Provea: Venezuela debe avanzar a la solución democrática del conflicto garantizando el protagonismo soberano del pueblo

Logo-Provea(Caracas, 24 de enero de 2019). El 23 de enero de 2019 el pueblo venezolano se manifestó masivamente en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. En más de 60 ciudades del país, y muchas otras a nivel internacional, ocurrió una amplia participación atendiendo el llamado, realizado el pasado 12 de enero por la directiva de la Asamblea Nacional, a expresar el descontento en esta fecha emblemática de la historia venezolana. Previo a las movilizaciones se realizaron cabildos abiertos, en distintos estados, también con multitudinaria asistencia.

En contraste, el gobierno de facto convocó a una movilización que contó con una modesta participación de simpatizantes, e igualmente llamó a realizar una vigilia nocturna frente al Palacio de Miraflores “para defender a Maduro”, sin que la población atendiera el llamado. Una situación que contrasta cuando eran convocadas por el presidente Hugo Chávez.

Destaca en la movilización del 23 de enero la amplia participación de habitantes de las zonas populares, los mismos que protagonizaron las protestas por servicios públicos y mejoras en sus comunidades durante el año 2018. En el caso de Caracas han sido las comunidades populares quienes han protagonizado las protestas nocturnas, desde el día 21 de enero, de rechazo a Maduro en zonas anteriormente identificadas como bastiones del chavismo.

Ante el fraude en las elecciones presidenciales y la posterior usurpación de la primera magistratura, la Asamblea Nacional como único poder legítimo ha venido trazando una ruta orientada a rechazar al gobierno de facto, lograr una transición, restituir la plena vigencia de la Constitución y convocar a elecciones. Consideramos que toda solución a la situación compleja y critica del país pasa por garantizar la participación del pueblo en unas elecciones libres, trasparentes e inclusivas en el plazo más corto posible.

Ratificamos la importancia de continuar articulando las fuerzas democráticas para avanzar en el rescate de la democracia. El 23 de enero se inició una ruta que debe garantizar elecciones democráticas con nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral para que exista un árbitro que brinde confianza, tiempo suficiente para su preparación, garantía de participación de todos los partidos políticos que tengan la voluntad de participar sin ningún tipo de discriminación, así como observación internacional calificada.

Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de facto contra las personas que expresan su descontento. Denunciamos que se repiten los mismos patrones del año 2017: El uso desproporcionado de la fuerza, con alto nivel de letalidad contra la población civil. La dictadura ha instituido el accionar de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional, un grupo comando que tiene graves antecedentes de realización de ejecuciones policiales y que no ha sido entrenado para el control del orden público.

Hasta las 2 de la tarde de este jueves 24 de enero más de 26 personas han sido asesinadas en las protestas del día 22 y 23 de enero, en su gran mayoría víctimas de escasos recursos. Las arremetidas contra las zonas populares han sido acompañadas también con allanamientos sin orden judicial, ataque a viviendas, detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos.

Los asesinatos perpetrados por las fuerzas policiales y militares o por colectivos paramilitares al servicio del gobierno, amplían el expediente que cursa en la Corte Penal Internacional en fase de Examen Preliminar, reiterando que son responsables de crímenes de lesa humanidad tanto quienes ejecutan las órdenes como la cadena de mando. Lamentablemente tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo en la actualidad garantizan impunidad para los victimarios.

Exhortamos a la comunidad internacional a seguir monitoreando y apoyando la lucha que libra el pueblo venezolano por el rescate de la democracia. Las iniciativas que se emprendan deben estar enmarcadas en el ámbito del derecho internacional y orientadas a una solución pacífica y soberana para transitar del autoritarismo a la plena vigencia del estado de derecho.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Provea frente al 10 de Enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

(Caracas 8 de enero de 2019) Ante el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.

2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
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Provea: A partir del 20-0, gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización que durante sus 28 años de existencia ha ganado respetabilidad debido a la credibilidad de sus análisis y denuncias. Con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza, compartimos la siguiente toma de postura ante la opinión pública: A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. No estamos en presencia de la simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pueda obtener resultados favorables en las urnas. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo.

La decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos del país como la ruptura del hilo constitucional. En ese momento la posibilidad de expresarse mediante el voto nos impedía calificar la situación como de “dictadura”, derecho que no existe hoy con las garantías que existieron, hasta por lo menos, el pasado 6 de diciembre de 2015. La decisión simultánea de tribunales penales suspendiendo el Revocatorio, afirmando su evidente subordinación al poder Ejecutivo, y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de plegarse a decisiones ilegales de esos tribunales penales regionales, quienes no tienen competencia para suspender sufragios, dieron una estocada a lo que quedaba de democracia en el país. Suspensión del revocatorio que se realiza tras haberse expresado la voluntad del pueblo cumpliendo con dos de las fases del procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral y aprobado la validez de las firmas, expresa que ya no existen condiciones para convocar eventos comiciales de manera ecuánime y transparente, salvo que se restituya el orden democrático.

La democracia no es un valor absoluto. La dictadura tampoco lo es. No estamos en presencia de una dictadura clásica, como la que enfrentaron en décadas anteriores las ONG de derechos humanos en países hermanos como Argentina o Chile, donde las condiciones permitían el asesinato y desaparición de centenares de personas. Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder. En el actual caso venezolano sustentado en el apoyo del sector militar y en el uso del poder judicial para criminalizar y neutralizar a la disidencia. América Latina hace menos de dos décadas tuvo una experiencia similar en Perú con el fujimorazo que cercenó las libertades democráticas en ese país y que culminó gracias a la lucha de la población reclamando la restitución de la democracia.

El gobierno venezolano se ha puesto al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur. Se ha puesto en contra de los postulados democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La gran consigna del movimiento social venezolano debe ser la defensa del derecho a evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, a través del mecanismo del Referendo Revocatorio, en el plazo más corto posible, como primer paso para la recuperación de la democracia en el país. Para ello se deben articular todos los sectores teniendo la no-violencia como principio irrenunciable, rechazando las provocaciones de los entes estatales para desviarse de ese camino. No es tiempo de silencio ni de inhibiciones, sino de defender la Constitución y la democracia frente al arrebato dictatorial y autoritario. La vigencia de los derechos humanos depende de ello.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 23 de octubre de 2016

Provea: Decreto del Arco Minero suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano

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(Caracas 08.03.16) El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informadaa los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.
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26 años y un nuevo reto

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 15 de octubre Provea celebró 26 años de fundada. Durante todo ese tiempo, como organización defensora de los derechos humanos se han logrado avances. También se han cometido errores, de cuyas enseñanzas hemos aprendido. Fue en 1988 cuando tres activistas, dos de ellos venidos de otras latitudes, decidieron comenzar una iniciativa que promoviera las garantías para los derechos sociales en Venezuela. Uno de ellas Dianorah Contramaestre, quien huía de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La segunda mujer del trío es Ligia Bolívar, quien comenzó su trayectoria en derechos humanos en Amnistía Internacional y hoy es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El tercero, incorporado poco después es Raúl Cubas, hermano de dos detenidos-desaparecidos de la dictadura argentina y que en primera persona sufrió las torturas dentro de ese circo del horror que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), tristemente célebre.

A pocos días de su fundación formal, registro en notaría, Provea asumió uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en la década de los ochentas: La llamada “Masacre de El Amparo”. Por el montaje contra catorce campesinos y dos sobrevivientes, aprendiendo sobre la marcha, enviando comunicaciones por fax y documentando los detalles de la ignominia, Provea decide llevar el caso ante instancias internacionales. Aquella fue la primera sentencia en contra del país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después vendrían otras, todas para lograr lo que los tribunales del país negaban: justicia para las víctimas.

En 1992, por las relaciones que Provea había realizado con el mundo gremial, un joven sindicalista del Metro llamado Nicolás Maduro acudió a la sede de la organización, una que se pudo comprar por los aportes de grupos cristianos de base, para denunciar hostigamiento al ejercicio de la libertad sindical. Los abogados de la ONG lo asesoraron, de la misma manera como lo hacían con el resto de las personas que pedían apoyo y consejo. Nadie se imaginó que 22 años después, en ese mismo mueble que el futuro presidente esperó ser atendido por el grupo jurídico, se sentarían víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas durante su gobierno. La anécdota, de muchas que hay en década y media de andadura, refleja las razones del trabajo de los defensores de derechos humanos: La obligación de solidarizarse con las víctimas, independientemente de su origen, clase social o creencias religiosas o políticas.

Durante los últimos siete años Provea ha sido dirigida por el abogado Marino Alvarado. Según los estatutos internos, la coordinación general tiene un período de 3 años, renovables sólo por un período más. Marino realizo más debido a la coordinación interina que ejerció durante un año. El balance de su gestión es positivo en muchos aspectos. El más importante lograr que la organización se mantuviera apegada a sus valores en tiempos de alta polarización y confrontación en el país. A pesar de los ataques y hostigamientos. A pesar de los obstáculos y disminución de los presupuestos que obligaron a Provea, como al resto de ONGs, a disminuir su capacidad operativa. Marino finaliza su trabajo como coordinador el 31 de diciembre de este año, tras lo cual pasa a ser miembro de la asamblea de la organización, el cuerpo de notables que asesora permanentemente su dirección.

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Nodos & Redes: Raúl, imprescindible por partida doble

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Rafael Uzcátegui

Muchas personas deben conocer las palabras de Bertold Brecht sobre los hombres que luchan por oírselas en la introducción que Silvio Rodríguez hace a su canción “Sueño con serpientes”. Yo llegué a los imprescindibles por otro camino. Mis primeros recuerdos con Provea, la organización de derechos humanos en la que ahora trabajo, tienen que ver con Raúl Cubas, una persona de origen argentino que fue parte del trio de fundadores y su Coordinador General entre los años 1995 al 2000. Raúl es de esas personas cuya primera impresión es lo más parecido a una confianza rebosante de serenidad. Quizás esa aura mística es la que contribuyó a crear la falsa imagen que Provea, el acrónimo al largo nombre Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, era una organización ligada a la iglesia que la acompañó como un sambenito durante sus primeros años. Con la agudeza de un investigador nato, la formación política necesaria para los análisis de contexto, el olfato propio de los periodistas y la sensibilidad necesaria para involucrarse en las necesidades de los más vulnerables, la historia de la defensa de los derechos humanos en Venezuela siempre estará ligada a su nombre. Como parte de la Federación de Familiares de Desaparecidos en América Latina, una de las primeras organizaciones formales sobre el tema formadas en el territorio, conoció a las dos mujeres –Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre- con las que luego fundaría Provea en 1988, una de las tres ONGs –junto a la Red de Apoyo y Cofavic– de la primera generación de organizaciones de derechos humanos venezolanas. Hoy es parte del equipo de Amnistía Internacional Venezuela. Si ustedes se preguntan el porqué de la diferencia de la actuación de la vela encendida sobre amarillo en las recientes manifestaciones sobre otros hechos convulsos de nuestra historia reciente, parte de la respuesta es Raúl Cubas. Pero detrás de cada hombre, y mujer, hay una historia. Y la de este gaucho hace que su constancia adquiera otra dimensión.

De montonero a defensor de DDHH

A los 20 años de edad, Raúl se incorporó a Montoneros, el movimiento radical de izquierda argentina que creía en la lucha armada para instaurar el socialismo en el país, entendido como una fase superior del peronismo. La efervescencia radical, como el resto de los porteños, recibe la noticia del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, con el que una junta militar gobernaría el país durante 7 sangrientos años. 7 meses después del golpe, 10 hombres secuestran a Raúl a plena luz del día en Buenos Aires. Conocidas las brutales torturas contra los presos políticos de los militares, el montonero aplica la estrategia acordada por su organización: Suicidio por cianuro. Sin embargo, la píldora no surte el efecto mortal, por lo que despierta atontado sobre una alfombra de cadáveres. Su destino fue el tristemente célebre centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí permaneció tres años en los que tuvo que soportar torturas inenarrables y el peor día de su vida, cuando se enteró que sus dos hermanos, Juan Carlos de 21 años y María Georgina de 18 habían sido, literalmente, desaparecidos por los militares. En la cárcel conoció a Rosario Quiroga, “Lula”, otra presa política que sería su compañera sentimental para toda la vida. Ambos fueron liberados y enviados a Venezuela, como exiliados, el 20 de enero de 1979. Caracas los recibió vestida de fiesta: Los Navegantes del Magallanes se habían titulado por quinta vez en la pelota profesional.


Activista toda la vida
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Provea: 25 años al lado de las víctimas

logo_provea_webColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Este 15 de octubre el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), celebra 25 años desde que, como sugerencia de organizaciones religiosas de base, se fundó como organización de derechos humanos en tiempos en que el tema y sus implicaciones eran desconocidos tanto para los funcionarios como para la población en general.

Desde un pequeño cuarto al este de Caracas, habilitado como oficina improvisada, los fundadores de Provea asumieron la denuncia y acompañamiento de la “Masacre de El Amparo”, se realizaron en máquina de escribir los primeros boletines y se aprendió, pateando calle, a documentar los abusos y violaciones a derechos humanos en el marco de la suspensión de garantías ocurrida tras “El Caracazo”.  Desde ese momento germinó una vocación que hasta el día de hoy acompaña la cultura institucional generada por Provea: Estar siempre del lado de las víctimas, enfrentando a sus victimarios.

Campesinos, dirigentes sindicales, habitantes de urbanizaciones y barrios afectados por problemas de servicios públicos o sin vivienda, niños, niñas y  adolescentes vulnerados en su derecho a la salud o al estudio, refugiados, asilados políticos, jueces, militares, policías tanto de organismos nacionales como regionales, mujeres organizadas en la defensa de sus derechos, estudiantes y profesores universitarios , familiares de personas ejecutadas por la policía o militares, personas torturadas, familiares de personas privadas de libertad han recibido la asesoría y acompañamiento de Provea. Gracias a acciones de exigibilidad de derechos realizadas junto a las víctimas, hemos logrado que en algunos casos se haga justicia llegando a la sanción de los responsables y en otros, el restablecimiento de derechos violados.
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Informe 2012 en Derechos Humanos

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó los resultados de su 24avo. Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en el país, correspondiente al año 2012. Este diagnóstico multidisciplinario sobre la situación de 19 derechos en el país se realizó en un contexto de gran dificultad para el acceso a la información pública y las estadísticas oficiales, datos estelares para la investigación.

La situación de opacidad en la gestión de gobierno, en este sentido, ha alcanzado niveles graves. Ahora mismo si usted revisa los sitios webs de 25 ministerios en el país, corroborará como sólo uno, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, tiene publicado en su portal digital institucional su informe de gestión correspondiente al año pasado. Como se recordará la Carta Magna establece que durante los primeros 60 días del año las diferentes dependencias gubernamentales están en la obligación de rendir cuentas de su gestión en la Asamblea Nacional, una información que debe ser pública debido al interés para el ejercicio del derecho constitucional a la contraloría social. En la revisión de los portales webs ministeriales también nos encontramos con la preocupante situación que 18 de ellos no tienen visibilizada ninguna de sus Memorias y Cuentas, mientras que los restantes 6 tienen publicados informes de gestión hasta los años 2010 y 2011. Otros organismos que sí tienen al día sus informes de gestión son la Contraloría General, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
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Al lado de las víctimas, enfrentando a los victimarios

logo_provea_webColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 07 de febrero Provea, junto a la organización zuliana Homoetnatura, estuvo en un estrado judicial defendiéndose por haber defendido a otros. Para Provea, es la primera vez que ocurre en sus 25 años de historia. En dos décadad y media Provea y sus abogados y abogadas han participado en numerosas audiencias judiciales abogando por los derechos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero el pasado 07 fue distinto. Acudimos a un tribunal para responder a una demanda de la Fiscalía. Nuestra supuesta falta: apoyar la lucha del pueblo indígena yukpa.

Como se recordará en el mes de julio de 2010 los indígenas se concentraron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir a la Sala Constitucional se pronunciara ante una acción de amparo que se había interpuesto, solicitando se aplicara la jurisdicción indígena en un caso penal donde estaban involucrados dos integrantes de la comunidad. Sin abandonar, además, su reclamo de una demarcación adecuada de tierras. Provea, como es habitual, se hizo presente y se solidarizó con las peticiones de los yukpas. El Estado, respondió enjuiciándola por una supuesta violación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) –debido a la presencia de niños y niñas en la vigilia-, “financiar la movilización”  y “convocar a la concentración a través de su página web”.

Desde su fundación Provea viene acompañando a mujeres y hombres a quienes se le ha violado sus derechos humanos o se han encontrado en riesgo de violación. Sindicalistas, indígenas, estudiantes universitarios y de educación media, jubilados y jubiladas, educadores, campesinos, integrantes del poder judicial, niños, niñas y adolescentes, miembros de la fuerza armada tanto soldados como oficiales, policías de organismos municipales, estadales y de competencia nacional, juezas y jueces, refugiados y exiliados, colectivos e individualidades afectados en su derecho a la vivienda y en su derecho a la salud, mujeres y hombres pertenecientes a consejos comunales,  entre otros.

Toda nuestra acción  se emprende con el  propósito de beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas, auspiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos a partir de sus propias experiencias de defensa y exigibilidad. El espíritu de Provea es que las víctimas sean protagonistas, teniendo a nuestra organización al lado de su caminar y no al frente de su propio proceso.

Esa labor la venimos realizando sin ningún tipo de discriminación, sin importar si apoyan o adversan al gobierno, su orientación sexual, su condición socioeconómica, sus creencias religiosas. Nuestro valor supremo, por ello, es la dignidad humana. Las puertas de Provea han estado abiertas a miles de personas que en un momento determinado sintieron la necesidad de buscar el apoyo de una organización que las orientara y de ser posible las ayudara a reclamar justicia, a defender derechos o simplemente que favoreciera la comunicación con entes y órganos del Estado obligados a dar respuesta.

No actuamos para ganar simpatías de nadie y mucho menos de quienes tienen altos cargos en la estructura del Estado. Trabajamos en base a los principios de derechos humanos de no discriminación, de buscar la realización de los derechos con criterio universal, reivindicamos la integralidad porque consideramos que la satisfacción de todos los derechos es fundamental para que hombres y mujeres puedan vivir con dignidad. Afirmamos la opción por los más excluidos. Creemos en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Con esos principios y filosofía hemos actuado.
Por nuestra firmeza al lado de las víctimas y la labor de promover y defender  los derechos humanos hemos sido hostigados, amenazados, descalificados por todos los gobiernos. Pese a ello, nuestra actividad ha continuado. Ahora que enfrentamos un juicio no lograrán intimidarnos. No nos callarán. Nuestro compromiso ha sido, es y será al lado de las víctimas. En esta oportunidad con los pueblos indígenas.

Muchos de los integrantes de Provea se han formado al calor de las luchas sociales, en organizaciones de izquierda. Dos de sus tres fundadores son exiliados que hicieron de Venezuela su nuevo hogar tras huir de dictaduras militares en el cono sur. Algunos han sufrido cárcel y torturas por defender un proyecto político que aspiraba mejorar la dignidad humana. Ahora, la lucha por defender los derechos humanos les ha dado una perspectiva diferente, un piso inclusivo donde comenzar la construcción de un mundo mejor para todas y todos. Algunas de las personas que hoy nos atacan o nos ignoran, en roles de gobierno, ayer fueron beneficiarias de nuestro trabajo. El día de mañana, si sufrieran de nuevo acoso y persecución, nuestras puertas continuarán abiertas para el apoyo. Las ONG´s de derechos humanos siempre seremos el contrapoder a la acción y omisión estatal que vulnere derechos humanos.

Provea frente al juicio

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como se recordará, este 07 de febrero comienza el juicio contra Provea y la Sociedad Homoetnatura por haberse solidarizado con una manifestación realizada por el pueblo indígena Yukpa, en julio de 2010. Los indígenas se concentraron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir a la Sala Constitucional se pronunciara ante una acción de amparo que se había interpuesto, solicitando se aplicara la jurisdicción indígena en un caso penal donde estaban involucrados dos integrantes de la comunidad. Sin abandonar, además, su reclamo de una demarcación adecuada de tierras. Provea, como es habitual, se hizo presente y se solidarizó con las peticiones de los yukpas. El Estado, respondió enjuiciándola por una supuesta violación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) –debido a la presencia de niños y niñas en la vigilia-, “financiar la movilización”  y “convocar a la concentración a través de su página web”.

En su escrito de contestación a la demanda, Provea ha expresado: “Las instituciones del Estado en lugar de dar solución a la exigencia de demarcación de tierras y la creación de la jurisdicción indígena, procedieron a tomar medidas arbitrarias buscando desestimular, dividir y derrotar las acciones de exigibilidad emprendidas. Entre esas medidas adoptadas se encuentran: presiones mediante amenaza de desalojo policial de la sede del TSJ y amenazas de trasladar los niños, niñas y adolescentes a un lugar distinto donde se encontraban sus madres y padres., la presencia compulsiva del Consejo de Protección del Municipio Bolivariano Libertador y esta acción de protección que como explicaremos más adelante está viciada procesalmente de ultrapetita al pretender la representación fiscal obtener con la acción más de lo que la ley le permite.

La acción de protección presentada por la Fiscalía, más que tener interés real por la situación de la calidad de vida y satisfacción de derechos de los niños, niñas y adolescentes que participaban junto a sus padres y madres en la reivindicación de derechos de interés colectivo para el pueblo Yukpa, pretendió intimidar a los participantes de la protesta y pretende se impongan sanciones a las organizaciones de derechos humanos Homo et Natura y Provea.
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Venezuela: Los infortunios del extractivismo (Informe Social Watch 2012)

Por tercer año consecutivo, tengo el honor de elaborar el capítulo Venezuela para el Informe Social Watch, la red de combate a la pobreza y por la justicia de género con contrapartes en muchas partes del mundo. El PDF del capítulo puede descargarse ACA en PDF.

Venezuela: Los infortunios del extractivismo

El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además,  insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda.  Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil,  atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar  un modelo de desarrollo realmente sostenible.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Rafael Uzcátegui

Desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, ha cuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”: “Ese es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera (…) el Socialismo petrolero no se puede concebir sin la actividad petrolera… (este recurso) le da una configuración peculiar a nuestro modelo económico”[1].

Ahora bien, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. Según la Ley de Presupuesto 2011[2] los ingresos energéticos representarían el 27,6% del total de dinero disponible para gastos, asumiendo un precio de USD 40 (similar al del presupuesto del año anterior) para el barril de petróleo. Sin embargo, expertos como el ex presidente del Banco Central José Guerra plantean que dicha estimación no se ajustó a la realidad, pues los precios oscilaban alrededor de los USD 100, por lo cual el Ejecutivo Nacional dispone de una considerable suma de dinero adicional con manejo discrecional y de difícil contraloría social.
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Ciudad CCS, Mazuco, Róger Cordero, Ernesto Villegas, Provea y este servidor…

Sobre la información publicada en Ciudad CCS en esta dirección, divulgo el derecho a réplica que remití hoy 14.10.10. Lo posteo para conocimiento de la gente que pregunta sobre el suceso…

:: Caracas, 14.10.10

Lic Ernesto Villegas
Ciudad Caracas

Reciba un cordial saludo de mi parte. En virtud del ejercicio del artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deseo hacerle llegar mi réplica y comentarios, a título personal, al artículo publicado por su persona en Ciudad CCS del 14.10.10, titulado “La mentira de Provea contra Ciudad CCS”. Usted tiene absoluta razón cuando cuestiona el error de nuestra parte en haber difundido una información errónea y no haber corroborado con la fuente original la naturaleza de nuestras aseveraciones. No  vamos a justificar lo injustificable. Sin embargo, en su respuesta hace algunas afirmaciones inexactas:

1) Como se le comunicó por teléfono la denuncia inicial, no fue publicada en nuestro sitio Web como se sugiere en su texto.  La misma circuló por listas internas de correos electrónicos en las que se discute sobre derechos humanos.

2) Nadie “pasó un dato chimbo a Provea”, teníamos dos artículos escritos por la misma persona. El primero y más extenso enviado por su autor a través de correo electrónico y publicado completo en nuestra página Web el día 04/10/2010, y un segundo artículo idéntico salvo en las omisiones, conseguido  producto del monitoreo diario de investigación que se efectúa al Diario Ciudad CCS. Por tanto, fuimos nosotros los que al cotejar ambos artículos sacamos, en este caso, una conclusión errónea.

3) Conclusión influida por el hecho, comprobable, de la deficiente cobertura periodística de Ciudad CCS ante las denuncias realizadas por diferentes organizaciones populares y sociales sobre la participación del diputado electo por el PSUV, Roger Cordero, en la Masacre de Cantaura, hecho que consta en el expediente sobre el caso y que ha sido reconocido por el propio Cordero. Basta con colocar en el buscador del diario que dirige las palabras “Roger Cordero Lara” y con excepción de los artículos relacionados al correo errado, no existe ningún otro que haga referencia al caso. Igual resultado ofrece el archivo de Ciudad CCS  con relación a la Masacre de Cantaura, en ninguno de los artículos posteados hay referencia al Diputado y su relación al hecho. Solamente aparece su nombre en el artículo “Bases del PSUV escogieron delegados para el Congreso Extraordinario” sin ninguna nota al respecto de la Masacre de Cantaura. Tal omisión es verificable en los textos que publicaron el 04.10.10, en el aniversario de la Masacre. No pedimos que esta noticia sea más o menos relevante que el caso similar, diputado José Sánchez “Mazuco”, acusado también de violar derechos humanos, y que reconocido por nosotros tiene 6 artículos importantísimos sobre su actuación en el archivo de Ciudad CCS, sino que también pudiera ser difundida en igualdad de condiciones. Las víctimas directas e indirectas dada la gravedad del aval a la impunidad en el caso Masacre de Cantaura, merecen una cobertura de mayor calidad que una referencia menor a una entrevista referida por usted y que no aparece dentro del archivo de Ciudad CCS al buscarla. Sin embargo, nos sentimos satisfechos si nuestra inexcusable torpeza sirve para que su diario sea, sin mediaciones, la voz de las víctimas y denuncie más abiertamente la responsabilidad en los hechos del diputado Roger Cordero Lara, del PSUV, con lo que al final saldría ganando de todo este terrible malentendido el periodismo y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

Provea en sus 21 ha denunciado las violaciones de los derechos humanos de todos los gobiernos, nacionales y locales, independientemente de su color político. A pesar de las descalificaciones lo hicimos en el pasado, lo hacemos en el presente y lo seguiremos haciendo en el futuro.

Saludos cordiales

Rafael Uzcátegui
Coordinador de Investigación de Provea

Provea advierte que progresiva militarización del país constituye un riesgo para la democracia

(Provea, 15.04.10). Ante el aumento de las señales que evidencian una progresiva militarización de la sociedad venezolana, el programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alerta sobre el aumento de las situaciones de riesgo para la vulneración de los derechos humanos, así como el progresivo debilitamiento de la democracia.

A comienzos del mes de abril el Primer Ministro de Rusia, Vladimir Putín, afirmó que las compras de armas a su país por parte del gobierno venezolano ya superaban los 5 mil millones de dólares. Según cifras del International Peace Research Institute (Sipri),

con sede en Estocolmo, el volumen de compras por parte de Venezuela lo ubicó durante el año 2008 en el puesto número 8 en la lista de los mayores importadores de armas a nivel mundial, y en el lugar 32 para el año 2009. El reciente anuncio de compra de armamento se realiza en un año en el cual el gobierno se ha estancado en su lucha contra la pobreza, por lo que la inversión bélica se realiza a costa de desmejorar posibles impulsos a las políticas que beneficien a los sectores más vulnerables del país. Este énfasis de lo militar sobre lo civil se reiteró en la Ley de Presupuesto 2010, en donde el Ministerio de Defensa es la séptima institución con mayor partida presupuestaria, recibiendo 60 veces más que lo destinado a los pueblos indígenas, 28 veces más que el Ministerio de la Mujer, 13 veces los recursos del Ministerio de Deportes, 10 veces lo destinado a la cultura y 3 veces más que el Ministerio de Alimentación. Si la cifra anunciada por el presidente Putín se hubiera destinado al sector viviendas, se hubiera podido construir 143.333 viviendas, lo cual representa casi la mitad de las casas construidas por el presidente Chávez en diez años. En la última década la adquisición de armamento ruso representa el 77.6% de las compras bélicas realizadas por Venezuela. Provea desea recordar que la industria armamentista estatal de la Federación Rusa ha sido señalada a nivel internacional, por diversas organizaciones sociales, como corresponsable de la violación de los derechos humanos en diferentes conflictos. Un ejemplo lo constituye la Guerra en Chechenia, en donde las armas rusas han ocasionado la muerte de, aproximadamente, 20% del total de su población.

Un segundo elemento lo constituye la reciente juramentación de 35 mil milicianos por parte del primer mandatario. Si bien dicha política tiene como argumento la defensa de la soberanía nacional, voceros del alto gobierno como el ministro del Poder

Popular para Obras Públicas y Vivienda y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declararon que dicha fuerza armada, cuya meta es ser integrada por 200 mil personas, tiene como uno de sus objetivos la confrontación con los sectores opositores al gobierno nacional, los cuales aspiran ser electos para la Asamblea Nacional. En este sentido Provea rechaza este tipo de declaraciones antidemocráticas, así como la instrumentalización política de los lamentables sucesos de abril del 2002. En consecuencia responsabiliza al gobierno nacional de la vulneración de la integridad física de los candidatos y candidatas no afiliados al PSUV.

En tercer lugar se encuentra la creación de las llamadas “guerrillas comunicacionales” por parte del Ministerio de Comunicación e Información. Provea deplora que una de las primeras acciones promovidas por la reciente ministra Tania Díaz sea contradictoria con el discurso a favor de la paz y el desarme de la sociedad venezolana. Asimismo respalda el análisis realizado por CECODAP acerca de la gravedad de la promoción de terminología bélica por parte del Ejecutivo Nacional entre niños, niñas y adolescentes. Reconocemos el derecho que tienen los adolescentes de opinar con sentido político, pero eso es distinto a involucrarlos en la desgastante polarización que tanto daño ha causado a la sociedad venezolana, motivándolos a enfrentar a quienes tengan opiniones críticas al gobierno.

Para Provea el discurso guerrerista inherente al militarismo es contradictorio con la democracia directa, participativa y protagónica, pues ese discurso impone la lógica de la obediencia ajena al debate democrático, además de otros valores como la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la autoridad incontestable, la organización vertical y jerárquica, la diversidad como amenaza y el culto a las armas. Estas nociones son contraproducentes en un país azotado por la violencia cotidiana, donde por el contrario se requiere promover la paz, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.

Como organización de derechos humanos deploramos que sea el recurso de la polarización y la confrontación la estrategia privilegiada por los sectores oficialistas para la promoción de sus candidaturas a la Asamblea Nacional. Esta situación coloca en riesgo las garantías presentes en la Constitución, por lo que, una vez más, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que asuma con independencia su papel de resguardo de los derechos de todos los venezolanos y venezolanas.

Asimismo, exhortamos a todos los sectores políticos del país a crear condiciones favorables para que el debate político se desarrolle en el marco de la tolerancia, la resolución de las diferencias por mecanismos democráticos y pacíficos, los cuales favorezcan la mayor participación de la ciudadanía en el próximo proceso electoral.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 15.04.10
http://www.derechos.org.ve

Provea constata las condiciones de privación de libertad del lider sindical Rubén González

Durante la mañana del 25.02.10 dos representantes de Provea pudieron conversar, por breves minutos, con el líder sindical Ruben González en la sede de Patrulleros del Caroní, en la ciudad de Puerto Ordaz, donde se encuentra recluido. González expresó que desconoce la duración de la medida de privación de libertad en su contra, la cual en principio implicaba una medida sustitutiva de casa por cárcel y que luego, saltando todos los procedimientos administrativos y el estado de derecho, fue revocada para internarlo en la sede del cuerpo policial del municipio Caroní del estado Bolívar. Los delitos imputados al líder sindical son agavillamiento, incitación a delinquir, cierre de vias y la violación de zonas de seguridad tras la realización de una paralización de actividades realizada en el mes de agosto del año 2009 en la planta de Ferrominera Orinoco, ubicada en Ciudad Piar. El dirigente obrero mostró su satisfacción con las condiciones en las que se encuentra recluido, expresando que no ha tenido violaciones a su integridad personal durante su estancia en Patrulleros del Caroní. Finalmente realizó un llamado a los diferentes sindicales a que defiendan los intereses de los trabajadores y no intereses particulares, de la patronal o de un partido político, por lo cual “había que quitarse el miedo”. González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rechazó la política de criminalización de la protesta y solicitó a las organizaciones sociales y de derechos humanos que llevaran ante instancias internacionales todos los casos documentados hasta la fecha.

Para Provea el caso de Ruben González es un grave precedente en la escalada de la criminalización de la protesta por derechos sociales, que desde hace varios años viene ocurriendo en el país y que ha llevado a más de 2400 personas a someterse a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en manifestaciones. (Provea, 26.02.10)

Provea invita a la presentación de su informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela


Tenemos el agrado, desde el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) de invitarlos a la Presentación del XX Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, que se realizará el próximo 10 de diciembre, a las 5:30 pm, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros (frente a la estación del Metro Colegio de Ingenieros), Caracas.

La visita de la Comisión Interamericana de DDHH

Desde el año 2002 diferentes organizaciones de derechos humanos han solicitado la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). Sin embargo, esta petición ha alcanzado relevancia recientemente tras haber sido incorporada a las reivindicaciones de una parte del movimiento estudiantil. ¿Qué es la CIDH?, ¿Cuáles son las funciones que realiza cuando visita los países?, ¿Qué consecuencias puede generar?

La CIDH es un organismo, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual se encuentra conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente, junto con sus protocolos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, así como las tres Convenciones Interamericanas sectoriales sobre prevención y sanción de la tortura, desaparición forzada de personas y prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
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