Movimientismo en contraste

Rafael Uzcátegui

Manuel Castells, en “Redes de indignación y esperanza”, ha postulado que los movimientos sociales actuales, articulados y vinculados en red, tienen capacidad de reflexionar y aprender sobre su propia experiencia. Para aportar en este sentido, comparto un esquema sobre las que considero las principales diferencias entre las protestas del año 2014 y las que se están desarrollando en este mismo momento en el país. Enlisto primero las características de las anteriores y, seguidamente, su contraste actual (Algunas características podrían cambiar tras el 19 de abril).

2014
– Se realizaron en democracia restringida
– Fueron criminalizadas por todas las instituciones estatales
– Sin centro
– Protestas de importancia en todo el país (18 estados)
– Diversidad en las estrategias de movilización
– Consigna central “Maduro vete ya”
– Escasa atención de la comunidad internacional
– Expectativa en diálogo como mecanismo de mediación
– Sus referentes fueron protestas internacionales
– Partidos políticos de oposición divididos frente al fenómeno
– Chavismo era mayoría electoral
– Protagonizada por clase media y algunos sectores populares
– Emergencia de crisis económica
– Forma de comunicación resaltante: Tuits con fotografías

Diferencias20142017

2017
– Se realizan en dictadura
– Fiscalía desentona con línea oficial
– Relativo liderazgo de la Asamblea Nacional
– Protestas en 9 estados, con protagonismo de Caracas
– Algunas estrategias de movilización, énfasis marchas y concentraciones
– Consigna central “Elecciones ya”
– Alta atención de la comunidad internacional
– Ocurren tras fallido mecanismo de diálogo
– Aprendizaje acumulado de protestas locales anteriores
– Partidos políticos de oposición unidos frente al fenómeno
– Chavismo es minoría electoral
– Protagonizada tanto por clase media como por sectores populares
– Profundización de crisis económica
– Forma de comunicación resaltante: Videos y mensajes de voz por Whatsapp

@fanzinero

ONG y Referendo Revocatorio

Rafael Uzcátegui

El mecanismo revocatorio incluido en la Constitución mediante referéndum, como único dispositivo de democracia directa, fue una de las novedades de la Carta Magna de 1999. Por ello su activación ha significado un aprendizaje democrático para el país. Su lógica es permitir que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los cargos electos por votación popular, al cumplirse la mitad de su mandato. Si el mismo ha sido eficiente y ha cumplido las expectativas de los electores, el funcionario sería reiterado en sus funciones. En caso contrario, los electores deciden apartarlo de sus funciones para que sea sustituido por otro que pueda conseguir mejores resultados en la gestión pública. En vez de obtener un cheque en blanco por el período para el cual han sido electos, presidentes, alcaldes y gobernadores tendrían la presión de mostrar resultados positivos en el ejercicio de sus labores para poder salir airosos de la posibilidad del escrutinio de la contraloría social y ciudadana. Por ello la inclusión del mecanismo revocatorio constituyó un paso más allá de la tradicional democracia delegativa y representativa venezolana que ha sido hegemónica hasta el día de hoy.

Si un funcionario o funcionaria, seguro de sí, promueve la evaluación a su gestión a la mitad del período, y sale aprobado por la consulta popular, se relegitima. Recordar que el propio Hugo Chávez, en el año 2004, calificó la activación del mecanismo por un grupo de electores como un “Referendo Confirmatorio”. Los resultados le dieron la razón, de una manera tal que sus opositores no intentaron promover un nuevo revocatorio durante su período presidencial comprendido entre los años 2007 al 2013.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización

Seguir leyendo “ONG y Referendo Revocatorio”

A desmilitarizar

14abril01Rafael Uzcátegui

El militarismo no es solamente el control y la presencia física de miembros de Fuerzas Armadas, legales o ilegales, en un territorio determinado. Militarización también se denomina a la ascendencia que su forma de pensar tiene sobre la sociedad en un momento específico de su historia. Para el movimiento antimilitarista mundial el Ejército es un dispositivo que concentra valores contrarios a la libertad y la justicia social: La autoridad incontestable, el culto a las jerarquías, la violencia como método privilegiado para la resolución de los conflictos, el machismo, la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la homofobia…

Venezuela es un país históricamente militarista. Durante 51 años del siglo XX el país fue gobernado directamente por militares o por políticos con características caudillescas. Desde 1998 esta tendencia se incrementó. El ejercicio de la presidencia democrática del país por parte de un originario del sector castrense fue el inicio de una mayor militarización de lo público. Funcionarios militares ocuparon diferentes e importantes cargos en la pirámide estatal, mientras que paralelamente se emitían mensajes que aseguraban que el ámbito militar tenía mayor capacidad y “disciplina” para la realización de actividades administrativas. La gobernabilidad comenzó a edificarse en base a lógicas de guerra: Polarización amigo-enemigo, deshumanización y cosificación del adversario, sistematización de los discursos de odio contra los otros, estímulo de la violencia simbólica –y en ocasiones real- para neutralizar y eliminar la disidencia. Modelaje de las organizaciones populares de apoyo en base a esquemas y racionalidades militares. Incorporación de la ciudadanía a estructuras armadas. Estímulo e impunidad para el funcionamiento de grupos paramilitares. Carrera armamentista que nos ha ubicado como uno de los mayores compradores en los últimos años. Legitimación del golpe de Estado como mecanismo de acceso al poder -4F como “día de la dignidad”-.

Un reto colectivo por delante es empujar la progresiva desmilitarización de la sociedad venezolana. El primer paso es el desarme del lenguaje. Luego la disolución de milicias, cuerpos de combatientes y paramilitares; disminución del presupuesto destinado al Ministerio de Defensa y aumento de los dineros destinados a lo social; eliminación del registro militar obligatorio y cualquier otra propuesta que surja de asambleas libres y horizontales de ciudadanos. En la indignación generalizada de nuestros días ha aumentado el sentimiento de rechazo a lo militar debido a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Albert Camus nos lo había advertido: “El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”. 

Estado y paramilitarismo

paras

 

Rafael Uzcátegui

 

Los acontecimientos recientes han añadido un explosivo elemento a la confrontación política polarizada en los últimos años: la actuación de grupos paramilitares para disolver manifestaciones. Si bien, como hemos registrado en nuestro Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos, en años anteriores se había registrado su intervención para enfrentar protestas de trabajadores del sector salud y de la economía informal, estas actuaciones habían sido puntuales y minoritarias. Hoy, la evidencia de su despliegue en varias ciudades del país y en diferentes momentos, podría inaugurar una tendencia que sugeriría el despliegue de una política de Estado violatoria a los derechos humanos.

 

En América Latina se ha discutido mucho sobre si las consecuencias de la actuación de los grupos paramilitares deben ser calificadas como “delitos” o como “violaciones a los derechos humanos”. Al ser actuaciones de particulares, cuya relación con las autoridades no siempre es clara y evidente, la opinión mayoritaria es considerarlos como delincuentes, como actores no gubernamentales. Sin embargo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando los contenidos de los pactos y acuerdos internacionales en la materia y suscritos por los Estados, han dibujado su responsabilidad ante la actuación de grupos paramilitares en su territorio. Las dos más claras se ubican en sentencias contra Colombia.

 

En la primera, en el Caso 19 Comerciantes vs. Colombia del 05.07.04: “A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos “paramilitares”, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales, aunado a que las propias autoridades militares (…) incentivaron al grupo de “autodefensa” que tenía control en dicha zona a desarrollar una actitud ofensiva ante los guerrilleros (…) pues se consideraba que los comerciantes brindaban colaboración a los grupos guerrilleros”.

 

En la segunda, en el Caso de la “Masacre de Mapiripan” vs Colombia, se establece:  “Puesto que los actos cometidos por los paramilitares contra las víctimas del presente caso no pueden ser caracterizados como meros hechos entre particulares, por estar vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, la atribución de responsabilidad al Estado por dichos actos radica en el incumplimiento de sus obligaciones convencionales de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones inter-individuales”.

 

Provea ha sido enfática en rechazar los hechos de violencia, independientemente de su origen, exigiendo al gobierno el respeto al derecho constitucional a la protesta pacífica. En su comunicado sobre los hechos, además, agregó que el Estado es responsable de la violación a los derechos humanos cuando no es capaz de controlar la actuación de grupos paramilitares que actúan al margen de la ley. Hay evidencias de la tolerancia y estímulo gubernamental al accionar de estas organizaciones. Durante la noche del 12.02.14 un comando integrado por paramilitares y funcionarios que de identificaron como miembros del SEBIN, secuestraron durante algunas horas al Coordinador de Medios de Provea. Tras golpearlo, amenazarlo de muerte y despojarlo de sus pertenencias, lo interrogaron acerca de la naturaleza de su trabajo como defensor de derechos humanos. Al liberarlo le dijeron que si denunciaba iban a “ir por sus familiares”. Durante su cautiverio, escuchó conversaciones que ratifican niveles de coordinación con funcionarios gubernamentales.

Si lo anterior no fuera suficiente, un reportaje de investigación del diario de mayor circulación nacional publicó, el domingo 16 de febrero, un reportaje donde se demuestra tanto la participación activa de grupos irregulares armados en la represión a manifestantes como la procedencia de los disparos que quitaron la vida a Juan Montoya, miembro de importancia de una de las organizaciones armadas, lo cual implosiona la versión oficial sobre los hechos. Sin ningún tipo de investigación, de manera alegre e irresponsable, inmediatamente se culpó de los muertos a los manifestantes, lo cual fue secundado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, minando por enésima vez su credibilidad. El texto impreso se acompaña de un excelente trabajo multimedia que debe ser consultado por todos los interesados en la verdad. Las evidencias difundidas recientemente, por respeto a sí misma, deben motivar que la Fiscal ponga su cargo a la orden, pues su presencia en el Ministerio Público es garantía de impunidad.

El presidente Maduro tiene la palabra. No hay “Plan de Paz y Convivencia” posible que no pase por políticas definidas hacia estas organizaciones irregulares. Los sectores progobierno también tienen responsabilidad en este debate. Estamos a tiempo de detener un fenómeno, el paramilitarismo, que en otros países de América Latina ha dejado una cosecha oscura para los derechos humanos y heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizarse.

Las diferencias de abril

rafael uzcateguiRafael Uzcátegui

A raíz de los recientes acontecimientos, el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que se encontraría en marcha un “golpe de Estado” que estaría repitiendo “el guión de abril de 2002. Si bien en un país de realismo mágico-voluntarista como Venezuela nada es imposible, si creemos que las condiciones de este 2014 son tan diferentes que harían casi imposible la realización de una interrupción del hilo constitucional, por lo menos en los términos que fuimos testigos 12 años atrás. En primer lugar el liderazgo frágil de Maduro contrasta con la ascendencia que tenía Hugo Chávez en sus seguidores. Ante la ausencia de la figura sobre la que giraba el quehacer en el 2002, hoy tanto el gobierno como la oposición experimentan crisis de representatividad y disputas entre las tendencias enfrentadas por el predominio político a lo interno de cada uno de los bandos.

En segundo lugar, si algo ha sido efectivo el gobierno después de aquel episodio es en la depuración de los cuadros medios y altos de las Fuerzas Armadas, con lo que ha logrado cohesionar y fortalecer el apoyo castrense al proyecto bolivariano. Comparativamente, es abrumadoramente menor la incidencia que los partidos opositores puedan tener sobre los uniformados. En tercer lugar, la correlación entre medios de línea editorial pro-gobierno y opositores, que en aquel episodio era parejo con inclinación a la disidencia, hoy es distinto.

El Estado ha logrado eficacia en su proyecto de hegemonía comunicacional, controlando el espacio televisivo, neutralizando a sectores de radio y arrinconando a los medios impresos, único espacio donde no es preponderante, vía control del acceso a divisas para la importación de insumos. Cuarto término, cuando en el 2002 hubo uso de armas de fuego desde ambos bandos, hoy los disparos son adjudicables a un sector, el estatal, que además del uso de los cuerpos represivos hoy ha incorporado la actuación de grupos parapoliciales para la dispersión y contención de los manifestantes. Si bien hubo un nivel de participación de estos actores en los hechos que derivaron en el “Carmonazo”, su actuación hoy es mucho más estructurada y evidente, con diferentes niveles de participación y menos capacidad de control por parte de la autoridad central del Ejecutivo. La victimización del gobierno tras abril de 2002 le ha sido efectiva como estrategia comunicacional a lo interno y externo del país para criminalizar la disidencia. ¿Continuará siendo efectivo? @fanzinero

El vértigo del vacío

eleccionesRafael Uzcátegui

Si usted revisa los votos emitidos  en las elecciones presidenciales, entre 1998 y 2013, podrá constatar las curvas de crecimiento de los dos principales bandos políticos en pugna. El dato electoral, es cierto, no constituye toda la realidad, pero es un hecho que no puede soslayarse en cualquier análisis sobre la dinámica sociopolítica de cualquier país. La tendencia oficialista tuvo su mayor apogeo entre los años 2000 y 2006, lo cual coincide con el período de lanzamiento de las políticas sociales denominadas sociales. De allí al 2012 continuó el crecimiento, hasta llegar al tope de alrededor de ocho millones de sufragios para el candidato Hugo Chávez, con un margen sólido de diferencia de millón y medio de votos de su principal contendor. El mejor momento electoral del oficialismo, con un candidato casi ausente y la promesa de implementar una radicalización de su proyecto en base al estatismo comunal, dio paso al vértigo del vacío: La súbita ausencia del líder de un proyecto edificado en base al culto a la personalidad. Las interrogantes orbitaban en torno a cuánto “proceso” y cuánta “revolución bolivariana” serían posibles en su ausencia. Por ello, el resultado de las primeras elecciones presidenciales sin Chávez ofrecerían varias lecturas. Una de ellas tenía que ver con el margen que separaría al vencedor del ganador. Los resultados hasta ahora conocidos reflejan, en contraposición al 7 de octubre, el peor momento electoral del movimiento bolivariano, el cual apenas en 6 meses perdió todo el capital electoral que un Hugo Chávez había acumulado entre el 2006 y 2012, y cuyos guarismos sugieren que la opción no bolivariana sería la primera opción de triunfo en una próxima cita electoral de envergadura nacional. Uno podría preguntarse si todo el escándalo de los últimos días y la estrategia del llamado comando “antigolpe”, que incluye fantasmagóricos ruidos de sables, ficticios actos de vandalismo contra centros de salud y adjudicación de razones políticas a muertos por la peste  de nuestra violencia cotidiana, no tiene otro fin que darle largas a una discusión insoslayable aguas adentro en el movimiento bolivariano: La erosión del liderazgo de Nicolás Maduro, la pérdida de apoyo en los sectores populares, hasta octubre el sólido bastión del bolivarianismo y, por último, el comienzo del fin de la hegemonía política del chavismo en la sociedad venezolana. El único “golpe” posible a ser escuchado estos días sería el estrepitoso sonido de la caída. El trasvase electoral sugiere que eso que conocimos como “chavismo” sólo es posible bajo la conducción personal y omnipresente de Hugo Chávez.  Los tiempos son propicios para pensar y promover la necesidad de nuevos liderazgos colectivos, así como la recuperación de la autonomía beligerante de los movimientos sociales. @fanzinero