11 de abril 2002: Enfoque en Taquicardia

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En 2002 yo todavía era un estudiante de Sociología de la UCV. Allí, un grupo de alumnos creamos una cooperativa estudiantil que, entre otras cosas, tenía su revista llamada Telúrico. De esa hicimos dos ediciones especiales extraordinarias, con la participación de profesores y estudiantes. Una sobre el 11 de Septiembre y otra, sobre el 11 de Abril aquel. En esta, participé con una crónica sobre cómo había vivido esos días, que reproduzco a continuación. La ilustración es del genial Juan Rodríguez, que apareció en aquella publicación. 

Rafael Uzcátegui

I

Jueves de sol radiante y calor caribe. La credencial de periodista baila sobre el pecho; la grabadora, guarecida en el bolso, aún no saludaba la mañana. Las estaciones se sucedían por la ventana ahumada del vagón: Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela… El ambiente recordaba el preludio de cualquier Caracas-Magallanes: fiesta en los rostros, insignias, gorras, pancartas caseras sobre papel bond. Una señora morena comenta que desde su casa, ubicada en Catia, había escuchado una tormenta nocturna de cacerolas. Antes de terminar la frase sube su voz para incorporarse al canto que en boca de la mayoría, se apodera de los pocos espacios vacantes del vagón: ¡See vaa, se va, se va, se vaaa!. El pito de llegada a Altamira desborda el río de personas intentando ganar la calle. Como peces muertos, nos dejamos llevar por la corriente y la cámara de fotos comienza a pestañear. En las orejas los comentarios se acumulan: “Es ridículo volver a Chuao, hoy tenemos que ir hasta Miraflores como en Argentina”. Ella, la reportera gráfica, y yo nos miramos. Sin hablar decimos: el día será largo.

II

Sorteamos la multitud para acercarnos a la tarima. Ella logra saltar la barrera y desde la tarima, toma fotos de quienes arengan a la multitud: Kico, Pedro Estanga, Tamayo Molina. “No pasa nada, no pasa nada”: algunos remedaban irónicamente a José Vicente. El único volante de la concentración –firmado por la Junta Patriótica Militar- proponía un grupo cívico-militar de transición. Los militantes de los partidos habían dejado sus estandartes en casa. Dos elementos se repetían en las manos: el tricolor y las pancartas, que iban de lo risible –“Chávez, por fin se te paró el palito”- hasta las que pedían explícitamente un golpe de estado –“Militares ya el pueblo se pronunció ¿qué están esperando?”-. Mientras la bravuconería verbal del presidente le había restado incondicionales, los convocados a Chuao se multiplicaron por generación instantánea. Los cercanos al entarimado pedían a gritos ir a Miraflores. Al rato Carmona Estanga, micrófono en mano, recibe una tarjeta de presentación. En su dorso estaba escrita la ruta a seguir para Miraflores. Con el pulso temblando la lee torpemente. La masa se mueve y el bullicio corea: “sí pasaremos, sí pasaremos”.

III

En el taxi el chofer nos dice que el gobierno convoca una concentración en Miraflores. El tubo de escape vomita un oscuro adiós al caudal humano que comienza a rociar la autopista. Seis mil bolívares nos cuesta llegar cerca y rápido a Miraflores. Celulares aullantes y dedos, nerviosos, transcribiendo mensajes de texto. Con la vista atenta en el camino el conductor comenta solemne: “Yo que se los digo, hoy hay un muerto”. El frenazo final es detrás de la casa de gobierno. Frente a Miraflores la tarima es testigo de un par de cuadras de boinas rojas, pero nada más. Atónitos, comenzamos a preguntar el sitio de la concentración. ¿Plaza Bolívar?, ¿Alcaldía de Bernal?. “No, es aquí” nos responden. La logística es mínima y precaria. Un troskista nos dice que hasta última hora el gobierno mantuvo la desmovilización como estrategia para simular normalidad. Muchos envuelven palos de madera en afiches con dibujos de Carlos Andrés y Pedro Carmona haciendo de marionetas. Otros se pintan una señal roja en el rostro, “para saber a quién darle”. La credencial y la cámara atraen miradas inquisitorias. Los amigos dudan la posibilidad de que los de Chuao se acerquen al centro. El improvisado sonido saluda el arribo de los buhoneros de Sabana Grande. Se comenta que la gente de Catia, Petare, Antímano y el 23 estaban por llegar. Chávez comienza otra cadena presidencial, y una mujer con megáfono en mano, repite sus palabras ante quienes nos agolpamos a su alrededor. Una columna de Guardias Nacionales cruza en formación rumbo a la Baralt. La multitud se aparta aliviada y los aplaude. Siempre había estado frente a la represión y ese día no sería la excepción. Levantando el carnet del periódico como salvoconducto, caminamos hacia la marcha opositora con la intención de andar con ellos las últimas cuadras.

IV

Pronto tropezamos con los primeros heridos. Cerca del Capitolio la policía (¿metropolitana?, ¿de Bernal?,) había disparado contra partidarios del gobierno. Cruzamos la línea de fuego y al costado de Plaza Caracas quienes venían de Chuao discutían a gritos, con restos de lacrimógena en el rostro, el porqué tenían que devolverse sobre sus pasos. Los frentes de batalla rodeaban la Baralt. Tratamos de tomar un atajo hacia la estación de Metro El Silencio, pero el sonido de disparos nos pegan una pared en la espalda. Múltiples manos señalan un edificio, una ventana. Policías de camuflaje azul se agolpan en la puerta. Unos entran. Otros quedan afuera y nos piden agua para mitigar la espera. Esposado, el francotirador sale rodeado de policías y manifestantes que lo insultan y le lanzan golpes. Frente al Fermín Toro, en la boca de la estación del Metro, hay una batalla campal. Avanzo junto a una veintena de jóvenes armados con piedras. La Guardia responde con perdigones y disparos. Me apertrecho detrás de dos. Uno le dice al otro “espera que dispare, espera que dispare”, y cuando salen a responder piedra contra bala, yo hago lo propio con el gatillo del obturador. Las lacrimógenas silban sobre nosotros y, precipitadamente, volvemos a la retaguardia saltando la neblina tóxica. Ella me espera y al verme, corremos mientras intento toser mis órganos. Alguien nos da vinagre y con la cara aún ardiendo, cruzamos de nuevo la Baralt. Detrás nuestro un tipo cae al piso: ha sido herido de bala en el pie. Ya se hablaba de diez muertos y decenas de heridos. ¿La gente agolpada en Miraflores sabía lo que estaba pasando?

V

Tengo la rabia atragantada en el cuello. Subimos hasta la concentración chavista para “cubrirla” como reporteros pero con la íntima sentencia de no conversar con nadie. En la avenida XX, los partidarios al gobierno aún rodeaban la tarima. Ahora hay hasta un carrito de cotufas. Quizás estaba antes, pero el detalle me encrispa los puños. Diviso a una amiga que trabaja en derechos humanos. Le abalanzo mis 64 kilos de preguntas. Sus respuestas terriblemente parcializadas. Atropellando la lengua le digo que una revolución que necesite ser defendida con bala y lacrimógena nunca sería mi revolución. Los ojos me palpitan, miro con la taquicardia. Enrumbamos los pasos a Capitolio y alguien grita “quitenle la cámara, quítenle la cámara”. La Baralt, El Silencio, El Calvario. En la plaza algunos niños aprovechan la confusión para bañarse en la fuente. La tragedia ha pasado por allí y ha dejado cauchos humeantes. Nos dicen que el grueso de manifestantes se han devuelto, pero que algunos intentarán llegar a Miraflores. Al fondo una cuadrilla de la policía. A lo lejos, dicen, se agrupan los chavistas para marchar hasta acá. Una transmisión de radio se amplifica por un parlante. Todos nos agrupamos alrededor y oímos la declaración de un militar anunciando que desconoce la autoridad del gobierno. Ella me mira y pregunta si nos vamos a casa. Le respondo que sí, que con los militares definiendo la partida ya no teníamos nada que hacer allí.

Provea convoca al concurso de diseño “Levántate por tus derechos”

ConcursoReggae

Con el fin de promover el talento musical y gráfico venezolano el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el marco del primer año de la declaratorio del reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, convoca al concurso ARTE Y REGGAE POR LOS DERECHOS HUMANOS, para seleccionar la propuesta gráfica y visual del poster del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se celebrara en el Centro Cultura Chacao el 18 de mayo del presente año con las bandas Onice, Carta Roja y Bathawi.

El concurso se regirá por las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los venezolanos y extranjeros mayores de edad que estén residenciados en Venezuela y que no tengan relación laboral con Provea.

2. El arte debe enviarse en jpg en baja resolución en versión a colores y blanco y negro en formato RGB. Debe tener la imagen de Bob Marley, el título “Levántate por tus derechos” y, menos destacada, la frase “Reggae: Patrimonio inmaterial de la humanidad”. En caso de ser seleccionada, los artes deben ser remitidos en alta resolución.

3. El arte del afiche deberá ser inédito, original, libres de compromisos editoriales y no sujeto a la espera de otro veredicto.

4. Cada autor podrá participar la cantidad de propuestas que desee, las cuales deberán enviarse al email: procesosalternativos@derechos.org.ve mediante un correo electrónico con las propuestas del afiche en formato jpeg.

5. Se recibirán artes hasta el 7 de abril. El jurado emitirá su veredicto el 15 de abril del presente año, y el acto de premiación se llevará a cabo durante la celebración del concierto “Levántate por tus derechos: tributo a Bob Marley” que se realizará en el Centro Cultural de Chacao el 18 de mayo del 2019.

6. Habrá un premio único de $50 pagados en bolívares a la tasa de cambio del día.

123 organizaciones y 509 académicos y activistas sociales venezolanos agradecen el trabajo de WOLA por la democracia y los DDHH en su país

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(Caracas, 15 de marzo de 2019) Nosotros, un grupo activistas sociales, gremiales y populares; académicos y miembros de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana, con amplia trayectoria en el trabajo social en nuestro país, queremos reconocer y apoyar públicamente el trabajo que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha realizado en los últimos años en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

WOLA ha seguido muy de cerca la evolución de la conflictividad venezolana. A diferencia de otros actores, cuyas conclusiones sobre Venezuela son decididas en oficinas y universidades muy lejos de los acontecimientos, diferentes miembros de WOLA han visitado de manera constante nuestro país para observar los hechos de manera directa, con sus propios ojos, para poder opinar con mayor conocimiento sobre la situación de los derechos humanos.

Además de esas visitas regulares a Venezuela, diferentes miembros de WOLA han conversado con diferentes sectores para tener una mirada amplia y diversa de las diferentes dimensiones del conflicto. No sólo han conversado con funcionarios gubernamentales y activistas del bolivarianismo, sino también con académicos venezolanos y activistas independientes de diferentes iniciativas y emprendimientos que conforman el actual movimiento social y popular venezolano. Durante sus visitas han podido escuchar los testimonios de víctimas y recibido los informes donde se detallan los diferentes patrones de violación de derechos humanos en Venezuela. WOLA ha establecido diferentes mecanismos para mantener un contacto fluido con los activistas, incorporando nuestras preocupaciones en los comunicados públicos emitidos por la organización sobre la situación venezolana, reiterando el apoyo a una salida pacífica y democrática del conflicto, que consulte al pueblo mediante elecciones libres e inclusivas sobre cuál deberían ser los destinos del país.

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Informe especial Provea: Apagón nacional es una catástrofe que forma parte de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

(Caracas 10 de marzo de 2019). En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo. Desde hace varios años se ha denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en derechos humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.

La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población. Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.

Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC, que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela, es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.

Evolución de la crisis en la prestación del servicio eléctrico

Como documentó la ONG Aula Abierta en su informe “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y acceso e servicios públicos básicos en el Municipio Maracaibo, estado Zulia”  entre los años 2008 y 2009 comenzaron a presentarse las interrupciones en diferentes lugares del país, que fueron adjudicadas por las autoridades a los efectos del fenómeno climático de El Niño. Como respuesta se creó un ente específico, el Ministerio de Energía Eléctrica, cuyas primeras metas fueron reducir en 20% el consumo eléctrico y la remodelación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas en el país.  Sin embargo, la situación se mantuvo, lo que obligó a la declaración del “estado de emergencia nacional”, el 08.02.10, mediante Decreto Presidencial 7.228 se anunció la creación de un Estado Mayor Eléctrico, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado por los ministros para la Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Industrias Básicas, y Energía y Petróleo. El objetivo de esta figura fue evaluar la posibilidad de importar energía y adquirir equipos y repuestos para rehabilitar las plantas de energía eléctrica. También fueron impuestas multas a los consumidores por “uso excesivo del servicio eléctrico”.

En abril de 2013 el gobierno declaró nuevamente el “estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico”, atribuyendo las interrupciones del servicio a actividades de “sabotaje” por parte de opositores, por lo que se declararon como “zonas de seguridad” los espacios del territorio nacional donde estuviesen funcionando instalaciones eléctricas, ordenando a los órganos de seguridad su resguardo. Posteriormente se anunció la puesta en marcha de la “Gran Misión Eléctrica”, compuesta por 7 vértices: el fortalecimiento del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el ahorro energético, la sostenibilidad financiera del SEN, el desarrollo de fuentes de energías alternativas, el desarrollo soberano del sector eléctrico, la implementación del nuevo modelo de gestión “socialista” y un plan de inversiones.

Como recordó Aula Abierta, en el marco del segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica a nivel nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 13 de mayo de 2016, nuevamente se atribuyó a los fenómenos climáticos las causas de la crisis eléctrica: “el fenómeno de El Niño ha generado la crisis climática más difícil de la historia de nuestra Patria  mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros efectos en la productividad del país”.

Hasta el año 2015 fue de acceso público el informe de gestión del Ministerio de Energía Eléctrica. No obstante, el ministerio no reveló ese año la cantidad de viviendas que contaban con el suministro eléctrico. Una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias afirmaba que el servicio eléctrico alcanzaba el 98% de cobertura: “En 17 años se han incorporado más de 10.000 megavatios (MW). La nación cuenta en la actualidad con una capacidad de generación instalada de 28.000 MW, de los cuales están operativos 20.300, para atender una demanda que oscila entre los 17.000 y los 18.000 MW”. Sin embargo, estas cifras no coincidieron con las divulgadas en ese mismo año por el gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien calculó la demanda en el país en 15.500 MW. Además, estimó que los hogares consumían el 40% del total de la generación eléctrica, y los aires acondicionados representaban 32% de la demanda eléctrica de las viviendas.

Según la Ley de Presupuesto 2017, la última de acceso público, el Ministerio de Energía Eléctrica se ubicó en el n lugar número 17, de 18 entes, como la institución que menos recibió presupuesto para su funcionamiento, comparativamente con un monto 18 veces menor que lo destinado para el Ministerio de Defensa, lugar 4 en la lista.

Ante la ausencia de información oficial, gremios y ONG levantan información

La falta de estadística oficial sobre el sistema eléctrico nacional obligó a diferentes instituciones a levantar datos que permitieran realizar un diagnóstico sobre su situación y hacer recomendaciones a las autoridades.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una investigación realizada por tres universidades (UCV, UCAB y USB) encontró que para el 2015 el 12,5% de los hogares del país tenían interrupciones diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresaron que nunca tienen cortes del servicio. Según los resultados las interrupciones y apagones afectaban a 86,4% de los hogares en Venezuela. Un año antes la Encovi había medido que el 20,6% de las casas posee electricidad diariamente; 41,5% alguna vez a la semana; 22,2% alguna vez al mes y 15,3% nunca contaban con electricidad. Según Alfredo Cilento, investigador de Encovi “graves problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos diez años”. Según Aula Abierta durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día.

El deterioro en el sistema eléctrico aumentó la EHC en el sector salud. Según el Informe Anual de Provea 2017 para ese año se registraron 195 denuncias sobre fallas eléctricas en los centros asistenciales que habían afectado su desempeño. Para el año 2016 se detectaron 119 denuncias similares. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Hospitales, incluida en el Reporte Nacional realizado en septiembre de 2018 por 12 ONG con trabajo en el derecho a la salud, el 33% de los centros hospitalarios del país no contaban con plantas de generación de energía eléctrica: “Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo”.

Por su parte Transparencia Venezuela documentó dos importantes casos de corrupción vinculados a Corpoelec: La represa Tocoma, y la repotenciación de Macagua I, ambas en el estado Bolívar. Ambas obras se encontrarían paralizadas desde hace varios años y con diferentes denuncias sobre el manejo irregular de los recursos.

Alertas sobre crisis eléctrica genera persecución de los denunciantes

Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica, ha denunciado reiteradamente la crisis del sistema eléctrico, que ha calificado de inducida: “Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector”. En 2013, Poleo y los ingenieros electricistas José Manuel Aller, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Sistemas Interconectados, fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras haber opinado sobre las interrupciones en el servicio eléctrico. En abril de 2015 se denunció que el ingeniero Luis Vásquez, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barquisimeto. Vásquez habría declarado a un medio regional sobre la posibilidad de nuevos apagones debido a la caída del nivel del agua en el embalse Gurí, represa que alimenta a la principal central de generación hidroeléctrica.

Reynaldo Díaz, Secretario General del Sindicato Trabajadores Eléctricos de la Electricidad de  Caracas (STE), ha denunciado que por lo menos 29 dirigentes sindicales de Corpoelec habían sido despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores. Interrogado sobre la situación de la estatal, respondió a Provea: “Hay déficit de transformadores en los patios, en las áreas, déficit de los implementos e instrumentos de trabajo necesarios. No se desmalezan las áreas con la frecuencia necesaria, hay obsolescencia de equipos que ordena la sustitución de equipos en generación, transmisión y distribución. La empresa “funciona” porque los trabajadores siguen yendo por el amor que le tienen a su trabajo. Quedan pocas unidades de transporte, sin cauchos ni baterías. No hay papel ni tinta para imprimir.  A causa de la fuga de personal, CORPOELEC está expuesta a la desprofesionalización. Se necesitan 8 años de experiencia para ser caporal de averías o jefe de grupo, de una cuadrilla de linieros. Se necesita al menos 10 años de experiencia para ser jefe de guardia en una planta de generación. Los grupos de guardias de operación, se encuentran incompletos”. Díaz ha denunciado persecución por parte de los organismos policiales por sus denuncias sobre la situación de la empresa y las demandas de los trabajadores.

Comunidades se han movilizado por la falta del servicio eléctrico

Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. Los derechos más exigidos fueron los laborales (5.735 protestas), servicios básicos (3.953 protestas) y alimentación (1.257 protestas). Las protestas por derechos sociales fueron respondidas por el Estado con el uso abusivo de la fuerza, pues durante el 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de esas manifestaciones.

Según el monitoreo realizado por Provea en 30 medios nacionales, entre enero a diciembre de 2016 se realizaron 56 protestas por falta de energía eléctrica a nivel nacional, siendo la tercera causa de protesta por fallas en los servicios públicos, por debajo de las exigencias de agua y gas doméstico.

Organismos internacionales informados sobre crisis eléctrica

En julio de 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó sus observaciones finales al tercer informe de Venezuela sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional DESC. Entre sus recomendaciones en materia de vivienda, solicitó “la adopción de una estrategia integral que garantizara la disponibilidad y el acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, saneamiento y electricidad”.

En su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, la oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos incluía los problemas de suministro eléctrico en su apartado sobre la erosión de los derechos económicos y sociales: “El deterioro de la situación económica ha causado una hiperinflación y una grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, lo que, sumado a una drástica reducción del presupuesto del Gobierno destinado a los servicios sociales ha conducido a una regresión en el disfrute de los derechos sociales y económicos”. Esta preocupación es repetida en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, de junio de 2018: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. El Alto Comisionado se refirió al impacto de la falta de luz eléctrica sobre la prestación de servicios de salud: “En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses”.

En su reporte “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, divulgado a finales de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyo las consecuencias de la interrupción permanente del servicio eléctrico. Sobre el derecho a la educación aseveraron: “Otras dificultades que han impactado en el goce de este derecho han sido los problemas con el servicio de agua y el servicio eléctrico”. Más adelante agregaron: “El agravamiento de la crisis económica condujo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica. Esta crisis social y económica tuvo y continúa teniendo manifestaciones concretas en la vida diaria de millones de personas que viven en Venezuela, quienes enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.

En febrero de 2018 un grupo de expertos de Naciones Unidas (Leilani Farha, Hilal Elver,  Dainius Pūras, y Philip Alston) alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, incluyendo la petición sobre la adopción de políticas para garantizar el acceso al suministro eléctrico: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.

Nicolás Maduro responde a la situación de manera insuficiente

En la única alocución de Nicolás Maduro referida al apagón que comenzó en toda Venezuela el jueves 7 de marzo, adjudicó la responsabilidad a factores externos: Según nota de Telesur “denunció este sábado -9 de marzo- un nuevo ataque masivo al sistema eléctrico nacional a través de mecanismos de alta tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar las distintas estaciones, advirtió”. El resto de los voceros estatales han repetido esta versión, sin informar sobre el origen de la falla, las operaciones que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del sistema eléctrico. Cuando este informe se escribe, el servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido en algunas zonas de Caracas, con interrupciones intermitentes, mientras el resto del país continúa a oscuras. Las autoridades no han divulgado si estarían implementando un operativo de racionamiento eléctrico para los habitantes de la capital, o las expectativas del restablecimiento para el resto del país.

Además de la propia opacidad estatal, la hegemonía comunicacional sobre los medios de comunicación en Venezuela ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo. En el caso de Caracas sólo 4 emisoras de radio informaban sobre los sucesos, basados en informaciones de redes sociales. El servicio de telefonía no ha sido restablecido, por lo que las personas están realizando inusitados esfuerzos para comunicarse con sus familiares.

La interrupción prolongada está ocasionando daños severos difícilmente cuantificables en los actuales momentos. El presidente encargado Juan Guaidó mediante una rueda de prensa junto a expertos y médicos denunció, el 10 de marzo, que por lo menos 17 personas recluías en centros asistenciales habrían fallecido por la ausencia del servicio eléctrico. Pequeños comerciantes en el sector alimentos se han visto afectados debido a la imposibilidad de mantener sus inventarios requeridos de refrigeración. Ante la ausencia de dinero en efectivo y la caída de las comunicaciones en el sistema bancario, algunos comerciantes estarían cobrando en dólares. Debido al cierre de las fronteras las poblaciones cercanas a Colombia y Brasil se han visto impedidas de disminuir las consecuencias del apagón buscando asistencia médica o alimentos en poblaciones aledañas.

No se conoce la activación de un protocolo oficial para atender situaciones de emergencia en las comunidades más vulnerables, como centros asistenciales o ancianatos. También se desconoce el tiempo y las consecuencias de la paralización de actividades anunciada desde el viernes 08.03, por el gobierno. La estrategia de simulación de normalidad, el supuesto restablecimiento progresivo del servicio y la extensión por más tiempo de la situación sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables podría ocasionar eventos de conmoción en las próximas horas, con resultados lamentables para la vida e integridad de las personas.

Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación

Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:

1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.

2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto

3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.

4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.

5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.

6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.

7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.

 

Alto a la persecución y torturas contra integrantes del pueblo indígena Pemón

(Caracas, 01.03.2019) Queremos expresar nuestro profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de la masacre de Santa Elena de Uairén, ocurrida durante los días 22 y 23 de febrero del 2019. Tres indígenas pemones: Zoraida Rodríguez, José Elsey Pérez Márquez y Kleyver Pérez; y dos no indígenas venezolanos José Hernández y José Barrios Carrasco. Fueron asesinados por armas de fuego, en el ejercicio de su derecho a la manifestación pacífica, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Afirmamos nuestro compromiso para lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado.

Saludamos las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MC-181-19, que obligan al Venezuela a proteger y garantizar la vida e integridad de Indígenas pemones y comunidad de San Francisco de Yuruaní, kumaracapai. Abogamos por su estricto cumplimiento por parte de Nicolás Maduro, Gral. Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Alfredo Ruíz, Justo Noguera, así como militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairen, Maurak y sus alrededores.

Sin embargo, denunciamos que la represión y el hostigamiento contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene. 58 personas han sido detenidas (16 indígenas pemones, 4 adolescentes, 20 de ellos aún sin presentación y tras las rejas en el Fuerte de Escamoto). El Hospital General en Brasil reportó que había recibido 23 heridos de bala, 13 de ellos de gravedad, entre el 22 y el 24 de febrero.

Persecución contra líderes indígenas

Hemos recibido graves denuncias de allanamientos ilegales, por parte de la PNB junto GNB, en casas, comercios de Santa Elena de Uairen, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente. Hemos documentado casos de al menos 9 personas: una familia de madre pemón y padre no indígena, con 2 hijos pemones; 2 adultos pemones y 3 no indígenas que no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados. A lo cual se suma el Alcalde de Gran Sabana, el indígena pemón Emilio González, legítimamente electo por votación popular, que junto a su familia ha recibido amenazas graves para su integridad, libertad y vida. Se han instalado ilegalmente alcabalas utilizando tanquetas y con efectivos de la GNB, interrumpiendo el paso vehicular y peatonal. La última el día de hoy, a partir de las 8 am a 1 de la tarde, en San José de Morichal, requisando a todos los vehículos y personas que transitaban por la zona. Actualmente existe un estado de persecución y represión por razones de discriminación política, violando derechos fundamentales que ponen en riesgo su libertad, integridad y vida.

Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos

A la fecha de hoy 01 de marzo de 2019, el hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la GNB y de la PNB, limitando y negando el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. A la fecha no es posible corroborar cuántos heridos fueron atendidos o cuántos aún permanecen producto de las acciones del 22 y el 23 de febrero. Por otra parte, a quienes necesitan atención son obligados, por temor a represalias, detenciones o maltratos, a tener que trasladarse a Pacaraima a pie para poder tener acceso a atención médica, violentando el ya mermado acceso a la salud. La toma policial y militar del hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén debe cesar de inmediato, urge el retiro de oficiales que permita retomar la normalidad y el acceso abierto y sin restricciones de todas las personas a sus instalaciones.

Advertimos que la red de suministros de alimentos de Santa Elena de Uairen y comunidades aledañas, así como de medicinas e insumos, dependen en su totalidad del flujo e intercambio con Pacaraima, Brasil. El intercambio de frontera permite el acceso a bienes para garantizar derechos fundamentales que, debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, no existen en Venezuela. El cierre de la frontera está agravando de manera muy acelerada la situación en las zonas fronterizas. Los alimentos comienzan a escasear y los precios aumentan afectando a los más vulnerables. Indígenas pemones, por la persecución y el miedo, no han podido llevar lo generado en sus conucos a los centros de intercambio comercial afectando el ciclo y sobrevivencia del sector. Urge la apertura de la frontera para no recrudecer los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja en la zona.

Abuso de poder en territorio indígena

El día 27 de febrero de 2019, de manera violenta, una contingente de la GNB lanzando bombas lacrimógenas y perdigones tomó el aeropuerto de Santa Elena de Uairen. Sus instalaciones se encuentran dentro de los linderos de Maurak y Turasen, en territorio indígena pemón y junto al Instituto Nacional de Aeronautica Civil (INAC) indígenas participan en el control, administración y custodia del mismo. Detuvieron ilegalmente a un ciudadano que, al identificarse y corroborar que no era indígena, dejaron en libertad y a 3 indígenas pemones, Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, hijo del cacique pemón Jorge Gómez del sector VI de Santa Elena de Uairén. Los 3 fueron trasladados al Fuerte de Escamoto, y luego a la Comandancia de la GNB en la avenida Mariscal de Sucre. Allí fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos. Según testimonios fueron golpeados con palos, les propinaron patadas, le lanzaron picante, y les aplicaron electricidad. Los sometieron a amenazas, donde los acusaban de ser parte de la Guardia Territorial Pemón y que por esa razón los iban a matar, que los incendiarían. Tras varias comisiones de diálogo entre el capitán y autoridades indígenas del sector VI de Santa Elena de Uairén con militares, fueron trasladados de nuevo al Fuerte de Escamoto y liberados alrededor de las 11pm. Los 3 presentaron golpes, moretones, uno de ellos en el ojo. No pudieron ser trasladados al hospital por estar tomado por funcionarios de la PNB y GNB. En la madrugada fueron llevados al hospital de Paracaima en Brasil.

Los activistas exigimos

Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradantes. Cuando se asesina y tortura a un miembro o líder tradicional de una comunidad indígena es un acto de agresión colectiva, tanto física como espiritual a toda la comunidad. Estos actos son inaceptables y tienen como objeto intimidar, atemorizar y lograr el sometimiento y desplazamiento forzoso de pueblos originarios. Así como, dividir y fracturar sus organizaciones legítimas y el ejercicio pleno de su autonomía y jurisdicción en sus territorios.

 

Por tanto, exigimos:

– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.

– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.

– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.

– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.

– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.

– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.

– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.

– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.

Adherimos:

Causa Amerindia Kiwxi
Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Fundación Centro Gumilla
Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo)
Laboratorio de Paz (LabPaz)
Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru
Organización Indígena Intercultural Wainjirawa
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Revista SIC

9 precisiones sobre el tema humanitario en Venezuela

Rafael Uzcátegui

EL RESPONSABLE DE LA “POLITIZACIÓN” DE LA AYUDA HUMANITARIA ES NICOLÁS MADURO. Desde el año 2014 las ONG alertamos sobre el aumento de los índices de pobreza en el país y los retrocesos en los derechos a la salud y a la alimentación. El deterioro acelerado en la falta de acceso a los medicamentos nos impulsó a plantear, en diferentes niveles del Estado, la necesidad de recibir Ayuda Humanitaria (AH) debido a la incapacidad gubernamental de garantizar tratamientos y asistencia médica para los venezolanos. La respuesta oficial siempre fue la negación de la situación y el rechazo en aceptar cooperación internacional por razones exclusivamente políticas e ideológicas, alejadas de las obligaciones del Estado en garantizar derechos a la población. Una Emergencia Humanitaria Compleja, como la que sufre Venezuela, es consecuencia de malas decisiones gubernamentales y no desastres naturales ni conflictos armados.

LAS AGENCIAS DE NACIONES UNIDAS HAN RESPONDIDO TARDÍAMENTE A LA SITUACIÓN. El 21 de julio de 2016 un grupo de 76 ONG venezolanas remitimos una comunicación a Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, para expresarle la indignación y rechazo ante el desempeño y silencio de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas establecidas en Venezuela, en particular las responsables de la salud y la alimentación. 15 días después el Secretario General reconocía la crisis humanitaria en el país. Sin embargo, ha sido en 3 años, a raíz de la solicitud de AH realizada por la Asamblea Nacional, que se ha realizado la primera reunión conjunta entre las Agencias de la ONU presentes en Caracas y un grupo representativo de ONG venezolanas para iniciar un proceso de cooperación sobre el tema.

LA MIGRACIÓN ROMPIÓ LA DUDA REGIONAL SOBRE LA CRISIS VENEZOLANA. Durante muchos años las ONG venezolanas transmitimos alertas tempranas a los gobiernos, así como a las organizaciones sociales y populares de la región, sobre la degradación de las instituciones democráticas y las condiciones de vida de la población. Debido a nuestra historia como país petrolero y el discurso del gobierno bolivariano, la respuesta a nuestras preocupaciones era la incredulidad. No fue hasta el desborde de la migración forzada venezolana, en un breve lapso de tiempo, que se generó la sensibilización sobre la ausencia de medicamentos, tratamientos médicos y una alimentación suficiente que obligaba a miles de personas a huir del país.

HUGO CHÁVEZ SE BENEFICIÓ DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN SALUD QUE HOY SE LE NIEGA AL RESTO DE LOS VENEZOLANOS. El propio expresidente Chávez reconoció la incapacidad del Estado para salvar vidas y aliviar el sufrimiento al desconfiar del sistema público de salud del país y colocar la atención a su enfermedad bajo un tratamiento médico suministrado por otros países. Esta posibilidad es la que hoy se niega al resto de la población.

CUANDO EL ESTADO NACIONAL NO ESTÁ EN CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DE SUS CIUDADANOS, RECIBIR AYUDA HUMANITARIA ES UN DERECHO DE LA POBLACIÓN. Obstaculizar la respuesta humanitaria por parte de las autoridades que ejercen control sobre las estructuras estatales puede acarrear responsabilidades por causar sufrimiento de manera intencional o atentar gravemente contra la integridad o la salud de las personas, definido como un Crimen de Lesa Humanidad por el artículo 7, Literal K del Estatuto de Roma.

LA AYUDA HUMANITARIA NO DEBE INSTRUMENTALIZARSE PARA OTROS FINES QUE NO SEAN SALVAR VIDAS Y ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Deben tener participación las agencias internacionales con amplia experiencia en la gestión de AH, coordinadas con diferentes actores del país. Su distribución no puede convertirse en un elemento de conflicto, que ponga en riesgo la vida o integridad de sus beneficiarios o de los actores humanitarios.

RECONOCEMOS QUE UN ÓRGANO LEGÍTIMO DEL ESTADO, LA ASAMBLEA NACIONAL, HAYA SOLICITADO AYUDA HUMANITARIA Y QUE UN GRUPO DE PAÍSES HAYAN RESPONDIDO A ESTE LLAMADO. Sin embargo, cualquier respuesta humanitaria debe cumplir los principios de universalidad, humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad establecidos internacionalmente como estándares para su distribución a la población.

EL CONCIERTO VENEZUELA LIVE AID REPRESENTA EL MAYOR ESFUERZO DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN NUESTRO PAÍS. La iniciativa de realizar un concierto gratuito en la frontera colombo-venezolana, con la participación de conocidos músicos internacionales y con el objetivo de recaudar dinero, representa la cúspide del esfuerzo que por años hemos realizado las ONG venezolanas: Utilizar todas las herramientas y lenguajes posibles para alertar sobre la gravedad de la situación y generar mecanismos de solidaridad en beneficio de quienes hoy lo necesitan. Provea aplaude la iniciativa, felicita a todos los sectores que han estado involucrados en su organización y agradece a las autoridades y al pueblo colombiano por su comprensión y solidaridad con la dramática situación de los venezolanos.

CADA DÍA QUE PASA NICOLÁS MADURO EN EL PODER SON 24 HORAS MÁS DE SUFRIMIENTO PARA LOS VENEZOLANOS, ESPECIALMENTE LOS MÁS VULNERABLES. Debido a su negativa en reconocer la gravedad de la situación, rectificar en políticas contraproducentes para los derechos humanos y persistir las medidas que aumentan la pobreza y el autoritarismo, Nicolás Maduro se ha convertido en el principal obstáculo para que los venezolanos puedan alcanzar una vida con dignidad y en democracia. La salida al conflicto político, social y económico es la realización de elecciones libres, transparentes e inclusivas que permitan el ejercicio pleno de la soberanía popular sobre los destinos del país.

Offener Brief von Aktivist*innen und Organisationen für Frieden und Gewaltfreiheit aus Venezuela an unsere Freund*innen in der ganzen Welt

Wir, Organisationen und Menschen, die Menschenrechte verteidigen, Aktivist*innen und Förder*innen von Gewaltfreiheit und Frieden, Kriegsdienstverweiger*innen und Antimilitarist*innen, die in Venezuela aktiv sind, wenden uns mit diesem Offenen Brief an unsere Freund*innen in der ganzen Welt, um Euch unsere Meinung über die derzeit in unserem Land sich entfaltenden Konflikte mitzuteilen.

Wir wissen, dass eine Abnahme der Gewaltursachen stark zusammenhängt mit der Menschenwürde der Bevölkerung. Es kann keine würdevollen Lebensbedingungen und Frieden geben, solange nicht die Macht, Hunger und Ungleichheit abnimmt und es Verbesserungen beim Zugang zu grundlegenden Nahrungsgütern und Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung kommt, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Teile. In Gesellschaften ohne demokratische Garantien zur Teilnahme an freien und fairen Wahlen von Vertretern und Machthabern gedeiht Gewalt. Es gibt keine Möglichkeit Gewaltfreiheit und Frieden zu fördern, wenn wir die Ursachen von Diskriminierung und Ungleichheit ignorieren, die Millionen von Menschen dazu gezwungen hat, das Land zu verlassen. Um Gewaltlosigkeit und Frieden zu fördern, müssen wir darauf bestehen, die Ausübung von Macht mit einer Logik der Einseitigkeit, des Autoritarismus und Militarismus zu beseitigen, da sie die Beziehungen zwischen den Menschen nur aus der Perspektive von Freunden versus Feinden, von Verbündeten versus Verrätern betrachtet, und Unterschiede und Freiheit, sowohl symbolisch wie auch ganz real, zu eliminieren sucht.

Venezuela erlebte einen immer schneller werdenden Prozess mit erheblichen Rückschlägen für unsere Lebensqualität, womit es immer schwieriger wurde, Zugang zu den grundlegendsten Gütern für den Lebensunterhalt zu erhalten und was das demokratische System tiefgreifend beeinflusst hat. Seit 2015, nach der Wahl der Nationalversammlung, war es offensichtlich, dass die politischen der Regierung nahestehenden Kräfte, ihre Mehrheit verloren hatten und die Wahlen manipuliert wurden, um zu garantieren, dass die Partei von Maduro, die Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV – Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas) an der Macht bleibt.

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