Provea: A partir del 20-0, gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización que durante sus 28 años de existencia ha ganado respetabilidad debido a la credibilidad de sus análisis y denuncias. Con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza, compartimos la siguiente toma de postura ante la opinión pública: A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. No estamos en presencia de la simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pueda obtener resultados favorables en las urnas. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo.

La decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos del país como la ruptura del hilo constitucional. En ese momento la posibilidad de expresarse mediante el voto nos impedía calificar la situación como de “dictadura”, derecho que no existe hoy con las garantías que existieron, hasta por lo menos, el pasado 6 de diciembre de 2015. La decisión simultánea de tribunales penales suspendiendo el Revocatorio, afirmando su evidente subordinación al poder Ejecutivo, y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de plegarse a decisiones ilegales de esos tribunales penales regionales, quienes no tienen competencia para suspender sufragios, dieron una estocada a lo que quedaba de democracia en el país. Suspensión del revocatorio que se realiza tras haberse expresado la voluntad del pueblo cumpliendo con dos de las fases del procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral y aprobado la validez de las firmas, expresa que ya no existen condiciones para convocar eventos comiciales de manera ecuánime y transparente, salvo que se restituya el orden democrático.

La democracia no es un valor absoluto. La dictadura tampoco lo es. No estamos en presencia de una dictadura clásica, como la que enfrentaron en décadas anteriores las ONG de derechos humanos en países hermanos como Argentina o Chile, donde las condiciones permitían el asesinato y desaparición de centenares de personas. Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder. En el actual caso venezolano sustentado en el apoyo del sector militar y en el uso del poder judicial para criminalizar y neutralizar a la disidencia. América Latina hace menos de dos décadas tuvo una experiencia similar en Perú con el fujimorazo que cercenó las libertades democráticas en ese país y que culminó gracias a la lucha de la población reclamando la restitución de la democracia.

El gobierno venezolano se ha puesto al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur. Se ha puesto en contra de los postulados democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La gran consigna del movimiento social venezolano debe ser la defensa del derecho a evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, a través del mecanismo del Referendo Revocatorio, en el plazo más corto posible, como primer paso para la recuperación de la democracia en el país. Para ello se deben articular todos los sectores teniendo la no-violencia como principio irrenunciable, rechazando las provocaciones de los entes estatales para desviarse de ese camino. No es tiempo de silencio ni de inhibiciones, sino de defender la Constitución y la democracia frente al arrebato dictatorial y autoritario. La vigencia de los derechos humanos depende de ello.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 23 de octubre de 2016

Provea: Decreto del Arco Minero suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano

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(Caracas 08.03.16) El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informadaa los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.
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26 años y un nuevo reto

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 15 de octubre Provea celebró 26 años de fundada. Durante todo ese tiempo, como organización defensora de los derechos humanos se han logrado avances. También se han cometido errores, de cuyas enseñanzas hemos aprendido. Fue en 1988 cuando tres activistas, dos de ellos venidos de otras latitudes, decidieron comenzar una iniciativa que promoviera las garantías para los derechos sociales en Venezuela. Uno de ellas Dianorah Contramaestre, quien huía de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La segunda mujer del trío es Ligia Bolívar, quien comenzó su trayectoria en derechos humanos en Amnistía Internacional y hoy es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El tercero, incorporado poco después es Raúl Cubas, hermano de dos detenidos-desaparecidos de la dictadura argentina y que en primera persona sufrió las torturas dentro de ese circo del horror que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), tristemente célebre.

A pocos días de su fundación formal, registro en notaría, Provea asumió uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en la década de los ochentas: La llamada “Masacre de El Amparo”. Por el montaje contra catorce campesinos y dos sobrevivientes, aprendiendo sobre la marcha, enviando comunicaciones por fax y documentando los detalles de la ignominia, Provea decide llevar el caso ante instancias internacionales. Aquella fue la primera sentencia en contra del país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después vendrían otras, todas para lograr lo que los tribunales del país negaban: justicia para las víctimas.

En 1992, por las relaciones que Provea había realizado con el mundo gremial, un joven sindicalista del Metro llamado Nicolás Maduro acudió a la sede de la organización, una que se pudo comprar por los aportes de grupos cristianos de base, para denunciar hostigamiento al ejercicio de la libertad sindical. Los abogados de la ONG lo asesoraron, de la misma manera como lo hacían con el resto de las personas que pedían apoyo y consejo. Nadie se imaginó que 22 años después, en ese mismo mueble que el futuro presidente esperó ser atendido por el grupo jurídico, se sentarían víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas durante su gobierno. La anécdota, de muchas que hay en década y media de andadura, refleja las razones del trabajo de los defensores de derechos humanos: La obligación de solidarizarse con las víctimas, independientemente de su origen, clase social o creencias religiosas o políticas.

Durante los últimos siete años Provea ha sido dirigida por el abogado Marino Alvarado. Según los estatutos internos, la coordinación general tiene un período de 3 años, renovables sólo por un período más. Marino realizo más debido a la coordinación interina que ejerció durante un año. El balance de su gestión es positivo en muchos aspectos. El más importante lograr que la organización se mantuviera apegada a sus valores en tiempos de alta polarización y confrontación en el país. A pesar de los ataques y hostigamientos. A pesar de los obstáculos y disminución de los presupuestos que obligaron a Provea, como al resto de ONGs, a disminuir su capacidad operativa. Marino finaliza su trabajo como coordinador el 31 de diciembre de este año, tras lo cual pasa a ser miembro de la asamblea de la organización, el cuerpo de notables que asesora permanentemente su dirección.

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Nodos & Redes: Raúl, imprescindible por partida doble

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Rafael Uzcátegui

Muchas personas deben conocer las palabras de Bertold Brecht sobre los hombres que luchan por oírselas en la introducción que Silvio Rodríguez hace a su canción “Sueño con serpientes”. Yo llegué a los imprescindibles por otro camino. Mis primeros recuerdos con Provea, la organización de derechos humanos en la que ahora trabajo, tienen que ver con Raúl Cubas, una persona de origen argentino que fue parte del trio de fundadores y su Coordinador General entre los años 1995 al 2000. Raúl es de esas personas cuya primera impresión es lo más parecido a una confianza rebosante de serenidad. Quizás esa aura mística es la que contribuyó a crear la falsa imagen que Provea, el acrónimo al largo nombre Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, era una organización ligada a la iglesia que la acompañó como un sambenito durante sus primeros años. Con la agudeza de un investigador nato, la formación política necesaria para los análisis de contexto, el olfato propio de los periodistas y la sensibilidad necesaria para involucrarse en las necesidades de los más vulnerables, la historia de la defensa de los derechos humanos en Venezuela siempre estará ligada a su nombre. Como parte de la Federación de Familiares de Desaparecidos en América Latina, una de las primeras organizaciones formales sobre el tema formadas en el territorio, conoció a las dos mujeres –Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre- con las que luego fundaría Provea en 1988, una de las tres ONGs –junto a la Red de Apoyo y Cofavic– de la primera generación de organizaciones de derechos humanos venezolanas. Hoy es parte del equipo de Amnistía Internacional Venezuela. Si ustedes se preguntan el porqué de la diferencia de la actuación de la vela encendida sobre amarillo en las recientes manifestaciones sobre otros hechos convulsos de nuestra historia reciente, parte de la respuesta es Raúl Cubas. Pero detrás de cada hombre, y mujer, hay una historia. Y la de este gaucho hace que su constancia adquiera otra dimensión.

De montonero a defensor de DDHH

A los 20 años de edad, Raúl se incorporó a Montoneros, el movimiento radical de izquierda argentina que creía en la lucha armada para instaurar el socialismo en el país, entendido como una fase superior del peronismo. La efervescencia radical, como el resto de los porteños, recibe la noticia del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, con el que una junta militar gobernaría el país durante 7 sangrientos años. 7 meses después del golpe, 10 hombres secuestran a Raúl a plena luz del día en Buenos Aires. Conocidas las brutales torturas contra los presos políticos de los militares, el montonero aplica la estrategia acordada por su organización: Suicidio por cianuro. Sin embargo, la píldora no surte el efecto mortal, por lo que despierta atontado sobre una alfombra de cadáveres. Su destino fue el tristemente célebre centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí permaneció tres años en los que tuvo que soportar torturas inenarrables y el peor día de su vida, cuando se enteró que sus dos hermanos, Juan Carlos de 21 años y María Georgina de 18 habían sido, literalmente, desaparecidos por los militares. En la cárcel conoció a Rosario Quiroga, “Lula”, otra presa política que sería su compañera sentimental para toda la vida. Ambos fueron liberados y enviados a Venezuela, como exiliados, el 20 de enero de 1979. Caracas los recibió vestida de fiesta: Los Navegantes del Magallanes se habían titulado por quinta vez en la pelota profesional.


Activista toda la vida
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Provea: 25 años al lado de las víctimas

logo_provea_webColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Este 15 de octubre el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), celebra 25 años desde que, como sugerencia de organizaciones religiosas de base, se fundó como organización de derechos humanos en tiempos en que el tema y sus implicaciones eran desconocidos tanto para los funcionarios como para la población en general.

Desde un pequeño cuarto al este de Caracas, habilitado como oficina improvisada, los fundadores de Provea asumieron la denuncia y acompañamiento de la “Masacre de El Amparo”, se realizaron en máquina de escribir los primeros boletines y se aprendió, pateando calle, a documentar los abusos y violaciones a derechos humanos en el marco de la suspensión de garantías ocurrida tras “El Caracazo”.  Desde ese momento germinó una vocación que hasta el día de hoy acompaña la cultura institucional generada por Provea: Estar siempre del lado de las víctimas, enfrentando a sus victimarios.

Campesinos, dirigentes sindicales, habitantes de urbanizaciones y barrios afectados por problemas de servicios públicos o sin vivienda, niños, niñas y  adolescentes vulnerados en su derecho a la salud o al estudio, refugiados, asilados políticos, jueces, militares, policías tanto de organismos nacionales como regionales, mujeres organizadas en la defensa de sus derechos, estudiantes y profesores universitarios , familiares de personas ejecutadas por la policía o militares, personas torturadas, familiares de personas privadas de libertad han recibido la asesoría y acompañamiento de Provea. Gracias a acciones de exigibilidad de derechos realizadas junto a las víctimas, hemos logrado que en algunos casos se haga justicia llegando a la sanción de los responsables y en otros, el restablecimiento de derechos violados.
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Informe 2012 en Derechos Humanos

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó los resultados de su 24avo. Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en el país, correspondiente al año 2012. Este diagnóstico multidisciplinario sobre la situación de 19 derechos en el país se realizó en un contexto de gran dificultad para el acceso a la información pública y las estadísticas oficiales, datos estelares para la investigación.

La situación de opacidad en la gestión de gobierno, en este sentido, ha alcanzado niveles graves. Ahora mismo si usted revisa los sitios webs de 25 ministerios en el país, corroborará como sólo uno, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, tiene publicado en su portal digital institucional su informe de gestión correspondiente al año pasado. Como se recordará la Carta Magna establece que durante los primeros 60 días del año las diferentes dependencias gubernamentales están en la obligación de rendir cuentas de su gestión en la Asamblea Nacional, una información que debe ser pública debido al interés para el ejercicio del derecho constitucional a la contraloría social. En la revisión de los portales webs ministeriales también nos encontramos con la preocupante situación que 18 de ellos no tienen visibilizada ninguna de sus Memorias y Cuentas, mientras que los restantes 6 tienen publicados informes de gestión hasta los años 2010 y 2011. Otros organismos que sí tienen al día sus informes de gestión son la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
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