectores populares, luego que el chavismo debilitó todo el tejido asociativo de base en el país, que también afecto el propio rol social de la iglesia. Desde Provea hemos insistido en que la Iglesia debe ser parte del proceso de renovación de los liderazgos en el país, y ya vienen trabajando en esa dirección. Un ejemplo fue que oficialmente se les permitió a los religiosos participar como tales en las manifestaciones a favor de la democracia, lo que simbólicamente es muy poderoso.

5) Desde la inauguración de Maduro la situación de los derechos humanos ha empeorado. ¿Cuáles son los principales cambios?

– Dos fundamentales. Maduro se ha convertido en una gran fábrica de pobreza y exclusión, lo que ha obligado que más de 3 millones de venezolanos, según las cifras más conservadoras, hayan sido obligados a salir del país en pocos años para poder aspirar a tener un futuro. Venezuela experimenta hoy una emergencia humanitaria compleja, generada no por una guerra o un desastre natural, sino por razones políticas que han puesto al límite las condiciones de vida de la población. Esta emergencia es expresa en un limitado acceso de la población a los alimentos y una aguda escasez de medicinas. Para citar una sola cifra, según el Observatorio Venezolano de la Salud 64% de los venezolanos habrían perdido 11 kilos de peso entre los años 2016 y 2017, debido a la disminución en la cantidad de alimentos ingeridos. Recordar que tenemos una de las inflaciones más altas del planeta, estimada para el 2018 en más de 1.000.000% y proyectada para este 2019 en más de 10 millones, lo que hace que cualquier salario devengado por los trabajadores sea absolutamente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. Maduro ha negado esta crisis, argumentando que los problemas son ocasionados por una supuesta “Guerra económica” del universo contra su mandato. Por otro lado, tenemos la propia situación de ausencia de democracia, que su gobierno se haya transformado en una dictadura similar a la de Alberto Fujimori en el Perú de la década de los 90. La impunidad es estructural y no hay ningún tipo de contrapeso o control para los funcionarios, lo que ha generado una gigantesca cadena de corrupción en el sector estatal. Maduro se ha convertido en un ejemplo como la ausencia de democracia genera pobreza y violación sistemática de los derechos humanos.

6) ¿Qué papel juega el FAES, fundado en 2017, en esto?

– Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es una consecuencia del proceso de militarización de la seguridad ciudadana impulsado por Nicolás Maduro desde el propio inicio de su mandato. En el año 2015 se realizaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), que bajo ese peculiar nombre significó una masiva política de criminalización de los sectores pobres en el país y la sistemática violación de sus derechos humanos. El FAES ha sido creado para actuar contra el terrorismo y el secuestro, por lo que su entrenamiento es para realizar operativos de alta letalidad. Esto es contrario al uso progresivo y diferenciado de la fuerza que debería caracterizar cualquier labor de seguridad ciudadana. Luego de la crisis generada a lo interno de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) luego del asesinato del concejal Fernando Alban, en octubre de 2018, y la deserción del 30% de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por la propia crisis económica de los funcionarios de bajo rango, el FAES ha venido desempeñando el liderazgo en la represión en el país. Según cifras de Provea serían los responsables de ajusticiamiento de 205 personas entre enero y diciembre de 2018. El principal objetivo de la actuación del FAES es destruir la capacidad de organización autónoma en los sectores populares y propagar el terror, para que no se desborde en manifestaciones el actual descontento generalizado contra el gobierno.

7) ¿Por qué hay más choques con la policía y las fuerzas de seguridad en las zonas más pobres de Caracas?

– Los sectores populares de Venezuela venían expresando su descontento por las consecuencias de la crisis económica, que incluye la propia crisis de servicios básicos como la luz, el agua, el gas doméstico y el transporte público. Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, equivalentes a 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. En mi opinión en diciembre de 2018 la paciencia de los sectores populares llegó a un límite, cuando fueron literalmente robados por el gobierno cuando pagaron por un pernil, una pieza del cerdo que constituye un plato típico de las fiestas venezolanas de fin de año, que nunca recibieron. En diciembre ocurrieron en diferentes partes del país protestas por el incumplimiento de esta promesa, donde se confrontaba a los cuerpos policiales. Como no es ninguna sorpresa, son los sectores más pobres del país los más afectados por la crisis y quienes durante 2017 y 2018 también fueron parte de la migración forzada venezolana, separando familias en una situación desconocida para un país como Venezuela. En 2019 los sectores populares han liderizado las protestas populares contra el gobierno. Según el perfil de las personas asesinadas, las protestas en los barrios han privilegiado dos estrategias: El cierre de calle, que es una protesta pacífica, y el saqueo, que también es una protesta, pero de naturaleza violenta.

8) Están los grupos paramilitares como los colectivos involucrados en esos ataques?

– Sí. Es un patrón de actuación que comenzó en las protestas del año 2014, se desarrolló ampliamente en las manifestaciones del año 2017 y está siendo utilizado en los actuales momentos. Estos paramilitares representan el principal organismo de control territorial en los sectores populares, por lo que es doblemente heroico el hecho que las personas se hayan atrevido a desafiarlos y protestar en las propias comunidades. Esto explica, entre otras razones, el que las protestas en las zonas populares se realicen en horario nocturno, como mecanismo de protección frente a la actuación de estos grupos de civiles armados, que actúan en coordinación con las fuerzas policiales.

9) ¿Qué tipo de represión usa el gobierno contra las protestas y manifestaciones de calle?

– Además de las estrategias descritas en las respuestas anteriores, alentadas por la absoluta impunidad para los violadores de derechos humanos, hay un perverso mecanismo adicional: El control por hambre. El gobierno vende una serie de alimentos a precio bajo, con el nombre “Comité Local de Abastecimiento y Producción” (CLAP) que para muchas personas es la base de su alimentación, pues los salarios que reciben por su trabajo son insuficientes para comprar los alimentos disponibles en el mercado. Nicolás Maduro ha generado así una estatización de la vida cotidiana de la población. El CLAP es distribuido por personas que son parte del gobierno, y como no hay alimentos a bajo precio disponibles para toda la población, estas personas deben decidir quiénes serán los beneficiados por este programa.  Esto se ha convertido en una gigantesca política estatal de discriminación por razones políticas, pues las personas que participan en una manifestación contra el gobierno, o hacen críticas a través de los pocos medios de comunicación disponibles, son excluidas de este beneficio. Agregar que el CLAP no es ni permanente ni suficiente. Los alimentos entregados para una familia no satisfacen debidamente las necesidades alimenticias durante un mes. Y no hay ninguna garantía que las familias van a recibir los alimentos todos los meses, sino esporádicamente si tienen suerte: Un mes sí, y luego uno o dos meses no. Yo he sido testigo como las personas que distribuyen el CLAP en mi comunidad utilizaron la base de datos de entrega de estos alimentos para señalar tanto a la policía como a los paramilitares cuáles eran los vecinos que estaban participando en las manifestaciones, lo que denuncié formalmente a mediados del año 2017. Este ha sido un mecanismo importante y efectivo de control.

10) ¿Sería posible que las protestas se durmieran de nuevo?

– En este momento en que respondo a tus preguntas, todo es posible en Venezuela. En el año 2017, cuando miles de personas en todo el país protestábamos todos los días en la calle, parecía que estábamos cerca del final de la dictadura, pero finamente el gobierno se impuso mediante la Asamblea Nacional Constituyente. El 2018 fue el año de la desmovilización política, aunque la protesta por razones sociales se mantuvo. Si el actual impulso por lograr una transición a la democracia en Venezuela se detuviera, es muy probable por otro lado que las razones de fondo de la crisis se mantuvieran y que tarde o temprano emergiera un nuevo ciclo de protestas. Afortunadamente hombres y mujeres son, por naturaleza, inconformes y rebeldes. La única manera en que el gobierno pudiera asegurar que dormirá permanentemente la protesta es que nos asesinen, encarcelen o exilien forzadamente a todos y cada uno de quienes hoy adversamos a la dictadura. Y esto, en tiempos de globalización, tiene un alto costo político que Maduro o ningún otro gobernante autoritario de occidente está en capacidad de pagar.

Respuesta para un cuestionario Sloveno

Comparto las respuestas para una entrevista reciente, solicitada por un medio de comunicación de Slovenia, por si sirve para la comprensión. 

– ¿Cómo describirías lo que está sucediendo actualmente en Venezuela?
– Como la lucha de un pueblo contra un gobierno dictatorial, un tipo de autoritarismo diferente al de las dictaduras tradicionales latinoamericanas y cuyo referente anterior fue el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Nicolás Maduro es un gobernante con un rechazo popular mayoritario, como se demostró en las manifestaciones multitudinarias realizadas el pasado 23 de enero en 60 ciudades del país, y muchas más en otros países por parte de los venezolanos que han sido forzados a emigrar.

El deterioro de las condiciones de vida ha motivado que sean los sectores populares quienes hoy encabezan las movilizaciones contra Nicolás Maduro. Luego del fraude electoral de mayo de 2018, y la usurpación de la presidencia a partir del pasado 10 de enero, la Asamblea Nacional, como único poder con legitimidad de origen, ha tomado una decisión política para restaurar la propia Constitución a corto plazo y convocar a elecciones libres en el plazo más breve posible, una ruta para transitar del autoritarismo a la democracia. El gobierno ha respondido con la represión. En este momento 35 personas han sido asesinadas en el contexto de manifestaciones, mientras que 850 personas han sido detenidas, todo en el lapso de una semana.

Los Estados Unidos están intentando promover una salida de fuerza, estimulando que sean los militares venezolanos quienes quiten a Maduro de la presidencia. Por otra parte la Asamblea Nacional está más cerca, hoy, de la estrategia promovida por la Unión Europea, la cual ha sido resumida en tres pasos: 1) Cese de la usurpación; 2) Gobierno de transición y 3) Realización de elecciones. Otros actores internacionales son el Grupo de Lima, por un lado, y México y Uruguay por otro, quienes han realizado una propuesta para la realización de un diálogo entre las partes.

Dentro de Venezuela la polarización que existía en días de Hugo Chávez, chavistas contra antichavistas, no existe. El conflicto ha dejado de ser ideológico para transformarse en el choque entre dos tipos de gobierno, democracia contra dictadura. Hoy son parte de la lucha por el regreso de la democracia sectores que se identifican a sí mismos como “chavistas disidentes”. Algunos de ellos están acordando estrategias con los partidos opositores tradicionales, por ejemplo dentro del espacio “Frente Amplio”.

 

Por último, el gran telón de fondo es una situación de pobreza que condena a la exclusión y el hambre a un sector mayoritario de la población.

– Usted ha advertido que el régimen actual no ha fortalecido realmente a las comunidades y movimientos venezolanos (laborales, ambientales, sociales). ¿Qué les está sucediendo actualmente?

– Los movimientos sociales, como eran conocidos en Venezuela en la década de los 80 y 90, hoy se encuentran debilitados y divididos. Durante los primeros años de Hugo Chávez abandonaron sus agendas particulares de reivindicaciones para asumir la movilización electoral en apoyo o rechazo al chavismo. El gobierno destinó muchos recursos para transformar a los antiguos activistas en funcionarios burocráticos de gobierno, abandonando un auténtico trabajo comunitario. También fueron debilitándose por la lucha por la supervivencia, debido a la situación de alta inflación (más de un millón por ciento en el 2018) y retroceso de la capacidad adquisitiva de los salarios. Finalmente, el tejido asociativo casi desapareció cuando muchos activistas tuvieron que salir, de manera forzada, del país para sumarse a la migración venezolana en el exterior.

Hoy sobreviven algunas redes y movimientos sociales, con muchas dificultades y con sus capacidades de actuación disminuidas. Muchos están sumados a la lucha por el regreso de la democracia. En las condiciones actuales es imposible cualquier proyecto de autonomía individual o colectiva, así que tenemos que volver a un punto, la democracia, donde los proyectos alternativos y las diferentes identidades políticas tengan posibilidades materiales y sociales para desarrollarse.

 

– Leemos mucho sobre miles de refugiados que escapan de Venezuela: ¿quién permanece en Venezuela y cómo vive / sobrevive la gente?

– Hay diferentes cifras sobre la cantidad de personas que se han ido de Venezuela, pero oscila entre los 3 y 5 millones, según los organismos internacionales. Hemos tenidos varias oleadas de migrantes. La primera fue de empresarios, luego de personas de clase media. Luego los siguieron los perseguidos políticos, para sumarse los sectores populares y, finalmente, los propios chavistas. En Venezuela quedan las personas que no se pueden o no se quieren ir. Las clases sociales, como las conocíamos, se han venido difuminando. Ahora la sociedad se divide entre quienes reciben dólares del exterior, por remesas, y quienes no los reciben. Una persona de un sector popular que reciba 50 ó 100 dolares en un barrio vive hoy mejor que alguien de clase media que gana en bolívares por su salario. Las personas dedican mucho esfuerzo cada día por encontrar alimentos y medicinas en el mercado negro. O conseguir alimentos a precios controlados distribuidos por el gobierno.

 

– ¿Quién se está beneficiando de la confrontación actual entre los poderes políticos (Maduro y Guaido)?

– Cada vez que Maduro declara “la guerra al imperialismo”, suenan las monedas en los bolsillos de algún traficantes de armas. A partir del año 2016 la naturaleza del conflicto cambió, así que ya no estamos siendo testigos de una confrontación Chavismo contra Antichavismo, sino entre quienes queremos vivir en libertad contra quienes desean mantener una dictadura. Es ingenuo pensar que no hay intereses económicos en juego, la participación de los Estados Unidos, Rusia, China o la Unión Europea. Pero salir del gobierno de Nicolás Maduro es una condición para quienes queremos sobrevivir dentro de Venezuela y plantear en algún futuro algún proyecto alternativo, o alguna alternativa social libertaria.

 

– Usted ha advertido sobre un modelo de desarrollo y agotamiento de recursos naturales que ha continuado bajo Chávez y Maduro, lo que permite políticas populistas y una gobernanza antidemocrática en crecimiento. ¿Cómo puede ser cambiado?

– Algo bueno de la crisis profundizada por el chavismo ha sido que ha quedado en evidencia el agotamiento del modelo extractivista de desarrollo, perjudicando a comunidades indígenas, campesinas, así como al propio medio ambiente. El modelo populista no está muerto, pero si herido gravemente. Lamentablemente no existe una discusión amplia en el país, debido a la propia situación política, de cómo debería ser la Venezuela post-extractivista. A corto plazo el Estado debe mantener medidas de mitigación del impacto, en los sectores populares, de cualquier política económica que desee corregir la situación del país y detener tanto la inflación como el retroceso de los salarios.

 

– ¿Qué debe pasar para que algo bueno pueda venir a partir de la situación actual?

– Desde el momento en que el modelo de dominación bolivariano dejó de ser popular, de contar con la mayoría social y electoral del país, soy optimista sobre la posibilidad de un cambio. Hoy los sectores populares que anteriormente estaban controlados por el oficialismo se han rebelado. Las personas han recuperado las ganas de participar. Incluso los antiguos aliados de Nicolás Maduro lo han abandonado. La salida del poder de Nicolás Maduro será apenas el inicio de la reconstrucción del país, y de regresar a un escenario donde la acción autónoma de los movimientos sociales pueda ser posible. Donde podamos recuperar el espacio público y desarrollar, libremente, actividades culturales. Los problemas no desaparecerán mágicamente, de hecho aparecerán algunos nuevos, pero la salida del poder de Nicolás Maduro será algo tan bueno que nos permitirá a todos, incluso a los propios chavistas, un nuevo comienzo como país.

Provea: Venezuela debe avanzar a la solución democrática del conflicto garantizando el protagonismo soberano del pueblo

Logo-Provea(Caracas, 24 de enero de 2019). El 23 de enero de 2019 el pueblo venezolano se manifestó masivamente en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. En más de 60 ciudades del país, y muchas otras a nivel internacional, ocurrió una amplia participación atendiendo el llamado, realizado el pasado 12 de enero por la directiva de la Asamblea Nacional, a expresar el descontento en esta fecha emblemática de la historia venezolana. Previo a las movilizaciones se realizaron cabildos abiertos, en distintos estados, también con multitudinaria asistencia.

En contraste, el gobierno de facto convocó a una movilización que contó con una modesta participación de simpatizantes, e igualmente llamó a realizar una vigilia nocturna frente al Palacio de Miraflores “para defender a Maduro”, sin que la población atendiera el llamado. Una situación que contrasta cuando eran convocadas por el presidente Hugo Chávez.

Destaca en la movilización del 23 de enero la amplia participación de habitantes de las zonas populares, los mismos que protagonizaron las protestas por servicios públicos y mejoras en sus comunidades durante el año 2018. En el caso de Caracas han sido las comunidades populares quienes han protagonizado las protestas nocturnas, desde el día 21 de enero, de rechazo a Maduro en zonas anteriormente identificadas como bastiones del chavismo.

Ante el fraude en las elecciones presidenciales y la posterior usurpación de la primera magistratura, la Asamblea Nacional como único poder legítimo ha venido trazando una ruta orientada a rechazar al gobierno de facto, lograr una transición, restituir la plena vigencia de la Constitución y convocar a elecciones. Consideramos que toda solución a la situación compleja y critica del país pasa por garantizar la participación del pueblo en unas elecciones libres, trasparentes e inclusivas en el plazo más corto posible.

Ratificamos la importancia de continuar articulando las fuerzas democráticas para avanzar en el rescate de la democracia. El 23 de enero se inició una ruta que debe garantizar elecciones democráticas con nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral para que exista un árbitro que brinde confianza, tiempo suficiente para su preparación, garantía de participación de todos los partidos políticos que tengan la voluntad de participar sin ningún tipo de discriminación, así como observación internacional calificada.

Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de facto contra las personas que expresan su descontento. Denunciamos que se repiten los mismos patrones del año 2017: El uso desproporcionado de la fuerza, con alto nivel de letalidad contra la población civil. La dictadura ha instituido el accionar de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional, un grupo comando que tiene graves antecedentes de realización de ejecuciones policiales y que no ha sido entrenado para el control del orden público.

Hasta las 2 de la tarde de este jueves 24 de enero más de 26 personas han sido asesinadas en las protestas del día 22 y 23 de enero, en su gran mayoría víctimas de escasos recursos. Las arremetidas contra las zonas populares han sido acompañadas también con allanamientos sin orden judicial, ataque a viviendas, detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos.

Los asesinatos perpetrados por las fuerzas policiales y militares o por colectivos paramilitares al servicio del gobierno, amplían el expediente que cursa en la Corte Penal Internacional en fase de Examen Preliminar, reiterando que son responsables de crímenes de lesa humanidad tanto quienes ejecutan las órdenes como la cadena de mando. Lamentablemente tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo en la actualidad garantizan impunidad para los victimarios.

Exhortamos a la comunidad internacional a seguir monitoreando y apoyando la lucha que libra el pueblo venezolano por el rescate de la democracia. Las iniciativas que se emprendan deben estar enmarcadas en el ámbito del derecho internacional y orientadas a una solución pacífica y soberana para transitar del autoritarismo a la plena vigencia del estado de derecho.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Provea frente al 10 de Enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

(Caracas 8 de enero de 2019) Ante el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.

2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
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Entrevista en El Comercio (Perú): “Ahora hay más pobres en Venezuela que cuando llegó Chávez”

Renzo Giner

“Siempre habrá una luz por la que luchar. Pelearé el tiempo que sea de pelear. Aunque solo ves oscuridad, esto va a cambiar. No puede durar más”, dice el coro de “Molotov” canción de Doctor No, una de las 16 bandas venezolanas que participan en el disco “Rock contra la dictadura”, un proyecto liderado por la organización Provea.

—Como coordinador de Provea has llegado a Lima para entregar el disco a los asistentes a la Cumbre de las Américas…
Las organizaciones de derechos humanos hacemos muchas cosas con un alto contenido técnico, que son importantísimas, como los informes, pero no tan masivas. Los referentes de los jóvenes están en las series, videojuegos, novelas gráficas. Tuvimos la necesidad de dialogar con ellos.

—¿Cómo lo hicieron?
Comenzamos con una radio por Internet asociados con una ONG digital de jóvenes. Luego tuvimos un contacto mucho más cercano con gente que cantaba sobre lo que pasaba en Venezuela.

—Y ahí nació el disco…
Hay algo interesante. Hugo Chávez tuvo la buena idea, en algún momento, de convertirse en un movimiento social, con íconos, una estética y canciones. Por diferentes razones, el gobierno de Maduro ya no es un movimiento, solo ejerce el poder para quedarse de forma indefinida. Del otro lado, en cambio, el grupo que está intentando que vuelva la democracia a Venezuela ha pasado a ser un movimiento. Ellos aportan canciones y encuentros para la ciudadanía. Ahora no solo hay bandas de rock sino artistas un poco más conocidos como Nacho o Franco de Vita que están siendo parte de esto. Esas bandas fueron las que confiaron en nosotros.
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La renuncia

Rafael Uzcátegui

Me puedo equivocar, pero hasta el momento en que esto se escribe las evidencias sugieren que Nicolás Maduro será proclamado la noche del 20 de mayo como presidente por un período de 6 años. Ya en octubre de 2016, cuando se tomó la decisión de postergar los procesos electorales en curso (Referendo Revocatorio y Elecciones Regionales), fui parte de los que opinó que el gobierno había tomado la decisión –tras la experiencia de diciembre de 2015-, de no convocar elecciones hasta que tuviera la garantía de ganarlas, aunque no contara con los votos.

Las elecciones realizadas bajo la Constituyente han dinamitado la confianza en un sector importante de la ciudadanía sobre la capacidad del voto para expresar la opinión del soberano sobre los rumbos del país. Las candidaturas opositoras no pudieron revertir esta opinión. Tampoco plantearon una estrategia adicional al deseo del aluvión de votos, que convirtiera la materialización del fraude en una crisis de legitimidad para el nuevo gobierno.

¿Cómo enfrentar el repliegue, la desazón y la depresión del 21 de mayo? Proponiendo un camino presente en la Constitución. El artículo 233 de la Carta Magna expresa: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.  Un movimiento amplio e incluyente de la sociedad exigiendo la renuncia de Maduro es la manera para que en corto plazo haya elecciones y la voz del pueblo sea escuchada.

Un movimiento nacional por la renuncia de Maduro podría enfrentar la matriz de opinión que, ante la ausencia de otros mecanismos de resolución del conflicto, están apostando por salidas insurreccionales con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, locales o extranjeras. Y esto no es comentarios de los políticos más estridentes, sino que ha venido ganando terreno en los sectores populares. Hay piensa que es una propuesta más prágmática de la renuncia. No obstante, es una declaración de impotencia para quien la enarbola. Es reconocer que no puede hacer nada para influir en los destinos del país. Y en nuestra opinión hay muchísimo por hacer, en vez de esperar a militares salvadores de cualquier nacionalidad. @fanzinero (Escrito para Tal Cual el 16.05.18)

Somos el 70

Rafael Uzcátegui

Lo que sucede en Venezuela es el perfeccionamiento de un modelo de dominación que apareció en el año 90 con Alberto Fujimori en el Perú. Personalidades carismáticas que, en un contexto de deudas sociales acumuladas e instituciones débiles, tergiversan los mecanismos de la democracia para mantenerse, irregular e indefinidamente, en el poder. Los académicos han intentado crear categorías que la expliquen, pero a falta de una mejor denominación, comprensible para el ciudadano de a pié, la ausencia de democracia se entiende como dictadura, una adecuada a los tiempos que corren.

Algunos de sus rasgos, como la cooptación del poder judicial o el control sobre el arbitro electoral se pueden conseguir en gobiernos de diferente signo ideológico (Bolivia y Honduras, por ejemplo), pero reiteramos que es el experimento venezolano donde el autoritarismo experimenta en nuevos terrenos.

Tras haberse convertido en una fábrica de pobreza, el gobierno de Nicolás Maduro sabe que su popularidad no podrá remontar la cuesta que alguna vez conquistó Hugo Chávez. Si tomamos el dato de las dos últimas elecciones, bajo la Constituyente, tenemos que la votación del bolivarianismo realmente existente se ha estancado en un porcentaje alrededor del 30%. La estrategia consecuente es, ante la imposibilidad de aumentar el caudal electoral, reducir la del resto a una cifra menor. El meollo del fraude es impedir que los electores del resto de la oferta lleguen hasta las urnas, inhabilitando candidaturas, dividiendo y enfrentando las coaliciones opositoras, erosionando la confianza en el mecanismo electoral, amenazando con represalias.

Mientras el madurismo socializa la sospecha entre sus contrarios gobierna para mantener incólume su 30%. Durante el 2018 se gobernará sólo para un tercio de la población, mientras el restante sufre los embates de la discriminación como política de Estado. El chavismo, ese movimiento que anunció revolucionar la democracia, finalmente consiguió trampearla para mantener los privilegios del poder.

El resto, para quienes somos el 70%, es poder descifrar correctamente las simulaciones y estrategias del autoritarismo para construir un movimiento democrático e inclusivo, con sus mecanismos de deliberación para canalizar las diferencias y ser lo suficientemente prefigurativos para construir una avanzada de la Venezuela que queremos.

Javier Torres, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, explicó durante su visita al país que la actitud de los partidos políticos cambió cuando se descubrió que el proyecto fujimorista intentaba, contra toda lógica racional política, mantenerse a largo plazo. Para quienes creyeron que era suficiente con esperar a las elecciones presidenciales de 2018 para promover un cambio en el Ejecutivo, la dictadura total constituyente ha derrumbado sus ilusiones. El año que viene nos toca pelear o doblegarnos definitivamente. Tenemos estos días de fin de año para pensarlo. Felices días en familia. @fanzinero

Javier Torres: En Venezuela hay una dictadura como la que sufrió Perú bajo el Fujimorismo

Rafael Uzcátegui, con apoyo de Daniel Klie

Javier Torres, antropólogo peruano y activista de derechos humanos, estuvo recientemente en Venezuela para reunirse con sus colegas de las organizaciones del país y compartir la experiencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDH) en la resistencia contra la dictadura fujimorista. Torres es directivo de la ONG Servicios Educativos Rurales y es analista político para la revista Poder y el portal Lamula.pe. En el año 2012, cuando se inició el juicio contra Alberto Fujimori, era el Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, desde donde se promovió una estrategia jurídica y de movilización ciudadana para lograr ponerlo bajo la justicia.

– ¿Cuáles son las principales semejanzas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Alberto Fujimori?

– Son muchas. Para que haya democracia en un país tiene que haber separación de poderes, prensa libre, tienes que tener elecciones libres. Hay otros elementos, pero estos son los fundamentales. Tanto en el Perú de Fujimori como en la Venezuela de Maduro no hay separación de poderes. Las leyes de excepción que se van dando, las mismas modificaciones o violaciones que estos gobernantes realizan, configura un escenario dictatorial, allí hay una clara semejanza.

Lo otro tiene que ver con un tema de libertad de expresión, que es un factor que tiene que darse bajo determinadas condiciones. El hecho que haya elecciones no garantiza que exista una democracia si el sistema electoral no cumple con los deberes mínimos que deben tener, por ejemplo los calendarios electorales. Un sistema electoral tiene que ser previsible y no debe estar sometido a los caprichos del rol ejecutivo, que es un poco que pasa en Perú y lo que uno percibe en Venezuela. Me parece que lo que tenemos aquí es una dictadura como la que sufrimos nosotros.

Lamentablemente hay sectores que no aceptan esta visión porque hay una perspectiva demasiado conservadora para calificar una situación como “dictadura”. El poder y el Estado pueden funcionar pero no necesariamente son autónomos, que exista un poder judicial no quiere decir que la ley sea igual para todos. En ese sentido hay un trato a la oposición venezolana que no responde a estándares mínimos.

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Dictaduras modernas

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Rafael Uzcátegui

Una comparación entre las experiencias peruanas (Alberto Fujimori) y venezolana (Nicolás Maduro) nos permite hacer una primera caracterización sobre las dictaduras modernas en América latina:

– A diferencia de las dictaduras tradicionales, que llegaban al poder mediante un golpe de Estado militar, las dictaduras modernas llegan al poder mediante elecciones.

– Promueven un proceso de “refundación” del Estado a partir de la aprobación de una nueva Constitución.

Erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario.

– El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a las decisiones arbitrarias y para la criminalización de la protesta y persecución de la disidencia.

Construyen, retórica y legislativamente, un “enemigo interno” que les permita aprobar estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales: Perú guerra al terrorismo, Venezuela guerra económica.

Militarizan el sistema de administración de justicia y utilizan los tribunales militares para enjuiciar a civiles.

– No prohíben, de manera absoluta, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, asociación, manifestación y libre expresión, utilizando las amenazas y agresiones selectivas, las sanciones administrativas y el uso de los tribunales para castigar la crítica y la disidencia.

– Controlan el poder electoral, erosionando su autonomía, y realizan comicios sólo cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables.

– Criminalizan los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos y se retiran de la competencia de tribunales internacionales.

– Utilizan los medios públicos tanto para justificar sus actuaciones arbitrarias como para la criminalización y el desprestigio. Este control de lo que se comunica incluye mecanismos de neutralización contra los medios privados que van desde la creación de medios paralelos, la compra de medios, el hostigamiento y la imposición de medidas administrativas que al aumentar la dependencia del Estado alienta mecanismos de autocensura.

-Realizan un esfuerzo de cooptación de organizaciones sociales que son puestas a su servicio para usarlas en labores político-partidistas e, incluso, como informantes de los organismos de inteligencia.

– A diferencia de las tradicionales, las dictaduras modernas no promueven las desapariciones forzadas masivas debido al alto costo político que generarían. Por el contrario, quienes son considerados antagónicos son neutralizados de manera selectiva. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

 

La responsabilidad internacional, hoy, en la recomposición futura del chavismo

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Rafael Uzcátegui

En diciembre de 2015 los resultados de las elecciones parlamentarias colocaron al chavismo en una situación desconocida desde su primera victoria electoral, 17 años antes, cuando Hugo Chávez fue electo por primera vez presidente de la república: Ser minoría electoral. Como se puede constatar, consultando los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, la línea de votación del chavismo y la línea de votación de sus opositores iban a encontrarse en algún momento. Sin embargo, pocos pronosticaron que apenas dos años después de su desaparición física, la tarjeta electoral del llamado “Comandante Supremo” iba a estar dos millones de votos por debajo de sus contrincantes.

Las elecciones presidenciales de 2012 constituyeron el mejor momento electoral del bolivarianismo. Un año después, a pesar de realizar los sufragios en medio de la consternación nacional que significó el fallecimiento del presidente Chávez, y siendo su principal mensaje de marketing electoral que el apoyo a Nicolás Maduro era un acto de fidelidad a su recuerdo, el chavismo perdió 615.428 sufragios respecto a las elecciones anteriores, obteniendo una cerrada victoria con apenas 1,7% sobre el candidato opositor Henrique Capriles Radonski. ¿Este resultado era casual o mostraba el comienzo de la pérdida de popularidad de la propuesta triunfante en las urnas desde 1998?

La opinión de los intelectuales revolucionarios y de izquierda, así como de los movimientos sociales progresistas de la región, es clave para comunicar que hay mucho chavismo después de Nicolás Maduro si deciden: 1) No inmolarse en la conservación del poder y 2) Intentar pensar en las estrategias democráticas para recuperar, en el futuro, la capacidad de hablarle a las mayorías,

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Elefante en la cristalería (digital)

Rafael Uzcátegui

En tiempos de redes sociales, los conflictos se basan en la creación y difusión de imágenes, que construyan o refuercen el sentido de los mensajes, bien sea por la conservación del status quo, bien sea por el cambio social. Venezuela hoy es territorio de la confrontación de dos grandes relatos: 1) Un gobierno preocupado por los más pobres asediado por acciones terroristas de una oligarquía de privilegiados y 2) Un pueblo enfrentado a un gobierno autoritario, hoy transformado en una dictadura. Al momento de cerrar esta columna la narrativa que se estaba imponiendo, y holgadamente, era la segunda.

Por su propia concepción, el gobierno bolivariano se creó como un gran aparataje burocrático que dependía, orgánica y comunicacionalmente, de un centro. Durante mucho tiempo este esquema fue eficaz, se contaba con un orador carismático -Hugo Chávez- y abundantes recursos para aceitar redes clientelares estatales. Su ausencia dejó al “Proceso” sin su mejor y único comunicador, por lo que hoy prospera el desconcierto en sus filas. Maduro es un pésimo orador. Los esfuerzos estatales para posicionarse en redes sociales tienen patas cortas. No es un problema de recursos sino de la libertad necesaria, a lo interno de su comunidad, para generar libre interacción. Como un elefante en una cristalería, los mensajes de su nodo central -Maduro-, lo que hacen es consolidar precisamente los valores del movimiento que se le opone.

Las multitudes en movimiento de indignación, a pesar de ciertos episodios puntuales, sigue siendo una acción colectiva masiva enmarcada en la no violencia. Las estrategias de protesta privilegiadas (marchas y concentraciones) han transmitido, de manera fidedigna, el carácter masivo del rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, fortaleciendo el significado “somos mayoría”. El chavismo, a duras penas, logró una concentración en Caracas mientras el resto del país se movilizaba en su contra, falseando escandalosamente la cifra de su congregación: 3 millones para una avenida que no alberga 200 mil manifestantes. Cuando está llena, y ese 19 de abril rojo no era el caso.

Quien es mayoría y quien minoría ha sido ratificado por las imágenes. El resto de la pugna simbólica es del lado de quién está la violencia. Las fotos y videos de la señora y el hombre desnudo enfrentados, en su soledad a la tanqueta de la represión, han dado la vuelta al mundo. Su eficacia comunicacional ha sido tal que ha obligado a la dictadura a replantearse su estrategia de confrontación frontal, Plan Zamora mediante. Cada día que pasa nuevos fotogramas indelebles suman a la lucha por la democracia. Esto ha sido, precisamente, una de las virtudes de la estrategia pacífica asumida por quienes se resisten tanto a la dictadura como a abandonar la calle. @fanzinero (Tal Cual)

Venezuela: aikido y derechos humanos

El actual conflicto venezolano resulta similar al aikido, el arte marcial en el que para vencer se utiliza en su contra la fuerza del oponente. En octubre de 2016, cuando se había logrado el consenso de multitudes y la comunidad internacional para la realización de un referéndum revocatorio para dirimir la crisis, voceros de la oposición asistieron, improvisadamente, a una mesa de diálogo de la cual se levantaron con la idea de «elecciones generales adelantadas». El gobierno se benefició del error táctico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y logró así dinamitar la confianza de sus bases de apoyo, mientras se generalizaba el sentimiento de desilusión. Meses después, para castigar a una Asamblea Nacional que aprobaba una declaración de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el gobierno formalizó el proceso de sustitución de sus competencias en dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Aunque la neutralización del Parlamento se realizaba por la vía de los hechos desde un año antes, con escaso costo político para Miraflores, su registro formal generó una ola de rechazo que incluyó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Los partidos políticos opositores lograron recomponer la confianza, en esta oportunidad, por un traspié del chavismo, en una ola de protestas que continúa hasta el momento de escribir esta columna.

El gobierno bolivariano se ha debilitado en 2017 más como consecuencia de su soberbia ciega que por resultado de la agenda política opositora. En el plano internacional, una torpe diplomacia encabezada por Delcy Rodríguez le ha restado apoyos que hasta hace poco se debatían entre la ambigüedad y la cautela. Uruguay ha sido el caso más llamativo. A comienzos de abril, Nicolás Maduro acusó al canciller de ese país de acordar con Estados Unidos los ataques contra Venezuela, una sugerencia inaguantable para un presidente salido de las filas de la izquierda. «Si [Maduro] no rectifica, está diciendo que no tiene pruebas, y si no tiene pruebas, lo que dijo es una mentira», expresó el presidente Tabaré Vázquez. El cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela no solo sumó al proceso de activación de la Carta Democrática, sino que despejó la ruta para iniciar acciones diplomáticas similares en el Mercosur, donde las decisiones, según los estatutos, se toman por consenso. La credibilidad del jefe de Estado caraqueño se erosiona tras cada declaración llena de fantasía. El 19 de abril, ante una concentración en apoyo a su gestión, calculó la asistencia en «tres millones de personas», en una avenida de Caracas que, repleta –lo que no ocurría ese día–, tenía capacidad para albergar no más de 200.000 personas. En 2017, las debilidades comunicacionales del gobierno parecen tener como origen la misma causa que se había diagnosticado para la oposición a finales de 2016: la ausencia de olfato para captar correctamente la realidad.

Rupturas

No obstante, la actual ola de protestas no es una simple extensión de los ciclos de movilización antichavistas de años anteriores. Luego de la peor derrota del bolivarianismo en el poder, en las elecciones parlamentarias de finales de 2015, con casi dos millones de votos por debajo de sus oponentes, el chavismo tomó la decisión de crear un modelo de gobernabilidad aún más autoritario ante la pérdida del apoyo popular. Su piedra fundacional fue la sustitución de la Constitución por una legalidad que le confería al presidente poderes absolutos, bajo el nombre «Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica». Seguidamente el árbitro electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, suspendió irregularmente la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente y detuvo de manera indefinida las elecciones que debían realizarse en diciembre de 2016 para las 24 gobernaciones regionales. Progresivamente, fue quitando competencias a la Asamblea Nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que la legitimación del proceso vía sentencias generó el descontento público de la fiscal general de la República, quien las calificó como la «ruptura del hilo constitucional» y abrió así la caja de Pandora. La aparición de fracturas dentro del bloque oficialista ha sido aprovechada por la oposición: una de las consignas más populares es las movilizaciones es «Lo dijo la fiscal, ustedes son golpistas». Y como si fuera poco, todo esto sucede teniendo como gran telón de fondo una de las peores crisis económicas que recuerden los venezolanos, con una inflación superior a 600%, escasez de alimentos y medicinas y evaporación del poder adquisitivo de los salarios, lo que genera –según las propias cifras oficiales– un porcentaje de personas en situación de pobreza mayor que la existente cuando Hugo Chávez fue elegido presidente por primera vez. Según los propios datos del gobierno, cuya rigurosidad ha sido puesta en cuestión, casi la mitad de los venezolanos se encontrarían en situación de exclusión.

Continuidades

La ola de protestas ha sido respondida por las autoridades recordando los peores patrones de abuso de poder de ciclos de movilización anteriores. Además de prohibir que las movilizaciones lleguen al centro de Caracas –sede de los poderes públicos–, se evidencia un uso desproporcionado de gases tóxicos prohibidos por la Constitución, disparos de perdigones a corta distancia, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos a detenidos, robo a manifestantes por parte de funcionarios policiales y militares, así como la violación del debido proceso para, cuando se cerraba este texto, más de 1.200 personas detenidas en todo el país por protestar, en cifras del Foro Penal Venezolano. Según los datos de Provea, 20 personas han perdido la vida en contexto de manifestaciones. Para aumentar la crispación, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela como Diosdado Cabello y Pedro Carreño han mostrado en televisión un folleto en el que aparecen nombres, fotografías y direcciones de líderes políticos y sociales de oposición, que según afirman habría sido distribuido a militantes del oficialismo. «El pueblo sabe dónde tiene que ir», declararon ante las cámaras.

Paramilitares “de izquierda”

La situación continúa deteriorándose tras la decisión de Maduro de activar el llamado “Plan Zamora”, una estrategia militar de ocupación del territorio que incorpora, explícitamente, la actuación de grupos de civiles armados. Se trata de lo que desde el chavismo se denomina «colectivos» y que las organizaciones de derechos humanos han definido, lisa y llanamente, como «paramilitares». Durante el primer día de actuación del Plan Zamora, el 19 de abril, en 22 de los estados donde ocurrieron movilizaciones se documentó la actuación de «colectivos» en 16 de las regiones. Los videos los muestran desplazándose en motocicletas, con el rostro cubierto con capuchas y disparando armas de fuego.

La actuación de los «colectivos», en un contexto de violencia e inseguridad ciudadana que ubica a Venezuela dentro de los países más peligrosos de la región, puede agravar su ya delicada situación en derechos humanos. La noche del 20 de abril, ocho zonas de Caracas, incluyendo algunas que eran consideradas hasta hace poco como «territorios del chavismo», protagonizaron batallas contra las autoridades, que incluyeron saqueos a establecimientos comerciales.

La crisis podría tener su salida menos traumática si Maduro y su entorno permitieran la realización de elecciones. En el aikido en que se ha convertido esta situación haría falta un elemento: la desvinculación pública de la intelectualidad izquierdista internacional que durante mucho tiempo apostó por el proyecto bolivariano. Algunos han dado el primer paso (Noam Chomsky, Raúl Zibechi, Edgardo Lander, Clifton Ross), pero muchos de quienes saben que las cosas no van bien por el país caribeño han optado por el silencio. ¿Permitirán que el peso simbólico de su opinión sea utilizado por quienes buscan llevar a Venezuela a un momento diferente de su historia? (Publicado en Nueva Sociedad)

Diplomacia e Injerencia

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Rafael Uzcátegui

Hay personas, algunas convencidas honestamente de ello, que la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela es “injerencista”, un ataque a la soberanía del país que habría que rechazar. Esta opinión desconoce las diferencias entre los acuerdos regionales suscritos por los Estados, varios con alcances en derechos humanos, y las decisiones unilaterales de un gobierno contra otro, que sí podrían calificarse como injerencia en sus asuntos internos.

La raíz de esta discusión tiene que ver con el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Este instrumento, de manera similar al reconocimiento progresivo de los derechos humanos, fue una conquista de las luchas populares no una concesión de los Estados. Durante muchos años se reprochó a la OEA no haber tenido una actuación decidida frente a las dictaduras militares en la región. El final de la Guerra Fría no acabó con los gobiernos autoritarios en América Latina, quienes se vieron obligados a guardar ciertas formalidades en su deseo de perpetuarse en el poder. Fue así como surgió la primera dictadura moderna en Perú, en 1990, con la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori. Fue la presión del movimiento social contra el fujimorismo, incluyendo al movimiento de derechos humanos, que obligó a las diferentes instancias de la OEA a tener un mayor protagonismo en la condena de sus excesos y en la restitución de la democracia. La discusión sobre la necesidad de creación de un protocolo de actuación regional se aceleró luego de la experiencia de Fujimori, por lo que no fue una casualidad que su aprobación se realizara en la ciudad de Lima, en septiembre de 2001. Por ello puede calificarse como una conquista de los movimientos sociales opuestos a la dictadura, que obligaban a la OEA a tener que actuar, sin los titubeos de antaño, frente a las rupturas del orden constitucional, independientemente de la ideología detrás del autoritarismo.

Usted podrá discutir si hay o no motivos para aplicar la CDI en el país, según los parámetros que ella misma ha definido. Pero calificar de “injerencia” un procedimiento cuya creación contó con la participación activa de Venezuela, el país ya se benefició de la misma en una oportunidad y estimuló su activación a otro país, Honduras, debería, si es coherente, colocar el énfasis en cuestionar al gobierno que acordó ceder un pedazo de su soberanía para restituir la institucionalidad democrática del país en caso que fuese necesario.

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Lo que se ha ganado -hasta ahora- con las protestas

Rafael Uzcátegui

Venezuela experimenta un nuevo ciclo de protestas a raíz del golpe de Estado al Parlamento, rechazado también por la Fiscal Luisa Ortega Díaz. A pesar de las continuidades con oleadas de manifestación anteriores, hay novedades y particularidades, de las cuales hablaremos en otro texto. Después de varios días de protestas, en donde ha predominado el espíritu de no violencia -a pesar de hechos puntuales de violencia-, lo que uno percibe estando dentro del movimiento -quien esté fuera se esta perdiendo toda la historia- es una beligerancia colectiva en mantenerse en la calle. No queremos referirnos al hasta cuándo esto puede permanecer así -en el caso de Caracas, cada jornada de protesta es respondida con el cierre de las estaciones del Metro-, sino al punto en el que nos encontramos hoy, 22 de abril, gracias al movimiento de protesta. Siento que estas reflexiones sean pensando en lo que ha sucedido en Caracas, que es la experiencia que he tenido. Ojalá pueda contrastarla con reflexiones similares generadas desde el interior del país.

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1) Desterritorialización de la polarización política impuesta a la ciudad: Como parte de la estrategia de dominación bolivariana se encontraba la polarización territorial de la ciudad, parcelándola, trazando una frontera imaginaria que impedía a la oposición protestar en el centro y el oeste de la ciudad. El desborde de las multitudes ha cruzado las líneas del municipio Libertador, y algunas marchas han transitado por algunos sitios del centro y el oeste de la ciudad. Por otro lado, las protestas nocturnas se han realizado en parroquias populares de la ciudad: Catia, Petare, El Valle, Coche, Roca Tarpeya, Baruta (el pueblo). Los cacerolazos, por su parte, se han sentido en sitios emblemáticos del chavismo como el 23 de Enero. La última trinchera territorial del madurismo es el centro de la ciudad, precisamente la sede de las oficinas de los poderes públicos.

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2) La narrativa de los hechos ES la del movimiento de protesta: La confrontación de los significados está siendo ganada, hasta ahora, por el movimiento de protesta. Por un lado, cada vez mayores sectores califican al gobierno como una “dictadura”. El término “democracia” se ha convertido en el significante vacío en el que la gente está depositando sus deseos y aspiraciones -un papel que en días de Hugo Chávez lo ocupaba la palabra “Socialismo del siglo XXI”-. Como demuestran los progresivos deslindes de quienes hasta hace poco eran soporte intelectual y simbólico del chavismo -Noam Chomsky, el cantante Residente de Calle 13, Raúl Zibechi, Edgardo Lander-, no sólo se está transformando en “políticamente incorrecto” ser vinculado al madurismo, sino que las propias palabras “izquierda” y “socialismo” -para bien y para mal- se han convertido es descriptoras de algo malo. El chavismo-madurismo está intentando posicionar el supuesto “terrorismo” como característica de quienes se le oponen, sin mayor suerte. El chavismo es el pasado que la gente quiere superar, mientras se configura en la calle una promesa de futuro en el movimiento de contestación.

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3) El movimiento de protesta ha arrebatado al chavismo su dimensión simbólica, creando y difundiendo imágenes que aumentan el sentido de sus demandas: Si algo era eficiente el chavismo era en el manejo de los símbolos, culturales y sociales, a su favor. Hoy esa eficiencia se encuentra del lado de quienes lo enfrentan. El movimiento de protesta ha generado potentes imágenes difundidas en el mundo entero, mientras la burocracia estatal no ha podido registrar momentos que le puedan servir para desacreditar las protestas. Un ejemplo de estas imágenes, demoledoras para la dictadura han sido la señora Maria José enfrentando una tanqueta, el joven Alejandro desnudo con la biblia plantando cara a la represión -de quien se burló el dictador por el tamaño de sus partes nobles- o las imágenes de religiosos (en un continente donde Arnulfo Romero es parte del imaginario colectivo) dando misas al aire libre o del otro lado de los piquetes de la represión. Las imágenes que refuerzan lo positivo del movimiento de protesta frente a lo negativo de un gobierno dictatorial se multiplican todos los días, en una cantidad inmanejable para las salas situacionales de la burocracia.

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4) Se ha creado un sentimiento de comunidad a lo interno del movimiento de resistencia a la dictadura: Tras años de ruptura del tejido social y cooperativo, el movimiento de protesta comienza a establecer nuevos vínculos entre quienes participan y se identifican con él. Esta subjetividad, también, ha sido generada como respuesta a la amenaza dictatorial televisada. La gente ha pasado del miedo a la indignación. La represión aviva, y no inhibe, los sentimientos de mantener presencia en las protestas de calle, por estos días un sui generis espacio público en un país que adolece de él.  En la Marcha del Silencio, 22 de abril, se repetían las imagenes de personas que desde casas y edificios daban agua y apoyo a quienes participaban en la movilización. El contingente del este fue recibido por vítores y bienvenidas por los habitantes del oeste, creando un potente sentido de -nueva- comunidad en resistencia.

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5) Se ha generado un vigoroso mecanismos de autoformación e información por redes sociales, con sus mecanismos de autoregulación: Transmisiones por periscope, videos breves por twitter y notas de voz por whatsapp mantienen informadas a la comunidad. Los intentos de generar ruido y contaminación en estos canales son enfrentados rápidamente, mediante mecanismos de autoregulación para apartar los mensajes nocivos y falsos. Infografías y periodismo de datos fluyen vertiginosamente con todos los temas pertinentes para aumentar la eficacia de las manifestaciones.

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6) La torpe diplomacia estatal y los mensajes emitidos desde el interior del país, han aumentado el aislamiento del funcionariato de la dictadura venezolana. Que Maduro haya perdido el apoyo de países que Chávez había logrado neutralizar en el pasado o convertido en sus aliados ha sido, básicamente, logros de la actual canciller venezolana Delcy Rodríguez. No obstante, el movimiento de protesta ha logrado cimentar las críticas y distancias de la comunidad internacional, en momentos en que Miraflores necesita dinero e inversiones para pretender simular algún tipo de proceso electoral en algún momento. Los venezolanos en el exterior se han activado para generar movilizaciones, que contrastan con la ausencia de solidaridad activa con el madurismo.

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