Provea: Venezuela debe avanzar a la solución democrática del conflicto garantizando el protagonismo soberano del pueblo

Logo-Provea(Caracas, 24 de enero de 2019). El 23 de enero de 2019 el pueblo venezolano se manifestó masivamente en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. En más de 60 ciudades del país, y muchas otras a nivel internacional, ocurrió una amplia participación atendiendo el llamado, realizado el pasado 12 de enero por la directiva de la Asamblea Nacional, a expresar el descontento en esta fecha emblemática de la historia venezolana. Previo a las movilizaciones se realizaron cabildos abiertos, en distintos estados, también con multitudinaria asistencia.

En contraste, el gobierno de facto convocó a una movilización que contó con una modesta participación de simpatizantes, e igualmente llamó a realizar una vigilia nocturna frente al Palacio de Miraflores “para defender a Maduro”, sin que la población atendiera el llamado. Una situación que contrasta cuando eran convocadas por el presidente Hugo Chávez.

Destaca en la movilización del 23 de enero la amplia participación de habitantes de las zonas populares, los mismos que protagonizaron las protestas por servicios públicos y mejoras en sus comunidades durante el año 2018. En el caso de Caracas han sido las comunidades populares quienes han protagonizado las protestas nocturnas, desde el día 21 de enero, de rechazo a Maduro en zonas anteriormente identificadas como bastiones del chavismo.

Ante el fraude en las elecciones presidenciales y la posterior usurpación de la primera magistratura, la Asamblea Nacional como único poder legítimo ha venido trazando una ruta orientada a rechazar al gobierno de facto, lograr una transición, restituir la plena vigencia de la Constitución y convocar a elecciones. Consideramos que toda solución a la situación compleja y critica del país pasa por garantizar la participación del pueblo en unas elecciones libres, trasparentes e inclusivas en el plazo más corto posible.

Ratificamos la importancia de continuar articulando las fuerzas democráticas para avanzar en el rescate de la democracia. El 23 de enero se inició una ruta que debe garantizar elecciones democráticas con nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral para que exista un árbitro que brinde confianza, tiempo suficiente para su preparación, garantía de participación de todos los partidos políticos que tengan la voluntad de participar sin ningún tipo de discriminación, así como observación internacional calificada.

Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de facto contra las personas que expresan su descontento. Denunciamos que se repiten los mismos patrones del año 2017: El uso desproporcionado de la fuerza, con alto nivel de letalidad contra la población civil. La dictadura ha instituido el accionar de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional, un grupo comando que tiene graves antecedentes de realización de ejecuciones policiales y que no ha sido entrenado para el control del orden público.

Hasta las 2 de la tarde de este jueves 24 de enero más de 26 personas han sido asesinadas en las protestas del día 22 y 23 de enero, en su gran mayoría víctimas de escasos recursos. Las arremetidas contra las zonas populares han sido acompañadas también con allanamientos sin orden judicial, ataque a viviendas, detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos.

Los asesinatos perpetrados por las fuerzas policiales y militares o por colectivos paramilitares al servicio del gobierno, amplían el expediente que cursa en la Corte Penal Internacional en fase de Examen Preliminar, reiterando que son responsables de crímenes de lesa humanidad tanto quienes ejecutan las órdenes como la cadena de mando. Lamentablemente tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo en la actualidad garantizan impunidad para los victimarios.

Exhortamos a la comunidad internacional a seguir monitoreando y apoyando la lucha que libra el pueblo venezolano por el rescate de la democracia. Las iniciativas que se emprendan deben estar enmarcadas en el ámbito del derecho internacional y orientadas a una solución pacífica y soberana para transitar del autoritarismo a la plena vigencia del estado de derecho.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Provea frente al 10 de Enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

(Caracas 8 de enero de 2019) Ante el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.

2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
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Provea: A partir del 20-0, gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización que durante sus 28 años de existencia ha ganado respetabilidad debido a la credibilidad de sus análisis y denuncias. Con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza, compartimos la siguiente toma de postura ante la opinión pública: A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. No estamos en presencia de la simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pueda obtener resultados favorables en las urnas. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo.

La decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos del país como la ruptura del hilo constitucional. En ese momento la posibilidad de expresarse mediante el voto nos impedía calificar la situación como de “dictadura”, derecho que no existe hoy con las garantías que existieron, hasta por lo menos, el pasado 6 de diciembre de 2015. La decisión simultánea de tribunales penales suspendiendo el Revocatorio, afirmando su evidente subordinación al poder Ejecutivo, y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de plegarse a decisiones ilegales de esos tribunales penales regionales, quienes no tienen competencia para suspender sufragios, dieron una estocada a lo que quedaba de democracia en el país. Suspensión del revocatorio que se realiza tras haberse expresado la voluntad del pueblo cumpliendo con dos de las fases del procedimiento establecido por el Consejo Nacional Electoral y aprobado la validez de las firmas, expresa que ya no existen condiciones para convocar eventos comiciales de manera ecuánime y transparente, salvo que se restituya el orden democrático.

La democracia no es un valor absoluto. La dictadura tampoco lo es. No estamos en presencia de una dictadura clásica, como la que enfrentaron en décadas anteriores las ONG de derechos humanos en países hermanos como Argentina o Chile, donde las condiciones permitían el asesinato y desaparición de centenares de personas. Estamos en presencia de regímenes dictatoriales adecuados a los nuevos tiempos, cooptando la independencia de las instituciones para darles un matiz de legitimidad legal al abuso, la arbitrariedad y la hegemonía del poder. En el actual caso venezolano sustentado en el apoyo del sector militar y en el uso del poder judicial para criminalizar y neutralizar a la disidencia. América Latina hace menos de dos décadas tuvo una experiencia similar en Perú con el fujimorazo que cercenó las libertades democráticas en ese país y que culminó gracias a la lucha de la población reclamando la restitución de la democracia.

El gobierno venezolano se ha puesto al margen de la Carta Democrática Americana y del Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur. Se ha puesto en contra de los postulados democráticos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La gran consigna del movimiento social venezolano debe ser la defensa del derecho a evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, a través del mecanismo del Referendo Revocatorio, en el plazo más corto posible, como primer paso para la recuperación de la democracia en el país. Para ello se deben articular todos los sectores teniendo la no-violencia como principio irrenunciable, rechazando las provocaciones de los entes estatales para desviarse de ese camino. No es tiempo de silencio ni de inhibiciones, sino de defender la Constitución y la democracia frente al arrebato dictatorial y autoritario. La vigencia de los derechos humanos depende de ello.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 23 de octubre de 2016

Provea: Decreto del Arco Minero suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano

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(Caracas 08.03.16) El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informadaa los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.
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26 años y un nuevo reto

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 15 de octubre Provea celebró 26 años de fundada. Durante todo ese tiempo, como organización defensora de los derechos humanos se han logrado avances. También se han cometido errores, de cuyas enseñanzas hemos aprendido. Fue en 1988 cuando tres activistas, dos de ellos venidos de otras latitudes, decidieron comenzar una iniciativa que promoviera las garantías para los derechos sociales en Venezuela. Uno de ellas Dianorah Contramaestre, quien huía de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La segunda mujer del trío es Ligia Bolívar, quien comenzó su trayectoria en derechos humanos en Amnistía Internacional y hoy es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. El tercero, incorporado poco después es Raúl Cubas, hermano de dos detenidos-desaparecidos de la dictadura argentina y que en primera persona sufrió las torturas dentro de ese circo del horror que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), tristemente célebre.

A pocos días de su fundación formal, registro en notaría, Provea asumió uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en la década de los ochentas: La llamada “Masacre de El Amparo”. Por el montaje contra catorce campesinos y dos sobrevivientes, aprendiendo sobre la marcha, enviando comunicaciones por fax y documentando los detalles de la ignominia, Provea decide llevar el caso ante instancias internacionales. Aquella fue la primera sentencia en contra del país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después vendrían otras, todas para lograr lo que los tribunales del país negaban: justicia para las víctimas.

En 1992, por las relaciones que Provea había realizado con el mundo gremial, un joven sindicalista del Metro llamado Nicolás Maduro acudió a la sede de la organización, una que se pudo comprar por los aportes de grupos cristianos de base, para denunciar hostigamiento al ejercicio de la libertad sindical. Los abogados de la ONG lo asesoraron, de la misma manera como lo hacían con el resto de las personas que pedían apoyo y consejo. Nadie se imaginó que 22 años después, en ese mismo mueble que el futuro presidente esperó ser atendido por el grupo jurídico, se sentarían víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridas durante su gobierno. La anécdota, de muchas que hay en década y media de andadura, refleja las razones del trabajo de los defensores de derechos humanos: La obligación de solidarizarse con las víctimas, independientemente de su origen, clase social o creencias religiosas o políticas.

Durante los últimos siete años Provea ha sido dirigida por el abogado Marino Alvarado. Según los estatutos internos, la coordinación general tiene un período de 3 años, renovables sólo por un período más. Marino realizo más debido a la coordinación interina que ejerció durante un año. El balance de su gestión es positivo en muchos aspectos. El más importante lograr que la organización se mantuviera apegada a sus valores en tiempos de alta polarización y confrontación en el país. A pesar de los ataques y hostigamientos. A pesar de los obstáculos y disminución de los presupuestos que obligaron a Provea, como al resto de ONGs, a disminuir su capacidad operativa. Marino finaliza su trabajo como coordinador el 31 de diciembre de este año, tras lo cual pasa a ser miembro de la asamblea de la organización, el cuerpo de notables que asesora permanentemente su dirección.

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