Lo mejor de nosotros

Rafael Uzcátegui

Tras 18 años de polarización, e intervención del tejido social por parte del proyecto bolivariano, se ha generado lo que el sociólogo larense Nelson Freitez califica como “daño antropológico” a la sociedad venezolana, cuyas reales dimensiones estamos lejos de comprender en toda su dimensión. Si un trabajo político, en el sentido amplio del término, es detectar donde hay signos del renacimiento de lo mejor de la idiosincrasia criolla, uno de los eventos donde la misma se expresa es en las protestas que actualmente ocurren en nuestro país.

Como contrapeso de los lamentables saldos represivos conocidos, en la rebelión popular se está construyendo un sujeto colectivo que comparte el liderazgo de las convocatorias con los diputados de la Asamblea Nacional, imprimiéndole intensidad y dinamismo. A lo interno, para quien haya participado en alguna, se puede apreciar una masa crítica con importantes niveles de auto-organización y auto-convocatoria, como lo reflejan los diferentes roles que asumen sobre el terreno los manifestantes. No obstante, lo que queremos resaltar es la viralización de actitudes de solidaridad y desprendimiento que, como modelos de conducta, pueden significar uno de los saldos positivos del actual desborde de la indignación.

El ejemplo del joven músico Wuilly Arteaga es el ejemplo más reciente, pero no el único. Como fue noticia, su violín fue destrozado por un Guardia Nacional Bolivariano cuya rabia contra el instrumento reflejaba su propia frustración por lo que otros eran diferente a él. Los ofrecimientos abundaron, y no pasaron dos días antes que Arteaga tuviera en sus manos otro violín, donado por alguien que se estremeció por la injusticia y deseaba que las melodías de Arteaga siguieran increpando la autoridad. Grandes y pequeños gestos, anónimos en su mayoría, se han repetido desde el 1 de abril. Desde personas que han pagado intervenciones médicas a manifestantes que no conocían heridos por los perdigones, doctores que han atendido a protestantes olvidando sus honorarios , donaciones de insumos médicos a equipos de primeros auxilios, visitas a muchachos presos, alimentación a personas que participan en movilizaciones por aquellos que por diferentes razones no pueden estar en las convocatorias, traslados de afectados por la represión, tarjetas telefónicas gratuitas, asistencia jurídica y psicológica de costo cero, por enumerar algunas, son las acciones que han reconstruido un sentido de comunidad, estar juntos y protección desinteresada mutua que creíamos extraviada por largo tiempo. Si usted enfoca lo suficiente en las protestas, descubrirá la acción callada de decenas de héroes sin rostro que están conjurando lo mejor de nosotros. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Lo popular de la protesta

Rafael Uzcátegui

Una de las novedades del actual ciclo de protestas experimentadas en Venezuela es su carácter popular. Tras el seguimiento del comportamiento de las manifestaciones iniciadas el 01 de abril reciente, calculo en no menos de tres millones las personas que se han involucrado en las diferentes movilizaciones realizadas en 24 estados del país durante 50 días. Si bien algunos sectores en regiones de las clases C y D se incorporaron al ciclo del 2014, hoy es evidente que a la protesta actual se han sumado tanto habitantes de zonas hasta hace poco controladas por el oficialismo como moradores de pequeños pueblos y zonas rurales.

La lista es larga para este espacio. En el caso de Caracas El Valle y Coche como emblemáticas, pero también Caricuao, Petare, Catia, Roca Tarpeya y hasta el propio 23 de Enero han sido testigos de cacerolazos, enfrentamientos, saqueos y movilizaciones. El efecto simbólico ha sido tan demoledor que el madurismo ha desplegado una estrategia, ineficaz, para impedir que estos sectores visibilicen su descontento. Por otra parte, en el caso de la capital, un dato incontrovertible de la pérdida de apoyo es la decisión de cerrar 30 estaciones del Metro, cada vez que hay convocatorias disidentes, en lugares distantes de los puntos de reunión y enclavadas en zonas que no son precisamente de clase media. Fuera de Caracas el inventario es copioso: Barinitas, Cantaura, El Tigre, Guarenas, Guatire, Socopó, Villa del Rosario, Capacho, Palmira, Caja Seca, Tovar, Mucuchíes, Ejido, Pueblo Llano, Carora, entre otros, han protagonizado enfrentamientos con los cuerpos represivos y, en los casos más recientes, han sido habitantes de estos lugares los asesinados en el contexto de protestas.

La masa crítica ha llegado al punto centrípeto, en el que la represión lejos de restar incorpora cada vez más sectores al movimiento. En el caso que nos ocupa ha sido crucial los mensajes emitidos por referentes masivos como los jugadores de la Vinotinto, los venezolanos en las Grandes Ligas o músicos como Rubén Blades y Nacho. Las razones sobran. Según una proyección de los propios datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuyas últimas cifras datan del 2013, hoy en Venezuela hay más personas en situación de pobreza que las que encontró Hugo Chávez en 1999. Estamos hablando de la mitad de la población según los propios indicadores estatales. Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de pobreza, sin las expectativas de futuro que alguna despertó El Zurdo de Sabaneta. Perder la última frontera de apoyo popular ha ocasionado la estrambótica oferta de constitucionalizar los CLAP como la mejor oferta de la Carta Magna de Maduro, para intentar repetir las muchedumbres de cuando Chávez vivo. Recuerdos de un ayer, que fue pasión. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Reflexionando sobre la protesta en Venezuela

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como un avance deben interpretarse las recientes declaraciones de Germán Saltrón, representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido que deberían investigarse por igual las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas tanto por la Policía de Barinas como por la Policía de Chacao, sin miramientos del color político del territorio al que pertenezcan. Esta debe ser la actitud de cualquier persona sensible con el respeto de la dignidad de las personas: donde haya una denuncia con fundamento, la misma debe investigarse y sancionarse en igualdad de condiciones. La ideologización de la seguridad ciudadana y el derecho a la integridad de las personas es un peligroso camino que ha demostrado, donde se ha desarrollado, el aumento de los riesgos potenciales a los derechos humanos. Por esta razón nos causó mucha extrañeza la nota de prensa del Consejo General de Policía la cual afirmó, a propósito del Seminario Internacional de Policía Comunal, que “La policía venezolana, en especial los funcionarios y funcionarias dedicados al Servicio de Policía Comunal, deben orientar sus acciones desde los valores e ideología del socialismo democrático”. Sostener esto es, sencillamente, anticonstitucional. Por eso deseamos reconocer, especialmente, la correcta neutralidad expresada por Saltrón.
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Audios de la rueda de prensa en contra de la criminalización de las ONG´s en Venezuela

En la mañana del 08.09.10 un grupo de más de 100 organizaciones sociales, de desarollo y derechos humanos presentaron un documento en el que rechazan la campaña de desprestigio promovida por algunos voceros y voceras del Ejecutivo Nacional en contra del trabajo de ONG´s como Espacio Público. En la rueda de prensa hablaron Feliciano Reyna por Sinergia, Liliana Ortega por Cofavic, Rafael Uzcátegui por Provea y, finalmente, Pedro Nikken, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Feliciano Reyna (Sinergia)
http://www.ivoox.com/feliciano-reyna-sinergia-07-09-10_md_360371_1.mp3″ Ir a descargar

Liliana Ortega (Cofavic)
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Rafael Uzcátegui (Provea)
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Pedro Nikken (Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
http://www.ivoox.com/pedro-nikken-ex-pdte-cidh-07-09-10_md_360366_1.mp3″ Ir a descargar

Recibo y difundo: Campaña por la defensa del derecho a la protesta social

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Según cifras reveladas por líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, actualmente en Venezuela existen 2200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. La inmensa mayoría de los que sufren estos procesos pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades populares, siendo los más desposeídos y de sectores vulnerables los que padecen la infracción de sus derechos. Lo que era una política aislada y eventual se ha transformado en una política de Estado. Por un lado, funcionarios policiales, el Ministerio Público y los jueces de control, por otro, sicarios al mando de terratenientes y de sectores empresariales, y hasta grupos de choque afines de los gobiernos, nacional, regional y local, independientemente de su tendencia política, conforman el triangulo de la represión a la lucha social. Dicha criminalización, alentada por diferentes poderes del Estado, empresarios y terratenientes , se realiza en un contexto en que aumentan las manifestaciones por derechos sociales, con lo que se han venido aplicando diferentes normativas a quienes ocupan terrenos para exigir su derecho a la tierra y la vivienda, a las comunidades que cierran calles para pedir o mejorar servicios públicos, a los trabajadores y trabajadoras que presionan por defender su fuente de trabajo, alcanzar mejores salarios y lograr su contratación colectiva, a los estudiantes que piden dotación para sus centros educativos, usuarios y usuarias de servicios de salud integral y otros sectores en lucha por sus derechos sociales y políticos. Por tanto, lo anterior es una evidencia de la estrategia del Estado, y algunos sectores privados, para restringir la legítima protesta y el disfrute de los derechos humanos consagrados en la constitución.

Como contraparte tenemos la situación de impunidad de los crímenes ocurridos contra luchadores sociales, en donde los indicios de la participación de empresarios y latifundistas en los asesinatos de líderes obreros y campesinos no han sido investigados y sancionados, así como tampoco la responsabilidad política de mandatarios regionales en algunos casos. Esta impunidad ha alentado el sicariato, como método para silenciar y amedrentar a los sectores en lucha por sus derechos. Si bien dentro de esta modalidad existe un alto porcentaje derivado de las pugnas entre organizaciones gremiales por el control de puestos de trabajo como en el sector de la construcción, se han registrado diferentes casos en donde el asesinato por encargo tiene como objetivo fulminar y disolver los sindicatos que se atreven a movilizarse por sus reivindicaciones y las luchas obreras más radicalizadas.

Por esta razón un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos, grupos estudiantiles y académicos así como diferentes individualidades promovemos una campaña para defender el derecho a la protesta, tal como se encuentra en la declaración universal de los derechos humanos y en la Constitución, así como condenar la apertura de juicios, el uso de sicarios y otros mecanismos de criminalización por ejercer este derecho, tales como las medidas judiciales que prohíben la realización de asambleas y huelgas dentro de las empresas estatales.

En tal sentido, queremos hacer público este pronunciamiento con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre esta grave restricción a los derechos, y exhortar a todas las organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, estudiantiles y medios alternativos a sumarse activamente a esta campaña nacional en defensa del derecho legítimo a la protesta social.

Solicitamos:

1) La derogación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.

CONVOCAMOS A TODOS LOS COLECTIVOS SOCIALES E INICIATIVAS DE BASE A LA MANIFESTACIÓN POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EL MIÉRCOLES 29 DE JULIO, A LAS 10 DE LA MAÑANA, FRENTE A LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PARQUE CARABOBO, EN CARACAS. ESE DÍA NOS SOLIDARIZAREMOS, ADEMÁS, CON LOS 14 TRABAJADORES DE SIDOR SOMETIDOS A JUICIO EN CIUDAD GUAYANA POR EJERCER SU DERECHO A LA PROTESTA.

Organizaciones:
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Unidad Socialista de Izquierda (USI)
Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA)
Acción Solidaria
Convite
Periódico El Libertario
Espacio Público
COFAVIC
Colectivo Socialismo Revolucionario (CSR)
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Movimiento Solidaridad Laboral

Adhesiones a la campaña, mensajes al e-mail: protestarnoesdelito@gmail.com