Coherencia y crímenes del pasado

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

La Asamblea Nacional ha abierto la consulta pública del denominado Proyecto de Ley Para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos Por Razones Políticas en el Período 1958-1998. La misma es una justa iniciativa promovida por varias organizaciones sociales y familiares de las víctimas.

Esta iniciativa jurídica constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad, abriendo la posibilidad que se haga justicia sobre muchas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esa época.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos” y ha señalado que “… el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”

Desapariciones forzadas, masacres, torturas, son algunas de las graves violaciones que se produjeron de 1958 a 1998 que no se investigaron. Algunos de los casos que se llevaron a juicio, por la presión pública, fueron encausados por el fuero militar, lo cual garantizó la impunidad.
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Derechos Humanos e impunidad: El mundo dado vuelta

Tenemos la suerte de ser testigos de nuestro tiempo, y quienes tenemos acceso a medios de comunicación, el registrar los acontecimientos, tensiones y conflictos del hoy, para que puedan ser convenientemente evaluados por el mañana. La sistematización de las injusticias, y las complicidades que las hacen posible, aunque no tengan el efecto reparador que deseamos ahora, servirán para que futuras generaciones puedan ser diferentes a estos errores, sorteando el círculo vicioso del eterno retorno.

Durante la década de los ochentas en Venezuela se realizaron, bajo la influencia de la Escuela de las Américas y la doctrina contrainsurgente diseñada por el Departamento de Estado Norteamericano, diferentes operaciones que pasarían a la historia como casos graves de violaciones a los Derechos Humanos. Bajo la lucha contra la impunidad en la Masacre de Cantaura (04.10.82, 23 víctimas), la Masacre de Yumare (08.05.86, 29 víctimas) y la Masacre del Amparo (29.10.88, 14 víctimas) se fogueó una generación de activistas y luchadores y luchadoras populares que, posteriormente, crearon las primeras organizaciones de derechos humanos del país. Incluso, muchos funcionarios y funcionarias de mediano y alto nivel, del actual gobierno, son veteranos de aquellas jornadas. Cuando el reajuste burocrático estatal de 1999 les permitió por primera vez ser poder, y ejercer gobierno, se generaron grandes expectativas no sólo en la justiciabilidad en estos crímenes, sino en la oxigenación de la cultura democrática en general. En los primeros años de gobierno bolivariano se reivindicó a las víctimas y se anunció la apertura de los expedientes. Sin embargo la voluntad de hacer justicia y poner fin a la impunidad no ha pasado, como demuestran los hechos tras 12 años de gestión, de ser un recurso discursivo.

Sin embargo el panorama no sería tan oscuro si las demandas de justicia hubieran quedado como promesas dilatadas sin cumplir. El gobierno bolivariano, y las fuerzas políticas que lo apoyan, han aceptado como parte de los suyos a diferentes autores materiales e intelectuales de estas masacres reiterando, una vez más, el aval estatal a la impunidad.

En el ejemplo actual más escandaloso, Roger Cordero Lara, uno de los pilotos de los aviones que bombardearon a los insurgentes en Cantaura, no solamente ha hecho carrera política dentro del denominado “proceso” bolivariano, sino que ha sido candidateado a la Asamblea Nacional con el apoyo de dos organizaciones políticas que, contradictoriamente, dicen ser herederas de las luchas de los hombres y mujeres masacrados en la llamada “Cuarta República”. Y si esto era de por sí una oda a la inconsecuencia, llego al cénit cuando el “Comandante Ramírez”, elegido presidente del nuevo parlamento, reivindicó a los mártires teniendo a uno de los masacradores como colega y compañero de bancada. En ese momento el mundo que conocemos dio un giro de 180 grados.

Funcionarios del alto gobierno que ayer hicieron carrera política en la insurgencia urbana, como Elías Jaua, validan la tesis de la “obediencia debida”, según la cual el hoy diputado estaría eximido de responsabilidad porque estaría “cumpliendo órdenes”. La Fiscal General de la República afirma que no ha abierto ninguna investigación porque “no ha recibido una denuncia formal”, sin hacer ninguna alusión de lo que es “noticia criminis” en su Informe de Gestión 2010. Por otra parte con lo insistentes que son para los temas que les interesan, los diferentes medios estatales y paraestatales han velado y minimizado hasta la nada las denuncias sobre Roger Cordero Lara. Y si este silencio es estruendoso, no conseguimos un adjetivo apropiado para calificar el hecho que sea el Departamento de Estado de, permítannos la redundancia, los Estados Unidos de Norteamérica quien, en su Informe 2010 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, visibilice que un diputado de nombre Roger Cordero Lara es autor material del bombardeo de un campamento de civiles en el año 1982 y que, por tanto, su inmunidad parlamentaria debe ser allanada para poder facilitar las investigaciones sobre el caso. El mundo dado vuelta. Si los familiares de las víctimas de Cantaura publicaran un libro hoy sobre el caso deben citar no al Correo del Orinoco de Vanessa Davies o al Ciudad Caracas de Ernesto Villegas, en donde no encontrarán referencias claras, sino al Departamento de Estado Norteamericano de Barack Obama.

Como trabajamos en base a valores, que son la defensa irrestricta de los derechos humanos y de las víctimas, y no a los falsos atajos del oportunismo, los colores políticos y los silencios para transitar el camino de la dignidad humana, organizaciones como Provea seguiremos recordando, tozudamente, todas y cada una de las violaciones y el andamiaje que hace posible su impunidad en el país. Solos y solas, junto a los familiares de las víctimas y de lado a todas las personas sensibles del país, seguiremos insistiendo en la desclasificación pública del expediente militar de la Masacre de Cantaura y en el retiro a la inmunidad parlamentaria de Roger Cordero Lara. Cada día que el antiguo teniente de aviación cumple como diputado de la República Bolivariana de Venezuela es una afrenta a la dignidad de las personas de buena voluntad y un ladrillo más en el ignominioso muro de la impunidad en los crímenes de Estado. (Correo del Caroní, 11.04.11)

Fidelidad a los derechos humanos: Condenándose al desierto

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Como organización social, Provea trabaja en base a unos valores concretos, los cuales son la promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A pesar que se desarrollan diferentes estrategias para incidir en su vigencia en el país, el apego a este mandato es la razón principal de su existencia, independientemente de los gobiernos de turno y de las circunstancias que faciliten o dificulten esta labor. En la década de los 90´s, por ejemplo, Provea cuestionó la llamada “Ley de vagos y maleantes”, pues la misma era origen de diversos atropellos a la dignidad e integridad de las personas. En aquellos años sostener esta opinión era impopular y condenaba a las organizaciones de derechos humanos a trabajar casi en la soledad. Los sondeos de opinión pública, ante el aumento de la inseguridad, sostenían la necesidad de la “mano dura” contra la delincuencia, y dicha normativa era percibida como un dique para los antisociales. Si algún calificativo era frecuente contra la Provea de aquel tiempo era ser “defensora de delincuentes”. A pesar de esto no se retrocedió en señalar, cada vez que era posible, el carácter vejatorio de dicha reglamentación.

Aunque las circunstancias han cambiado, y los adjetivos son otros, Provea sigue siendo fiel a su principio de la defensa irreductible de los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. Es por esta razón que, en su momento, se alertó acerca de la poca pertinencia de impulsar candidaturas a diputados a personas señaladas de realizar, como funcionarios públicos, actos contra la dignidad humana. Como se recordará Provea advirtió que la posible elección de José Sánchez “Mazuco”, respaldado por los llamados factores opositores, como de Roger Cordero Lara, respaldado por el oficialismo, constituía un potencia aval a la impunidad por parte de los diferentes sectores políticos. Ambos fueron electos, y lo coherente por parte de una ONG de derechos humanos era la solicitud, por igual, de iniciar procedimientos para el allanamiento de la impunidad parlamentaria de ambos, facilitando así las investigaciones por parte del Ministerio Público. Hemos observado, con tristeza, como se ha visibilizado o silenciado los señalamientos contra alguna de estas dos personas debido a motivaciones y conveniencias particulares, incluso por personas y organizaciones que afirman promover la equidad y la justicia en la sociedad. En un país polarizado como el nuestro, que se señalen responsabilidades independientemente de la filiación política de los presuntos implicados o implicados, es condenarse al desierto.
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Provea solicita a la AN el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a autor material de Masacre de Cantaura

En una comunicación remitida el 26.01.11, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), solicitó a la Directiva de la Asamblea Nacional el inicio de los procedimientos correspondientes para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Roger Cordero Lara (PSUV), autor material del asesinato de 24 personas, el 04 de octubre de 1982, en la llamada “Masacre de Cantaura”. En su comunicado Provea aseguró: “Nos preocupa que se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la Masacre de Cantaura obliga al parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables”.

A continuación transcribimos la totalidad de la comunicación, que fue recibida y sellada por la Asamblea Nacional el 26.01.11:

“Caracas 24.01.2011
Ciudadanos:
Fernando Soto Rojas y Aristóbulo Isturiz
Ciudadana Blanca Eekhout
Integrantes de la Directiva de la Asamblea Nacional.
Presente:

Reciban de parte de quienes integramos el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) un cordial saludo. Como ustedesconocerán, desde el año 1988 hemos promovido y defendido la vigencia de los derechos humanos en el país. Durante 22 años hemos acompañado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. En el golpe de Estado de 2002 velamos por la integridad física y personal de algunos de quienes hoy conforman el parlamento y el gobierno incluyendo al propio presidente Chávez.
Durante 22 años hemos luchado contra la impunidad y reclamado justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos 22 años acompañando a las víctimas de la masacre del El Amparo ocurrida en 1988 y con nuestra asesoría logramos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de víctimas de graves violaciones a los derechos. Hoy continuamos exigiendo justicia en este caso.
En 1999 mediante una acción de amparo constitucional logramos desclasificar el expediente de la masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y reapertura del caso en los tribunales civiles.
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Leo y difundo: Provea rechaza aval a la impunidad en el caso Masacre de Cantaura y exige voluntad política para sancionar a sus responsables

Al cumplirse el 28 aniversario
Provea rechaza aval a la impunidad en el caso Masacre de Cantaura y exige voluntad política para sancionar a sus responsables

(Caracas 01.10.10) El lunes 04 de octubre se cumplirán 28 años desde que un operativo militar asesinó a 23 personas en las inmediaciones de la población de Cantaura, estado Anzoátegui. En el año 2005 el Vicepresidente José Vicente Rangel resumió de la siguiente manera aquel suceso: “El 4 de octubre, a las 5:30 de la madrugada de 1982, aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, Canberra y Broncos; helicópteros, más de 400 hombres de la Fuerza Armada Nacional, decenas de efectivos de la Disip, procedieron a asaltar un campamento en el cual estaban aproximadamente 40 ciudadanos, mujeres y hombres, en una reunión del partido Bandera Roja, para entonces en armas. Por cierto, allí discutían la posibilidad de reincorporarse a la actividad legal. Ese era el tema fundamental de la reunión. La posibilidad de abandonar la lucha armada para entrar en el campo de la lucha legal”. (http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/8268) En esa oportunidad el vocero del alto gobierno expresó que la denominada Masacre de Cantaura constituía “uno de los actos de barbarie más inicuos y peores cometidos en el país”.

Sin embargo, a pesar que como José Vicente Rangel diferentes funcionarios de alto rango han repudiado los llamados “crímenes de la Cuarta República” y se han comprometido a sancionar a sus responsables materiales e intelectuales, algunos hechos concretos promovidos por los sectores oficialistas alientan su olvido e impunidad. Recientemente ha sido elegido como diputado por el circuito 2 del estado Guárico Roger Cordero Lara, uno de los autores materiales confesos y conocidos del ataque con 17 bombas de 250 libras sobre el campamento rebelde hace 28 años. Cordero Lara piloteaba uno de los aviones que bombardeo al núcleo del Frente Américo Silva. Su participación se encuentra debidamente documentada en el expediente sobre el caso, que hoy se encuentra a disposición del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El apoyo a la candidatura por el circuito 2 de Guárico, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) constituye un aval a la impunidad en el caso, cuya elección obstaculiza las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre la materia.

Provea desea recordar que el artículo 29 de la Carta Magna establece como obligación de Estado la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos, cuyos delitos son imprescriptibles. Por otra parte el artículo 25 de la Constitución expresa que ningún funcionario público podrá excusarse al afirmar que obraba en cumplimiento de la “obediencia debida a un superior”, cuando se trate de violaciones a derechos humanos. Por estas razones haber sido favorecido por el voto popular no es argumento para la impunidad. Por tanto  es una obligación de la próxima Asamblea Nacional realizar los procedimientos administrativos para la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Roger Cordero Lara, con el fin de no entorpecer el proceso de investigaciones y sanciones adelantadas por la Fiscalía General de la República. Similares consideraciones son aplicables en el caso del diputado electo José Sánchez “Mazuco”, por el circuito 5 del estado Zulia, señalado como presunto coautor de los delitos de tortura y violación del derecho a la vida en perjuicio del ciudadano Claudio Macías.

Al cumplirse el 28 aniversario de la Masacre de Cantaura, Provea exige a los poderes públicos:

1) Pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo acerca de la elección de uno de los autores materiales del Caso “Masacre de Cantaura” como diputado a la Asamblea Nacional. Asimismo, un posicionamiento oficial sobre otros casos de diputados electos señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.

2) El respeto al debido proceso y la voluntad política necesaria por parte de la Fiscalía General de la República en las investigaciones y sanciones a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Cantaura y de otros casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la década de los 80´s como la Masacre de Yumare, la Masacre de El Amparo y el Caracazo.

3) La desclasificación del expediente sobre la Masacre de Cantaura, por parte del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, y su acceso público tanto para los familiares de las víctimas como para el resto de la sociedad venezolana

4) La finalización y divulgación, por parte de la nueva Asamblea Nacional, de la investigación inconclusa anunciada por  La Comisión Especial para Investigar los Asesinatos y Desapariciones en los años 60, 70 y 80

5) La realización de los procedimientos administrativos, por parte de la próxima Asamblea Nacional, para levantar la inmunidad parlamentaria del ciudadano Roger Cordero Lara y de otros parlamentarios acusados de violación de los derechos humanos, con el fin de no obstaculizar las investigaciones.

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Leo y difundo: PCV: Escupiendo el recuerdo de Alberto Lovera

El “profesor universitario” y “secretario general del Partido Comunista de Venezuela ” (PCV), Alberto Lovera, fue detenido el 17 de octubre de 1965 en la tarde frente a la plaza de Las Tres Gracias de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por funcionarios de la policía política Digepol, del gobierno de Raúl Leoni. Fue trasladado a las instalaciones de esa policía en Los Chaguaramos, donde fue torturado durante nueve días consecutivos, hasta que lo asesinan. El 27 de octubre de 1965, su cuerpo apareció sumergido en las aguas aledañas a la playa de Lecherías, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Tenía una cadena amarrada a su cuerpo de la cual pendía un peso para mantenerle sumergido; sin embargo, el cadáver se vino en las redes de un pescador oriental. Su cara y sus manos estaban totalmente destrozadas para evitar ser identificado a través de sus facciones, estudios dentales o huellas digitales. Sin embargo, la medicatura forense después de analizar detalladamente los despojos, logró determinar que éstos pertenecían al dirigente político. De esta manera reseña una nota de prensa oficial, http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?13762, la organización de un acto en homenaje a Lovera por parte de los seguidores del gallo rojo.

Sin embargo, no son los pitiyanquis o los oligarcas -para usar el verbo de los comunistas- quienes peor han mancillado el recuerdo de este luchador social. Quienes pisotean hasta el desprecio el legado de Alberto Lovera son los propios militantes y directivos del PCV, empezando por su Secretario General Oscar Figuera. ¿La razón? Esa particular concepción de la “táctica” y la “estrategia” que hace que el mandamás del partido rojo este haciendo, codo a codo, campaña electoral junto a un asesino de revolucionarios durante la Cuarta República. Como no nos cansaremos de recordarlo, Oscar Figuera es candidato por voto lista por el estado Guárico, mientras que Roger Cordero Lara, quien conducía uno de los aviones que bombardeó a los guerrilleros aquel 4 de octubre, destrozando a 23 en lo que se conoce como la “Masacre de cantaura”, es candidato por el circuito 2 del mismo estado. Figuera y Cordero se han sentado en la misma mesa, han diseñado una estrategia electoral juntos, han posado para las mismas fotografías y se han montado en las mismas tarimas con el puño en alto. Figuera, que junto al PCV han rechazado las masacres de la Cuarta República, en los hechos concretos -que son los que valen- avala la impunidad de sus responsables. El PCV, con su ejemplo nos da una clase magistral de pragmatismo cum laude: cargo mata ideología.

Cualquiera nos podría decir que bastantes lecciones de oportunismo ha dado el PCV a lo largo de su historia. Tempranamente, nos recordarán, su semanario “Aqui está” saludaba el posible desembarco de tropas norteamericanas en Venezuela, en tiempos en que la URSS y los Estados Unidos, eran, por decirlo coloquialmente, panas. Asimismo, nos refrescarán la memoria describiendo el apoyo que le dieron a Rafael Caldera en su segundo período presidencial. O mas recientemente, para no ir mas lejos, cuando la misma plana mayor argumenta que la conformación de empresas mixtas con las trasnacionales energéticas es una muestra de “soberanía”. Sin embargo uno cree, que lejos de todas las claudicaciones posibles, los muertos de la familia no merecen la humillación postuma. Que mal estan los comunistas venezolanos cuando son los anarquistas, sus enemigos históricos, quienes les piden que tengan un poco de respeto por su propia historia.

Periódico El Libertario