100 organizaciones sindicales y sociales: Sentencia al sindicalista Rubén González por tribunal militar reitera ausencia de democracia y política estatal para criminalizar la protesta pacífica

Este martes 13 de agosto de 2019 el Tribunal Militar 5to de Control, con sede en Maturín, condenó al sindicalista Rubén González, Secretario General del sindicato de Ferrominera Orinoco y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, a cumplir una pena de prisión de 5 años y 9 meses. Los delitos por los que se le condenó fueron “Ultraje a la Fuerza Armada” y “Ultraje al centinela”. Las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado denunciamos que la condena a González constituye un ejemplo de la ausencia de democracia en Venezuela, donde se ha implantado una política de Estado para criminalizar la protesta y callar tanto la disidencia como la exigencia de derechos.

Rubén González fue detenido el jueves 29 de noviembre de 2018 luego de los hechos ocurridos el 12 de agosto de ese año cuando el líder sindical hablaba durante una asamblea de trabajadores. En esa ocasión, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron detenerlo siendo protegido por trabajadores quienes evitaron el arresto. Posteriormente, la Fiscalía Militar 43, con competencia en el Estado Bolívar, presentó cargos por delitos militares contra el defensor de derechos laborales.

exigimos la liberación de Rubén González y otros sindicalistas procesados por justicia militar, así como al resto de los presos por razones políticas. Así mismo, reafirmamos que nos mantendremos movilizados por el rescate de la institucionalidad democrática en el país

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Ningún bien más preciado que la libertad

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Después de una dura batalla social, que tuvo su correlato en tribunales, un movimiento diverso logró la libertad plena para el dirigente sindical Rubén González, uno de esos casos paradójicos del cual está lleno el llamado “gobierno bolivariano”. En 2009 Rubén era miembro del PSUV, de hecho años antes había sido electo a un cargo de elección popular por la tarjeta roja. En el 2009, como secretario general del sindicato, acompaña una huelga de trabajadores que rápidamente encendió la máquina de criminalización de la propaganda del Estado venezolano que, entre otras consecuencias, y hay que decirlo ahora con todas sus letras, logró que la mayor parte del sindicalismo internacional que se autopromociona como “revolucionario” le diera la espalda a González.

Ya Rubén está en libertad, y ahora nos toca seguir la pelea por el centenar de casos de trabajadores y dirigentes sindicales sometidos aún a procesos judiciales por protestar. La realidad en Venezuela, para quien quiera verla, es muy diferente a los espejismos de la propaganda madurista en el mundo.

La última audiencia de Rubén González

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El próximo miércoles 23 de abril está pautado en la ciudad de Caracas la última audiencia del juicio contra el Secretario General de Ferrominera Rubén González. ¿Su delito? Haberse puesto del lado de los trabajadores en sus luchas.

Entre el 11 y el 26 de agosto de 2009, González, junto a 2000 trabajadores de la empresa estatal, inició una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese mismo año. Un mes después fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de “agavillamiento”, “instigación a delinquir”, “restricción a la libertad del trabajo”, y “violación de zona de seguridad”. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, día en el que se decretó su encarcelamiento en la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar, donde duró 12 meses tras las rejas.

El 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y sociales en el país, lográndose la anulación de aquel juicio, pero no el sobreseimiento de la causa, por lo que Rubén González se ha visto obligado a trasladarse periódicamente a Caracas, lugar donde desde esa fecha se ha reiniciado el juicio en su contra.

El caso de González no es el único en Venezuela de criminalización de la protesta. En la actualidad más de 150 trabajadores y sindicalistas enfrentan procesos judiciales en tribunales luego de haber defendido derechos como el salario y la libre sindicalización. Debido a sus características, el Secretario General de Ferrominera se ha convertido en símbolo de la represión contra el sindicalismo consecuente.
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Junto a Rubén González en el tribunal

El lunes reciente tuve el placer de acompañar al sindicalista de Ferrominera Rubén González en la primera audiencia del segundo juicio por apoyar una legítima huelga de trabajadores por derechos laborales. Como parte de la política de criminalización de la protesta que se adelanta en el país, 4 son los supuestos delitos que se le imputan por ejercer la herramienta histórica del movimiento obrero en el mundo: Instigación a delinquir, violación de zona de seguridad, agavillamiento y obstrucción del trabajo. La audiencia fue diferida y pasada al 23 de agosto. ¡Allá estaremos!

Crónica de un jueves templado de emociones

Yadid hablando, por primera vez, con un Rubén libre

 

En medio de la concentración convocada a la Fiscalía, el miércoles 02.03.11, para rechazar la sentencia contra Rubén González, nos enteramos que Yadid, esposa del sindicalista, venía para Caracas. Su primer destino era la vigilia de estudiantes en la OEA. Después de varias llamadas, pudimos dar con su número, y contactarla para ponernos a la orden para cualquier apoyo durante su estadía en la capital. Su hija nos comenta que el objetivo era denunciar la ignominia por todos los medios posibles, así que comenzamos a llamar a periodistas, amigos y conocidos, para armarle una agenda de visita a periódicos, radios y estaciones de televisión.

Mariana Bellalba, amiga y compañera abogada de Espacio Público, logra una entrevista con William Echeverría para el día siguiente, jueves 03, a las 10 y 30 de la mañana. Quedamos en irla a buscar temprano por las inmediaciones de la OEA, sin embargo, terminamos recogiéndola cerca de Plaza Venezuela. De allí a Globovisión. El programa sería grabado y transmitido posteriormente. El estudio 2 de dicho canal enciende su luz roja, debo apagar mi celular. Mientras que un William, muy cordial como es su costumbre, dialoga con Yadid acerca de su testimonio personal como compañera y madre.

A Marianna le llega el primer mensaje de texto anunciando lo que en el momento nos parecía inaudito: La liberación del sindicalista. Me lo enseña y le comento, desconcertado, que hay que confirmarlo. Llegan mas mensajes, y citan como fuente a Oscar Murillo, jefe de redacción del diario Correo del Caroní. Ahora sí nos parecía verídica la información. A punto de empezar el tercer negro, nos levantamos para parar la grabación. De todas maneras decimos que hay que confirmar la noticia. Salimos del aire acondicionado y llamamos a Murillo, quien nos atiende y nos reitera la buena nueva. Yadid está paralizada, la abrazamos. La grabación se reinicia con una tónica diametralmente distinta. Marianna y yo tecleamos frenéticamente los celulares.

De la Florida bajamos a La Guaira para que Yadid abordara el primer vuelo que la llevara, sin escalas, al aeropuerto de los brazos de Rubén. Llegamos con un caucho desinflado, pero con el corazón hinchado. La compañera del sindicalista es una mujer humilde de valores sólidos, con lúcida intuición de las fuerzas invisibles que se han apoderado del país. Por fin logramos que abordara el vuelo de las 6, en un aeropuerto atiborrado de temporadistas. Nos abrazamos, con la promesa de visitarlos a Ciudad Piar y disfrutar de la generosa hospitalidad familiar.

Como pocas veces, me sentí muy orgulloso de mi trabajo. A la vuelta, el atardecer en el litoral me parecía violentamente hermoso, un lindo final para una semana que había comenzado con sabor a tragedia. Y aunque todavía falta conseguir la excarcelación plena de Rubén, su declaración de inocencia, la reversión de la pena del resto de luchadores sociales criminalizados y la derogación de los artículos que penalizan la protesta, nada más preciado que la libertad.

Rubén González: Las rejas no harán callar la verdad


El 28.02.11, día final del juicio contra el sindicalista Rubén González, todos y todas quienes hemos estado cerca, estábamos en vilo. Desde Guayana, Clavel Rangel y Oscar Murillo, del staff del Correo del Caroní, nos mantenían informados de los detalles dentro del tribunal, vía Twitter. A las 6 y 30, aproximadamente, sus mensajes de 140 palabras fueron amargos como la hiel: Al líder sindical lo sentenciaban a 7 años y 6 meses por ser fiel a la causa de los trabajadores. Venezuela es el país en donde a los luchadores los tratan como delincuentes y a los delincuentes los exhiben como revolucionarios. ¿Un ejemplo? El flamente diputado por el PSUV, apoyado por la bancada del OCV, Roger Cordero Lara, autor material de la masacre de Cantaura.

Si bien detesto la política basada en mártires, aunque Rubén no lo sepa se ha convertido en símbolo para muchos y muchas de nosotras, gente sencilla, que vivimos del quince y último. Sus palabras ante la ignominia no pudieron ser más dignas: “Estaré preso, no importa, así está la justicia en nuestro país. Pero hice lo que tenía que hacer”. En un país de ídolos de pies de barro, es urgente tener estos referentes.

A continuación algunos enlaces con información sobre la injusta y amañanada condena contra Rubén González. La corto aquí, la rabia esta punto de hacerme escribir cosas de las que luego, es posible, pueda arrepentirme:

– Foro por la Vida: Condena a sindicalista Rubén González pretende intimidar liderazgo sindical alternativo, criminalizando la protesta y el derecho a las manifestaciones públicas

– Periódico El Libertario: Condenan a 7 años y 6 meses de prisión al sindicalista Rubén González

– Pablo Hernández: Caso Rubén González: Mensaje del Gobierno Militar-Policía del Sr. Chávez a los trabajadores de Venezuela

Hermana de Rubén al momento de conocer la sentencia. Foto de William Urdaneta (Correo del Caroní)

 

Leo y difundo: Tribunal decidirá el lunes libertad de Rubén González

Clavel Rangel (Correo del Caroní)

Ferromineros y residentes de Ciudad Piar asistieron a la audiencia número 27 del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González.

La comparecencia comenzó a las 9:30 de la mañana y se postergó hasta las 4:00 de la tarde en el Tribunal Penal Sexto de Juicio, bajo la responsabilidad de la jueza Magda Hidalgo.

En la mañana tanto la defensa, como la fiscal tercera del Ministerio Público -Fátima Urdaneta- presentaron a sus últimos testigos. En la jornada de la tarde se promovieron pruebas escritas que fueron leídas a los presentes en el juicio oral y público.

La defensa en las manos del abogado Ítalo Atencio consignó las ediciones del 20 y 27 de agosto de 2009 de Correo del Caroní en la que intentó dejar constancia de los motivos que movieron a los trabajadores durante la protesta de 16 días ejecutada en Ciudad Piar.

El Ministerio Público presentó una planimetría hecha sobre las locomotoras durante el mes de agosto de 2009, así como un informe presuntamente emanado de la gerencia de protección de planta de Ferrominera Orinoco (FMO).

Atencio solicitó a la juez que la última prueba consignada por la Fiscalía no fuese tomada en cuenta considerando que, según su argumento, no se ajusta a los requisitos que establece la ley, como por ejemplo y según su estudio, no hay constancia que el informe consignado haya sido elaborado por alguna dependencia de FMO o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

La fase de conclusiones comenzará el 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, indicó la juez a los presentes. Se espera que el mismo día se le dicte sentencia al secretario general privado de libertad desde hace un año y un mes en la sede de Patrulleros de Caroní.

La inocencia del sindicalista Rubén González: Un mar de testimonios

He tenido el honor de ser parte de la constelación de personas que ha acompañado al sindicalista Rubén González durante sus 15 meses de cautiverio, por el sólo hecho de defender los derechos laborales de sus agremiados. Como se recordará, el Secretario General de Sintraferrominera se encuentra privado de su libertad desde el mes de septiembre del 2009, por haber apoyado la paralización de actividades en la empresa para solicitar el cumplimiento de la contratación colectiva y el pago de deudas con los trabajadores.

Aprovechando una fugaz visita a Puerto Ordáz, tuve la suerte de coincidir con una de las audiencias del largo juicio contra el sindicalista, realizada el 15 de febrero en el Palacio de Justicia de la ciudad. Aunque nos incorporamos cuando el juicio ya habia comenzado, pudimos escuchar buena parte del testimonio de Rigoberto Carrero, quien ha trabajado en Ferrominera durante 25 años. Carrero fue enfático al reiterar que ni hubo eventos violentos durante los más de 15 días de paralización y, mucho menos, Rubén González participó o alentó que se atacaran bienes de la compañía u otras personas. Las palabras del veterano trabajador eran conmovedoras “Nosotros dormiamos en el piso, en los cartones, para darnos apoyo unos a otros (…) Nosotros estuvimos todo el tiempo allí, incluso con nuestras familias. Cocinábamos, se mató una res, algunos trajeron gallinas, otros hacían sancocho. En todo momento fue pacífica”.

Todo este énfasis es una respuesta a los señalamientos en contra del líder sindical, y que han sido convenientemente visibilizados por los medios del Estado, como AVN, quien en una nota de prensa difundida después de la entrevista a González por CNN, afirmó que: “Rubén González fungía como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintra-Ferrominera) cuando encabezó en el estado Bolívar una violenta huelga, que incluyó el ataque a pedradas de un tren que cargaba mineral de hierro hacia Ciudad Guayana, en la que resultó herido su conductor y se produjeron daños cuantificados en 200 mil dólares a la locomotora. Por ese hecho, el juez Beltrán Javier Lira, a petición de la Fiscal III del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima Paiva, emitió una boleta de captura contra González por los presuntos delitos de agavillamiento, daños al Patrimonio Público, restricción de entrada al sitio de trabajo y cierre de vías públicas”. Todo un ejemplo del tipo de periodismo que se realiza desde el gobierno, y que tiene en unos lamentables seguidores a los medios del periodismo estatal como Aporrea, para quienes el caso de Rubén González, simplemente, no existe. Ante la invisibilidad y la descalificación, estos paladines de la comunicación obligan a que sea la CNN quien ventile un caso de violación a la libertad sindical y el derecho constitucional a la huelga. El mundo dado vuelta.

En Puerto Ordáz tomé el testimonio de uno de los trabajadores, quien corrobora las palabras de Carrero. Lamentablemente, no pude grabar otros testimonios, aunque había muchos trabajadores en el juicio deseosos de contar su versión. Como casi todos han sido convocados como testigos en el juicio, no querian hacer nada que pudiera entorpecer lo que debe ser una sentencia favorable para el sindicalista. También pude grabar el testimonio de Yadith, la esposa de Rubén, exigiendo justicia en lo que es la primera separación física de ambos en más de 25 años de casados.

Testimonio del trabajador Junior Mejía:
http://www.ivoox.com/trabajador-ferrominera-niega-participacion-ruben-gonzalez_md_535606_1.mp3″ Ir a descargar

Marcha de trabajadores/as en Caracas, 05.02.11: Un video y un volante

 

El chavismo y sus falsos críticos son los responsables de la crisis venezolana

Volante entregado en la marcha de trabajadores y trabajadoras del 05.02.11 en Caracas

Hace 12 años que el gobierno bolivariano viene prometiendo construir el paraíso en la tierra. Sin embargo, lo único que nos ha traído es un mayor empobrecimiento para quienes vivimos de nuestro salario, mientras una nueva burguesía se enriquece a nombre de la “revolución”. Del otro lado se encuentran los políticos que dicen representar la salvación, sin embargo, son los mismos que durante cuarenta años gobernaron y robaron al país. La inflación, flexibilización de las condiciones laborales, alto costo de la vida, inseguridad, desempleo, desabastecimiento, falta de viviendas, crisis de los hospitales y los servicios básicos son responsabilidad de la Quinta y la Cuarta República. la única opción que tenemos es construir una alternativa, radicalmente enfrentada y diferente, a las burocracias del PSUV y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 

Todos los gobiernos oprimen y reprimen.
Sólo los movimientos sociales y sindicatos autónomos e independientes promueven reales transformaciones de la sociedad
Contra la criminalización de la protesta y la tercerización laboral ¡movilización popular!

Libertad para el sindicalista Rubén González

Desde mediados del año 2009, Rubén González, Secretario General de Sintraferrominera, se encuentra preso por apoyar una huelga de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Rubén González es un preso político, privado de su libertad por ejercer el legítimo derecho a la huelga y a la manifestación. De esta manera el gobierno de Hugo Chávez intenta disuadir a los trabajadores tanto de las empresas básicas de Guayana, como del resto del país, a que denuncien sus precarias condiciones de trabajo y exijan sus derechos laborales. Libertad inmediata para Rubén González. Libertad plena a todos los procesados por participar en manifestaciones por derechos sociales en Venezuela
Periódico El Libertario

La verdadera fraternidad: la solidaridad desde abajo

En este pedazo de la conversación telefónica sostenida el 09.11.10 con el sindicalista Rubén González, que como recordaremos ya lleva 13 meses en prisión por haber apoyado una paralización de actividades de los trabajadores de Ferrominera pidiendo mejores condiciones laborales, el sindicalista simpatiza con la lucha de los indígenas yukpa y pide la libertad de Sabino Romero.

Cuando el apoyo mutuo se hace entre iguales y desde abajo se llama solidaridad. Lo demás es simple y mera caridad.

http://www.ivoox.com/ruben-gonzalez-se-solidariza-sabino-romero_md_419816_1.mp3″ Ir a descargar

Rubén González: Ejemplo de la criminalización de la protesta en el país

El pasado 24 de septiembre se cumplió un año de la ilegítima privación de libertad del dirigente sindical Rubén González por haber apoyado una huelga de trabajadores. El caso no constituye un hecho aislado o extraordinario, sino que se inscribe en un patrón de políticas estatales para criminalizar la protesta en el país.

Según la Fundación por el Debido Proceso Legal de México, http://www.dplf.org/uploads/1279728364.pdf, existe una cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de un modelo de criminalización. En primer lugar establecen el cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por parte del Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de intensidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas de hambre, tomas simbólicas, etc), como manera de llamar la atención de las autoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satisfacción de sus demandas. El segundo eslabón de la cadena lo constituye la progresiva deslegitimación y desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen con mayor visibilidad su derecho a la manifestación. Especialmente esta campaña de descrédito se caracteriza por que los funcionarios y funcionarias no discuten las motivaciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legitimidad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza mercenaria, su pertenencia a un plan desestabilizador o a organizaciones extranjeras promotoras de acciones ilegales. Si bien las acusaciones son realizadas desde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activas son medios de comunicación controlados por el Estado y profesionales (periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a una dinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo, con el cual mantienen una relación indirecta, aparentan que los señalamientos son parte de la preocupación de la ciudadanía.

En tercer lugar tenemos la represión y judicialización de las manifestaciones. De esta manera el Estado enfrenta, por la vía de la dispersión violenta, movilizaciones cuyo origen es el incumplimiento de diferentes derechos. Si bien durante las décadas pasadas las fuerzas policiales y militares confrontaban físicamente las protestas como manera usual de neutralizarlas, el alto costo político de esta estrategia, en tiempos de alta circulación de imágenes por los medios de comunicación, ha privilegiado otras tácticas de disuasión, como la aplicación de leyes y reglamentos justificando que, desde el primer momento en que la protesta se desencadenó, se encontraba fuera de la ley. Por ello se realizan detenciones selectivas y se les somete a largos y engorrosos procesos penales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, suficientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organización social pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayor de los sectores afectados. Esta dimensión se encuentra íntimamente ligada al último episodio de la cadena de criminalización diagnosticada por la organización mexicana: La promoción de acusaciones sin pruebas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales con la finalidad de intimidar a todos los que se organizan para defender y revindicar sus derechos.

Provea realizó, en una oportunidad, una reunión de trabajo con la defensora del pueblo para proponer la implementación de diferentes políticas en derechos humanos. En ese encuentro Gabriela del Mar Ramírez negó que existiera, actualmente, una política de criminalización de la protesta en Venezuela. Sin embargo, los hechos la desmienten. Existen en el país más de 2500 casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales, a la espera de una sentencia. De estas personas -como el propio  Rubén González-, más del 70% son ciudadanos y ciudadanas que han manifestado su apoyo al gobierno del presidente Chávez, de igual forma los 1500 casos denunciados por el diputado Braulio Álvarez, pertenecientes al Movimiento Campesino Jirajara. A su vez, se siguen registrando manifestantes asesinados en el contexto de protestas pacíficas por la acción de los cuerpos de seguridad. Como consecuencia de la polarización, no existen canales institucionales de resolución de conflictos contribuyendo  a su vez,  al  aumento de la cantidad de protestas que se realizan en el país, contabilizándose, según el monitoreo realizado por Provea y Espacio Público, 9 cada día.

Si los anteriores argumentos no son suficientes,  vale constatar  la propia situación del Secretario General de Ferrominera, un año tras las rejas por apoyar la exigencia de respeto de la contratación colectiva de los trabajadores.

Para Provea las únicas motivaciones para la privación de libertad de Rubén González son políticas, por tanto, se le considera preso político por la acción de la Fiscalía General de la República y  la omisión de la Defensoría del Pueblo. Sobre las causas del ensañamiento, coincidimos con quienes sostienen que su estancia tras las rejas, es un mensaje tanto para las y los trabajadores de las empresas básicas de Guayana como del resto del país. La falta de inversión y de actualización tecnológica motiva que sea la pérdida de las condiciones laborales de las y los trabajadores la que mantenga los niveles de competitividad en el mercado internacional. Es el modelo de desarrollo, primario exportador, en sintonía con la globalización el que condiciona para todos y todas las asalariadas el disfrute de sus derechos laborales. Las pésimas condiciones de trabajo y los altos índices de subempleo no son producto, como algunos aseguran, de un enfrentamiento entre el “socialismo” y la “democracia”. Comprender la naturaleza de la arquitectura económica internacional, en la que se inscribe Venezuela, es una de las precondiciones para recuperar los lazos de solidaridad horizontal entre las y los propios trabajadores y el resto de las iniciativas sociales del país. Es parte del reto que tenemos que afrontar, sino queremos perpetuar el que luchadores como Rubén González sean quijotes en una cruzada solitaria por la dignidad. (Correo del Caroní, 27.09.10)

Escuche una conversación con Rubén González a propósito de cumplir un año en prisión. Además de su caso, habla de la situación de los trabajadores en Ferrominera

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Derecho a la huelga y movimiento obrero

Un siglo de luchas por el socialismo, en todo el mundo, hicieron que el movimiento obrero desarrollara y expandiera sus diferentes herramientas de lucha por sus reivindicaciones. Tras la denominada “revolución industrial”, las organizaciones revolucionarias en todas sus vertientes (socialdemócratas, comunistas, socialistas y anarquistas), apostaron a que la clase obrera sería el motor fundamental de los cambios sociales, por lo que sus esfuerzos estuvieron enfocados a potenciar sus organizaciones mediante la cual se cumpliera la profecía de la I Internacional: “La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores”. Es así como la sindicalización, el sabotaje, la prensa proletaria, el foro y el autodidactismo y, especialmente, la huelga, fueron las herramientas mediante las cuales fueron conquistando, con mucha sangre, sudor y lágrimas, cada uno de los derechos laborales que hoy conocemos y disfrutamos.

Esta historia no le fue ajena a Venezuela. De hecho se ha establecido como inicios del movimiento obrerista en el país la realización de las primeras paralizaciones de actividades por parte de los asalariados. Aunque la historia del sindicalismo en nuestro país no ha sido profunda y exhaustivamente investigada, la más antigua huelga de la que se tiene conocimiento ocurrió en el año 1908, realizada por los trabajadores portuarios de La Guaira. Más adelante ocurrió la primera huelga conocida de carácter nacional. En 1914 el gremio de telegrafistas seccional Caracas detuvo el trabajo tras una rebaja de salarios acordada unilateralmente por la Dirección General del Telégrafo. La acción de los capitalinos fue secundada por Oriente, Valencia, Trujillo, Maracaibo y otras ciudades.

Como parece ser la estrategia usual en este tipo de casos, el gobierno de Juan Vicente Gómez ordenó la prisión de los dirigentes sindicales, lo cual aumentó las adhesiones y solidaridades con las reivindicaciones de los telegrafistas: “Pedimos se suspenda la orden de prisión contra los jefes de Estaciones de esta ciudad y de Carúpano, o si no que se ordene también nuestra prisión, pues somos solidarios de nuestros compañeros”. La huelga finalmente logró revertir la disminución de los salarios.
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Venezuela: Ruben y Yadi: Un amor separado por la injusticia


Remitimos una fotografia de Ruben Gonzalez y Yadi de Gonzalez, padres de 4 hijos y 5 nietos, en 32 años de amores, hoy separados por las rejas de la prisión. Ruben González está detenido desde septiembre del año 2009 por haber apoyado una paralización de actividades en la empresa Ferrominera, del estado Bolívar, mediante la cual los trabajadores exigian el cumplimiento de la contratación colectiva. Ruben honraba su vocación y su rol de Secretario General del sindicato, al ponerse de lado de las demandas de sus asociados. El injusto e inmoral encierro del luchador social González intenta amedrentar a todos los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, y de toda Venezuela, a la exigencia de sus derechos. ¡Que el amor de Rubén y Yadi no sea separado ni un minuto más por la injusticia!

Si quieres enviarle un mensaje de aliento a Ruben y Yadi lo puedes hacer a través del email solidaridadconruben@gmail.com

Libertad inmediata para Ruben González
Libertad sin condiciones para todos los procesados judiciales por protestar en Venezuela

Periódico El Libertario
Más información sobre el caso en: www.nodo50.org/ellibertario

Carta abierta a Rubén González

Aprovechando la campaña iniciada por diferentes organizaciones sociales para enviarle cartas de apoyo y aliento, con motivo de su escandalosa detención desde el mes de septiembre pasado, por haber apoyado una huelga de trabajadores en Ferrominera, gremio del que usted es Secretario General; me animo a escribirle para expresarle mi gratitud. Me explico.

Actualmente vivimos en una época de crisis de las palabras donde éstas ya no significan lo que habíamos aprendido de ellas. El caso del máximo galardón pacifista que por unas cuantas palabras -aún no traducidas en ningún hecho tangible-, un presidente ha sido recientemente condecorado con el Premio Nobel de la Paz, aunque su silla esté construida sobre todo un arsenal armamentista que apunta a todas las direcciones. Por estos predios “soberanía alimentaria” es importar el 70% de la comida que consumimos; y “soberanía energética” es hacer contratos de 40 años con empresas como Chevron y Repsol YPF.
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Suscribo y difundo: Campaña nacional e internacional de solidaridad epistolar con el sindicalista Rubén González

Venezuela: Las rejas no podrán silenciar la protesta popular.
Campaña nacional e internacional de solidaridad epistolar con el sindicalista Rubén González

El pasado 07 de mayo, un tribunal de la ciudad industrial de Ciudad Guayana, en Venezuela, le negó la posibilidad al Secretario General de Ferrominera, Rubén González, de ser juzgado en libertad. Desde mediados del año 2009, este dirigente sindical se encuentra preso por apoyar una huelga de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales. El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público y conocido acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de empleo de un grupo de trabajadores; asimismo convino no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y el cumplimiento de sus reivindicaciones. Sin embargo, días después, González era detenido por su apoyo a la acción de los trabajadores, y acusado de los delitos “agavillamiento”, “instigación a delinquir” y “violación de la zona de seguridad”. Desde ese día se encuentra privado de su libertad y si el fallo del tribunal lo declara culpable, puede ser sentenciado a permanecer entre 5 y 10 años tras las rejas. González es un luchador social de conocida trayectoria en la región y militante del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Autoritarismo, derechos humanos y petróleo: Situación de los derechos humanos hoy en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El triunfo de un candidato outsider a la Presidencia de Venezuela, ocurrido a finales de 1998, despertó simpatías sin precedentes. Desde la vuelta en 1958 a la democracia en el país caribeño, dos partidos se habían alternado en el ejercicio del poder, estimulando un proyecto modernizador basado en la extensiva producción y venta de petróleo. Este populismo de conciliación de élites, como fue calificado por el investigador Juan Carlos Rey, mostraba su vigor a mediados de la década de 1970 tras la incorporación al juego democrático de los principales actores armados de las guerrillas de izquierda y en la nacionalización de la industria de hidrocarburos que motivó una bonanza económica conocida en la jerga popular como “época de las vacas gordas”. Pocos se imaginaban que el modelo naufragaría apenas 10 años después.

En 1982 la moneda local, el bolívar, experimentó una considerable devaluación frente al dólar, abriendo un periodo de crisis económica que, a su vez, catalizó la social, que se expresó violentamente el 27 de febrero de 1989. La aplicación de un paquete de medidas económicas de inspiración neoliberal generó pobladas y saqueos en diferentes partes del país. Las cifras oficiales contabilizaron 276 muertos, pero para diversas organizaciones sociales la cantidad real se duplicaba.

El “Caracazo” significó un momento de inflexión por dos razones: 1) la demostración fehaciente de la creciente ingobernabilidad democrática debido a la fragmentación del pacto social erigido en 1958; y, 2) la irrupción de una serie de nuevos actores sociales —ONG de derechos humanos, organizaciones vecinales, ambientalistas y estudiantiles— que, relacionándose a diferentes niveles, promocionan la urgente necesidad de un cambio. Varios años continuos de conflictos, que incluyen la inhabilitación del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, crearon las condiciones para que, a finales de la década, una generación diferente de funcionarios tomaran las riendas del Estado, fundando expectativas similares al fin de la hegemonía partidista del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México.

Los primeros años del bolivarianismo

El presidente Hugo Chávez abrió su periodo presidencial con la convocatoria a una Asamblea Constituyente a la que se incorporaron, de manera intensa, las organizaciones de derechos humanos. Es así como la Carta Magna resultante, aprobada en 1999, incluye muchas de sus recomendaciones en lo que sería un texto constitucional ampliamente garantista en materia de derechos sociales, lo que fue saludado y reconocido por organizaciones ciudadanas de todo el orbe.

Una segunda consecuencia positiva fue la popularización, como nunca antes, del discurso sobre derechos humanos entre amplias capas de la población. El reto era, a la par de continuar poniendo en sintonía la legislación venezolana con los estándares internacionales, hacer realidad los derechos tal como estaban establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Primer Mandatario no administró con sabiduría su amplia popularidad y comenzó a mostrar signos de intolerancia, mofándose de las primeras movilizaciones de cuestionamiento a sus políticas de reforma en el sector educativo y adjetivándolas, en un discurso transmitido por televisión a todo el país, como “escuálidas”. Esto sería el inicio de una forma de gobernar caracterizada por la exclusión.

Con razón o sin ella, pero ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente bajo la criminalización, aquellas primeras docenas de manifestantes fueron creciendo hasta sumar el millón de personas que en abril del año 2002 intentaron, infructuosamente, llegar hasta el Palacio de Gobierno en un confuso incidente que originó 19 muertos y cientos de heridos, tras el cual un grupo de empresarios y militares interrumpió, el 12 de abril, el hilo constitucional, derogando la Carta Magna aprobada tres años antes y proclamando a Pedro Carmona como presidente. El golpe de Estado duró solo 24 horas.

En este contexto, y ante la posibilidad de ser removido mediante la convocatoria a un referéndum presidencial —un derecho incluido en la nueva Constitución—, el Ejecutivo Nacional diseñó las llamadas “Misiones”, una serie de políticas sociales de corto impacto con el que lograría extraordinarios avances en el combate a la pobreza en el país. De las 21 misiones ejecutadas hasta la fecha, las más promocionadas han sido las destinadas a educación, salud y alimentación.

En el año 2008, según el Informe Escolar 2008 de la ONG Campaña Mundial por la Educación, Venezuela presentaba algunos de los mejores indicadores de América Latina en materia educativa, con un aumento significativo en sus índices de alfabetismo, matrícula, disponibilidad de establecimientos escolares y prosecución escolar, entre otras. Por su parte, la Misión Barrio Adentro mostraba para el año 2006 un evidente incremento de la atención primaria, mediante la presencia de más de 13.000 médicos en 4.600 módulos edificados en barrios populares. En el caso del derecho a la alimentación, el Ejecutivo promocionó una red de mercados, denominados Mercal, con alimentos pertenecientes a la canasta básica a precios regulados, que en su primer año de funcionamiento (2003) benefició a más de medio millón de personas. La cifra se elevó cinco años después, en el periodo de mejor funcionamiento del Mercal, a 13 millones de personas. Esta amplia cobertura incidió en el aumento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, así como en una reducción del 20% en la cantidad de familias en situación de pobreza entre los años 2004 y 2006.

Sin embargo, otras misiones arrojaron resultados contraproducentes. La Misión Villanueva y la Misión Hábitat, destinadas ambas al sector Vivienda, no pudieron amortizar la histórica deuda social en la materia, un déficit calculado en tres millones de unidades habitacionales. Año tras año el Gobierno incumplía sus propias metas de construcción; además, algunas iniciativas como la promoción de cooperativas con participación comunitaria fueron permeadas por vicios institucionales y corrupción. De esta manera el presidente Chávez se ha convertido en el segundo primer mandatario del periodo democrático con el menor promedio de construcción de viviendas por año.

Crisis económica y conflictividad

Si bien las misiones impactaron positivamente en el corto plazo a la población de menos recursos, diversas organizaciones expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de una transformación estructural que garantizara el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Carta Magna. Además, alertaron sobre la ausencia de una planificación que hiciera sustentable en el tiempo dichas políticas sin afectarse por los vaivenes del mercado energético mundial.

En julio del año 2008 el petróleo venezolano alcanzó su cénit al cotizarse en US$122,40 el barril. Cuatro meses después se ubicaba a la mitad. La celebración de elecciones para gobernaciones y alcaldías, en noviembre del 2008, y, posteriormente, una enmienda constitucional en febrero del 2009, postergó la discusión de las posibles consecuencias para el país de la crisis económica global. Días después el presidente Chávez anunció un conjunto de medidas económicas, como la reducción del gasto público, el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la disminución de gastos suntuarios e innecesarios, así como la promulgación de una ley que limitaría los salarios percibidos por los funcionarios de alto rango en la administración estatal.

A pesar de los anuncios gubernamentales acerca de la no disminución de las políticas sociales, el incremento del 20% en el salario mínimo es inferior al índice de inflación, que solo en el sector alimentos se ubicó durante el año 2008 en 43%. Por otra parte, la situación de inseguridad ciudadana continuaba agravándose, cerrando ese mismo lustro la cifra de 14.467 homicidios en todo el país y un aumento en los últimos dos años de la cantidad de secuestros del 202%. Para complejizar más la situación, la prolongada sequía y la falta de inversión en el sector originaron una crisis en el suministro de energía eléctrica y agua, con lo que algunas ciudades comenzaron a experimentar interrupciones en el servicio de varias horas al día.

Este contexto potenció un aumento de la conflictividad y la movilización por exigencia de derechos. Durante los años 2004 al 2008, en medio de una aguda polarización, las manifestaciones estuvieron protagonizadas por demandas de rechazo y apoyo al Presidente. Por primera vez en varios años el 2009 transcurrió sin la celebración de actos electorales, con lo que algunos sectores sociales pudieron avanzar en la elaboración de una agenda propia y la recuperación de su autonomía. Éste fue el caso de los sectores sindicales, que durante ese año protagonizaron el 36% de las movilizaciones en el país por demandas laborales, para un total general de 3.297, un promedio de nueve al día, el número más alto de todo el Gobierno del presidente Chávez.

Esta beligerancia en ascenso aumentó a su vez el proceso de criminalización, y así se contaron en más de 2.400 los casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación pacífica. En lo que es un grave precedente, el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González fue privado de su libertad el pasado mes de agosto, tras apoyar una paralización de actividades en exigencia del cumplimiento de la contratación colectiva.

La respuesta de la sociedad civil

Diferentes leyes y reglamentos promulgados desde el año 2004 han venido limitando y revirtiendo las garantías constitucionales, por lo que en Venezuela se ha configurado un grave problema de institucionalidad democrática, con un aumento de la concentración de poder acompañada de una erosión de la independencia de los poderes. Sin embargo, la sociedad civil aún no logra articularse como un efectivo contrapeso. Los partidos políticos de oposición no sintonizan con las demandas populares, y, reacios al aprendizaje de las lecciones de la experiencia bolivariana, reinciden en mantener su dirigencia histórica. En un año de votaciones para los representantes a la Asamblea Nacional, previsiblemente se vigorizará la polarización política, no obstante lo cual algunos sectores sociales han desarrollado capacidad de mantener sus prioridades a pesar de la ‘electoralización’ de la dinámica general movimientista: los indígenas y ecologistas enfrentados a los proyectos de expansión carbonífera en la Sierra del Perijá, estado Zulia, así como las diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad, que en el estado Lara se enfrentan a la impunidad y la participación de funcionarios policiales y militares en delitos de diversa índole.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos tienen planteados diversos retos. Uno es su propia relegitimación como un actor social vinculado a las comunidades en conflicto con posibilidades de fortalecimiento y acompañamiento. En segundo lugar, una comprensión cabal, desde la perspectiva de derechos, de la vertiginosa realidad venezolana, con la consecuente posibilidad de incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Luego, ser un agente proactivo en la articulación social desde la base, así como en la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales. Por último, el desarrollo de nuevas estrategias y prácticas que permitan renovar el discurso sobre derechos humanos dentro de los diferentes escenarios.

(Colaboración para Revista Ideele, Perú, edición 198)

Caracas: Convocatoria a concentración en Fiscalía por la libertad del sindicalista Ruben Gonzalez

En el marco de la Campaña por el derecho a la protesta social se realizará una concentración frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo – Caracas, para exigir la liberación inmediata del dirigente sindical Rubén González. Como se recordará, desde el pasado mes de agosto del 2009 este dirigente sindical de Ferrominera ha sido privado de su libertad por haber participado en una paralización de actividades en la defensa del contrato colectivo de los trabajadores. Actualmente, violando todas las garantías del debido proceso y el derecho a su defensa, se encuentra recluido en la sede de Patrulleros del Caroní, en el estado Bolívar, a la espera de juicio. Algunos de los delitos que se le imputan son violación de la zona de seguridad, agavillamiento, cierre de vías e instigación a delinquir, acusaciones que forman parte del andamiaje jurídico que cercena el derecho constitucional a la protesta, y que ha sido aplicado contra diferentes dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes y comunidades que manifiestan en defensa de sus derechos.

Las organizaciones que forman parte de la Campaña (Provea, Espacio Público, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Colectivo Socialismo Revolucionario, Unidad Socialista de Izquierda, Periódico El Libertario, Sintraince, entre otras), invitan a la concentración frente a la Fiscalía de Parque Carabobo, el próximo lunes 15 de marzo a las 10 de la mañana, para exigir la liberación inmediata de Rubén González y la libertad plena de todos los activistas sociales sometidos a regímenes de presentación por protestar.

El Libertario entrevista al dirigente sindical Rubén González, detenido en Puerto Ordaz


:: El Libertario entrevista al dirigente sindical Rubén González, detenido en Puerto Ordaz:
“Llamo a todos los trabajadores a que se quiten el miedo y que espanten el temor por exigir sus derechos”

Periódico El Libertario
http://www.nodo50.org/ellibertario

En Venezuela existe un contexto creciente de criminalización de la protesta social, en el cual más de 2400 personas están sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación por sus derechos. Durante el año 2009, además, destacó la aplicación de medidas judiciales contra 33 trabajadores y líderes sindicales, cuyo caso más grave lo constituye el de Rubén González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), una empresa estatal ubicada en el estado Bolívar, por haber participado en una paralización de actividades en agosto de ese año. El Ministerio Público no es el único instrumento punitivo de la protesta, sino también los medios de comunicación estatales quienes han difundido que estas manifestaciones laborales poseen una motivación distinta que la reivindicación de derechos de los trabajadores, tal como lo fue el caso del conflicto dentro de Ferrominera. Esta versión del gobierno fue legitimada, además, por medios paraestatales como el portal web Aporrea, el cual durante el conflicto tomó partido por la patronal y el gobierno, difundiendo solamente las versiones oficiales (http://www.aporrea.org/trabajadores/n140848.html)

El Libertario visitó a Rubén González en la cárcel, quien todavía se identifica como militante del partido de gobierno, en la sede de la policía del Municipio Caroní, en el estado Bolívar, donde cumple una pena indeterminada de privación de libertad, vulnerando todas las garantías procesales y el derecho a su defensa. Las autoridades sólo permisaron una conversación de pocos minutos, la cual fue realizada en el estacionamiento del cuerpo policial bajo un sol de casi 40 grados de temperatura. La difusión de esta conversación tiene como objetivo sensibilizar a los activistas, tanto nacionales como internacionales, acerca de la situación de Rubén González, solicitar su libertad inmediata e incondicional y, por último, denunciar la situación de criminalización a los sectores sociales en lucha en Venezuela.

– Se afirma que tu situación es producto de rivalidades políticas entre sectores afectos al gobierno bolivariano en la región, y no a tu actuación como dirigente sindical. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
– Esa es una manipulación que han venido difundiendo. Lo que esta tras bastidores es que en la empresa tienen líderes sindicales “rojo rojitos”, que le hacen el lobby a la empresa, al gobierno y a su grupo. Así que sacándome a mí los dejan a ellos. Ellos están diciendo que me fui en contra del partido porque me postulé a alcalde del Municipio Raúl Leoni de Angostura, y cuando lo hice me fui con el Movieminto Electoral del Pueblo (MEP), que era un partido del gobierno apoyando a Francisco Rangel y al presidente Chávez. Esto lo hacen ver ahora para decir que soy un indisciplinado y todo eso. ¿Cómo se puede ser disciplinado cuando realmente estas viendo que las cosas no están marchando bien? Cuando te imponen una línea que si no cumples sencillamente o te vas o te agarran y te ponen preso. Ellos lo ponen en la mesa pero eso no es así.

– ¿Entonces tu detención es producto de tu participación como líder sindical?
– Habíamos terminado de firmar una convención colectiva en Ferrominera en diciembre del 2008. En junio del 2009 empezó a tener vigencia. Cuando entra en vigencia tienen que pagar el retroactivo, pagar para el mes de julio lo que esta planteado en la convención colectiva que son montos de 7 mil, 4 mil y 9 mil bolívares. Tienen que poner también 40 Bs. a los trabajadores que están fuera de la convención colectiva. Entonces vienen un domingo, el día 09 de julio, llega el presidente Hugo Chávez a la fábrica y se para uno de los dirigentes sindicales que estoy comentando y dice que en Ferrominera está todo bien, que no hay ningún problema y que no se les debe nada a los trabajadores. Eso inquietó mucho. En Ciudad Piar los trabajadores se paran en el portón. Llego yo al portón. Les digo “¿ustedes están de acuerdo?, ¿se van a quedar parados?, porque si es así ustedes saben que esto es fuerte”. Ellos me dicen que sí, y que busque al presidente de la empresa para que les explicara porqué no se le habló claro al Presidente de la República, porque a ellos les tienen deudas laborales, y que nuestra situación está bastante mal: la clínica no funciona, el transporte y los insumos no funcionan. No hay ni papel sanitario ni toallas en los baños, eso es un desastre. Se paran entonces los trabajadores y yo me traslado a Puerto Ordaz. Logro conversar con el gerente general del personal, el cual me pregunta si yo quería hablar con el presidente de Ferrominera. Le digo que sí, porque quería expresarle que los trabajadores estaban solicitando su presencia. ¿Qué pasó? Que ese mismo gerente me dice que el presidente no quiere saber nada de mí. Yo le dije “esta bien, que no hable conmigo, pero esos trabajadores que están allá también los dirige él”. ¿Saben lo que hicieron? Jugaron al desespero de los trabajadores, y pasaron 15 días y ningún representante de la empresa se presentó. Todo de una forma totalmente irresponsable. A los 16 días se presenta, al cual se le dijo que lo que se quería era llegar a un entendimiento. Inclusive firmamos un acta de compromiso y todo. Con esa acta fuimos a una asamblea en la que había más de 1000 trabajadores. Allí el presidente dijo que lo habían engañado, pues le habían dicho que lo que había eran 40 pelagatos. Yo le dije “vea para allá presidente, ¿ve que no son 40 pelagatos?, ellos estaban pidiendo su presencia para ver que pasaba con sus pagos” Allí firmamos el acta en donde dice que el iba a buscar el dinero para cancelarle a los trabajadores, y que también iba a evaluar lo del pago de los días que estuvieron paralizados. Paso todo eso sin consecuencias, y ahora la situación esta mucho más crítica. Entonces los trabajadores tienen razón.

– ¿Cómo fue el proceso de privación de su libertad?
– ¿Qué paso allí? Yo soy concejal del municipio también, en dos oportunidades he sido electo por el municipio Raúl Leoni, y lo que hicieron fue hacerme una emboscada. Con la Disip me mandan una citación. Yo acudo a esa citación, y allí me marean para esperar que venga el CICPC a agarrarme. Los tipos aplicaron ahí la fuerza, pero yo también me defendí. Y uno de los Disip me dice “estate tranquilo Rubén que tienen una orden de captura, y si tienen una olvídate que te van a llevar”. Me metieron en un carro, me llevaron al CICPC, allí me sentí un poquito mal.

– ¿Cuáles son los delitos que se te imputan?
– Agavillamiento, instar a delinquir, cierre de vías, traspasar zonas de seguridad y violación del derecho al trabajo. Sobre que hechos están relacionados estos delitos no lo sé, pues no dan ninguna explicación. Ahora es que más o menos se regularizó el problema, pues yo tuve 4 meses que era preso de nadie. Primero me llevaron al retén de Guaiparo, un sitio en donde tenían también a todos los malandros. Luego me mandaron a sacar y me trajeron a Patrulleros del Caroni. Cuando me presentaron en tribunales es que me entero de todos esos delitos. El tribunal sentencia una medida cautelar privativa de libertad de arresto domiciliario, con lo que me llevan a mi casa. Yo tenía casi 4 meses arrestado en mi casa. Hace como un mes, no recuerdo la fecha ahora, se presentó un comando del Cicpc y me secuestraron de mi casa. Me dijeron “te vamos a llevar allá, firmas y te vienes”. Entonces me retienen y nadie sabía de mi paradero, y fuentes ligadas a ese mundo nos dijeron que la orden era matarme. Me dejan en Patrulleros dos días, y luego a las 10 de la noche me vuelven a llevar vía Ciudad Piar, una vía sola, y me vuelven a traer. Me meten en el tribunal a las 11 y 30 de la noche. Y para que tu veas lo inaudito, a las 7 de la noche botan a la juez, y a las 10 ponen a un nuevo juez, y a las 12 de la noche sacan una carta de excarcelación para meterme acá preso. A esa hora trabajaron el expediente para dejarme acá. Allí me vuelven a llevar de nuevo al CICPC y a las 2 de la madrugada es que me entero que me habían revocado la anterior medida y que ahora estaba preso en un calabozo. Después metimos un recurso de amparo, el cual dieron con lugar, mandan a convocar a las partes. El juez de aquí no convoca a las partes. Metimos otro recurso de amparo que admiten pero que luego lo declaran sin lugar. Manipulan diciendo que nosotros nos autoconvocamos, ¿Por qué digo eso? Porque desde que dictaron la medida de privativa de libertad el tribunal quedó sin juez y sin despacho. ¿Cómo se explica que si esto es así la fiscal del ministerio publico metió un acto conclusivo? Ese acto conclusivo es el que nosotros estamos atacando, porque no tiene ningún tipo de legalidad. Las normas dicen que todo lo actuado en ese lapso de suspensión es nulo. No quieren acatar nada de eso, sino que quieren llevarme a juicio, a una preliminar. Mi esposa viendo todo esto estuvo 19 días en huelga de hambre. Te puedo decir que no se presento nadie, ninguna autoridad. Un grado de insensibilidad total.

– ¿Cuanto va durar la privación de su libertad?
– Todo depende de ese tribunal que me esta juzgando. Estoy en las manos de gente política que levantan un teléfono y le dicen a un juez o a una fiscal “déjalo ahí, no lo saquen”. Aquí no vale el 48 del Código Orgánico Procesal Penal, el 49 de la Carta Magna, acá no vale eso, acá no existe ninguna constitución. Aquí no se cumple nada de acuerdo al derecho, sino el mandato de quienes están tras bastidores.

– ¿Cuáles son sus condiciones de reclusión actuales?
– Gracias a Dios no tengo quejas ahora, acá me han tratado bien. Estoy junto a 4 personas que son funcionarios policiales que han tenido algún problema. Pero yo no quiero estar aquí, yo voy para 51 años y no merezco este trato, pues yo lo que he hecho en mi vida es trabajar. He tratado de hacer las cosas pulcramente, desde que estoy en el mundo sindical. Soy militante del PSUV, organicé el partido en varios municipios, estuve en el referéndum, la enmienda constitucional, la reforma constitucional, la elección del presidente, todo eso lo apoyé. Cuando la cosa esta mala yo digo que esta mala, y cuando esta buena yo lo reconozco, pero ellos quieren que a lo malo le digamos bueno, y a lo bueno le digamos malo. Yo creo que hay que defender la conciencia de lo que tenemos que hacer.

– ¿Cuál ha sido la actitud del PSUV?
– Omiso totalmente. Algunos que me respaldan tienen miedo a salir a poyarme, porque eso significa destitución y persecución. Por ejemplo hubo un estudiante que me ha apoyado y le pusieron a la Disip debajo de su edificio. ¿Qué mal hice? ¡Lo que he hecho es cumplir con mi trabajo!. Si la gente esta parada y yo soy el secretario general, ¿cómo le puedo dar la espalda a los trabajadores? Tengo que ponerme al frente. Cuando tu me dices “agavillamiento”, ¿Cuál agavillamiento? “Tranca de vías”, nosotros no trancamos ninguna vía. E inclusive quien trancó los portones fue la misma gente de la vigilancia. Y lo más fuerte es “instar a delinquir”, si allí no rompimos nada.

– Qué mensaje quiere darle al movimiento social y de trabajadores del país

– Hago un llamado, como dirigente sindical, a toda la masa trabajadora venezolana y a toda la dirigencia sindical, una dirigencia que en un momento fue elegida para representar los intereses de los trabajadores. Ese es su fin, no para venderse al patrón ni endosar a partido político ni a intereses particulares. Nuestro cumplimiento esta dentro de la convención colectiva, la Ley del Trabajo y las leyes como tal. Hago un llamado para reflexionen sobre el trabajo que están realizando y que cumplan con el mandato de los trabajadores. Sobre la criminalización de la protesta, creo que por primera vez en nuestra historia se esta criminalizando la protesta de los trabajadores por el incumplimiento de sus beneficios. Si a mi me dicen que dentro de Ferrominera no hay incumplimiento, esta bien que yo este preso. Pero allí todavía sigue el incumplimiento total de todos los beneficios de los trabajadores que quedaron plasmados en una convención colectiva, y en ningún momento se les esta cumpliendo. Gracias por venir a visitarme, rieguen la voz a los organismos internacionales. Esta democracia, aquí como se está llevando en Venezuela, no tenemos derecho a la protesta y el que proteste sencillamente hay que meterlo preso o hay que desparecerlo. Yo estoy aquí, aun siendo del partido de gobierno porque no comparto algunos lineamientos. O están buscando intereses personales dentro de un sindicato, y por eso hay que sacarme. Tengo adversarios tanto en la alcaldía como en la dirigencia sindical, pero el sentido democrático es actuar con todos los factores, y al final prevalezca el raciocinio, las ideas y la discusión, no la imposición de nadie en particular. También quiero agregar que había trabajadores despedidos, afortunadamente declararon sin lugar el despido, y hay calificaciones de despido contra 6 dirigentes sindicales. Yo llamo a todos los trabajadores a que se quiten el miedo y que espanten el temor por exigir sus derechos. Pero con todo lo que esta pasando igual vamos a seguir la lucha. Hay uno que luchan un día y son buenos, otros que luchan 5 años y son mejores, otros 10 años que son excelentes, pero lo importante son quienes luchamos toda la vida para seguir adelante.

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Provea constata las condiciones de privación de libertad del lider sindical Rubén González

Durante la mañana del 25.02.10 dos representantes de Provea pudieron conversar, por breves minutos, con el líder sindical Ruben González en la sede de Patrulleros del Caroní, en la ciudad de Puerto Ordaz, donde se encuentra recluido. González expresó que desconoce la duración de la medida de privación de libertad en su contra, la cual en principio implicaba una medida sustitutiva de casa por cárcel y que luego, saltando todos los procedimientos administrativos y el estado de derecho, fue revocada para internarlo en la sede del cuerpo policial del municipio Caroní del estado Bolívar. Los delitos imputados al líder sindical son agavillamiento, incitación a delinquir, cierre de vias y la violación de zonas de seguridad tras la realización de una paralización de actividades realizada en el mes de agosto del año 2009 en la planta de Ferrominera Orinoco, ubicada en Ciudad Piar. El dirigente obrero mostró su satisfacción con las condiciones en las que se encuentra recluido, expresando que no ha tenido violaciones a su integridad personal durante su estancia en Patrulleros del Caroní. Finalmente realizó un llamado a los diferentes sindicales a que defiendan los intereses de los trabajadores y no intereses particulares, de la patronal o de un partido político, por lo cual “había que quitarse el miedo”. González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rechazó la política de criminalización de la protesta y solicitó a las organizaciones sociales y de derechos humanos que llevaran ante instancias internacionales todos los casos documentados hasta la fecha.

Para Provea el caso de Ruben González es un grave precedente en la escalada de la criminalización de la protesta por derechos sociales, que desde hace varios años viene ocurriendo en el país y que ha llevado a más de 2400 personas a someterse a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en manifestaciones. (Provea, 26.02.10)