Salvar al movimiento o salvar al líder

Rafael Uzcátegui
Especial para Tal Cual

Los venezolanos no sólo hemos aprendido a convivir con la pobreza y la migración forzada, desconocida para el país petrolero de renta media que éramos, sino también a lidiar con la ausencia de democracia y la instauración de un gobierno que busca mantenerse en el poder indefinidamente. Si bien ya era un desafío el enfrentarse a un fenómeno político como el populismo bolivariano, la complejidad se elevó exponencialmente cuando decidió transformarse en una dictadura. Aunque no todo han sido desaciertos, la perplejidad de las oposiciones, para conjugarlas en plural, no ha permitido la eficacia necesaria para viabilizar el cambio político en el país.

Como se ha argumentado en otras oportunidades, desde la desaparición física de Hugo Chávez, pero especialmente a partir de diciembre del año 2015, cuando el oficialismo se transformó cuantitativamente en una minoría electoral y social, el conflicto venezolano dejó de ser ideológico y de clases. Lo que pasaremos a llamar el “campo democrático”, más por confluencia forzada que por estrategia, pasó a ser tan diverso como el país, con todos los matices que usted pueda imaginarse: Desde el chavista militante desencantado con Nicolás Maduro hasta, por llamarlo provocadoramente, el escualidismo radical originario. Todos, a su manera, abogaban por una transformación en el estado de las cosas. Y cada quien, desde su propia lógica -que uno puede compartir o no, pero esa es otra discusión- hicieron lo que estaba a su alcance para promoverla, bajo el convencimiento que era lo mejor para la nación.

Luego de la rebelión popular de 2017, nombrada así por la extensión, profundidad y consecuencias del desafío al poder en el espacio público, durante el año siguiente tuvimos un reflujo de la movilización por razones políticas, que volvió a emerger luego que, como consecuencia de un fraude electoral, se juramentara una persona como presidente durante 6 años. Por diversas circunstancias quien asumió la dirección de la Asamblea Nacional en ese momento emergió como líder visible y reconocido del campo democrático, como lo ratificó la amplia movilización que lo avaló en los primeros meses, con avances y desaciertos. Tampoco toda la gestión de Juan Guaidó han sido solamente errores, que los ha habido como parte del enfrentamiento a una situación inédita, la dictadura. Poquísimas personas pueden decir que tienen el ánimo, disposición y la vocación de sacrificio para estar en sus zapatos. Y eso, junto con otras virtudes, también hay que reconocerlas.

Sin embargo, nos guste mucho o nada la persona de Juan Guaidó, buena parte de su liderazgo es consecuencia del rol institucional que ha ejercido como presidente de la Asamblea Nacional. Y la conformación de esa Junta Directiva, nos agrade o no, tiene una fecha de caducidad. Desde diciembre de 2015, pero especialmente a partir del 10 de enero de 2019, todos en el campo democrático hemos sostenido que el Parlamento era el único poder con legitimidad de origen que quedaba entre nosotros, en una elección que, a pesar de los obstáculos, pudo ganar la oposición con sufragios. Por ello frente a la disyuntiva a corto plazo hay dos posibilidades: O las mayorías dentro del campo democrático nos ponemos de acuerdo para defender el bastión institucional que nos queda, peleando con uñas y dientes por condiciones y garantías en las próximas parlamentarias y, a pesar de todas las zancadillas que vendrán, conservamos con votos la mayoría democrática. La segunda opción es, frente a la repetición de la fórmula para ganar elecciones siendo minoría, decidiéramos no participar, con la conciencia plena que estamos entregando la Asamblea Nacional al madurismo y, con ella, el piso institucional que daba respaldo internacional a su decisión de conformar un gobierno interino para enfrentarse a la felonía autoritaria. Como consecuencia de ello, en tanto, la resistencia deberá adaptarse a las nuevas circunstancias que vendrían.

Cualquier decisión que tomemos debemos hacerla como ciudadanos informados y responsables, pero especialmente con vocación democrática, a pesar que nos estamos enfrentando a quienes no lo son. Ninguna de los dos anteriores será un camino express al “cese de la usurpación”, todo lo contrario. Demandará nuevos compromisos y sacrificios. Y, posiblemente, nos enfrente al dilema de o salvamos al propio movimiento democrático o preservamos el actual liderazgo. Porque siendo sinceros, en esta hora menguada, no vemos la manera de conservar las dos cosas al mismo tiempo. En algunos chats privados, el resquicio de dialogo libre que nos queda bajo el estado de alarma por coronavirus, comienza a surgir la tesis de la “continuidad administrativa”, que para resumirlo sugiere que sin participar en las parlamentarias se mantiene el interinato presidido por Juan Guaidó, con todas sus prerrogativas.

Como ya vimos con la “Operación Gedeón”, la frustración y el agotamiento es caldo de cultivo para cualquier delirio. Por eso habría que atajarlos apenas asoman la cabeza. Es difícil, pero no imposible, que Guaidó sea diputado en una próxima Asamblea Nacional, que lo vuelva a elegir presidente del hemiciclo. Pero para eso tendría que sortear las dificultades nombradas, ganar en su circuito con el que será seguramente el mejor candidato del chavismo y la campaña feroz en contra, sino también recomponer los pactos políticos internos de los partidos, que hoy también se encuentran torpedeados. Si por viveza, o presiones externas, se impusiera la tesis de la “continuidad administrativa”, pudiera mantenerse algún pedazo del liderazgo y reconocimiento internacional hacia Juan Guaidó. Pero a costa de sacrificar de implosionar definitivamente el actual movimiento nacional que aboga por el retorno a la democracia.

Tengo conocidos que, genuinamente, se alarman por las críticas públicas hacia los gestores actuales del interinato, creyendo que detrás de Guaidó no hay nada, sino el vacío. No comparto esta opinión. Hasta el 15 de diciembre de 2018, por poner una fecha, el joven diputado de Voluntad Popular era desconocido para la mayoría de los venezolanos. Su efervescente liderazgo, como presidente de la Asamblea Nacional no sólo fue posible por la base institucional, sino especialmente porque había un amplio y extendido movimiento democrático que comenzó a acompañarlo, entendiendo la gravedad del momento, compartiendo por ello la estrategia planteada al inicio. Cualquier subterfugio artificial podrá mantenerlo en los titulares noticiosos. Pero será sin las imágenes de las mayorías con las que se tomaba selfies, apenas en febrero de 2019. Un Juan Guaidó, en buena lid, tendrá mucha cancha política en la Venezuela del futuro. Una “continuidad administrativa” impuesta, como la mentira que será, tendrá las patas cortas.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

 

La política de reiniciar el decodificador (y esperar)

Rafael Uzcátegui (*)
Especial para Tal Cual

Ese lunes, cuando los venezolanos en cuarentena amanecimos sin Directv, el principal entretenimiento para 11 millones de nosotros, durante las primeras horas un mensaje se viralizó por los agitados foros de Whatsapp. Yo ya había tuiteado que mi madre, con sus setenta y tantos años, me había llamado transformada en un mar de lágrimas por la súbita ausencia de quien consideraba un miembro más de la familia. Y varios bienintencionados me copiaron, por privado, aquel texto. Como una tabla de salvación en aquel Titanic sobrevenido, el mensaje aseguraba que, si se desenchufa el decodificador de Directv por 5 minutos, se volvía a conectar, se esperaba por su reinicio y, listo, “tendrán nuevamente el Directv activo con todos los canales menos los locales”. Mi amigo Luis Francisco Cabezas, que es un avión para las ocurrencias, respondió en uno de los chats: “Me disculpan, pero eso es como si le rezaran una novena al decodificador, hay una decisión tomada y entrará en curso”. Obviando lo cándido, el anhelo me recordaba el voluntarismo mágico, esa particular cultura cimentada en Venezuela como consecuencia de la renta petrolera, donde se espera que, sin mayor esfuerzo -salvo desearlo con frenesí-, las cosas se resuelvan por sí solas.

Un ejemplo del voluntarismo mágico lo encontramos en la estrategia de “la mayor presión posible” que, un sector de la oposición promueve por estas fechas, a la espera que el Coronavirus haga lo que ellos no han podido. Para hablar sobre ello, nos referiremos al artículo “La gasolina y el Estado fallido en Venezuela”, que el Procurador General del gobierno interino, José Ignacio Hernández, publicó en el portal “La gran aldea”.

El propósito del texto es polemizar con quienes han planteado, bajo el escenario del Coronavirus en el país, la necesidad de un acuerdo humanitario entre las diferentes autoridades, para promover la mejor respuesta posible al impacto de la pandemia. Para desarrollar su argumento, el procurador en el exilio orbita en torno a la decisión de Nicolás Maduro de importar gasolina desde Irán. En la primera parte, describe las causas de la escasez de combustible, originadas por la destrucción de la industria petrolera en particular, y de toda la economía en general, por parte del modelo de dominación bolivariano. Lo único que agregaría sería el despido de 18.000 trabajadores petroleros a finales del año 2002, una capacidad técnica que nunca pudo ser sustituida cabalmente. Seguidamente, el texto desgrana el negocio de venta de gasolina por lo que califica correctamente como canales informales e ilícitos, lo que lleva al autor a la conclusión que “En realidad, la gasolina se importa para que las organizaciones informales e ilegales que controlan, en los hechos, la distribución, puedan seguir generando rentas”. El cuarto párrafo nos acerca al corazón del razonamiento: Sería un error pensar que “el problema de la gasolina” requiere de un pacto humanitario, que en su juicio se reduce al levantamiento de las sanciones financieras contra el país: “Si hoy se removiesen las sanciones, Venezuela seguiría siendo un Estado frágil minado con la cleptocracia y el crimen organizado”. La propuesta es revelada en el quinto párrafo: “La creación de un gobierno de emergencia nacional centrado en el Consejo de Estado”, pues “no es posible pensar en mecanismos de importación de gasolina -o de alimentos, entre otros- mientras Maduro y sus élites estén al frente a de la distribución de esos bienes”. Lo medular se deja para el cierre del texto: “La solución a la crisis venezolana, ni tiene solución fácil, ni pasa únicamente por alivios temporales y limitados, como importaciones humanitarias. Plantear como solución medidas que como mucho pueden ser solo paliativas, es una grave distorsión de la realidad. Y esa realidad es que solo la salida del régimen de Maduro puede permitir avanzar en el largo y tortuoso camino de la recuperación de Venezuela. Sin ello, Venezuela no sobrevivirá, por más gasolina que se importe”.

Si se fue tan generoso en la descripción de los condicionantes actuales de la industria de hidrocarburos en el país, uno pudiera preguntarse el porque no hubo un desarrollo similar de cómo se llegaría, en las circunstancias actuales de fragmentación, debilidad del campo democrático e imposibilidad de la acción colectiva, al “gobierno de emergencia nacional, centrado en el Consejo de Estado”. Los mal pensados ya afirman que el anterior significante vacío, el “cese de la usurpación”, estaría siendo sustituido por otro, “gobierno de emergencia nacional”. En mi opinión personal Hernández, está esperando que luego de los 5 minutos de desenchufe, el decodificador de Venezuela se reinicie y aparezca, con todos los canales además, menos el de “Maduro y sus élites”. Como respuesta al minimalismo, soluciones a las necesidades de la población hoy, Hernández contesta con el maximalismo.

En el “Marco para la transición democrática de Venezuela” el Departamento de Estado norteamericano ha establecido, casi al final, como parte de las garantías, que “El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición”. ¿No es este mismo Alto Mando a donde apuntan buena parte de la responsabilidad de los negocios lícitos e ilícitos del país, incluyendo el bachaqueo mayorista de la gasolina? ¿No es aquí a donde apuntan las preocupaciones del Procurador? ¿O quizás a que no sería conveniente, para el aumento de la olla de presión, que los venezolanos tuvieran acceso, largas colas mediante, a 20 litros de combustible para poderse movilizar en sus urgencias?

Al inicio de su disertación, Hernández mismo interroga: “la pandemia del coronavirus representa un alto riesgo para la debilitada sociedad civil. ¿Tiene sentido mantener las sanciones en medio de esta crisis?” Seguidamente nos dice que esta es una pregunta menor, casi baladí, pues la importante, la que debemos hacernos si somos gente, es: “cuál es la causa efectiva que impide al Estado venezolano atender la emergencia”, o más en concreto, “cuál es la causa que afecta el suministro de gasolina en Venezuela”. Esta enunciación sólo la puede hacer de esta manera, como realmente ocurre, alguien que vive fuera del país y no sufre las consecuencias reales y concretas de una Emergencia Humanitaria Compleja bajo una pandemia que ha paralizado al mundo.

Por lo que hemos conocido hasta ahora, la idea de “un gobierno de emergencia nacional” es un deseo, parte de una estrategia política sin correlato en la realidad del trabajo con gente de carne y hueso, que espera que el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja o el impacto del Coronavirus logre por sí sólo, y sin mayor esfuerzo, el reseteo del decodificador, la conmoción necesaria para viabilizar el cambio político. Voluntarismo mágico en pasta. El problema no es sólo que esa noción instrumentalice el sufrimiento de los venezolanos, sino que abandone los principios morales que por lo menos, hasta el 3 de mayo, debían ser propios del campo democrático y no de la dictadura: Poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración, en un momento de catástrofe sanitaria que ha ocasionado en pocos meses 349.000 muertos en todo el mundo, en países que tenían un sistema de salud de lejos mucho más robusto y confiable que el nuestro.

Para finalizar, un párrafo para prevenir la crítica fácil. Es imposible tener el mismo nivel de responsabilidad que un gobierno que ha instaurado una dictadura, ha expulsado de manera forzosa del país más de 4 millones de venezolanos, ha asesinado más de 400 personas en manifestaciones y, sólo en el año 2019 asesinó a 23 personas por torturas en el país. Dicho lo anterior afirmo algo adicional. Es una pena que la estrategia del “aumento de la presión” termine considerando al Coronavirus no como una epidemia, sino como una oportunidad para la conquista del poder. Sin trabajo político real de calle, fuera de redes sociales, de inclusión de las mayorías a una narrativa que resucite la esperanza y exorcise la desconfianza, sin esperar pasivamente, con el rosario en la mano, tras el reseteo del decodificador.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea.

Venezuela: The Card Game Under the Table

Rafael Uzcátegui

The incident of the failed incursion raises Juan Guaidó’s crisis of representation, due to his insistence that “all options are on the table.” To overcome this, he must mend his authority by regaining the confidenceof and connection to all democratic sectors of the country.

The Venezuelan conflict has reached such a level of severity that it threatens to definitively erode the figure of Juan Guaidó after the initial links found between advisors in his inner circle with the American ex-Green Beret Jordan Goudreau, who led a failed insurrection on the coast of the country.

Guaidó’s political survival depends not only on his capacity to rebuild what was already a fragile alliance of political parties to promote a transition to democracy, but also on his ties to the country’s civil society, which today is debating whether or not to distance itself from the man designated “Interim President” by the National Assembly.

For several years the Venezuelan people have lost their capacity to be surprised. Because of this, on May 3, when it became clear that the government of Nicolás Maduro had intercepted a boat of individuals who attempted to initiate an insurrectional campaign against the Miraflores presidential palace, the first reactions on social media were of skepticism.

Under the state of emergency, which has imposed a quarantine on the entire country since February 13, the news has not stopped coming: a judicial decision by the United States to offer millions of dollars in reward money for information that leads to the capture of Nicolás Maduro and his inner circle; the declassification of images of UFOs by the Pentagon; the return of thousands of Venezuelan migrants; the scarcity of gasoline across the entire country; the conflict between Miraflores and the most important national producers of food, and a multi-day clash between criminal groups for control of the largest neighborhood in Eastern Caracas.
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Estado de alarma, disciplina y silencio absoluto

Rafael Uzcátegui

El lunes 4 de mayo, cuando aún se desarrollaba un confuso hecho insurreccional en las costas venezolanas, Provea reiteró una serie de principios a través de sus redes sociales, que generaron una virulenta respuesta de los altos funcionarios del gobierno de facto. ¿Qué decían los mensajes? 1) Ante el cierre de los canales pacíficos de la resolución del conflicto Maduro estimulaba escenarios de violencia; 2) Provea sólo apoyaría mecanismos pacíficos para la transición a la democracia; 3) La comunidad internacional debe rechazar salidas de fuerza, aumentando mecanismos diplomáticos de presión y 4) Las personas que habían sido detenidas en los hechos no debían ser víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Estos mensajes, o con variantes habían sido publicados en otras oportunidades en los últimos meses. ¿Por qué precisamente ahora generaron esa furiosa criminalización? Por ahora nuestra respuesta es: La naturaleza del conflicto esta variando cualitativamente.

El decreto de estado de alarma ha generado mecanismos de control que, en otros lados, hemos calificado somo “soñados” por el bolivarianismo como dispositivo de dominación de los venezolanos: Aumentando la separación, aislando a los individuos para que sean incapaces de la acción colectiva en el espacio público, incrementando los niveles de censura y autocensura, militarizando el control territorial de los principales centros urbanos, aumentando la estatización de la vida cotidiana, Los resquicios de disentimiento que conocíamos antes de la epidemia están siendo eliminados progresivamente. Por ello tenemos casos de médicos detenidos por haber denunciado en sus chats privados no haber contado con los implementos necesarios en el hospital donde desempeñan sus labores, o ciudadanos detenidos por haber publicado en Instagram su descontento por la escasez de gasolina. Y esto es así por que la situación extraordinaria derivada por el Covid-19 esta siendo utilizada como un ejercicio de disciplinamiento por parte de las autoridades para normalizar el silencio absoluto y la inhibición para expresar el descontento. Para plantearlo en otros términos, el Coronavirus ha permitido desplegar una nueva situación extraordinaria que, lamentablemente creemos, permanecerá luego de la epidemia. Aprovechando las circunstancias la dictadura, si cabe el término, está endureciéndose.

Aunque se rechace las opciones violentas, como es nuestro caso, los hechos están allí. Se ha materializado la opinión de un sector de la sociedad venezolana, que opinaba que eran las opciones de fuerza las que cambiarían la correlación de fuerzas y catalizarían el cambio. Siendo así, estaríamos entrando en una peligrosa fase que incluye la lucha armada que generará reposicionamientos en los diferentes sectores nacionales e internacionales, especialmente en los del gobierno de facto, que responderá con espíritu de cuerpo frente a la amenaza de agresión. Esta nueva realidad reforzaría la descrita en el párrafo anterior.

No sólo se pueden apelar a razones morales para rechazar la violencia. Una transición provocada por un hecho de fuerza, razonamos, no será el inicio de un proceso político para dejar atrás las causas y consecuencias del autoritarismo, sino que será una continuación del conflicto. Habrá que insistir en la promoción de mecanismos políticos y ciudadanos en lo que creo será un escenario con características cualitativas diferentes a las que existían antes de la epidemia. No será fácil en medio de tanta incertidumbre, pero definitivamente es el camino.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Coronavirus: Objetivo militar

Rafael Uzcátegui (Para La Silla Vacía – Colombia)

El 22 de marzo de 2020 los habitantes de Caracas observaban con perplejidad como un grupo de aviones Sukhoi y F-16, pertenecientes a la Fuerza Armada, surcaban el cielo de la ciudad, dejando tras de sí una estela gaseosa que semejaba los colores de la bandera nacional. 9 días antes había sido decretado el “estado de alarma” que ordenaba la cuarentena social para la población, como parte de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro a la pandemia del Covid-19. El desfile aéreo militar, calificado por las autoridades como la “Operación alegría” era, según la información oficial “la señal de unión en la lucha contra el coronavirus”. El detalle no es una extravagancia aislada, sino el reflejo que la respuesta de Miraflores a la enfermedad es en primer lugar militar, luego político y, en un lugar subordinado, médico y técnico-científico.

Salvo el aislamiento preventivo de la población en sus hogares Nicolás Maduro no está realizando en Venezuela nada extraordinario, o fuera de lo común, que no haya aplicado antes del 13 de marzo. El país ha dejado de ser una democracia, donde la ausencia de cualquier tipo de control institucional o social ha catalizado los efectos de la emergencia humanitaria compleja. En la lógica de mantenerse en el poder el gobierno ha promovido tres estrategias básicas: Simulación, invisibilización y represión. Luego de la pérdida de la mayoría electoral, como se evidenció en diciembre de 2015 cuando la coalición oficialista se ubicó 2 millones de votos por debajo de la opositora, esta trilogía es posible por el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se ha mantenido visiblemente cohesionada a pesar de todos los esfuerzos por dividirla. Bajo la amenaza de la represión selectiva, o abierta cuando sea necesario, el control de los territorios y los cuerpos es realizado por la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales, en coordinación con el llamado “poder popular”, que incluye la actuación de grupos de civiles armados, todos protagonistas de los últimos informes internacionales de violación de DDHH en Venezuela. En paralelo se ha construido una importante hegemonía comunicacional, diseñada por el antiguo ministro de comunicación Andrés Izarra, que paradójicamente ante la deriva dictatorial del gobierno hoy se ha alejado política y físicamente del gobierno, viviendo en Alemania desde hace varios años. La estrategia de simulación implica que no suceda nada en Caracas, aunque las regiones sean las “Casas muertas” que alguna vez describió en una novela Miguel Otero Silva, por lo que literalmente se les quitan los servicios básicos a las ciudades del interior, para que falte menos en la capital.

Persistir, en fin, en que se desarme la batalla contra el Covid-19 y se enfrente como lo que realmente es: Una emergencia sanitaria en un país al borde de la catástrofe humanitaria.

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Pronunciamiento Aquí Cabemos Todos: Frente a la pandemia del coronavirus, exigimos un acuerdo humanitario ¡la vida está en juego, el pais lo reclama!

Hoy, cuando la pandemia del coronavirus pone en riesgo la vida de millones de personas a nivel mundial, en Venezuela representantes de los grupos presentes en el prolongado conflicto político, tratan por separado de manejar esta pandemia, sin atender de manera mancomunada el clamor de millones de venezolanos que enfrentan el desafío de Covid19, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, con su profundo deterioro del sistema de salud, de las condiciones para la seguridad alimentaria y con los precarios accesos a servicios de agua, luz, gas, gasolina y empleo. Este obcecado proceder, así mismo, deja a millones de compatriotas de la diáspora migratoria en distintos países, sin ningún posible o potencial respaldo de su país.

Esta hora exige anteponer a intereses políticos las urgencias humanitarias. Es tiempo para la cooperación y articulación de los diversos actores sociales y políticos para hacerle frente a este ingente desafío que pone en riesgo la vida de la población y la viabilidad de la nación venezolana. Ya estamos inmersos en una profunda fragmentación social, en formas militarizadas de control y represión, violación fragrante de derechos humanos; sumemos a ello la presencia de armas entre la población civil, la militarización y “sitio” de algunas zonas populares; el malestar social, la anarquía y anomia social. Todos estos procesos han venido mellando la cohesión social, y provocando formas de confrontación y lucha por la sobrevivencia a los niveles más primitivos. Es hora de hacer una tregua y poner a la vida de la gente de primero.

Llamamos a las parcialidades políticas a acordar y construir los compromisos que posibiliten instancias institucionales, que sumen los talentos y fuerzas de nuestra heterogénea y plural sociedad para superar esta complicadísima situación. Necesitamos el apoyo de los expertos, de profesionales, de los líderes en diferentes áreas que puedan detener la pandemia antes de que cause más estragos. Se requiere de inmediato constituir un equipo cohesionado, no de políticos ni de militares, sino de gestores de la emergencia sanitaria, que incluya expertos en políticas de salud pública y epidemiología, médicos, psicólogos y otros especialistas, que sean capaces de ofrecer alternativas para el manejo del confinamiento, de los informes a la población que unifique los voceros, versiones y cifras que se ofrecen públicamente. Un equipo que con el apoyo de distintos sectores tenga la credibilidad, eficiencia y eficacia necesarias para imponer las pautas requeridas para atender la emergencia en el día a día; con legitimidad para administrar la recepción y manejo de ayuda internacional. Esto contribuiría a fortalecer la viabilidad de propuestas de alivio financiero al país como las recientemente propuestas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Desde Aquí Cabemos Todos, convocamos a personas, grupos, organizaciones sociales, gremios, ONG y demás tejidos sociales a sumarse a esta iniciativa, nuestra presión podrá hacer la diferencia en esta hora de apremios inauditos que exigen corresponsabilidad ciudadana en un momento crucial para el futuro de Venezuela.

ALBERTO LOVERA, ARNALDO ESTE, FRANCISCO ALFARO, IGNACIO AVALOS, LUIS LANDER, LUZMELY REYES, MARGARITA LOPEZ MAYA, MARIA TERESA URREIZTIETA, MIREYA LOZADA, RAFAEL UZCATEGUI, VERONICA ZUBILLAGA.

OBSERVATORIO ELECTORAL VENEZOLANO: https://mailchi.mp/9f59415438e9/imprescindible-un-acuerdo-poltico-para-enfrentar-el-coronavirus

PROVEA. https://www.derechos.org.ve/actualidad/100-ong-venezolanas-autoridades-deben-garantizar-el-trabajo-de-los-actores-humanitarios-y-adoptar-medidas-para-garantizar-derechos-de-poblaciones-vulnerables-en-su-respuesta-al-covid-19

En Caracas, 29 de marzo 2020.

ADSCRIPCIONES ORGANIZACIONES
Acceso a la justicia
Alianzas de Altura
Averu
Laboratorio ciudadano
Avesa
Centro de acción y defensa por los DDHH CADEF
Centro de justicia y paz-CEPAZ
Ciclovias Maracaibo
Ciudadanía Con Compromiso A.C
Comisión nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Mérida
Comité de Derechos Humanos de la Guajira
Comunidad en Movimiento A.C
Conciencia Ciudadana A.C
Control ciudadano para la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional
Convite AC
JRS Venezuela
Fundación Agua Clara
Fundación Centro Gumilla
Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre. Incide
Fundación Emprendedores Solidarios. Lara
Fundación para la Asistencia de Personas con Discapacidad Motriz.
Instituto Mead de Venezuela A.C
Reunificados. Org
Mapani Venezuela
Monitor social AC
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Observatorio Global de Comunicación y Democracia. OGC
Observatorio Electoral venezolano. OEV
ORGANIZACIÓN STOP VIH
Proyecta Ciudadanía A.C,
PROVEA
Red de apoyo psicológico. UCV-USB-UCAB-UNIMET
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Washington Office on Latin America (WOLA). Tulane University
ADSCRIPCIONES PERSONALES
Alba Purroy
Aloha Pinto
Angel Álvarez
Angel Blanco
Angel Zambrano
Antonia Luque
Beatriz Marín Bolívar
Carmen Piemonti
Carmen Sosa
Carlos Enrique Guzmán.
Carlos Guerra García
Carlos Medina
Cesar Vásquez
Claudia E Requejo
Dina Rivas
Eduardo Soto, S.J.
Eduardo Torres
Emily Mattar
Enrique Gonzalez
Elismenia Blanco
Esther Mobilia
Euglis Palma
Gilianys Quintero Requejo
Guillermo Miguelena
Griselda Colina
Héctor Vizcaya
Humberto Rojas
Indira Urbaneja
Isabella Picón
Iris Palma
Jacqueline Richter
Jairo García Méndez
Jesús Castellanos
Joel Tello
José G González
José Requena
Juan Carlos Barreto
Juan Escobar
Juan Luis Sosa
Judith Brazon
Judith Vega
Keimer Avila
Laurent Labrique
Lexys Rendón
Liliana Requejo
Louis Holder
Luis Esaa
Luis Rojas
Magdalena López
Mairis Balza
Manuel Mir
Manuel Zapata, S.J.
Marelis Alayon
Maria Auxiliadora Mejías
Maria Carolina Uzcategui
Maria del Pilar Garcia Guadilla
Maria E. Escobar
Maria Fernanda Madrid
Maria Gabriela Mata
Mariangela González
Maricruz Fadul
Marino Alvarado
Maritere Alvarado
Marlene Rodríguez
Melin Nava
Mibelis Acevedo
Mileida Ramirez
Miguel Cañas
Mirna Santoyo
Morella Alvarado
Nancy Cardozo
Nelson Freitez
Norkys Salcedo
Olga Pacheco
Oscar Murillo
Oscarina Manchado
Leonardo Marius
Rafael Simón Jiménez
Rocío San Miguel
Rosa Urdaneta
Rosimar Sosa
Sergio Sánchez
Seymar Liscano
Soraida Pacheco
Teresa Mulet
Trinidad M Palma
Tibisay Bolívar
William Requejo Orobio
Wilfrid Laurier
Yaya Andueza
Yonaide Sanchez
Zenaida Tahhan
Para adhesiones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjagF2Ef55PN78bp6uMcoQOZkmd9uWFpMlD1pe2g_u0IwLTA/viewform?usp=sf_link

100 ONG vzlanas: Autoridades deben garantizar el trabajo de los actores humanitarios y adoptar medidas para garantizar derechos de poblaciones vulnerables en su respuesta al COVID-19

Las ONG que suscribimos la presente comunicación reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Siendo nuestro deseo que las autoridades venezolanas tomen las mejores decisiones posibles para enfrentar la propagación de la enfermedad, reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis.

En ese sentido, queremos insistir en los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:

Acción Solidaria
Civilis Derechos Humanos
Laboratorio de Paz
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Convite AC
Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Impulsa Latinoamerica
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
GobiérnaTec
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Movimiento SOMOS
Psicodehu
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
FundaRedes
Ipys Venezuela
Asociación Civil UNIANDES
A.C Los Naguaritos
Catedra de la Paz / Universidad de los Andes
Liga Merideña contra el Sida
Asociacion por la Vida /Merida
Justicia y Paz OP Vnezuela
Asociación Civil NUPAZ
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Crea País
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Observatorio Venezolano de Violencia
SOS PACIENTES RENALES
Comité de derechos humanos de la guajira
Labo Ciudadano
RedesAyuda & Humano Derecho Radio Estación
Hogar Virgen de los Dolores
Incide
Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana
Todos por el Futuro
Opotunidad AC
Instituto Progresista
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Fundación Rehabilitarte
ACOANA
Ciclovías Maracaibo
Caleidoscopio Humano
Una Ventana a la Libertad
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Public Radio International: Rabia contra la crisis: la escena punk de Venezuela encuentra una nueva voz en Bogotá

Luke Taylor

El guitarrista deja de jugar con sus pedales cuando el cantante principal, vestido con largas rastas y jeans negros, se acerca al borde del escenario.

“Este está dedicado a la policía”, le dice a la multitud, antes de bajar y unirse a ellos.

La banda crea un agresivo muro de ruido cuando la cantante principal, Susana González, grita letras políticas criticando la opresión y la brutalidad policiales.

Es un sábado por la noche en un espacio cultural nuevo y elevado en un barrio arenoso en Bogotá, la capital de Colombia, y de las ocho bandas en la alineación, cuatro provienen de la vecina Venezuela.

Bogotá ha tenido durante mucho tiempo un gran movimiento punk clandestino: expresiones de contracultura en un país plagado de corrupción, desigualdad y violencia relacionada con el narcotráfico. Pero la escena ha explotado en el último año con más bandas y conciertos que nunca, dicen los seguidores.

Este crecimiento reciente se alinea con el éxodo masivo de los punks venezolanos, algunos músicos veteranos, otros más nuevos en la escena, que han llegado a Bogotá en los últimos años.

El mosh con codos voladores y las botas Doc Marten se aceleran y estalla una pelea entre dos mujeres jóvenes, pero la mayoría de los espectadores están demasiado absortos en la música, o demasiado intoxicados con la barata caña de azúcar fermentada, para darse cuenta.

“Mírame a los ojos sin miedo, sin estrellas en el pecho …” grita González.

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Susana González, cantante principal de Exilio, en su oficina en Casa Rat Trap, el espacio de artes cooperativas en el que trabaja en Bogotá, Colombia, el 19 de octubre de 2019.

González, de 40 años, de la ciudad de Puerto La Cruz, en el este de Venezuela, es una de esas llegadas que cruzó la frontera con su compañero y guitarrista de su banda, Exilio, en julio de 2017.

Como la mayoría de los miembros de las bandas de punk venezolanas en Bogotá, decidió irse cuando la crisis de su país se volvió insoportable. En el caso de González, dice que la presencia constante de un automóvil blindado estacionado en su vecindario para intimidar a los residentes y la imposición de toques de queda estrictos durante un período de fuertes protestas en el verano de 2017 la llevaron al límite.

“Más que no poder tocar en una banda, no es tener electricidad, comida ni agua para beber”, dice. “Y luego está la fuerte violencia: puedes salir, pero no sabes si vas a volver”.

Exilio fue formado por tres migrantes venezolanos que se reunieron en Bogotá después de dejar atrás a sus amigos y familiares para buscar un nuevo comienzo.

A medida que la crisis política y económica bajo Nicolás Maduro se ha intensificado en los últimos años, más de cuatro millones de personas han huido de la escasez generalizada de alimentos y medicinas, apagones y violencia indiscriminada.

La crisis de hoy ha producido una nueva ola de jóvenes enojados que expresan su ira a través de pesados ​​riffs de guitarra y voces aullando. Siguen los pasos de los punks que produjeron algunas de las bandas más feroces en Venezuela en respuesta a la agitación política durante la década de 1990. Pero la ira sin precedentes ha transformado por completo la subcultura.

Los jóvenes se han visto afectados por la gravedad de la crisis, dice Johnny Castro, bajista y cantante de la banda Apatía No, otro miembro de la diáspora que ha hecho de la capital andina su nuevo hogar.

“Puedes ser un punk en tu propia casa, y puedes usar la ropa, pero afuera es bastante difícil ser un punk cuando no tienes dinero para cuerdas de guitarra”, dice.

Llegar a fin de mes es difícil, pero existe el desafío de vender entradas para conciertos cuando el salario mínimo de Venezuela es de $ 2 al mes. Tocar guitarras eléctricas durante un corte de energía plantea otro desafío.

Algunos de los lugares más grandes de Venezuela se han visto obligados a cerrar y algunas de las bandas más grandes se han exiliado en todo el mundo.

Los que permanecen se acercan al chavismo para obtener fondos estatales o tocar en conciertos organizados por el gobierno para promover el régimen de Maduro, según Castro.

El guitarrista de Apatía No está en Alemania, su batería está en México, y Castro, el cantante y bajista, vive en Colombia. Solo se reúnen cuando viajan al extranjero en Europa o los Estados Unidos.

“Mientras que muchos músicos sueñan con viajar por el mundo, las bandas venezolanas sueñan con volver a casa”, dice Castro.

Pero aunque los jóvenes músicos están triturados, no están rotos del todo.

En Venezuela, algunas bandas continúan tocando gracias al apoyo de una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, Provea. La ONG ayuda a muchos que de otro modo no podrían hacerlo a grabar, producir, lanzar y distribuir su música.

Sus dos compilaciones de “Rock Contra la Dictadura” han permitido que 32 bandas graben y expresen su ira contra el gobierno, y su programa Música por Medicinas, en el que los fanáticos intercambian medicinas de repuesto por CD, está obteniendo suministros médicos muy necesarios para los necesitados. .

Los programas de Provea promueven los derechos humanos a través de la música y la cultura en un momento en que la crisis lo está matando, dice su fundador, Rafael Uzcátegui. El objetivo es crear espacio para la resiliencia y la resistencia contra una dictadura, cuando más se necesita.

“La falta de seguridad ha reducido el espacio público y el derecho a la recreación al mínimo”, dice. “Es muy importante ayudar a las personas de nuestro país a seguir haciendo arte y cultura, mostrar su talento y, a través de la expresión, ayudar a las personas a hablar sobre la situación”.

Pero criticar al régimen dentro de Venezuela plantea sus riesgos. El 19 de septiembre, Uzcátegui estaba esperando la entrega de inserciones de CD impresas en su oficina de Caracas para su último álbum, un tributo a las leyendas punk del país. Pero los insertos nunca llegaron.

El material fue confiscado por las fuerzas de seguridad nacional por contener una imagen subversiva tomada por el fotógrafo punk, Nelson Garrido, que representa a un oficial militar uniformado con cabeza de cerdo y un bolsillo lleno de billetes de dólares estadounidenses. El conductor de la entrega fue detenido e interrogado durante 24 horas en la infame prisión de Helicoide antes de que Provea ayudara a su liberación.

En Colombia, las bandas están utilizando su libertad política y su relativa estabilidad económica para criticar la crisis y crear conciencia.

González y el guitarrista de Exilio, Carlos Equiz, dicen que cruzar la frontera cambió su “chip”: de repente, una vez lejos del caos y la propaganda estatal, se restableció su percepción de la normalidad. Pero estaban furiosos.

Su banda anterior, que tenía un sonido más experimental y sobre el “caos celebrado como parte de la naturaleza” ya no servía. Ahora era “la energía y la ira” que sentían dentro de ellos, por lo que formaron una nueva. En lugar de celebrar el insoportable desorden, se oponen a él.

“He tocado en muchas bandas políticas, pero esta es la más política y la más enojada”, dice González. “No se puede hablar de estrellas, soles y planetas cuando hay un presidente matando gente”.

Ahora sus canciones abordan cuestiones que van desde la explotación del medio ambiente hasta las fronteras cerradas y la brutalidad policial.

Mientras que los venezolanos temen el ojo vigilante del servicio de inteligencia nacional, Exilio se alimenta de la libertad creativa recién descubierta.

González sabe que muchos en Venezuela siguen escuchando su música y espera que los “despierte”, haciéndolos tan críticos como ellos lo son.

Para Castro, se trata de correr la voz en todo el mundo a través de conciertos internacionales y hojas de letras traducidas.

La gente se nos acerca en Alemania y nos dice “no puedo creer que esto esté sucediendo”, afirma.

El proceso es catártico y expresa la crisis desde una perspectiva de primera mano sin “victimizar” a quienes la padecen, dice González.

Pero también es una forma de contraatacar.

“Algunos usan Internet para expresarse, otros escriben, pero aprovechamos el hecho de que estamos aquí y nadie puede tocarnos por componer música”, dice. “Las armas u otras armas no son necesarias para resistir, el miedo no es la única herramienta para contraatacar … Es mejor cuando las personas comparten sentimientos”.

https://www.pri.org/stories/2019-11-04/rage-against-crisis-venezuelas-punk-scene-finds-new-voice-bogot?amp&__twitter_impression=true

Agente Extraño adelanta difusión digital del disco “Ministro: ¿Cuál es su trabajo?” en agradecimiento por la solidaridad en caso José Mendoza

(Caracas, 21 de septiembre de 2019) Luego de la liberación plena del trabajador de la industria gráfica José Guillermo Mendoza, así como la devolución del material confiscado por la Policía Nacional Bolivariana, la agrupación caraqueña Agente Extraño, junto a las ONG Provea y Redes Ayuda, han decidido adelantar la fecha de la difusión de la edición digital del disco “Ministro: ¿Cuál es su trabajo? Un extraño tributo al punk venezolano”.

Esta producción rinde homenaje a bandas venezolanas del género punk rock de los 80, 90 y 2000, mediante la versión de sus canciones por parte del cuarteto Agente Extraño. Las bandas seleccionadas son Sentimiento Muerto, En Contra, 4to. Reich, Víctimas de la Democracia, Psh-Psh, Deskarriados, Apatía No, Primero Venezuela, Holocausto, Desorden Público, Toque de Queda, Gladys Cordero y La Leche. Algunos de los temas cuentan con la participación de integrantes originales de las bandas versionadas.

Esta producción forma parte del proyecto “Música por Medicinas” promovido por las ONG Provea y Redes Ayuda, que estimula el intercambio de fármacos vigentes por discos de artistas venezolanos. La edición física de “Ministro: ¿Cuál es su trabajo?” será presentado el próximo sábado 19 de octubre, durante el Festival Nuevas Bandas 2019, por medio de un concierto de la banda Agente Extraño de entrada libre. El disco podrá canjearse ese día junto al libro “Educación Anterior: Una historia incompleta del punk venezolano”.

Por su parte la edición digital del disco puede escucharse y descargarse, a partir de este 21 de septiembre, en la dirección: https://humanoderechorecords.bandcamp.com/album/ministro-cu-l-es-su-trabajo

De esta manera la banda Agente Extraño agradece a todas las personas que presionaron en la opinión pública por la liberación del trabajador de la industria gráfica José Guillermo Mendoza, quien fue detenido el 19 de septiembre cuando trasladaba los afiches insert del CD, tras considerar la fotografía de Nelson Garrido que lo ilustra como “material subversivo”.

Provea: Gobierno miente sobre supuesta resolución del Consejo de Derechos Humanos ONU sobre sanciones a Venezuela

 

(Caracas, 18 de julio de 2019) El gobierno venezolano ha falseado el contenido de una reciente resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirmando que rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país. Sin embargo, el texto del documento no dice nada sobre este tema.

El pasado 15 de julio el Sistema Estatal de Medios difundió la noticia que con 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había aprobado una resolución presentada por Venezuela, “en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, para hacer frente sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano”. La primera referencia se difundió un día antes, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, a través de su cuenta twitter expresó: “Venezuela, desde la Presidencia del @MNOAL_NAM presentó una resolución para profundizar la Cooperación Internacional y rechazar las Medidas Coercitivas Unilaterales (Sanciones) en el Consejo de DDHH/ONU. La Resolución fue aprobada con amplio respaldo de los Estados miembros”. Seguidamente el propio Nicolás Maduro expresó: “Agradezco el contundente respaldo de los Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU, a la resolución presentada desde la presidencia del Mnoal a favor de Venezuela. Victoria que amplía la cooperación internacional y rechaza las sanciones imperiales”.

Las notas de prensa preparadas desde Miraflores tuvieron una amplia difusión en medios nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando se intenta profundizar en la información los diferentes escritos no citan el texto de la propia resolución, sino las interpretaciones de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, cuando se revisa el texto de la propia resolución publicado en el portal oficial del Consejo DDHH ONU, se puede corroborar que la misma trata sobre un tema diferente.

Bajo el título “La contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos” fue presentado al 41 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU un proyecto de resolución por 33 países, incluyendo Venezuela, en el punto 3 de la agenda del día: “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, que finalmente fue aprobado. En el cuerpo del texto no aparecen las palabras “sanciones”, “medidas coercitivas unilaterales” ni “bloqueo”. Tampoco se describe la situación de algún país en particular. En cambio, la propuesta desarrolla, de manera genérica, papel de la cooperación para el desarrollo para el disfrute de los derechos humanos, un tema que posee un amplio consenso a nivel internacional. La resolución finaliza con 16 afirmaciones, siendo la primera: “Reafirma la importante contribución del desarrollo al disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas”. El texto completo de la resolución puede consultarse en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G19/211/01/PDF/G1921101.pdf?OpenElement

Diferentes ONG han denunciado la política sistemática del gobierno venezolano de falseamiento de información, calificándola en sus reportes como “mitomanía de Estado”. Mediante esta falsa noticia, Nicolás Maduro intenta mitigar el impacto del reciente informe del Alto Comisionado DDHH de Naciones Unidas sobre las graves violaciones ocurridas en nuestro país, intentando justificar las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, desarrollada en el país a partir del año 2013, con las sanciones financieras aprobadas a partir del año 2017.

Provea ha expresado su rechazo a la imposición de medidas coercitivas financieras contra el país debido a que agravan la crisis pre-existente que afecta a amplios sectores de la población, estimulando la migración forzada de venezolanos. Sin embargo apoya el aumento y la intensificación de sanciones internacionales individuales contra violadores de derechos humanos.

Venezuela: Chomsky, Code Pink y el colonialismo de izquierda

Rafael Uzcátegui

El 05 de marzo de 2019 apareció una carta pública firmada por “124 académicos de todo el mundo”, bajo el título “Una carta abierta a la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) sobre su postura sobre el esfuerzo de Estados Unidos para derrocar al gobierno venezolano”. Como intentaré demostrar en este texto, esta comunicación es un buen ejemplo de un tipo de pensamiento que he llamado, provocativamente, “colonialismo de izquierda”.

Para aclararlo de entrada, no considero que todos los intelectuales progresistas y activistas de Estados Unidos sufran de “colonialismo de izquierda”. Al contrario, he conocido muchas personas de ese país, de ideologías de izquierda de todos los tintes, genuinamente interesadas en la situación venezolana y que, para informarse, hacen el esfuerzo de leer lo que se genera desde dentro del país, dialogar con los actores locales y apoyar sus esfuerzos.

En nuestra opinión el colonialismo de izquierda está caracterizado por 4 ideas-fuerza:

1) Los Estados Unidos son el eje político, económico, social y cultural del mundo

2) Sus críticas y adhesiones sobre los conflictos mundiales tienen poco que ver con la situación real de los territorios, siendo funcionales y subsidiarios de su posicionamiento sobre la política interna de Estados Unidos

3) Para opinar sobre los conflictos del llamado “Tercer Mundo” optan por el “debate entre pares” y jerarquizan el conocimiento sobre ellos generado por los centros académicos del Primer Mundo.

4) Las aspiraciones democráticas, utópicas o revolucionarias sólo son legítimas, en toda su extensión y amplitud, para los territorios desarrollados de los países integrantes de la “Matriz colonial del poder”. Para el resto del planeta hay folklore.

El protagonismo de las fuerzas más conservadoras, como el gobierno de Estados Unidos, es protagónico debido al abandono que las fuerzas progresistas internacionales han hecho de las demandas democratizadoras del pueblo venezolano

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11 de abril 2002: Enfoque en Taquicardia

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En 2002 yo todavía era un estudiante de Sociología de la UCV. Allí, un grupo de alumnos creamos una cooperativa estudiantil que, entre otras cosas, tenía su revista llamada Telúrico. De esa hicimos dos ediciones especiales extraordinarias, con la participación de profesores y estudiantes. Una sobre el 11 de Septiembre y otra, sobre el 11 de Abril aquel. En esta, participé con una crónica sobre cómo había vivido esos días, que reproduzco a continuación. La ilustración es del genial Juan Rodríguez, que apareció en aquella publicación. 

Rafael Uzcátegui

I

Jueves de sol radiante y calor caribe. La credencial de periodista baila sobre el pecho; la grabadora, guarecida en el bolso, aún no saludaba la mañana. Las estaciones se sucedían por la ventana ahumada del vagón: Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela… El ambiente recordaba el preludio de cualquier Caracas-Magallanes: fiesta en los rostros, insignias, gorras, pancartas caseras sobre papel bond. Una señora morena comenta que desde su casa, ubicada en Catia, había escuchado una tormenta nocturna de cacerolas. Antes de terminar la frase sube su voz para incorporarse al canto que en boca de la mayoría, se apodera de los pocos espacios vacantes del vagón: ¡See vaa, se va, se va, se vaaa!. El pito de llegada a Altamira desborda el río de personas intentando ganar la calle. Como peces muertos, nos dejamos llevar por la corriente y la cámara de fotos comienza a pestañear. En las orejas los comentarios se acumulan: “Es ridículo volver a Chuao, hoy tenemos que ir hasta Miraflores como en Argentina”. Ella, la reportera gráfica, y yo nos miramos. Sin hablar decimos: el día será largo.

II

Sorteamos la multitud para acercarnos a la tarima. Ella logra saltar la barrera y desde la tarima, toma fotos de quienes arengan a la multitud: Kico, Pedro Estanga, Tamayo Molina. “No pasa nada, no pasa nada”: algunos remedaban irónicamente a José Vicente. El único volante de la concentración –firmado por la Junta Patriótica Militar- proponía un grupo cívico-militar de transición. Los militantes de los partidos habían dejado sus estandartes en casa. Dos elementos se repetían en las manos: el tricolor y las pancartas, que iban de lo risible –“Chávez, por fin se te paró el palito”- hasta las que pedían explícitamente un golpe de estado –“Militares ya el pueblo se pronunció ¿qué están esperando?”-. Mientras la bravuconería verbal del presidente le había restado incondicionales, los convocados a Chuao se multiplicaron por generación instantánea. Los cercanos al entarimado pedían a gritos ir a Miraflores. Al rato Carmona Estanga, micrófono en mano, recibe una tarjeta de presentación. En su dorso estaba escrita la ruta a seguir para Miraflores. Con el pulso temblando la lee torpemente. La masa se mueve y el bullicio corea: “sí pasaremos, sí pasaremos”.

III

En el taxi el chofer nos dice que el gobierno convoca una concentración en Miraflores. El tubo de escape vomita un oscuro adiós al caudal humano que comienza a rociar la autopista. Seis mil bolívares nos cuesta llegar cerca y rápido a Miraflores. Celulares aullantes y dedos, nerviosos, transcribiendo mensajes de texto. Con la vista atenta en el camino el conductor comenta solemne: “Yo que se los digo, hoy hay un muerto”. El frenazo final es detrás de la casa de gobierno. Frente a Miraflores la tarima es testigo de un par de cuadras de boinas rojas, pero nada más. Atónitos, comenzamos a preguntar el sitio de la concentración. ¿Plaza Bolívar?, ¿Alcaldía de Bernal?. “No, es aquí” nos responden. La logística es mínima y precaria. Un troskista nos dice que hasta última hora el gobierno mantuvo la desmovilización como estrategia para simular normalidad. Muchos envuelven palos de madera en afiches con dibujos de Carlos Andrés y Pedro Carmona haciendo de marionetas. Otros se pintan una señal roja en el rostro, “para saber a quién darle”. La credencial y la cámara atraen miradas inquisitorias. Los amigos dudan la posibilidad de que los de Chuao se acerquen al centro. El improvisado sonido saluda el arribo de los buhoneros de Sabana Grande. Se comenta que la gente de Catia, Petare, Antímano y el 23 estaban por llegar. Chávez comienza otra cadena presidencial, y una mujer con megáfono en mano, repite sus palabras ante quienes nos agolpamos a su alrededor. Una columna de Guardias Nacionales cruza en formación rumbo a la Baralt. La multitud se aparta aliviada y los aplaude. Siempre había estado frente a la represión y ese día no sería la excepción. Levantando el carnet del periódico como salvoconducto, caminamos hacia la marcha opositora con la intención de andar con ellos las últimas cuadras.

IV

Pronto tropezamos con los primeros heridos. Cerca del Capitolio la policía (¿metropolitana?, ¿de Bernal?,) había disparado contra partidarios del gobierno. Cruzamos la línea de fuego y al costado de Plaza Caracas quienes venían de Chuao discutían a gritos, con restos de lacrimógena en el rostro, el porqué tenían que devolverse sobre sus pasos. Los frentes de batalla rodeaban la Baralt. Tratamos de tomar un atajo hacia la estación de Metro El Silencio, pero el sonido de disparos nos pegan una pared en la espalda. Múltiples manos señalan un edificio, una ventana. Policías de camuflaje azul se agolpan en la puerta. Unos entran. Otros quedan afuera y nos piden agua para mitigar la espera. Esposado, el francotirador sale rodeado de policías y manifestantes que lo insultan y le lanzan golpes. Frente al Fermín Toro, en la boca de la estación del Metro, hay una batalla campal. Avanzo junto a una veintena de jóvenes armados con piedras. La Guardia responde con perdigones y disparos. Me apertrecho detrás de dos. Uno le dice al otro “espera que dispare, espera que dispare”, y cuando salen a responder piedra contra bala, yo hago lo propio con el gatillo del obturador. Las lacrimógenas silban sobre nosotros y, precipitadamente, volvemos a la retaguardia saltando la neblina tóxica. Ella me espera y al verme, corremos mientras intento toser mis órganos. Alguien nos da vinagre y con la cara aún ardiendo, cruzamos de nuevo la Baralt. Detrás nuestro un tipo cae al piso: ha sido herido de bala en el pie. Ya se hablaba de diez muertos y decenas de heridos. ¿La gente agolpada en Miraflores sabía lo que estaba pasando?

V

Tengo la rabia atragantada en el cuello. Subimos hasta la concentración chavista para “cubrirla” como reporteros pero con la íntima sentencia de no conversar con nadie. En la avenida XX, los partidarios al gobierno aún rodeaban la tarima. Ahora hay hasta un carrito de cotufas. Quizás estaba antes, pero el detalle me encrispa los puños. Diviso a una amiga que trabaja en derechos humanos. Le abalanzo mis 64 kilos de preguntas. Sus respuestas terriblemente parcializadas. Atropellando la lengua le digo que una revolución que necesite ser defendida con bala y lacrimógena nunca sería mi revolución. Los ojos me palpitan, miro con la taquicardia. Enrumbamos los pasos a Capitolio y alguien grita “quitenle la cámara, quítenle la cámara”. La Baralt, El Silencio, El Calvario. En la plaza algunos niños aprovechan la confusión para bañarse en la fuente. La tragedia ha pasado por allí y ha dejado cauchos humeantes. Nos dicen que el grueso de manifestantes se han devuelto, pero que algunos intentarán llegar a Miraflores. Al fondo una cuadrilla de la policía. A lo lejos, dicen, se agrupan los chavistas para marchar hasta acá. Una transmisión de radio se amplifica por un parlante. Todos nos agrupamos alrededor y oímos la declaración de un militar anunciando que desconoce la autoridad del gobierno. Ella me mira y pregunta si nos vamos a casa. Le respondo que sí, que con los militares definiendo la partida ya no teníamos nada que hacer allí.

Provea convoca al concurso de diseño “Levántate por tus derechos”

ConcursoReggae

Con el fin de promover el talento musical y gráfico venezolano el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el marco del primer año de la declaratorio del reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, convoca al concurso ARTE Y REGGAE POR LOS DERECHOS HUMANOS, para seleccionar la propuesta gráfica y visual del poster del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se celebrara en el Centro Cultura Chacao el 18 de mayo del presente año con las bandas Onice, Carta Roja y Bathawi.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los venezolanos y extranjeros mayores de edad que estén residenciados en Venezuela y que no tengan relación laboral con Provea.

2. El arte debe enviarse en jpg en baja resolución en versión a colores y blanco y negro en formato RGB. Debe tener la imagen de Bob Marley, el título “Levántate por tus derechos” y, menos destacada, la frase “Reggae: Patrimonio inmaterial de la humanidad”. En caso de ser seleccionada, los artes deben ser remitidos en alta resolución.

3. El arte del afiche deberá ser inédito, original, libres de compromisos editoriales y no sujeto a la espera de otro veredicto.

4. Cada autor podrá participar la cantidad de propuestas que desee, las cuales deberán enviarse al email: procesosalternativos@derechos.org.ve mediante un correo electrónico con las propuestas del afiche en formato jpeg.

5. Se recibirán artes hasta el 7 de abril. El jurado emitirá su veredicto el 15 de abril del presente año, y el acto de premiación se llevará a cabo durante la celebración del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se realizará en el Centro Cultural de Chacao el 18 de mayo del 2019.

6. Habrá un premio único de $50 pagados en bolívares a la tasa de cambio del día.

123 organizaciones y 509 académicos y activistas sociales venezolanos agradecen el trabajo de WOLA por la democracia y los DDHH en su país

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(Caracas, 15 de marzo de 2019) Nosotros, un grupo activistas sociales, gremiales y populares; académicos y miembros de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, con amplia trayectoria en el trabajo social en nuestro país, queremos reconocer y apoyar públicamente el trabajo que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha realizado en los últimos años en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

WOLA ha seguido muy de cerca la evolución de la conflictividad venezolana. A diferencia de otros actores, cuyas conclusiones sobre Venezuela son decididas en oficinas y universidades muy lejos de los acontecimientos, diferentes miembros de WOLA han visitado de manera constante nuestro país para observar los hechos de manera directa, con sus propios ojos, para poder opinar con mayor conocimiento sobre la situación de los derechos humanos.

Además de esas visitas regulares a Venezuela, diferentes miembros de WOLA han conversado con diferentes sectores para tener una mirada amplia y diversa de las diferentes dimensiones del conflicto. No sólo han conversado con funcionarios gubernamentales y activistas del bolivarianismo, sino también con académicos venezolanos y activistas independientes de diferentes iniciativas y emprendimientos que conforman el actual movimiento social y popular venezolano. Durante sus visitas han podido escuchar los testimonios de víctimas y recibido los informes donde se detallan los diferentes patrones de violación de derechos humanos en Venezuela. WOLA ha establecido diferentes mecanismos para mantener un contacto fluido con los activistas, incorporando nuestras preocupaciones en los comunicados públicos emitidos por la organización sobre la situación venezolana, reiterando el apoyo a una salida pacífica y democrática del conflicto, que consulte al pueblo mediante elecciones libres e inclusivas sobre cuál deberían ser los destinos del país.

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Informe especial Provea: Apagón nacional es una catástrofe que forma parte de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

(Caracas 10 de marzo de 2019). En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo. Desde hace varios años se ha denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en derechos humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.

La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población. Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.

Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC, que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela, es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.

Evolución de la crisis en la prestación del servicio eléctrico

Como documentó la ONG Aula Abierta en su informe “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y acceso e servicios públicos básicos en el Municipio Maracaibo, estado Zulia”  entre los años 2008 y 2009 comenzaron a presentarse las interrupciones en diferentes lugares del país, que fueron adjudicadas por las autoridades a los efectos del fenómeno climático de El Niño. Como respuesta se creó un ente específico, el Ministerio de Energía Eléctrica, cuyas primeras metas fueron reducir en 20% el consumo eléctrico y la remodelación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas en el país.  Sin embargo, la situación se mantuvo, lo que obligó a la declaración del “estado de emergencia nacional”, el 08.02.10, mediante Decreto Presidencial 7.228 se anunció la creación de un Estado Mayor Eléctrico, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado por los ministros para la Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Industrias Básicas, y Energía y Petróleo. El objetivo de esta figura fue evaluar la posibilidad de importar energía y adquirir equipos y repuestos para rehabilitar las plantas de energía eléctrica. También fueron impuestas multas a los consumidores por “uso excesivo del servicio eléctrico”.

En abril de 2013 el gobierno declaró nuevamente el “estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico”, atribuyendo las interrupciones del servicio a actividades de “sabotaje” por parte de opositores, por lo que se declararon como “zonas de seguridad” los espacios del territorio nacional donde estuviesen funcionando instalaciones eléctricas, ordenando a los órganos de seguridad su resguardo. Posteriormente se anunció la puesta en marcha de la “Gran Misión Eléctrica”, compuesta por 7 vértices: el fortalecimiento del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el ahorro energético, la sostenibilidad financiera del SEN, el desarrollo de fuentes de energías alternativas, el desarrollo soberano del sector eléctrico, la implementación del nuevo modelo de gestión “socialista” y un plan de inversiones.

Como recordó Aula Abierta, en el marco del segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica a nivel nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 13 de mayo de 2016, nuevamente se atribuyó a los fenómenos climáticos las causas de la crisis eléctrica: “el fenómeno de El Niño ha generado la crisis climática más difícil de la historia de nuestra Patria  mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros efectos en la productividad del país”.

Hasta el año 2015 fue de acceso público el informe de gestión del Ministerio de Energía Eléctrica. No obstante, el ministerio no reveló ese año la cantidad de viviendas que contaban con el suministro eléctrico. Una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias afirmaba que el servicio eléctrico alcanzaba el 98% de cobertura: “En 17 años se han incorporado más de 10.000 megavatios (MW). La nación cuenta en la actualidad con una capacidad de generación instalada de 28.000 MW, de los cuales están operativos 20.300, para atender una demanda que oscila entre los 17.000 y los 18.000 MW”. Sin embargo, estas cifras no coincidieron con las divulgadas en ese mismo año por el gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien calculó la demanda en el país en 15.500 MW. Además, estimó que los hogares consumían el 40% del total de la generación eléctrica, y los aires acondicionados representaban 32% de la demanda eléctrica de las viviendas.

Según la Ley de Presupuesto 2017, la última de acceso público, el Ministerio de Energía Eléctrica se ubicó en el n lugar número 17, de 18 entes, como la institución que menos recibió presupuesto para su funcionamiento, comparativamente con un monto 18 veces menor que lo destinado para el Ministerio de Defensa, lugar 4 en la lista.

Ante la ausencia de información oficial, gremios y ONG levantan información

La falta de estadística oficial sobre el sistema eléctrico nacional obligó a diferentes instituciones a levantar datos que permitieran realizar un diagnóstico sobre su situación y hacer recomendaciones a las autoridades.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una investigación realizada por tres universidades (UCV, UCAB y USB) encontró que para el 2015 el 12,5% de los hogares del país tenían interrupciones diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresaron que nunca tienen cortes del servicio. Según los resultados las interrupciones y apagones afectaban a 86,4% de los hogares en Venezuela. Un año antes la Encovi había medido que el 20,6% de las casas posee electricidad diariamente; 41,5% alguna vez a la semana; 22,2% alguna vez al mes y 15,3% nunca contaban con electricidad. Según Alfredo Cilento, investigador de Encovi “graves problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos diez años”. Según Aula Abierta durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día.

El deterioro en el sistema eléctrico aumentó la EHC en el sector salud. Según el Informe Anual de Provea 2017 para ese año se registraron 195 denuncias sobre fallas eléctricas en los centros asistenciales que habían afectado su desempeño. Para el año 2016 se detectaron 119 denuncias similares. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Hospitales, incluida en el Reporte Nacional realizado en septiembre de 2018 por 12 ONG con trabajo en el derecho a la salud, el 33% de los centros hospitalarios del país no contaban con plantas de generación de energía eléctrica: “Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo”.

Por su parte Transparencia Venezuela documentó dos importantes casos de corrupción vinculados a Corpoelec: La represa Tocoma, y la repotenciación de Macagua I, ambas en el estado Bolívar. Ambas obras se encontrarían paralizadas desde hace varios años y con diferentes denuncias sobre el manejo irregular de los recursos.

Alertas sobre crisis eléctrica genera persecución de los denunciantes

Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica, ha denunciado reiteradamente la crisis del sistema eléctrico, que ha calificado de inducida: “Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector”. En 2013, Poleo y los ingenieros electricistas José Manuel Aller, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Sistemas Interconectados, fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras haber opinado sobre las interrupciones en el servicio eléctrico. En abril de 2015 se denunció que el ingeniero Luis Vásquez, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barquisimeto. Vásquez habría declarado a un medio regional sobre la posibilidad de nuevos apagones debido a la caída del nivel del agua en el embalse Gurí, represa que alimenta a la principal central de generación hidroeléctrica.

Reynaldo Díaz, Secretario General del Sindicato Trabajadores Eléctricos de la Electricidad de  Caracas (STE), ha denunciado que por lo menos 29 dirigentes sindicales de Corpoelec habían sido despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores. Interrogado sobre la situación de la estatal, respondió a Provea: “Hay déficit de transformadores en los patios, en las áreas, déficit de los implementos e instrumentos de trabajo necesarios. No se desmalezan las áreas con la frecuencia necesaria, hay obsolescencia de equipos que ordena la sustitución de equipos en generación, transmisión y distribución. La empresa “funciona” porque los trabajadores siguen yendo por el amor que le tienen a su trabajo. Quedan pocas unidades de transporte, sin cauchos ni baterías. No hay papel ni tinta para imprimir.  A causa de la fuga de personal, CORPOELEC está expuesta a la desprofesionalización. Se necesitan 8 años de experiencia para ser caporal de averías o jefe de grupo, de una cuadrilla de linieros. Se necesita al menos 10 años de experiencia para ser jefe de guardia en una planta de generación. Los grupos de guardias de operación, se encuentran incompletos”. Díaz ha denunciado persecución por parte de los organismos policiales por sus denuncias sobre la situación de la empresa y las demandas de los trabajadores.

Comunidades se han movilizado por la falta del servicio eléctrico

Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. Los derechos más exigidos fueron los laborales (5.735 protestas), servicios básicos (3.953 protestas) y alimentación (1.257 protestas). Las protestas por derechos sociales fueron respondidas por el Estado con el uso abusivo de la fuerza, pues durante el 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de esas manifestaciones.

Según el monitoreo realizado por Provea en 30 medios nacionales, entre enero a diciembre de 2016 se realizaron 56 protestas por falta de energía eléctrica a nivel nacional, siendo la tercera causa de protesta por fallas en los servicios públicos, por debajo de las exigencias de agua y gas doméstico.

Organismos internacionales informados sobre crisis eléctrica

En julio de 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó sus observaciones finales al tercer informe de Venezuela sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional DESC. Entre sus recomendaciones en materia de vivienda, solicitó “la adopción de una estrategia integral que garantizara la disponibilidad y el acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, saneamiento y electricidad”.

En su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, la oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos incluía los problemas de suministro eléctrico en su apartado sobre la erosión de los derechos económicos y sociales: “El deterioro de la situación económica ha causado una hiperinflación y una grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, lo que, sumado a una drástica reducción del presupuesto del Gobierno destinado a los servicios sociales ha conducido a una regresión en el disfrute de los derechos sociales y económicos”. Esta preocupación es repetida en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, de junio de 2018: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. El Alto Comisionado se refirió al impacto de la falta de luz eléctrica sobre la prestación de servicios de salud: “En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses”.

En su reporte “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, divulgado a finales de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyo las consecuencias de la interrupción permanente del servicio eléctrico. Sobre el derecho a la educación aseveraron: “Otras dificultades que han impactado en el goce de este derecho han sido los problemas con el servicio de agua y el servicio eléctrico”. Más adelante agregaron: “El agravamiento de la crisis económica condujo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica. Esta crisis social y económica tuvo y continúa teniendo manifestaciones concretas en la vida diaria de millones de personas que viven en Venezuela, quienes enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.

En febrero de 2018 un grupo de expertos de Naciones Unidas (Leilani Farha, Hilal Elver,  Dainius Pūras, y Philip Alston) alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, incluyendo la petición sobre la adopción de políticas para garantizar el acceso al suministro eléctrico: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Nicolás Maduro responde a la situación de manera insuficiente

En la única alocución de Nicolás Maduro referida al apagón que comenzó en toda Venezuela el jueves 7 de marzo, adjudicó la responsabilidad a factores externos: Según nota de Telesur “denunció este sábado -9 de marzo- un nuevo ataque masivo al sistema eléctrico nacional a través de mecanismos de alta tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar las distintas estaciones, advirtió”. El resto de los voceros estatales han repetido esta versión, sin informar sobre el origen de la falla, las operaciones que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del sistema eléctrico. Cuando este informe se escribe, el servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido en algunas zonas de Caracas, con interrupciones intermitentes, mientras el resto del país continúa a oscuras. Las autoridades no han divulgado si estarían implementando un operativo de racionamiento eléctrico para los habitantes de la capital, o las expectativas del restablecimiento para el resto del país.

Además de la propia opacidad estatal, la hegemonía comunicacional sobre los medios de comunicación en Venezuela ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo. En el caso de Caracas sólo 4 emisoras de radio informaban sobre los sucesos, basados en informaciones de redes sociales. El servicio de telefonía no ha sido restablecido, por lo que las personas están realizando inusitados esfuerzos para comunicarse con sus familiares.

La interrupción prolongada está ocasionando daños severos difícilmente cuantificables en los actuales momentos. El presidente encargado Juan Guaidó mediante una rueda de prensa junto a expertos y médicos denunció, el 10 de marzo, que por lo menos 17 personas recluías en centros asistenciales habrían fallecido por la ausencia del servicio eléctrico. Pequeños comerciantes en el sector alimentos se han visto afectados debido a la imposibilidad de mantener sus inventarios requeridos de refrigeración. Ante la ausencia de dinero en efectivo y la caída de las comunicaciones en el sistema bancario, algunos comerciantes estarían cobrando en dólares. Debido al cierre de las fronteras las poblaciones cercanas a Colombia y Brasil se han visto impedidas de disminuir las consecuencias del apagón buscando asistencia médica o alimentos en poblaciones aledañas.

No se conoce la activación de un protocolo oficial para atender situaciones de emergencia en las comunidades más vulnerables, como centros asistenciales o ancianatos. También se desconoce el tiempo y las consecuencias de la paralización de actividades anunciada desde el viernes 08.03, por el gobierno. La estrategia de simulación de normalidad, el supuesto restablecimiento progresivo del servicio y la extensión por más tiempo de la situación sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables podría ocasionar eventos de conmoción en las próximas horas, con resultados lamentables para la vida e integridad de las personas.

Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación

Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:

1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.

2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto

3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.

4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.

5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.

6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.

7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.

 

Alto a la persecución y torturas contra integrantes del pueblo indígena Pemón

(Caracas, 01.03.2019) Queremos expresar nuestro profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de la masacre de Santa Elena de Uairén, ocurrida durante los días 22 y 23 de febrero del 2019. Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco. Fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Afirmamos nuestro compromiso para lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado.

Saludamos las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MC-181-19, que obligan al Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de Indígenas pemones y comunidad de San Francisco de Yuruaní, kumaracapai. Abogamos por su estricto cumplimiento por parte de Nicolás Maduro, Gral. Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Alfredo Ruíz, Justo Noguera, así como militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairen, Maurak y sus alrededores.

Sin embargo, denunciamos que la represión y el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. 58 personas han sido detenidas (16 indígenas pemones, 4 adolescentes, 20 de ellos aún sin presentación y tras las rejas en el Fuerte de Escamoto). El Hospital General en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Persecución contra líderes indígenas

Hemos recibido graves denuncias de allanamientos ilegales, por parte de la PNB junto GNB, en casas, comercios de Santa Elena de Uairen, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente. Hemos documentado casos de al menos 9 personas: una familia de madre pemón y padre no indígena, con 2 hijos pemones; 2 adultos pemones y 3 no indígenas que no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados. A lo cual se suma el Alcalde de Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González, legítimamente electo por votación popular, que junto a su familia ha recibido amenazas graves para su integridad, libertad y vida. Se han instalado ilegalmente alcabalas utilizando tanquetas y con efectivos de la GNB, interrumpiendo el paso vehicular y peatonal. La última el día de hoy, a partir de las 8 am a 1 de la tarde, en San José de Morichal, requisando a todos los vehículos y personas que transitaban por la zona. Actualmente existe un estado de persecución y represión por razones de discriminación política, violando derechos fundamentales que ponen en riesgo su libertad, integridad y vida.

Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos

A la fecha de hoy 01 de marzo de 2019, el hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y el 23 de febrero. Por otra parte, a quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima a pie para poder tener acceso a atención médica, violentando el ya mermado acceso a la salud. La toma policial y militar del hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén debe cesar de inmediato, urge el retiro de oficiales que permita retomar la normalidad y el acceso abierto y sin restricciones de todas las personas a sus instalaciones.

Advertimos que la red de suministros de alimentos de Santa Elena de Uairen y comunidades aledañas, así como de medicinas e insumos, dependen en su totalidad del flujo e intercambio con Pacaraima, Brasil. El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que, debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy acelerada la situación en las zonas fronterizas. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas pemones, por la persecución y el miedo, no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja en la zona.

Abuso de poder en territorio indígena

El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, una contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairen. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón y junto al Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC) indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, le lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.

Los activistas exigimos

Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes. Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como, dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios.

 

Por tanto, exigimos:

– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.

– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.

– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.

– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.

– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.

– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.

– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.

– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.

Adherimos:

Causa Amerindia Kiwxi
Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Fundación Centro Gumilla
Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo)
Laboratorio de Paz (LabPaz)
Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru
Organización Indígena Intercultural Wainjirawa
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Revista SIC

9 precisiones sobre el tema humanitario en Venezuela

Rafael Uzcátegui

EL RESPONSABLE DE LA “POLITIZACIÓN” DE LA AYUDA HUMANITARIA ES NICOLÁS MADURO. Desde el año 2014 las ONG alertamos sobre el aumento de los índices de pobreza en el país y los retrocesos en los derechos a la salud y a la alimentación. El deterioro acelerado en la falta de acceso a los medicamentos nos impulsó a plantear, en diferentes niveles del Estado, la necesidad de recibir Ayuda Humanitaria (AH) debido a la incapacidad gubernamental de garantizar tratamientos y asistencia médica para los venezolanos. La respuesta oficial siempre fue la negación de la situación y el rechazo en aceptar cooperación internacional por razones exclusivamente políticas e ideológicas, alejadas de las obligaciones del Estado en garantizar derechos a la población. Una Emergencia Humanitaria Compleja, como la que sufre Venezuela, es consecuencia de malas decisiones gubernamentales y no desastres naturales ni conflictos armados.

LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS HAN RESPONDIDO TARDÍAMENTE A LA SITUACIÓN. El 21 de julio de 2016 un grupo de 76 ONG venezolanas remitimos una comunicación a Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, para expresarle la indignación y rechazo ante el desempeño y silencio de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas establecidas en Venezuela, en particular las responsables de la salud y la alimentación. 15 días después el Secretario General reconocía la crisis humanitaria en el país. Sin embargo, ha sido en 3 años, a raíz de la solicitud de AH realizada por la Asamblea Nacional, que se ha realizado la primera reunión conjunta entre las Agencias de la ONU presentes en Caracas y un grupo representativo de ONG venezolanas para iniciar un proceso de cooperación sobre el tema.

LA MIGRACIÓN ROMPIÓ LA DUDA REGIONAL SOBRE LA CRISIS VENEZOLANA. Durante muchos años las ONG venezolanas transmitimos alertas tempranas a los gobiernos, así como a las organizaciones sociales y populares de la región, sobre la degradación de las instituciones democráticas y las condiciones de vida de la población. Debido a nuestra historia como país petrolero y el discurso del gobierno bolivariano, la respuesta a nuestras preocupaciones era la incredulidad. No fue hasta el desborde de la migración forzada venezolana, en un breve lapso de tiempo, que se generó la sensibilización sobre la ausencia de medicamentos, tratamientos médicos y una alimentación suficiente que obligaba a miles de personas a huir del país.

HUGO CHÁVEZ SE BENEFICIÓ DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD QUE HOY SE LE NIEGA AL RESTO DE LOS VENEZOLANOS. El propio expresidente Chávez reconoció la incapacidad del Estado para salvar vidas y aliviar el sufrimiento al desconfiar del sistema público de salud del país y colocar la atención a su enfermedad bajo un tratamiento médico suministrado por otros países. Esta posibilidad es la que hoy se niega al resto de la población.

CUANDO EL ESTADO NACIONAL NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DE SUS CIUDADANOS, RECIBIR AYUDA HUMANITARIA ES UN DERECHO DE LA POBLACIÓN. Obstaculizar la respuesta humanitaria por parte de las autoridades que ejercen control sobre las estructuras estatales puede acarrear responsabilidades por causar sufrimiento de manera intencional o atentar gravemente contra la integridad o la salud de las personas, definido como un Crimen de Lesa Humanidad por el artículo 7, Literal K del Estatuto de Roma.

LA AYUDA HUMANITARIA NO DEBE INSTRUMENTALIZARSE PARA OTROS FINES QUE NO SEAN SALVAR VIDAS Y ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Deben tener participación las agencias internacionales con amplia experiencia en la gestión de AH, coordinadas con diferentes actores del país. Su distribución no puede convertirse en un elemento de conflicto, que ponga en riesgo la vida o integridad de sus beneficiarios o de los actores humanitarios.

RECONOCEMOS QUE UN ÓRGANO LEGÍTIMO DEL ESTADO, LA ASAMBLEA NACIONAL, HAYA SOLICITADO AYUDA HUMANITARIA Y QUE UN GRUPO DE PAÍSES HAYAN RESPONDIDO A ESTE LLAMADO. Sin embargo, cualquier respuesta humanitaria debe cumplir los principios de universalidad, humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad establecidos internacionalmente como estándares para su distribución a la población.

EL CONCIERTO VENEZUELA LIVE AID REPRESENTA EL MAYOR ESFUERZO DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN NUESTRO PAÍS. La iniciativa de realizar un concierto gratuito en la frontera colombo-venezolana, con la participación de conocidos músicos internacionales y con el objetivo de recaudar dinero, representa la cúspide del esfuerzo que por años hemos realizado las ONG venezolanas: Utilizar todas las herramientas y lenguajes posibles para alertar sobre la gravedad de la situación y generar mecanismos de solidaridad en beneficio de quienes hoy lo necesitan. Provea aplaude la iniciativa, felicita a todos los sectores que han estado involucrados en su organización y agradece a las autoridades y al pueblo colombiano por su comprensión y solidaridad con la dramática situación de los venezolanos.

CADA DÍA QUE PASA NICOLÁS MADURO EN EL PODER SON 24 HORAS MÁS DE SUFRIMIENTO PARA LOS VENEZOLANOS, ESPECIALMENTE LOS MÁS VULNERABLES. Debido a su negativa en reconocer la gravedad de la situación, rectificar en políticas contraproducentes para los derechos humanos y persistir las medidas que aumentan la pobreza y el autoritarismo, Nicolás Maduro se ha convertido en el principal obstáculo para que los venezolanos puedan alcanzar una vida con dignidad y en democracia. La salida al conflicto político, social y económico es la realización de elecciones libres, transparentes e inclusivas que permitan el ejercicio pleno de la soberanía popular sobre los destinos del país.

Offener Brief von Aktivist*innen und Organisationen für Frieden und Gewaltfreiheit aus Venezuela an unsere Freund*innen in der ganzen Welt

Wir, Organisationen und Menschen, die Menschenrechte verteidigen, Aktivist*innen und Förder*innen von Gewaltfreiheit und Frieden, Kriegsdienstverweiger*innen und Antimilitarist*innen, die in Venezuela aktiv sind, wenden uns mit diesem Offenen Brief an unsere Freund*innen in der ganzen Welt, um Euch unsere Meinung über die derzeit in unserem Land sich entfaltenden Konflikte mitzuteilen.

Wir wissen, dass eine Abnahme der Gewaltursachen stark zusammenhängt mit der Menschenwürde der Bevölkerung. Es kann keine würdevollen Lebensbedingungen und Frieden geben, solange nicht die Macht, Hunger und Ungleichheit abnimmt und es Verbesserungen beim Zugang zu grundlegenden Nahrungsgütern und Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung kommt, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Teile. In Gesellschaften ohne demokratische Garantien zur Teilnahme an freien und fairen Wahlen von Vertretern und Machthabern gedeiht Gewalt. Es gibt keine Möglichkeit Gewaltfreiheit und Frieden zu fördern, wenn wir die Ursachen von Diskriminierung und Ungleichheit ignorieren, die Millionen von Menschen dazu gezwungen hat, das Land zu verlassen. Um Gewaltlosigkeit und Frieden zu fördern, müssen wir darauf bestehen, die Ausübung von Macht mit einer Logik der Einseitigkeit, des Autoritarismus und Militarismus zu beseitigen, da sie die Beziehungen zwischen den Menschen nur aus der Perspektive von Freunden versus Feinden, von Verbündeten versus Verrätern betrachtet, und Unterschiede und Freiheit, sowohl symbolisch wie auch ganz real, zu eliminieren sucht.

Venezuela erlebte einen immer schneller werdenden Prozess mit erheblichen Rückschlägen für unsere Lebensqualität, womit es immer schwieriger wurde, Zugang zu den grundlegendsten Gütern für den Lebensunterhalt zu erhalten und was das demokratische System tiefgreifend beeinflusst hat. Seit 2015, nach der Wahl der Nationalversammlung, war es offensichtlich, dass die politischen der Regierung nahestehenden Kräfte, ihre Mehrheit verloren hatten und die Wahlen manipuliert wurden, um zu garantieren, dass die Partei von Maduro, die Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV – Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas) an der Macht bleibt.

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Cuando la opinión primermundista privilegia un “antimperialismo” desinformado

Las personas que desde el primer mundo están defendiendo a Nicolás Maduro y su gobierno me recuerdan a este video de Rage Against The Machine. Mal informados, colocando sus prejuicios antinorteamericanos primero sobre la realidad. Con el tiempo, cuando la verdad sale a la luz (como la actuación de Sendero Luminoso retratada por la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, en Perú), el documento, aquella agitación pueril, se vuelve triste y penosa

Open letter from Peace and Non-violence activists and organizations from Venezuela to our friends throughout the world

Translated by Daniel Cooper Bermúdez

We, the organizations and people who defend human rights, activists and promoters of Non-Violence and Peace, conscientious objectors and anti-militarists, who take action in Venezuela, address this open letter to our friends throughout the world, sharing our opinion about the conflict which is currently unfolding in our country.

We know that the decrease in the causes of violence are intimately connected with the dignity of the lives of people. There cannot be conditions of dignity and peace if there is not a decrease in poverty, hunger, inequality, and improvements in the access to basic goods and services for the entire population, especially for the most vulnerable sectors. Violence flourishes in societies without democratic guarantees for participation in free and fair elections to elect representatives and powers. There is no way to promote non-violence and peace if we ignore the causes of discrimination and inequality which have forced millions of people to migrate. To promote non-violence and peace we must advance in the elimination of the exercise of Power from the logic of authoritarianism, unequivocal and militaristic which poses relations between people from the perspective of enemies, friends, allies, and traitors which seek to eliminate – both symbolically and in reality – difference and liberty.

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