8 cavilaciones ciudadanas sobre las parlamentarias

Rafael Uzcátegui
Especial para Tal Cual

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No hay que equivocarse: El principal promotor del abstencionismo en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. Al ser una minoría social y electoral, la única manera de ganar elecciones, sin realizar un fraude de los resultados -que deja evidencias y tiene un alto costo político- es desestimular a que los votos en contra sean finalmente depositados en las urnas. Esta formula ya ha sido aplicada en los dos últimos certámenes electorales y ahora está en pleno refinamiento.

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Movimientismo en contraste

Rafael Uzcátegui

Manuel Castells, en “Redes de indignación y esperanza”, ha postulado que los movimientos sociales actuales, articulados y vinculados en red, tienen capacidad de reflexionar y aprender sobre su propia experiencia. Para aportar en este sentido, comparto un esquema sobre las que considero las principales diferencias entre las protestas del año 2014 y las que se están desarrollando en este mismo momento en el país. Enlisto primero las características de las anteriores y, seguidamente, su contraste actual (Algunas características podrían cambiar tras el 19 de abril).

2014
– Se realizaron en democracia restringida
– Fueron criminalizadas por todas las instituciones estatales
– Sin centro
– Protestas de importancia en todo el país (18 estados)
– Diversidad en las estrategias de movilización
– Consigna central “Maduro vete ya”
– Escasa atención de la comunidad internacional
– Expectativa en diálogo como mecanismo de mediación
– Sus referentes fueron protestas internacionales
– Partidos políticos de oposición divididos frente al fenómeno
– Chavismo era mayoría electoral
– Protagonizada por clase media y algunos sectores populares
– Emergencia de crisis económica
– Forma de comunicación resaltante: Tuits con fotografías

Diferencias20142017

2017
– Se realizan en dictadura
– Fiscalía desentona con línea oficial
– Relativo liderazgo de la Asamblea Nacional
– Protestas en 9 estados, con protagonismo de Caracas
– Algunas estrategias de movilización, énfasis marchas y concentraciones
– Consigna central “Elecciones ya”
– Alta atención de la comunidad internacional
– Ocurren tras fallido mecanismo de diálogo
– Aprendizaje acumulado de protestas locales anteriores
– Partidos políticos de oposición unidos frente al fenómeno
– Chavismo es minoría electoral
– Protagonizada tanto por clase media como por sectores populares
– Profundización de crisis económica
– Forma de comunicación resaltante: Videos y mensajes de voz por Whatsapp

@fanzinero

ONG y Referendo Revocatorio

Rafael Uzcátegui

El mecanismo revocatorio incluido en la Constitución mediante referéndum, como único dispositivo de democracia directa, fue una de las novedades de la Carta Magna de 1999. Por ello su activación ha significado un aprendizaje democrático para el país. Su lógica es permitir que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los cargos electos por votación popular, al cumplirse la mitad de su mandato. Si el mismo ha sido eficiente y ha cumplido las expectativas de los electores, el funcionario sería reiterado en sus funciones. En caso contrario, los electores deciden apartarlo de sus funciones para que sea sustituido por otro que pueda conseguir mejores resultados en la gestión pública. En vez de obtener un cheque en blanco por el período para el cual han sido electos, presidentes, alcaldes y gobernadores tendrían la presión de mostrar resultados positivos en el ejercicio de sus labores para poder salir airosos de la posibilidad del escrutinio de la contraloría social y ciudadana. Por ello la inclusión del mecanismo revocatorio constituyó un paso más allá de la tradicional democracia delegativa y representativa venezolana que ha sido hegemónica hasta el día de hoy.

Si un funcionario o funcionaria, seguro de sí, promueve la evaluación a su gestión a la mitad del período, y sale aprobado por la consulta popular, se relegitima. Recordar que el propio Hugo Chávez, en el año 2004, calificó la activación del mecanismo por un grupo de electores como un “Referendo Confirmatorio”. Los resultados le dieron la razón, de una manera tal que sus opositores no intentaron promover un nuevo revocatorio durante su período presidencial comprendido entre los años 2007 al 2013.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización

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A desmilitarizar

14abril01Rafael Uzcátegui

El militarismo no es solamente el control y la presencia física de miembros de Fuerzas Armadas, legales o ilegales, en un territorio determinado. Militarización también se denomina a la ascendencia que su forma de pensar tiene sobre la sociedad en un momento específico de su historia. Para el movimiento antimilitarista mundial el Ejército es un dispositivo que concentra valores contrarios a la libertad y la justicia social: La autoridad incontestable, el culto a las jerarquías, la violencia como método privilegiado para la resolución de los conflictos, el machismo, la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la homofobia…

Venezuela es un país históricamente militarista. Durante 51 años del siglo XX el país fue gobernado directamente por militares o por políticos con características caudillescas. Desde 1998 esta tendencia se incrementó. El ejercicio de la presidencia democrática del país por parte de un originario del sector castrense fue el inicio de una mayor militarización de lo público. Funcionarios militares ocuparon diferentes e importantes cargos en la pirámide estatal, mientras que paralelamente se emitían mensajes que aseguraban que el ámbito militar tenía mayor capacidad y “disciplina” para la realización de actividades administrativas. La gobernabilidad comenzó a edificarse en base a lógicas de guerra: Polarización amigo-enemigo, deshumanización y cosificación del adversario, sistematización de los discursos de odio contra los otros, estímulo de la violencia simbólica –y en ocasiones real- para neutralizar y eliminar la disidencia. Modelaje de las organizaciones populares de apoyo en base a esquemas y racionalidades militares. Incorporación de la ciudadanía a estructuras armadas. Estímulo e impunidad para el funcionamiento de grupos paramilitares. Carrera armamentista que nos ha ubicado como uno de los mayores compradores en los últimos años. Legitimación del golpe de Estado como mecanismo de acceso al poder -4F como “día de la dignidad”-.

Un reto colectivo por delante es empujar la progresiva desmilitarización de la sociedad venezolana. El primer paso es el desarme del lenguaje. Luego la disolución de milicias, cuerpos de combatientes y paramilitares; disminución del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa y aumento de los dineros destinados a lo social; eliminación del registro militar obligatorio y cualquier otra propuesta que surja de asambleas libres y horizontales de ciudadanos. En la indignación generalizada de nuestros días ha aumentado el sentimiento de rechazo a lo militar debido a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Albert Camus nos lo había advertido: “El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”. 

Estado y paramilitarismo

paras

 

Rafael Uzcátegui

 

Los acontecimientos recientes han añadido un explosivo elemento a la confrontación política polarizada en los últimos años: la actuación de grupos paramilitares para disolver manifestaciones. Si bien, como hemos registrado en nuestro Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos, en años anteriores se había registrado su intervención para enfrentar protestas de trabajadores del sector salud y de la economía informal, estas actuaciones habían sido puntuales y minoritarias. Hoy, la evidencia de su despliegue en varias ciudades del país y en diferentes momentos, podría inaugurar una tendencia que sugeriría el despliegue de una política de Estado violatoria a los derechos humanos.

 

En América Latina se ha discutido mucho sobre si las consecuencias de la actuación de los grupos paramilitares deben ser calificadas como “delitos” o como “violaciones a los derechos humanos”. Al ser actuaciones de particulares, cuya relación con las autoridades no siempre es clara y evidente, la opinión mayoritaria es considerarlos como delincuentes, como actores no gubernamentales. Sin embargo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando los contenidos de los pactos y acuerdos internacionales en la materia y suscritos por los Estados, han dibujado su responsabilidad ante la actuación de grupos paramilitares en su territorio. Las dos más claras se ubican en sentencias contra Colombia.

 

En la primera, en el Caso 19 Comerciantes vs. Colombia del 05.07.04: “A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos “paramilitares”, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales, aunado a que las propias autoridades militares (…) incentivaron al grupo de “autodefensa” que tenía control en dicha zona a desarrollar una actitud ofensiva ante los guerrilleros (…) pues se consideraba que los comerciantes brindaban colaboración a los grupos guerrilleros”.

 

En la segunda, en el Caso de la “Masacre de Mapiripan” vs Colombia, se establece:  “Puesto que los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convencionales de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones inter-individuales”.

 

Provea ha sido enfática en rechazar los hechos de violencia, independientemente de su origen, exigiendo al gobierno el respeto al derecho constitucional a la protesta pacífica. En su comunicado sobre los hechos, además, agregó que el Estado es responsable de la violación a los derechos humanos cuando no es capaz de controlar la actuación de grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. Hay evidencias de la tolerancia y estímulo gubernamental al accionar de estas organizaciones. Durante la noche del 12.02.14 un comando integrado por paramilitares y funcionarios que de identificaron como miembros del SEBIN, secuestraron durante algunas horas al Coordinador de Medios de Provea. Tras golpearlo, amenazarlo de muerte y despojarlo de sus pertenencias, lo interrogaron acerca de la naturaleza de su trabajo como defensor de derechos humanos. Al liberarlo le dijeron que si denunciaba iban a “ir por sus familiares”. Durante su cautiverio, escuchó conversaciones que ratifican niveles de coordinación con funcionarios gubernamentales.

Si lo anterior no fuera suficiente, un reportaje de investigación del diario de mayor circulación nacional publicó, el domingo 16 de febrero, un reportaje donde se demuestra tanto la participación activa de grupos irregulares armados en la represión a manifestantes como la procedencia de los disparos que quitaron la vida a Juan Montoya, miembro de importancia de una de las organizaciones armadas, lo cual implosiona la versión oficial sobre los hechos. Sin ningún tipo de investigación, de manera alegre e irresponsable, inmediatamente se culpó de los muertos a los manifestantes, lo cual fue secundado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, minando por enésima vez su credibilidad. El texto impreso se acompaña de un excelente trabajo multimedia que debe ser consultado por todos los interesados en la verdad. Las evidencias difundidas recientemente, por respeto a sí misma, deben motivar que la Fiscal ponga su cargo a la orden, pues su presencia en el Ministerio Público es garantía de impunidad.

El presidente Maduro tiene la palabra. No hay “Plan de Paz y Convivencia” posible que no pase por políticas definidas hacia estas organizaciones irregulares. Los sectores progobierno también tienen responsabilidad en este debate. Estamos a tiempo de detener un fenómeno, el paramilitarismo, que en otros países de América Latina ha dejado una cosecha oscura para los derechos humanos y heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizarse.

Las diferencias de abril

rafael uzcateguiRafael Uzcátegui

A raíz de los recientes acontecimientos, el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que se encontraría en marcha un “golpe de Estado” que estaría repitiendo “el guión de abril de 2002. Si bien en un país de realismo mágico-voluntarista como Venezuela nada es imposible, si creemos que las condiciones de este 2014 son tan diferentes que harían casi imposible la realización de una interrupción del hilo constitucional, por lo menos en los términos que fuimos testigos 12 años atrás. En primer lugar el liderazgo frágil de Maduro contrasta con la ascendencia que tenía Hugo Chávez en sus seguidores. Ante la ausencia de la figura sobre la que giraba el quehacer en el 2002, hoy tanto el gobierno como la oposición experimentan crisis de representatividad y disputas entre las tendencias enfrentadas por el predominio político a lo interno de cada uno de los bandos.

En segundo lugar, si algo ha sido efectivo el gobierno después de aquel episodio es en la depuración de los cuadros medios y altos de las Fuerzas Armadas, con lo que ha logrado cohesionar y fortalecer el apoyo castrense al proyecto bolivariano. Comparativamente, es abrumadoramente menor la incidencia que los partidos opositores puedan tener sobre los uniformados. En tercer lugar, la correlación entre medios de línea editorial pro-gobierno y opositores, que en aquel episodio era parejo con inclinación a la disidencia, hoy es distinto.

El Estado ha logrado eficacia en su proyecto de hegemonía comunicacional, controlando el espacio televisivo, neutralizando a sectores de radio y arrinconando a los medios impresos, único espacio donde no es preponderante, vía control del acceso a divisas para la importación de insumos. Cuarto término, cuando en el 2002 hubo uso de armas de fuego desde ambos bandos, hoy los disparos son adjudicables a un sector, el estatal, que además del uso de los cuerpos represivos hoy ha incorporado la actuación de grupos parapoliciales para la dispersión y contención de los manifestantes. Si bien hubo un nivel de participación de estos actores en los hechos que derivaron en el “Carmonazo”, su actuación hoy es mucho más estructurada y evidente, con diferentes niveles de participación y menos capacidad de control por parte de la autoridad central del Ejecutivo. La victimización del gobierno tras abril de 2002 le ha sido efectiva como estrategia comunicacional a lo interno y externo del país para criminalizar la disidencia. ¿Continuará siendo efectivo? @fanzinero

El vértigo del vacío

eleccionesRafael Uzcátegui

Si usted revisa los votos emitidos  en las elecciones presidenciales, entre 1998 y 2013, podrá constatar las curvas de crecimiento de los dos principales bandos políticos en pugna. El dato electoral, es cierto, no constituye toda la realidad, pero es un hecho que no puede soslayarse en cualquier análisis sobre la dinámica sociopolítica de cualquier país. La tendencia oficialista tuvo su mayor apogeo entre los años 2000 y 2006, lo cual coincide con el período de lanzamiento de las políticas sociales denominadas sociales. De allí al 2012 continuó el crecimiento, hasta llegar al tope de alrededor de ocho millones de sufragios para el candidato Hugo Chávez, con un margen sólido de diferencia de millón y medio de votos de su principal contendor. El mejor momento electoral del oficialismo, con un candidato casi ausente y la promesa de implementar una radicalización de su proyecto en base al estatismo comunal, dio paso al vértigo del vacío: La súbita ausencia del líder de un proyecto edificado en base al culto a la personalidad. Las interrogantes orbitaban en torno a cuánto “proceso” y cuánta “revolución bolivariana” serían posibles en su ausencia. Por ello, el resultado de las primeras elecciones presidenciales sin Chávez ofrecerían varias lecturas. Una de ellas tenía que ver con el margen que separaría al vencedor del ganador. Los resultados hasta ahora conocidos reflejan, en contraposición al 7 de octubre, el peor momento electoral del movimiento bolivariano, el cual apenas en 6 meses perdió todo el capital electoral que un Hugo Chávez había acumulado entre el 2006 y 2012, y cuyos guarismos sugieren que la opción no bolivariana sería la primera opción de triunfo en una próxima cita electoral de envergadura nacional. Uno podría preguntarse si todo el escándalo de los últimos días y la estrategia del llamado comando “antigolpe”, que incluye fantasmagóricos ruidos de sables, ficticios actos de vandalismo contra centros de salud y adjudicación de razones políticas a muertos por la peste  de nuestra violencia cotidiana, no tiene otro fin que darle largas a una discusión insoslayable aguas adentro en el movimiento bolivariano: La erosión del liderazgo de Nicolás Maduro, la pérdida de apoyo en los sectores populares, hasta octubre el sólido bastión del bolivarianismo y, por último, el comienzo del fin de la hegemonía política del chavismo en la sociedad venezolana. El único “golpe” posible a ser escuchado estos días sería el estrepitoso sonido de la caída. El trasvase electoral sugiere que eso que conocimos como “chavismo” sólo es posible bajo la conducción personal y omnipresente de Hugo Chávez.  Los tiempos son propicios para pensar y promover la necesidad de nuevos liderazgos colectivos, así como la recuperación de la autonomía beligerante de los movimientos sociales. @fanzinero

Venezuela, “un socialisme pétrolier”

Entretien, par Jean-Baptiste Mouttet| 31 mai 2012
http://www.regards.fr/monde/venezuela-un-socialisme-petrolier

Le président socialiste Hugo Chavez divise autant qu’il rassemble. Dans Venezuela : Révolution ou spectacle, l’anarchiste Rafael Uzcátegui tente d’analyser la révolution bolivarienne sans tomber dans les travers caricaturaux des deux camps.

Regards.fr : Vous qualifiez la révolution de “spectacle”. Qu’est-ce que cela signifie ?

Rafael Uzcátegui: Il y a eu tant de situations inexplicables que seule la qualification de “spectacle” donne une cohérence. Comment expliquer qu’un pays qui tient un discours sur la souveraineté alimentaire importe toujours plus de nourriture ? Qu’un gouvernement qui a un discours sur la souveraineté énergétique ralentisse le processus de nationalisation du pétrole démarré en 1975 ? En 2004, se sont créées au Venezuela des entreprises mixtes pour exploiter les gisements pétroliers alors qu’auparavant les sociétés étrangères étaient simplement sollicitées en fonction des besoins. C’est un discours en décalage avec la réalité de la population. J’ai donc emprunté ce concept de ” spectacle” à Guy Debord. À la relation réelle entre les personnes s’est substituée une relation entre images.

– Regards.fr : Vous écrivez que la présidence de Hugo Chávez n’est pas une rupture mais une continuation dans l’histoire du Venezuela. Ce n’est donc pas une révolution ?
– Rafael Uzcátegui:
Hugo Chávez cherche à démontrer que les avancées sociales participent d’un phénomène nouveau. Or de 1958 à 1981, les Vénézuéliens bénéficiaient déjà de politiques sociales. À partir de 1958, le Venezuela a mis en place un réseau d’hôpitaux gratuits. Avant la mission Robinson (programme social de lutte contre l’analphabétisme, ndlr), une politique similaire s’était développée au début des années 1980 avec le plan Acude. Hugo Chávez a pu réduire quasiment à zéro le taux d’analphabétisme car il a aussi bénéficié des efforts réalisés dans le passé.

– Regards.fr : Vous critiquez la politique menée par le président socialiste mais il y a tout de même eu des avancées…
– Rafael Uzcátegui:
Il y a eu des avancées, oui. Mais il faut se demander si cela est suffisant et si cette politique s’est attaquée aux causes structurelles de la pauvreté. Par exemple, grâce à la mission Barrio Adentro (soins médicaux dispensés gratuitement à la population, ndlr) 18 000 médecins cubains sont venus au Venezuela. Cela a amélioré l’attention portée aux problèmes de santé primaire des Vénézuéliens. Mais le réseau hospitalier, lui, est toujours déficient. Hugo Chávez a d’ailleurs soigné sa propre maladie en dehors du Venezuela. Il y a eu un âge d’or des missions entre 2005 et 2009 grâce à l’augmentation du prix du pétrole. C’est un socialisme pétrolier qui a permis la création d’un réseau de commerces d’alimentation à des prix régulés, l’augmentation du nombre de personne insérées dans le système éducatif et l’amélioration des droits sociaux. Mais il n’y a pas de continuité. Certaines missions ralentissent et même disparaissent aujourd’hui. La moitié des médecins cubains sont retournés à Cuba et n’ont pas été remplacés par des médecins Vénézuéliens. Des dispensaires ont fermé. Il y a peu d’espaces publics, les grandes places sont désormais des centres commerciaux, l’offre culturelle s’est réduite… À gauche, nous croyons que la violence est liée à la situation de pauvreté, au manque d’opportunité ou à des phénomènes d’exclusion. Or, même si cette situation de violence existait avant Hugo Chávez, elle a augmenté. Selon les chiffres officiels, il y aurait entre 16 000 et 19 000 homicides par an. Cette violence a eu des répercussions sur la qualité de vie des Vénézuéliens.

– Regards.fr : De nombreux mouvements sociaux appuient pourtant la révolution bolivarienne ?
– Rafael Uzcátegui : Après le Caracazo (émeutes qui causèrent la mort de 300 à 3 000 personnes selon les estimations après que le pays ait mis en place les revendications du FMI en 1989, ndlr) il y eut des mouvements étudiants, écologistes ou de défense des droits de l’homme. Le gouvernement socialiste en a créé de nouveaux et les plus anciens se sont divisés ou ont disparu. Dans ces nouveaux mouvements, il y a la croyance en ce concept de « processus ». Nous serions dans une période de transition qui amènerait au « socialisme bolivarien ». Les membres de ces mouvements hypothèquent leurs propres revendications pour un futur incertain. Toutes leurs identités : féministes, écologistes etc., passent après la principale qui est d’être chaviste. Il n’est donc pas possible d’introduire de nouveaux débats sans que cela ne soit perçu comme “suspect”. Les mouvements sociaux ont subordonné leurs revendications à l’agenda politique. Lors de la journée nationale des femmes, les revendications de la manifestation à Caracas portaient davantage sur la santé du président que sur la légalisation de l’avortement.

– Regards.fr : Les conditions de travail se sont-elles améliorées ?
– Rafael Uzcátegui : Avec Provea, nous nous sommes aperçus qu’il y a de plus en plus de flexibilisation du travail via le recours à des emplois à durée déterminée. C’est notamment le cas dans les coopératives, qui sont très nombreuses mais souvent dépendantes de l’État. Ces personnes ne sont pas soumises aux mêmes droits du travail. La moitié des employés des ministères sont précaires. Les grèves sont criminalisées. Des syndicalistes sont emprisonnés en attendant d’être jugés pour avoir organisé une grève, une marche, bloqué une route, etc. Avant Hugo Chávez, les augmentations salariales étaient discutées chaque année par le gouvernement, les entreprises privées et les syndicats. Aujourd’hui, cette décision est prise unilatéralement par le gouvernement.

– Regards.fr : Vous écrivez que le capitalisme est “un cadavre en parfaite santé” au Venezuela…
– Rafael Uzcátegui : Nous ne sommes pas en présence d’un véritable processus révolutionnaire. La rente pétrolière a créé une culture de l’argent facile, de la consommation. Les Sandinistes au Nicaragua vivaient de manière modeste en accord avec leurs idéaux. Les grandes figures du chavisme, les hauts fonctionnaires Vénézuéliens n’utilisent pas les missions sociales, ils préfèrent sortir du pays pour se faire soigner, et mettent leurs enfants dans des écoles privées. La “bolibourgeoisie” vit une réalité totalement différente de celle qu’elle promeut. La culture des Vénézuéliens n’a pas beaucoup changé.

– Regards.fr : Dans votre ouvrage vous critiquez les intellectuels de gauche qui ont parfois une vision tronquée du Venezuela. Vous nommez notamment Noam Chomsky. Comment expliquez-vous qu’ Hugo Chávez suscite tant d’admiration ?
– Rafael Uzcátegui:
L’admiration pour Hugo Chávez est une conséquence de la crise mondiale de la gauche. Il y a une sorte de confort de la part de certains intellectuels à ne pas voir les contradictions de leurs thèses. Avoir une vision critique sans faire partie de l’opposition, et construire des alternatives est une position qui condamne à la solitude, ce que peu de personnes sont prêtes à expérimenter.

En savoir plus…

Rafael Uzcátegui est un militant libertaire vénézuélien, et responsable du service enquête de Provea, une organisation de défense des droits de l’homme.

Il est l’auteur de Venezuela : Révolution ou spectacle ? éd. Les Amis de Spartacus, 272p., 14€.

Defensores en tiempos de polarización

Rafael Uzcátegui

Para quienes nos hemos formado en el activismo de izquierda junto a las luchas sociales, el habernos convertido en defensores y defensoras de derechos humanos nos ha ayudado a crecer en muchos sentidos. En el caso de Provea, varios de sus fundadores y miembros actuales provienen de luchas disímiles (Montoneros en Argentina, Bandera Roja, sindicalismo, movimiento estudiantil y anarquismo en Venezuela, entre otros) que tenían como norte común su intención de ayudar a elevar la dignidad humana. Sin embargo, como hijas e hijos legítimos de la modernidad, la mayoría de estas beligerancias sectoriales se apoyaban en el convencimiento de la capacidad omniabarcante de una ideología no sólo para dar respuestas para todo, sino para garantizar la felicidad de hombres y mujeres. Se creía, ingenuamente, que al tener la razón de nuestra parte, sólo bastaba apurar el momento en que las condiciones y la correlación de fuerzas harían posible que la humanidad entera pensara como nosotros. Pero como se ha demostrado por la historia, el camino al infierno ha sido empedrado con buenas intenciones.

Cualquier proceso de transformación de la sociedad, para mayor justicia social y libertad, es mucho más complejo que el anterior esquematismo. El haber asumido la defensa de los derechos humanos nos ha brindado una nueva perspectiva que ha enriquecido el bagaje aprendido en el movimiento popular. Los y las activistas asumimosla Declaración Internacional de los Derechos Humanos no como un techo, sino como un piso mínimo de valores universales que permitan a los seres humanos ser merecedores del adjetivo. A pesar que la mayoría nos nucleamos alrededor de organizaciones que nos permiten trabajar los temas a tiempo completo, coincidimos que toda persona que promueva y defienda alguno de los derechos tiene tanta legitimidad, como nosotros y nosotras, a ser considerado un defensor o defensora y ser protegido para la realización de su labor.
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Sobre la obra “Carta de Lorenzo Morales al miserable de Rafael Uzcátegui”

Acto 01

En agosto del año 2008 salió publicada en el periódico de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de España, una entrevista a Lorenzo Morales, en ese momento cantante de la banda “Los Muertos de Cristo”, en donde le preguntaron su opinión sobre el movimiento anarquista de América Latina. La respuesta del vocalista del grupo -para quienes los seguían desde este lado del charco- eran increiblemente irrespetuosas y descalificatorias para quienes intentan promover el anarquismo dentro de América Latina. La entrevista la pueden leer completa ACA.  Como me sentí aludido por la lamentable generalización del músico, envié una carta al mismo periódico CNT, que fue publicada por ellos parcialmente dos números después en su sección de lectores y completa en el fanzine Exilio Interior, en noviembre de 2008,  ACA. Como soy lector habitual del CNT mas nunca se volvió a tocar el asunto, ni Morales se retractó en el mismo medio de ninguna de sus palabras.

Acto 02

A comienzos de septiembre difunden en sitios webs la “Gira Latinoamericana 2002” de El Noi de Sucre, el proyecto solista de Lorenzo Morales tras la disolución de Los Muertos de Cristo. Como creo que los anarquistas latinoamericanos merecemos una disculpa, por lo menos, redacto un mensaje, con el título “Lorenzo Morales vuelve a Latinoamerica a enseñarnos lo que es el anarquismo”, que envio primero al sitio web de El Noi de Sucre y después por algunas de las redes latinoamericanas en las que participio. Copio y pego la confirmación del envio de mensaje que me remitió el propio sitio web de Morales:

:: Copia de:
Esta es una consulta de correo electrónico http://www.elnoidelsucre.com/elnoi/ a través de:
Rafael Uzcategui <xxx@gmail.com>

Hola a todo/as. Si alguno/a tiene memoria, recordará que en agosto del 2008 el periódico CNT publicó una entrevista con Lorenzo Morales, cantante de la banda “Los muertos de Cristo”, en el que se expresaba en terminos lamentables del anarquismo latinoamericano, y que motivó una respuesta de mi parte, que pueden leer AQUI http://exiliointeriorzine.blogspot.com/2011/11/pesar-de-los-muertos-de-cristo-el.html, publicada parcialmente por el propio CNT.
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TSJ: Réquiem de los derechos constitucionales

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El derecho de petición es el derecho de solicitar información de interés público a un ente, órgano, funcionario o funcionaria competente para ello. Esta posibilidad se encuentra garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 51, que afirma que “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo específico”.

Lo anterior significa varias cosas: a) Cualquier personas, sin distingos de ninguna clase o índole; b) tiene el derecho constitucional de exigir ante un órgano, ente, funcionaria o funcionario público en ejercicio de una potestad pública (de conformidad con las competencias que el mismo tenga asignadas); c) una respuesta adecuada con información de nuestro interés y en coherencia con la petición realizada; d) En un tiempo oportuno de conformidad con la ley: e) De lo contrario, los funcionarios o funcionarias responsables deben ser sancionados conforme a la ley.
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Social Watch: Acción global contra la pobreza

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Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En el año 1995 el mundo experimentaba las consecuencias de la caída del Muro de Berlín y el intento de promocionar un pensamiento único que regulara la arquitectura de las relaciones entre los países. En el caso de América Latina, este ímpetu se traducía en la ofensiva de una visión neoliberal de ajustes macroeconómicos que, a costa del disfrute de los derechos de las grandes mayorías, pudiera mostrar saldos positivos en las balanzas de pagos nacionales. Es en este contexto que, de manera paralela, se realizan las Cumbres de Copenhague y Beijing. En la primera, conocida también como Cumbre Social sobre Desarrollo Social, los gobiernos realizaron un debate en donde se intentó asignar a las personas, y no a las estadísticas, el papel principal dentro del desarrollo. Por su parte la cita en Beijing logró avances en los derechos de las mujeres, aprobando una declaración que acordaba eliminar la discriminación, erradicar la pobreza y adoptar medidas para que un mayor número de féminas ocuparan cargos decisorios en la administración pública.

Estas intenciones de lograr la disminución de la pobreza y aumentar los derechos de las mujeres hicieron que un grupo de personas, de diferentes países, promocionaran una articulación internacional para presionar sobre su cumplimiento. Así nació la red Social Watch (Observador Social), la cual se definió como un “punto de encuentro para las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género, y comprometidas con el monitoreo de las políticas que tienen impacto en la desigualdad y en la gente que vive en la pobreza”. Desde su inicio, hasta el día de hoy, han asumido una estrategia en donde, simplemente, hacen responsables a los gobiernos de sus compromisos y promueven la voluntad política para ponerlos en práctica.

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Notas presentacion “La revolucion como espectaculo…” para publico ingles

Esquema:
1) Agradecimientos
2) Sobre la polarización social y política
3) La cultura y economía del petróleo
4) Los movimientos sociales
6) Caso Mijaíl Martínez

1.- Agradecimientos
IRG, Librería Housmans, a los asistentes. A See Sharp Press y Chaz Bufe por la traducción

2.- Sobre la polarización social y política
La mirada internacional sobre la situación de Venezuela tiene muchas similitudes con la manera en que los propios venezolanos y venezolanas entendemos los cambios que han pasado en el país desde el año 1998. Tanto adentro como afuera existen dos versiones: Una afirma que desde el año 1998 Venezuela experimenta una novedosa transición al socialismo, tras la llegada al poder de Hugo Chávez, quien lidera un gobierno que ha atacado tanto al imperialismo como a la burguesía del país, dándole poder a los más pobres. Esta versión se resume en el triunfo de la revolución sobre las fuerzas de la derecha.
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Acción antimilitarista –y detención- en Suecia: 1) El Consejo


El Consejo

Es el 18 de julio cuando puedo salir rumbo al puerto de Lulea, Suecia, donde comenzará el Consejo Ampliado de la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) como antesala al evento “War Starts Here – Let´s Stop It Here!” (La Guerra comienza aquí, ¡detengámosla aquí!” organizado por la red antimilitarista local OFOG. Como delegado suramericano electo al grupo de los 12 consejeros y consejeras, se espera mi asistencia y aportaciones al funcionamiento de esta red antibélica y pacifista fundada en 1921 en los próximos dos años. La IRG, además de ser una red con vínculos en 43 países, es también una comunidad de amigos y amigas internacionales con valores compartidos. Por ello es agradable encontrar a personas luminosas y sonrisas cálidas, después de un año, tras despedirnos en la conferencia internacional en La India.

Me pierdo el primer día del Consejo, cuando se consensuó la agenda y se rindieron algunos informes regionales de funcionamiento. Tras la ruta Caracas – Madrid – Estocolmo – Lulea, llegó al campamento Sundet a las 8 de la noche, bajo un sol radiante. De entrada digiero que en esta época del año en el norte sueco no existe la noche.

Al día siguiente, tras un desayuno tempranero, comienza la segunda sesión del Consejo. Se informa sobre lo hecho por los dos programas de la IRG (el “Programa de Noviolencia” y el “Programa Rechazar a Matar”), las publicaciones, el trabajo por regiones y el siempre endeble financiamiento de la red. Asimismo la renovación de su presidencia (ahora ejercida por Howard Clark), la pertinencia de mantener la estructura heredada, las divergencias de caminar a medias entre ser una ONG con empleados y sede física (en Londres) y ser una red horizontal que promueve la descentralización y el consenso. La asamblea de treintaytantas personas nos dividimos recurrentemente en grupos de trabajo pequeños, volviendo para las relatorías. Poco tiempo para temas medulares, que siguen acumulándose en el cajón de deudas pendientes.

Se decide sobre la petición de afiliaciones y la realización del Consejo 2012 en Medellín y la Trienal el 2013 en Sudáfrica. Las partes de América Latina reconocemos la crisis en la región, cuando dinámicas y activistas históricos han pasado a otras prioridades y la actividad coordinada es casi nula. Surgen buenas ideas que necesitan una sesión adicional, que nunca hacemos, para desarrollarse. Más entradas al buzón de cartas no enviadas. El seminario se nos viene encima.

Rafael Uzcategui

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Violencia entre trabajadores

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui y publicada el 30.05.11

Los recientes acontecimientos desarrollados en Guayana, en el que organizaciones sindicales han amedrentado y violentado a miembros de otros grupos gremiales, constituyen un peldaño más en la espiral de violencia que ha caracterizado el movimiento de trabajadores en los últimos años en el país. Como Provea ha advertido desde el año 2005, los enfrentamientos originados por la obtención de puestos de trabajo, en el sector petrolero y especialmente en el de construcción, han añadido un peligroso ingrediente al deterioro de la defensa de los derechos laborales en el país.

Según el diagnóstico realizado por diferentes organizaciones de derechos humanos esta terrible situación, que para el 2011 cerrará con más de 200 víctimas, posee varias causas. Una de ellas es el debilitamiento del sindicalismo como herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, acumulando vicios e irregularidades que condenan a buena parte de la masa laboral del país al desamparo. Esta minusvalía ha sido profundizada por los consecutivos ataques a la libertad y autonomía sindical, realizados por algunos voceros del alto gobierno, y la promoción del llamado “paralelismo” sindical, mediante el cual de manera artificial y por decreto se ordena la creación de nuevas organizaciones obreras dentro de las empresas, las cuales rápidamente asumen y extienden las prácticas del sindicalismo corrupto. Estas perversiones son estimuladas, paradójicamente, por una conquista dentro del sector: La existencia de la cláusula 53 en la Convención Colectiva del sector construcción, la cual estipula que “el empleador se compromete a solicitar del respectivo Sindicato el setenta y cinco (75%) de los trabajadores que requiera”, la cual ha ocasionado que las organizaciones gremiales prioricen atribuciones patronales sobre la defensa de los derechos de sus agremiados. Más que un sindicato, algunas agrupaciones se han convertido en agencias de empleos con características mafiosas, lo cual rinde fabulosos beneficios económicos no precisamente para los trabajadores. Y en el negocio, el respeto se gana a base de conquistar los territorios en base a la violencia. Otro elemento que cataliza los anteriores es la impunidad que ha acompañado a los crímenes. Según un estudio realizado por la Vicaría de Derechos Humanos y Provea, de 52 casos estudiados hasta el año 2007 apenas 3, es decir sólo el 5.7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esta impunidad es posible, como sugieren las denuncias, por la complicidad no sólo de funcionarios policiales sino también de encargados de los órganos de investigación y administración de justicia. La violencia contra sindicalistas, además, refleja la propia situación de orfandad del derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la vida en el país.
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Reflexionando sobre la protesta en Venezuela

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como un avance deben interpretarse las recientes declaraciones de Germán Saltrón, representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido que deberían investigarse por igual las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas tanto por la Policía de Barinas como por la Policía de Chacao, sin miramientos del color político del territorio al que pertenezcan. Esta debe ser la actitud de cualquier persona sensible con el respeto de la dignidad de las personas: donde haya una denuncia con fundamento, la misma debe investigarse y sancionarse en igualdad de condiciones. La ideologización de la seguridad ciudadana y el derecho a la integridad de las personas es un peligroso camino que ha demostrado, donde se ha desarrollado, el aumento de los riesgos potenciales a los derechos humanos. Por esta razón nos causó mucha extrañeza la nota de prensa del Consejo General de Policía la cual afirmó, a propósito del Seminario Internacional de Policía Comunal, que “La policía venezolana, en especial los funcionarios y funcionarias dedicados al Servicio de Policía Comunal, deben orientar sus acciones desde los valores e ideología del socialismo democrático”. Sostener esto es, sencillamente, anticonstitucional. Por eso deseamos reconocer, especialmente, la correcta neutralidad expresada por Saltrón.
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Tragedia warao y demarcación

A raíz de la muerte de los 6 niños y niñas warao por diarrea y desnutrición en la comunidad de Cambalacha, la ministra de Pueblos Indígenas Nicia Maldonado opinó que la causa del problema –si bien no es la única- ha sido la migración de las comunidades indígenas debido a las consecuencias de actividades mineras en sus territorios. La funcionaria sentenció que “el problema de los indígenas es originado por la mala gestión de la CVG de la Cuarta República cuando cerró el Caño Mánamo, las tierras se salinizaron y ya no fueron productivas”.

Esta afirmación es parcialmente cierta. Hay que recordar que si bien el gobierno bolivariano ha creado tanto un marco jurídico como una institucionalidad favorable a los derechos de los pueblos indígenas, aún se mantiene la deuda sobre desarrollar y ejecutar políticas públicas, sostenibles en el tiempo, coherentes con estos principios. En el caso que nos ocupa, la demarcación de tierras indígenas, se constitucionalizó en el año 1999, por lo que era una obligación del Estado realizar ese proceso en el año 2002, según lo expresa el artículo 119. Sin embargo las últimas cifras oficiales conocidas, que datan del 2009, establecen que apenas el 1,6% de la población aborigen del país había recibido la titularidad de sus tierras.

Sobre esta problemática la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en diciembre del 2009 un informe llamado “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, en donde describe ampliamente las obligaciones de los Estados en la materia. Citemos algunos de los párrafos.

Aplicando su interpretación evolutiva de las garantías de derechos humanos de los instrumentos interamericanos, la CIDH ha afirmado que “el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el marco de la propiedad comunal”; y que el derecho a la propiedad bajo el artículo XXIII de la Declaración Americana “debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las comunidades indígenas con la debida consideración por los principios que se relacionan con la protección de las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a la tierra, los territorios y los recursos”. Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios son jurídicamente equivalentes a los derechos de propiedad privada no indígena, aspecto que se deriva del deber de no discriminación establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH ha sostenido que el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados. La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos; los territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso u ocupación ancestral”. El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad de sus territorios debe tener certeza jurídica. Ello implica que el título jurídico de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre la tierra “debe ser reconocido y respetado, no sólo en la práctica, sino que en el derecho, a fin de salvaguardar su certeza jurídica”. La certeza jurídica también requiere que los títulos de propiedad territorial de los pueblos indígenas sean protegidos frente a extinciones o reducciones arbitrarias por el Estado, y que no sean opacados por derechos de propiedad de terceros.

Coincidiendo con Maldonado la CIDH expresa que la falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud, entre otros. La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar efectivamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas “necesariamente incluye el establecimiento de consultas efectivas e informadas con el pueblo [respectivo] en relación con las fronteras de su territorio”. La Comisión ha sido clara en establecer que la demarcación se debe realizar sin retardos, y los Estados deben abstenerse de obrar en forma negligente o arbitraria frente a las solicitudes de demarcación territorial de las comunidades indígenas.

Este informe representa una herramienta de obligatoria consulta por las autoridades locales. La ministra debería precisar, a su vez, los obstáculos que han ocasionado que el gobierno que representa tenga una deuda de 9 años con esta reivindicación esencial de las comunidades indígenas. La tragedia del pueblo warao podría, por tanto, convertirse en una oportunidad tanto para corregir y cumplir con los derechos conculcados a estos venezolanos y venezolanas ancestrales.

Lo que define a una vivienda “digna”

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El ministro de vivienda, Ricardo Molina, ha confirmado recientemente el incumplimiento del tren ejecutivo en materia habitacional, el derecho social más rezagado del conjunto de políticas públicas promovidas por el gobierno bolivariano. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento el ministro reincide en estimar en 150.000 las casas a construir para este año. Desde el 2005 todos los titulares de la cartera han puesto en esa cifra las metas de edificación de soluciones habitacionales. Sin embargo, año tras año no se han levantado ni la mitad de esa cantidad. En promedio el Ejecutivo Nacional ha edificado menos de 30.000 viviendas al año, unas 82 casas al día. El objetivo propuesto por Molina obligaría al gobierno a construir unas 416 diarias, una cifra 5 veces más de lo que ha demostrado, en los hechos, la capacidad gerencial bolivariana para asegurar el derecho a un techo digno.

Como organización de derechos humanos deseamos que el Ejecutivo pueda cumplir, progresivamente, las expectativas creadas a las 13 millones de personas que en Venezuela necesitan su propia vivienda. Sin embargo, los mensajes emitidos por el alto gobierno son espasmódicos y contradictorios, y no corresponden a un plan nacional de construcción con metas definidas a corto, mediano y largo plazo, con reglas de juego claras. Lo que ha primado, hasta ahora, es la improvisación y las buenas intenciones, con resultados conocidos. Por otra parte, abordar el problema del déficit habitacional colocando el énfasis únicamente en la cantidad anual de casas por construir, es simplificar el problema. Diferentes arquitectos, ingenieros y expertos en el área, cuya opinión es secundada por Provea, opinan que el ideal es un plan masivo de creación de suelo urbanizable, por un lado, y retomar una política integral de rehabilitación de barrios, en donde hay una experiencia anterior al período bolivariano cuyos aspectos positivos pudieran replicarse y adaptarse a las necesidades actuales. Sin embargo esta experticia es permanentemente desestimada por motivos ideológicos, lo que es ejemplo de un diseño de políticas públicas en vivienda que, entre otras cosas, se caracteriza por la exclusión de los actores no estatales.

Una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es solamente construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda “adecuada” es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por los siguientes componentes:
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Entrevista en El Nacional: “Todo liderazgo carismático tiene fecha de caducidad”

Edgar López
El Nacional, 02.01.11

Para afirmar que el proceso político liderado por Hugo Chávez no es una revolución sino un espectáculo, que puede alegrar o entristecer a un aforo extendido por la globalización, Rafael Uzcátegui contrasta las palabras con los hechos: durante los últimos 11 años no se ha roto con el esquema de país sujeto al petróleo y “cada vez que el Gobierno afirma que su política petrolera es de carácter soberano y antiimperialista, profundiza su relación comercial con empresas transnacionales”.

Desde el título, Venezuela: la revolución bolivariana como espectáculo, el libro invita a la desmitificación. Con el subtítulo Una crítica anarquista al gobierno bolivariano, adelanta su perspectiva del país y del mundo.

­– Mucho se ha escrito sobre, contra y a favor de Chávez. ¿Cuáles son los aportes de su libro? ­
– Intentamos analizar a Chávez desde su propio discurso. Es una confrontación de los postulados del chavismo desde una posición clara y abiertamente de izquierda.
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