La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu

territorio Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa. Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.

Bachaqueo de corbata y uniforme

Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con camiones y pipas cargadas”.

La doble discriminación hacia las mujeres wayúu

Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia (FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.

Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás, incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “no podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.

La deuda social

Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la militarización está afectando las propias tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.

Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o viceministerios”.

El diálogo como camino

José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”. (Publicado en El Cambur)

Militarización en territorios wayúu

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Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a la zona, y tras reuniones con organizaciones sociales locales, pudimos corroborar las denuncias sobre criminalización y militarización en el territorio wayúu.

Para cualquier que quiera verlo, es evidente la discriminación que existe en el estado Zulia contra la etnia wayúu, quienes son el pueblo indígena más grande del país y cuyos miembros, según el último censo indígena, son más de la mitad de la población originaria del país. Para trasladarnos a Paraguiapoa tuvimos que trasladarnos hasta la “bomba Caribe”, conocida como el “terminal wayúu”, a las afueras de la ciudad. Un terreno baldío, sin el mínimo de infraestructura o servicios, es el abreboca del drama cotidiano que deben pasar las comunidades indígenas que deben trasladarse entre la Guajira y Maracaibo. A bordo de una “perrera”, en un viaje de poco más de dos horas, fuimos testigos de cómo las alcabalas de policías, guardias y soldados extorsionan a los indígenas por trasladar dos sacos de cemento, o uno de maíz en granos.

A comienzos de 2010 las fuertes lluvias inundaron toda la región. Pocos días después el presidente Chávez anunció la creación de los llamados “distritos militares”, de los cuales el primero correspondía a la Guajira venezolana. Se anunció que la presencia de soldados traería la construcción de infraestructura y la gestión de programas sociales. Las promesas se evaporaron cuando el énfasis se cambió al del “combate al contrabando”. Los militares instalaron alcabalas para restringir el paso de alimentos a través del puente del río Limón. Bolsas de alimentos para consumo familiar comenzaron a ser incautadas y presentadas ante los medios como resultado de la “erradicación del bachaqueo”. Por trasladar 5 pollos y 4 paquetes de harina precocida, se iniciaron los arrestos bajo delitos tipificados de contrabando.

Los wayúus han sido históricamente comerciantes. Dos décadas atrás el flujo de productos era inverso: artículos fabricados en Colombia que eran vendidos en los mercados guajiros en territorio venezolano. Usted argumentará que sí hay wayúus que compran en Maracaibo y venden más allá de Paraguachón y es cierto. Lo que es invento de la propaganda es que sean los responsables de la situación actual de desabastecimiento de productos de consumo masivo. Como cualquiera con un poco de sentido común puede concluir, los grandes camiones con mercancías varias que pasan la frontera, con la aprobación de los funcionarios, pertenecen a los grandes “bachaqueros” de cuello blanco o de cuello rojo.

Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con más de 15 años de trabajo en la zona- ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron a Laboratorio de Paz que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, por delitos de contrabando, la mayoría mujeres. (Publicado en 2001)

Encuentro con Maina Kiai (1)

Momento de nuestra intervcnción en la reunión
Momento de nuestra intervcnción en la reunión

Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de octubre tuvimos la oportunidad de reunirnos en la ciudad de Washington con el relator del derecho a la libertad de asociación de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, para informarle sobre la situación de Venezuela. En la cita nos acompañaron colegas de toda la región que también compartieron sus problemas.

En nuestra intervención le describimos como la profundización del proceso de militarización en el país ha obstaculizado diferentes derechos en el país. Le comentamos que desde diciembre del 2010 se han creado 10 distritos militares en diferentes partes del país, el primero de ellos activado en la Guajira venezolana, territorio wayúu, la etnia más grande del país. Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron que 760 indígenas han sido privados ilegítimamente de libertad y actualmente sometidos a juicios.

Por otra parte le detallamos como en julio del 2014 se aprobó la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”. Un aspecto inconstitucional de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio que sobrepone el estamento militar sobre el civil. A partir del año 2015 la solicitud de este registro será obligatoria y tanto las personas naturales como las jurídicas serán sancionadas si no se incorporan al mismo. Esto viola, explicamos, el derecho civil reconocido en la CRBV a la objeción de conciencia y a su vez, será un obstáculo para el ejercicio del derecho a la asociación, pues las nuevas organizaciones que no posean el mismo no podrán ser reconocidas legalmente, a su vez las organizaciones existentes deberán presentar para participar como sociedad civil en el diálogo con el Estado certificado de incorporación en el registro militar.

A partir del año 2008 el ejecutivo nacional ha implementado un modelo de organización obligatoria denominado consejos comunales (CC). El mismo, le planteamos, ha privilegiado como organismos de participación ciudadana para el otorgamiento de financiamiento y la interlocución con las autoridades.  Un sistema paralelo de organizaciones  que según testimonios de indígenas obedecen y actúan en sintonía al proyecto político gubernamental. Los CC han desplazado otras formas de asociaciones previas, tradicionales, excluyendo y desconociendo a un sector importante de la población. Las organizaciones tradicionales y propias indígenas, como se podrá corroborar en informe entregado han denunciado que los CC indígenas han sido utilizados para legitimar proyectos extractivos en territorios indígenas, como lo refleja el testimonio del indígena yukpa Jorge Montiel, de la organización yukpa Maikilaraalasalii, con quien tenemos contacto.

La próxima semana continuaremos relatando los temas planteados a la relatoría de derecho a la asociación, para que sean incluidos en su próximo informe.

(Publicado en 2001)

Las barbas en remojo

Viajando en una "perrera" a la Guajira
Viajando en una “perrera” a la Guajira

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El 28 de diciembre de 2010 el presidente Hugo Chávez ordenó la creación de 10 distritos militares ubicados en La Guajira y el Sur del Lago de Maracaibo (estado Zulia), el Táchira norte (Táchira), El Nula, Orichuna y El Yagual (Apure), Altagracia de Orituco (Guárico), Barrancas del Orinoco (Monagas), Pijiguao (Bolívar) y Güiria (Sucre). Debido a la situación de crisis generada por las intensas lluvias en la zona indígena wayúu, se promovió la activación del primero de estos distritos. Por esos días el Ejecutivo realizó una reunión con aproximadamente 60 consejos comunales indígenas, a quienes anunció que la presencia de uniformados, además de atender los afectados por las inundaciones, traería programas sociales a la región. Se habló de la construcción de hospitales y escuelas, de la expansión de misiones sociales. Ante estas promesas, el respaldo por parte de los consejos comunales fue unánime.

El tiempo disipó las expectativas. En una comunicación enviada por el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con 15 años de trabajo en Paraguaipoa-  al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, afirmaron: “Cuando el presidente de la república anunció la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce  nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los cuarteles y no comparten  con nuestro pueblo”. ¿Qué había pasado? Según relatan testimonios recopilados en el sitio los objetivos de los militares se modificaron tras el inicio de la llamada “guerra al contrabando”. Según la versión oficial, los indígenas que trasladaban alimentos a través de la Guajira eran parte de las causas del desabastecimiento, por lo que una palabra comenzó a estigmatizar a todos los miembros de la etnia: “Bachaqueros”. Antes y después de pasar el puente del rio Limón, el punto que conecta la Guajira con el resto del estado Zulia, una serie de puntos de control comenzaron a requisar los vehículos y transporte públicos. Y si al oficial le parece que usted lleva demasiados productos los decomisa y detiene a quienes los trasladaban. Paralelamente, operativos militares registran las casas en busca de depósitos clandestinos de combustible, con lo que abundan los testimonios sobre abusos en el marco de los allanamientos. Algunas vías de circulación son cerradas a partir de las 6 y 10 de la noche, con lo que algunos poblados quedan incomunicados por algunas horas.
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Los errores de ser Lusbi Portillo

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Lusbi Portillo

Cuando este texto se escribe Lusbi Portillo, profesor universitario, activista ambiental y solidario permanente con el movimiento indígena, se encuentra escondido al resguardo de su vida y su integridad física. Después de los sucesos del pasado 13 de octubre en la Sierra de Perijá, en el que murieron dos yukpas y fueron heridos otros cinco en la degeneración de un conflicto cuya motivación de fondo es la delimitación de las tierras indígenas, funcionarios policiales de la región aseguraron que era inminente la expedición de una orden de aprehensión contra el universitario bajo el cargo de “posesión de drogas”. No era la primera vez que el profesor era criminalizado por su activo acompañamiento de las reivindicaciones de los pueblos originarios, pero ante la evolución de los acontecimientos –en el cual la investigación de los sucesos ha sido decretada como “razón de Estado” por las autoridades- decidió tomar medidas preventivas con su pase a la clandestinidad.

El ambientalista realzó su protagonismo en las luchas indígenas al reaccionar al anuncio gubernamental, realizado por el propio Presidente de la República el 13 de noviembre del año 2003: triplicar la explotación de carbón en la región zuliana para llevarla a 36 millones de toneladas métricas anuales. El primer “error” de Lusbi Portillo, en el contexto de la polarización inmovilizante que ha copado la escena política nacional, ha sido el de mantener arriba sus valores y reivindicaciones a pesar de un discurso que desde el poder ejecutivo prometía satisfacerlas en algún momento futuro. A pesar de sus propias expectativas y simpatías personales, Portillo no hipotecó sus reclamos ni aceptó degradarlos en la jerarquía de sus prioridades, preservando su autonomía como iniciativa de carácter social, lo que mantuvo su capacidad de autoconvocatoria para los problemas de su incumbencia a pesar de las coyunturas electorales.

Un segundo “error” de Lusbi Portillo ha sido el razonar con cabeza propia. A diferencias de otros intelectuales y miembros del mundo académico cuyo discurso se ha infantilizado a los niveles de las cúpulas polarizadas, Portillo mezcla elementos de investigación y activismo para generar un pensamiento que lo motiva a actuar en consecuencia. De esta manera ha podido diagnosticar el sustrato de las políticas públicas y privadas que impactan en la naturaleza y en el modo de vida de los pueblos originarios, realizando una correcta valoración de las consecuencias del progresivo acoplamiento de Venezuela a las principales tendencias de la economía globalizada. Es así como relaciona el plan de desarrollo promocionado para la región zuliana dentro del proyecto de Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), una integración cuyo objetivo es optimizar el flujo de recursos energéticos y el aumento de la competitividad regional para la satisfacción de la demanda internacional. En decenas de documentos y conferencias, Portillo ha demostrado que el IIRSA, un proyecto convenientemente silenciado por el limitado debate polarizado, representa el anverso de la moneda de una política públicamente defenestrada por el actual tren gubernamental: El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este claro mapeo de la profundización del rol asignado al país por los principales actores económicos globales, que incluyó otras políticas de desarrollo “endógenas” como Puerto América, el Gasoducto del Sur, la explotación de la reserva de Imataca y el desarrollo del eje Orinoco-Apure, problematiza en grado sumo la mitificación anticapitalista edificada en el Palacio de Miraflores.

Un tercer “error” de Lusbi Portillo ha sido que, en el marco de sus reivindicaciones inmediatas –la preservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas- ha establecido alianzas y relaciones con iniciativas de base de todo tipo, cuya precondición no sea su propia definición frente al presidente Chávez sino su grado de solidaridad con la naturaleza y las comunidades originarias del país. De esta manera Portillo ha sido el nodo central ad hoc de una red social de geometría variable que, no sin conflictos ni fluctuaciones, ha desarrollado una de las pocas experiencias en el país cuyo despliegue ha resistido al maniqueísmo para intentar el despliegue de una subjetividad propia. Esta característica es más visible en Maracaibo que en Caracas, ciudad en la que con mayor éxito las fuerzas de base gubernamentales han podido desarrollar una estrategia para intentar excluir sectores refractarios al proceso bolivariano. Mantener la beligerancia en un contexto menos permeado por la polarización, desubica precisamente a quienes se alimentan de ella para mantener su protagonismo.

Todas las anteriores “flaquezas” están condenando a Lusbi Portillo al ostracismo y el aislamiento, precisamente uno de los objetivos trazados por cualquier política que criminalice las protestas beligerantes e independientes de los luchadores sociales. Después de haberle comunicado suficientes precedentes y advertencias, dos mujeres –las doctoras Luisa Ortega Díaz y Gabriela Ramírez- serán corresponsables de cualquier perjuicio a la libertad, integridad personal y la propia vida de Lusbi Portillo, un activista cuyo mayor error ha sido mantener sus antiguas creencias en pie en un tiempo signado por las éticas acomodaticias y los valores adormilados por el aire acondicionado. Solidaridad con Lusbi Portillo. (Correo del Caroní, 02.11.09)